Concepto 1692 de noviembre 2 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Radicación 1.692

Consejero Ponente:

Dr. Luis Fernando Álvarez Jaramillo

Ref.: Proceso de jurisdicción coactiva. Competencia para tramitar el incidente de excepciones. Recurso de apelación contra el mandamiento de pago.

Bogotá, D.C., dos de noviembre de dos mil cinco.

El señor Ministro de Minas y Energía, consulta a la Sala sobre los efectos de la aplicación de la Ley 954 de 2005 en relación con el proceso de cobro por jurisdicción coactiva, en los siguientes términos:

“1. ¿Al haber sido modificado expresamente el parágrafo del artículo 164 de la Ley 446 de 1998 por el artículo 1º de la Ley 954 del 27 de abril de 2005 sin contemplar el conocimiento del incidente de excepciones, ni al Consejo de Estado ni a los tribunales, se debe suplir este vacío con lo previsto en el artículo 2º de Decreto 597 de 1988, o puede el funcionario ejecutor, en primera instancia, conocer sobre este incidente?

2. En el entendido de que el Decreto 2174 de 1992 por el cual se reglamentó el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, estableció que el cobro de los créditos por jurisdicción coactiva se ceñirá a lo que al respecto señale el Código de Procedimiento Civil y las normas que lo modifiquen o adicionen, y teniendo en cuenta que con la reforma al Código de Procedimiento Civil, mediante la Ley 794 de 2003, eliminó del proceso ejecutivo singular la apelación contra el mandamiento ejecutivo y el grado jurisdiccional de consulta, le es aplicable al proceso de cobro por jurisdicción coactiva la reforma introducida al Código de Procedimiento Civil, toda vez que la Ley 954 de 2005 no derogó expresamente las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, el cual rige este proceso? o por el contrario, se puede afirmar que para los procesos de cobro por jurisdicción coactiva se mantiene el recurso de apelación con base en la competencia atribuida para esta clase de procesos en el parágrafo del artículo 1º de la Ley 954 de 27 de abril de 2005, “Por medio de la cual se modifican, adicionan y derogan algunos artículos de la Ley 446 de 1998 y del Código Contencioso Administrativo, y se dictan otras disposiciones sobre competencia, descongestión, eficiencia y acceso a la administración de justicia”, por tratarse de una ley especial y posterior?”.

Consideraciones

1. Normas básicas sobre el proceso de jurisdicción coactiva.

La Constitución Nacional, en el artículo 116, prevé que la ley podrá atribuir, excepcionalmente, función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas.

Los artículos 68 y 79 del Código Contencioso Administrativo definen las obligaciones a favor del Estado que prestan mérito ejecutivo, las cuales pueden hacerse efectivas mediante el proceso de jurisdicción coactiva, que ha sido definido por la jurisprudencia como “un ‘privilegio exorbitante’ de la administración, que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se encuentra en la prevalencia del interés general, en cuanto dichos recursos se necesitan con urgencia para cumplir eficazmente los fines estatales” (1) .

La Ley 6ª de 1992 atribuye, con fundamento en los artículos 68 y 79 del Código Contencioso Administrativo, jurisdicción coactiva a las entidades públicas de orden nacional, ministerios, departamentos administrativos, organismos adscritos y vinculados (2) , Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y Registraduría Nacional del Estado Civil, para hacer efectivos los créditos exigibles a su favor (art. 112).

El Decreto 2174 de 1992, reglamentario de la Ley 6ª de 1992, prescribe que el cobro de los créditos mediante jurisdicción coactiva se adelantará de conformidad con lo señalado en el Código de Procedimiento Civil y demás normas que lo modifiquen o adicionen.

2. Apelación del mandamiento ejecutivo.

El Código de Procedimiento Civil en el artículo 505 —modificado por el artículo 48 de la Ley 794 del 2003— establece:

“El mandamiento ejecutivo no es apelable; el auto que lo niegue total o parcialmente, lo será en el efecto suspensivo; y el que por vía de reposición lo revoque, en el diferido” (negrillas de la Sala).

