Concepto 15349 de noviembre 9 de 1999 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

EXTRADICIÓN DE COLOMBIANOS A ESTADOS UNIDOS

TRÁMITE DE CONFORMIDAD CON EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

Magistrado Sustanciador:

Dr. Yesid Ramírez Bastidas

Ref.: Radicación Nº 15.349

Santafé de Bogotá D.C., noviembre nueve de mil novecientos noventa y nueve.

Vistos:

Procede la Corte a emitir concepto sobre la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Jaime Orlando Lara Nausa, elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Santafé de Bogotá.

Antecedentes:

1. A Jaime Orlando Lara Nausa, alias “Jimmy”, se le requiere para que comparezca en juicio, ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, por violaciones federales de narcóticos, de acuerdo con dos cargos formulados en el acta de acusación 98 Cr. 1164 de fecha 22 de octubre de 1998, imputaciones que aparecen relacionadas así:

“CARGO UNO. El Gran Jurado acusa:

1. Desde por lo menos 1996 aproximadamente hasta aproximadamente julio de 1998, inclusive, en el Distrito Sur de Nueva York y otras partes, Jaime Lara, también conocido como “Jimmy”, el acusado, y otros conocidos y desconocidos, ilícita, intencionalmente, y a sabiendas, se combinaron, confederaron, conspiraron, y se pusieron de acuerdo juntos y unos con otros para violar las leyes de narcóticos de los Estados Unidos, a saber, secciones 812, 952 (a), y 960 (b) (1) (A) del título 21 del Código de los Estados Unidos.

Objeto del concierto para delinquir

2. Fue parte y objeto de la conspiración que Jaime Lara, también conocido como “Jimmy”, el sindicado, y otros conocidos y desconocidos importarían e importaron a los Estados Unidos desde un lugar fuera de éste un kilogramo y más de mezclas y substancias que contenían cantidades detectables de una substancia fiscalizada, a saber, heroína.

CARGO DOS. El Gran Jurado otrosí acusa:

1. Desde por lo menos 1996 aproximadamente hasta aproximadamente julio de 1998, inclusive, en el Distrito Sur de Nueva York y otras partes, Jaime Lara, también conocido como “Jimmy”, el acusado, y otros conocidos y desconocidos, ilícita, intencionalmente, y a sabiendas, se combinaron, confederaron, conspiraron, y se pusieron de acuerdo juntos y unos con otros para violar las leyes de narcóticos de los Estados Unidos, a saber, secciones 812, 841 (a) (1), y 841 (b) (1) (A) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

Objeto del concierto para delinquir

2. Fue parte y objeto de la conspiración que Jaime Lara, también conocido como “Jimmy”, el sindicado, y otros conocidos y desconocidos distribuirían y distribuyeron y poseerían y poseyeron con intención de distribuir un kilogramo y más de mezclas y substancias que contenían cantidades detectables de una substancia fiscalizada, a saber, heroína” (fls. 20 a 25 cdno. 2).

2. Para formalizar el trámite de extradición se aportaron los siguientes documentos, efectuada la traducción necesaria y la legalización respectiva ante el Ministerio de Relaciones Exteriores:

2.1. Las notas verbales 963, 980 y 1016 del 7, 10 y 17 de diciembre de 1998, respectivamente, a través de las cuales la Embajada de los Estados Unidos de América hace conocer la petición de extradición (fls.1 a 4, 10, 34 a 38 cdno.1).

En la última nota la embajada informó al Ministerio de Relaciones Exteriores que

“Jaime Orlando Lara, también conocido como “Jimmy” es ciudadano colombiano, nacido en Colombia el 2 de junio de 1969. Su descripción corresponde a la de un hombre de raza blanca, de 6 pies de estatura, 185 libras de peso, pelo negro y ojos carmelitas. El señor Lara es portador de la licencia de conducir expedida en Nueva York Nº L101633 35982 713821-69 y del pasaporte colombiano Nº 79510164 expedido el 14 de abril de 1994” (fl. 35 ib.).

2.2. Copia de la orden de arresto expedida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, de fecha 22 de octubre de 1998 (fl. 18 cdno. 2).

