Concepto 1608 de octubre 28 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente: Gustavo Aponte Santos

Rad.: 1.608

Bogotá D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil cuatro (2004).

El señor Ministro del Interior y de Justicia, doctor Sabas Pretelt de la Vega, a solicitud de algunos concejales del municipio de Anorí (Antioquia) y de los alcaldes de los municipios de Cabrera (Santander) y Anapoima (Cundinamarca), luego de transcribir los apartes principales de las comunicaciones de los solicitantes, formula a la Sala los siguientes interrogantes:

“1. ¿Qué término comprende el período de los actuales alcaldes de los municipios de Anorí, Antioquia y Cabrera, Santander?

2. Teniendo en cuenta que el inciso primero del artículo 3º del Acto Legislativo 2 de 2002, determina que todos los alcaldes que inicien sus períodos entre la vigencia del presente acto legislativo y el 31 de diciembre del año 2003, ejercerán sus funciones por un período equivalente a la mitad del tiempo que haga falta para llegar al 31 de diciembre del año 2007, y el inciso segundo ibídem consagra que todos los alcaldes elegidos con posterioridad al 29 de octubre del año 2000 y antes de la vigencia del presente acto legislativo, ejercerán sus funciones por un período de tres años, y habida consideración que el alcalde de Anapoima, Cundinamarca, fue elegido el 4 de agosto de 2002 —con posterioridad al 29 de octubre de 2000 y antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2002— y se posesionó el 20 del mismo mes —después de la vigencia del Acto Legislativo 2 de 2002 y antes del 31 de diciembre de 2003, se pregunta: ¿Cuál es el período del actual alcalde del municipio de Anapoima-Cundinamarca?

3. La Resolución 1653 del 20 de marzo de 2003, emitida por el Consejo Nacional Electoral dentro de las atribuciones conferidas a este organismo por el artículo 265 de la Constitución Política, ¿tiene la facultad interpretativa de la Constitución y la ley?

4. ¿Qué interpretación se le debe dar al Acto Legislativo 2 de 2002, el cual en su artículo transitorio establece que: ‘Todos los gobernadores y alcaldes elegidos con posterioridad al 29 de octubre del año 2000 y antes de la vigencia del presente acto legislativo, ejercerán sus funciones por un período de tres años. Sus sucesores se elegirán para un período que termina el 31 de diciembre del año 2007’; y el inciso primero del mismo artículo que señala: ‘Todos los alcaldes y gobernadores que inicien sus períodos entre la vigencia del presente acto legislativo y el 31 de diciembre del año 2003, ejercerán sus funciones por un período equivalente a la mitad del tiempo que haga falta para llegar al 31 de diciembre del año 2007. Sus sucesores se elegirán para un período que terminará el mismo 31 de diciembre del año 2007’?”.

Consideraciones

1. Competencia de la Sala.

De acuerdo con lo establecido por el numeral 1º del artículo 38 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, la Sala tiene competencia para absolver las consultas generales o particulares, formuladas por el Gobierno Nacional, encontrándose dentro de estas últimas la presente, por cuanto se refiere a los períodos específicos de los alcaldes de los municipios de Anorí, Cabrera (S.) y Anapoima.

Es de anotar que de acuerdo con las informaciones obtenidas de los tribunales administrativos de Antioquia, Santander y Cundinamarca, y la Sección Quinta del Consejo de Estado, no cursa en la actualidad, ningún proceso contencioso administrativo, referente a las elecciones de los tres funcionarios nombrados, razón por la cual la Sala procede a emitir su pronunciamiento, el cual no reviste carácter obligatorio, dado que ninguna norma le confiere este efecto.

2. El Acto Legislativo 2 de 2002.

El Acto Legislativo 2 del 6 de agosto de 2002, “Por el cual se modifica el período de los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles”, calificó los períodos de los gobernadores y alcaldes como institucionales, con lo cual zanjó definitivamente la diferencia que se presentaba entre la Corte Constitucional, que sostenía que tales períodos eran personales (1) (o subjetivos o individuales, como también se les denominaba) y el Consejo de Estado que defendía la tesis de que eran institucionales, lo cual había dado lugar a que, al revisar algunos fallos de tutela, la primera hubiera declarado que varias providencias de la Sección Quinta y la Sala Plena Contenciosa de la segunda corporación, constituían “una vía de hecho, vulneratoria de los derechos fundamentales del actor”, como aconteció, por ejemplo, mediante las sentencias SU-640 de 1998 y SU-168 de 1999.