La Corte Constitucional declaró exequible la frase en negrillas, por considerar que:

“5.2. Las dos situaciones presentadas por el actor son: i) la supresión del recurso de apelación contra el mandamiento ejecutivo y ii) la conservación del mismo recurso frente al auto que deniega el mandamiento de pago y del que por vía de reposición lo revoque. Eventos que en sentir del demandante quebrantan el derecho a la igualdad, al introducir una ventaja o privilegio a favor del ejecutante, al permitirle apelar la providencia adversa, mientras que al ejecutado se le deniega el mismo recurso contra el mandamiento ejecutivo. Representando tal circunstancia una discriminación para el ejecutado, frente al ejecutante, a quien sí se le preserva la doble instancia.

5.3. Para la Corte Constitucional las dos situaciones presentadas no son idénticas y, por ello, no requieren de igual tratamiento. Así al ejecutante se le mantiene la apelación a efectos de permitirle el ejercicio del derecho de defensa, debido a que la supresión del recurso de alzada entrañaría, en su caso particular, una vez no se reponga el auto que deniega el mandamiento de pago, la terminación del proceso, quitándole la posibilidad de la doble instancia.

Situación que no acontece con el ejecutado, dado que si no se repone el mandamiento de pago, el proceso continúa su curso, pudiendo aquel, en consecuencia hacer uso de otras posibilidades de defensa, v. gr. de las excepciones perentorias o de mérito, por medio de las cuales puede plantear los mismos motivos de inconformidad que propondría en la apelación, como, por ejemplo, que la obligación no era exigible, o que faltaba otro requisito para que el título fuera ejecutivo, así mismo plantear como excepciones la prescripción, la compensación, etc. (CPC, art. 509-2).

Estas excepciones se resuelven en la sentencia, una vez practicadas las pruebas pedidas por las partes o decretadas de oficio —o vencido el término de traslado, según el caso—, y agotado el término de traslado para alegar (CPC, art. 510-2). Providencia que puede ser apelada por el ejecutado en el evento de que le sea adversa, conforme a lo previsto en el artículo 351 ibídem, asegurándosele así el principio de la doble instancia.

(...).

En este orden de ideas, la eliminación del recurso de apelación contra el mandamiento de pago lo que hace es igualar los medios de defensa del ejecutante y del ejecutado, debido a que antes de la eliminación de dicho recurso, el ejecutado tenía una doble posibilidad de defensa. Por un lado podía hacer uso de la apelación y, por otro lado, de las excepciones perentorias, con idénticos fundamentos, mientras que el ejecutante solo podía hacer uso de la apelación. De modo que la reforma permite equilibrar a ambas partes, otorgándoles iguales posibilidades de defensa” (Sent. C-900-03).

El artículo 561 del Código de Procedimiento Civil prevé que en las ejecuciones por jurisdicción coactiva que adelanten las entidades públicas se seguirán los trámites del proceso ejecutivo de mayor o menor y de mínima cuantía según fuere el caso, en tanto no se oponga a los dispuesto en el capítulo VIII —ejecución para el cobro de deudas fiscales—.

En igual sentido se refieren los artículos 252 del Código Contencioso Administrativo cuando señala que “En la tramitación de las apelaciones e incidentes de excepciones en juicios ejecutivos por jurisdicción coactiva se aplicarán las disposiciones relativas al juicio ejecutivo del Código de Procedimiento Civil” y el 4º del Decreto 2174 de 1992 —reglamentario de la Ley 6ª de 1992— que dice: “El cobro de los créditos por jurisdicción coactiva, se ceñirá a lo que al respecto señale el Código de Procedimiento Civil y las normas que lo modifiquen o adicionen”.

