Concepto 1523 de septiembre 25 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Rad.: 1.523

Consejero Ponente:

Susana Montes de Echeverri

Ref.: Contrato de transporte aéreo de pasajeros. Derecho de reembolso del valor de los tiquetes aéreos afectos a procesos penales por delitos de narcotráfico y conexos o de extinción de dominio, no utilizados o parcialmente utilizados por los denominados “correos humanos” a favor de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Bogotá, D.C., septiembre veinticinco de dos mil tres.

El señor Ministro del Interior y de Justicia formuló consulta a fin de conocer la opinión de la Sala respecto de la competencia de la Dirección Nacional de Estupefacientes para exigir a las aerolíneas comerciales el reembolso del valor de los tiquetes aéreos decomisados por orden judicial a los denominados correos humanos. Al efecto, formuló las siguientes preguntas:

“1. ¿Están obligadas las aerolíneas a reembolsar a la Dirección Nacional de Estupefacientes el valor de los pasajes aéreos que han sido dejados a su disposición por haber recaído sobre los mismos una medida de decomiso? ¿Cuál sería el argumento jurídico para exigir su reembolso?

2. ¿El término de caducidad de los tiquetes aéreos se suspende con el decomiso practicado por la autoridad judicial? ¿Por qué término? ¿Cuál es el fundamento?

3. Teniendo en cuenta que las normas que regulan el transporte aéreo de pasajeros, por disposición del artículo 1874 del Código de Comercio deben ser tomadas del Tratado internacional de Varsovia (12 oct./1929) ratificado por Colombia mediante la Ley 95 de 1965, ¿cuáles serían los efectos de dicho tratado respecto de medidas cautelares decretadas sobre los pasajes aéreos por parte de las autoridades judiciales encargadas de adelantar los procesos penales por narcotráfico o de extinción de dominio?

4. En caso de ser negativas las respuestas de los dos primeros numerales, ¿cómo debe proceder la Dirección Nacional de Estupefacientes para conseguir que los decomisos de los pasajes que llevan implícito un valor económico proveniente de una actividad ilícita (tráfico de estupefacientes) no se pierdan y, evitar que los recursos económicos percibidos por la venta de tiquetes no sean apropiados por las aerolíneas?”.

Como antecedente de su consulta, relató el señor Ministro que se han presentado graves inconvenientes entre la Dirección Nacional de Estupefacientes, entidad que tiene a su cargo la administración y disposición de los bienes vinculados a procesos penales por delitos de narcotráfico y conexos o procesos de extinción de dominio, y las aerolíneas comerciales respecto a las solicitudes de reembolso del valor de los tiquetes aéreos decomisados a los denominados “correos humanos”.

En la consulta se señala que la Dirección Nacional de Estupefacientes tiene bajo su administración, aproximadamente, 85 tiquetes aéreos decomisados cuyo valor se estima en ciento setenta ($ 170.000.000) millones de pesos, suma que las empresas aéreas se niegan a reembolsar.

Igualmente, el ministro presentó una relación de las normas legales que, a su juicio, resultan pertinentes en el análisis del tema planteado a consideración de la Sala, así:

— Ley 30 de 1986, cuyo artículo 47 dispone que los bienes que se pretenden utilizar para el transporte de droga ilícita, deben ser decomisados y puestos a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

— La Ley 793 de 2002, por la cual se derogó la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinción de dominio:

“ART. 2º—Causales. Se declarará extinguido el dominio mediante sentencia judicial, cuando ocurriere cualquiera de los siguientes casos:

(...).

3. Los bienes de que se trate hayan sido utilizados como medio o instrumento para la comisión de actividades ilícitas, sean destinadas a estas, o correspondan al objeto del delito”.

“ART. 4º—De la naturaleza de la acción. La acción de extinción de dominio de que trata la presente ley es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier derecho real, principal o accesorio, independientemente de quien los tenga en su poder, o los haya adquirido y sobre los bienes comprometidos. Esta acción es distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, o de la que se haya desprendido, o en la que tuviera origen, sin perjuicio de los terceros de buena fe exentos de culpa.

Procederá la extinción del derecho de dominio respecto de los bienes objeto de sucesión por causa de muerte, cuando dichos bienes correspondan a cualquiera de los eventos previstos en el artículo 2º”.

— El artículo 981 del Código de Comercio, que define el transporte como un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con la otra, a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro, por determinado medio y en el plazo fijado, personas y cosas, y entregar estas al destinatario.

Así mismo, el artículo 1875 ibídem establece que las cláusulas del contrato de transporte celebrado con empresarios públicos deberán hacerse conocer de los pasajeros en el billete o boleto de pasaje, en los documentos de transporte que se entreguen a estos o en el lugar de las oficinas de aquellos en donde sean leídas fácilmente.

— Los manuales de pasajes de cada aerolínea, en los cuales, además de señalarse el término para la solicitud de reembolso del valor del tiquete, se menciona qué tarifas no son reembolsables o cuándo se entiende que el valor utilizado excede el valor a rembolsar en el caso que el pasajero utilice solo un trayecto.

— Los artículos 1502 y 1524 del Código Civil, con base en los cuales, se aduce en la consulta que “los pasajes aéreos decomisados a los correos humanos en los que se incorporan las cláusulas del contrato de transporte, adolecen de causa lícita en cuanto a su propósito, no conocido por la aerolínea, lo constituye el transporte de una sustancia ilícita (cocaína, heroína, etc.)”.

— El artículo 1º de la Ley 95 de 1890 (1) , que estatuye la fuerza mayor como eximente de responsabilidad contractual y extracontractual, con fundamento en el cual, la entidad consultante manifiesta que:

(1) “ART. 1º—Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”.

“En el caso de los correos humanos, pese a ser previsible el riesgo que se corre al transportar una sustancia ilícita en cuanto pueden ser descubiertos por la autoridad de policía con la consecuente privación de la libertad, al verificarse tal situación no pueden evitar el resultado configurándose fuerza mayor para hacer uso del tiquete aéreo. En este evento, el incumplimiento del contrato no obedece a la expresión de voluntad del pasajero, sino a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor”.

Adicionalmente, precisa el señor ministro en el texto de la consulta, que “la privación de la libertad de la persona que sirve como correo para transportar cocaína o heroína, indudablemente acarrea el incumplimiento del contrato de transporte por parte de esta. A consecuencia de ello, algunas aerolíneas están haciendo efectivas las cláusulas del contrato de transporte, es decir, si se trata de un tiquete no reembolsable, se apropian de su valor, si corresponde a una tarifa económica y si se ha utilizado parte del trayecto, manifiestan que el valor utilizado excede el valor a reembolsar, o argumentan la caducidad del mismo, quedándose con la suma de dinero pagada por tal concepto”.

Para resolver la Sala

CONSIDERA:

1. Marco constitucional y legal.

• La Constitución en su artículo 58, prevé:

“Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

La propiedad es una función social que implica obligaciones (...)”.

El artículo 34 de la misma se consagra la figura de la extinción de dominio en los siguientes términos:

“ART. 34.—Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social(2) (negrilla fuera de texto original).

(2) Corte Constitucional. Sentencia C-374 de 1997. “Vuelve a decirse que la figura de la extinción de dominio no es nueva en el ordenamiento jurídico colombiano, aunque debe anotarse que la modalidad contemplada en el artículo 34 de la Constitución apareció en 1991, por una sola razón: como consecuencia de la grave proliferación de conductas ilícitas de muy diverso origen —especialmente el narcotráfico— y del alto grado de corrupción que, para el momento en el cual deliberó la Asamblea Nacional Constituyente, se habían apoderado de la sociedad colombiana”.

• La Ley 67 de 1993, por medio de la cual se aprobó la “Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988, reconoce que la demanda y tráfico de estupefacientes representan una grave amenaza contra bienes jurídicos colectivos tales como la salud pública, la seguridad y el orden económico y social de los Estados, y establece una serie de medidas que los signatarios, de acuerdo con su ordenamiento jurídico interno, pueden aplicar sobre los bienes que se obtengan como producto del tráfico de estupefacientes, con miras a desestimular este flagelo, tales como la aplicación de medidas cautelares y el decomiso definitivo de bienes en favor del Estado.

“ART. 1º—Definiciones. Salvo indicación expresa en contrario, o que el contexto haga necesaria otra interpretación, las siguientes definiciones se aplicarán en todo el texto de la presente convención:

(...).

f) Por decomiso se entiende la privación con carácter definitivo de algún bien por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente;

(...).

l) Por “embargo preventivo” o “incautación” se entiende la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal o por una autoridad competente; (...)”.

“ART. 5º—Decomiso. Cada una de las partes adoptará las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso:

a) Del producto derivado de delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º, o de bienes cuyo valor equivalga al de ese producto, y

b) De estupefacientes y sustancias sicotrópicas, los materiales y equipos u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en cualquier forma para cometer delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º”.

Ahora bien, y como quiera que el tráfico de estupefacientes se vale de diferentes mecanismos para el logro de sus cometidos, la Convención de Viena, señala como obligación de los Estados la de adoptar las medidas necesarias para evitar que los medios de transporte sean utilizados para cometer delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes, lo cual cobra importancia al momento de evaluar la diligencia de las compañías aéreas comerciales que son utilizadas por los denominados correos humanos.

“ART. 15.—Transportistas comerciales. 1. Las partes adoptarán medidas adecuadas a fin de garantizar que los medios de transporte utilizados por los transportistas comerciales no lo sean para cometer delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º; entre esas medidas podrá figurar la concertación de arreglos especiales con los transportistas comerciales.

2. Cada una de las partes exigirá a los transportistas comerciales que tomen precauciones razonables a fin de impedir que sus medios de transporte sean utilizados para cometer delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º. Entre esas precauciones podrán figurar las siguientes:

a) Cuando el establecimiento principal del transportista comercial se encuentre en el territorio de dicha parte:

i) La capacitación del personal, para descubrir personas o remesas sospechosas; ii) el estímulo de la integridad moral del personal.

b) Cuando el transportista comercial desarrolle actividades en el territorio de dicha parte:

i) La presentación por adelantado, cuando sea posible, de los manifiestos de carga;

ii) La utilización en los contenedores de sellos inviolables y verificables individualmente;

iii) La denuncia a las autoridades competentes, en la primera ocasión, de cualquier circunstancia sospechosa que pueda estar relacionada con la comisión de delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º.

3. Cada una de las partes procurará garantizar que los transportistas comerciales y las autoridades competentes de los lugares de entrada y salida, y demás zonas de control aduanero, cooperen a fin de impedir el acceso no autorizado a los medios de transporte y a la carga, así como en la aplicación de las medidas de seguridad adecuadas”.

El artículo 47 de la Ley 30 de 1986, establece entre las medidas aplicables sobre los bienes vinculados a procesos penales adelantados por delitos de tráfico de estupefacientes y conexos, la figura del decomiso, en los siguientes términos:

“ART. 47.—Los bienes, muebles, equipos y demás objetos donde ilícitamente se almacene, conserve, fabrique, elabore, venda o suministre a cualquier título marihuana, cocaína, morfina, heroína o cualquier otra droga que produzca dependencia, al igual que los vehículos y demás medios de transporte, utilizados para la comisión de los delitos descritos en este capítulo, lo mismo que los dineros y efectos provenientes de tales actividades, serán decomisados y puestos a disposición inmediata del Consejo Nacional de Estupefacientes, el cual, por resolución, podrá destinarlos provisionalmente al servicio oficial o entidades de beneficio común instituidas legalmente, darlos en arriendo o depósito. Quien tuviere un derecho lícito demostrado legalmente sobre el bien, tendrá preferencia para recibirlo en depósito o bajo cualquier título no traslaticio del dominio, el Consejo Nacional de Estupefacientes dará aviso inmediato a los interesados para el ejercicio de su derecho. Los beneficios obtenidos se aplicarán a la prevención y represión del tráfico de tales drogas y a la rehabilitación de los fármaco dependientes, bajo control y vigilancia del Consejo Nacional de Estupefacientes.

Excepcionalmente, podrá ordenarse por el funcionario del conocimiento la devolución de los bienes o el valor de su remate, si fuere el caso, a terceras personas, si se prueba plenamente dentro del proceso que no tuvieron participación alguna ellos, en el destino ilícito dado a esos bienes.

