Concepto 1745 de agosto 24 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Radicación 1745

Magistrado Ponente:

Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce

Ref.: Reconocimiento de prima técnica. Oportunidad para solicitarla. Fecha de causación. No hay lugar al pago indexado por la administración. Prescripción del derecho. Manejo presupuestal.

Bogotá, D.C., veinticuatro de agosto de dos mil seis.

El señor Ministro de Transporte consulta a la Sala acerca del reconocimiento y pago de prima técnica a empleados públicos pertenecientes a los niveles profesional, técnico y asistencial del Instituto Nacional de Vías, particularmente en lo que toca con la oportunidad para solicitarla, fecha de causación del derecho, posibilidad de efectuar su reconocimiento indexado con efectos retroactivos, prescripción del derecho y manejo presupuestal. En concreto pregunta:

“1. Cuándo se entiende prescrito el derecho a la prima técnica contemplado en el Decreto-Ley 1661 de 1991, el Decreto 2164 de 1991 y la Resolución 1229 del 18 de marzo de 1994, para los empleos pertenecientes a los niveles profesional, técnico, asistencial. ¿Hasta cuándo podían presentar la solicitud de reconocimiento de prima técnica de los decretos citados, los anteriores funcionarios? ¿Existe alguna diferencia en el término de prescripción del derecho en la prima técnica por formación avanzada y experiencia, y la prima técnica por evaluación del desempeño?

2. En el caso en que varios empleados pertenecientes a los niveles profesional, técnico y asistencial hayan realizado la solicitud de reconocimiento y pago de la prima contemplada en el Decreto-Ley 1661 de 1991, el Decreto 2164 de 1991 y la Resolución 1229 del 18 de marzo de 1994, durante el mes de junio del año 2000, ¿se considera esta petición como oportuna?

3. ¿En caso de ser oportuna la anterior solicitud, debe ser reconocida la prima técnica mencionada, a los empleados pertenecientes u los niveles profesional, técnico y asistencial? En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿a partir de cuándo? ¿Existe alguna diferencia entre (el) momento del reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia y la prima técnica por evaluación de desempeño?

4. En caso de haber sido negada la anterior solicitud en el mes de julio de 2000, y de ser presentada otra nueva solicitud durante el mes de marzo del presente año, ¿puede modificarse la anterior decisión? ¿A través de qué figura jurídica? ¿Es obligación de la entidad modificar tal decisión?

5. En caso de ser afirmativa la respuesta de los numerales anteriores, ¿a partir de qué fecha debe realizarse su reconocimiento y hasta cuándo? ¿Tienen derecho a su reconocimiento y pago, con retroactividad o a partir de la fecha de sus respectivas peticiones, previa verificación individual del cumplimiento de los requisitos contemplados en la normatividad?

6. En caso de que el reconocimiento sea retroactivo, ¿el pago debe ser indexado?

7. De no existir certificado de disponibilidad presupuestal para el pago de las primas técnicas, ni la posibilidad de realizar un traslado presupuestal, ¿cuál es el manejo presupuestal que se debe seguir?

8. En caso de existir un fallo judicial en contra de una entidad pública, en el que se le condena al pago de la prima técnica del Decreto 1661 de 1991 y el Decreto 2164 de 1991, se debe reconocer y pagar al actor la mencionada prima, ¿a partir de qué períodos y hasta cuándo?”.

Luego de precisar el contenido de los decretos 1661 de 1991, 2164 de 1991, 2573 de 1991 (1) , 1724 de 1997 y 1336 de 2003, señala que (i) el Departamento Administrativo de la Función Pública considera que “El derecho a percibir la prima técnica nace en el momento en que se produce la resolución de asignación, acto administrativo que debe tomarse como punto de referencia para pagarla. No tiene carácter retroactivo ni se puede pagar sino a partir de la lecha de la resolución de asignación”; (ii) el Instituto Nacional de Vías a través de la Resolución 1229 de 1994 reglamentó el otorgamiento de la prima técnica para los empleados de la entidad; (iii) la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-018 de 1996 anotó que “(...) para adquirir compromisos como el del reconocimiento de la prima técnica, es indispensable que previamente los órganos públicos autorizados para ello tengan la seguridad de contar con los recursos necesarios, o sea, la disponibilidad presupuestal que les permita atender en forma oportuna y adecuada tales gastos” (2) ; (iv) la Sala de Consulta y Servicio Civil en consulta 1326 de 2001 precisó que si la prima técnica se otorga por evaluación del desempeño, su reconocimiento procede a partir del momento en que quede en firme la calificación de servicios, sin que haya lugar a la prescripción del derecho (3) . Además se cita la consulta 1539 de 2004.

Concluye que “hasta la fecha no se ha decantado una jurisprudencia uniforme dentro de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y existe dualidad de criterios, sobre el reconocimiento del derecho a la prima técnica de aquellos funcionarios pertenecientes al nivel profesional, técnico y asistencial que realizaron sus peticiones presuntamente antes de la prescripción de su derecho, y que son cobijados por el régimen de transición establecido en el Decreto 1724 de 1997”.

1. Aclaración previa.

De acuerdo con la documentación remitida se advierte que el asunto planteado es particular y se refiere a situaciones jurídicas concretas que están siendo debatidas en vía gubernativa y en sede judicial. La Sala aclara que su pronunciamiento se hará de manera abstracta y genérica, de modo que, atendiendo las connotaciones de cada caso, serán la administración o la jurisdicción contenciosa administrativa las llamadas a despejar la incertidumbre sobre los derechos particulares de los servidores públicos que están reclamando la prima técnica.

La Sala considera

La Consulta se remite de manera principal a determinar los derechos que pueden asistirles a servidores del Instituto Nacional de Vías, pertenecientes a los niveles profesional, técnico y asistencial, que presentaron solicitud de reconocimiento y pago de prima técnica en el mes de junio del año 2000 con fundamento en el Decreto-Ley 1661 de 1991 y en su reglamento Decreto 2164 del mismo año y en la Resolución 1229 del 18 de marzo de 1994, quienes, dada la fecha de las peticiones, también se pueden encontrar cobijados por el régimen de transición previsto en el Decreto 1724 de 1997.