Dicho acto legislativo extendió el período de los alcaldes a cuatro (4) años, por medio de su artículo 3º, el cual establece lo siguiente:

“ART. 3º—El artículo 314 de la Constitución Política quedará así:

En cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del municipio, que será elegido popularmente para períodos institucionales de cuatro (4) años, y no podrá ser reelegido para el período siguiente.

Siempre que se presente falta absoluta a más de dieciocho (18) meses de la terminación del período, se elegirá alcalde para el tiempo que reste. En caso de que faltare menos de dieciocho (18) meses, el gobernador designará un alcalde para lo que reste del período, respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el alcalde elegido.

El Presidente y los gobernadores, en los casos taxativamente señalados por la ley, suspenderán o destituirán a los alcaldes.

La ley establecerá las sanciones a que hubiere lugar por el ejercicio indebido de esta atribución” (resalta la Sala).

Luego, el carácter institucional fue atribuido a todos los períodos de los cargos de elección, señalados en la Constitución y las leyes, mediante el Acto Legislativo 1 del 3 de julio de 2003, “Por el cual se adopta una reforma política constitucional y se dictan otras disposiciones”, cuyo artículo 6º dispone:

“ART. 6º—El artículo 125 de la Constitución Política tendrá un parágrafo del siguiente tenor:

PAR.—Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido” (destaca la Sala).

La interpretación de la Corte Constitucional había dado lugar a los llamados “períodos atípicos”, que eran aquellos de algunos gobernadores y alcaldes que, por diferentes circunstancias, no se habían posesionado en la fecha establecida para tales funcionarios en todo el país, y por consiguiente, al considerarse el período como personal, este se iniciaba el día de la posesión y en consecuencia, no coincidía con el de la generalidad de dichos mandatarios (2) .

Para resolver esta situación y con el propósito de que en todo el país los períodos de los gobernadores y alcaldes se unifiquen de manera institucional, por cuatro (4) años a partir del 1º de enero de 2008, el mencionado Acto Legislativo 2 de 2002, estableció, en el artículo 7º, una disposición transitoria que aporta soluciones para los períodos atípicos de estos funcionarios. Dice así:

“ART. 7º—La Constitución Política tendrá un artículo transitorio del siguiente tenor:

ART. TRANS.—Todos los alcaldes y gobernadores que inicien sus períodos entre la vigencia del presente acto legislativo y el 31 de diciembre del año 2003, ejercerán sus funciones por un período equivalente a la mitad del tiempo que haga falta para llegar al 31 de diciembre del año 2007. Sus sucesores se elegirán para un período que terminará el mismo 31 de diciembre del año 2007.

Todos los gobernadores y alcaldes elegidos con posterioridad al 29 de octubre del año 2000 y antes de la vigencia del presente acto legislativo, ejercerán sus funciones por un período de tres años. Sus sucesores se elegirán para un período que termina el 31 de diciembre de (sic) año 2007.

En todo caso, el último domingo del mes de octubre del año 2007, se elegirán alcaldes y gobernadores para todos los municipios, distritos y departamentos del país, para períodos institucionales de cuatro años, que se iniciarán el 1º de enero del año 2008.

El período de cuatro años de los miembros de las asambleas departamentales, concejos distritales y municipales y ediles se iniciará el 1º de enero del año 2004” (resalta la Sala).

La vigencia de este acto legislativo, de acuerdo con el artículo 8º, empezó el 7 de agosto de 2002, día de su promulgación (D.O. Nº 44.893).

Interesa ahora analizar el período para el cual fue elegido cada uno de los alcaldes de la consulta.

3. El período del actual alcalde de Anorí (Antioquia).

La consulta se refiere inicialmente, al actual alcalde del municipio de Anorí (Antioquia), Nicolás Guillermo Heron Arango, cuya situación electoral puede resumirse en los siguientes puntos:

a) Su inscripción se efectuó el 1º de noviembre de 2003 para las elecciones de alcalde del 23 del mismo mes y año, de conformidad con el “Acta de solicitud de inscripción y constancia de aceptación de candidatos” (Formulario E-6 AG, visible a folio 16 del expediente), para el “período 02-dic.-2003 -16-dic.-2005”.

b) Las elecciones de alcalde de Anorí se desarrollaron efectivamente el 23 de noviembre de 2003.