La Ley 954 de 2005 —que modifica y adiciona algunos artículos de la Ley 446 de 1998 y del Código Contencioso Administrativo— en el artículo 1º al modificar el parágrafo del artículo 164 de la Ley 446 de 1998 dispuso que mientras entren a operar los juzgados administrativos, se aplicarán las normas de competencias previstas en dicha ley, así:

(i) Las de jurisdicción coactiva asignadas por el artículo 41 en segunda instancia a los tribunales administrativos, corresponderán en segunda instancia al Consejo de Estado, y

(ii) Las de jurisdicción coactiva atribuidas por el artículo 42 en segunda instancia a los jueces administrativos, competerán en segunda instancia a los tribunales administrativos.

Dentro de las competencias señaladas en los citados artículos 41 y 42 de la Ley 446 de 1998, figura la de conocer “De las apelaciones contra el mandamiento de pago” de acuerdo con las respectivas cuantías, es decir, en procesos cuya cuantía exceda de 500 salarios mínimos legales mensuales corresponderá al Consejo de Estado y en los de cuantía inferior a los tribunales administrativos.

Al respecto cabe advertir, que dicha competencia tenía su sustento en el hecho de que al momento de ser expedida la 446 de 1998 el artículo 505 del Código de Procedimiento Civil consagraba el recurso de apelación contra el mandamiento ejecutivo, razón por la cual aquella también lo contemplaba, dando así cumplimiento a lo establecido en los artículos 561 del Código de Procedimiento Civil, 252 del Código Contencioso Administrativo y 4º del Decreto 2174 de 1992 que prescriben, se reitera, que el proceso de jurisdicción coactiva se debe tramitar de acuerdo con lo dispuesto para el proceso ejecutivo en el Código de Procedimiento Civil.

Pero comoquiera que, como ya se anotó, el artículo 505 del Código de Procedimiento Civil fue modificado por el artículo 48 de la Ley 794 de 2003 que eliminó en recurso en mención, la competencia en tal sentido atribuida fue derogada.

3. Excepciones en los procesos de jurisdicción coactiva.

La Ley 446 de 1998 en el parágrafo del artículo 164 dispone que mientras entran a operar los juzgados administrativos se continuarán aplicando las normas sobre competencia vigentes a la fecha de su sanción; es decir, las contenidas en el Decreto-Ley 597 de 1988 —modificatorio de los artículos 128 y 131 del Código Contencioso Administrativo— que al respecto atribuía a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado competencia para conocer en única instancia:

“De los incidentes de excepciones en los procesos por jurisdicción coactiva en los cuales las entidades públicas cobren ejecutivamente obligaciones a su favor, cuando la cuantía exceda de ochocientos mil pesos ($ 800.000)” (CCA, art.128, num.13).

En tanto que a los tribunales administrativos, el mencionado decreto los facultaba para conocer en única instancia de los mismos incidentes, siempre que la cuantía de estos no excediera los ochocientos mil pesos (CCA, art. 131, num. 5º).

Sin embargo, la Ley 954 de 2005, por la cual se modifican y adicionan algunos artículos de la Ley 446 de 1998 y del Código Contencioso Administrativo, en su artículo 1º al readecuar temporalmente las competencias previstas en la Ley 446 de 1998, modificó el parágrafo del citado artículo 164 de la Ley 446, hasta tanto entren a operar los juzgados administrativos, así:

(i) “Las competencias sobre jurisdicción coactiva asignadas en segunda instancia a los tribunales administrativos según el artículo 41 [L. 446/98], corresponden en segunda instancia al Consejo de Estado”.

(ii) “Y las competencias sobre jurisdicción coactiva asignadas en segunda instancia a los jueces administrativos según el artículo 42 [L. 446/98], corresponderán en segunda instancia a los tribunales administrativos”.

