Concepto 1638 de junio 9 de 2005

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente:

Luis Fernando Álvarez Jaramillo

Bogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil cinco (2005).

Rad.: 1638

Actor: Ministerio de Minas y Energía

Ref.: Régimen jurídico aplicable a las profesiones de ingeniero electricista, tecnólogo en electricidad y técnico electricista. Diseño de instalaciones eléctricas y emisión de conceptos sobre ellas; expedición de matrícula profesional y aplicación del Código de Ética.

La señora secretaria general encargada de las funciones del despacho del Ministro de Minas y Energía, formula consulta a la Sala sobre el régimen normativo aplicable a los ingenieros electricistas, técnicos electricistas y tecnólogos en electricidad, en los siguientes términos:

“2.1. ¿La Ley 842 de 2003, es aplicable a los técnicos electricistas, tecnólogos en electricidad e ingenieros eléctricos? 

2.2. ¿La Ley 842 de 2003 y las leyes 19 de 1990, Ley 51 de 1986 y Ley 392 de 1997, se aplican a los ingenieros eléctricos, técnicos electricistas y tecnólogos en electricidad? 

2.3. ¿De conformidad con las normas vigentes y aplicables, los técnicos electricistas y los tecnólogos en electricidad, pueden diseñar instalaciones eléctricas? 

2.4. ¿De conformidad con las normas vigentes y aplicables, los técnicos electricistas y los tecnólogos en electricidad, pueden emitir dictámenes técnicos para certificar la conformidad de las instalaciones eléctricas con el RETIE? 

2.5. ¿Con la expedición de la Ley 842 de 2003, se pueden continuar expidiendo matrículas a técnicos electricistas que no cuenten con un título académico otorgado por una institución de educación superior oficialmente reconocida? 

2.6. ¿El Código de Ética previsto en la Ley 842 de 2003, es aplicable a los técnicos electricistas, a los tecnólogos en electricidad y a los ingenieros eléctricos?”. 

CONSIDERACIONES

Con el fin de absolver la consulta formulada, la Sala procede a determinar el régimen normativo aplicable al ejercicio de las profesiones de ingeniero electricista, técnico electricista y tecnólogo en electricidad, así como la posibilidad jurídica de que los dos últimos puedan diseñar instalaciones eléctricas y emitir dictámenes para su certificación, la viabilidad de expedir matrícula profesional de técnico electricista a quien no cuente con título profesional y la aplicación del Código de Ética a los profesionales mencionados.

Derecho constitucional fundamental a escoger profesión u oficio.

El ordenamiento constitucional garantiza el derecho fundamental de todas las personas a escoger libremente profesión u oficio, complementario de los derechos al libre desarrollo de la personalidad y al trabajo y, vinculado, incluso, a la libertad de actividades económicas.

Dispone el artículo 26 de la Carta:

“ART. 26.—Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.  

Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. 

La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles”. 

Además del núcleo esencial del derecho, debe destacarse, en primer término, la atribución de competencia al legislador para reglamentar las profesiones y exigir los correspondientes títulos de idoneidad que permitan el ejercicio de las mismas, con lo cual se establece una reserva legal, como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional al afirmar que “la ley es el único instrumento legitimo para exigir a quienes pretendan ejercer determinadas actividades que requieran de capacitación técnica, académica o científica el título de idoneidad correspondiente así como el procedimiento y los requisitos básicos para obtenerlo” (1).

De otra parte, el postulado constitucional asigna a las autoridades la función de inspeccionar y vigilar el ejercicio de las profesiones, con el fin de garantizar el interés público y los derechos de terceros, así como el derecho al trabajo en condiciones de igualdad.

Dentro de este contexto, la Sala pasa a examinar, en orden cronológico, el régimen legal que ha regulado las profesiones sobre las cuales se inquiere en la consulta.

1. Ley 51 de 1986. Profesión de ingeniero electricista y afines.

Con posterioridad a la regulación general de la ingeniería a que se referían la Ley 94 de 1937 y el Decreto 1782 de 1954, derogado éste último por la Ley 64 de 1978 que reglamentó de manera general el ejercicio de la ingeniería, la arquitectura y las “profesiones afines”, la Ley 51 de 1986 se ocupó de modo específico de las ingenierías eléctrica y mecánica y de las profesiones afines, determinando las actividades que comprenden su ejercicio (art. 1º)(2). Relacionó como profesiones afines de las ingenierías eléctrica y mecánica, las siguientes: ingeniería nuclear, ingeniería metalúrgica, ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería aeronáutica, ingeniería electrónica, ingeniería electromecánica e ingeniería naval (art. 2º), sin mencionar las profesiones auxiliares o complementarias.

2. Ley 19 de 1990. Profesión de técnico electricista.

Esta ley tenía por objeto regular la profesión de técnico electricista, entendiendo por tal la “persona que se ocupa en el estudio y las aplicaciones de la electricidad y ejerce a nivel medio o como auxiliar de los ingenieros electricistas o similares” (art. 1º). (Destaca la Sala).

Nótese cómo la definición del referido profesional se vinculaba a un determinado nivel de preparación y de desempeño, estableciendo la ley un criterio de ejercicio y de correlación con los ingenieros electricistas.

En relación con el ejercicio de la profesión de técnico electricista, el artículo 3º de la Ley 19 exigió la obtención de matrícula expedida por el Ministerio de Minas para quienes fuesen egresados de las instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional o Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación, Icfes, previa acreditación de haber cursado y aprobado íntegramente el plan de estudios autorizado por el Gobierno Nacional. También podían obtener matrícula para ejercer la profesión de técnicos electricistas, las personas que sin haber hecho los estudios señalados anteriormente, hubiesen ejercido con reconocida idoneidad y ética la actividad correspondiente, por un lapso no inferior a cinco (5) años, comprobados con certificados.

Esta ley fue reglamentada por el Decreto 991 de 1991 el cual describió las actividades que constituían el ejercicio a nivel medio y como auxiliar de los ingenieros electricistas de la profesión de técnico electricista (arts. 1º, 2º).

Del enunciado de dichas normas se observa que el reglamento no señaló como actividad de los técnicos electricistas la de diseñar instalaciones eléctricas ni emitir dictámenes técnicos para certificar la conformidad de las instalaciones eléctricas con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE.