c) La declaratoria de elección, suscrita el 25 de noviembre de 2003 por la comisión escrutadora municipal (Formulario E-26 AG), lo declara elegido alcalde municipal de Anorí “para el período diciembre 3 de 2003 hasta el 2 de diciembre de 2005” (fl. 31).

d) La credencial (Formulario E-27) expedida el 26 de noviembre de 2003 por la misma comisión, certifica que fue elegido alcalde de dicho municipio “para el período comprendido entre 2003 a 2005” (fl. 94).

e) El alcalde tomó posesión del cargo el 2 de diciembre de 2003, “para el período comprendido entre el 2 de diciembre de 2003 al 16 de diciembre de 2005” (fl. 93).

Como se aprecia, la situación del alcalde de Anorí se enmarca dentro de la disposición del inciso primero del artículo 7º transitorio del Acto Legislativo 2 de 2002, por cuanto su período se inició con la posesión efectuada el día 2 de diciembre de 2003, esto es, entre el 7 de agosto de 2002, fecha de iniciación de la vigencia del mencionado acto legislativo, y el 31 de diciembre de 2003.

Por lo tanto, de acuerdo con esta norma, ejercerá “sus funciones por un período equivalente a la mitad del tiempo que haga falta para llegar al 31 de diciembre del año 2007”.

Haciendo las cuentas, entre el 2 de diciembre de 2003 y el 31 de diciembre de 2007 hay un espacio de tiempo de cuatro (4) años, veintinueve (29) días, el cual dividido por dos, da como resultado dos (2) años, catorce (14) días, que viene a ser la duración del período del actual alcalde de Anorí.

Así las cosas, su período va desde el 2 de diciembre de 2003 hasta el 16 de diciembre de 2005, lo cual coincide con el señalamiento hecho por el mismo alcalde, cuando se inscribió como candidato, y con la indicación del período que se hizo, de manera expresa, en el acta de posesión, no siendo por ende, de recibo la afirmación de los concejales de Anorí, en el sentido de que la candidatura del actual alcalde había sido inscrita “para el período comprendido entre el 2004 y el 2007” (fl. 9) y de que se debe respetar la voluntad popular de una elección para cuatro años (fl. 11).

La Sala, mediante el Concepto 1.546 del 8 de marzo de 2004, señaló que “los alcaldes elegidos el 26 de octubre del 2003 lo fueron para el tiempo comprendido entre el 1º de enero del 2004 y el 31 de diciembre del 2007, que sigue al vencimiento de los períodos de los mandatarios elegidos para el lapso 2001 a 2003”, pero en el caso comentado, se observa en primer lugar, que la elección no se llevó a cabo el 26 de octubre de 2003 y se realizó para el período atípico 2003-2005, como se indicó en los documentos nombrados y en la declaratoria de elección y la credencial, y conforme a lo ordenado por la aludida norma constitucional transitoria.

Es de anotar que la iniciación del período se produce con la posesión, que es el momento a partir del cual el mandatario asume sus funciones.

Si se considerara como fecha de iniciación del período la establecida para la generalidad de los gobernadores y alcaldes, vale decir, el 1º de enero de 2001 o el 1º de enero de 2004, según que fuera el período anterior o el vigente, no tendría sentido la disposición contenida en el primer inciso del artículo 7º transitorio, pues vendría a ser totalmente inaplicable ya que ningún mandatario de un período atípico se posesionaría en cualquiera de esas fechas, las cuales por lo demás, están por fuera del plazo contemplado en la norma.

De otro lado, decir que el período del actual alcalde de Anorí es de cuatro (4) años, desde el 1º de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2007, cuando él se posesionó en propiedad del cargo, el 2 de diciembre de 2003, sería extender el período más allá del término constitucionalmente establecido, lo cual constituiría una infracción al artículo 314 de la Carta y además, a lo dispuesto por la aludida norma transitoria, también de rango superior.

Sobre este particular, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 19 de agosto de 2004 (Exp. 3386), expresó lo siguiente:

“(...) del artículo transitorio del Acto Legislativo 2 de 2002 se desprende que el proceso de equiparación de los períodos es paulatino y que en ningún caso puede existir un período de alcalde superior a los 4 años. De este modo, determinó como fecha máxima para eliminar los períodos atípicos y convertirlos en coincidentes, el 1º de enero de 2008, fijando de esta forma un procedimiento para lograr el resultado, así: (cita el art. 7º trans.)” (pág. 18, resalta la Sala).