La providencia que ordene la devolución a que se refiere este artículo deberá ser consultada y solo surtirá efectos una vez confirmada por el superior.

PAR.—Cuando se trate de algunos bienes enumerados en este artículo y sujetos a registro de propiedad, deberá el Consejo Nacional de Estupefacientes notificar inmediata y personalmente a las personas inscritas en el respectivo registro” (3) (negrilla fuera de texto original). (Modificado en lo pertinente por la L. 785/2002, art. 15).

(3) “Decreto 1461 de 2000. “Por el cual se reglamentan los artículos 47 de la Ley 30 de 1986, 2º del Decreto 2272 de 1992, 25 de la Ley 333 de 1996 y el artículo 83 del Decreto-Ley 266 de 2000 y se dictan otras disposiciones”. “ART. 2º—Reglas generales para la administración de bienes. La Dirección Nacional de Estupefacientes administrará los bienes de acuerdo con los distintos sistemas establecidos en la ley, ejercerá el seguimiento, evaluación y control y tomará de manera oportuna las medidas correctivas a que haya lugar para procurar la debida administración de los bienes. En ejercicio de dicha función le corresponde:

1. Ejercer los actos necesarios para la correcta disposición, mantenimiento y conservación de los bienes, de acuerdo con su naturaleza, uso y destino, procurando mantener su productividad y calidad de generadores de empleo.

2. Asegurar los bienes administrados.

3. Realizar las gestiones necesarias con las autoridades pertinentes, para el pago de impuestos sobre los bienes objeto de administración (...)”.

• La Ley 793 de 2002 “Por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinción de dominio”, define esta acción, en los siguientes términos:

“ART. 1º—Concepto. La extinción de dominio es la pérdida de este derecho a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular. Esta acción es autónoma en los términos de la presente ley” (4) .

(4) Declarado exequible en Sentencia de la Corte Constitucional C-740 de 2003, artículo 2º.

Señala los casos en los cuales es aplicable:

“ART. 2º—Causales. Se declarará extinguido el dominio mediante sentencia judicial, cuando ocurriere cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando exista incremento patrimonial injustificado, en cualquier tiempo, sin que se explique el origen lícito del mismo.

2. El bien o los bienes de que se trate provengan directa o indirectamente de una actividad ilícita.

3. Los bienes de que se trate hayan sido utilizados como medio o instrumento para la comisión de actividades ilícitas, sean destinadas a estas, o correspondan al objeto del delito (...) (5) .

(5) Declarado exequible en Sentencia de la Corte Constitucional C-740 de 2003, artículo 6º.

“ART. 4º—De la naturaleza de la acción. La acción de extinción de dominio de que trata la presente ley es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier derecho real, principal o accesorio, independientemente de quien los tenga en su poder, o los haya adquirido y sobre los bienes comprometidos. Esta acción es distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, o de la que se haya desprendido, o en la que tuviera origen, sin perjuicio de los terceros de buena fe exentos de culpas (6) .

(6) Declarado exequible en Sentencia de la Corte Constitucional C-740 de 2003, artículo 16.

Procederá la extinción del derecho de dominio respecto de los bienes objeto de sucesión por causa de muerte, cuando dichos bienes correspondan a cualquiera de los eventos previstos en el artículo 2º” (negrillas no son del texto original).

En particular sobre las medidas cautelares que se pueden decretar sobre los bienes objeto de esta acción real y los efectos jurídicos de las mismas, la ley prevé:

“ART. 12.—Fase inicial. El fiscal competente para conocer de la acción de extinción de dominio, iniciará la investigación, de oficio o por información que le haya sido suministrada de conformidad con el artículo 5º de la presente ley, con el fin de identificar los bienes sobre los cuales podría iniciarse la acción, de acuerdo con las causales establecidas en el artículo 2º.

“En el desarrollo de esta fase, el fiscal podrá decretar medidas cautelares, o solicitar al juez competente, la adopción de las mismas, según corresponda, que comprenderán la suspensión del poder dispositivo, el embargo y el secuestro de los bienes, de dinero en depósito en el sistema financiero, de títulos valores, y de los rendimientos de los anteriores, lo mismo que la orden de no pagarlos cuando fuere imposible su aprehensión física. En todo caso la Dirección Nacional de Estupefacientes será el secuestre o depositario de los bienes embargados o intervenidos”.

Los bienes sobre los que se adopten medidas cautelares quedarán de inmediato a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes, a través del fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado, el cual procederá preferentemente a constituir fideicomisos de administración, en cualquiera de las entidades fiduciarias vigiladas por la Superintendencia Bancaria; o, en su defecto, a arrendar o celebrar otros contratos que mantengan la productividad y valor de los bienes, o aseguren su uso a favor del Estado. Mientras los recursos monetarios o títulos valores se encuentren sujetos a medidas cautelares, las instituciones financieras que reciban la respectiva orden abrirán una cuenta especial, que genere rendimientos a tasa comercial, cuya cuantía formará parte de sus depósitos. Los rendimientos obtenidos pasarán al Estado en el caso de que se declare extinguido el dominio sobre tales recursos, o se entregarán a su dueño, en el evento contrario.

Los bienes fungibles, de género, y/o muebles que amenacen deterioro, y los demás que en adición a los anteriores determine el Consejo Nacional de Estupefacientes, podrán ser enajenados al mejor postor, o en condiciones de mercado, cuando fuere el caso, entidad que podrá administrar el producto líquido, de acuerdo con las normas vigentes. De igual forma, los bienes inmuebles se administrarán de conformidad con las normas vigentes. Los rendimientos obtenidos pasarán al Estado, en el caso de que se declare extinguido el dominio sobre tales recursos, o se entregarán a su dueño, en el evento contrario.

En todos los casos, la fiduciaria se pagará, con cargo a los bienes administrados o a sus productos, el valor de sus honorarios y de los costos de administración en que incurra. Cualquier faltante que se presentare para cubrirlos, será exigible con la misma preferencia con la que se tratan los gastos de administración en un concurso de acreedores, sobre el valor de los bienes, una vez que se liquiden o se subasten. Esta fiducia no estará sujeta en su constitución o desarrollo a las reglas de la contratación administrativa, sino a la ley comercial o financiera ordinaria.

PAR.—El fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado es una cuenta especial sin personería jurídica administrada por la Dirección Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con las políticas trazadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes.

Los bienes y recursos objeto de extinción de dominio ingresarán al fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado y serán asignados por el Consejo Nacional de Estupefacientes, para fines de inversión social, seguridad y lucha contra la delincuencia organizada.

(...)”.

“ART. 18.—De la sentencia. La sentencia declarará la extinción de todos los derechos reales, principales o accesorios, desmembraciones, gravámenes o cualquiera otra limitación a la disponibilidad o el uso del bien y ordenará su tradición a favor de la Nación a través del fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado.

Si los bienes fueren muebles o moneda, y aún no estuvieren secuestrados a disposición del fondo, en la sentencia se ordenará que se le haga entrega inmediata de los mismos o que se consignen a su disposición los valores dichos. Si se tratare de bienes incorporados a un título, se ordenará la anulación del mismo y la expedición de uno nuevo a nombre del citado fondo.

Si en la sentencia se reconocieren los derechos de un acreedor prendario o hipotecario de buena fe exenta de culpa, la Dirección Nacional de Estupefacientes, directamente o por conducto de la fiduciaria, procederá a su venta o subasta, y pagará el crédito en los términos que en la sentencia se indique” (7) .

(7) Declarado exequible en Sentencia de la Corte Constitucional C-740 de 2003, artículo 25. La Corte se declaró inhibida en la sentencia en comento para pronunciarse sobre el artículo 18 de la Ley 793 de 2002.

• La Ley 785 de 2002, “por la cual se dictan disposiciones relacionadas con la administración de los bienes incautados en aplicación de las leyes 30 de 1986 y 333 de 1996”, prevé:

“ART. 1º—Sistemas de administración de los bienes incautados. La administración de los bienes a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes por su afectación a un proceso penal por los delitos de narcotráfico y conexos a una acción de extinción del dominio, conforme a la ley y en particular a lo previsto por las leyes 30 de 1986 y 333 de 1996, y el Decreto Legislativo 1975 de 2002, y con las demás normas que las modifiquen o deroguen, se llevará a cabo aplicando en forma individual o concurrente los siguientes sistemas: enajenación, contratación, destinación provisional y depósito provisional.

Sobre la aplicación de estos sistemas de administración, el Consejo Nacional de Estupefacientes no podrá ejercer funciones distintas de las previstas por el artículo 76 de la Ley 489 de 1998 para los consejos directivos de los establecimientos públicos, de acuerdo con la remisión efectuada por el artículo 82 de la misma en cuanto hace al régimen jurídico de las unidades administrativas especiales.

La decisión de incautación del bien tendrá aplicación inmediata y la tenencia del mismo pasará a la Dirección Nacional de Estupefacientes para su administración en los términos de esta ley. La manifestación contenida en el acta de incautación o decomiso de la calidad de tenedor del bien a cualquier título, será decidida por el juez en la sentencia que ponga fin al proceso”.

“ART. 2º—Enajenación. Desde el momento en que los bienes a que se refiere el artículo anterior sean puestos a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes y una vez incorporados al inventario a que se refiere el Decreto 306 de 1998, podrán ser enajenados los bienes fungibles o consumibles o en general muebles que amenacen deterioro y los demás que en adición a los anteriores determine el Consejo Nacional de Estupefacientes, siempre y cuando y de manera motivada se establezca que estos amenazan perder severamente su valor comercial con arreglo a los procedimientos establecidos en el Decreto 1461 de 2000.

Los dineros producto de las enajenaciones ingresarán a una subcuenta especial del fondo para la rehabilitación, inversión social y la lucha contra el crimen organizado y serán administrados por el Director Nacional de Estupefacientes e invertidos de manera preferente en el mercado primario en títulos de deuda pública, antes de optar por su inversión en el mercado secundario, de acuerdo con las necesidades de liquidez de dicho fondo (...)” (negrilla fuera de texto).

• El Código de Comercio, artículos 981, 1000, 1001, 1002, 1855, 1874, 1875, 1876 y 1878, establecen, en cuanto al contrato de transporte en general y de pasajeros, lo siguiente:

“ART. 981.—Modificado D.E. 01 de 1990, artículo 1º. El transporte es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con la otra, a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro, por determinado medio y en el plazo fijado, personas o cosas y a entregar estas al destinatario.

El contrato de transporte se perfecciona por el solo acuerdo de las partes y se prueba conforme a las reglas legales.

En el evento en que el contrato o alguna de sus cláusulas sea ineficaz y se hayan ejecutado prestaciones, se podrá solicitar la intervención del juez a fin de que impida que una parte se enriquezca a expensas de la otra” (negrilla fuera de texto).

“ART. 1000.—Modificado. D.E. 1/90, art. 15. El pasajero estará obligado a pagar el pasaje y a observar las condiciones de seguridad impuestas por el transportador y por los reglamentos oficiales y a cumplir los reglamentos de la empresa, estos últimos siempre y cuando estén exhibidos en lugares donde sean fácilmente conocidos por el usuario o se inserten en el boleto o billete.

El contrato celebrado para sí por persona relativamente incapaz no será anulable”.

“ART. 1001.—El boleto o billete expedido por el empresario de transporte deberá contener las especificaciones que exijan los reglamentos oficiales y solo podrá transferirse conforme a estos”.

“ART. 1002.—Modificado. D.E. 01 de 1990, artículo 16. El pasajero podrá desistir del transporte contratado con derecho a la devolución total o parcial del pasaje, dando previo aviso al transportador, conforme se establezca en los reglamentos oficiales, el contrato o en su defecto, por la costumbre”.

“ART. 1855.—Los servicios aéreos comerciales pueden ser internos o internacionales. Son internos aquellos que se prestan exclusivamente entre puntos situados en el territorio de la república; son internacionales los demás”.

“ART. 1874.—Ámbito de aplicación. Quedan sujetos a las disposiciones de este código los contratos de transporte interno o internacional, estos últimos a falta de convenciones internacionales que sean obligatorias para Colombia.