Incluso, no obstante la distinción que se pretendió hacer en el Decreto 991 de 1991 entre el ejercicio a nivel medio de la profesión de técnico electricista y el ejercicio como auxiliar de los mismos, del análisis de las actividades señaladas en la norma para uno y otro, se observa que no existía una diferencia sustancial que permitiera delimitar con precisión el campo de acción de las dos modalidades, porque si bien para el nivel medio se discriminaban actividades como colaboración, preparación, estudio, análisis y vigilancia e instrucción , las atribuidas al auxiliar prácticamente englobaban las antes mencionadas al referirse en forma genérica al “estudio y las aplicaciones de la electricidad”. Por ello la Corte Constitucional en Sentencia C-177 de 1993, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley 19 de 1990, asimiló los niveles medio y auxiliar al señalar:

“El trabajo del técnico electricista se realiza no sólo en el ámbito de las personas jurídicas relacionadas con las actividades de la construcción o de la ingeniería eléctrica, sino, de manera particularmente importante en reparaciones locativas para personas naturales o vinculadas a otro tipo de actividades, o en la ejecución de planos de instalaciones eléctricas realizadas por ingenieros que subcontratan al técnico a nombre propio, es decir como persona natural, y en fin, buena parte de dichos técnicos han adquirido su experiencia trabajando a nivel medio como auxiliar de los ingenieros electricistas”. (Resalta la Sala).

Respecto de la matricula requerida para el ejercicio de la profesión de técnico electricista, el decreto que se comenta reiteró la prohibición del ejercicio de la profesión sin ella.

Finalmente, debe precisarse que la Ley 19 de 1990 no contenía un Código de Ética, como se desprende de su artículo 11, en el que se partía del supuesto de que quien incurriera durante el ejercicio de su actividad en conductas tipificadas como faltas en el correspondiente Código de Ética Profesional —el cual no se había expedido—, sería sometido a las sanciones que éste contemplara, de acuerdo con los procedimientos que allí se establecieran, como tuvo oportunidad de señalarlo esta Sala en concepto Nº 1.550 de 2004 (3).

3. Ley 392 de 1997. Profesión de tecnólogo en electricidad.

Reguló el ejercicio de la profesión de tecnólogo en electricidad, electromecánica, electrónica y afines y lo definió como “el profesional graduado de un programa de educación tecnológica, debidamente reconocido y aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, y ofrecido por una universidad, institución universitaria o escuela tecnológica, quien está capacitado para instalar, operar y mantener instalaciones y equipos relacionados con su respectiva área” (art. 1º). (Destaca la Sala).

La inspección y vigilancia de la profesión se atribuyó al Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y afines adscrito al Ministerio de Educación, al cual se atribuyeron, entre otras, las funciones de llevar el registro nacional de los tecnólogos y otorgar las matrículas correspondientes (arts. 12 y 14). Esta ley fue derogada en forma expresa por el artículo 78 de la Ley 842 de 2003.

4. Ley 842 de 2003. Reglamentación del ejercicio de la ingeniería, profesiones afines y auxiliares. Código de Ética Profesional.

Mediante esta ley se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y auxiliares, y se adopta el Código de Ética Profesional. En la ponencia para segundo debate al proyecto de Ley número 44 de 2001 Senado(4), se dijo “A la vez, que la Constitución de 1991, al erigirnos en un Estado social de derecho, obliga a que los principios de la reglamentación profesional se deben instituir en dicho marco, por lo cual se hace necesario adecuar a la nueva Carta la reglamentación vigente. De esta manera, el proyecto establece un concepto de ingeniería y de su ejercicio. Lo mismo acerca de sus profesiones auxiliares y afines”.

Posteriormente, en la ponencia para segundo debate al proyecto de Ley número 218 de 2002 Cámara(5), se expuso:

“Sin embargo, a pesar de que una profesión se puede ejercer con la mayor libertad posible, existen otras que en la práctica de la misma, pueden conllevar a que pongan en peligro el conglomerado social. En el caso de algunas profesiones como la medicina, la abogacía, bacteriología, odontología, y en este caso la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, que conllevan algún compromiso de mayor cuidado en el ejercicio de la misma por el riesgo social que representa su eventual mal ejercicio porque su desempeño repercute directamente en la sociedad, en la seguridad, salubridad y la moralidad públicas como elementos esenciales del orden público. 

(...) 

Estas actividades que, por su naturaleza, implican un riesgo, hacen necesario que se regule de manera estricta la profesión de ingeniería y sus afines, o que se modifique la reglamentación existente frente a la nueva Constitución Política. 

(...) 

En consecuencia, el proyecto de ley que modifica la reglamentación de la profesión de ingeniería busca establecer de manera clara el concepto de la ingeniería en cuanto a su ejercicio, al igual que de las profesiones afines y auxiliares, estableciendo los requisitos para su ejercicio legal entre los cuales se encuentra el de la obligación de estar matriculado o inscrito en el registro profesional respectivo. Esto como una manera de certificar la idoneidad del profesional que pretende ejercer la profesión en Colombia, controlando de esta manera su ejercicio como imperativo de seguridad social. Al respecto, dice la Corte Constitucional: 

‘Ahora bien, el derecho a ejercer la profesión u oficio se adquiere en general con el lleno de los requisitos legales necesarios como, obtener el título de idoneidad de que habla el artículo 26 de la Carta, cuando así el legislador lo haya previsto. Pero las ocupaciones, artes u oficios que no exijan formación académica y que no entrañen un riesgo social, son de libre ejercicio en el territorio nacional’”.(6) (Negrillas de la Sala).

Del contenido de las anteriores ponencias, se infiere que la voluntad del legislador fue la de revisar la totalidad de la reglamentación existente para la profesión de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, y adaptarla a los postulados de la Constitución de 1991, dado el riesgo social que su ejercicio implica.

Así lo interpretó la Corte Constitucional al resolver las objeciones presidenciales formuladas a algunos de los artículos del proyecto que se convertiría en la Ley 842 de 2003, al decir:

“Para la Corte es evidente, que tal como lo anuncia el título del proyecto de ley, el Congreso decidió modificar la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, sus profesiones afines y auxiliares, para lo cual, definió su concepto; determinó las actividades que se entienden como ejercicio de la ingeniería; señaló las actividades consideradas como profesiones afines y auxiliares; determinó los requisitos para ejercer esas profesiones y para obtener la matrícula, la tarjeta de matrícula profesional y el certificado de inscripción profesional; fijó el procedimiento de inscripción y matrícula; definió lo que se entiende por ejercicio ilegal de la profesión y las sanciones a los particulares que violen las disposiciones de la ley; reguló el ejercicio de la profesión por parte de los profesionales extranjeros; y además de establecer el Código de Ética para el ejercicio de estas profesiones y el régimen disciplinario correspondiente, dedicó el título tercero a la denominación, naturaleza jurídica, integración y funciones del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus correspondientes regionales o seccionales.  