Más adelante, en la misma sentencia, manifestó lo siguiente:

“Lo expuesto muestra, como lo sostuvo la Sala en reciente oportunidad, que si bien es cierto el Acto Legislativo 2 de 2002 busca establecer los períodos coincidentes o institucionales para la elección popular de alcaldes y gobernadores, no lo es menos que no previó que ese objetivo se desarrolle en forma inmediata o automática, sino, por el contrario, de manera progresiva y para el efecto señaló expresamente unas reglas. Sobre este punto la Sala dijo lo siguiente con anterioridad:

“... la vigencia del Acto Legislativo 2 de 2002, aunque haya institucionalizado un período de cuatro años para el ejercicio de las alcaldías por elección popular, no eliminó, per se, los períodos atípicos de algunas alcaldías; por el contrario, las reconoció y reguló allí mismo, al punto que en su artículo transitorio se dijo que ‘Todos los alcaldes y gobernadores que inicien sus períodos entre la vigencia del presente acto legislativo y el 31 de diciembre del año 2003, ejercerán sus funciones por un período equivalente a la mitad del tiempo que haga falta para llegar al 31 de diciembre del año 2007. Sus sucesores se elegirán para un período que terminará el mismo 31 de diciembre del año 2007’.

“Con esto se evidencia la existencia, al menos transitoria, de los períodos atípicos de ciertas alcaldías, donde su iniciación y finalización no encuentra coincidencia con el período de la mayoría de los alcaldes que finalizaron su período el 31 de diciembre de 2003, atipicidad que se puede presentar bajo las siguientes circunstancias: a. Los alcaldes que inicien sus períodos entre el 7 de agosto de 2002 (vigencia del A.L. 2/2002) y el 31 de diciembre de 2003, ejercerán funciones por un período equivalente a la mitad del tiempo que haga falta para llegar al 31 de diciembre de 2007, y sus sucesores se elegirán por el período restante que terminará en la misma fecha; b. Los alcaldes elegidos con posterioridad al 29 de octubre de 2000 y antes del 7 de agosto de 2002 (vigencia del A.L. 2/2002), quienes desempeñarán funciones por un período de tres años, y sus sucesores serán elegidos para un período que igualmente culmina el 31 de diciembre de 2007” (3) .

Conforme a lo anterior, la Sala infiere tres conclusiones: La primera, los períodos de los alcaldes elegidos popularmente serán siempre institucionales a partir del 1º de enero de 2008. La segunda, la modificación de los períodos subjetivos o personales al institucional o forzosamente coincidente será paulatina para los alcaldes que inicien sus períodos entre la vigencia del acto legislativo (4) y el 31 de diciembre de 2003. La tercera, en este período de transición para la incorporación al período institucional no podrá existir, en ningún caso, un período superior a 3 ó 4 años, según la situación individual” (págs. 19 y 20, destaca la Sala).

En síntesis, el período del actual alcalde de Anorí es atípico, ya que tiene una duración de dos (2) años y catorce (14) días: desde el 2 de diciembre de 2003 hasta el 16 de diciembre de 2005.

4. El período del actual alcalde de Cabrera (Santander).

En el caso del señor Rolando Rodríguez Mantilla, alcalde del municipio de Cabrera (Santander), se observa lo siguiente:

a) Su inscripción se efectuó el 25 de octubre de 2002 para las elecciones de alcalde del 19 de enero de 2003, de conformidad con el “Acta de solicitud de inscripción y constancia de aceptación de candidatos” (Formulario E-6 AG, fl. 95). En este formulario no se señaló el período, pues no había una casilla para ello.

b) Las elecciones de alcalde de Cabrera (Santander), se realizaron el 19 de enero de 2003.

c) La declaratoria de elección, suscrita el 21 de enero de 2003 por la comisión escrutadora municipal (Formulario E-26 AG), lo declara elegido alcalde municipal de Cabrera “para el período 2003 a 2005” (fl. 44).

d) La credencial (Formulario E-27) expedida el 21 de enero de 2003 por la misma comisión, certifica que fue elegido alcalde de dicho municipio “para el período comprendido entre 2003 a 2005” (fl. 45).

e) El alcalde tomó posesión del cargo el 12 de febrero de 2003. En el acta respectiva, el juez dejó constancia que entre los documentos que presentó, estaba la “Credencial mediante la cual fue declarado elegido alcalde municipal para el período comprendido entre 2003 a 2005” (fl. 90).