El contrato de transporte se considera interno cuando los lugares de partida y destino fijados por las partes están dentro del territorio nacional, e internacional en los demás casos”.

“ART. 1875.—Divulgación de las condiciones del contrato. Las cláusulas del contrato de transporte celebrado con empresarios públicos deberán hacerse conocer de los pasajeros en el billete o boleto de pasaje, en los documentos de transporte que se entreguen a estos o en un lugar de las oficinas de aquellos en donde sean leídas fácilmente.

Los aspectos no contemplados en el presente código o en otras leyes, decretos o reglamentos oficiales que se refieran a las condiciones del transporte, podrán ser regulados por las empresas aéreas de transporte público mediante reglamentación que requiere aprobación de la autoridad aeronáutica.

Tales reglamentos deberán ser exhibidos por las empresas en lugares en donde sean fácilmente conocidos del usuario. La autoridad aeronáutica dictará las normas sobre el particular”.

“ART. 1878.—Desistimiento del pasajero. En los casos de desistimiento del viaje por parte del pasajero, las empresas de transporte público podrán fijar porcentajes de reducción en la devolución del valor del pasaje, conforme a los reglamentos de la empresa, aprobados por la autoridad aeronáutica”.

• Ley 336 de 1996, artículo 68.

“ART. 68.—El modo de transporte aéreo, además de ser un servicio público esencial, continuará rigiéndose exclusivamente por las normas del Código de Comercio (libro quinto, capítulo preliminar) y segunda parte por el manual de reglamentos aeronáuticos que dicte la unidad administrativa especial de Aeronáutica Civil y por los tratados, convenios, acuerdos, prácticas internacionales debidamente adoptados o aplicados por Colombia”.

• Código de Comercio, artículo 993, modificado. D.E. 1/90, art. 11, establece en materia de caducidad de las acciones inherentes al contrato de transporte en general, un término de dos años, el cual, debe analizarse frente a la vigencia del tiquete o boleto de avión que expiden las aerolíneas, cuyo término es de un año.

“Las acciones directas o indirectas provenientes del contrato de transporte prescriben en dos años.

El término de prescripción correrá desde el día en que haya concluido o debido concluir la obligación de conducción.

Este término no puede ser modificado por las partes”.

• Resolución 4498 del 15 de noviembre de 2001. Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil, por la cual se desarrollan normas relativas al servicio de transporte aéreo de pasajeros, contempla en materia de derechos y deberes de los usuarios y transportadores, lo siguiente:

“ART. 1º—Adiciónanse, los siguientes numerales a la parte tercera de los reglamentos aeronáuticos, así:

“Las presentes normas contienen los derechos y obligaciones del pasajero y del transportador o del agente de viajes, cuando actúe en su nombre, en relación con los servicios aéreos comerciales de transporte público regular de pasajeros prestados por las aerolíneas, las cuales no tienen carácter taxativo, sino enunciativo, y los serán sin perjuicio de los derechos y obligaciones que estén señalados en el Código de Comercio para el transporte aéreo interno y en los Convenios del sistema de Varsovia/29-La Haya/55 o aquellos que los sustituyan, para el transporte aéreo internacional”.

“3.10.1.7. Adquisición de tiquetes: con la adquisición del respectivo tiquete, el pasajero accede a los siguientes derechos:

a) Que se le suministre la información de que trata el numeral 3.10.1.1 si no la hubiera obtenido anteriormente.

b) Que se le expida el correspondiente tiquete o boleto de pasaje en los términos acordados. Dicho tiquete deberá contener además de la información señalada en la ley, el texto del respectivo contrato de transporte aéreo de la aerolínea, en letra clara, de tamaño legible y en un color de tinta que haga contraste con el del papel. En caso de expedición de tiquetes por vía electrónica, la información básica del contrato de transporte deberá ser conocida por el pasajero.

c) Que la tarifa que se le cobre, corresponda a la vigente al momento de la adquisición del tiquete, de acuerdo al tipo de tarifa escogida. Dicha tarifa debe ser respetada mientras esté vigente, salvo cobros especiales autorizados por la UAEAC.

3.10.1.7.1. Vigencia. El tiquete tendrá una vigencia máxima de un (1) año, sin perjuicio de que el transportador la prorrogue, o tendrá la vigencia especial de la tarifa en que se adquirió.

Una vez expirado el término anterior, si el pasajero decide viajar, la aerolínea o la agencia reexpedirá un nuevo tiquete, sin perjuicio de los costos adicionales que deba asumir el pasajero en consideración a la tarifa vigente. Del mismo modo, si el pasajero decide no viajar tendrá derecho a que la aerolínea reembolse el valor pagado por el tiquete, sin perjuicio de las reducciones a que haya lugar.

3.10.1.8. Desistimiento del pasajero. En aplicación del artículo 1878 del Código de Comercio, el pasajero podrá desistir del viaje antes de su iniciación, dando aviso al transportador con al menos veinticuatro (24) horas de antelación a la realización del vuelo. En estos casos el transportador o agencia de viajes, cuando corresponda y conforme lo acordado con el transportador, podrá retener un porcentaje de reducción de acuerdo a las estipulaciones desarrolladas por la empresa, que hayan sido aprobadas por la autoridad aeronáutica, en cuyo caso el reembolso se hará conforme a las condiciones de la tarifa, el cual no podrá exceder del 10% del valor del tiquete, salvo que se trate de tarifas promocionales debidamente aprobadas, en cuyo caso el reembolso se hará conforme a las condiciones de la tarifa.

(...).

3.10.2.14. Reembolsos. Por fuera de los casos anteriormente previstos, el pasajero podrá exigir el reembolso del precio del pasaje, por las siguientes razones: 3.10.2.14.1. Por desistimiento del pasajero. En los casos de desistimiento del viaje por parte del pasajero, este tiene derecho al reembolso del valor pagado del tiquete, sin perjuicio de los porcentajes de reducción aplicables a favor de la aerolínea, conforme a los reglamentos de la empresa, aprobados por la autoridad aeronáutica (siempre que se trate de tarifas reembolsables).

(...).

3.10.2.14.3. Tipo de moneda. Todo reembolso que se efectúe en Colombia, deberá pagarse en pesos colombianos. Cuando se trate de tiquetes internacionales valorados en dólares, se aplicará la tasa de cambio vigente de acuerdo a la ley, al momento de la compra”.

3.10.2.23. Requisas y procedimientos de control. El pasajero está obligado a acatar las normas sobre seguridad y operación aeroportuarias vigentes y a someterse a las requisas y demás procedimientos de control y medidas de seguridad dispuestos por la autoridad aeroportuaria o la aerolínea respectiva durante el embarque, el vuelo y el desembarque. En caso de pedirse identificar el equipaje antes del embarque, ni el pasajero ni su equipaje podrán embarcar si tal procedimiento no se agota”.

(...) 3.10.3.8.1. Mercancías peligrosas. El pasajero no deberá embarcar a la aeronave ningún tipo de elemento que pueda ser considerado como mercancía peligrosa (explosivos, inflamables, tóxicos, corrosivos, radiactivos, etc.) lo cual incluye entre otros, fósforos, fuegos artificiales, combustibles, pinturas, disolventes, pegantes, blanqueadores, ácidos, gases comprimidos o insecticidas. Del mismo modo deberá el pasajero abstenerse de embarcar cualquier tipo de elemento, droga o sustancia cuyo porte, tenencia, comercio, o consumo sea prohibido. Cualquier elemento ordinario, cuyo carácter sea dudoso, deberá ser reportado al momento del chequeo, para que se determine si puede admitirse a bordo”.

3.10.3.14. Responsabilidad del pasajero por incumplimiento. El incumplimiento de sus obligaciones por parte del pasajero constituye violación del contrato de transporte aéreo, en cuyo caso el transportador no será responsable de los perjuicios sufridos por dicho pasajero como consecuencia de tal incumplimiento. En tales casos y dependiendo de la gravedad de la situación el transportador, representado por el comandante de la aeronave en los términos de ley, podrá inadmitir al pasajero, disponer su desembarque si la aeronave estuviese en tierra o durante el siguiente aterrizaje o escala, ya sea que esta fuese prevista o efectuada con ese exclusivo propósito, solicitando si fuera necesario, el apoyo de las autoridades aeroportuarias o policivas en el respectivo aeropuerto. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad de dicho pasajero y de las acciones legales en su contra, por daños inferidos al transportador o a otros pasajeros.

Interrumpido el transporte bajo las anteriores condiciones, el transportador quedará relevado de su obligación de conducir al pasajero hasta el destino convenido, sin que haya lugar al reembolso y sin perjuicio de que este acepte llevarlo en este o en otro vuelo, cuando existan razones para creer que la situación de peligro o incumplimiento ha cesado y no se producirán nuevos hechos similares. En estos casos el transportador informará inmediatamente a la autoridad aeronáutica, sobre las decisiones adoptadas”.

(...).

3.10.6. Disposiciones finales. De conformidad con los artículos 1875 y 1878 del Código de Comercio, los contratos de transporte y reglamentaciones impuestas por las aerolíneas y sus enmiendas, deberán ajustarse a lo dispuesto en este reglamento, lo cual será tenido en cuenta como criterio general para la aprobación por parte de la autoridad aeronáutica.

PAR. TRANS.—Las empresas de servicios aéreos comerciales de transporte público autorizadas para operar en Colombia, deberán someter a la aprobación de la autoridad aeronáutica las estipulaciones y reglamentaciones de que trata el párrafo anterior, o las modificaciones que sean necesarias con ocasión de la expedición de las presentes disposiciones, dentro de un plazo de seis (6) meses contados a partir de su publicación en el Diario Oficial (...):” (negrilla fuera de texto original).

• Ley 95 de 1965, por la cual se aprobaron el convenio para la unificación de algunas normas relativas al transporte aéreo internacional y el protocolo adicional, suscritos en Varsovia el 12 de octubre de 1929 y en La Haya el 28 de septiembre 1955, la cual es aplicable a toda clase de transporte internacional de personas, equipajes o mercancías, efectuado por aeronave mediante remuneración.

Aunque la convención y su modificación tienen como foco central el señalamiento de reglas esenciales en materia de responsabilidad por los daños que puedan sufrir los pasajeros o las mercancías a causa del transporte mismo, en el capítulo relativo a la “responsabilidad del transportador” señala un término de caducidad para la acción de responsabilidad, que ha sido esgrimido por algunas compañías extranjeras que operan en Colombia, para negar el reembolso del tiquete en los casos de detención de pasajeros, razón por la cual, parece necesario analizarla. Establece la disposición:

“ART. 29.—1. La acción por responsabilidad deberá entablarse, bajo pena de caducidad, en el plazo de dos años a partir de la llegada a su destino, o del día en que la aeronave debiera haber llegado o a partir de la suspensión del transporte. 2. La manera de calcular el plazo se determinará de acuerdo con la ley del tribunal competente”.

2. Análisis normativo.

El transporte aéreo comercial de pasajeros es un instrumento comúnmente utilizado por el narcotráfico para llevar a cabo actividades de transporte interfronterizo e ilegal de drogas.

Así, las organizaciones al margen de la ley, bajo la modalidad denominada de “correos humanos”, pretenden diariamente, con métodos cada vez más sofisticados, burlar la acción de las autoridades de policía y los controles que exige la autoridad aeronáutica colombiana a las compañías aéreas comerciales, tendientes a evitar, tal y como se consagra en la Convención de Viena, aprobada por la Ley 67 de 1993, que los medios de transporte públicos sean utilizados para cometer este tipo de delitos.

La problemática descrita por el señor Ministro del Interior y Justicia, obliga a la Sala a revisar los aspectos contractuales que se derivan de la relación jurídica existente entre el pasajero y la compañía aérea, sin perder la perspectiva de los bienes jurídicos colectivos protegidos con la tipificación de los delitos relacionados con el narcotráfico (8) y, por supuesto, los efectos que a través de medidas cautelares y de las figuras del decomiso, comiso, extinción de dominio, persigue la Carta y el legislador para evitar que “quienes han hecho uso del delito para satisfacer su egoísmo, quienes han tomado el camino de la ilegalidad puedan ostentar ante la sociedad el éxito, el triunfo, en cuanto puedan hacer uso de los bienes obtenidos por ese camino” (9) .