De conformidad con lo dispuesto en el punto (i), el Consejo de Estado, temporalmente, debe conocer en segunda instancia:

“2. De las apelaciones contra [el mandamiento de pago], la sentencia de excepciones, el auto aprobatorio de liquidación de crédito y el auto que decrete nulidades procesales, que se interpongan en los procesos por jurisdicción coactiva de que conozcan los funcionarios de los distintos órdenes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.

3. De los recursos de queja contra la providencia que niegue el recurso de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, en los asuntos de que trata el numeral anterior” (L. 446/98, art. 41) (negrillas y corchete de la Sala).

Según lo establecido en el punto (ii), los tribunales administrativos, transitoriamente, conocen en segunda instancia:

“1. De las apelaciones [contra el mandamiento de pago], la sentencia de excepciones, el auto aprobatorio de liquidación de crédito y el auto que decrete nulidades procesales, que se interpongan en los procesos por jurisdicción coactiva de que conozcan los funcionarios de los distintos órdenes, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.

2. De los recursos de queja contra la providencia que niegue el recurso de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, en los asuntos de que trata el numeral anterior.

3. De la consulta de las sentencias dictadas en los mismos procesos contra quien estuvo representado por curador ad litem, sin consideración a la cuantía” (L. 446/98, art. 42) (negrillas y corchete de la Sala).

Con la readecuación temporal de competencias efectuada por el artículo 1º de la Ley 954 de 2005 —modificación del parágrafo del artículo 164 de la Ley 446 de 1998—, ya no se puede seguir aplicando el Decreto-Ley 597 de 1988 que otorgaba, tanto al Consejo de Estado como a los tribunales administrativos, competencia de acuerdo con la cuantía para conocer en única instancia de los incidentes de excepciones en los procesos por jurisdicción coactiva, y en consecuencia quedan vigentes las competencias previstas para tal instancia en los artículos 36 y 39 de la Ley 446 —modificatorios de los artículos 128 y 131 del Código Contencioso Administrativo— que no contemplan el trámite inicial de las excepciones por ninguna de estas dos corporaciones, por lo cual ha de entenderse, que por la sujeción que el mismo tiene a las normas del Código de Procedimiento Civil que regulan el proceso ejecutivo, el trámite de estas corresponde, en primera instancia e independientemente de la cuantía, al funcionario ejecutor, es decir, el funcionario administrativo investido de jurisdicción coactiva —tal como sucede con el mandamiento de pago—; asignando transitoriamente su conocimiento en segunda instancia a los órganos judiciales antes mencionados, de acuerdo con las cuantías señaladas en los artículos 41 y 42 de la mencionada ley.

En relación con este tema, el doctor Daniel Suárez Hernández en la conferencia “Comentarios a la nueva Ley 446 de 1998”, dictada el 29 de julio de 1998, al hacer un análisis general de la citada ley y sin tomar en cuenta la situación temporal de excepción consagrada en el parágrafo del artículo 164 de la misma, manifestó:

“En este punto se presentó una reforma de carácter sustancial en cuanto a la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa en relación con el proceso ejecutivo adelantado por la jurisdicción coactiva. En efecto, correspondía a los tribunales administrativos o al Consejo de Estado, según la cuantía del asunto, tramitar y decidir las excepciones propuestas en dichos juicios; hoy, con la modificación traída por la Ley 446 de 1998 el contencioso administrativo sólo se ocupará, en relación con las excepciones propuestas en esos asuntos, de decidir el recurso de apelación en contra de las sentencias que las defina, es decir, que queda en manos del juez de ejecuciones fiscales el trámite y decisión de las excepciones, modificándose así el artículo 128-14 del Código Contencioso Administrativo” (págs. 18 y 19).

