Concepto 1780 de octubre 4 de 2006

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Rad.: 1.780

Consejero Ponente:

Dr. Luis Fernando Álvarez Jaramillo

Referencia: Ley 1033 de 2006. Alcance del inciso cuarto del artículo 10.

Bogotá, D.C., cuatro de octubre de dos mil seis.

El señor director del Departamento Administrativo de la Función Pública consulta a la Sala acerca del alcance del inciso cuarto del artículo 10 de la Ley 1033 de 2006, en los siguientes términos:

1. “¿La expresión ‘de acuerdo con la normatividad vigente’ consagrada en el inciso final del artículo 10 de la Ley 1033 de 2006, faculta a la Comisión Nacional del Servicio Civil para reconocer derechos de carrera a los empleados provisionales que fueron seleccionados por las entidades y organismos públicos, para una vinculación transitoria en empleos de carrera, con base en procesos de selección diseñados, convocados y ejecutados con fundamento en actos administrativos (acuerdos y resoluciones)?” (negrillas del texto original).

2. “¿En el evento en que la respuesta a la anterior pregunta sea negativa, los empleados que se encuentran en esta situación deben presentarse a la segunda prueba de la Convocatoria 001 de 2005 de la Comisión Nacional del Servicio Civil?”.

Consideraciones

1. Antecedentes de la Ley 1033 de 2006.

Según constancia de la secretaría general del Senado, publicada en la Gaceta del Congreso 58 del 4 de abril de 2006, el señor Ministro de Defensa Nacional radicó en ese despacho, el 30 de marzo de 2006, el proyecto de ley 258 “por el cual se establece la carrera administrativa especial para los empleados públicos civiles no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, de sus entidades descentralizadas, de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, y se derogan unas disposiciones de la Ley 990 de 2004”. Dicho proyecto fue repartido en la misma fecha a la Comisión Séptima del Senado.

El proyecto de ley en mención estaba compuesto por seis artículos, en ellos se establecía el régimen de carrera especial para los empleados públicos civiles no uniformados del Ministerio de Defensa y sus entidades descentralizadas, las fuerzas militares y la Policía Nacional; se facultaba igualmente al Presidente de la República para que en el término de seis meses expidiera las normas que habrían de integrar el referido régimen así como las que permitieran modificar y determinar el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos que conforman el sector defensa; se incluía un estudio de seguridad a los aspirantes a ocupar los cargos como prerrequisito para acceder a los mismos; se advertía que hasta tanto se expidieran las normas contentivas del nuevo régimen de carrera, se mantendría la vinculación provisional tanto para los cargos que se encontraban ocupados como para los vacantes. Finalmente, derogaba unas normas de la Ley 909 de 2004.

Posteriormente, en la ponencia para primer debate(1), se incluyeron algunos artículos nuevos al proyecto y dentro de ellos el número 10 cuyo texto inicial decía:

“ART. 10.—Cuando la Comisión Nacional del Servicio Civil prevea en los procesos de selección la aplicación de la prueba básica general de preselección a que hace referencia el artículo 24 de la Ley 443 de 1998 y esta tenga el carácter de habilitante, no le será exigible a los empleados que estén vinculados a la administración pública, mediante nombramiento provisional o en carrera, con una antelación no menor a seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley, que se inscriban o que se hayan inscrito para participar en el respectivo concurso en un empleo perteneciente al mismo nivel jerárquico del cargo que vienen desempeñando.

La experiencia de los aspirantes deberá evaluarse como una prueba más dentro del proceso, a la cual deberá asignársele un mayor valor a la experiencia relacionada con las funciones del cargo para el cual aspiran.

Para dar cumplimiento a lo consagrado en los incisos anteriores la Comisión Nacional del Servicio Civil queda facultada para que dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la expedición de la presente ley, realice los ajustes y modificaciones que se requieran en los procesos administrativos y en las convocatorias que se encuentren en curso a la entrada en vigencia de esta”.

Los ponentes justificaron la inclusión de este artículo aduciendo:

“Se propone un artículo nuevo con el fin de precisar el contenido del numeral 3º del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, en los casos en que la Comisión Nacional prevea en los procesos de selección la aplicación de la prueba básica general de preselección de que trata el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 y esta tenga el carácter de habilitante, con el fin de no hacerla exigible a quienes se encuentren vinculados en la administración pública y se inscriban para participar en los concursos que convoque la Comisión Nacional del Servicio Civil, toda vez, que dicha prueba tiene como objeto evaluar las competencias básicas de los aspirantes a ocupar un empleo de determinado nivel y técnicamente está demostrado que el hecho de que un empleado haya permanecido en el desempeño de un cargo del mismo nivel por más de seis (6) meses equivalentes al período de prueba, es porque posee las competencias básicas, razón por lo cual una nueve evaluación es redundante e innecesaria tanto para la Comisión Nacional del Servicio Civil encargada de ejecutar los procesos de selección como para los aspirantes”.