Para resolver estas cuestiones, la Sala avocará (i) las modificaciones introducidas al régimen de la prima técnica en relación con los niveles, (ii) aplicación de los regímenes de transición, (iii) prescripción de las acciones derivadas de los derechos sociales para exigir el reconocimiento y pago de las mesadas causadas de la prima técnica, (iv) imposibilidad de indexar por vía administrativa las sumas debidas por razón de prima técnica, (v) manejo presupuestal del pago de la prima técnica, (vi) consideración de nuevas solicitudes de reconocimiento de la prima una vez han sido negadas, (vii) cumplimiento de fallo judicial que ordena el reconocimiento y pago de una prima técnica.

1. Modificaciones al régimen de prima técnica y ubicación del asunto en relación con los niveles profesional, técnico y asistencial a que se refieren las solicitudes.

La prima técnica es una prestación laboral de tracto sucesivo y de carácter temporal, en tanto su disfrute se pierde por retiro del servicio o por la imposición de la sanción disciplinaria de suspensión y, además cuando, habiendo sido otorgada por evaluación del desempeño, el servidor no obtiene calificación satisfactoria (D. 1661, art. 8º).

Los órganos de dirección de las entidades descentralizadas señaladas en la ley —artículos 1º y 9º del Decreto 1661— toman las medidas para aplicar el régimen de la prima técnica. de acuerdo con sus necesidades específicas y las políticas de personal adoptadas (D. 2164/91, arts. 1º y 7º).

El Decreto 1661 de 1991 —reglamentado por Decreto 2164 del mismo año— previó dos clases de prima técnica:

a) por formación avanzada y experiencia altamente calificada.

b) por evaluación del desempeño.

El artículo 7º ibídem ordena su pago mensual y dispone que constituye factor salarial si se otorga por formación avanzada y experiencia, mas no cuando lo es por evaluación del desempeño.

Para efectos de la consulta es necesario destacar la variación de la reglamentación respecto de los niveles en que procedía la asignación de la prima:

Por formación avanzada y experiencia calificada:

Decretos 1661 y 2164 (4) : niveles profesional, ejecutivo, asesor o directivo (arts. 3º y 4º).

Decreto 1724 de 1997 (5) : solo podía asignarse a quienes estuvieran nombrados con carácter permanente en un cargo de los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o sus equivalentes en los diferentes órganos y ramas del poder público (art. 1º).

Decreto 1335 de 1999: modifica expresamente el artículo 4º del Decreto 2164 y suprime el nivel profesional (6) , lo cual ya lo había previsto el Decreto 1724 (7) .

Por evaluación del desempeño:

Decretos 1661 y 2164: podía asignarse en todos los niveles (D. 1661, art. 3º), los cuales precisó el Decreto Reglamentario 2164 (art. 5º) así: directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico, administrativo y operativo.

Decreto 1724 de 1997: la restringe a los niveles: directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes en los diferentes órganos y ramas del poder público (art. 1º) (8) .

Dado que la solicitud de consulta concreta la fecha de las peticiones de asignación de prima en el mes de junio de 2000 y, según se afirma, estas se sustentaron en los decretos 1661 y 2164 de 1991, la administración en cada caso concreto deberá constatar el cumplimiento de los requisitos legales a partir de la fecha de publicación de la Resolución 1229 del 18 de marzo de 1994 proferida por el director general del Instituto Nacional de Vías (9) , acto administrativo que en desarrollo del artículo 9º del Decreto 1661 (10) adoptó el reglamento interno para otorgar la prima y cuya fecha de publicación determina el comienzo del derecho de los servidores del Invías a disfrutar la prima técnica.

Para el caso, el derecho causado es el adquirido a partir de la publicación del reglamento, por lo que está protegido constitucional y legalmente (C.P., arts. 58; L. 4ª /92, art. 2º). Así, atendiendo la fecha de las solicitudes —junio de 2000— tendrían derecho al reconocimiento y pago de la prestación, de manera general, tanto quienes la estaban percibiendo, como los que, por llenar los requisitos exigidos en las leyes anteriores, lo consolidaron sin que les hubiera sido reconocido, todo sin perjuicio de la prescripción de las mesadas, como se verá.

El criterio de causación del derecho constituye jurisprudencia reiterada y uniforme de la Sección Segunda de esta corporación, la cual en la sentencia del 19 de mayo de 2005, radicación 25000 23 25 000 2002 08220 01 (5697-03), subsección “A”, señaló:

“La nueva normatividad que excluye a los funcionarios de determinado nivel solo tiene efectos hacia el futuro y los pagos correspondientes a prima técnica causada antes de su vigencia deben ser reconocidos administrativa y judicialmente.

Así mismo, según lo estipula el artículo 4º del citado Decreto 1724 de 1997, los funcionarios a quienes se venía reconociendo el derecho pueden continuar recibiendo los valores correspondientes hasta la fecha de su retiro del servicio o hasta que se cumplan las condiciones para perderlo (evaluación en porcentaje inferior al señalado en las normas)”.

Y la subsección “B”, en sentencia del 26 de agosto de 2004, radicación 15001-23-31000-2000-00639-01, actor: María del Carmen Mendoza de Vargas, sostuvo :

“(...) pueden existir casos de empleados que cumplieron los requisitos para la titularidad de la prima mencionada frente a la ley, que la solicitaron váliday oportunamente (*) sin que la administración se haya pronunciado sobre ella o la haya denegado contra legem. En este evento, no es posible admitir que el derecho no existió —para los efectos del mantenimiento que establece el artículo 4º— por la sola circunstancia que la administración haya obrado negligentemente o la haya denegado contra legem.