Sin duda, al aprobarse esta reglamentación, el legislador actuó con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 de la Constitución que lo habilita para regular las profesiones y determinar las autoridades competentes que inspeccionarán y vigilarán su ejercicio. Y además, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 23 del artículo 150 Superior que autoriza al Congreso para expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas, como son las de inspección y vigilancia de las profesiones”. 

En el artículo 2º, define el ejercicio de la ingeniería en los siguientes términos:

“ART. 2º—Ejercicio de la ingeniería. Para los efectos de la presente ley, se entiende como ejercicio de la ingeniería, el desempeño de actividades tales como: 

a) Los estudios, la planeación, el diseño, el cálculo, la programación, la asesoría, la consultoría, la interventoría, la construcción, el mantenimiento y la administración de construcciones de edificios y viviendas de toda índole, de puentes, presas, muelles, canales, puertos, carreteras, vías urbanas y rurales, aeropuertos, ferrocarriles, teleféricos, acueductos, alcantarillados, riegos, drenajes y pavimentos; oleoductos, gasoductos, poliductos y en general líneas de conducción y transporte de hidrocarburos; líneas de transmisión eléctrica y en general todas aquellas obras de infraestructura para el servicio de la comunidad; 

b) Los estudios, proyectos, diseños y procesos industriales, textiles, electromecánicos, termoeléctricos, energéticos, mecánicos, eléctricos, electrónicos, de computación, de sistemas, teleinformáticos, agroindustriales, agronómicos, agrícolas, agrológicos, de alimentos, agrometeorológicos, ambientales, geofísicos, forestales, químicos, metalúrgicos, mineros, de petróleos, geológicos, geodésicos, geográficos, topográficos e hidrológicos; 

(...)”. (Negrillas de la Sala).

Conforme a lo anterior la realización de diseños y los dictámenes propios de las labores de consultoría o interventoría, corresponden inicialmente al profesional de la ingeniería y por tanto no puede afirmarse, en principio, que los técnicos electricistas y los tecnólogos en electricidad puedan desarrollar autónomamente tal actividad —más aun tratándose de profesionales que ejercen en nivel medio o auxiliar, como se analizará más adelante—, pues el legislador del 2003 a diferencia de los legisladores del 86, 90 y 97, ha reservado el ejercicio autónomo de tales actividades a los ingenieros.

Respecto de las profesiones auxiliares señala:

“ART. 3º—Profesiones auxiliares de la ingeniería. Se entiende por profesiones auxiliares de la ingeniería, aquellas actividades que se ejercen en nivel medio, como auxiliares de los ingenieros, amparadas por un título académico en las modalidades educativas de formación técnica y tecnológica profesional, conferido por instituciones de educación superior legalmente autorizadas, tales como: Técnicos y tecnólogos en obras civiles, técnicos y tecnólogos laboratoristas, técnicos y tecnólogos constructores, técnicos y tecnólogos en topografía, técnicos y tecnólogos en minas, técnicos y tecnólogos delineantes en ingeniería, técnicos y tecnólogos en sistemas o en computación, analistas de sistemas y programadores, técnicos y tecnólogos en alimentos, técnicos y tecnólogos industriales, técnicos y tecnólogos hidráulicos y sanitarios, técnicos y tecnólogos teleinformáticos, técnicos y tecnólogos agroindustriales y los maestros de obras de construcción en sus diversas modalidades, que demuestren una experiencia de más de diez (10) años en actividades de la construcción, mediante certificaciones expedidas por ingenieros y/o arquitectos debidamente matriculados y, excepcionalmente, por las autoridades de obras públicas y/o de planeación, municipales”. (Negrillas de la Sala).

No obstante la relación de profesiones consideradas como auxiliares en el artículo transcrito, la Sala considera que la expresión “tales como” denota un sentido comparativo, lo que hace que esa lista tenga un carácter meramente enunciativo y no puede interpretarse que por el hecho de no mencionar expresamente a los técnicos y tecnólogos electricistas éstos estuvieran excluidos de la misma.

Nótese igualmente, como el legislador incluye en el artículo transcrito, a los maestros de obra de construcción dentro de los que considera profesionales auxiliares de la ingeniería, que ejercen actividades en el nivel medio.

En cuanto a las profesiones afines, establece:

“ART. 4º—Profesiones afines. Son profesiones afines a la ingeniería, aquellas que siendo del nivel profesional, su ejercicio se desarrolla en actividades relacionadas con la Ingeniería en cualquiera de sus áreas, o cuyo campo ocupacional es conexo a la ingeniería, tales como: La administración de obras civiles, la construcción en ingeniería y arquitectura; la administración de sistemas de información; la administración ambiental y de los recursos naturales, la bioingeniería y la administración en informática, entre otras”. 

En materia de requisitos para el ejercicio de la ingeniería, sus profesiones afines y auxiliares, dispone que debe estar matriculado —en el caso de los ingenieros—, o inscrito en el registro profesional respectivo —quienes ejercen profesiones afines o auxiliares— que lleva el Copnia, Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura (art. 6º).

Para ser matriculado en el registro profesional de ingenieros y obtener la respectiva tarjeta de matrícula profesional, se requiere el título académico de ingeniero en cualquiera de sus ramas, otorgado por instituciones de educación superior nacionales, o que funcionen en países con los cuales Colombia haya suscrito tratados o convenios sobre reciprocidad de títulos; o que, aunque no se hayan celebrados dichos tratados o convenios, se haya obtenido la correspondiente homologación o convalidación del título (art. 7º).

Por su parte, para quienes aspiren a ejercer una de las profesiones afines o auxiliares de la ingeniería, la Ley 842 de 2003 ya no habla de la expedición de “matrícula”, como lo hacían las leyes 19 de 1990 respecto de los técnicos electricistas —art. 3º— y 392 de 1997 en relación con los tecnólogos en electricidad —art. 4º—, sino del “certificado de inscripción profesional y la correspondiente tarjeta” para lo cual se requiere haber obtenido título académico en alguna de las profesiones auxiliares, otorgado por una institución de educación superior oficialmente reconocida en el país, o en países con los cuales Colombia tenga celebrado un tratado de reciprocidad de títulos o que sin tenerlo, se obtenga la homologación o convalidación respectiva ( art. 8º). Es de advertir que lo dispuesto por esta norma, excluye a los “maestros de obras de construcción en sus diversas modalidades”, a quienes en el artículo 3o. de la ley se les incluye dentro de las profesiones auxiliares de la ingeniería, previa la acreditación de experiencia por más de diez años en actividades de la construcción.

