Concepto 1676 de septiembre 22 de 2005 

CONCEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Ref.: Rad. 1.676

Consejero Ponente:

Dr. Enrique José Arboleda Perdomo.

Bogotá, D.C., veintidós de septiembre de 2005

Estructura de la administración nacional. Modificaciones.

Oficina del comisionado de la Policía Nacional.

El señor Ministro de Defensa Nacional solicita a esta corporación “precisar y aclarar algunos aspectos relacionados con la oficina del comisionado nacional para la policía”, para lo cual narra los siguientes antecedentes:

1. La Ley 62 de 1993, sobre reformas a la Policía Nacional, en el título IV, “mecanismos de control”, artículos 21 a 24, creó el cargo de comisionado nacional para la Policía, disponiendo que cumpliría sus actividades con dependencia funcional de la dirección general de la Policía Nacional en los aspectos operativos, y de coordinación en lo relacionado con el régimen disciplinario; tales actividades o funciones se concretan en vigilar el régimen disciplinario y operacional de la Policía Nacional, tramitar las quejas de la ciudadanía, ser la máxima instancia de la vigilancia y el control disciplinarios, ordenar y supervisar investigaciones penales y evaluar, diagnosticar y adoptar medidas sobre los problemas de la institución.

El inciso final del artículo 21 de la ley en cita, “facultó” al Gobierno Nacional para determinar la estructura de la oficina del comisionado; lo cual concretó en el Decreto 1588 de 1994, que la definió como una “oficina especial” y la dotó de estructura propia, y por Decreto 1810 de 1994, le estableció la planta de personal.

2. La Ley 124 de 1994, le otorgó al comisionado “una potestad disciplinaria especialísima”, que es la de sancionar cualquier abuso de los miembros de la Policía Nacional contra menores en estado de embriaguez.

3. Con base en las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 30 de la Ley 344 de 1996, el Gobierno Nacional, por medio del Decreto-Ley 1670 de 1997, suprimió la oficina del Comisionado Nacional para la Policía, aduciendo que cumplía funciones paralelas a otros organismos estatales y además, de manera ineficiente, y por Decreto 2059 de 1997 suprimió los cargos de la planta de personal.

La Corte Constitucional en Sentencia C-140 de 1998, declaró inexequible el Decreto-Ley 1670 de 1997, porque consideró que la oficina del comisionado no cumplía funciones paralelas, que los controles a su cargo eran compatibles con las funciones de la Procuraduría General; que cumplía una labor importante para la transparencia, eficiencia y oportunidad de las tareas a cargo de la policía y como órgano de comunicación entre ella y la comunidad. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, en consecuencia declaró la nulidad del decreto que había suprimido la planta de personal. Comenta el consultante que quienes desempeñaban los cargos suprimidos demandaron y los fallos fueron a su favor; y que cursan también demandas de reparación directa.

4. La oficina del comisionado se restableció, y en la actualidad ejerce sus funciones, para lo cual, y con fundamento en el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, se han expedido los siguientes decretos:

— Decreto 1932 del 30 de septiembre de 1999, que modifica la estructura del Ministerio de Defensa, e incluye la oficina del comisionado nacional para la policía en el despacho del ministro, señalando que “es una oficina especial de control” y que su estructura, organización y funciones son las de la Ley 62 de 1993 y el Decreto 1588 de 1994. La oficina reinicia labores el 23 de noviembre de 1999, fecha de posesión del comisionado designado después de la Sentencia C-140 de 1998.

— Decreto 944 del 2000, que deroga los numerales 5º y 8º del artículo 3º del Decreto 1588 de 1994, que facultaban al comisionado para nombrar y remover los funcionarios “de la entidad”(sic) y para conformar grupos de trabajo.

— Decreto 1512 del 2000, que modifica la estructura del Ministerio de Defensa y la de la oficina del comisionado; destaca la consulta que con ese decreto se “está modificando el Decreto 1588 de 1994... el cual fue expedido con base en las facultades del artículo 21 de la Ley 62 de 1993”; agrega que en el despacho del ministro se contempló la oficina del comisionado con tres direcciones: de quejas y denuncias, de control y vigilancia, y de evaluación y prevención, y se dejó la facultad de organizar grupos regionales; también se dispuso que en un plazo de tres meses se implementaría la nueva organización de la oficina del comisionado. sin que hasta la fecha se haya actuado en tal sentido.

— Decreto 49 del 2003, que modifica la estructura del Ministerio de Defensa, repite la ubicación de la oficina del comisionado en el despacho del ministro, con las direcciones y funciones establecidas en el Decreto 1512 del 2000.