2.3. Copia de disposiciones penales del Código de los Estados Unidos, relevantes en el presente caso (fls. 26 a 30 ib.)

2.4. Declaraciones juradas de Richard Daddario, Fiscal Federal de la Procuraduría General de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y de Edmond O’Dea, detective en el Departamento de Policía y miembro del Grupo de Trabajo de la Agencia Antinarcóticos (DEA) en la ciudad de Nueva York, en apoyo a la solicitud de extradición (fls. 2 a 16, 31 a 39 cdno. 2).

3. En Colombia se realizó el siguiente trámite:

3.1. La Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores remitió a la Fiscalía General de la Nación la nota verbal Nº 963 del 7 de diciembre de 1998, procedente de la Embajada de los Estados Unidos de América, mediante la cual solicita la captura con fines de extradición de Jaime Orlando Lara Nausa, entidad que mediante resolución de fecha 10 de diciembre siguiente, acogió lo pedido (fls. 25 a 27 cdno. 1).

3.2. El 11 de diciembre del año pasado, Jaime Orlando Lara Nausa fue capturado por la Policía Nacional, Dijin, organismo que realizó cotejo entre la tarjeta decadactilar tomada al retenido y la que aparece en su cédula de ciudadanía Nº 79.510.164 expedida en Santafé de Bogotá, conceptuando que se trata de la misma persona (fl. 30 ib).

El requerido se encuentra privado de la libertad en la Penitenciaria Nacional “La Picota” de esta ciudad (fl. 4 cdno. Corte).

3.3. La mencionada oficina jurídica mediante oficio OJE 061145 del 21 de diciembre de 1998, conceptuó que “por no existir convenio aplicable al presente caso, es procedente obrar de conformidad con las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal Colombiano” (fl. 44 cdno. 1).

3.4. Iniciado el trámite previsto en el artículo 566 del Estatuto Procesal Nacional, el 6 de julio del año en curso se resolvió sobre las pruebas pedidas por la defensora, y el 11 de agosto siguiente, se denegó el recurso de reposición interpuesto. El 15 de septiembre del mismo año se recibió información relacionada con la expedición del pasaporte AE-557003 en Santafé de Bogotá el 14 de abril de 1994, a nombre de Jaime Orlando Lara Nausa, identificado con la cédula de ciudadana 79.510.164 de esta ciudad, al día siguiente se corrió traslado para alegar, término que venció el 8 de octubre pasando el asunto a despacho el 11 del mismo mes y año (fls. 69, 72, 75 y 112 cdno. Corte).

Alegato de la defensa:

Pide a la Corte que se conceptúe denegando la extradición de su asistido, primero, porque no existe compromiso formal de reciprocidad por parte de los Estados Unidos de América como lo dispone la convención sobre sustancias sicotrópicas de 1971, vigente entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América; segundo, porque si bien el Gobierno del país requirente apoya la petición en acciones que tuvieron ocurrencia con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, frente a un colombiano por nacimiento, tales hechos incluyen el recibo de ganancias provenientes de la venta de estupefacientes, delito que en Colombia es denominado lavado de activos, en los Estados Unidos, ese hecho no es violatorio de la ley de narcóticos, además, es infracción no referida en la resolución acusatoria dictada en ese país y aún así se presenta incertidumbre sobre la cuantía y por ende, en relación con la pena que no permite saber si excede o no de 4 años de prisión.

Además, plantea que las pruebas que apoyan la petición de extradición son “unas insulsas o baladíes llamadas, unas inocuas reuniones”, y si en la resolución de acusación dictada en los Estados Unidos de América los cargos son “equívocos, inidóneos, inocuos, indescifrables, meramente ideatorios e intrascendentes”, no se está en presencia de delito alguno y en consecuencia la extradición se deberá negar (fls. 76 a 111 cdno. Corte).

Concepto de la Corte:

1. No existiendo tratado de extradición vigente entre Colombia y los Estados Unidos de América, tal como lo manifiesta el Ministerio de Relaciones Exteriores en la comunicación de fecha 21 de diciembre de 1998, la petición se debe decidir de conformidad con las normas contenidas en el Capítulo III del Libro 5º del Código de Procedimiento Penal Colombiano.