Analógicamente se puede entender la situación en discusión: eso podría también ocurrir en caso de pensiones de jubilación cuando surge un nuevo régimen; si este determinara que solo se ‘mantienen’ las pensiones de aquellas personas a quienes ya se les reconoció la prestación, para someter a un nuevo régimen más riguroso a quienes aún no se les ha reconocido el derecho aunque hayan cumplido los requisitos sustanciales, ello implicaría el desconocimiento del derecho de quienes frente a la ley lo ‘adquirieron’ por cumplir sus exigencias (11) , solo porque no tienen el ‘reconocimiento’ administrativo de su derecho que es un requisito para su efectividad. Si se obra teniendo en cuenta el requisito último del ‘reconocimiento’ administrativo, para quienes aún no lo tienen se les cercenaría el derecho adquirido realmente frente a la ley, solo por esa circunstancia que tiene una relevancia distinta a la de la ‘titularidad’.

Por esta razón, se impone una interpretación finalista del derecho en discusión para concluir que el ‘mantenimiento’ de la prima técnica por evaluación del desempeño, al futuro y después de la expedición del artículo 4º del Decreto-Ley 1724 de 1997, corresponde en verdad ‘a quienes tengan el derecho la citada prima técnica’, no solo a quienes se les había otorgado cómo taxativamente se señaló” (destaca la Sala) (12) .

La Sala entiende que cuando la jurisprudencia se refiere a la (*) “oportunidad de la solicitud” se remite necesariamente a que esta sea formulada por el interesado con anterioridad al transcurso de los tres años previstos en la ley para que opere el fenómeno de la prescripción de las mesadas causadas conforme a las normas que modificaron sucesivamente los niveles. La causación de la prima se concreta desde el momento en que el derecho es exigible por el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para el otorgamiento de la prima.

Para el caso consultado se concluye, atendiendo la vigencia de las normas que regulan la asignación de prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, que a partir del 11 de julio de 1997, fecha de publicación del Decreto 1724 del mismo año, no procedía su asignación en el nivel profesional, mandato reiterado por el Decreto 1335 de 1999, y que desde la misma fecha, el otorgamiento de prima por evaluación del desempeño se restringió a los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o sus equivalentes en los diferentes órganos y ramas del poder público, razón por la cual no procedía a partir de tal fecha su otorgamiento en los niveles profesional, técnico, administrativo ni operativo, conforme lo preveían los decretos 1661 y 2164 de 1991.

De este modo la administración deberá, a partir de la publicación de la reglamentación particular interna de la prima, determinar el derecho que pudo haberse configurado y si todas o parte de las mesadas han prescrito en el término de tres años establecido en el artículo 151 del Decreto 2158 de 1948, por no haber sido objeto de reclamo administrativo en el tiempo previsto luego de su causación, tomando en cuenta, de una parte, que las solicitudes presentadas en julio de 2000 interrumpieron el término prescriptivo y, de otra, si hay lugar a la aplicación de algún régimen de transición, asunto que pasa a estudiarse.

2. Aplicación de los regímenes de transición.

La solicitud de consulta señala que las peticiones de asignación de prima se elevaron en julio de 2000 y que se adujeron al efecto los decretos 1661 y 2164 de 1991. Entre la publicación del reglamento interno de la prestación por el director del Invías, expedido mediante Resolución 1229 del 18 de marzo de 1994 y la fecha de las solicitudes algunos de los peticionarios podrían encontrarse en las condiciones previstas en los artículos 10, parágrafo 1º del Decreto 1661 de 1991 y 4º del 1724 de 1997, que establecieron períodos de transición legislativa.

“Decreto 1661 de 1991. ART. 10.—(...) PAR. 1º—Los funcionarios o empleados que a la fecha de expedición de este decreto tengan asignada prima técnica, continuarán disfrutándola en las condiciones que haya sido otorgada mientras permanezcan en el mismo cargo en la respectiva entidad”.

Decreto 1724 de 1997. “ART. 4º—Aquellos empleados a quienes se les haya otorgado prima técnica, que desempeñen cargos de niveles diferentes a los señalados en el presente decreto, continuarán disfrutando de ella hasta su retiro del organismo o hasta que se cumplan las condiciones para su pérdida, consagradas en las normas vigentes al momento de su otorgamiento”.

Tal como lo señala la Corte Constitucional “cuando un trabajador ya cumplió con los requisitos necesarios para poder acceder a un derecho, las nuevas leyes laborales que modifiquen los requisitos para acceder a ese derecho no le pueden ser aplicados. En este caso, entonces, se prohíbe la retroactividad de la ley laboral, por cuanto el trabajador tendría ya un derecho adquirido a acceder a ese derecho de acuerdo con los requisitos del pasado” (13) .

Es efecto específico de los regímenes de transición garantizar el respeto de los derechos adquiridos conforme a la normatividad anterior, razón por la cual quienes a partir de la publicación de la Resolución 1229 de 1994 y conforme al Decreto 1661 de 1991 y a su reglamento venían percibiendo la prima, tendrán derecho a seguirla recibiendo mientras cumplan los requisitos para disfrutarla. Respecto de quienes la causaron (14) y no se les ha reconocido, la administración deberá constatar el cumplimiento y acreditación de los requisitos exigidos en la ley y si las mesadas han prescrito (15) .

Por tanto, atendiendo la jurisprudencia y la doctrina de la Sala, el reconocimiento de la prima técnica se fundamenta en la causación del derecho siempre que “el candidato llenare los requisitos” exigidos por el legislador, en cuyo caso se “proferirá la resolución de asignación”, lo cual no implica la aplicación retroactiva de la ley sino de la norma vigente al momento de la causación en desarrollo de las garantías laborales, así como de los regímenes de transición. Para el caso, técnicamente, por virtud del régimen de transición, se produce el reconocimiento de un derecho consolidado, adquirido con anterioridad a la nueva legislación.

Según el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia, el derecho se constituye y adquiere en el momento en que se reúnen los requisitos para acceder a la prima técnica. Por tanto, el acto administrativo de reconocimiento por su contenido y esencia se limita a concretar el derecho a la prima técnica, previa constatación del cumplimiento de los requisitos; su naturaleza es eminentemente declarativa y formaliza el pago de un derecho adquirido con fundamento en situaciones particulares consolidadas con anterioridad a la expedición del respectivo acto.