(8) Corte Constitucional. Sentencia C-420 de 2002. “(...) salud pública, seguridad pública y orden económico y social” (...) Luego es claro que los bienes jurídicos protegidos por el tráfico de estupefacientes son de naturaleza colectiva”.

(9) Corte Constitucional. Sentencia C-374 de 1997. Cita la Corte Constitucional antecedentes de las discusiones surtidas en la Asamblea Constituyente. (Documento: Presidencia de la República. Consejería para el desarrollo de la Constitución. Sesión Comisión 5, abril 16 (5416), mayo 30/94, pág., 1).

2.1. Del contrato de transporte aéreo de pasajeros.

De conformidad con la definición genérica consagrada en el artículo 981 del Código de Comercio, el contrato de transporte es un acuerdo de voluntades, que tiene las siguientes características:

• Oneroso: el transportador se obliga a cambio de un precio a conducir de un lugar a otro personas o cosas, en el cual, “Cada una de las partes se está gravando en beneficio de la otra y el contrato reporta utilidad para ambas” (10) .

(10) Arrubla Paucar, Jaime Alberto. Contratos Mercantiles. Tomo l. 6ª Edición 1994. págs. 228 y 229.

• Bilateral: en la medida que con ocasión de su celebración surgen obligaciones correlativas entre las partes.

• Consensual, pues se perfecciona con el acuerdo de las partes, a tal punto, que la Convención de Varsovia para transporte aéreo internacional, establece que “El billete de pasaje hace fe, salvo prueba en contrario, de la celebración y de las condiciones del contrato de transporte. La ausencia, irregularidad o pérdida del billete no afectará a la existencia ni a la validez del contrato de transporte, que quedará sujeto a las reglas del presente convenio. (...)” (11) .

(11) Ley 95 de 1965. Convención para la unificación de algunas normas relativas al transporte aéreo internacional Varsovia. Modificada por el Protocolo de La Haya 28 de septiembre de 1955, artículo 3º numeral 2º.

• De tracto sucesivo: “Se trata de un contrato de duración o de ejecución continuada. No es contrato instantáneo, porque las partes no pueden despedirse en el momento en que se celebra, sus prestaciones siguen surgiendo mientras el transporte se lleva a término” (12) .

(12) Arrubla Paucar, Jaime Alberto. Contratos Mercantiles. Tomo I. 6ª Edición 1994. pág. 229.

• De adhesión: sus condiciones se indican en el boleto expedido al pasajero, según el manual de pasajes y los reglamentos nacionales o internacionales vigentes y aprobados por la autoridad aeronáutica. El contrato de transporte aéreo de pasajeros es “reglamentado, puesto que se trata de un contrato de adhesión” (13) .

(13) Álvarez Correa, Eduardo. Derecho Marítimo y Aeronáutico. Universidad de los Andes. Especialización de Derecho Comercial. Material de Estudio. 1992-1993. pág. 173.

Las características descritas resultan útiles al momento de analizar la validez del contrato de transporte celebrado entre una aerolínea comercial y una persona que a través de este medio, pretende trasportar sustancias prohibidas y el tipo de responsabilidad que se deriva del incumplimiento por parte del pasajero de una de las disposiciones contenidas en el reglamento aeronáutico, consistente en que este deberá “abstenerse de embarcar cualquier tipo de elemento, droga o sustancia cuyo porte, tenencia, comercio o consumo sea prohibido”.

Todos estos aspectos serán objeto de estudio previo para absolver la consulta, en la medida en que del texto de la misma se advierten algunos argumentos que jurídicamente pueden resultar opuestos entre sí y que requieren ser precisados.

A juicio de esta Sala, no es dable jurídicamente argumentar, de una parte que, “los pasajes aéreos decomisados a los denominados correos humanos, adolecen de causa lícita en cuanto su propósito, no conocido por la aerolínea, lo constituye el transporte de una sustancia ilícita (cocaína, heroína, etc.)” y, acto seguido pretender el derecho al reembolso del valor del tiquete aéreo amparados en la responsabilidad contractual de las partes. Unos son los efectos de un contrato que a la postre podría ser declarado nulo por la autoridad judicial competente, y otros bien distintos los derivados de un contrato válido a la luz del derecho, cuyas prestaciones, o mejor el cumplimiento de las mismas, está en controversia.

2.1.1. La causa lícita como requisito de validez de los actos jurídicos.

Dada la importancia del problema jurídico atinente a la existencia o no de causa lícita en los contratos, de transporte aéreo de pasajeros, utilizados por agentes al servicio del narcotráfico para introducir drogas a otro país o transportarlas localmente y los efectos previstos en la ley comercial en materia de nulidad de los actos así celebrados, la Sala considera procedente abocar su estudio (14) no sin, antes hacer énfasis en que la opinión que se emita, no tiene fuerza vinculante respecto a la validez o nulidad de cada contrato, pues para ello se requeriría de una providencia emanada de la autoridad judicial competente que así la declare.

(14) Código de Comercio. “ART. 899.—Será nulo absolutamente el negocio jurídico en los siguientes casos:

1. Cuando contraría una norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa;

2. Cuando tenga causa u objeto ilícitos, y

3. Cuando se haya celebrado por persona absolutamente incapaz”.

Los supuestos de hecho enunciados en la consulta, que resultan relevantes son:

• El pasajero o la persona que contrata el servicio para ser desplazado dentro o fuera del país, al celebrar el contrato con la compañía aérea tiene la intención “oculta”, no expresa, de transportar sustancias que legalmente se consideran ilícitas.

• La compañía de transporte aéreo no conoce la intención última del pasajero y, por lo tanto, celebra el contrato de buena fe y con el convencimiento que la causa del contrato es el transporte de la persona que solicita el servicio.

Por ser ilustrativo procede la Sala a citar la obra de los profesores Guillermo Ospina Fernández y Eduardo Ospina Acosta, titulada “Teoría General del Contrato o Negocios Jurídicos”, en la que se exponen las diferentes posturas doctrinarias en torno a la evolución de la teoría de la causa y la posición acogida en nuestro Código Civil y la Corte Suprema de Justicia desde el año de 1938. Dice el profesor Ospina Fernández:

“La teoría de la causa” ha constituido tema de copiosa literatura, tanto en Francia como en otros países regidos por las legislaciones influidas por el Código Napoleónico: Bélgica, Suiza, Italia, España, Chile, Colombia. Esta inquietud de los expositores de derecho civil es índice elocuente de la dificultad que entraña la declaración de la teoría.

(...).

i) “Teoría de Domat. Noción de la causa de las obligaciones contractuales. (...) los expositores de la teoría, advirtiendo de antemano y para mejor inteligencia que la definición que de dicho concepto formulan estos resulta de la contraposición y cuidadosa distinción de las nociones filosóficas de causa final, causa impulsiva y causa eficiente, para concluir que la causa jurídica se identifica con cierta concepción de la causa final (...) los móviles o motivos individuales y concretos que las partes tienen al contratar (causa impulsiva) ya, no forman parte integrante del contrato; se encuentran fuera de él, viven en la mente de aquellas y varían en cada caso según las personas y las circunstancias, por lo cual no pueden ser tenidos en cuenta por el derecho. (...) la causa impulsiva, tal y como quedó expuesta, es decir, el motivo del contrato, no tiene influencia alguna sobre la formación o la validez de este. No importa que dicho motivo sea efectivamente serio o frívolo, como tampoco importa que sea lícito o ilícito”.

(...).

ii) “El anticausalismo. (...) la consensualidad de los contratos y, en general, de los actos jurídicos, constituye uno de los postulados dominantes del derecho moderno: para que ellos se reputen perfectos y para que produzcan todos los efectos jurídicos basta, por regla general, la sola manifestación de la voluntad de los agentes, sin que sea necesario, salvas algunas excepciones recurrir a solemnidades o a otros hechos que sirvan de explicación a tales efectos. (...) en la venta, la trasmisión de la propiedad sobre una cosa mediante el precio estipulado es lo que constituye el objeto indivisible del acuerdo de voluntades ... Exigir además una causa implica no comprender lo que es un contrato sinalagmático”.

iii) “Teoría de la causa impulsiva y determinante (...) En suma: la nueva teoría jurisprudencial francesa de la causa impulsiva y determinante obedece a una concepción filosófico-política opuesta a la que presidió el engendro de Domat, según el cual los móviles subjetivos de los contratantes, por inmorales y antisociales que sean, pertenecen al fuero de su conciencia y no pueden ser investigados o controlados por los jueces. Por el contrario, la nueva teoría jurisprudencial estriba en el rechazo de este principio ultraindividualista y en la franca intervención judicial en los actos jurídicos lícitos en sus prestaciones, vale decir, en su objeto, pero ilícitos en su finalidad”.

(...) “la teoría de la causa impulsiva y determinante, elaborada por la jurisprudencia francesa con el objeto primordial de controlar y sancionar los actos jurídicos ilícitos en su fin, ofrece las siguientes notas características: 1) La noción de causa considerada como un requisito para la validez de los actos jurídicos corresponde a la idea de los móviles determinantes que presiden la celebración de aquellos. De manera que, entre los móviles de los actos jurídicos, hay que distinguir los que determinan el consentimiento de las partes y los móviles que son indiferentes o accidentales, es decir, no ejercen influencia efectiva en la celebración de dichos actos. Solamente los primeros pueden ser calificados como causa; y 2) los móviles determinantes deben ser comunes o, al menos conocidos de ambas partes, pasando así de la categoría de móviles subjetivos y secretos de cada uno de los agentes a la de fin del respectivo acto jurídico” (negrilla fuera de texto original).

(...) “Teoría de la causa en el derecho colombiano. A mediados del siglo XIX, cuando la jurisprudencia francesa ya había iniciado la elaboración de la teoría de la causa impulsiva y determinante, don Andrés Bello la consagró expresamente en el que hoy es el artículo 1524 de nuestro Código Civil.

(...).

En efecto, el artículo 1524 del Código Civil, a vuelta de definir la causa como el “motivo que induce al acto o contrato”, agrega que se entiende por causa ilícita “la prohibida por la ley o contraria a las buenas costumbres o al orden público”. De suerte que en Colombia la noción legal de causa ilícita corresponde a la de los móviles antisociales o inmorales, cuando estos sean determinantes de la celebración de los actos jurídicos. (...) Así, fundándose en una clara institución legal, nuestros jueces están capacitados para atacar cualesquiera actos jurídicos cuya existencia haya sido determinada por móviles inmorales o contrarios al orden público, como los arrendamientos de locales destinados a garitos o prostíbulos.

(...).

Por cuanto la causa ilícita esta constituida por los móviles determinantes contrarios al orden público o a la moral, lo indicado es sancionar dicho vicio con la nulidad absoluta del acto respectivo. (...) Por consiguiente está bien que el artículo 1741 del Código Civil consagre expresamente la referida sanción por causa ilícita” (15) .

(15) Ospina Fernández, Guillermo. Ospina Acosa(sic), Eduardo. Teoría General del Contrato y de los demás Actos o Negocios Jurídicos. Cuarta Edición. Editorial Temis. 1994. págs. 256 ss.

Dentro del análisis en comento sobre el alcance del contenido de los artículos que consagran la causa lícita como requisito de validez del contrato, se destacan algunos interrogantes, en torno a la buena fe de las partes, que hicieron en su momento los autores citados y que cobran vigencia frente a casos como el que hoy nos ocupa.

