Concepto 1648 de junio 23 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente:

Enrique José Arboleda Perdomo

Bogotá D.C., veintitrés de junio de dos mil cinco.

Radicación 1.648

Ref.: Alcance de la Ley 931 de 2004 - Derecho al trabajo en condiciones de igualdad en razón de la edad. Exigencia de un rango de edad para el ingreso y ascenso en la carrera específica del Inpec.

El señor Ministro del Interior y de Justicia, doctor Sabas Pretelt de la Vega, formula una consulta a la Sala sobre la aplicación de la Ley 931 de 2004 en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y en particular sobre la viabilidad jurídica de exigir un rango de edad en las convocatorias de ingreso del nuevo personal al cuerpo de custodia y vigilancia, y a los cursos de ascenso interno, en los siguientes términos:

“1. De acuerdo al artículo 119 del Decreto 407 de 1994, ¿estaría el Inpec sujeto a modificar el requisito de la edad para adelantar las convocatorias de alumnos de la escuela penitenciaria aspirantes a dragoneantes del cuerpo de custodia y vigilancia?

2. De conformidad con los artículos 116, 117, 121 y 135 del Decreto 407 y 44 del Decreto 300 de 1997, ¿puede o no el Inpec, exigir y mantener el requisito de la edad para el ingreso de un colombiano como alumno de la escuela de formación Enrique Low Murtra, teniendo en cuenta que como alumno no se posee la calidad de cargo o empleo público, hasta no ser nombrado una vez aprobado dicho curso de formación, lo cual en todos los casos es eventual?

3. Conforme al artículo 64 transcrito, ¿debe darse aplicación a la Ley 931 de 2004, para efectos de convocar a curso y ascender al personal del cuerpo de custodia de los diferentes rangos y cargos sin tener en cuenta sus edades actuales?

4. Teniendo en cuenta que la Ley 909 de 2004, estableció para el personal que presta sus servicios en el Inpec, dadas las funciones especiales que desarrolla, un régimen de carrera específico, sometido a reglamentaciones concretas para la regulación y aplicación de la carrera administrativa en materia de ingreso, ascenso, capacitación, etc., ¿sería viable afirmar que estas normas podrían ser modificadas por la Ley 931 de 2004?

5. Si existen artículos del régimen penitenciario que sean objeto de reforma o sean derogados con la ley consultada, ¿por cuáles normas o procedimientos se deben suplir?

6. De acuerdo con las causales de desvinculación del Inpec, señaladas en el artículo 49 del Decreto 407 de 1994, entre ellas la edad de retiro forzoso y la de sobrepasar la edad máxima para cada grado, ¿podrían ser afectados directamente por la Ley 931 de 2004?

7. Conforme al artículo 143 del Decreto 407 de 1994, los ascensos del personal de oficiales, suboficiales y dragoneantes del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional, se confieren con sujeción al lleno de ciertos requisitos, siendo uno de ellos la edad. En aplicación a la Ley 931 de 2004, ¿debe eliminarse este requisito para que un funcionario del cuerpo de custodia y vigilancia acceda al cargo o rango superior?

8. De acuerdo al artículo 176 transcrito, en el evento que el Director General del Inpec según sus potestades decida convocar a guardianes municipales y departamentales para que adelanten curso de formación de dragoneantes, ¿tendría que eliminarse el requisito de la edad, no superior a 40 años?

9.¿Es viable que una entidad pública incorpore a un ciudadano mayor de 65 años en un empleo público?”

El señor ministro señala que existen ciertas entidades que dada la singularidad de las funciones que desempeñan, sus funcionarios se encuentran sometidos a un régimen específico de carrera, como en el Inpec cuyo régimen de personal está contenido en el Decreto-Ley 407 de 1994. Agrega la consulta que la Ley 931 de 2004 por ser de carácter general no derogó este régimen de carrera específica.