Es decir, el profesional ingeniero se matricula en el registro profesional de ingenieros, mientras que quienes aspiren a ejercer profesiones afines o auxiliares de la ingeniería, lo hacen ante el registro profesional respectivo, salvo el caso de maestros de obras de construcción quienes certificarán su experiencia en la forma establecida en el artículo 3o. ibídem; a los ingenieros se les otorga tarjeta de matrícula profesional y a los segundos, certificado de inscripción profesional y su respectiva tarjeta; a unos y otros se les exige título académico en los términos establecidos en los artículos 7º y 8º de la Ley 842, disposición esta última declarada exequible mediante Sentencia C-570 de 2004.

La anterior diferencia es corroborada por el artículo 12 de la Ley 842, en cuanto precisa:

“ART. 12.—Experiencia profesional. Para los efectos del ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la experiencia profesional sólo se computará a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional [ingenieros] o del certificado de inscripción profesional [profesiones afines o auxiliares], respectivamente. (...)”. 

Finalmente, el artículo 78 derogó todas las normas que le fueran contrarias, y en especial las leyes 20 de 1971, 14 de 1975, 64 de 1978, 28 de 1989, 33 de 1989, 211 de 1995, 392 de 1997 y sus normas reglamentarias, y 435 de 1998 en cuanto al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería se refiere. No obstante la precisión del texto por medio del cual el legislador decidió retirar del ordenamiento jurídico el cuerpo normativo señalado, la Corte Constitucional en Sentencia C-570 de 2004 declaró la exequibilidad condicionada de este precepto, en el “entendido de que la derogación de las normas que allí se ordena no comprende las relacionadas con la creación y asignación de funciones a los consejos profesionales existentes para especialidades de la ingeniería y las profesiones afines y auxiliares de esa disciplina”(7) . En consecuencia, de las leyes derogadas expresamente, tan sólo quedan vigentes las disposiciones que se refieren a los consejos profesionales. Las restantes, la Sala las encuentra derogadas.

Es de anotar que en reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional al resolver la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 18 de la Ley 842 de 2003(8), que el ejercicio como auxiliar de los ingenieros requiere la dirección de este profesional. Al respecto, en Sentencia C-191 de 2005, señaló:

“4.2.3. Sin embargo, una interpretación sistemática de la norma, que tenga en cuenta cuál es el objeto de la Ley 842 de 2003, lleva a otra conclusión: cuando el artículo 18 habla de todo trabajo ‘relacionado con el ejercicio de la ingeniería’ hace referencia a aquellas actividades que se consideran propias de la ingeniería y profesiones afines y auxiliares, no a cualquier actividad que tenga algún tipo de relación con la ingeniería, por menor o distante que esta sea. 

(...) 

Por lo tanto, la Corte condicionará la exequibilidad de la expresión relacionados con el ejercicio de la ingeniería, en el entendido de que dicha relación es, exclusivamente, directa y necesaria. Así, todo trabajo que implique un riesgo social que los ingenieros puedan identificar, medir y evitar, en razón a su idoneidad profesional específica, deberá ser dirigido por un ingeniero”. 

5. Resolución 1186 de 1970, por la cual se adopta la clasificación nacional de ocupaciones, CNO.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por considerar conveniente unificar a nivel nacional la nomenclatura y el contenido de las ocupaciones existentes en el país, profirió la Resolución 1186 de 1970 por medio de la cual, acogiendo las recomendaciones de la OIT, adoptó la clasificación internacional de esta entidad. En tal virtud dispuso que la CNO contara con grupos, subgrupos, grupos primarios y la categoría de ocupaciones teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo realizado. Los grupos “constituyen amplios campos profesionales más que tipos particulares de trabajo”; los subgrupos se establecieron “en aquellos casos en que existía un número suficientemente elevado de trabajadores para justificar su agrupación en lugar aparte”; los grupos primarios “comprenden cierto número de ocupaciones cuya conexión reside en la naturaleza del trabajo realizado. Existe, por lo tanto, dentro de cada grupo primario, una homogeneidad, y las ocupaciones incluidas en él muestran un parentesco más estrecho” y las ocupaciones son “la categoría profesional más restringida, el grupo de trabajo más limitado que se puede hallar en el sistema de clasificación de la CON (...) La definición de una ocupación engloba diversos ‘empleos’ o diversos ‘cargos’ desempeñados por los trabajadores que realizan cualquiera de las diferentes combinaciones que se pueden hacer de las tareas descritas”. (Res. 1186/70, págs. 7 y ss.).

Dentro del gran grupo 0/1, Profesionales, técnicos y trabajadores asimilados, se encuentra el subgrupo 02/03, arquitectos, ingenieros y técnicos asimilados. A su vez, este subgrupo se divide en grupos primarios —cada uno con su propia definición y grupo de ocupaciones—, dentro de ellos figuran los correspondientes a los ingenieros en electricidad y electrónica y a los técnicos en electricidad y electrónica, a quienes define y asigna ocupaciones en los siguientes términos:

“0-23 INGENIEROS EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

Los trabajadores comprendidos en este grupo primario, realizan investigaciones sobre problemas de ingeniería eléctrica y electrónica, proyectan sistemas e instalaciones eléctricos y electrónicos y asesoran sobre los mismos, planean y vigilan la fabricación, construcción, instalación y funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos. 

0-23.05 Ingeniero electricista, en general 

Realiza investigaciones sobre problemas de ingeniería eléctrica, proyecta sistemas e instalaciones eléctricos y asesora sobre los mismos: planea y vigila su fabricación, construcción, instalación, funcionamiento y reparación: 

estudia las condiciones que requieren para el funcionamiento de las instalaciones de producción y distribución de energía, de la maquinaria y aparatos eléctricos de uso industrial y doméstico y de otros aparatos eléctricos, y realiza trabajos de investigación y desarrollo; (...) proyecta instalaciones y equipos, prepara croquis y especificaciones del trabajo, indicando los materiales que han de emplearse y el método de fabricación, (...) vigila la instalación, conservación y reparación del equipo eléctrico e inspecciona los trabajos terminados para comprobar si se ajustan a las especificaciones y normas de seguridad. 

0-34 TÉCNICOS EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

Los trabajadores comprendidos en este grupo primario desempeñan, generalmente bajo la dirección y vigilancia de ingenieros electricistas o electrónicos, tareas de carácter técnico, para ayudar al proyecto, perfeccionamiento, construcción, instalación, mantenimiento y reparación de instalaciones y equipo eléctrico y electrónico. 