Como se observa, el período electoral del actual alcalde de Cabrera (S.) se encuentra contemplado dentro de la disposición, de rango constitucional, del mencionado inciso primero del artículo 7º transitorio, por cuanto lo inició el 12 de febrero de 2003, fecha de su posesión del cargo, esto es, entre el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2003 y además, la declaratoria de elección, que constituye el acto administrativo que acredita la elección y que está amparada con la presunción de legalidad, determina claramente que fue elegido “para el período 2003 a 2005”.

En consecuencia, se debe aplicar la mencionada norma, lo cual significa que del 12 de febrero de 2003 al 31 de diciembre de 2007, hay un tiempo de cuatro (4) años, diez (10) meses y diecinueve (19) días, el cual al ser dividido por dos, arroja como resultado un período atípico de dos (2) años, cinco (5) meses y nueve (9) días.

Por lo tanto, el período del actual alcalde de Cabrera (S.) va desde el 12 de febrero de 2003 hasta el 21 de julio de 2005, siendo aplicables en lo pertinente, las consideraciones expuestas en el caso anterior.

5. El período del actual alcalde de Anapoima (Cundinamarca).

En el caso del doctor Carlos Barbosa Malaver, alcalde del municipio de Anapoima (Cundinamarca), se presentan los siguientes hechos:

a) Su inscripción se efectuó el 8 de julio de 2002 para las elecciones de alcalde del 4 de agosto del mismo año, de conformidad con el “Acta de solicitud de inscripción y constancia de aceptación de candidatos” (Formulario E-6 AG, fl. 61). No se indicó el período ya que el formulario no tenía un espacio para ello.

b) Las elecciones de alcalde de Anapoima tuvieron lugar el 4 de agosto de 2002.

c) La declaratoria de elección, suscrita el 6 de agosto de 2002 por la comisión escrutadora municipal (Formulario E-26 AG), lo declara elegido alcalde municipal de Anapoima “para el período 2002-2005” (fl. 62).

d) La credencial (Formulario E-27) expedida el 6 de agosto de 2002 por la misma comisión, certifica que fue elegido alcalde de dicho municipio “para el período comprendido entre 2002 a 2005” (fl. 68).

e) El alcalde tomó posesión del cargo el 20 de agosto de 2002, “para el período constitucional comprendido entre el año 2002 al año 2005, para el cual fue elegido por voto popular” (fl. 99).

Como se advierte, en el caso del actual alcalde de Anapoima se presenta una situación curiosa, en la medida en que se encuentra tanto en el evento contemplado en el inciso primero del artículo 7º transitorio del Acto Legislativo 2 de 2002, como en el del inciso segundo del mismo artículo.

En efecto:

1. Por un lado, inició su período el 20 de agosto de 2002, fecha de su posesión, vale decir, entre el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2003, evento del inciso primero, que trae como consecuencia que el período sea equivalente a la mitad del tiempo faltante hasta el 31 de diciembre de 2007.

2. Por otro lado, fue elegido el 4 de agosto de 2002, esto es, con posterioridad al 29 de octubre de 2000 y antes del 7 de agosto de 2002, evento del inciso segundo, que conlleva a que el período sea de tres (3) años.

Ante esta situación, la Sala considera que se debe dar prelación a la disposición contenida en el inciso segundo, por las siguientes razones:

a) La primacía de la voluntad popular, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1º, 3º y 103, entre otros, de la Constitución Política, ya que, a la fecha de la elección, el pueblo entendía que el período del alcalde que iba a elegir era de tres (3) años, conforme al artículo 314 de la Constitución vigente en ese momento, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional de considerar los períodos de los mandatarios como personales, no institucionales, lo cual significaba que el mandatario elegido en una fecha distinta de la establecida para la generalidad de ellos, empezaba a ejercer sus funciones desde la posesión por el período completo.

b) La buena fe reconocida con rango constitucional por el artículo 83 de la Carta, la cual se predica, en este caso, tanto del pueblo elector como del alcalde.