“(...) La noción legal de la causa y la buena fe. Explicado pues, que la noción legal de la causa queda reducida en cuanto a sus aplicaciones prácticas al campo de los móviles determinantes falsos o ilícitos de los agentes, se pregunta si dichas aplicaciones no requieren otra condición distinta a la incidencia de tales móviles en la celebración del acto o contrato. Con otras palabras: ¿Bastará con que los móviles que inducen a uno de los agentes al acto o contrato sean determinantes para que este quede condenado a la invalidez por aplicación de la noción legal de la causa falsa o ilícita? Si así fuera, nuestro sistema positivo resultaría manifiestamente injusto, ya que negaría la protección debida a la buena fe de las otras personas interesadas en el mantenimiento del acto de que se trata. (...) Así, si el arrendador del local ignora que el arrendatario tiene el propósito de destinarlo a un fin ilícito, sería aberrante negar a aquel sus acciones contractuales, v.gr., la de cobro de los cánones so pretexto de sancionar una falta que el no ha cometido. Y lo propio sucedería si se declarara la invalidez de la venta de un cuadro a pesar de que el vendedor ignorase el móvil que indujo al comprador a adquirirlo. Por esta razón, los tribunales franceses han exigido invariablemente como requisito para la aplicación de su teoría de la causa impulsiva y determinante que los móviles que la constituyen, a lo menos, sean conocidos de todas las partes del acto, en forma tal que lleguen a convertirse en la finalidad de este. Y, como ya lo hemos dicho al estudiar este mismo problema con ocasión de la teoría del error en la causa, nuestra jurisprudencia también lo ha resuelto en el mismo sentido. En efecto, ya se explicó allí que nuestra Corte Suprema de Justicia ha interpretado la definición de la causa, traída por el artículo 1524 del Código Civil, no como la del móvil subjetivo y secreto que induce a uno solo de los agentes a la celebración del acto o contrato, sino que ha entendido que dicha noción se refiere a “los móviles” determinantes que han sido conocidos por las partes coordinando así la protección del orden social y de la autonomía de la voluntad privada con la seguridad del comercio y con el respeto debido a la buena fe (Cas. oct. 7/38, G.J. Tomo XLVII, núm. 1941, pág. 252)” (16) .

(16) Ibídem.

Con base en los presupuestos de hecho descritos y los argumentos jurídicos expuestos, en concepto de la Sala no es viable argumentar la existencia de causa ilícita en un contrato de transporte aéreo celebrado entre una aerolínea comercial y una persona que ocultó su intención ilícita de transportar droga y de utilizar el contrato en un medio para la obtención de un provecho prohibido por la ley, contrario a las buenas costumbres y al orden público social” (17) .

(17) Código Civil. “ART. 1524.—No puede haber obligación sin una causa real y lícita; pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente.

Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público.

Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa; y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene una causa ilícita”.

Es claro que las aerolíneas comerciales en casos como estos, no solo no conocen la intención de los denominados “correos humanos”, sino que, tampoco, han debido conocerla, pues su diligencia como empresa prestadora de estos servicios, no puede ir hasta el punto de auscultar y verificar los móviles de cada uno de sus pasajeros, para sobre estas bases expedir los tiquetes que los habiliten para viajar.

En concordancia con lo anterior, los convenios internacionales en materia aeronáutica son claros, al prever que las aerolíneas deben tomar “precauciones razonables” en virtud de las cuales, están facultadas para hacer las requisas durante el embarque, vuelo y desembarque. No sería razonable exigirles actuar en forma diferente.

No basta por tanto, la intención subjetiva y oculta de una de las partes para que se pueda hablar de causa ilícita que afecte la validez de un contrato; se requiere de un “motivo determinante común“ (18) .

(18) Renato Scognamiglio. Teoría General del Contrato. Traducción Fernando Hinestrosa. Universidad Externado de Colombia. pág. 131. “(...) el legislador con disposiciones explícitas y excepcionales, ordena atribuir relevancia a esos motivos, p. ej. Cuando en el artículo 1345 Código Civil sanciona con nulidad el contrato cuyo motivo determinante común haya sido ilícito (caso clásico, el arrendamiento de la casa para un fin inmoral)”.

Lo anterior naturalmente, sin perjuicio de la relevancia jurídica que ese elemento subjetivo tenga frente a otras disciplinas, como por ejemplo, frente al derecho penal.

La conclusión contraria podría conducir a la nulidad de los contratos celebrados y obligaría a las aerolíneas a buscar, por fuera de las acciones contractuales, el reconocimiento de los perjuicios que causaron a consecuencia del no abordaje y transporte del pasajero detenido por la policía aeroportuaria portando sustancias prohibidas (19) .

(19) Tamayo Jaramillo, Javier. El Contrato de Transporte. Editorial Temis. 1991. pág. 49. “(...) la facultad del transportador para reclamar el valor de los fletes del transporte realizado en virtud de un contrato nulo, tiene restricciones cuando la nulidad se fundamenta en la ilicitud del objeto o de la causa. En efecto, el artículo 1525 del Código Civil afirma: “No podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas” (negrilla fuera de texto original).

El profesor Tamayo, en su libro “El contrato de transporte”, expone el caso del transporte de narcóticos en el transporte de carga y el derecho del transportador para reclamar el valor del flete del transporte realizado, el cual depende del conocimiento o no de la causa y el objeto sobre el cual versó el contrato, en los siguientes términos:

“Significa lo anterior que si el transportador, a sabiendas de la ilicitud de transportar narcóticos acepta contratar el desplazamiento de tales productos, y el contrato deviene nulo por ilicitud del objeto o de la causa, entonces el transportador no podrá reclamar el valor de los fletes. Pero si el transportador no conocía la naturaleza del cargamento perfectamente podrá cobrar la remuneración correspondiente” (negrilla fuera de texto original).

Recuérdese que el desarrollo de la autonomía contractual de la voluntad tiene como función garantizar la seguridad del tráfico comercial y proteger la confianza de los que intervienen en un negocio jurídico, que como el de transporte aéreo, no solo es de carácter público sino masivo.

Observa la Sala, por ejemplo, que la derogada Ley 333 de 1996, respecto de la extinción de dominio de bienes producto del narcotráfico entregados a entidades fiduciarias, reconoció la validez de estos contratos, en la medida en que hubieren sido celebrados de buena fe y el derecho a los honorarios causados por este tipo de entidades (20) .

(20) Ley 33 de 1996. Declarada íntegramente exequible mediante providencia de la Corte Constitucional C-409 de 1997.

Preveía el artículo en comento:

“ART. 4º—En los casos en que se hubiere constituido fiducia o encargo fiduciario sobre los bienes respecto de los cuales se pretenda la extinción del dominio, bastará para su procedencia que alguna de las causales señaladas en el artículo 2º sea predicable del encargante o constituyente, sin perjuicio de los derechos de la fiduciaria a su remuneración y de los derechos de beneficiarios y terceros que no hubieren actuado con dolo o culpa grave.

Las disposiciones de esta ley no afectarán los derechos que con arreglo a las leyes civiles se deriven de los negocios jurídicos válidamente celebrados ni los de su invalidez, nulidad, resolución, rescisión e ineficacia para las partes y terceros, ni los inherentes al pago de lo no debido ni al ejercicio de las profesiones liberales” (negrilla no es del texto original).

2.1.2. Obligaciones de las partes en el contrato de transporte. Consecuencias del incumplimiento.

Sea lo primero señalar que dada la bilateralidad y conmutabilidad del contrato de transporte, este genera en cabeza tanto del pasajero como de la aerolínea beneficios o ventajas comunes o correlativos.

En efecto, para la aerolínea la tarifa del tiquete aéreo es el precio de venta del servicio de transporte (21) , el cual debe corresponder a un componente de costos derivados de la explotación comercial y al margen de utilidad o ganancia que obtendrá por la prestación de este servicio (22) ; y para el pasajero, la contraprestación o beneficio está representada en el transporte hasta el sitio de destino.

(21) Álvarez Correa, Eduardo. Universidad de los Andes, 1993-1993, “Derecho Marítimo y Aeronáutico”. Especialización de Derecho Comercial. “La tarifa es el precio de venta de los productos del transporte aéreo, aplicable a los pasajeros (fares) o a la carga (rates) (...). La tarifa depende de la teoría de precios o “marketing” para el transportado.

(22) Reglamento Aeronáutico. (...) “3.6.3.4.3.1.5.1 “Las tarifas que proponga la aerolínea respectiva deberán observar criterios técnicos y de suficiencia, en los siguientes términos: a) Equidad: la tarifa deberá ser proporcional al tipo de servicio prestado y estará directamente relacionado con las características del trayecto o condición de la operación, y en razón de aspectos tales como la distancia, la topografía de los lugares de procedencia y destino; y b) Suficiencia. La tarifa deberá cubrir razonablemente los costos de operación como combustible, el mantenimiento del equipo, los costos fijos y la posible utilidad” (negrillas no son del texto original).

De manera que, en principio, si la inejecución o ejecución parcial del contrato de transporte obedece a hechos imputables al pasajero, el alcance de su responsabilidad deberá compensar los beneficios dejados de percibir por la empresa transportadora y el daño correlativo que se causó, pues el “incumplimiento es un hecho o una omisión que afecta el derecho ajeno” (23) .

(23) Corte Suprema de Justicia. Sentencia 218 del 12 de junio de 1990. G.J. 262 Nº 2439, pág. 263 ss.

Tanto en las disposiciones del Código de Comercio como en las demás normas que regulan el contrato de transporte, el derecho al reembolso del valor del tiquete aéreo que se consagra a favor del pasajero cuando no se ha hecho uso del servicio, se estructura sobre la noción del principio de equilibrio contractual.

Así, en el típico caso de desistimiento del vuelo por parte de este último, opera el derecho al reembolso del valor del tiquete previo descuento o penalización cuyo porcentaje está definido por cada una de las aerolíneas con base en los topes determinados por la autoridad competente (24) .

(24) Código de Comercio. Artículo 1878.

Establece el numeral 3.10.2.14.1 de la Resolución 4498 de 2001 expedida por la Aeronáutica Civil:

“En los casos de desistimiento del viaje por parte del pasajero, este tiene derecho al reembolso del valor pagado del tiquete, sin perjuicio de los porcentajes de reducción aplicables a favor de la aerolínea, conforme a los reglamentos de la empresa, aprobados por la autoridad aeronáutica (siempre que se trate de tarifas reembolsables)” (negrilla fuera de texto).

Este derecho contractual, en concepto de la Sala, no se pierde por la incautación del tiquete aéreo del pasajero detenido y puesto a órdenes de las autoridades para que con base en los hechos acaecidos se inicie un proceso penal en su contra o cuando sobre dicho tiquete se decreta una medida cautelar dentro de un proceso de extinción de dominio, pues aunque en estos casos no se presenta, por obvias razones, el desistimiento voluntario y con la antelación exigida del pasajero para viajar, el hecho cierto es que el contrato no se ejecutó y que, en los casos en que la persona es capturada en el aeropuerto, la aerolínea, en la mayoría de los casos, tiene conocimiento de la situación en la medida en que se encuentra obligada a cooperar con la policía aeroportuaria en el operativo de captura respectivo (aportando información etc.).

Lo anterior, sin perjuicio de reconocer que no es igual el daño que se causa a la aerolínea cuando el pasajero desiste con la debida antelación cuando puede vender el cupo respectivo a aquel producido, cuando lo hace momentos antes de abordar, o simplemente cuando no lo manifiesta; del mismo modo, el daño es mayor cuando se presenta una interrupción del transporte a mitad de camino, sea esta voluntaria o involuntaria.

Es importante reconocer, que en el negocio del transporte aéreo de pasajeros, el “tiempo” es una condición especialmente relevante para el cumplimiento de las obligaciones de las partes piénsese en el caso inverso, cuando las demoras son imputables a la aerolínea y ella está obligada a resarcir el daño producto de la cancelación, interrupción o demora en el viaje.