1. Antecedentes legislativos y alcance de la Ley 931 de 2004.

La Ley 931 de 2004 tiene por objeto establecer una protección especial a las personas en cuanto tienen derecho a ser tratados en condiciones de igualdad para acceder a un trabajo, sin que puedan ser discriminados en razón de su edad; protección que concretó en la siguiente disposición de carácter prohibitivo:

“ART. 2º—Prohibición. Ninguna persona natural o jurídica, de derecho público o privado, podrá exigir a los aspirantes a ocupar un cargo o ejercer un trabajo, cumplir con un rango de edad determinado para ser tenido en cuenta en la decisión que defina la aprobación de su aspiración laboral.

Los requisitos para acceder a un cargo que se encuentre vacante o a ejercer un trabajo deberán referirse a méritos o calidades de experiencia, profesión u ocupación”.

Con base en la anterior prohibición, el legislador ordenó a las personas de derecho privado y público modificar los reglamentos de trabajo y las convocatorias que contemplen restricciones de edad, en los siguientes términos:

“ART. 3º—Razones de equidad. A partir de la vigencia de la presente ley, los reglamentos que contemplen restricciones de edad para acceder a un cargo o empleo o un trabajo deberán ser modificados, con el propósito de eliminar esta o cualquier otra limitante que no garantice condiciones de equidad, razones que deberán ser promovidas entre todos los trabajadores. De igual forma, las convocatorias públicas o privadas no podrán contemplar limitantes de edad, sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión u opinión política o filosófica”.

Considera la Sala que es procedente remitirse a los antecedentes legislativos de la ley en comento, con el fin de identificar las razones que llevaron al legislador a incluir el criterio de la “edad”, como sospechoso de discriminación de las personas, que atenta contra la igualdad de acceso al trabajo, contemplada en el artículo 53 de la Constitución Nacional.

El Proyecto de Ley 68 de 2003 presentado ante el Senado de la República, por el cual se dictan normas sobre el derecho al trabajo en condiciones de igualdad en razón de la edad, originalmente se propuso para proteger el derecho al trabajo de las personas mayores de 30 años, que estaban siendo discriminadas en el mercado laboral. En la exposición de motivos, se lee:

“No obstante la existencia de todas estas normas que han sido instituidas para amparar el derecho de los colombianos al trabajo, la realidad que se vive en nuestro país es muy distinta. Miles de colombianos viven desde hace muchos años con el estigma de ser despreciados y rechazados cuando presentan entrevistas de trabajo por la simple y humana circunstancia de no cumplir con las exigencias que los contratantes les hacen con respecto a la edad. Muchas empresas y establecimientos inclusive ponen en sus convocatorias con carácter estricto, que las hojas de vida se reciben solamente a personas cuyo promedio de edad no supere los treinta años.

“De esta manera Colombia se convierte en uno de los pocos países del mundo en el que el talento y la capacidad de las personas mayores de treinta años se desperdicia en el terreno de las oportunidades que el Estado y los particulares están en la obligación de proveer. Irónicamente, en lugar de privilegiar las ventajas que se adquieren en virtud de la experiencia y de los méritos académicos y profesionales que se suman con el paso de los años, como sí ocurre en muchos países del mundo, en Colombia se subestima y se subvaloró al trabajador que quizás a los treinta, cuarenta, cincuenta o más años, se encuentra en la etapa más.fértil y productiva de su vida laboral”.

En concordancia con lo anterior, en los debates que se surtieron en el seno de esa corporación, se manifestó:

“(...) el proyecto lo que trata es de evitar una discriminación en las edades para ingresar a trabajar en algunas empresas, es que se viene dando el caso señor presidente y honorables senadores que algunas empresas del sector privado han establecido como requisito o condición que cualquier persona para ingresar al trabajo requiere tener menos de 30 años de edad; entonces con esto lo que queremos es eliminar esa discriminación en edades para ingresar al trabajo, sobre todo en el sector privado, de que no haya discriminación sino que se acepten a las personas sin distingos de edades (1) .