c) A la fecha de la elección, el 4 de agosto de 2002, el Acto Legislativo 2 de 2002 no había empezado a regir, pues su vigencia empezó el 7 del mismo mes y año, y por lo tanto, se debe respetar el período de tres (3) años vigente en ese momento para los gobernadores y los alcaldes, como en efecto hizo el inciso segundo comentado, pues estableció que para aquellos mandatarios que fueran elegidos entre el 29 de octubre de 2000, fecha de la anterior elección, y la vigencia del acto legislativo, se les conservaba el período de tres (3) años.

d) La declaratoria de elección y la credencial, documentos amparados por la presunción de legalidad, acreditan que el alcalde fue elegido “para el período 2002-2005”, esto es, tres (3) años.

e) En el acta de posesión se hizo constar igualmente, que el período era del 2002 al 2005, y se agregó: “para el cual fue elegido por voto popular, el día cuatro (4) de agosto del año en curso (2002)”.

En conclusión, el período del actual alcalde de Anapoima, es de tres (3) años, contados desde el 20 de agosto de 2002 hasta el 20 de agosto de 2005, en aplicación de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 7º transitorio del Acto Legislativo 2 de 2002.

5.1. La interpretación de los dos primeros incisos del artículo 7º transitorio del Acto Legislativo 2 de 2002.

En la consulta se formula la pregunta, de manera general, acerca de qué interpretación debe darse a los dos primeros incisos del citado artículo 7º transitorio.

Al respecto, como se puede deducir de los tres casos analizados, hay que decir que los dos incisos plantean eventos distintos, con plazos igualmente diferentes y consecuencias diversas.

En efecto:

1. El inciso primero se refiere al evento de los gobernadores y alcaldes que inicien sus períodos, vale decir, que tomen posesión de sus cargos, entre el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2003, para determinar que en ese caso, el período es por la mitad del tiempo faltante hasta el 31 de diciembre de 2007 y que sus sucesores gobernarán hasta esta última fecha.

2. El inciso segundo regula el evento de los gobernadores y alcaldes que sean elegidos entre el 29 de octubre de 2000 y el 7 de agosto de 2002, para establecer que su período es de tres (3) años y que sus sucesores serán elegidos para un período que finaliza el 31 de diciembre de 2007.

Ahora bien, si se configuran respecto de determinado mandatario, los eventos contemplados en estos dos incisos, la interpretación que se dé, debe consultar la situación concreta, como se planteó en el caso del alcalde de Anapoima.

6. La interpretación con autoridad de las normas constitucionales y legales y la Resolución 1653 de 2003, del Consejo Nacional Electoral.

La consulta inquiere si la Resolución 1653, “por medio de la cual se precisan los términos para efectos del cómputo del período de los alcaldes y concejales que sean elegidos a partir de la vigencia del Acto Legislativo 2 de 2002”, expedida el 20 de marzo de 2003 por el Consejo Nacional Electoral, “tiene la facultad interpretativa de la Constitución y la ley”.

Conviene conocer el contenido de esta resolución, el cual se condensa en sus dos primeros artículos, los cuales dispusieron lo siguiente:

“ART. 1º—Para aquellas elecciones que se realicen con posterioridad a la promulgación y vigencia del Acto Legislativo 2 de 2002, el período de los gobernadores y alcaldes será el establecido en el artículo 7º de este, es decir, que para los períodos que inicien entre la vigencia del Acto Legislativo 2 de 2002 y el 31 de diciembre del año 2003, se debe computar el período para el ejercicio del cargo dividiendo por dos el tiempo que va desde su posesión hasta el 31 de diciembre de 2007. En todo caso, conforme a las normas electorales vigentes, en particular las del Código Electoral, en el acto de declaratoria de la elección y entrega de la respectiva credencial por parte de los funcionarios de la comisión escrutadora, se dejará consignado el período para el cual es elegido el mandatario y por el cual ejercerá su cargo”.

“ART. 2º—Esta fórmula es aplicable para todos los casos en que se convoque a una nueva elección a partir de la entrada en vigencia del acto legislativo 2 de 2002, y se elija un gobernador o un alcalde por voto popular”.

Esta resolución invoca como facultades del Consejo Nacional Electoral, las “constitucionales y legales, en especial las contenidas en los artículos 265 numeral 5º de la Constitución Nacional y 39 de la Ley 130 de 1994”.

Antes de entrar en el tema de las facultades interpretativas de la Constitución y la ley, la Sala observa que la Resolución 1653 de 2003, expedida por el Consejo Nacional Electoral, desarrolla y reglamenta directamente una norma constitucional, facultad reglamentaria que la Constitución no le ha asignado al mencionado Consejo Electoral. En efecto, al revisar el artículo 265 superior, solamente se encuentra la competencia para reglamentar la participación de los partidos políticos en los medios de comunicación.