También destaca la consulta: “La oficina del comisionado nacional para la policía hace parte de la estructura del Ministerio de Defensa Nacional de acuerdo con el recuento normativo anterior, pero la planta de personal con que cuenta es independiente a la del ministerio y está contemplada en el Decreto 1810 de agosto 3 de 1994”. A continuación formula las siguientes preguntas:

“1. ¿Es viable jurídicamente que el ejecutivo con fundamento en el artículo 189 numeral 16) y con lo establecido por el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, literales e) y f), mediante un decreto suprima la oficina del comisionado nacional para la policía y las direcciones de quejas y denuncias, evaluación y prevención y control y vigilancia, modificando la estructura del Ministerio de Defensa Nacional?

2. ¿Como consecuencia de lo anterior, es viable disponer el traslado y modificación de las funciones que tiene actualmente asignadas la oficina del comisionado nacional para la policía mediante Ley 62 de 1993 a otras dependencias del Ministerio de Defensa Nacional?

3. ¿Por haber sido creada la oficina del comisionado nacional para la policía por ley, deberá ser suprimida por otra ley?

4. ¿Las funciones otorgadas por el parágrafo del artículo 4º de la Ley 124 de 1994 a la oficina del comisionado nacional para la policía “por la cual se prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y se dictan otras disposiciones” determinó la competencia para sancionar cualquier abuso de la autoridad policial cometido en contra del menor hallándose el mismo en estado de embriaguez, puede ser asignadas(sic) a otra dependencia del Ministerio de Defensa Nacional, mediante un decreto expedido por el ejecutivo?

5. ¿De no ser viable suprimir la oficina del comisionado nacional para la policía por los mecanismos anteriormente anotados, existiría otra figura jurídica para hacerlo?”

Consideraciones de la Sala

Encuentra la Sala que el tema central para el concepto solicitado atañe, en primer término, a las competencias constitucionales del legislativo y el ejecutivo en materia de estructura de la administración nacional, de la de las entidades que la integran, y de los empleos; y en segundo término, a su aplicación respecto de la oficina del comisionado nacional para la policía, para lo cual se analizarán el origen de ésta, su organización, sus funciones y su planta de personal.

1. Las competencias del legislativo y del ejecutivo respecto de la estructura de la administración nacional y de las entidades que la conforman.

La Constitución Política de 1991, radica en el Congreso de la República la función de determinar la estructura de la administración nacional (art. 150, num. 7º (1) ) y en el Presidente de la República, con sujeción a la ley, las funciones de crear, suprimir o fusionar los empleos de la administración central, suprimir o fusionar entidades y organismos y modificar su estructura (art. 189, nums. 14, 15 y 16 (2) ).

La jurisprudencia de la Corte Constitucional (3) y del Consejo de Estado (4) , ha sido invariable y unificada alrededor de la interpretación del contenido material y alcances de la ley a la cual debe sujetarse el ejecutivo según se trate de creación, supresión o fusión de empleos, o de supresión o fusión de entidades o de modificación de organismos o entidades; e igualmente, ha sido coincidente en que ninguna de tales funciones puede ser ejercida sin la existencia de ley previa.

Así las cosas, a partir de la Constitución de 1991 y hasta la entrada en vigencia de la Ley 489 de 1998, fueron expedidas varias leyes que, por diversas razones expresadas en su texto o en sus antecedentes, modificaban la estructura de la administración nacional y las dependencias de los organismos y entidades que la conformaban, directamente o concediendo facultades extraordinarias al Presidente de la República, para el mismo efecto. Por supuesto, en este último caso, el Gobierno Nacional expedía decretos con fuerza de ley, cuyo control de constitucionalidad corresponde a la Corte Constitucional.

En el caso de la consulta, son ejemplo de las situaciones jurídicas mencionadas, tanto la Ley 344 de 1996 como el Decreto-Ley 1670 de 1997. La Ley 344 de 1996, fue expedida con el objeto, de racionalizar el gasto publico, para lo cual, entre otras disposiciones incluyó las facultades extraordinarias “para suprimir o fusionar, consultando la opinión de la comisión de racionalización del gasto público, dependencias, órganos entidades de la rama ejecutiva del orden nacional que desarrollen las mismas funciones o que traten las mismas materias o que cumplan ineficientemente sus funciones. con el propósito de racionalizar y reducir él casto público” (resalta la Sala).