En la ponencia para segundo debate(2) se hicieron otras modificaciones al proyecto y se adicionaron al referido artículo 10 un cuarto inciso y un parágrafo; el inciso en mención era del siguiente tenor:

“Habilitar en carrera administrativa y posteriormente en la carrera especial a quienes hubiesen realizado el proceso de concurso para ostentar el cargo que desempeñan”.

No obstante, en la sesión plenaria del Senado celebrada el 6 de junio de 2006(3), se propuso una modificación al referido inciso 4º, la cual fue aprobada por la plenaria, convirtiéndose en el texto definitivo de la norma vigente y sobre el cual se formuló la presente consulta. El inciso aprobado dice:

“Habilitar en carrera administrativa general, especial o específica según el caso a quienes hubiesen realizado y superado el respectivo proceso de selección por mérito de acuerdo con la normatividad vigente a la fecha de la convocatoria para la cual se haya participado. La Comisión Nacional del Servicio Civil emitirá los pronunciamientos a que haya lugar en cada caso”.

La justificación de esta modificación fue presentada por uno de los ponentes, en los siguientes términos:

“...hay entidades que han llenado sus vacantes a través de un concurso, por ejemplo los bomberos, en los bomberos no ingresa nadie porque lo llamaron a que se vinculara de bombero, hacen concurso, hacen selección, hacen méritos, hacen pruebas, este artículo qué es lo que dice: En las entidades donde se haya vinculado personal a través del concurso de méritos, la Comisión Nacional del Servicio Civil, estudiará e inscribirá a esos trabajadores en carrera administrativa, es eso lo que dice, la comisión verificará que se haya cumplido una norma, que se haya cumplido la ley, que haya sido a través de concurso que haya sido abierto, que se cumpla la normatividad e inscribirá a los trabajadores que hayan sido vinculados a cualquier entidad del Estado a través del concurso, es eso presidenta”.

2. Artículo 10 de la Ley 1033 de 2006.

La Sala considera que por razones de metodología conviene hacer un análisis integral del artículo 10 con el fin de precisar el alcance de su inciso 4º.

Dice el referido artículo en su inciso 1º:

“ART. 10.—Cuando la Comisión Nacional del Servicio Civil prevea en los procesos de selección la aplicación de la prueba básica general de preselección a que hace referencia el artículo 24 de la Ley 443 de 1998 y esta tenga el carácter de habilitante, no le será exigible a los empleados que estén vinculados a la administración pública, mediante nombramiento provisional o en carrera, con una antelación no menor a seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley, que se inscriban o que se hayan inscrito para participar en el respectivo concurso en un empleo perteneciente al mismo nivel jerárquico del cargo que vienen desempeñando”.

Este inciso faculta a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que en los procesos de selección en que se prevea la aplicación de la prueba básica general de preselección a que se refiere el artículo 24 de la Ley 443 de 1998 y esta tenga el carácter de habilitante, no se exija dicha prueba a los empleados que se hayan vinculado a la administración pública mediante nombramiento provisional o en carrera, con una anterioridad no menor a seis meses contados a partir de la vigencia de la Ley 1033, y que se inscriban o hayan inscrito para concursar por un empleo que pertenezca al mismo nivel jerárquico del cargo que vienen desempeñando.

Al respecto, cabe recordar que el artículo 24 de la Ley 443 de 1998, que tiene plena vigencia, se refiere a la prueba básica general de preselección en los siguientes términos:

“ART. 24.—Concursos generales abiertos y utilización de sus listas de elegibles (...).

(...).

Igualmente, la Comisión Nacional del Servicio Civil podrá reglamentar la realización de pruebas básicas generales de preselección de carácter obligatorio que, con los requisitos mínimos de los empleos, constituirán los factores indispensables que deben estar presentes en todos los aspirantes a ingresar a cargos de carrera. Esta fase de preselección hará parte de los procesos encaminados a evaluar los factores complementarios requeridos para cada empleo de acuerdo con su perfil y especificidad” (negrillas de la Sala).

Del contenido de la norma transcrita se infiere que las pruebas básicas generales de preselección son de carácter obligatorio, lo cual no permite que las mismas sean reemplazadas o sustituidas por el hecho de acreditar que se ha ejercido el cargo en provisionalidad; así lo entendió la Corte Constitucional al pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 16 de la Ley 443 de 1998 que disponía una situación similar:

“ART. 16.—El empleado que haya desempeñado un cargo de carrera en provisionalidad, podrá participar en igualdad de condiciones en el concurso del respectivo empleo sin que se le puedan exigir requisitos diferentes a los que acreditó al momento de tomar posesión de aquel cargo”.