4. El grado jurisdiccional de consulta en el proceso de jurisdicción coactiva.

El artículo 386 del Código de Procedimiento Civil fue modificado por el artículo 39 de la Ley 794 de 2003, en los siguientes términos:

“ART. 386.—Procedencia del trámite. Las sentencias de primera instancia adversas a la Nación, los departamentos, los distritos especiales y los municipios, deben consultarse con el superior siempre que no sean apeladas por sus representantes o apoderados. Con la misma salvedad deben consultarse las sentencias que decreten la interdicción y las que fueren adversas a quien estuvo representado por curador ad litem, excepto en losprocesos ejecutivos” (resaltado de la Sala).

El aparte subrayado fue declarado exequible por la Corte Constitucional, en Sentencia C-1091 del 2003, en la cual se afirmó:

“3. Exceptuar el grado jurisdiccional de consulta de los procesos ejecutivos en los que se profiera sentencia condenatoria contra una parte representada por curador ad litem no es inconstitucional.

La demanda funda su alegato en dos cargos. Por una parte se acusa al artículo 39 de la Ley 794 de 2003 de desconocer los derechos al debido proceso y a la defensa, y por otra parte se le acusa de desconocer el derecho a la igualdad. La Corte Constitucional considera que ninguno de los dos cargos es de recibo, como se mostrará a continuación.

3.1. La norma acusada no desconoce los derechos al debido proceso y el derecho de defensa.

3.1.1. En la demanda se afirma que el mecanismo oficioso de la consulta es la “mínima garantía que debe otorgar un Estado social de derecho, para tutelar el control de legalidad y debido proceso a favor de los demandados que no concurren a los procesos por diversas razones”. Vista la jurisprudencia, no es de recibo esta afirmación, pues, salvo las excepciones constitucionales, dentro de las cuales no se encuentra la de “persona representada por curador ad litem”, el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa no suponen necesariamente que en todo proceso haya de permitirse la apelación o el grado de consulta. Por el contrario, la Constitución expresamente señala que el legislador puede introducir excepciones al mandato según el cual toda sentencia podrá ser apelada o consultada (C.P., art. 31).

Por lo tanto, no es razón suficiente para considerar inconstitucional una norma procesal el hecho de que esta tenga por objeto excluir el grado jurisdiccional de consulta de algún proceso judicial. Es preciso mostrar que tal determinación, concretamente, conllevaría una afectación de las mínimas garantías que deben ofrecer las formas propias de todo juicio, en especial en lo referente al derecho de defensa.

3.1.2. En el presente caso la Corte Constitucional considera que la norma acusada no implica un desconocimiento de los derechos a la defensa y al debido proceso de toda persona. Los procesos ejecutivos parten de la existencia de una obligación clara, expresa y exigible. No se trata de debates judiciales en los que las partes defienden la existencia o no de un derecho, en los que no se sabe si la parte acusada tiene o no la obligación que el demandante alega; se trata de procesos en los que la parle demandante aporta un título que presta mérito ejecutivo y que ofrece una certeza al debate judicial. En el contexto del proceso ejecutivo, con la figura del curador ad litem el legislador garantiza a la persona ausente del proceso que sus intereses serán representados y defendidos. En un proceso ejecutivo en el que una persona es representada por curador ad litem, no es necesario, para garantizar el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso, que cuando la sentencia le sea desfavorable sea consultada ante el superior jerárquico.

(...).

3.2. No desconoce la legislación procesal civil el derecho a la igualdad al excluir de los procesos ejecutivos, únicamente, el grado jurisdiccional de la consulta cuando la sentencia fue adversa a la parte representada por curador ad litem.

3.2.1. El segundo cargo que formula la demanda en contra del artículo 39 (parcial) de la Ley 794 de 2003 es que la norma introdujo un trato discriminatorio entre aquellas personas representadas mediante curador ad litem en un proceso ejecutivo civil y aquellas personas representadas de igual manera en cualquier otro tipo de proceso civil, pues mientras que a las segundas se les concede el beneficio procesal de que su sentencia sea consultada ante el superior jerárquico del juez que la haya proferido, en el caso de que el resultado hubiese sido adverso a sus intereses, a las primeras no se les concede dicho beneficio procesal.