Sus funciones consisten en:  

colaborar en los trabajos de estudio y perfeccionamiento de instalaciones y equipo eléctrico y electrónico; 

preparar previsiones detalladas de las cantidades y costos de los materiales y mano de obra necesarios para la fabricación e instalación; 

ayudar al control técnico de la fabricación, instalación, utilización, mantenimiento y reparación de instalaciones y equipo eléctrico y electrónico; 

aplicar sus conocimientos teóricos y prácticos de electricidad y electrónica para identificar y resolver los problemas que surjan en el curso de su trabajo”. (CON, págs. 68,69 y 95) (Negrillas de la Sala).

Nótese como la CNO no incluye expresamente dentro de su categorización a los tecnólogos, tal vez ello obedezca a que como en el gran grupo 0/1 se afirma “no se han tenido en cuenta los títulos o certificados que se requieren en una determinada profesión ni el nivel de formación que se exige, como base de la clasificación de ocupaciones, sino más bien el género de funciones y tareas que se realizan” (CON, pág. 13), habrá de entenderse que dada la naturaleza de la funciones por ellos desarrollada, se encuentran comprendidos dentro del grupo primario “0-34 TÉCNICOS EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA.

Cabe en este punto recordar que al tenor del artículo 16 de la ley 30 de 1992 —por la cual se organiza el servicio público de educación superior— son instituciones de educación superior:

“a) Instituciones técnicas profesionales 

b) Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas  

c) Universidades”. 

Respecto de ellas, la Corte Constitucional en Sentencia C-1509 de 2000, precisó:

“Si bien existen distintas instituciones que pueden adelantar programas de educación superior, no todas ellas están el mismo nivel ni gozan de la misma autonomía; y tampoco confieren la misma clase de títulos. El hecho de que existan grados y diferencias, como en las normas acusadas, no es violatorio del derecho de igualdad puesto que, como lo ha señalado esta Corporación, aquél supone tratar distinto a lo diferente e igual a lo idéntico. 

(...) 

Las ‘clases de instituciones’ a que hace referencia el citado inciso 1 del artículo 26 aquí acusado, constituyen factor determinante para la denominación del título que se recibirá, pues no es lo mismo cursar estudios en una institución tecnológica profesional que en una universidad. No se exige a tales establecimientos el mismo nivel de investigación científica o tecnológica. Esto, lejos de desconocer el precepto constitucional del artículo 13, lo desarrolla, pues es claro que la igualdad no supone un trato idéntico frente a hipótesis que no son las mismas”. (Resalta la Sala).

6. Resolución 70 de 1998. Reglamento de distribución de energía eléctrica.

Expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 23.i) de la Ley 143 de 1994(9), hace parte del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional. En el numeral 4º CONDICIONES DE CONEXIÓN, precisa como uno de los objetivos de ese capítulo: “Proporcionar un conjunto de requisitos técnicos mínimos y de procedimientos para la planeación, diseño, construcción y puesta en servicio de las conexiones a la red, aplicable tanto a usuarios existentes como futuros”.

En el punto 4.4.2. SOLICITUD DE CONEXIÓN, numeral 4.4.2.3. “Otros requisitos para solicitar la conexión”, prevé:

NIVELES I y II: Los proyectos deberán ser realizados y firmados por un ingeniero con matrícula profesional vigente o un técnico electricista. 

NIVELES III y IV: Los proyectos deberán ser realizados y firmados por un ingeniero electricista, que deberá tener matrícula profesional vigente. 

(...)”. (Negrillas de la Sala).

7. Resolución 117 de 1998.

Expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, aclara el numeral 4.4.2.3 de la Resolución 070 de 1998, con base en solicitudes enviadas a la Comisión en el sentido de que los estudios para la conexión deben ser realizados únicamente por ingenieros electricistas, y teniendo en cuenta que existen, de una parte, normatividad jurídica y de otra, criterios jurisprudenciales acerca de las actividades propias de las profesiones de técnico electricista y de ingeniero electricista, que hacen necesario que las normas de la CREG se interpreten y apliquen dentro del referido contexto normativo. En tal virtud, resuelve:

“ART. 2º—Aclarar el numeral 4.4.2.3 del Reglamento de distribución de energía eléctrica (Res. 070/98), el cual quedará así: 

‘4.4.2.3. Otros requisitos para solicitar la conexión 

NIVELES I y II: Los proyectos deberán ser realizados y firmados por un ingeniero o un técnico electricista con matrícula profesional vigente, teniendo en cuenta lo que disponen las normas que regulan esas profesiones. 

NIVELES III y IV: Los proyectos deberán ser realizados y firmados por un ingeniero electricista, que deberá tener matrícula profesional vigente, sin perjuicio de las actividades que pueden realizar los técnicos electricistas, de acuerdo con las normas que regulan tales profesiones. 

(...)”. (Destaca la Sala).

Debe entenderse que esta remisión se refiere al régimen legal que se acaba de analizar, esto es, a la Ley 842 de 2003, la cual califica como una actividad propia del ejercicio profesional de los ingenieros la elaboración de diseños y proyectos (arts. 2º y 3º). También es importante señalar que la misma tampoco estaba calificada como una actividad que hubiese podido desarrollar los técnicos electricistas conforme al ámbito de ejercicio profesional determinado por la Ley 19 de 1990, y su Decreto Reglamentario 991 de 1990, ya derogado. En consecuencia, los profesionales auxiliares, esto es, los técnicos electricistas y tecnólogos en electricidad, no podrán realizar en forma autónoma las actividades de diseño de instalaciones eléctricas, sino como lo afirma el artículo 18 de la Ley 842, es decir, bajo la dirección de un ingeniero.

8. Resolución 18 0398 de 2004. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE.

Expedido por el Ministerio de Minas y Energía, tiene por objeto “establecer medidas que garanticen la seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y de la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminado los riesgos de origen eléctrico. Estas prescripciones parten de que se cumplan los requisitos civiles, mecánicos y de fabricación de los equipos”.

El artículo 3º, del anexo general de la Resolución 180398 de 2004, define el certificado de conformidad, así:

“Documento emitido conforme a las reglas de un sistema de certificación, en el cual se puede confiar razonablemente que un producto, proceso o servicio es conforme con una norma, especificación técnica u otro documento normativo específico”.  