3. Prescripción de las mesadas causadas de la prima técnica.

En opinión de la Sala, por su carácter periódico, el derecho a reclamar la prima técnica, en las dos modalidades de otorgamiento no prescribe. Lo que prescribe es el derecho a percibir las mesadas causadas y no reclamadas dentro de los tres años siguientes a la fecha de causación del derecho. Como se sabe, la prescripción persigue garantizar la seguridad jurídica y en desarrollo de este principio, resulta inherente a esta institución señalar plazos preclusivos para ejercer los derechos sustanciales (16) .

Dispone el artículo 151 del Decreto-Ley 2158 de 1948:

“Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el [empleador], sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero solo por un lapso igual” (17) .

La protección constitucional especial al derecho al trabajo establecida en el artículo 25 y el principio de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos contenidos en la ley laboral, consignada en el artículo 53, se desarrollan en la garantía de la interrupción del término de prescripción por el reclamo de derechos debidamente determinados, tal como lo consagra también el Código Sustantivo del Trabajo:

“ART. 489.—Interrupción de la prescripción. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el [empleador], acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente” (18) .

El mismo Código Sustantivo establece:

“ART. 488.—Regla general. Las acciones correspondientes a las derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto” (19) .

A su vez el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo señala como fecha inicial de la prescripción la exigibilidad de la obligación respectiva, que coincide con el momento de causación del derecho siempre que se cumplan los requisitos legales para su otorgamiento. Así, la prescripción de las mesadas cuando la prima técnica se otorga por evaluación del desempeño, comienza a correr a partir de la ejecutoria del correspondiente acto administrativo de calificación; cuando se otorga por formación avanzada y experiencia, el término se cuenta a partir del momento en que se adquieran los títulos académicos o el tiempo exigido para causar el derecho, en ambos casos siempre y cuando se reúnan los demás requisitos. Ahora bien, cuando la prima se otorga por evaluación satisfactoria, se requiere acreditar periódicamente dicha circunstancia y, por tanto, la prescripción actúa en forma independiente para cada período evaluado. No ocurre lo mismo cuando se reconoce la prima por formación avanzada y experiencia, dado que en ese caso se acreditan los requisitos por una sola vez y el derecho se adquiere en forma permanente.

Los términos de prescripción en materia laboral están establecidos en beneficio de los trabajadores a fin de garantizar la seguridad jurídica de los derechos que le han sido concedidos; no obstante, si estos no se reclaman oportunamente y el término de prescripción se rebasa sin haberlos hecho efectivos, se produce la extinción de los mismos por mandato legal —para el caso, prescriben las mesadas no cobradas oportunamente, pero el derecho se mantiene— y las acciones consagradas para su protección se hacen improcedentes, en la forma que pasa a señalarse.

En fallo del 21 de marzo de 2002, radicación 41001233100019968531 01 la Sección Segunda de esta corporación, luego de un detenido análisis de las distintas posiciones, apoyándose en el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral unificó la jurisprudencia acerca de la prescripción trienal, criterio que comparte esta Sala: “(...) la perspectiva extintiva del derecho para reclamar salarios respecto de los empleados públicos es el lapso de tres (3) años, contados a partir del momento en que la obligación de cancelarlos se haya hecho exigible, salvo los eventos de reclamación formulada ante la entidad obligada, cuyo efecto consiste en interrumpir la prescripción pero solo por un lapso igual” (20) .

De otra parte, precisa la Sala que la prima técnica por evaluación del desempeño no constituye factor salarial y por lo mismo no puede tomarse en cuenta para efectos de liquidar otras prestaciones, lo cual no obsta, para que si no se solicita oportunamente o no se ejercen dentro del término legal las acciones pertinentes para su efectividad ante la jurisdicción contenciosa administrativa las mesadas prescriban (21) , pues aun careciendo de la connotación salarial, su reconocimiento proviene de la relación laboral.

Ahora bien, como la Sala en la consulta 1326 de 2001 precisó que si la prima se otorgaba “(...) por evaluación del desempeño, su reconocimiento procede a partir del momento en que quede en firme la calificación de servicios, sin que haya lugar a la prescripción del derecho”, es del caso aclarar tal interpretación por considerar ahora que el derecho puede reclamarse en cualquier tiempo, pues lo que prescribe son las respectivas mesadas.

Así, la prescripción de las acciones laborales para reclamar las mesadas opera respecto de las dos modalidades de asignación de la prima (22) , pues la imprescriptibilidad “contraría la necesidad de seguridad jurídica y de certidumbre de los derechos, dado que situaciones indefinidas en el campo laboral tienen efectos perturbadores para el mismo” (23) .

4. Imposibilidad de indexar por vía administrativa las sumas debidas por razón del reconocimiento de prima técnica.

Pregunta la administración si el pago de la prima técnica debe indexarse.

En la consulta 1564 de 2004 relacionada con la indexación de multas, la Sala consideró que la administración, de conformidad con las fórmulas aceptadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado, podía actualizar “el monto de la multa a imponer, esto es, procediendo de oficio a la indexación de la cifra correspondiente”.

En esa oportunidad se sostuvo, con base en copiosa jurisprudencia, que el transcurso del tiempo entre la fecha en que se causa una obligación y aquella en la cual se hace efectivo su pago, afecta y envilece los correspondientes valores, pues no se mantiene su medida real de cambio —elemento del contenido intrínseco de la respectiva prestación— lo cual obedece, entre otras causas, al fenómeno mundial de la pérdida continua y acelerada del poder adquisitivo de la moneda, que deviene de circunstancias como la inestabilidad económica y que permite establecer una gran diferencia, al cabo del tiempo, entre el valor nominal y el valor real del dinero.

La depreciación monetaria, se origina en la inflación o aumento constante y reiterado en el nivel general de los precios y en la práctica puede llevar a un enriquecimiento injusto de una de las partes en perjuicio de la otra, sin que exista una razón legítima para ello. Como lo dice la Sala Plena de esta corporación en Sentencia S-638 de 1996 “(...) es elemental que el deterioro de la moneda debe ser absorbido por el obligado a satisfacer dicha prestación”, pues, es inequitativo que el acreedor reciba una suma depreciada por el transcurso del tiempo.