(...) de las estadísticas sobre desempleo se encontró que las mayores tasas de desempleo se encuentran en las personas jóvenes y las personas adultas, y también se detectó que en las empresas hay una tendencia a discriminar a esos sectores, entonces ese es el sentido de este proyecto; hay otro proyecto de ley en curso en la Comisión Séptima que versa sobre el tema de edad de retiro forzoso, ampliando unas excepciones que están en el Decreto 2400 del 68 sobre edad de retiro forzoso a los 65 años, pero ese todavía viene en camino (...)” (2) .

Concretamente sobre la prohibición del artículo 2º de la Ley 931 de 2004, el ponente en el primer debate ante el Congreso, señaló:

“Para el efecto, se prohíbe a las empresas privadas y públicas exigir un rango de edad determinado a aquellos ciudadanos aspirantes a ocupar cualquier tipo de cargo, como aquella decisión que defina la aprobación de la aspiración laboral”.

“Consecuencialmente, dispone que los requisitos se refieran a condiciones de méritos o calidades de tipo profesional, personal o salud física o mental, ordenando a los empleadores las modificaciones pertinentes en los respectivos reglamentos de trabajo”.

Llama la atención de la Sala, que en el proyecto original, en las actas de los debates, así como en el articulado aprobado por el Congreso, la prohibición, recae sobre los reglamentos y las convocatorias públicas o privadas, pero no sobre las disposiciones de orden legal que establecen la edad como requisito de ingreso al trabajo. El ponente al hacer alusión a una sentencia de la Corte Constitucional en una acción de tutela en la que se protegió el derecho al trabajo de un taxista .por haber sido discriminado en razón de la edad, ser mayor de 50 años según el reglamento de una cooperativa, deja a salvo, la posibilidad de que el legislador, atendiendo a criterios de justicia, proporcionalidad y razonabilidad, establezca esta restricción, como se lee en este párrafo tomado de las actas del trámite legislativo:

“(...) cualquier regulación que produzca restricciones a los derechos de las personas reconocidos y protegidos en el ordenamiento jurídico, debe provenirdel ejercicio mismo de la actividad legislativa, por la implicación que ella tiene en el desarrollo de la persona humana y dado el alcance de su contenido y la aplicación generalizada del mismo” (resalta la Sala).

En los antecedentes transcritos se constatan dos decisiones que son fundamentales para la interpretación de la ley:

La primera, que la ley se refiere a los reglamentos y convocatorias, dejando a salvo la posibilidad de que la ley defina, o haya definido, ciertos rangos de edad como requisito de ingreso o ascenso laborales, siempre y cuando medien razones de proporcionalidad, de razonabilidad y de justicia, con miras a armonizar el interés público y el derecho de las personas a ser tratadas en igualdad de condiciones (3) .

La segunda, que la ley se refiere al ingreso al trabajo, sin que se ocupe de los ascensos, traslados o retiro de los funcionarios o trabajadores, de manera que estas situaciones no fueron objeto de esta regulación.

Considera la Sala que en la interpretación de la Ley 931 de 2004 deben tenerse en cuenta los antecedentes legislativos, en los que se explica la voluntad del Congreso, integrándolos al texto legal.

2.El sistema específico de carrera del Instituto Nacional Penitenciario —Inpec—. La edad como requisito de ingreso.

Los sistemas de carrera, como lo afirma la Corte Constitucional en reciente sentencia (C-501 de 2005) son instrumentos para asegurar el mérito laboral, académico y profesional, la igualdad de oportunidades y el desempeño eficiente de las funciones públicas, así como la permanencia, promoción y el retiro de los diferentes empleados del Estado.

En desarrollo de la atribuciones conferidas al legislador en la materia, las leyes 27 de 1992, 443 de 1998 y más recientemente la 909 de 2004 han regulado la carrera administrativa, previendo un régimen general de carrera administrativa, unos específicos y otros especiales de origen constitucional.

La Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”, en el artículo 4º define los sistemas específicos de carrera en los siguientes términos:

“1. Se entiende por sistemas específicos de carrera administrativa aquellos que en razón a la singularidad y especialidad de las funciones que cumplen las entidades en las cuales se aplican, contienen regulaciones específicas para el desarrollo y aplicación de la carrera administrativa en materia de ingreso, capacitación, permanencia, ascenso y retiro del personal y se encuentran consagradas en leyes diferentes a las que regulan la función pública.

2. Se consideran sistemas específicos de carrera administrativa los siguientes: (...).

— El que rige para el personal que presta sus servicios en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) (...).

2. La vigilancia de estos sistemas específicos corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Parágrafo (...)” (negrilla fuera del texto original).

Esta ley deja vigentes algunas de las normas que regulan las carreras específicas, entre ellas la del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. Cabe anotar que la Ley 443 de 1998 también consideró la carrera de los funcionarios de esta entidad como específica, e igualmente dejó vigentes las normas que la regulaban, esto es, el Decreto-Ley 407 de 1994 (4) , el que remite a las reglas generales de los servidores públicos nacionales los aspectos que no hubiere regulado (art. 184).

La sola consideración de la necesidad de una carrera específica, supone la valoración del legislador de la singularidad y especialidad de las funciones que ejerce el Inpec y de la necesidad de que se continúe rigiendo por las normas específicas que regulan el ingreso, capacitación, permanencia, ascenso y retiro del personal que ha de ejercer sus funciones y realizar los cometidos de esta entidad.

Este régimen específico, califica los servidores que prestan sus servicios al instituto como empleados públicos (art. 8º) y clasifica los empleos según su naturaleza y la forma como deben ser provistos, en: de libre nombramiento y remoción y de carrera (art. 10). La norma en comento establece la carrera penitenciaria y carcelaria para los funcionarios vinculados en esta forma y se clasifica el personal de carrera en administrativo, y del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional.

El cuerpo de custodia está definido como un “organismo que cumple un servicio esencial del Estado, armado, de carácter civil y permanente al servicio del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec e integrado por personal uniformado, jerarquizado, con régimen y disciplina especiales” (art. 117, ibíd.), que en caso necesario, está autorizado para emplear los medios coercitivos autorizados por la ley o el reglamento (arts. 113 a 115).

La selección para el ingreso a la carrera penitenciaria del personal del cuerpo de custodia, según el artículo 80 del Decreto-Ley 407 de 1994, se efectúa acreditando sus méritos y conocimientos a través de los cursos que realiza la escuela de formación Enrique Low Murtra.

La admisión a los cursos de formación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Decreto-Ley 407 de 1994, será libre para todas las personas que “demuestren poseer los requisitos exigidos para el desempeño del empleo, objeto de la convocatoria. En los cursos y concursos de ascenso solo podrán participar los empleados inscritos en el escalafón”.

Con este sistema de selección se garantizan las aptitudes físicas y mentales, la capacitación y formación, la responsable utilización de los medios coercitivos cuando ello sea necesario, la prestación permanente y eficaz del servicio y la más exigente idoneidad del personal al servicio del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

En este régimen específico, varias disposiciones tienen en cuenta la edad, bien en el del caso del aspirante a ingresar a la carrera, o bien para ascender de grado.

Así, el artículo 119 del Decreto-Ley 407 establece que para ingresar al cuerpo de custodia se requiere:

“1. Ser colombiano.

2. Tener más de dieciocho años y menos de veinticinco años de edad, al momento de su nombramiento (...)”.

Para el ingreso a la carrera en el grado de oficial, se requiere ser menor de 30 años, y además tener título universitario, aprobar el examen médico y superar el curso correspondiente a teniente, según las voces del artículo 138 del estatuto que se comenta.

Por su parte, el artículo 176 prevé la posibilidad de ingreso al cuerpo de custodia de los guardianes municipales y departamentales que no superen 40 años de edad, además de otras condiciones.