Al declarar la inexequibilidad de la expresión “sin que se le puedan exigir requisitos diferentes a los que acreditó al momento de tomar posesión de aquel cargo”, sostuvo esa corporación en Sentencia C-942 de 2003:

“Sin embargo, la Corte considera que en efecto, la parte acusada sí vulnera la Constitución por las razones que se expondrán.

En primer lugar, hay que señalar que el evento que contempla el artículo 16 no corresponde a un cargo de carrera desempeñado por un empleado de carrera, sino de un cargo de carrera desempeñado provisionalmente por un empleado que no es de carrera. Es decir, no se está siquiera en la hipótesis de que la disposición otorga un privilegio a un empleado de carrera.

En segundo lugar, la hipótesis no se refiere al momento de la posesión del cargo, momento en el que no se discute que el empleado provisional debe cumplir todos los requisitos inherentes al cargo. Del mismo modo, la Corte considera que está acorde con la Constitución que la disposición prevea que quien desempeñó un cargo de carrera pueda participar en igualdad de condiciones en el concurso del respectivo empleo. Pero no encuentra la Corte ninguna justificación para que la disposición establezca un privilegio para esta persona, de eximirlo de cumplir requisitos que sí se le exigen a los demás concursantes, por el solo hecho de haber desempeñado el cargo de carrera. En este caso se está ante una evidente violación del principio de igualdad entre los concursantes, que infringe el artículo 13 de la Constitución” (negrillas de la Sala).

De tal manera que para la Sala estaría en duda la constitucionalidad de la exoneración propuesta en el inciso 1º del artículo 10 en estudio, en el sentido de eximir de la presentación de la prueba básica general de preselección a quienes desempeñen cargos en la administración pública en ejercicio de nombramientos provisionales.

Situación semejante sucede con el inciso 2º de la disposición que se analiza, el cual establece:

“La experiencia de los aspirantes deberá evaluarse como una prueba más dentro del proceso, a la cual deberá asignársele un mayor valor a la experiencia relacionada con las funciones del cargo para el cual aspiran”.

En efecto, el artículo 56 de la Ley 909 de 2004, que contenía una previsión semejante, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-733 de 2005, por vulnerar el derecho a la igualdad y el derecho a acceder a cargos públicos.

Así rezaba la norma en mención:

“Ley 909 de 2004

ART. 56.—Evaluación de antecedentes a empleados provisionales. A los empleados que a la vigencia de la presente ley se encuentren desempeñando cargos de carrera, sin estar inscritos en ella, y se presenten a los concursos convocados para conformar listas de elegibles para proveer dichos cargos, destinadas a proveerlos en forma definitiva, se les evaluará y reconocerá la experiencia, antigüedad, conocimiento y eficiencia en su ejercicio.

La Comisión Nacional del Servicio Civil adoptará los instrumentos para el efecto”.

En síntesis estos son los argumentos de inexequibilidad expresados por la Corte:

“Una interpretación acorde con el efecto útil que debe darse a las disposiciones que conforman la ley, indica a la Corte que la evaluación prevista en el inciso primero del artículo 56 de la Ley 909 de 2004, para los empleados que ocupan cargos de carrera en provisionalidad y que deseen ingresar a esta, además de ser específica y concreta es adicional a los requisitos exigidos de manera general para todas las personas que se presenten con el mismo fin.

(...).

En el presente, si bien no se trata de una incorporación automática a la carrera, tratándose de la previsión de concurso abierto, la norma acusada si (sic) consagra un trato distinto entre los aspirantes que se desempeñan en provisionalidad y los demás, pues prevé una evaluación adicional para los empleados nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, a la fecha de la vigencia de la ley, y que aspiren a dichos cargos, que termina estableciendo a favor de estos una ventaja injustificada con respecto a los demás aspirantes, y por lo tanto violatora del derecho a la igualdad y del derecho de acceso a cargos públicos. El privilegio consiste en que a estos empleados, además de los factores comunes que se les tendrán en cuenta a todos los aspirantes, relativos a sus calidades académicas y experiencia, también se les toma en cuenta, de manera adicional, una evaluación de antecedentes, de experiencia, de antigüedad, de conocimiento y de eficiencia en el ejercicio del cargo para el cual se concursa, lo que representa una ventaja frente a quienes concursan y no se encuentran ocupando el cargo respectivo, según lo disponga la Comisión Nacional del Servicio Civil, la cual no se encuentra justificada”.

Por lo expuesto, la Sala estima que también el inciso 2º del artículo 10 de la Ley 1033 de 2006, puede estar viciado de inconstitucionalidad, y en consecuencia no procedería la evaluación en él establecida.