El capítulo II, del mismo anexo, REQUISITOS TÉCNICOS ESENCIALES, se refiere a los requisitos de aplicación obligatoria en todas las instalaciones eléctricas en el territorio nacional. En los párrafos 4 y 5 parte de la base que los tecnólogos y técnicos electricistas pueden diseñar instalaciones eléctricas dentro de un rango de potencias instaladas y de usuarios, así:

“Los operadores de red no deben dar servicio de energía a instalaciones eléctricas diseñadas por tecnólogos en electricidad, cuando la potencia instalada del inmueble, supere los 112,5 KVA o alimente a más de 20 usuarios. Igualmente, si se trata de redes de distribución, a aquellas con tensión mayor a 13,8 KVA, potencia instalada mayor a 150 KVA o que alimenten a más de 100 usuarios. 

Los operadores de red no deben dar servicio de energía a instalaciones eléctricas diseñadas o dirigidas por técnicos electricistas, cuando la potencia instalada del inmueble supere los setenta y cinco (75) KVA o que alimente a más de 10 usuarios. Igualmente, si se trata de redes de distribución, a aquellas con tensión mayor a 13,8 KVA, potencia instalada mayor a 112,5 KVA o que alimenten a más de 50 usuarios”. 

En el artículo 47.8 dispone que “para efectos de la certificación de conformidad de las instalaciones eléctricas, la inspección de la instalación debe hacerse por ingenieros electricistas o electromecánicos, tecnólogos en electricidad o técnicos electricistas, con matricula profesional vigente, siempre que acrediten su competencia laboral para este tipo de actividad”, debe tenerse en cuenta que lo señalado está en contradicción con la Ley 842, pues el desempeño de tales funciones implica el ejercicio de labores de interventoría y verificación de las instalaciones, calificadas como propias de los ingenieros por dicha ley.

De la documentación aportada a la consulta, se observa que desde el 7 de enero de 2005 existía una propuesta del Ministerio de Minas y Energía orientada a modificar el RETIE, en el sentido de suprimir los párrafos 4 y 5 del capítulo II transcritos, aduciendo que para las actividades de diseño, dirección de la construcción, interventoría e inspección de las instalaciones eléctricas, se debía dar cumplimiento a las leyes que regulan el ejercicio profesional de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, especialmente la Ley 842 de 2003.

Dicha propuesta se hizo realidad con la expedición de la Resolución 180498 del 29 de abril de 2005, por la cual el Ministerio de Minas y Energía modificó parcialmente la Resolución 180398 de 2004, antes analizada, aduciendo entre otras consideraciones “Que la honorable Corte Constitucional ha expresado que una falla en el servicio de electricidad puede significar no sólo privar a un ciudadano de un servicio básico, sino posiblemente la producción de un daño que puede ser grave e irreparable, personal o patrimonial. Así mismo ha manifestado que un cortocircuito, fruto de una conexión deficiente o errónea puede dar lugar a un incendio y con él a daños irreparables”. Es decir, la modificación del RETIE aplica en su totalidad la teoría del riesgo social.

El artículo 7º de la Resolución 180498 modificó la parte introductoria del capítulo II “REQUISITOS TÉCNICOS ESENCIALES” del Anexo General de la Resolución 180398 de 2004, en el sentido de suprimir los párrafos 4 y 5 que habilitaban a los tecnólogos y técnicos electricistas para diseñar instalaciones eléctricas dentro de un rango de potencias instaladas y de usuarios, y en su defecto señaló que la competencia para realizar dichas actividades radicaría en las personas calificadas de conformidad con lo dispuesto en las leyes y normas reglamentarias que regulan las profesiones allí previstas, esto es, la Ley 842 de 2003. Igualmente, y para efectos de la “certificación de conformidad con el RETIE” de las instalaciones eléctricas, atribuyó dicha función a “organismos de certificación”. Los nuevos párrafos son del siguiente tenor:

“La competencia para realizar dichas actividades corresponderá a las personas calificadas, tales como ingenieros electricistas, electromecánicos, de distribución y redes eléctricas, tecnólogos en electricidad, tecnólogos en electromecánica o técnicos electricistas, con matrícula profesional vigente, teniendo en cuenta lo dispuesto en las leyes y normas reglamentarias que regulan estas profesiones. 

Los organismos de certificación no deben expedir certificación de conformidad con el RETIE a instalaciones eléctricas diseñadas, construidas o supervisadas por personas que según la legislación vigente no tengan la competencia legal para el ejercicio profesional de dichas actividades; en consecuencia, el OR [operador de red] no debe dar servicio a dichas instalaciones”. 

El artículo 36 de la Resolución 1804 de 1998, modificó el artículo 45 de la Resolución 180398 de 2004 “Disposiciones transitorias”, y previó que “El certificado de conformidad de los productos establecidos en el presente reglamento se exigirá seis (6) meses después de la entrada en vigencia del RETIE”, cuando existan mínimo cinco organismos de certificación de instalaciones eléctricas acreditados ante la Superintendencia de Industria y Comercio. No obstante lo anterior, señaló que durante el período de transitoriedad se tendría como válido para estos efectos:

1. En el caso de instalaciones destinadas a la prestación del servicio público de energía, de uso o propiedad de los operadores de red, transmisiones o generadores la “declaración suscrita por el propietario y la persona calificada responsable de la Interventoría de la obra eléctrica, en la cual conste que se cumplió con el RETIE”.

2. En instalaciones eléctricas para uso final clasificadas como especiales o en instalaciones básicas mayores o iguales a 15 KVA instalados o en instalaciones en edificios con 10 o más suscriptores potenciales o con 10 o más sistemas de medida individual, una “declaración extrajudicial suscrita tanto por la persona calificada responsable de la construcción de la instalación eléctrica, como por el propietario de la misma”.

3. Declaración extrajudicial igual a la anterior se requerirá cuando se trate de instalaciones básicas para uso final de capacidad instalada menores a 15 KVA y que no se encuentren en edificios con 10 o más suscriptores potenciales o en edificios con 10 o más sistemas de medida individual, evento en el cual el período de transitoriedad será de 36 meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente reglamento técnico. (Negrillas de la Sala).

De conformidad con lo dispuesto en esta norma, durante el período de transitoriedad y para todos los casos, se tendrá como válida la declaración suscrita por el propietario de la obra y por la persona calificada responsable de la interventoría o de la construcción de la misma, es decir, un ingeniero a quien le están atribuidas las funciones de interventoría y construcción de líneas de transmisión eléctrica, según lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley 842 de 2003, independientemente de que en su ejecución haya participado un tecnólogo o un técnico electricista, y habida cuenta de que al tenor del artículo 18 ibídem y de lo manifestado por la Corte Constitucional al estudiar su constitucionalidad “todo trabajo que implique un riesgo social que los ingenieros pueden identificar, medir y evitar, en razón de su idoneidad profesional específica, deberá ser dirigido por un ingeniero”. Al respecto no sobra advertir que como se anotó en la exposición de motivos de la referida ley, las actividades de uso y provisión de energía eléctrica entrañan un alto riesgo de peligrosidad que pueden generar daños graves e irreparables tanto en lo personal como en lo patrimonial.