Cuando el Decreto-Ley 1670 de 1997, que suprimió la oficina del comisionado de la Policía Nacional, fue demandado, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-140 de 1998 (5) , decidió de fondo por tratarse de un decreto con fuerza de ley; y además verificó que no se habían demostrado las expreses y taxativas condiciones establecidas por el legislador para el ejercicio de las facultades extraordinarias que confería al ejecutivo, por lo cual hubo de declararlo inexequible. Destaca la Sala que para la fecha de la Sentencia C-140, abril 15 de 1998, el Congreso de la República aún no había expedido la ley que definiera los principios y reglas generales para el ejercicio de la competencia conferida al ejecutivo en el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política.

El 30 de diciembre de 1998 fue promulgada la Ley 489 de 1998 (6) , “por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.

Cumplida entonces la exigencia constitucional expresamente establecida en los numerales 15 y 16, del artículo 189, las atribuciones en ellos contenidas emergieron conforme al querer del constituyente: como una competencia reglada pero propia del ejecutivo. Lo que se traduce en que al ejercerla, su titular expide actos administrativos, cuyo control de constitucionalidad y legalidad corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Los devenires normativos de la oficina del comisionado de la policía, enunciados en la consulta, traen el ejemplo de esa nueva situación jurídica: por el Decreto 1932 de 1999 se modificó la estructura del Ministerio de Defensa Nacional, incluyendo la oficina del comisionado de la policía como una dependencia del despacho del ministro. Para la expedición del Decreto 1932 en mención, las “atribuciones constitucionales y legales” del Presidente de la República, “en especial las conferidas por el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política y con sujeción a los principios y reglas del artículo 54 de la Ley 489 de 1998”. El decreto fue demandado ante la Corte Constitucional, que en Sentencia C-698 de 2000 (7) , decidió inhibirse, afirmando:

“... 1.7. En realidad, el Decreto 1932 de 1999 fue promulgado por el primer mandatario en ejercicio de la potestad reglamentaria de que se encuentra investido por la Constitución Política (art. 189) utilizada en esta ocasión para desarrollar el artículo 54 de la Ley 489 de 1998 que, como quedó explicado, fila el marco legal a partir del cual el ejecutivo puede proceder a modificar la estructura de los ministerios y demás establecimientos administrativos del orden nacional. Este hecho, por supuesto, descarta de plano que sea la jurisdicción constitucional, representada por la Corte Constitucional, la encargada de resolver la presente demanda, por ser la norma acusada de aquellas cuyo control corresponde al h. Consejo de Estado en los términos estipulados por el artículo 237 de la Carta Política”.

Varias de las disposiciones de la Ley 489 de 1998 fueron objeto de demanda, entre ellas los artículos 51, 52, 53, 54 y 55, que en particular desarrollaban los numerales 15 y 16 del artículo 189 constitucional, porque el actor aducía una “supuesta violación de la separación de las ramas del poder público, por entregarse al ejecutivo competencias ordinarias del congreso en materia de estructura de la administración nacional”. La Corte Constitucional, en la Sentencia 702-99, remitiéndose a la Sentencia C-262 de 1995, reiteró que para el ejercicio de las atribuciones contenidas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 constitucional, el ejecutivo requería ley previa, precisando:

“... en el caso del artículo, 189 número 15, la Constitución no señala límites materiales expresos, ni especiales ni específicos sobre el alcance y el eventual contenido de la ley de conformidad con la cual podría el ejecutivo “suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales” ... por el contrario, en el caso del numeral 16 del mismo artículo 189 de la Carta, se establece que la ley solo puede definir o señalar los principios y reglas generales con sujeción a los cuales el ejecutivo podría modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos nacionales, lo cual a su vez, se encuadra bajo el concepto de leyes marco según la noción doctrinaria y jurisprudencial que también se ha elaborado a partir de la reforma de 1968, y que admite que, por esta vía, el constituyente limita el ámbito de las competencias legislativas del Congreso en determinadas y precisas materias ...”.

Con base en este argumento, declaró inexequible el artículo 51, que trataba de la fusión de entidades u organismos nacionales; y parcialmente exequibles el artículo 52, referente a los principios y orientaciones generales que el ejecutivo debe seguir para la supresión, disolución y, liquidación de los mismos, y el artículo 54, dejando a salvo un conjunto de principios y reglas generales bajo los cuales el gobierno puede modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás organismos administrativos del orden nacional.