Con todo, ni en la Convención de Varsovia (25) ni en sus modificaciones, ni en el Código de Comercio se contempla específicamente el derecho al reembolso a favor del pasajero, cuando este es detenido en las circunstancias descritas por la entidad consultante, esto es, por transportar sustancias prohibidas. Pero ello no significa:

(25) Tamayo Jaramillo, Javier. El Contrato de Transporte. Editorial Temis, 1991. pág. 379. “Inaplicabilidad del contrato de Varsovia. “Cuando, pese a la celebración de un contrato de transporte aéreo internacional que en principio debe regirse por el Convenio de Varsovia, el trasportador pura y simplemente incumple o inejecuta el contrato, entonces, no se aplica lo dispuesto en el convenio, sino la legislación interna sobre el contrato de transporte aéreo de mercancías (...). En efecto, el convenio solo regula las obligaciones de seguridad y celeridad en el desplazamiento, mas no la simple inejecución del contrato. Y no se trata de un simple interpretación caprichosa de la doctrina, sino de una decisión deliberada de la comisión redactora del convenio. Al referirse a este punto, De Juglart expresa: “En respuesta a las objeciones de quienes advertían una laguna lamentable en la convención en caso de inejecución, el decano Ripert afirmaba que las partes contratantes disponían en ese caso del derecho interno” (...)”.

a) Que las aerolíneas puedan, en estos casos, autoliquidar el daño causado para retener el 100% del valor del tiquete a título de compensación por los perjuicios que se le pudieron ocasionar (salvo eventos de tarifas que expresamente sean no reembolsables).

b) Que el reembolso se haga exigible sobre el 100% del valor del tiquete, sin lugar a descuento alguno, pues en aras del equilibrio que rige todo contrato no es dable argumentar la inexistencia de perjuicios derivados del no abordaje del pasajero o causal alguna de exoneración de su responsabilidad.

En efecto, la liquidación del perjuicio debe corresponder al daño causado por la inejecución del contrato; por ende, no puede una compañía aérea, so pretexto de la falta de desistimiento previo del pasajero, desconocer el derecho al reembolso del valor del tiquete y, de esta manera, quedarse con el 100% del valor del tiquete.

Se pregunta la Sala, si desde el punto de vista netamente contractual ¿existe diferencia entre el pasajero que omitió el aviso y el que también lo omitió a causa de su detención?

Para encontrar la respuesta es necesario buscar la frontera entre la responsabilidad contractual y la responsabilidad penal. A tal fin, es preciso señalar que no es razonable que para liquidar un perjuicio de carácter netamente contractual, las aerolíneas, motu proprio, aduciendo una conducta “presuntamente” penal del pasajero, resuelvan dejar de aplicar las normas generales y decidan quedarse con el valor íntegro del tiquete a título de indemnización de su perjuicio.

La calificación de la conducta del pasajero y la determinación de la pena correspondiente es privativa del derecho penal, así como la acción real de extinción del dominio es privativamente aplicable por el poder judicial.

En consecuencia, opina la Sala, que la situación de los pasajeros en los eventos descritos, para efectos de liquidar el perjuicio contractual generado, es exactamente la misma regulada en forma general y, por lo tanto, el reembolso debe proceder a favor del usuario o de la autoridad pública competente que haya realizado el decomiso sin considerar los móviles que estos hayan tenido para desistir del viaje, los cuales serán materia de otra disciplina.

Resta expresar, que la Resolución 4498 de 2001 de la UAEAC, según la cual, “interrumpido el transporte bajo las anteriores condiciones (incumplimiento de las obligaciones del pasajero) el transportador quedará relevado de su obligación de conducir al pasajero hasta el destino convenido, sin que haya lugar al reembolso (...)” (26) en concepto de la Sala, es aplicable solo para los contratos en los cuales el servicio se prestó por parte de la aerolínea y se interrumpió por razones no imputables a la compañía aérea (la persona es capturada durante una escala y es obligada a desembarcar), más no en aquellos casos de inejecución total del contrato. Punto que merecería, por lo menos esa es la sugerencia de la Sala, de un estudio coordinado con la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, a fin de aclarar el contenido de la disposición (27) .

(26) Resolución 4498 de 2001. Unidad Administrativa Aeronáutica Civil. num. 3.10.3.14.

(27) Resolución 4498 de 2001. Unidad Administrativa Aeronáutica Civil.

De otra parte, a propósito de las circunstancias que llevan al pasajero a no hacer uso del tiquete aéreo e informar previamente a la aerolínea, la Sala considera que de ninguna manera es viable señalar que los denominados “correos humanos” cuando actúan de esta manera, se encuentran bajo el amparo de una causal de exoneración de responsabilidad, como es la de la “fuerza mayor” con el fin de aducir que “En este evento, el incumplimiento del contrato no obedece a la expresión de voluntad del pasajero, sino a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor”.

Esta corporación al analizar la fuerza mayor como causal de exoneración de responsabilidad contractual, contundentemente ha expresado que quien lo invoca a su favor debe estar ausente de culpa y que el hecho debe ser irresistible e imprevisible. Dijo el Consejo de Estado:

“Se resaltan, como caracteres determinantes de la fuerza mayor o caso fortuito, la imputabilidad, la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho que la constituya, esto es, la total ausencia de culpa de quien invoque el hecho, la imposibilidad de prever este, no obstante una conducta prudente, previsiva o diligente, y la inexistencia de medios para evitar o eludir el mismo” (28) (negrilla fuera de texto).

(28) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia 31 de mayo de 1996. Expediente 7642.

Y doctrinariamente, se ha expresado:

“Respecto de la fuerza mayor, esta puede resultar de hecho de la naturaleza o de hechos del hombre, es decir, de terceros que impidan el cumplimiento de la obligación pactada (L. 95/80, art. 1º). Para que el hecho del tercero configure fuerza mayor es necesario que el deudor no haya contribuido a su acaecimiento y que sea imprevisible e irresistible (29) (negrilla fuera de texto).

(29) Código de Comercio 20 años. Cámara de Comercio. Universidad de los Andes. 1992. “El Régimen de Responsabilidad del Transportador Marítimo”. Jorge Suescún Melo. pág. 159.

En opinión de la Sala, el pasajero que es capturado en estas circunstancias, no podría oponer el ejercicio de la autoridad como constitutivo de fuerza mayor con el fin de reclamar el reembolso del 100% del valor del tiquete y de exonerarse de responsabilidad, en la medida en que, en principio, conocía perfectamente los posibles resultados de su conducta y estaba en capacidad de evitarla; es claro que los resultados de su conducta eran totalmente previsibles. Admitir en estas circunstancias la existencia de una causal de exoneración a favor del presunto infractor, sería tanto como aceptar que este alegue su propio dolo para liberarse de la responsabilidad contractual que le cabe.

De lo expuesto se concluye, que el derecho al reembolso del valor del tiquete aéreo incautado por los denominados “correos humanos”, es jurídicamente exigible a la luz de los principios que rigen la contratación privada y, por ende, la Dirección Nacional de Estupefacientes, como administradora de todos los bienes y derechos decomisados en virtud de la Ley 30 de 1986 así como los conexos, o afectos a procesos de extinción de dominio, está facultada para hacerlos efectivos, observando las reglas y principios contractuales expuestos.

3. Administración de bienes por la Dirección Nacional de Estupefacientes.

De tiempo atrás, el legislador ha señalado que los destinatarios o depositarios de bienes decomisados, ejercen funciones de secuestres de los bienes puestos a su cuidado dentro de los respectivos procesos penales (30) , los cuales de conformidad, con lo previsto en el artículo 683 del Código de Procedimiento Civil, tienen el poder y aún el deber, de efectuar todos los actos de administración requeridos, tales como, el cobro de derechos y la toma de medidas conservativas de acuerdo con el tipo de bienes de que se trate (fungibles, consumibles o cuando se amenace deterioro o pérdida).

(30) Decreto 42 de 1990. Adoptado como legislación permanente por el Decreto 2272 de 1991. “ART. 4º—Los destinatarios provisionales o depositarios de valores, derechos, acciones, dineros, depósitos y divisas, tendrán las siguientes facultades administrativas sobre los mismos, además de las consagradas en el artículo 683 del Código de Procedimiento Civil y normas concordantes:

a) Podrán efectuar los giros y transferencias sobre el exterior o el interior para colocar los dineros en depósito en el Banco de la República. Para este efecto las divisas se convertirán a moneda nacional;

b) Convendrán con el Banco de la República la inversión, por este último, de los dineros a que se refiere el literal anterior, en títulos de deuda pública del orden nacional o de entidades de derecho público;

c) A fin de obtener la liquidez necesaria sobre los valores, dineros, acciones, depósitos y divisas, las personas o entidades provisionalmente destinatarias o depositarias de los mismos quedan facultadas para efectuar el cobro de los títulos, para lo cual podrán llenar los espacios dejados en blanco por los firmantes de los documentos, a fin de hacerlos valer contra cualquiera de las personas que hayan Intervenido en la transacción, (...)”.

Las leyes sobre administración de los bienes incautados y de extinción de dominio, conservan el enfoque general anterior, respecto del papel de administrador que tiene la Dirección Nacional de Estupefacientes mientras se decide de fondo el respectivo proceso judicial:

“Ley 785 de 2002. Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con la administración de los bienes incautados en aplicación de las leyes 30 de 1986 y 333 de 1996. ART. 1º.—(...) La decisión de incautación del bien tendrá aplicación inmediata y la tenencia del mismo pasará a la Dirección Nacional de Estupefacientes para su administración en los términos de esta ley. La manifestación contenida en el acta de incautación o decomiso de la calidad de tenedor del bien a cualquier título, será decidida por el juez en la sentencia que ponga fin al proceso”.

“Ley 793 de 2002. Por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinción de dominio. ART. 12.—(...) En todo caso la Dirección Nacional de Estupefacientes será el secuestre o depositario de los bienes embargados o intervenidos”.

Igualmente, se crean instrumentos más expeditos dirigidos a “mantener la productividad” de los bienes incautados y vinculados a procesos de extinción de dominio (31) .

(31) Gaceta del Congreso 57. 21 de marzo de 2002. pág. 10. “Así el principal problema para poder aplicar a cabalidad los sistemas de administración de los bienes incautados legalmente, sobre todo aquellos que podrían generar un mayor retorno público y privado, consiste en la incertidumbre del tiempo de tenencia de los bienes, puesto que su uso y explotación bajo cualquier condición (arrendamiento, fiduciario (sic), depositario (sic) destinatario etc.), siempre está sujeto a la decisión del juez ordenando su devolución o declarando la extinción del dominio. Esa limitación legal, de muy difícil modificación atendiendo el carácter tutelar de la restricción sobre el dominio del bien, hace necesario pensar en alguna otra alternativa distinta de los mecanismos de administración provisional para que el resultado sea eficiente para la economía. Una posibilidad podría ser la autorización legal para que la Dirección Nacional de Estupefacientes, directamente o a través de intermediario, pueda enajenar los bienes que son puestos a su disposición, conservando el producto de la venta en una subcuenta especial (...)”.

Obtener la monetización de los tiquetes aéreos incautados o intervenidos a través del cobro del derecho contractualmente existente al reembolso de su valor ante las compañías aéreas, se impone como una obligación de esa unidad administrativa, a la cual no pueden oponerse la compañías aéreas sin una razón jurídica contractual válida (32) .

(32) Dirección Nacional de Estupefacientes. Publicado en la página de internet de la DNE. Informe de gestión y resultados. Agosto 2002-2003. ”En este período se hizo efectivo el ingreso de $ 397 millones de monetización de tiquetes”.

A partir de esta obligación y considerando que la DNE actúa en calidad de administrador de unos derechos cuya titularidad está siendo controvertida en un proceso penal o en una acción real de extinción de dominio, es dable advertir que el éxito o fracaso de la reclamación o de las acciones de la dirección depende directamente de las situación jurídica en que se encuentren dichos derechos y su exigibilidad.

Por regla general el mandatario, el depositario o el secuestre no puede alegar más derechos que los que posee su mandante, depositante o titular etc., aún en el evento que dependiendo de las resultas del proceso penal y de extinción, el dominio sobre los mismos pase a favor del Estado a título de pena o se declare el legítimo derecho del Estado sobre los mismos. Lo anterior, sin perjuicio de que las actuaciones procesales se surtan, preservando por ejemplo, en este caso, el derecho de las aerolíneas que actuaron de buena fe al celebrar el respectivo contrato de transporte aéreo con los denominados “correos humanos”.