Ahora bien, el artículo 38 de la Resolución 180498 de 2005 dispone que transcurrido el período de transitoriedad de que trata el artículo 45 de la Resolución 180398 de 2004, toda instalación eléctrica nueva, ampliación o remodelación debe contar con su “Certificado de Conformidad” con el RETIE, expedido por un Organismo acreditado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 842 de 2003 debe contar en su integración por lo menos con un ingeniero que cumpla las funciones de dirección.

9. Naturaleza de las disposiciones referidas en los numerales 5 a 8.

La Clasificación Nacional de Ocupaciones, CNO, es un instrumento que permite establecer las políticas científicas de orientación, selección, formación, desarrollo y utilización del recurso humano en cada país. Ella se expide, en nuestro caso, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social atendiendo las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y adaptando la estructura de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, CIUO, la cual ordena en forma sistemática las ocupaciones del total de la población civil activa.

En relación con la CNO, la Corte Constitucional en Sentencia C-191 de 2005 dijo: “Es decir, la CNO no puede ser aplicada de forma aislada: los usos concretos que de ella se hagan, deben tener como parámetro obligado la Constitución y la ley, en especial la legislación aplicable que exista acerca de cada una de las ocupaciones”.

En cuanto hace a la reglamentación expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, resoluciones 70 y 117 de 1998, por medio de las cuales se habilita a los técnicos electricistas para realizar proyectos de conexión —teniendo en cuenta lo dispuesto por las normas que rigen la materia—, es de anotar, que dichas resoluciones fueron proferidas con base, entre otras normas, en el artículo 23.i) de la Ley 143 de 1994, que le atribuye la facultad de “Establecer el reglamento de operación para realizar el planeamiento y la coordinación de la operación del Sistema Interconectado Nacional, ...”. La anterior competencia encuentra sustento legal en el artículo 68 de la ley 142 de 1994, que prevé que el Presidente de la República fijará, por medio de las comisiones de regulación de los servicios públicos, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios.

En relación con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE, cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 2522 de 2000, corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio, con base en el decreto 1112 de 1996, señalar los criterios y condiciones que deben cumplirse para la expedición de reglamentos técnicos; que dichos criterios fueron establecidos en la Resolución 03742 de 2001 emanada de esa Superintendencia; que el artículo 3º del Decreto 070 de 2001, por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Minas y energía, facultó a esa Cartera para “1. Adoptar la política nacional en materia de exploración, explotación, transporte, refinación, procesamiento,... así como la política sobre generación, transmisión, interconexión, distribución y establecimiento de normas técnicas en materia de energía eléctrica,...”, en cuya virtud expidió la Resolución 180398 de 2004, contentiva del RETIE, modificada parcialmente por la Resolución 180498 de 2005.

No obstante, el anterior marco normativo de facultades, conviene precisar que tanto la CNO como las resoluciones de la CREG y el RETIE, deben ajustarse en su reglamentación a las normas constitucionales y legales que regulan la materia. Máxime en tratándose de la CREG si se tiene en cuenta que en relación con los servicios públicos corresponde al legislador determinar el régimen de su prestación y a las comisiones de regulación, así como a los Ministerios a los cuales éstas se encuentren adscritas, la responsabilidad de hacer cumplir ese régimen legal. En torno a este tema, la Corte Constitucional en Sentencia C-150 de 2003, expresó:

“De tal manera que la Constitución no ordena que existan comisiones de regulación de los servicios públicos, pero sí autoriza al legislador para crearlas cuando estime que este tipo de órganos es el adecuado para hacer cumplir el régimen de regulación de los servicios públicos. 

(...) 

En efecto, la independencia de las comisiones de regulación tiene fundamento constitucional y es configurada por el legislador para que las actuaciones de éstas respondan a las necesidades propias del sector regulado, de acuerdo con los fines señalados en la Constitución y los parámetros establecidos en la ley, (...)”. 

En este orden de ideas, ni la CNO ni las resoluciones de la CREG, ni las normas del RETIE, pueden establecer regulaciones que contradigan los señalamientos de la ley.

10. Requisitos para la obtención de certificado de inscripción profesional.

Frente al interrogante planteado en la consulta, relacionado con la posibilidad de expedir matrícula a los técnicos electricistas sin haber obtenido título académico otorgado por una institución de educación superior, debe determinarse si la Ley 842 ha derogado el literal b) del artículo 3º de la Ley 19 de 1990.

Al respecto conviene precisar que la Ley 19 de 1990 establecía, en el artículo 3º, los requisitos para obtener “la respectiva matrícula”, consistentes en la acreditación de estudios académicos, o en su defecto, el ejercicio de las actividades correspondientes con reconocida idoneidad y ética. Por su parte, la Ley 842 de 2003, ya no habla de la expedición de “matrícula” para esta clase de profesionales, sino del “certificado de inscripción profesional y la correspondiente tarjeta” para poder ejercer alguna de las profesiones afines —calificadas por el artículo 4° de la ley— o profesiones auxiliares de la ingeniería, para lo cual se requiere haber obtenido título académico en alguna de ellas, otorgado por una institución de educación superior oficialmente reconocida en el país, o en países con los cuales Colombia tenga celebrado un tratado de reciprocidad de títulos o que sin tenerlo, se obtenga la homologación o convalidación respectiva ( art. 8º L. 842/2003).

Aunque la Ley 19 no fue objeto de derogatoria expresa por la Ley 842, conforme se aprecia en su artículo 78, encuentra la Sala que existe, en torno al tema que nos ocupa, una incompatibilidad entre los artículos 3º-b de la Ley 19 y el 8º de la Ley 842, toda vez que esta última no contempla la posibilidad de otorgar el certificado y la respectiva tarjeta con la sola acreditación de la experiencia, sino que por el contrario, exige en todos los casos la obtención del título académico. Por lo cual, concluye la Sala, que la Ley 842 al hacer una nueva regulación de todo lo concerniente con los requisitos exigidos para el ejercicio de la ingeniería, sus profesiones afines y sus profesiones auxiliares, derogó el artículo 3o.-b de la Ley 19 de 1990.