Además, como adelante se verá, impera el artículo 35 de la Constitución Política (modificado por el Acto Legislativo Nº 01 de 1997, publicado en el Diario Oficial 43.195 del 17 de diciembre de 1997), en cuanto establece que “la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana”, y que “No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma”.

2. En el trámite de extradición regulado por el estatuto procesal penal, a la Corte le corresponde rendir un concepto sobre la viabilidad de su otorgamiento, el cual, por disposición del artículo 558 ibídem se fundamentará en la demostración de las siguientes condiciones:

a) La validez formal de la documentación presentada.

b) La demostración plena de la identidad del reclamado en extradición.

c) La concurrencia del principio de la doble incriminación.

d) La equivalencia de la providencia proferida en el extranjero, y

e) El cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos, cuando fuere el caso.

En ese orden se procede a realizar el análisis correspondiente:

a) Validez formal de la documentación:

Este presupuesto fue observado por el Gobierno de los Estados Unidos de América al demandar la extradición de Jaime Orlando Lara Nausa por conducto de su embajada en nuestro país; en efecto, la solicitud se hizo por vía diplomática, fue acompañada del acta de acusación de 22 de octubre de 1998 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, que indica los actos que soportan la reclamación, el lugar y las fechas de su ejecución, y los datos necesarios en orden a establecer la identidad del reclamado; las declaraciones de Richard Daddario y Edmond O’Dea, que además de confirmar los pormenores de la acusación, el primero en su condición del fiscal federal en la Procuraduría General de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York aludió la relación de los preceptos normativos aplicables al caso y copia de la orden de aprehensión que el 23 de octubre de 1998 expidió Michael H. Dolinger, juez magistrado de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York; documentos, que por lo demás, obran en traducción al castellano certificada y autenticada conforme a la legislación prescrita por el Estado requirente, firmas autenticadas ante la Cónsul de Colombia en Washington, D.C., y posteriormente por el jefe de legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

b) Plena identidad del reclamado:

Está demostrada la identidad del solicitado, sobre la cual no existe reparo de su parte, por el contrario es él quien la corrobora en sus manifestaciones en este trámite en cuanto se identifica con la cédula de ciudadanía Nº 79.510.164 expedida en Santafé de Bogotá, cuya tarjeta decadactilar se confrontó con la tomada al momento de su aprehensión, determinándose que corresponde a la misma persona.

Se trata de un ciudadano colombiano, de nombre Jaime Orlando Lara Nausa, hijo de Jaime Arturo Lara y de María Socorro Nausa, nacido el 2 de junio de 1969 en esta ciudad, que además de la cédula de ciudadanía citada, es titular de la libreta militar 79.510.164 y le fue expedido el pasaporte Nº AE-557003 el 14 de abril de 1994 (fl. 70 cdno. Corte). Es la misma persona que ha sido solicitada en extradición, y que fue capturada por orden del Fiscal General de la Nación, aspecto no controvertido por la defensora, quien por el contrario admite que su asistido “es de nacionalidad colombiana por nacimiento” (fl. 93 ib.).

c) Principio de la doble incriminación y el mínimo de pena señalada:

Jaime Orlando Lara Nausa es requerido para que comparezca a juicio en el Distrito Sur de Nueva York por delitos federales de narcóticos, siendo objeto de la resolución de acusación Nº 98-CR-1164 dictada el 22 de octubre de 1998 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, mediante la cual se le acusa, según aclara el Gobierno requirente en la Nota Nº 1016 del 17 de diciembre de 1998, de las siguientes imputaciones: “Cargo I: concierto para importar heroína a los Estados Unidos, en violación del título 21, sección 963 del Código de los Estados Unidos; y Cargo ll: concierto para poseer heroína con la intención de distribuirla y para distribuirla, en violación del título 21, sección 846 del Código de los Estados Unidos” (fl. 37 cdno. 1), secciones que de acuerdo con las disposiciones traducidas al castellano determinan: “El que intente o conspire para cometer cualquier delito definido en este subcapítulo estará sujeto a las mismas penas que las prescritas para el delito cuya comisión fue objeto de la tentativa o conspiración”, complementadas con las secciones 960 (b) (1) (A) y 841 (b) (1) (A) que establecen las conductas específicas atribuidas para este caso y la sanción a imponer (fls. 26 a 30 cdno. 2).