Resulta útil en este punto del análisis, señalar las diferencias existentes entre las figuras del decomiso y la extinción de dominio, que tanto la Corte Constitucional, como el Consejo de Estado, han establecido:

La Corte Constitucional en Sentencia C-374 de 1997, reiterada en sentencias C-409 de 1997, C-539 de 1997, ha señalado las características y efectos de la acción de extinción de dominio consagrada en el artículo 34 de la Carta, diferenciándola de otras figuras propias del derecho penal, en los siguientes términos:

“La extinción del dominio, como de lo dicho resulta, es una institución autónoma, de estirpe constitucional, de carácter patrimonial, en cuya virtud, previo juicio independiente del penal, con previa observancia de todas las garantías procesales, se desvirtúa, mediante sentencia, que quien aparece como dueño de bienes adquiridos en cualquiera de las circunstancias previstas por la norma lo sea en realidad, pues el origen de su adquisición, ilegítimo y espurio, en cuanto contrario al orden jurídico, o a la moral colectiva, excluye a la propiedad que se alegaba de la protección otorgada por el artículo 58 de la Carta Política. En consecuencia, los bienes objeto de la decisión judicial correspondiente pasan al Estado sin lugar a compensación, retribución ni indemnización alguna.

No se trata de una sanción penal, pues el ámbito de la extinción del dominio es mucho más amplio que el de la represión y castigo del delito. Su objeto no estriba simplemente en la imposición de la pena al delincuente sino en la privación del reconocimiento jurídico a la propiedad lograda en contravía de los postulados básicos proclamados por la organización social, no solamente mediante el delito sino a través del aprovechamiento indebido del patrimonio público o a partir de conductas que la moral social proscribe, aunque el respectivo comportamiento no haya sido contemplado como delictivo ni se le haya señalado una pena privativa de la libertad o de otra índole. Será el legislador el que defina el tipo de conductas en las cuales se concretan los tres géneros de actuaciones enunciadas en el mandato constitucional.

(...).

Uno de los pilares fundamentales del Estado colombiano está constituido por el trabajo. La Constitución reconoce y ampara la propiedad obtenida con base en el esfuerzo y en el mérito que el trabajo implica, y se lo desestimularía en alto grado si se admitiera que sin apelar a él, de modo fácil, por fuera de escrúpulos y restricciones, puede obtenerse y acrecentarse el patrimonio personal y familiar.

Lo propio tiene que afirmarse de la libertad de empresa, de la actividad económica y de la iniciativa privada, aseguradas en nuestro sistema dentro de los límites del bien común y bajo el supuesto de las obligaciones y los compromisos que implica su función social. La industria, el comercio, la producción agrícola y ganadera, la intermediación financiera, la gestión empresarial en sus diversas modalidades, razonable y lícitamente ejercidos, son factores de desarrollo que la Constitución protege, y fuente legítima de progreso y bienestar para quien se ocupa en ellos. En cambio, el montaje de empresas delictivas, la ejecución de actos con objeto ilícito, el saqueo del tesoro público, el negocio basado en la corrupción, la ganancia obtenida en abierta oposición a los valores jurídicos y éticos que la comunidad profesa son extraños al orden constitucional, atentan contra él y conspiran gravemente contra la pacífica convivencia y contra el bien público y privado, por lo cual no pueden acogerse a sus garantías ni contar con su protección.

(...).

La sentencia mediante la cual, después de seguidos rigurosamente los trámites legales y una vez observadas las garantías del debido proceso, se declara la extinción del dominio, desvirtúa la presunción de que quien exhibía la titularidad de la propiedad de uno o varios bienes, que se procuró en contra del orden jurídico, la tenía de manera legítima.

(...).

Sin embargo, aunque no tiene carácter específicamente penal sino patrimonial, como el artículo 34 de la Constitución consagra una consecuencia negativa, que impone el Estado a una persona, ha de partirse de la presunción de inocencia (C.P., art. 29), es decir, de la hipótesis de que aquella sí es la titular legítima del derecho de propiedad mientras no se le demuestre, en el curso de un proceso judicial, con la integridad de las garantías constitucionales, que, en efecto, la adquisición que hizo de los bienes que figuran en su patrimonio estuvo afectada por la ilicitud, el perjuicio del tesoro público o el daño a la moral social, o que, aun siendo ajeno al delito, en la adquisición misma del bien afectado obró con dolo o culpa grave. De no ser así, habrá de tenérselo por tercero de buena fe, cuyo dominio sobre el bien no puede ser objeto de extinción del dominio. La carga de la prueba en contrario, de acuerdo con los sistemas probatorios que establezca la ley, suficiente para desvirtuar las indicadas presunciones, corre a cargo del Estado.

Así, pues, no obstante ser declarativa la sentencia, cuyos efectos, por tanto, consisten en reconocer hechos que estaban latentes y que ahora se desvelan, proyectándose al momento de la supuesta y desvirtuada adquisición del derecho, en tanto aquella no se profiera se tiene por dueño de buena fe a quien exhibe su condición de tal”.

Por su parte, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, expediente 13395, en providencia del 12 de septiembre de 2002, sobre las diferencias sustanciales entre la extinción de dominio y el comiso o decomiso de bienes, expuso:

“El comiso o decomiso opera como una sanción penal ya sea principal o accesoria, en virtud de la cual el autor o copartícipe de un hecho punible pierde a favor del Estado los bienes, objetos o instrumentos con los cuales cometió la infracción y todas aquellas cosas o valores que provengan de la ejecución del delito, exceptuándose, como es obvio, los derechos que tengan sobre los mismos, sujetos pasivos o terceros. (...) Desde esta perspectiva, podría afirmarse que la extinción de dominio es una forma de decomiso que opera no solo en razón de la adquisición ilícita de los bienes objeto de la medida sino también cuando hayan sido adquiridos en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro a la moral social. Por tanto, el decomiso definitivo de un bien solo puede ser declarado por autoridad judicial, de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la Constitución”.

Aunque las diferencias entre las figuras expuestas son claras, para los efectos del análisis que aquí se hace, independientemente del título bajo el cual pasen estos bienes al Estado, lo importante es que en ambos casos están inmersos intereses colectivos y que de todas formas deben respetarse, tal es el de los derechos que puedan ostentar los terceros de buena fe que tengan algún derecho sobre los bienes que están afectos a dichos procesos; es el caso, de las aerolíneas que tienen como ya se expuso un derecho a efectuar un descuento sobre el valor del tiquete a título de indemnización, por los perjuicios contractuales que se causen por el incumplimiento del contrato de transporte. Por ello en aras del interés del Estado, no pueden negarse los derechos que se derivan del contrato de transporte para la entidad transportadora.

4. Prescripción de los derechos derivados del contrato de transporte aéreo vs. caducidad del tiquete aéreo.

Como quiera que uno de los problemas jurídicos de la Dirección Nacional de Estupefacientes frente a las compañías aéreas comerciales, está en determinar el término con que cuenta esta unidad para iniciar las acciones tendientes a hacer efectivos los derechos derivados del contrato de transporte de los tiquetes aéreos decomisados en procesos de narcotráfico o conexos o vinculados a procesos de extinción de dominio, es necesario referirse a la diferencia entre el término de prescripción de los derechos derivados del contrato de transporte (su inejecución o ejecución parcial o defectuosa), y la vigencia del tiquete o boleto expedido.

Volviendo sobre una de las características del contrato de transporte esbozadas en la primera parte de este concepto, se tiene que es consensual y el tiquete o boleto no es más que un medio de prueba de su existencia, aunque en este último y con el fin de proteger a los usuarios se inserten los derechos y deberes generales del contrato.

Así las cosas, los derechos de las partes se derivan del contrato de transporte y no del tiquete en sí mismo considerado.

El artículo 993 del Código de Comercio señala expresamente el término de dos (2) años para la prescripción de los derechos derivados del contrato de transporte, término que no puede ser modificado por las partes, dada la naturaleza de orden público de este tipo de disposiciones.

Dijo la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 4 de marzo de 1988:

“En la demanda de casación, concretamente en el cargo primero, se dice que el artículo 993 del Código de Comercio —establecedor de los plazos de prescripción de las acciones emanadas del contrato de transporte “no es norma imperativa ni dispositiva”.

(...) Los Iímites temporales dentro de los cuales se pueden válidamente ejercitar los derechos, no es asunto de menor o de poca monta que la ley pueda dejar en manos de los particulares: incertidumbre habría tanto si fuera posible alargar los plazos de la prescripción, como si fuera posible acortarlos.

Corolario de lo anterior es que si la ley se ha ocupado de reglamentar —con una prolijidad que algunos han tildado de excesiva— los plazos de la prescripción liberatoria, tanto en el Código Civil como en el de Comercio, procurando en la absoluta mayoría de las hipótesis que queden determinados de manera concreta, carece de fundamento plausible el sostener que todo ello ha sido en subsidio de la voluntad de las partes.

Lo discurrido permite concluir en el presente caso que no le asiste la razón al recurrente cuando aduce que a las partes sí les está autorizado el señalar un plazo de prescripción inferior al determinado por la ley” (33) .

(33) Sentencia del 4 de marzo de 1988, Corte Suprema de Justicia. Publicada en la Revista de Jurisprudencia y Doctrina tomo XVII pág. 406 ss.

Ahora bien, el tiquete o boleto expedido por cada una (sic) compañías aéreas tiene una vigencia máxima de un año, prorrogable por el transportador, previa revisión de la tarifa vigente al momento en que se solicite el reembolso o la reexpedición de un nuevo tiquete, con el fin de preservar el equilibrio económico entre la tarifa y el servicio en la fecha de su prestación efectiva.

Por ello, el titular del contrato, una vez expirado el término de vigencia del tiquete pueda elegir entre varias opciones: a) “reexpedición de un nuevo tiquete, sin perjuicio de los costos adicionales que deba asumir el pasajero en consideración a la tarifa vigente”, b) “(...) el derecho a que la aerolínea le reembolse el valor pagado por el tiquete, sin perjuicio a las reducciones a que haya lugar” (34) . Con lo anterior, se reconoce expresamente la existencia del derecho en cabeza del pasajero, y se le otorga a las partes una oportunidad para renegociar las condiciones para que la relación contractual continúe o se extinga.

(34) Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil. Resolución 4498 del 15 de noviembre de 2001. num. 3.10.1.7.1 vigencia.

La precisión anterior lleva a la Sala a concluir, que no es válido jurídicamente que las compañías aéreas opongan a la Dirección Nacional de Estupefacientes, como argumento para exonerarse del pago del valor de los tiquetes, la expiración del término de vigencia del mismo (1 año).

En concordancia con lo anterior, es procedente mencionar que la Convención de Varsovia señala el mismo término de (2) dos años para la caducidad de la acción de responsabilidad contractual, al cual deben acogerse los Estados miembros:

“ART. 29.—1. La acción por responsabilidad deberá entablarse, bajo pena de caducidad, en el plazo de dos años a partir de la llegada a su destino, o del día en que la aeronave debiera haber llegado, o partir de la suspensión del transporte. 2. La manera de calcular el plazo se determinará de acuerdo con la ley del tribunal competente”.

5. Suspensión del término de caducidad de las acciones contractuales en el caso de los tiquetes incautados a correos humanos.

Establecido jurídicamente que el término con que cuenta la Dirección Nacional de Estupefacientes, como administradora de los tiquetes aéreos incautados a los denominados correos humanos, es de dos años de acuerdo con el artículo 993 del Código de Comercio, la Sala aboca el siguiente problema jurídico, es decir, el atinente a determinar si la incautación de los tiquetes aéreos interrumpe el término de caducidad de las acciones derivadas del contrato de transporte o si, por el contrario, este corre de manera independiente del proceso penal o de extinción de dominio que se hubiere iniciado.

Al margen de cualquier conclusión de tipo jurídico, la Sala advierte la existencia de un problema de eficiencia en los procedimientos en la entrega de los bienes incautados entre la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Nacional de Estupefacientes, sobre el cual es necesario recabar, con el fin de que se implementen medidas o se mejoren las existentes, que permitan preveer demoras en la entrega de la tenencia, que a la postre, se traduzcan en discusiones como la que hoy nos ocupa.

En efecto, el mandato del legislador es claro, en el sentido de que la decisión de incautación de los medios y efectos utilizados para la comisión de los delitos de narcotráfico y conexos y el traslado de la tenencia de los mismos a la Dirección Nacional de Estupefacientes para su “administración” deben operar en forma inmediata.