11. Código de Ética.

La Ley 842 de 2003 exige que el ejercicio profesional de la ingeniería en todas sus ramas y de las profesiones auxiliares y afines, sea guiado por criterios, conceptos y fines que conduzcan a enaltecer las profesiones y, en consecuencia debe sujetarse a las disposiciones del Código de Ética que ella misma establece.

Dispone que el Código que adopta “será el marco de comportamiento profesional del ingeniero en general, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares y su violación será sancionado mediante el procedimiento establecido en el presente título” (art. 29, parágrafo), con lo cual resulta clara su aplicación a los ingenieros electricistas, tecnólogos en electricidad y técnicos electricistas.

LA SALA RESPONDE:

1. La Ley 842 de 2003 es aplicable a los ingenieros electricistas, tecnólogos en electricidad y técnicos electricistas.

2. A los Ingenieros electricistas, tecnólogos en electricidad y técnicos electricistas se les aplica la Ley 842 de 2003 salvo lo siguiente: a los tecnólogos en electricidad la Ley 392 de 1997 únicamente en lo relacionado con la estructura y funciones del Consejo Nacional de Tecnología en Electricidad; a los Técnicos Electricistas la Ley 19 de 1990 en lo atinente al ejercicio de su profesión en las distintas entidades públicas, así como las normas sobre el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas; y a los Ingenieros electricistas la Ley 51 de 1986 en aquellos asuntos no regulados expresamente por la Ley 842 y demás normas especiales posteriores.

Con respecto al Consejo Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica y afines, y al Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, la Sala encuentra que no se justifica su existencia toda vez que en general sus funciones fueron asignadas por la Ley 842 de 2003 al Consejo Nacional de Ingeniería y Arquitectura, Copnia, razón por la cual se recomienda al Gobierno Nacional su supresión.

3. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 842 de 2003 los tecnólogos en electricidad y los técnicos electricistas no pueden, en forma autónoma, diseñar instalaciones eléctricas sino bajo la dirección de un ingeniero inscrito en el registro profesional de ingeniería y con tarjeta de matrícula profesional en la rama respectiva.

4. De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 842 de 2003 los Tecnólogos en Electricidad y los Técnicos Electricistas no pueden, en forma autónoma, emitir dictámenes técnicos para certificar la conformidad de la instalaciones eléctricas con el RETIE sino bajo la dirección de un ingeniero inscrito en el registro profesional de ingeniería y con tarjeta de matrícula profesional en la rama respectiva, teniendo en cuenta las consideraciones formuladas al respecto en este concepto.

5. A partir de la vigencia de la Ley 842 de 2003 a los técnicos electricistas sólo se les puede expedir certificado de inscripción profesional y la respectiva tarjeta una vez acrediten el correspondiente título académico.

6. El Código de Ética previsto en la Ley 842 de 2003 es aplicable a los Ingenieros electricistas, a los tecnólogos en electricidad y a los técnicos electricistas.

Transcríbase a la señora Secretaria General encargada de las funciones del despacho del Ministro de Minas y Energía. Igualmente, envíese copia a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.

Consejeros: Gustavo E. Aponte Santos, Presidente de la Sala—Enrique José Arboleda Perdomo—Flavio A. Rodríguez Arce—Luis Fernando Alvarez Jaramillo.

Elizabeth Castro Reyes, Secretaria de la Sala.

1 Sentencia C-177 de 1993 de la Corte Constitucional. Ver también sentencias C-606 de 1992, C-377 de 1994, C-660 de 1997 y C-251 de 1998.

2 Dispone el artículo 1º de la Ley 51 de 1986: “Para los efectos de esta ley, se entiende por ejercicio de las profesiones de ingeniería eléctrica e ingeniería mecánica y profesiones afines, todo lo relacionado con la investigación, estudio, planeación, asesoría, ejecución, reparación, construcción, instalación, funcionamiento, mantenimiento y fabricación, referido a tareas, obras o actividades especificadas en los subgrupos pertinentes de la ‘clasificación nacional de ocupaciones’ adoptada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante Resolución 1186 de 1970 y de acuerdo con las denominaciones y clases 023 y 024 de la ‘Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones’, revisión 1968 de la Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra y por tanto, la presente reglamentación cubre a las personas contempladas en ellas. Parágrafo. El Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y profesiones afines podrá ampliar el alcance de las actividades a que se refiere dicha clasificación, teniendo en cuenta las características especiales del país”.

3 En el Concepto Nº 1550 de 2004 se dijo: “La Sala observa, y así lo reiterará más adelante, lo imperativo que es el que se dicte por el legislador el Código de Ética Profesional a que alude este artículo, que se tipifiquen las debidas sanciones y los procedimientos correspondientes para la aplicación de las mismas, con sujeción estricta al debido proceso”.

4 Gaceta del Congreso 522, pág. 13.

5 Gaceta del Congreso 228, págs. 5 y 6.

6 Corte Constitucional, Sentencia C-606 de 1992.

7 Se lee en la sentencia: “Todos estos Consejos cuentan con representantes del Gobierno, expiden las matrículas requeridas para el ejercicio profesional, llevan el registro de profesionales y conceden permisos provisionales para los profesionales extranjeros. Por eso, para la derogación total de estas leyes se requiere que el proyecto parta de la iniciativa gubernamental, dado que la eliminación de estos Consejos supone necesariamente una modificación en la estructura de la administración nacional. (....). La anterior exposición conduce a la conclusión de que el legislador no podía derogar de manera indiscriminada todas las leyes enunciadas en el artículo 78, por cuanto varias de ellas habían creado consejos profesionales, que tenían naturaleza pública, razón por la cual su abrogación general requería que la ley hubiese sido de iniciativa gubernamental, puesto que ella estaba modificando la estructura de la administración. Lo anterior no significa que la Ley 842 no pudiera derogar los apartes de las leyes comentadas que no se refirieran a los consejos profesionales y a sus funciones”.

8 Ley 842 de 2003, “ART. 18.—Dirección de labores de ingeniería. Todo trabajo relacionado con el ejercicio de la ingeniería, deberá ser dirigido por un ingeniero inscrito en el registro profesional de ingeniería y con tarjeta de matrícula profesional en la rama respectiva. (...)”.

9 Ley 143 DE 1994, “ART. 23.—Para el cumplimiento del objetivo definido en el artículo 20 de la presente ley, la Comisión de Regulación de Energía y Gas con relación al servicio de electricidad tendrá las siguientes funciones generales: ... i) Establecer el Reglamento de Operación para realizar el planeamiento y la coordinación de la operación del Sistema Interconectado Nacional, después de haber oído los conceptos del Consejo Nacional de Operación; (...)”.