En síntesis, trátese de organismo, de entidad, o de las dependencias que conforman su estructura, es competencia del Presidente de la República, con aplicación del texto declarado exequible de los artículos 52 y 54 de la Ley 489 de 1998, su supresión o su modificación.

Es pertinente agregar que la función del Congreso de la República en cuanto a determinar la estructura de la administración nacional, incluye la de señalar los objetivos y la estructura orgánica de los ministerios, departamentos administrativos y demás organismos y entidades que la conformen. Y que al tenor del segundo inciso del artículo 50 de la Ley 489 de 1998:

“La estructura orgánica de un organismo o entidad administrativa comprende la determinación de los siguientes aspectos:

1. La denominación.

2. La naturaleza jurídica y el consiguiente régimen jurídico.

3. La sede.

4. La integración de su patrimonio.

5. El señalamiento de los órganos superiores de dirección y administración y la forma de integración y de designación de sus titulares, y

(...).

Por manera que los elementos que constituyen la estructura orgánica de un organismo o entidad administrativa nacional no pueden ser modificados por el ejecutivo cuando ejerza la atribución conferida en el numeral 16 del artículo 189 en desarrollo del artículo 54 de la Ley 489 de 1998.

2. El comisionado nacional de la policía.

2.1. El cargo y la oficina.

El texto del artículo 21 de la Ley 62 de 1993 (8) , dispone la creación de: “el cargo de comisionado nacional para la policía”, con el objeto de “ejercer la vigilancia del régimen disciplinario y operacional y tramitarlas quejas de la ciudadanía”; en armonía con él, los artículos 22 y 23 ibídem, expresan que el comisionado “será un funcionario no uniformado” con calidades de magistrado de la Corte Suprema de Justicia; que su nombramiento corresponde al Presidente de la República, de terna conformada por el Consejo Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana, de remoción discrecional también del Presidente de la República; y en el artículo 24 ídem, las funciones se asignan al “comisionado”.

La revisión de los antecedentes de la Ley 62 de 1993, muestra que en septiembre de 1992 el Ministro de Defensa Nacional radicó un proyecto de ley para reestructurar la Policía Nacional, el cual no incluía la figura del comisionado (9) . Dicho Proyecto 43 de 1992, en Cámara, recibió primer debate en diciembre del mismo año, sin modificaciones de fondo.

Por el Decreto 591 de 1993 se creó e integró la “comisión consultiva para la reestructuración de la Policía Nacional”. En la Gaceta 191 (10) del Congreso de la República, está publicado el informe final rendido por dicha comisión; en el capítulo VI recomienda, entre otros mecanismos de control, crear el comisionado nacional para la policía, con funciones de veeduría ciudadana y vigilancia del régimen disciplinario, que debería ser un funcionario no uniformado, con calidades de magistrado de los altos tribunales, nombrado por el Presidente de la República, de terna conformada por el Consejo Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana, de remoción discrecional del Presidente de la República.

El Gobierno Nacional envió mensaje de urgencia al Congreso de la República para el avance del Proyecto 43 de 1992 Cámara, invocando la grave crisis que afrontaba la Policía Nacional y los bajos niveles de credibilidad frente a la sociedad. En la ponencia para el debate conjunto de las comisiones segundas de Cámara y Senado (11) , los ponentes propusieron modificaciones sustanciales que recogían los criterios del Gobierno Nacional, de la comisión consultiva creada por el Decreto 591 de 1993 y de una comisión interna del congreso; y presentaron un proyecto de ley de seis títulos, el cuarto de los cuales establecía los “mecanismos de control”, creaba el cargo de comisionado e incorporaba los términos recomendados por la comisión consultiva, con un único cambio consistente en precisar que las calidades del funcionario serían las correspondientes a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El texto del proyecto, en cuanto se refiere al comisionado, no sufrió modificación alguna en los debates subsiguientes.

Las interpretaciones gramatical e histórica de la figura del comisionado hacen evidente que fue desde sus orígenes, un cargo y un funcionario; y que, en atención a su objeto y a sus funciones, el legislador ordenó al Gobierno Nacional, en el inciso final del artículo 21 de la Ley 62 de 1993, que estableciera “la estructura de la oficina”, esto es, que lo dotara de recursos, esto es, de un conjunto de elementos que en lenguaje común se identifican con el vocablo “oficina” y que técnicamente corresponden al concepto de “dependencia” en la estructura de la administración pública. Para el efecto, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1588 de 1994, que en el artículo 1º identifica el cargo del comisionado con la “oficina”; califica esta como “especial”; le establece una estructura interna conformada por direcciones, unidades y secretaría general y por dependencias regionales; y aunque no lo dice expresamente, lo configura como una dependencia del Ministerio de Defensa Nacional, pues el artículo 1º, inciso segundo, se refiere al Ministro de Defensa como la autoridad que podrá delegar en el comisionado las facultades atinentes a la ordenación del gasto y a la contratación administrativa; como dependencia del ministerio en mención ha continuado incluyéndose expresamente en los decretos sobre estructura de ese ministerio expedidos por el Gobierno Nacional a partir de 1999, como se comentará más adelante.