En materia de ascenso, el artículo 143 del Decreto 407 de 1994, prevé:

“Condiciones para los ascensos. Los ascensos del personal de oficiales y suboficiales y dragoneantes del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional, se conferirán con el lleno de los siguientes requisitos, de acuerdo con las vacantes existentes: a) tener el tiempo mínimo de servicio efectivo establecido para cada grado; b) adelantar y aprobar los cursos respectivos; c) acreditar aptitud psicofísica certificada por la Caja Nacional de Previsión o su equivalente; d) concepto favorable de la junta de carrera penitenciaria; e) aprobar la evaluación y calificación de acuerdo con el reglamento; f) los demás requisitos establecidos por el presente decreto”.

El recuento anterior no pretende ser exhaustivo, señala cómo existe un régimen específico de carrera aplicable para el ingreso y ascenso del personal en el cuerpo de custodia, y cómo se toma en consideración la edad de la persona como un criterio más de calificación y de aptitud para el debido cumplimiento de las funciones especiales encomendadas a este grupo de servidores, que el legislador ha evaluado indispensables en un cuerpo caracterizado por ser armado, de carácter civil y permanente, e integrado por personal uniformado, jerarquizado, con régimen y disciplina especiales.

El legislador extraordinario ha hecho uso de su libertad de configuración para exigir determinadas condiciones de acceso o permanencia en el servicio, lo que es propio de su competencia (5) ,requisito que no afecta el principio de igualdad por el hecho de tener en cuenta diferencias, en este caso de edad, pues el tratamiento legal contribuye a lograr una igualdad real y efectiva, además de corresponder a un criterio objetivo y razonable, visto frente a la naturaleza de las funciones que le corresponde cumplir al cuerpo de custodia y vigilancia.

En el primer acápite de este concepto, hacía notar la Sala que en el trámite legislativo se dejó a salvo la posibilidad de que el legislador hubiere establecido la necesidad de encontrarse en ciertas condiciones de edad para acceder a determinados trabajos, por lo que se concluía que el artículo 3º de la Ley 931 de 2004 al referirse únicamente a los reglamentos y a las convocatorias laborales, dejaba incólume la libertad del legislador para consagrar en normas de rango legal algún requisito derivado de la edad. Es clara entonces la voluntad del Congreso en no derogar las reglas legales preexistentes sobre este particular, lo que se desprende no solo del texto legal que se comenta sino del absoluto silencio que sobre el particular hubo en los debates legislativos, en los que para nada se refirieron a la posible modificación de las diferentes carreras que existen para el personal que labora en el Estado.

La exigencia de cierta edad para determinar el ingreso o para convocar un curso de ascenso de los previstos en el Decreto-Ley 407 de 1994, no es extraño al régimen general de carrera en el que, por ejemplo, se exige para ser elegido miembro de la Comisión Nacional del Servicio Civil, ser mayor de 35 años, requisito contenido en el artículo 8º numeral 2º de la Ley 909 de 2004, el cual ha sido declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-452 de mayo 3 de 2005, en la que se afirma:

“Así las cosas, aplicando el test flexible se tiene que el fin buscado por el legislador al establecer un requisito de edad mínima, cual es la búsqueda de personal que sepa responder más y mejor a las responsabilidades que implica la dirección de la carrera administrativa no solo no está prohibida en la Carta, sino que está protegido” (...).

“En conclusión: el establecimiento de la edad mínima de 35 años es constitucional puesto que 1) la fijación de requisitos para ser miembro de la Comisión Nacional del Servicio Civil se encuadra dentro de la libertad de configuración del legislador, y 2) no vulnera el derecho a la igualdad ni establece discriminación alguna, ya que a) se persigue una finalidad legítima cual es la búsqueda de personal más calificadopara desempeñar funciones públicas, b) la edad ha sido encontrada por la jurisprudencia de esta corporación como un medio adecuado para conseguir tal fin y c) tal medio es razonable y proporcionado” (negrillas no originales).