Por tanto, la indexación de una obligación pecuniaria, independientemente de su fuente, se impone para garantizar el valor de la justicia y alcanzar la garantía del principio de equidad —este último criterio auxiliar de la interpretación judicial (C.P., art. 230)—, de modo que aquella incluya el monto de la desvalorización monetaria y de esta manera garantizar el pago completo, integral y pleno. Así, el soporte normativo de la indexación se encuentra en las normas constitucionales que garantizan los anteriores principios.

Concretamente dijo esta Sala:

“La indexación de las obligaciones es una figura que nace como una respuesta a un fenómeno económico derivado del proceso de depreciación de la moneda cuya finalidad última es conservar en el tiempo su poder adquisitivo, de tal manera que, en aplicación de principios, tales como, el de equidad y de justicia, de reciprocidad contractual, el de integridad del pago y el de reparación integral del daño, el acreedor de cualquier obligación de ejecución diferida en el tiempo esté protegido contra sus efectos nocivos”.

Sin embargo, es necesario advertir que el concepto anterior tenía como objeto determinar si la administración podía actualizar el monto de multas que por el transcurso del tiempo se habían envilecido a punto de perder su finalidad sancionatoria real y al efecto sustentó una respuesta positiva apoyándose en la preceptiva superior como el artículo 230 de la Carta que consagra el principio de equidad y en la legal que regula el efecto de las obligaciones civiles, como también en la jurisprudencia, conforme a la cual, en ejercicio de la actividad judicial, es posible ordenar la actualización de las sumas debidas en la forma dicha. Puede concluirse entonces que la indexación no constituye una facultad discrecional de la administración de justicia, sino que ella se dispone en cumplimiento de mandatos constitucionales y legales.

En la misma dirección en esta oportunidad la Sala precisa que la fuente de la corrección monetaria es la ley y, por ende, la indexación de la prima técnica no puede aplicarse directamente ni discrecionalmente por la administración. Ello puede acontecer en cumplimiento de decisiones judiciales que ordenen actualizar los valores debidos. Por lo demás, el debate de la indexación por vía administrativa y sin autorización previa del legislador para reajustar la prima técnica, no es posible colocarlo en el plano de las obligaciones civiles, pues su quantum es una suma determinada señalada por el legislador, la cual presupuestalmente no es viable actualizarla a valor presente directamente.

Por tanto, la administración no está facultada en norma de ningún rango para de manera discrecional optar por ordenar la indexación y consecuencialmente no está investida de atribución alguna para determinar la fórmula o procedimiento a cumplir para liquidar la indexación, materia igualmente reservada al legislador.

Resulta claro, entonces, que sin facultad legal y sin existir consagrada fórmula de reajuste periódico, la administración está vedada para indexar las sumas que pueda deber por concepto de prima técnica; otro entendimiento rompería el principio de separación de poderes y atentaría contra el principio de reserva legal. Cuando el legislador ha querido establecer fórmulas de reajuste de valores así lo ha dispuesto. Véanse, por vía de ejemplo, los artículos 178 del Código Contencioso Administrativo, 32 de la Ley 200 de 1995 , 1º y 3º la Ley 242 de 1995, 86 de la Ley 488 1998 (24) . Especialmente ilustrativo para reafirmar la tesis de la Sala resulta el artículo 5º de la Ley 1071 de 2006 —por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación— al señalar:

“ART. 5º—Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual (sic) quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

PAR.—En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este”.

En conclusión, el reconocimiento indexado de la prima técnica es posible en presencia de una decisión judicial que así lo ordene.

No sobra advertir que el artículo 4º del Decreto 1661 de 1991 dispone reajustar el valor de la prima técnica en la misma proporción en que varía la asignación básica mensual del funcionario o empleado, teniendo en cuenta los reajustes salariales que ordene el Gobierno Nacional.

5. Manejo presupuestal del pago de la prima técnica.

Pregunta el ministro en caso de no existir disponibilidad o de no ser posible realizar un traslado presupuestal, cuál es el manejo que debe darse al pago de la prima técnica.

El parágrafo del artículo 6º del Decreto 1661 de 1991 disponía:

“En todo caso, la prima técnica solo podrá otorgarse previa la expedición del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal”.

La Corte Constitucional en la Sentencia C-018 de 1996 que declaró exequible este parágrafo señaló:

“Cabe advertir finalmente, que de conformidad con lo señalado en el literal c) del artículo 6º del decreto materia de examen constitucional, cuando el candidato cumple con los requisitos respectivos, el jefe del organismo está en la obligación de proferir en todo caso, la correspondiente resolución de asignación de prima técnica; desde luego que el pago solamente puede hacerse efectivo en los términos del parágrafo demandado, previa la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia”.

Y en la misma sentencia se asimiló el término “otorgar” —del parágrafo transcrito— a la orden de pago de la prima técnica. Dijo la Corte:

“Las anteriores consideraciones llevan a la Sala Plena de la Corte Constitucional a concluir que el parágrafo del artículo 6º del Decreto 1661 de 1991, al establecer como condición para el otorgamiento de la prima técnica (lo que debe entenderse como el pago de esta), el certificado de disponibilidad presupuestal, lejos de vulnerar nuestro ordenamiento constitucional en las normas invocadas por el actor, lo desarrolla, ajustándose no solo a sus previsiones —artículos 345, 346 y 347—, sino también a las que la ley establece para el sistema presupuestal”.

Ahora bien, la anterior situación varió al expedirse el Decreto 1724 de 1997, cuyo artículo 2º dispuso:

“ART. 2º—Para reconocer, liquidar y pagar la prima técnica, cada organismo entidad deberá contar con disponibilidad presupuestal acreditada por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, en la respectiva entidad” (...) (25) .