La característica de inmediatez de la decisión de incautación y la entrega de la tenencia al organismo competente de la administración de este tipo de bienes, consagrada desde el artículo 47 de la Ley 30 de 1986 (35) , y presente en el artículo 1º de la Ley 785 de 2002 que lo modificó y en el artículo 12 de la Ley 793 de 2002, sugiere la adopción de procedimientos ágiles entre las distintas autoridades, léase, Fiscalía General de la Nación y Dirección Nacional de Estupefacientes, sin perder de vista la diligencia que deben tener las autoridades dado el valor probatorio que en estos casos representa el tiquete aéreo que portaba el sujeto detenido.

(35) Escobar López, Edgar. Estupefacientes, Delitos y Contravenciones. Segunda Edición. 1992. pág. 131. “El comiso tiene su fundamento en la desprotección a la propiedad de los bienes utilizados por el delincuente para consumar el hecho punible o los elementos u objetos provenientes de su ejecución legitimándose al Estado para pasar a él su dominio, por no cumplir los mismos la función social que la Constitución Nacional predicó del derecho de dominio (...). Se crítica sobre todo el inciso 1º del artículo 47, por su marcado antitecnicismo porque, como bien lo apunta el profesor Yesón Ramírez Bastidas, “solamente podrán ser objeto de comiso los bienes que tengan libre comercio, pues los demás en la inmensa mayoría de los bienes, se incautarán para efectos de la investigación y para efectos del pago de la indemnización de perjuicios (...)” (negrilla fuera de texto).

López Peñaranda, Gerardo. Extinción del Dominio. Alternatividad. Medidas Cautelares en el Proceso Penal. Comentarios, jurisprudencia actualizadas. Editorial Jurídica Radar. 1998. pág. 46. “Pero existe una excepción a lo anteriormente comentado y es la consagrada en el artículo 47 de la Ley 30 de 1986 mediante la cual se permitió la viabilidad del comiso sobre bienes diferentes, esto es, de libre comercio empleados en la comisión de punibles referentes a dicha ley, en el entendido de tratarse de sanción por no utilizarse la propiedad con la finalidad social que le es propia, distinta a la confiscación (...)” (negrilla fuera de texto).

Ahora, situados en el plano de los hechos descritos en la consulta y no en el del deber ser, existen razones jurídicas que llevan a la Sala a señalar que la acción penal y la acción real de extinción de dominio, interrumpen el término de prescripción a favor de la aerolínea comercial de los derechos derivados del contrato de transporte aéreo.

• Efectos de la incautación del tiquete aéreo

Luego de revisar las disposiciones contenidas en la Ley 30 de 1986 y las normas sobre decomiso de bienes que desarrollan la política de lucha contra el tráfico de drogas, se observa que uno de los efectos de esta medida preventiva, quizá el más importante, es el de sustraer el bien del comercio.

En efecto el Decreto 2790 de 1990, modificado mediante el Decreto 99 de 1991, preveía:

“ART. 53.—Los inmuebles, aviones, avionetas, helicópteros, naves y artefactos navales, marítimos y fluviales, automóviles, maquinaria agrícola, semovientes, equipos de comunicaciones y radio y demás bienes muebles, así como los títulos valores, dineros, divisas, depósitos bancarios, y en general los derechos y beneficios económicos o efectos vinculados a los procesos por delitos cuyo conocimiento atribuye el artículo 9º del presente decreto a los jueces de orden público, o que provengan de su ejecución, quedarán fuera del comercio a partir de su aprehensión, incautación u ocupación, hasta que resulte ejecutoriada la providencia sobre entrega o adjudicación definitiva.

(...).

PAR.—Siempre que se produzca la incautación u ocupación de bienes el superior de la unidad investigativa levantará un acta en que aparezca el inventario de ellos debidamente identificados, de la cual remitirá una copia adicional a la Dirección Nacional de Estupefacientes para los efectos señalados en este decreto”.

El Decreto 1272 de 1990, por el cual se dictaron medidas encaminadas al restablecimiento del orden público, con relación a los bienes vinculados con los delitos de narcotráfico, señalaba que estos quedan fuera del comercio a partir del decomiso, así:

“ART. 1º—Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional, los bienes y efectos de toda clase, vinculados directa o indirectamente a los delitos de narcotráfico y conexos, enriquecimiento ilícito y el tipificado en el artículo 6º del Decreto Legislativo 1856 de 1989, o que provengan de ellos, quedarán fuera del comercio a partir de su decomiso u ocupación y no podrán ser negociados hasta tanto se ejecutorie el fallo judicial definitivo que ordene su devolución o su decomiso definitivo” (negrilla fuera del texto original).

En el mismo sentido, la “Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”, suscrita en Viena y aprobada por la Ley 67 de 1993, promulgada mediante el Decreto 671 de 1995, entiende por “embargo preventivo” o “incautación”: “la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal o por una autoridad competente”.

La Ley 785 de 2002 al consagrar los diferentes sistemas de administración de los bienes entregados a la Dirección Nacional de Estupefacientes, parte del mismo presupuesto, mientras se decide de fondo el respectivo proceso judicial.

En la exposición de motivos de esta ley, se lee:

“Dejar por fuera del comercio los bienes afectos a un proceso penal por delitos de narcotráfico y conexos o a una acción de extinción de dominio, asumir el Estado su administración mientras se decide de fondo el respectivo proceso judicial y destinarlos definitivamente a un sinnúmero de programas de corte social, implica la generación de unos costos para la economía derivados de tales situaciones y a la vez representa la oportunidad de obtener unos beneficios para el sistema” (36) .

(36) Gaceta del Congreso 57 del 21 de marzo de 2002. pág. 8.

Lo anterior permite concluir, que el efecto normal de sacar los bienes fuera del comercio, es limitar el poder dispositivo del titular del derecho real de dominio e impide la consolidación en cabeza de terceros de otros derechos, hasta tanto no se decida de fondo el respectivo proceso judicial, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

• Acción de extinción de dominio vs. constitución de derechos sobre bienes vinculados a la misma

Como antecedente, se tiene que el artículo 24 de la Ley 333 de 1996, preveía la suspensión del poder dispositivo sobre los bienes una vez se ordenara el trámite de extinción, y señalaba, además, de forma expresa e imperativa, que sobre dichos bienes no era posible constituir derecho alguno:

De la suspensión del poder dispositivo. Desde la providencia que ordena el trámite de extinción, no podrá adquirirse ni transferirse el dominio de los bienes provenientes de actividades ilícitas, ni constituirse derecho alguno, ni celebrarse acto, contrato o negocio jurídico alguno respecto de estos, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe” (negrilla fuera del texto original).

Sobre esta norma dijo la Corte Constitucional, en Sentencia C-374 de 1997:

“En nada se vulnera la Constitución Política por consagrar la suspensión del poder que tiene todo propietario de disponer de sus bienes. Esa facultad, que hace parte del derecho de dominio, proviene del artículo 669 del Código Civil y, por tanto, es permitido al legislador, en circunstancias tan características como las descritas y existiendo fundados motivos para ello —entre los cuales están la preservación del interés del Estado y la protección, esta vez a modo preventivo, de terceros de buena fe que pudieran resultar afectados—, suspender su pleno ejercicio en razón del trámite que se adelanta.

La exequibilidad de este artículo se declara advirtiendo que el bien afectado queda excluido del comercio solo una vez se haya practicado la medida cautelar que corresponda, según el Código de Procedimiento Civil”.

En concordancia con lo señalado por la Corte Constitucional, el artículo 12 de la Ley 793 de 2002, señala que el fiscal podrá decretar las medidas cautelares o solicitar al juez competente su adopción, y que el efecto de la aplicación comprende la suspensión del poder dispositivo. No obstante, se observa que la nueva ley guardó silencio sobre la posibilidad de constituir derechos sobre los bienes objeto de la medidas cautelares.

Como quiera que la finalidad general de las medidas cautelares que recaen sobre los bienes afectos a un proceso penal es “garantizarla efectiva aplicación de la ley, medida que corresponde decretarla al funcionario instructor o juzgador con base en parámetros debidamente establecidos en normas legales que son los que facultan a estos funcionarios para tal fin, y no es otra cosa que proteger el derecho o resolver una situación jurídica frente a la comisión de un hecho punible por cuanto con ello se está asumiendo la protección de un interés social y de un interés particular. En asuntos penales es importante esta medida porque con ella se puede evitar que una acción dolosa, culposa o preterintencional quede en la impunidad, no solamente con relación a las personas, sino con relación a las cosas, como, por ejemplo, en el caso de pago de perjuicios al sujeto pasivo. En general, medida cautelar es la acción del juez mediante una providencia tendiente a asegurar el cabal cumplimiento de las normas y garantizar las resultas de una decisión tomada en un proceso; (...),” (37) ; la interpretación de las disposiciones de la nueva ley de extinción no puede ir en contravía.

(37) López Peñaranda, Gerardo. “Extinción del Dominio-Alternatividad-Medidas cautelares en el proceso penal. Ediciones Jurídicas Radar. Edición año 1998.

De esta forma, el tiquete aéreo cobijado por una medida cautelar dentro de un proceso de extinción de dominio, sale por disposición judicial del comercio, sobre él no se pueden ejercer actos de disposición como tampoco constituir derecho alguno, incluyendo, los derivados de la prescripción por no haber ejercido el titular o su representante acción dentro del término de caducidad señalado en la ley; lo contrario, sería permitir el ingreso al círculo económico de bienes obtenidos o utilizados para lesionar el orden jurídico y valores colectivos en cuya defensa está comprometido el Estado.

Adicionalmente, apelando a las reglas generales en materia de prescripción consagradas en el Código Civil, considera la Sala que a partir de la incautación temporal del tiquete al momento de la detención o de la aplicación de la medida cautelar dentro del proceso de extinción de dominio, se interrumpe el término de caducidad de las acciones por la actividad del Estado al iniciar el proceso penal o la acción real de extinción de dominio según el caso.

Al respecto, el Código Civil en su artículo 2539 prevé:

“La prescripción que extingue las acciones ajenas, puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente.

(...).

Se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvo los casos enumerados en el artículo 2524”.

Por último, en cuanto a las implicaciones del Tratado internacional de Varsovia (oct. 12/29) ratificado por Colombia mediante la Ley 95 de 1965, frente a la incautación de tiquetes aéreos, precisa la Sala, que este no contempla ninguna restricción sobre la práctica de medida cautelar alguna que impida que los tiquetes aéreos sean incautados por las autoridades colombianas o de cualquier otro Estado.

Este tratado como cualquier otro, debe aplicarse en consonancia con los demás tratados internacionales suscritos por Colombia, que contemplan la práctica de medidas cautelares sobre cualquier tipo de bienes muebles o inmuebles, incluyendo obviamente, pasajes aéreos cuando son utilizados para la comisión de delitos de narcotráfico.

Con base en las consideraciones anteriores, la Sala

RESPONDE:

1. El derecho al reembolso del valor del tiquete aéreo incautado a los denominados “correos humanos”, es jurídicamente exigible a la luz de los principios que rigen la contratación privada; por ende, la Dirección Nacional de Estupefacientes, como administradora de todos los bienes y derechos incautados en virtud de la Ley 30 de 1986 así como los conexos, o afectos a procesos de extinción de dominio, está facultada para exigir este derecho, observando las reglas y principios contractuales expuestos en este concepto.

2. El término de caducidad de las acciones derivadas del contrato de transporte se interrumpe con el decomiso practicado por la autoridad judicial hasta tanto se tome una decisión de fondo en el proceso respectivo, en razón a que los bienes salen del comercio, sobre los mismos no es dable constituir derecho alguno y opera el fenómeno de la interrupción de la prescripción.

3. En cuanto a las implicaciones del Tratado internacional de Varsovia (oct. 12/29) ratificado por Colombia mediante la Ley 95 de 1965, frente a la incautación de tiquetes aéreos, precisa la Sala, que este no contempla ninguna restricción sobre la práctica de medida cautelar alguna que impida que los tiquetes aéreos sean incautados por las autoridades colombianas o de cualquier otro Estado.

Por la secretaría transcríbase al señor Ministro del Interior y de Justicia y envíese copia a la secretaría jurídica de la Presidencia de la República.

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