De otra parte, la Sala entiende que la pregunta va dirigida a determinar si la Resolución aludida o mejor, el Consejo Nacional Electoral, tiene la facultad interpretativa de la Constitución y la ley, en el sentido de producir una interpretación con autoridad, a lo cual se responde negativamente, por cuanto tal clase de interpretación corresponde, respecto de la Constitución, a la Corte Constitucional, y de las leyes, al legislador.

En efecto, sobre la interpretación con autoridad de la Constitución, se observa que la Corte Constitucional, en la sentencia C-386 del 22 de agosto de 1996, defendió la tesis de que efectivamente compete a ella tal facultad, como guardiana que es de la Carta, y al legislador corresponde interpretar solamente las leyes que dicte.

Señaló la Corte:

Poder constituyente derivado e interpretación auténtica de la Carta.

6. El artículo 219 de la Ley 5ª de 1992 señala que las cámaras tienen la facultad de enmendar la Constitución conforme al procedimiento previsto por esta y reglamentado ‘con la máxima autoridad’ por esa misma ley. Según el actor, la expresión ‘con la máxima autoridad’ viola la Carta, pues la Constitución es la norma de normas (C.P., art. 4º), por lo cual no puede una ley ser la norma suprema que reglamenta la actividad de reforma de la propia Constitución.

La Corte coincide con el argumento del actor. En efecto, si la Constitución es la norma superior de la nación colombiana (C.P., art. 4º), esto significa que toda otra disposición que la contradiga no tiene validez. Por consiguiente, si la reglamentación expedida por el Congreso en materia de reforma a la Carta viola lo prescrito por la propia Constitución en este campo, entonces esa reglamentación legislativa debe ser retirada del ordenamiento para preservar la supremacía de la Constitución. Ahora bien, la propia Carta ha atribuido a la Corte Constitucional el papel de preservar la integridad y supremacía de la Constitución (C.P., art. 241), por lo cual se entiende que este tribunal es un órgano límite, pues no tiene en este campo ningún superior jerárquico, y su función es interpretar la norma límite, que es la Constitución. Esto significa obviamente que en caso de que exista un conflicto en torno al alcance de una disposición constitucional entre el desarrollo normativo expedido por el Congreso y la interpretación efectuada por la Corte, prevalece la interpretación de esta última, por cuanto ella es la guardiana de la Carta, y por ende su interpretación constitucional funge como auténtica dentro del ordenamiento jurídico colombiano (...).

7. En ese orden de ideas, la Corte considera que la expresión impugnada, según la cual la reglamentación que efectúa la Ley 5ª de 1992 del procedimiento de reforma a la Constitución a través del Congreso se hace ‘con la máxima autoridad’ desconoce el carácter de poder constituido que tiene esa institución. En efecto, es cierto que el Congreso posee funciones constituyentes, pues tiene la capacidad de reformar la Carta (C.P., arts. 374 y 375), pero no puede ejercer esas atribuciones por fuera de los linderos establecidos por la norma de normas. El Congreso es entonces un poder constituyente pero derivado, por lo cual la reglamentación legal del procedimiento de reforma constitucional está sujeto al control por la Corte Constitucional, pues tiene que ajustarse a lo previsto en la propia Carta. El legislador puede entonces interpretar con autoridad las leyes que él mismo ha expedido (C.P., art. 150, ord 1º) pero no puede interpretar, con autoridad y de manera auténtica, la propia Constitución, pues dejaría de estar sometido a la Carta, que es norma de normas (C.P., art. 4º). La expresión ‘con la máxima autoridad’ del artículo 219, parcialmente impugnado, será entonces retirada del ordenamiento” (resalta con negrillas la Sala).

Finalmente, la interpretación de la ley, por vía de doctrina, compete a los jueces en los casos concretos, como lo señala el artículo 26 del Código Civil y lo ha subrayado la Corte Constitucional en diversas sentencias, como la C-239 del 19 de mayo de 1994 y la C-1026 del 26 de septiembre de 2001, y también a los funcionarios públicos en los asuntos administrativos, conforme lo establece dicha norma y lo requiere el adecuado ejercicio de sus funciones.