Así las cosas, para efecto de obtener recursos presupuestales para quienes estando cobijados por el régimen de transición, debe tomarse en cuenta:

El reconocimiento del derecho habrá de efectuarse conforme a los requisitos vigentes en la ley a la fecha de su causación. Por tanto, en el caso consultado, para efectos de la disponibilidad, son los previstos con anterioridad a la expedición del Decreto 1724, siempre que el servidor esté cobijado por el régimen de transición del artículo 4º. De esta manera, frente a la hipótesis consultada, esto es, la de quienes solicitaron la prima técnica en junio del año 2000 y no se les reconoció teniendo derecho a ella, y causaron el derecho antes de la vigencia del Decreto 1724 de 1997 (26) , la norma aplicable es el parágrafo del artículo 6º del Decreto 1661 de 1991 —reglamentado por el parágrafo del artículo 9º del decreto 2164 del año en mención—, conforme al cual reunidos los requisitos la prima debe reconocerse, sin la sujeción necesaria a la disponibilidad presupuestal— según los términos de la Sentencia C-018 de 1996 ya analizados—, la cual solo opera para efectos del pago. La administración habrá de verificar si el derecho en parte o en todo prescribió.

El fundamento del pago de la prima técnica a los servidores que siendo beneficiarios lo solicitaron en tiempo sin que se hubiera producido el reconocimiento, es la causación del derecho (que tiene la connotación de adquirido) proveniente de la relación laboral, protegido constitucional y legalmente —artículos 53 y 58 de la Carta y 2.a) de la Ley 4ª de 1992—.

Considera la Sala que en caso de no existir apropiación suficiente para la vigencia fiscal del año 2006 o no sea posible hacer traslados presupuestales (27) , lo procedente es solicitar, previa aprobación de la junta o consejo directivo del establecimiento público, una adición presupuestal, en la cual se incluyan las apropiaciones correspondientes dentro del rubro “gastos de funcionamiento” y, naturalmente, haciendo los aforos que permitan garantizar el pago.

Si el derecho no se causó con anterioridad a la vigencia del Decreto 1724, habrá de tenerse en cuenta que a partir del 11 de julio de 1997, fecha de expedición del decreto, el pago y el propio reconocimiento de la prima técnica está sujeto a la disponibilidad presupuestal certificada, mandato armónico con lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 y 19 del Decreto 568 de 1996 que modificó lo establecido en el parágrafo del artículo 6º del Decreto 1661 de 1991, normas que garantizan la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos. El cambio normativo impone que ya no hay lugar a considerar los alcances de la Sentencia C-018 de 1996.

Respecto de los servidores que venían disfrutando la prima técnica por habérseles reconocido con anterioridad a la expedición del nuevo régimen, cualquiera sea la norma de transición, deberá seguírseles pagando en las condiciones en que les fue otorgada y, por consiguiente, la administración está obligada a apropiar las partidas suficientes en cada vigencia fiscal.

6. Presentación de una nueva solicitud de reconocimiento de la prima técnica una vez ha sido negada.

Se pregunta si en caso de haber sido negada una solicitud de reconocimiento de prima técnica en el mes de julio de 2000, es posible presentar una nueva solicitud, con base en los mismos hechos y la misma causa.

Al respecto se estima que la respuesta, en principio, debe ser negativa por varias razones: (i) porque en desarrollo de lo prescrito en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo ante un acto administrativo en firme que deniega un derecho, esto es, agotada la vía gubernativa, solo procede acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación del acto; (ii) no es viable revivir términos con nuevas peticiones si no existen fundamentos de derecho distintos a los ya expuestos y decididos por la administración; (iii) en la práctica, la nueva petición equivale a una solicitud de revocatoria directa de la primera decisión y, en ese evento, habrán de aplicarse los artículos 70 y 71 del Código Contencioso Administrativo, en cuanto señalan que no podrá pedirse la revocatoria directa de los actos administrativos respecto de los cuales el peticionario haya ejercitado los recursos de la vía gubernativa; además, la revocatoria es improcedente si se acudió a los tribunales contencioso administrativos y se dictó auto admisorio de la demanda. En relación a este tema en la solicitud de consulta se señala que algunos de los interesados presentaron demanda ante esta jurisdicción.

De no cumplirse alguna de las anteriores causales, en cada evento particular deberá estudiarse si hubo violación de derechos, si el interesado utilizó los medios de defensa que la ley le permite y los mecanismos legales que tiene la administración para revisar sus propios actos.

7. Cumplimiento de fallo judicial que ordena el reconocimiento y pago de una prima técnica.

Finalmente se interroga a partir de qué períodos y hasta cuándo se debe reconocer y pagar al interesado la prima técnica de existir un fallo judicial en contra de una entidad pública, en el que se le condena al pago de la misma de conformidad con el Decreto 1661 de 1991 y el Decreto 2164 de 1991. Al efecto, considera la Sala que la administración está en la obligación de acatar los mandatos de los artículos 174, 175, 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo y, por ende, deberá darle cumplimiento a la sentencia en los estrictos términos previstos en la parte resolutiva de la misma.

La Sala responde

1. 2. y 3. Por ser una prestación de tracto sucesivo el derecho a reclamar la prima técnica, en las dos modalidades de otorgamiento, no prescribe. Lo que prescribe es el derecho a percibir las mesadas que no se reclamen oportunamente. Para evitar la prescripción de mesadas, el beneficiario deberá reclamarlas dentro de los tres años siguientes a la causación del derecho, es decir, desde la fecha en que se reunieron los requisitos legales para su disfrute. Si reclama con posterioridad a los tres años va perdiendo, en forma sucesiva, la mesada que no quede comprendida en ese plazo. La solicitud de reconocimiento interrumpe la prescripción de las mesadas. Estas reglas generales cobijan a los servidores que tienen derecho a prima técnica en los niveles profesional, técnico y asistencial con base en el Decreto-Ley 1661 de 1991, el Decreto 2164 de 1991 y la Resolución 1229 de marzo 18 de 1994.