3.2.2. La Corte considera que la diferencia de trato introducida por el artículo demandado no desconoce el principio de igualdad por cuanto establece una diferencia de trato objetiva y razonable. Es una norma que (1) se funda en un criterio constitucionalmente admisible, (2) con el propósito de alcanzar un fin legítimo, (3) mediante un medio que no está prohibido y (4) que es adecuado para alcanzar el fin propuesto.

3.2.2.1. El criterio con base en el cual el legislador introduce la distinción es el del tipo de proceso. Una cosa es un proceso ejecutivo en el cual se cuenta con la certeza de la existencia de una obligación clara, expresa y exigible (no hay consulta para la sentencia adversa a quien fue representado por curador ad litem) y otra, un proceso declarativo en el que el resultado del mismo será la certidumbre acerca de la existencia o no del derecho (hay consulta para la sentencia adversa a quien fue representado por curador ad litem). Así pues, el criterio empleado por el legislador no solamente no es “sospechoso”, sino que es un parámetro válido y aceptado para establecer distinciones entre los diferentes procesos judiciales.

3.2.2.2. El fin buscado por el legislador en este caso, a saber, “la realización del crédito a favor del ejecutante”, es un fin constitucional legítimo, tal como lo señaló esta Corte al analizar recientemente la constitucionalidad de otra disposición de la Ley 794 de 2003.

3.2.2.3. El medio empleado por el legislador, exceptuar el grado jurisdiccional de consulta de un tipo de proceso judicial no solo no está prohibido sino que se encuentra expresamente permitido por la Constitución Política al señalar en su artículo 31 que “toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley”.

3.2.2.4. Por último, el medio es adecuado para obtener el fin previsto. En un contexto de congestión judicial como el actual, excluir el grado jurisdiccional de consulta de un proceso mediante el cual se pretende garantizar el cumplimiento de una obligación clara, expresa y exigible, contenida en un título que presta mérito ejecutivo, es un medio adecuado de garantizar el efectivo acceso a la justicia y la realización del crédito a favor del ejecutante”.

De lo expuesto, se concluye que el grado jurisdiccional de consulta fue eliminado en el proceso ejecutivo por el artículo 39 de la Ley 794 de 2003, y comoquiera que al tenor de los artículos 4º del Decreto 2174 de 1992, 252 del Código Contencioso Administrativo y 561 del Código de Procedimiento Civil las ejecuciones por jurisdicción coactiva deben seguirse por los trámites del proceso ejecutivo de mayor o menor y de mínima cuantía, ha de entenderse que los procesos coactivos no son susceptibles de consulta.

Sobre el particular tienen cabida los mismos argumentos expuestos cuando se analizó el recurso de apelación del mandamiento de pago, en cuanto hace al hecho de que la Ley 446 de 1998 expedida cuando aún no se modificaba el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil, al regular las competencias en materia de procesos de jurisdicción coactiva lo que hizo fue armonizar su trámite ante los despachos de la jurisdicción contenciosa con el previsto para el proceso ejecutivo del Código de Procedimiento Civil, de ahí que asignaba competencia para conocer de la consulta en sentencias dictadas contra quien había estado representado por curador ad litem y sin consideración a la cuantía a los jueces administrativos —transitoriamente y por disposición del artículo 1º de la Ley 954 de 2005, hoy en cabeza de los tribunales administrativos—.

En relación con el trámite que debe seguirse en los procesos de jurisdicción coactiva, esta corporación se ha pronunciado en reiteradas oportunidades, así:

“En la tramitación de los procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva se aplican las disposiciones relativas al juicio ejecutivo consagradas en el Código de Procedimiento Civil, no por ser esta una interpretación de la sección quinta del Consejo de Estado sino porque así lo dispone el artículo 252 del Código Contencioso Administrativo. Por manera que en cuanto respecta a los recursos que se vayan a interponer en esta clase de procesos se aplican, igualmente, las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil” (Auto del 5.5.95, rad. 0461, Sec. Quinta).