El legislador en su libertad de configuración, puede contemplar la edad como requisito de ingreso al servicio público —más aun tratándose de un sistema específico de carrera—, el cual no constituye vulneración del principio de igualdad garantizado constitucionalmente, pues tal exigencia no implica discriminación, conforme lo ha establecido la Corte Constitucional al aplicar el test débil o flexible de igualdad, ante la constatación de que el medio empleado por el legislador es el adecuado para alcanzar el propósito buscado.

De lo expuesto se desprenden dos corolarios, a saber:

En primer término, el Inpec en el momento de abrir algún concurso o convocatoria, puede incluir en ellos los requisitos de edad que existen en la ley (D.L. 407/94), pero no puede establecer ningún otro que dependa de la edad, pues, como solo el legislador puede crearlos, carece de competencia para definir nuevos rangos de edad.

En segundo término, el mandato de modificación de los reglamentos y de las convocatorias públicas o privadas que contemplen restricciones por razón de la edad para acceder a cargos, no comprende las disposiciones de carácter legal en las que el legislador haya contemplado alguna restricción derivadas de la naturaleza del servicio. La prohibición contenida en el artículo 2º de la Ley 931 de 2004 ha de entenderse referida a actos de naturaleza administrativa que no estén amparados en la ley, como por ejemplo las convocatorias públicas que introduzcan la edad como factor para participar o ingresar, sin contar con una disposición legal que así lo prevea.

Ahora bien, como quiera que la entidad consultante pregunta sobre la posibilidad de exigir y mantener el requisito de edad para el ingreso de un colombiano como alumno de la escuela de formación Enrique Low Murtra, teniendo en cuenta que en esta situación no se posee la calidad de empleado público, la Sala, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Decreto-Ley 407 de 1994, considera que es válida su exigencia, no solo porque la norma así lo prevé, sino porque admitir para capacitar un grupo de personas que no cuenten con todos los requisitos de rango legal para prestar el servicio, atentaría contra los principios administrativos de eficiencia y economía y generaría falsas expectativas en los aspirantes, que deberán ser rechazados en otra etapa del proceso de selección.

3. La edad como requisito de ascenso y de retiro.

Del texto de la Ley 931 de 2004 como de la lectura de sus antecedentes, se desprende con toda claridad que el legislador tan solo reguló el ingreso de las personas al trabajo, prohibiendo que en los reglamentos y convocatorias públicas y privadas se excluyeran ciertas personas por tener determinada edad, dejando a salvo las normas de carácter legal que consagraran este requisito.

De acuerdo con lo anterior, al no regular la ley en cita, lo referente a los ascensos en las carreras del Estado, o la edad de retiro, tanto la general de retiro forzoso como las que de manera particular contengan ciertas carreras, estas normas de rango legal, quedaron vigentes y sobre ellas no cabe hacer una mayor precisión doctrinaria. De todas formas, se recuerda que en los antecedentes legislativos de la Ley 931 de 2004 se dejaron a salvo las reglas legales que consagraban rangos de edades para el ingreso al trabajo, por lo que lo expuesto también podría aplicarse en lo referente a los ascensos y el retiro por efectos de la edad de los funcionarios.

Vale la pena anotar que la Corte Constitucional al analizar la constitucionalidad del artículo 64 en comento del Decreto-Ley 407 de 1994 que determina como causal de retiro de ciertos funcionarios del cuerpo de custodia del Inpec la llegada a determinadas edades, en Sentencia C-108 de 1995, consideró que es un justo motivo para retirar al empleado.

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala responde:

1. De acuerdo al artículo 119 del Decreto-Ley 407 de 1994, el Inpec, en tanto, tiene un régimen específico de carrera, que por disposición expresa del legislador consagra el requisito de la edad para adelantar las convocatorias de alumnos de la escuela penitenciaria aspirantes a dragoneantes del cuerpo de custodia y vigilancia, está vigente.