La diferencia de la prescripción de las mesadas entre las modalidades de otorgamiento de la prima, consiste en que, cuando se otorga por evaluación del desempeño, la causación del derecho se realiza con la ejecutoria del acto administrativo correspondiente, momento en que empieza a correr la prescripción y cuando se otorga por formación avanzada y experiencia, el término se cuenta a partir del momento en que se adquieran los títulos académicos o el tiempo exigido para causar el derecho; en ambos casos, siempre y cuando se reúnan los demás requisitos. Se entiende que si se otorga por evaluación satisfactoria, se requiere acreditar periódicamente dicha circunstancia y por tanto la prescripción actúa en forma independiente para cada período evaluado. No así en el caso del reconocimiento del derecho por formación avanzada y experiencia, en el cual el derecho se adquiere en forma permanente y se acreditan los requisitos una sola vez.

Para establecer si las solicitudes presentadas en julio de 2000 fueron oportunas o no, el Invías deberá estudiar cada una de ellas para determinar en qué casos se interrumpió el término prescriptivo de las mesadas, de acuerdo con las reglas anteriores.

4. y 5. En caso de haber sido negada una solicitud de prima técnica, formulada por los interesados en el mes de junio de 2000, no es procedente, en principio, formular en el año 2006 una nueva petición con base en los mismos argumentos y para el mismo efecto. De no acreditarse las causales de improcedibilidad mencionadas en la parte motiva para la presentación de una nueva solicitud, en cada caso concreto deberá analizarse si hubo violación de derechos, si el interesado utilizó los medios defensa que la ley le permite y los mecanismos legales que tiene la administración para revisar sus propios actos.

6. No es jurídicamente admisible que la administración al ordenar el reconocimiento y pago de una prima técnica reconozca la suma indexada por el no pago oportuno.

7. De no existir certificado de disponibilidad presupuestal para el pago de la prima técnica ni la posibilidad de realizar un traslado presupuestal, la administración deberá tramitar una adición presupuestal.

8. La administración está obligada a cumplir las decisiones judiciales en los estrictos términos previstos en las mismas.

Transcríbase al señor ministro de transporte. Igualmente, envíese copia a la secretaría jurídica de la Presidencia de la República.

Magistrados: Enrique José Arboleda Perdomo, presidente—Gustavo Aponte Santos—Luis Fernando Álvarez Jaramillo—Flavio Augusto Rodríguez Arce.

Lida Yannette Manrique Alonso, Secretaria de la Sala.

(1) Anulado parcialmente por la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 19 de febrero de 1998, expediente 13768.

(2) Se cita además la Sentencia C-569 de 2003.

(3) También se hace referencia al salvamento de voto del doctor César Hoyos Salazar sobre el tema.

(4) Publicados en el D.O. 40.039 del 17 de septiembre de 1991.

(5) Dictado en desarrollo de la Ley 4ª de 1992 y publicado en el D.O. 43.081 del 11 de julio de 1997. Conforme al artículo 150 e) de la Constitución de 1991 el Gobierno Nacional fija el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, competencia que ejerce con sujeción a los objetivos y criterios que le señale el Congreso. // El Decreto 1724 fue derogado por el Decreto 1336 de 2003.

(6) El Decreto 1335 además suprimió la posibilidad de acreditar la experiencia a partir de la terminación de estudios y determinó que este requisito podía ser calificado por el jefe del organismo o su delegado.

(7) Aunque para efectos de la consulta en el tiempo no tiene aplicación, valga advertir que el Decreto 1336 de 2003 dispuso en el artículo 1º: “La prima técnica establecida en las disposiciones legales vigentes, solo podrá asignarse por cualquiera de los criterios existentes a quienes estén nombrados con carácter permanente en los cargos del nivel directivo, jefes de oficina asesora y a los de asesor cuyo empleo se encuentre adscrito a los despachos de los siguientes funcionarios: ministro, viceministro, director de departamento administrativo, superintendente y director de unidad administrativo especial o sus equivalentes en los diferentes órganos y ramas del poder público”, norma que introduce nuevas modificaciones respecto de los empleos respecto de los cuales procede la así Nación de la prima.

(8) Esta regulación fue modificada por el artículo 1º del Decreto 1336 arriba transcrito.

(9) “Por la cual se reglamenta el otorgamiento de la prima técnica para los empleados públicos del Instituto Nacional de Vías”. La Sala no tuvo oportunidad de establecer la fecha de publicación de este acto administrativo, no obstante haber efectuado la búsqueda respectiva para establecer su vigencia. La vigencia por regla general se produce a partir de la fecha de expedición del acto jurídico, condicionada a su publicación si se trata de un acto de carácter general.

(10) “ART. 9º—Otorgamiento de prima técnica en las entidades descentralizadas. Dentro de los límites consagrados en el presente decreto, las entidades y organismos descentralizados de la rama ejecutiva, mediante resolución o acuerdo de sus juntas, consejos directivos o consejos superiores, tomarán las medidas pertinentes para aplicar el régimen de prima técnica, de acuerdo con sus necesidades específicas y la política de personal que adopten”. El Decreto 2164 de 1991 dispuso en el artículo 8º: “(...) Para el otorgamiento de la prima técnica por evaluación del desempeño, los jefes de los organismos y, en las entidades descentralizadas, las juntas, o los consejos directivos o superiores establecerán el monto de la prima con base en los puntajes obtenidos en la calificación de servicios, salvo lo dispuesto en el parágrafo del artículo 5º del presente decreto, para los empleados que ocupen cargos de los niveles directivo, asesor y ejecutivo”.

(11) La Sala destaca que el concepto de causación del derecho a la pensión lo prevé el artículo 48 de la Constitución Política así: “Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento”.

(12) Ver además las sentencias de 9 de diciembre de 2004, radicación 150012331000200000836 01, número interno 0539-2004, subsección “B” y de 4 de noviembre de 2004, radicación 25000 23 25 000 2001 00874 01 (0202-04) subsección “A”.

(13) Sentencia C-177 de 2005.

(14) Para ilustrar el criterio de causación del derecho conforme a la normatividad anterior la Sala destaca que el artículo 48 de la Constitución Política lo refiere al cumplimiento de las exigencias legales para consolidar el derecho y en relación con la pensión dispone: “Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento” y acude a la jurisprudencia reiterada y uniforme de la Sección Segunda de esta corporación: Sentencia del 19 de mayo de 2005, radicación 25000 23 25 000 2002 08220 01 (5697-03) de la subsección “A” señaló: “La nueva normatividad que excluye a los funcionarios de determinado nivel solo tiene efectos hacia el futuro y los pagos correspondientes a prima técnica causada antes de su vigencia deben ser reconocidos administrativa y judicialmente”.