Los cargos I (concierto para importar heroína) y II (concierto para poseer con la intención de distribuir la misma sustancia), son modalidades que guardan consonancia con la conducta específica que en Colombia describe el artículo 8º de la Ley 365 de 1997, inciso 3º, precepto que subrogó el artículo 44 de la Ley 30 de 1986 (Estatuto Nacional de Estupefacientes) y que determina:

“Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por ese sólo hecho, con prisión de tres (3) a seis (6) años (...).

Cuando el concierto sea para cometer delitos de terrorismo, narcotráfico, secuestro extorsivo o para conformar escuadrones de la muerte, grupos de justicia privada o bandas de sicarios la pena será de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de dos mil (2.000) hasta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales.

En Colombia el “concierto para delinquir” aparece en el Código Penal para denominar la conducta descrita en el artículo 186, comportamiento plurisubjetivo que exige cierta permanencia y continuidad de propósitos para lesionar indistintamente bienes jurídicos y el acuerdo común de las varias personas comprometidas en el plan criminal.

Presupone esta especie ilícita objetivos criminosos comunes realizables en circunstancias durables no singularizadas o instantáneas, de suerte que si se realizan estas otras acciones, se presenta la figura del concurso de hechos punibles (C.P. arts. 26 y 28).

Obrar en concierto para delinquir significa la existencia de una organización, así sea rudimentaria, conformada por un grupo de personas que previamente han convenido cometer delitos, que en el ámbito de la legislación nacional sobre estupefacientes implica actos de narcotráfico como cultivar y conservar planta de la que pueda extraerse principios sicoactivos estimados ilegales, introducir, así sea en tránsito, o sacar del país, llevar consigo, transportar, almacenar, elaborar, vender, ofrecer, adquirir, financiar, suministrar, destinar, autorizar o tolerar, estimular o propagar, formular, suministrar o aplicar droga que produzca dependencia física o psíquica.

En el caso sub exámine, de conformidad con la documentación aportada, el 22 de octubre de 1998 un jurado de acusación federal reunido en el Distrito Sur de Nueva York presentó un auto de acusación formal contra el ciudadano colombiano Jaime Orlando Lara Nausa, también conocido como “Jimmy”, que le imputa dos (2) cargos, uno de asociación ilícita para importar una sustancia fiscalizada (heroína) a los Estados Unidos de un lugar fuera de éste, infringiendo el título 21 del Código Penal de ese país, Sección 963, y el segundo de asociación ilícita para poseer con intención de distribuir y para distribuir una sustancia fiscalizada (heroína), previsto en el título 21 del Código de Estados Unidos, sección 846.

En la sistemática procesal penal del país requirente, el jurado de acusación es parte del sistema de justicia de los Estados Unidos, cuyo propósito es analizar las pruebas que le presentan los miembros del orden público de ese país, que en el caso de Jaime Orlando Lara Nausa hallaron que medios de convicción de orden testimonial, pericial (grabaciones telefónicas), documental y la heroína decomisada a otros partícipes, comprometen al imputado en la conformación de una organización liderada por María Marilú Lara Nausa, también conocida como “La señora”, y su esposo, Julio César Casas, que importó a los Estados Unidos de América la sustancia estupefaciente heroína, que luego vendían a otros grupos de delincuentes, pruebas que ponen de manifiesto que el papel del requerido dentro de la organización fue el de propiciar que los “correos” importaran la droga controlada “heroína” al país requirente, la que se ocultó en prendas de vestir y en aerosoles, y luego se vendiera allí.

Oportuno es precisar que si bien la ejecución de actividades tendientes a la comercialización de la droga (heroína) perduró de 1996 a julio de 1998, de acuerdo con el acta 98 Cr. 1164, denotando con ello permanencia en el tiempo, se han de tratar los hechos que apoyan la acusación proferida por el jurado de los Estados Unidos con ocurrencia posterior al 17 de diciembre de 1997, fecha en la cual entró a regir el Acto Legislativo Nº 1 de ese año que, como se verá adelante, al sustituir el artículo 35 de la Constitución Política, prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la norma citada.