2. El Inpec puede exigir la edad definida en el Decreto-Ley 407 de 1994, para el ingreso de un colombiano como alumno de la escuela de formación Enrique Low Murtra.

3. Para efectos de convocar a curso para el ascenso del personal del cuerpo de custodia de los diferentes rangos y cargos, debe darse aplicación al régimen específico de carrera que rige en el Inpec, incluyendo el artículo 64 del Decreto-Ley 407 de 1994, dado que se encuentra vigente.

4. y 5. La Ley 931 de 2004 no modificó el régimen de carrera específica del Decreto-Ley 407 de 1994. En los concursos y convocatorias que realice el Inpec para el ingreso y ascenso de funcionarios de carrera, no puede incluir la edad como requisito, salvo los expresamente contemplados en el Decreto-Ley 407 de 1994.

6. Las causales de desvinculación del Inpec, señaladas en el artículo 49 del Decreto 407 de 1994, entre ellas la edad de retiro forzoso y la de sobrepasar la edad máxima para cada grado, no han sido modificadas por la Ley 931 de 2004.

7. Los ascensos del personal de oficiales, suboficiales y dragoneantes del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional, se deben conferir de acuerdo con los requisitos previstos por el Decreto-Ley 407 de 1994. Por tanto, el Inpec podrá exigir un rango de edad o una edad máxima en las convocatorias para los cursos de ascenso en las cuales el decreto ley así lo autorice.

8. En el evento que el Director General del Inpec, según sus potestades decida convocar a guardianes municipales y departamentales para que adelanten curso de formación de dragoneantes, debe observarse el requisito de la edad de no tener más de 40 años, conforme al artículo 176 del Decreto-Ley 407 de 1994.

9. No es viable que una entidad pública incorpore a un ciudadano mayor de 65 años en un empleo público, salvo las excepciones legales.

Transcríbase al señor Ministro del Interior y de Justicia, y envíese copia a la secretaría jurídica de la Presidencia de la República.

Magistrados: Gustavo E. Aponte Santos, Presidente de la Sala—Enrique José Arboleda P.—Luis Fernando Álvarez J.—Flavio Augusto Rodríguez A.

Elizabeth Castro Reyes, Secretaria de la Sala.

(1) Acta de plenaria 18 del 26 de noviembre de 2003, Senado.

(2) Ibídem.

(3) Corte Constitucional. Sentencia C-452 de 2005. Demanda de inconstitucionalidad del artículo 8º, numeral 2º, parcial de la Ley 909 de 2004. “(...) para ser elegido miembro de la Comisión Nacional de Servicio Civil se requiere ser colombiano de nacimiento, mayor de 35 años (...)”.

(4) Decreto expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República por el artículo 172 de la Ley 65 de 1993. Dispuso el artículo 172: “Facultades extraordinarias. De conformidad con el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístese de precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República, por el término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de la promulgación del presente código, para dictar normas con fuerza de ley sobre las siguientes materias: 1. Ingreso al servicio del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional. 2. Composición, clasificación y categoría del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria. 3. Formación, capacitación, actualización, grados, clases y ascensos, concursos, comisiones, ascenso póstumo, comando general, dependencia, selección, funciones y término de servicio. 4. Destinación, situaciones administrativas, retiro y reintegro. 5. Régimen de carrera penitenciaria, organización y administración”.

(5) En la Sentencia C-1044 de 2000, la Corte Constitucional afirma: “El acceso al desempeño de funciones públicas, es una de las dimensiones del derecho de participación del que son titulares todos los colombianos, consagrado como fundamental en el artículo 40 de la Constitución Política, por eso, las restricciones que el legislador imponga a su ejercicio, deben ser excepcionales y acreditar un fundamento suficiente y razonable, pues en ningún caso pueden afectar el núcleo esencial del derecho a la igualdad de las personas, cuya participación siempre deberá constituir objetivo prioritario del poder regulador”.

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