Por Decreto 1810 de 1994 se establece “la planta de personal comisionado nacional para la policía”; se señala que los funcionarios tendrán el régimen prestacional consagrado en los decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978; y se asigna al comisionado la distribución de los cargos.

En vigencia de la Ley 489 de 1998, como lo reseña la consulta, la oficina del comisionado nacional para la Policía Nacional es una dependencia del Ministerio de Defensa Nacional, que se ubica en el despacho del ministro, conservándose igual en las modificaciones a la estructura de dicho ministerio que se han hecho en los decretos 1932 de 1999, 1512 del 2000 y 49 del 2003, con fundamento en el numeral 16 del artículo 189 de la Carta y el artículo 54 de la Ley 489 en comento.

Por consiguiente, en ejercicio de la atribución conferida por el numeral 16 del artículo 189 constitucional y con sujeción a los principios y reglas generales establecidos en el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, puede el ejecutivo modificar la estructura del Ministerio de Defensa Nacional suprimiendo la oficina del comisionado nacional para la policía. Dice el citado artículo 54 en su primer inciso y en el literal j):

Con el objeto de modificar, esto es, variar, transformar o renovar la organización o estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades y organismos administrativos nacionales, las disposiciones aplicables se dictarán por el Presidente de la República conforme a las previsiones del numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política y con sujeción a los siguientes principios y reglas generales: (...) j) se podrán fusionar, suprimir o crear dependencias internas en cada entidad u organismo administrativo (...) (12) ”.

2.2. La planta de personal.

De conformidad con el artículo 189, numeral 14, de la Constitución Política, corresponde al Presidente de la República la creación, fusión o supresión de los empleos de la administración central. Como la oficina del comisionado de la Policía Nacional es de una dependencia del Ministerio de Defensa, su planta de personal está conformada por empleos de la administración central, de competencia constitucional del ejecutivo para su supresión, dando aplicación a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de modificación de plantas de personal por supresión de empleos.

2.3. Las funciones y en particular la asignada en el parágrafo del artículo 4º de la Ley 124 de 1994.

Recuerda la Sala que la Ley 62 de 1993, al crear el cargo del comisionado nacional para la policía, le señaló sus funciones y dispuso que el gobierno determinaría la estructura de la oficina y las funciones de esta. Si en ejercicio de las competencias regladas que ya se analizaron, el Gobierno Nacional decide suprimir el cargo del comisionado y la correspondiente dependencia del Ministerio de Defensa Nacional, habrá de prever la atribución de aquellas potestades que encuentre necesarias, en otras dependencias del ministerio, porque así lo faculta el artículo 54, literal m) (13) de la Ley 489 de 1998, a cuyo tenor:

“Deberán suprimirse o fusionarse los empleos que no sean necesarios y distribuirse o suprimirse las funciones específicas que ellos desarrollaban. En tal caso, se procederá conforme a las normas laborales administrativas”.

En cuanto a la función de sancionar los abusos de la autoridad policial contra menores en estado de embriaguez, de que trata el parágrafo del artículo 4º de la Ley 124 de 1994, es útil acudir al pronunciamiento de la Corte Constitucional contenido en la Sentencia C-796 de 2004 (14) , que declaró inexequible la parte final de dicho parágrafo que determinaba que la sanción sería “la destitución inmediata del responsable o responsables”; puesto que en las consideraciones de la sentencia, la Corte deja muy claro que se trata de una conducta disciplinable administrativamente, y que a pesar de la evidente “falta de tipicidad y proporcionalidad”, es factible su aplicación, respetando “los criterios de valoración de las conductas y las penas establecidos en el régimen disciplinario especial de la Policía Nacional (D.L. 1798/2000) y en el Código Disciplinario Único (L. 734/2002)”.