En declaración jurada Edmond O’Dea, detective en el Departamento de Policía y miembro del grupo de trabajo de la Agencia Antinarcóticos (DEA), refiere que las pruebas de la causa seguida contra Jaime Orlando Lara Nausa, alias “Jimmy”, están conformadas por informaciones de varias personas que fueron retenidas en los primeros seis meses de 1998, quienes en lo esencial han declarado que fueron reclutadas por el acusado para transportar heroína a los Estados Unidos de América, alguna recibió indicaciones del acusado en conversación telefónica grabada, “que debía llamar a una persona para averiguar si había heroína que recoger y transportar a Nueva York” (fl. 8 cdno. 2), y por dos conversaciones intervenidas con autorización del Tribunal de Distrito de Nueva York, el 22 de junio de 1998, en las que Margarita Lara Nausa y Julio César Casas (hermana y cuñado de Jaime Orlando Lara Nausa), partícipes bajo acusación formal, refieren sobre el arresto de “correos” contratados por el acusado y si éste tenía “heroína que pudiera darle a Casas” (fl. 5 ib.), pruebas que sumadas a otras documentales, involucran al acusado en el referido concierto. Y, el Fiscal Federal en la Procuraduría General de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Richard Daddario, en declaración jurada puso de presente que conoce esos medios de comprobación los que serán presentados en sustento de la acusación contra el requerido (fl. 30 del mismo cuaderno).

En consecuencia, demostrado que los hechos imputados por la justicia de los Estados Unidos de América a Lara Nausa son punibles en Colombia con pena mínima de prisión superior a los 4 años y no se trata de delitos políticos o de opinión, se satisface el requisito establecido en el numeral primero del artículo 549 del Código de Procedimiento Penal, aclarándosele a la defensora del solicitado que los dos cargos formulados en el exterior, no comprenden el “lavado de activos” a que alude en su alegato, de manera que improcedente resulta estudiar aspectos relativos a la punibilidad que insinúa.

Y acorde con la preceptiva contenida en el Acto Legislativo Nº 1 que entró a regir a partir del 17 de diciembre de 1997 (Diario Oficial 43.185), sustitutivo del artículo 35 de la Carta Política, la extradición de colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación colombiana, pero en ningún caso procederá cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la norma citada.

Si bien los cargos formulados por un jurado de acusación federal reunido en el Distrito Sur de Nueva York contra el ciudadano colombiano Jaime Orlando Lara Nausa, también conocido como “Jimmy”, refieren hechos sucedidos entre 1996 al mes de julio de 1998, inclusive, el Gobierno de los Estados Unidos de América, por intermedio de su embajada en esta ciudad, conocedor sobre el ámbito de aplicación personal de la prohibición de retroactividad a que alude el inciso final del artículo 35 de la Constitución Política de Colombia, aclaró en la Nota Diplomática 980 del 10 de diciembre de 1998 lo siguiente:

“El Gobierno de los Estados Unidos se permite clarificar y hacer énfasis en el hecho de que la resolución de acusación que constituye el fundamento de la presente solicitud está basada, en parte, en acciones y eventos que tuvieron lugar con posterioridad al 17 de diciembre de 1997” (fl. 10 cdno. 1).

Así, el concepto favorable que se anuncia tendrá la salvedad que el pedido de extradición del ciudadano colombiano Jaime Orlando Lara Nausa, sólo procederá en relación con los hechos presuntamente cometidos en el exterior con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, que como quedó visto, aluden a los primeros 6 meses de 1998.

d) Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero:

Este requisito también se cumple, en criterio de la Sala, en la medida que la decisión proferida por el gran jurado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, guarda equivalencia con la resolución acusatoria prevista en el artículo 441 del Código de Procedimiento Penal Colombiano.

En efecto, de acuerdo con los documentos aportados por vía diplomática, autenticados y traducidos con el beneplácito del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el acta de acusación 98 CR. 1164 del 22 de octubre de 1998, se concreta la formulación de dos cargos tanto con relación a los hechos constitutivos de cada uno de ellos como de las disposiciones transgredidas, y el señalamiento del comprometido en actos posteriores al 17 de diciembre de 1997.