Conclusiones

En este orden de ideas y tenidas en cuenta las disposiciones que regulan el proceso de jurisdicción coactiva, conviene precisar que al tenor de lo previsto por el artículo 1º, de la Ley 954 de 2005 y hasta tanto entren a funcionar los juzgados administrativos, se deben observar las siguientes competencias en su desarrollo:

(i) Funcionario ejecutor. Independientemente de la cuantía, dictar el mandamiento de pago, conocer de las excepciones y dictar sentencia respecto de estas.

(ii) Tribunal administrativo. Los asuntos previstos en el artículo 42 de la Ley 446 de 1998 —CCA, art. 134—, excepción hecha de la apelación contra el mandamiento de pago y del grado jurisdiccional de consulta.

(iii) Consejo de Estado. Los asuntos señalados en el artículo 41 de la Ley 446 de 1998, excepto de la apelación contra el mandamiento de pago.

Una vez en funcionamiento los juzgados administrativos, el funcionario ejecutor conserva la competencia antes señalada y tanto los juzgados como los tribunales administrativos asumen las establecidas en los artículos 42 (CCA, art. 134 C) y 41 (nums. 2º y 3º), de la Ley 446 de 1998, respectivamente, con excepción de la apelación del mandamiento de pago y del grado jurisdiccional de consulta.

Se responde:

1. El artículo 1º de la Ley 954 de 2005 al modificar el parágrafo del artículo 164 de la Ley 446 de 1998, dejó con plena vigencia lo dispuesto por esta ley en el sentido de suprimir la competencia que había sido atribuida por el Decreto-Ley 597 de 1988, en única instancia, a los tribunales administrativos y al Consejo de Estado, para conocer según la cuantía, de las excepciones que se formulen en los procesos de jurisdicción coactiva. Esta competencia, de conformidad con las modificaciones efectuadas por la Ley 446, corresponde en primera instancia al funcionario ejecutor, y en segunda instancia a los órganos judiciales antes mencionados, de acuerdo con las cuantías señaladas en los artículos 41 y 42 de la mencionada ley.

2. Por expresa disposición del Decreto 2174 de 1992 (art. 4º), y de los Códigos Contencioso Administrativo (art. 252) y de Procedimiento Civil (art. 561), en los procesos de jurisdicción coactiva se debe aplicar el procedimiento previsto en este último para el proceso ejecutivo. En consecuencia, como la Ley 794 de 2003 al modificar el artículo 505 del Código de Procedimiento Civil, eliminó la apelación contra el mandamiento ejecutivo, esta supresión se hace extensiva al proceso de jurisdicción coactiva.

Por la Secretaría transcríbase al señor Ministro de Minas y Energía y envíese copia a la secretaría jurídica de la Presidencia de la República.

Magistrados: Gustavo Aponte Santos, Presidente—Luis Fernando Álvarez JaramilloEnrique José Arboleda PerdomoFIavio A. Rodríguez Arce.

Lida Yannette Manrique Alonso, Secretaria.

(1) Corte Constitucional, Sentencia C-666-00.

(2) Las palabras “y vinculados” del artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, fueron declaradas condicionalmente exequibles “en el entendido de que la autorización legal para ejercer el poder coactivo se refiere exclusivamente al cobro o recaudación de recursos provenientes de funciones netamente administrativas confiadas por el legislador de modo expreso a los entes vinculados, siempre que en la misma norma legal correspondiente se autorice la función de ejecución coactiva y se determinen las condiciones de su ejercicio, únicamente en cuanto a los aludidos recursos. Bajo cualquiera otra interpretación, los mencionados vocablos se declaran INEXEQUIBLES”. Sentencia C-666-00.

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