Ver además las sentencias de 9 de diciembre de 2004, radicación 150012331000200000836 01, número interno 0539-2004, subsección “B” y de 4 de noviembre, radicación 25000 23 25 000 2001 00874 01 (0202-04), subsección “A”.

(*) La Sala entiende que cuando la jurisprudencia se refiere a la “oportunidad” de la solicitud se remite necesariamente al momento de causación del derecho, encuadrado dentro de la vigencia de la norma que preveía niveles distintos para disfrutar la prima, momento que determina la contabilización del término de prescripción de mesadas.

(15) La Sala, en esta oportunidad, reitera la doctrina sentada en la Consulta 1326 de 2001 relacionada con los derechos de empleados de la ESAP que reclamaron la prima técnica correspondiente a los años de 1997, 1998 y 1999 y que presentaron su solicitud el 11 de julio de 2000, antes de vencerse el término de prescripción de las respectivas mesadas. Dijo la Sala: “De las disposiciones citadas y transcritas, se infiere que, con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997 (jul. 11), era viable el reconocimiento de la prima técnica, con base en estudios de formación avanzada y experiencia altamente calificada, a los servidores que ocuparan cargos de los niveles profesional, ejecutivo, asesor o directivo y, por evaluación del desempeño, a los empleados de todos los niveles. Con posterioridad a la fecha indicada, solo tenían vocación para solicitarla, por cualquiera de los criterios señalados, quienes desempeñaran con carácter permanente empleos de los niveles directivo, asesor o ejecutivo. // Por tanto, en cumplimiento de los principios de efectividad de los derechos y de eficacia y celeridad de la función pública (C.N., arts. 2º y 209), corresponde a la Escuela Superior de Administración Pública entrar a decidir las solicitudes de prima técnica presentadas por diversos funcionarios, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por los decretos 1724 de 1997 y 1335 de 1999 (15) , en relación con los niveles de empleo y compensación de requisitos. Si la prima técnica se otorga por evaluación del desempeño, el acto de asignación tiene como base las calificaciones de servicios realizadas en el año inmediatamente anterior a la solicitud, como lo señala el artículo 5º del Decreto 2164 de 1991, su reconocimiento se hace a partir de la fecha en que quede en firme la calificación, sin que haya lugar a la pescripción del derecho, pues su pago está supeditado solo a la expedición del correspondiente acto administrativo (lo destacado se rectifica en este concepto). Si es por formación avanzada y experiencia altamente calificada, surte efectos una vez el peticionario llene los requisitos de ley, lo que genera para la administración la obligación de expedir el correspondiente acto de asignación tal como lo ordena el artículo 6º ordinal c) del Decreto-Ley 1661 de 1991. (...) artículo 7º Decreto 1661/91”.

(16) En relación con la facultad del legislador para establecer plazos para el ejercicio de las acciones ver sentencias C-198 de 1999, C-298 de 2002, C-460 de 2004.

(17) El artículo 6º de la Ley 712 de 2001 —por la cual se reforma el Código de Procedimiento Laboral— dispone que “Mientras esté pendiente el agotamiento de la reclamación administrativa se suspende el término de prescripción de la respectiva acción”.

(18) Declarada exequible la locución “por una sola vez” en Sentencia C-412 de 1997.

(19) El artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y el 151 del Decreto 2158 de 1948 fueron declarados exequibles mediante Sentencia C-072 de 1994.

(20) Señala la sentencia del 21 de marzo de 2002, radicación 41001233100019968531 01 de la Sección Segunda de esta corporación: “En este sentido, es de recibo aplicar el trienio prescriptivo que se enuncia en el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral y que consagra este fenómeno para “las acciones que emanen de las leyes sociales”, norma que por su carácter de orden público y ante la ausencia de precepto normativo de carácter especial, es viable para suplir esta falencia por aplicación analógica. La Ley 153 de 1887 artículo 8º al preceptuar los principios de interpretación jurídica, acepta como regla de hermenéutica la analogía cuyo alcance se explica en que “Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes...”.

(21) Ver sentencia del 21 de marzo de 2002, radicación 41001233100019968531 01 de la Sección Segunda.

(22) Señaló la Sección Segunda de esta corporación en la referida sentencia del 21 de marzo de 2002, radicación 41001233100019968531 01: “No cree la Sala que el vacío normativo que presenta el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, conlleve radicalizar la tesis de la imprescriptibilidad del derecho salarial o permitir subsidiariamente la vigencia del término veintenario contemplado en el artículo 2536 del C.C., puesto que en una interpretación sistemática, es preciso reconocer que la prescripción de los derechos laborales no previstos en dicha norma se regula por otras disposiciones que establezcan la materia. // “Acudiendo al artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral en vigor de la pauta analógica, es dable concluir, que aun otorgando a esta norma un alcance estrictamente privatista, contiene una materia común extensible para los empleados públicos, porque es innegable la relación laboral que surge respecto de ambas modalidades, luego existe una “materia semejante” que colma el vacío normativo regulador del régimen prescriptivo salarial para los empleados públicos”.

(23) Sentencia del 21 de marzo de 2002, radicación 41001233100019968531 01 de la Sección Segunda de esta corporación.

(24) Que modificó el artículo 868 del estatuto tributario, modificado en el inciso 1º por la Ley 863 de 2003.

(25) En el mismo sentido el artículo 2º del Decreto 1336 del 2003 dispuso: “Para reconocer, liquidar y pagar la prima técnica, cada organismo o entidad deberá contar previamente con la disponibilidad presupuestal acreditada por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, en la respectiva entidad”.

(26) Publicado el 11 de julio de 1997 en el Diario Oficial.

(27) Ver artículos 79 y 80 del Decreto 111 de 1996 y artículo 29 del Decreto 4730 de 2005.

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