En el acta de acusación aparecen señalados los lugares de ocurrencia de los hechos (Queens, Nueva York y otros sitios), su fecha (primeros seis meses de 1998), el nombre del acusado Jaime Orlando Lara Nausa, también conocido como “Jimmy”, y complementariamente se adjuntó dos declaraciones juradas en respaldo a la solicitud de extradición, la primera rendida por Richard Daddario, Fiscal Federal de la Procuraduría General de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, certificando la existencia de las pruebas que apoyan la actuación y comprometen al requerido, medios de prueba y compromiso que también alude Edmond O’Dea, detective en el Departamento de la Policía y miembro del Grupo de Trabajo de la Agencia Antinarcóticos (DEA), de manera que ninguna duda existe entre el procedimiento foráneo y la resolución de acusación del sistema colombiano, claro en el entendido que se trata de una equivalencia de condiciones y no de identidad de formas.

3. Planteó la defensora del solicitado en extradición crítica en relación con las pruebas que apoyan la acusación que Lara Nausa soporta en los Estados Unidos de América, y que el concepto se debe negar por no existir compromiso formal de reciprocidad.

En torno a lo primero, es de ver que cuando la Corte examina los elementos de juicio aportados en cumplimiento del deber de emitir concepto sobre la extradición solicitada, lo hace en un plano jurídico-formal, limitado al lleno de las condiciones previstas en el respectivo tratado o, en su defecto a las del artículo 551 del Código de Procedimiento Penal, entre las cuales no se encuentra una evaluación crítica sobre el mérito de las pruebas que sirvieron al Estado requirente para dictar medida de aseguramiento, resolución de acusación o sentencia condenatoria contra la persona cuya extradición se reclama, toda vez que tales evaluaciones materiales son potestativas de la autoridad que profiere la decisión en ejercicio de su soberanía jurisdiccional.

Frente a este tema, la Sala en concepto de fecha 10 de marzo del presente año, radicación 14.324, M.P. Carlos E. Mejía Escobar, expresó lo siguiente:

“... si se tiene en cuenta que la extradición es un instrumento de cooperación internacional mediante el que los Estados combaten la impunidad derivada de la mera fuga de su territorio de los infractores de las leyes, tal dispositivo de asistencia y solidaridad internacional parte del supuesto de la soberanía tanto del Estado requirente como del requerido, una de cuyas manifestaciones más clásicas es la administración de justicia, a través de la cual los Estados a través de sus jueces y magistrados ejercen la soberanía al interior de su territorio imponiendo las sanciones a que haya lugar o, en todo caso, resolviendo los conflictos conforme a su juridicidad.

Es en ese orden de ideas que las decisiones jurídicas de un Estado que sean necesarias para demandar de otro Estado la extradición de una persona, son materialmente intocables y sólo pueden ser objeto de revisión formal, es decir con prescindencia de su esencialidad, que conforme al principio de buena fe, que es principio de las relaciones internacionales, se presume legal y acertada”.

Improcedente, entonces, el análisis crítico que sugiere la apoderada del requerido de extradición, de manera que se mantiene la validez formal de la documentación presentada, lo cual inclina a la Sala a emitir concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Jaime Orlando Lara Nausa, sólo en relación con los hechos cometidos con posterioridad al 17 de diciembre de 1997 (primeros seis meses de 1998), no sin antes recordar a la defensora que sus inquietudes relacionadas con la reciprocidad, son tema propio del análisis que le corresponde al Gobierno Nacional.

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Conceptuar favorablemente al pedido de extradición del ciudadano colombiano Jaime Orlando Lara Nausa, formulado por el Gobierno de los Estados Unidos de América por vía diplomática, sólo en relación con los hechos cometidos con posterioridad al 17 de diciembre de 1997.

2. Comuníquese esta determinación al Fiscal General de la Nación y devuélvase la actuación al Ministerio de Justicia y del Derecho para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

Jorge Aníbal Gómez Gallego—Fernando E. Arboleda Ripoll— Jorge E. Córdoba Poveda—Carlos Augusto Gálvez Argote—Édgar Lombana Trujillo—Mario Mantilla Nougués—Carlos Eduardo Mejía Escobar—Álvaro Orlando Pérez Pinzón—Yesid Ramírez Bastidas.

Patricia Salazar Cuéllar, Secretaria.

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