Ahora bien, dispone el artículo 189, numeral 14 de la Constitución Política que corresponde al Presidente de la República, señalar las funciones especiales de los empleos de la administración central. De manera que, en ejercicio de esta competencia constitucional puede asignar el conocimiento de la conducta a que se refiere el parágrafo del artículo 4º de la Ley 124 de 1994, su investigación y sanción, a la dependencia que dentro del ministerio tenga la competencia para la aplicación del régimen disciplinario.

Con fundamento en lo anterior, la Sala responde:

1, 2 y 5. Es de competencia del ejecutivo la modificación de la estructura del Ministerio de Defensa Nacional, con base en la cual puede suprimir la oficina y el cargo del comisionado nacional para la policía y las direcciones de quejas y denuncias, evaluación y prevención y control y vigilancia, y como consecuencia, reasignar sus funciones en otras dependencias del mismo ministerio, con fundamento en los numerales 14 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 54 de la Ley 489 de 1998.

3. La supresión de organismos, entidades o dependencias es competencia del ejecutivo, como se ha dejado expuesto. Siendo como es una dependencia del Ministerio de Defensa Nacional, corresponde al ejecutivo decidir sobre la permanencia, modificación o supresión de la oficina del comisionado nacional para la policía, aunque haya sido creada por ley.

4. Es factible que, en ejercicio de la competencia constitucional consagrada en el numeral 14 del artículo 189, se asigne el conocimiento, la investigación y la sanción de la conducta a que se refiere el parágrafo del artículo 4º de la Ley 124 de 1994, a la dependencia que, dentro del ministerio, tenga la competencia para la aplicación del régimen disciplinario.

Transcríbase al señor Ministro de Defensa Nacional y a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.

Magistrados: Gustavo E. Aponte Santos, Presidente de la Sala— Flavio A. Rodríguez Álvarez—Luis Fernando Álvarez Jaramillo.

Amanda Beltrán Galeano, Secretaria (E).

(1) ART. 150.—“Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (...) 7. Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica; reglamentar la creación y funcionamiento de las corporaciones autónomas regionales dentro de un régimen de autonomía; así mismo, crear o autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta”.

(2) ART. 189.—“Corresponde al Presidente de la República como jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa: (...) 14. Crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que demande la administración central, señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y emolumentos. El Gobierno no podrá crear, con cargo al tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales. / 15. Suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de conformidad con la ley. / 16. Modificar la estructura de los ministerios. Departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley”.

(3) Especialmente las sentencias C-262 de 1995 (jun. 20) exp. D-274, normas demandadas: parágrafo 1º, artículo 113, Ley 99 de 1993, y artículos 1º, 11, 22, 23 y 31, Dec. 1275 de 1994, M.P., Fabio Morón Díaz; C-702 de 1999 (sep. 20), exp. D-2296, normas demandadas: Parcialmente varios artículos de la Ley 489 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz; C-384 de 2000 (abr. 5), exps. D-2559, D-2574 y D-2586, Normas demandadas: parcialmente varios artículos de la Ley 510 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(4) Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia 5968 de 13 de julio de 2000, Sentencia de 6 de agosto del 2004, Rad. 2003-0307-01; y Sala de Consulta, Vg., conceptos: Rad. 1529, de 25 de septiembre de 2003, Rad. 1537 de 20 de noviembre de 2003.

(5) Sentencia C-140 de 1998 (ab. 15), exp. D-1799, normas demandadas: Artículo 30 de la Ley 344 de 1996, y Decreto 1670 de 1997, M. P. Carlos Gaviria Díaz.

(6) Ley 489 de 1998 (dic. 29) Diario Oficial 43.464, de 30 de diciembre de 1998.

(7) Sentencia C-698 de 2000 (jun. 14) exps. D-2703 y D-2710, norma demandada: Decreto 1932 de 1999, “por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones”, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(8) Ley 62 de 1993 (ago. 12) “por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República”. Publicada en el Diario Oficial 40.987, de 12 de agosto de 1993.

(9) Gaceta del Congreso 51, de septiembre 4 de 1992.

(10) Gaceta del Congreso 191, de junio 11 de 1993.

(11) Gaceta del Congreso 178, de junio 7 de 1993.

(12) Sentencia C-702 de 1999 (sep. 20) M.P. Fabio Morón Díaz. Declara exequible condicionalmente el literal j) del artículo 54 de la Ley 489 de 1998.

(13) Ley 489 de 1998, artículo 54, lit. m): declarado exequible condicionalmente en Sentencia C-702 de 1999.

(14) Sentencia C-796 de 2004, expediente D-4997, norma demandada: parágrafo (parcial) del artículo 4º de la Ley 124 de 1994, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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