En conclusión, la Resolución 1653 del 20 de marzo de 2003 del Consejo Nacional Electoral, no conlleva una interpretación con autoridad de la Constitución y la ley. Simplemente es un acto administrativo que goza de la presunción de legalidad, mientras no sea derogado o anulado.

La Sala responde

1. El período del actual alcalde del municipio de Anorí (Antioquia) es por el tiempo comprendido entre el 2 de diciembre de 2003 y el 16 de diciembre de 2005 y el del actual alcalde del municipio de Cabrera (Santander), por el tiempo existente entre el 12 de febrero de 2003 y el 21 de julio de 2005.

2. El período del actual alcalde de Anapoima (Cundinamarca) es de tres (3) años, contados desde el 20 de agosto de 2002 hasta el 20 de agosto de 2005.

3. La Resolución 1653 expedida el 20 de marzo de 2003, por el Consejo Nacional Electoral, no constituye una interpretación con autoridad de la Constitución y la ley. Como acto administrativo que es, goza de la presunción de legalidad, mientras no sea derogado o anulado.

4. Los dos primeros incisos del artículo 7º transitorio del Acto Legislativo 2 de 2002 regulan la duración de los períodos atípicos de gobernadores y alcaldes que se presenten antes del 1º de enero de 2008, fecha a partir de la cual los períodos de estos funcionarios deberán ser coincidentes, dado su carácter de institucionales.

Se diferencian los dos incisos en que contemplan plazos distintos e hipótesis diferentes, ya que el primero se refiere a los funcionarios que inicien su período dentro de determinado lapso y el segundo a los elegidos en otro, con consecuencias diversas en cada caso, conforme quedó explicado en la parte considerativa.

Transcríbase este concepto al señor Ministro del Interior y de Justicia. Igualmente, envíese una copia al secretario jurídico de la Presidencia de la República.

Flavio Augusto Rodríguez Arce, Presidente de la Sala—Gustavo E. Aponte SantosEnrique José Arboleda Perdomo—Gloria Duque Hernández.

Elizabeth Castro Reyes, Secretaria de la Sala.

(1) En la tesis de la sentencia SU-640 del 5 de noviembre de 1998 de la Corte Constitucional, se expresa: “En varias ocasiones, esta corporación se ha pronunciado acerca del período de los alcaldes y los gobernadores. En todas ellas se ha concluido que siempre que se elige popularmente un nuevo alcalde o gobernador, este desempeñará su posición durante el término establecido por la Constitución, es decir, tres años. De esta manera, la Corte Constitucional ha sido terminante en precisar que los períodos de los alcaldes y gobernadores son individuales y no institucionales. En sentencias C-011 de 1994, C-586 de 1995 y C-448 de 1997, la Corte Constitucional ha establecido que en todos los casos en que se presente vacancia absoluta del cargo de gobernador o de alcalde se debe convocar a nuevas elecciones; que el período constitucional de los gobernadores y alcaldes que son revocados o destituidos, o que renuncian, fallecen o dejan su cargo por alguna otra razón, termina en el momento en que ello sucede; y que el período de los mandatarios que los sustituyen, por causa de elección popular, es de tres años, tal como lo dispone la Constitución. Esto significa, entonces, entre otras cosas, que la jurisprudencia de la Corte ha dejado en claro, de manera reiterada, que el período de los gobernadores y alcaldes es personal y no institucional. La Corte ha manifestado que esa es la única conclusión que permite armonizar los tres principios constitucionales de autonomía de las entidades territoriales, de democracia participativa y soberanía popular y de elección directa de los mandatarios regionales y locales por las comunidades respectivas, con las normas que señalan que los períodos de los alcaldes son de tres años y que la ley regulará, de acuerdo con la Constitución, las distintas materias relacionadas con el ejercicio de dicho cargo”.

(2) Sobre esta clase de períodos, la Sección Quinta del Consejo de Estado precisó en una ocasión: “... a esos casos en los que el período del alcalde no coincidía con los que se iniciaban el 1º de enero del año siguiente al de la elección, se les denominó períodos atípicos” (Exp. 3386, Sent., ago. 19/2004, pág. 17).

(3) Sentencia del 22 de julio de 2004, expediente 3389.

(4) De acuerdo con el artículo 8º del Acto Legislativo 2 de 2002, este entra a producir efectos jurídicos a partir de su promulgación y ello se efectuó en el Diario Oficial 44893 del 7 de agosto de 2002.

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