El inciso 3º del mencionado artículo 10 se refiere a las facultades que temporalmente se otorgan a la Comisión Nacional del Servicio Civil para introducir ajustes y modificaciones en los procesos administrativos y convocatorias en curso a la entrada en vigencia de la ley, con el fin de dar cumplimiento a lo consagrado en los dos primeros incisos de dicho artículo.

Dice el inciso 3º:

“Para dar cumplimiento a lo consagrado en los incisos anteriores la Comisión Nacional del Servicio Civil queda facultada para que dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la expedición de la presente ley, realice los ajustes y modificaciones que se requieran en los procesos administrativos y en las convocatorias que se encuentren en curso a la entrada en vigencia de esta”.

Finalmente, es menester analizar el inciso 4º del artículo 10 de la Ley 1033, cuya interpretación dio origen a la presente consulta, el cual reza:

“Habilitar en carrera administrativa general, especial o específica según el caso a quienes hubiesen realizado y superado el respectivo proceso de selección por mérito de acuerdo con la normatividad vigente a la fecha de la convocatoria para la cual se haya participado. La Comisión Nacional del Servicio Civil emitirá los pronunciamientos a que haya lugar en cada caso”.

Similar atribución otorgaba a la Comisión Nacional del Servicio Civil, el numeral 9º del artículo 45 de la Ley 443 de 1998, cuyo texto decía:

“ART. 45.—Funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil la administración y vigilancia de las carreras de los empleados del Estado, con excepción de las siguientes:

Para el efecto ejercerá las siguientes funciones:

(...).

9. Convalidar como medio de ingreso a la carrera, los procesos de selección de personal efectuados por las entidades, para la provisión de empleos que con posterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991 hayan pasado a considerarse como de carrera administrativa.

(...)”.

Sobre tal atribución la Corte Constitucional(4) se pronunció declarando su inexequibilidad y, previo recuento de algunas de las sentencias que sobre el ingreso a la carrera administrativa ha proferido, manifestó:

“Por otra parte, es claro que una convalidación masiva de procesos de selección de personal ya efectuados, sin la certidumbre de que los requisitos, condiciones y formalidades constitucionales y legales se hubiesen cumplido, desconoce abiertamente el artículo 125 de la Carta Política, que, utilizando un lenguaje imperativo, condiciona el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos al ‘previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes’” (resalta la Corte).

Como corolario de lo anterior se tiene que, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 125 de la Carta el ingreso a la carrera administrativa solo procede una vez se hayan cumplido los requisitos y las condiciones fijados por el legislador para determinar los méritos y calidades de los aspirantes; y en virtud de lo dispuesto en el artículo 130 Superior, la Comisión Nacional del Servicio Civil es el único organismo facultado, expresa y exclusivamente, para administrar y vigilar las carreras de los servidores públicos, “excepción hecha de las que tengan carácter especial”.

Sobre estos aspectos, la Corte Constitucional en la mencionada Sentencia C-372 de 1999, afirma:

“Ya que el Constituyente quiso establecer la carrera administrativa como la regla general para la provisión de los empleos en los órganos y entidades del Estado, para el ascenso dentro de los mismos y para el retiro del servicio, su criterio consistió en prever un sistema de carrera, coordinado y armónico, técnicamente organizado, confiado a un organismo único de nivel nacional y con jurisdicción en todo el territorio, que garantizara la efectividad del ordenamiento constitucional en la materia, sin depender en su actividad y funcionamiento de ninguna de las ramas del poder público, aunque bajo los criterios y directrices trazados por el legislador”.

Y más adelante agrega la Corte en la misma providencia:

“(...) si la carrera ha de ser administrada y vigilada por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en los términos del artículo 130 de la Constitución, el registro de la misma es uno solo y, si bien puede la comisión sectorizarlo o distribuirlo territorialmente para facilitar su manejo y consulta, así como la recolección, tratamiento, conservación y coordinación de los datos indispensables, es evidente que la Carta no permite tantos registros, autónomos e inconexos, cuantas entidades territoriales tiene la República (...). El registro nacional de la carrera es único y debe ser llevado por la Comisión Nacional del Servicio Civil”.

Por tanto, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Nacional y lo decidido por la Corte Constitucional, debe concluirse que por fuera de las normas que asignan a la Comisión Nacional del Servicio Civil facultades exclusivas para la administración y vigilancia de la carrera administrativa, no había normatividad aplicable para efectos de realización de concursos, no había órgano alguno con competencia para proceder a hacer la convocatoria y por consiguiente no había registros de carrera.

Así las cosas y con el fin de determinar el verdadero alcance del inciso 4º del artículo 10 de la Ley 1033, para la Sala la norma en mención al habilitar en carrera administrativa a quienes hubiesen realizado y superado el respectivo proceso de selección por mérito, de acuerdo con la normatividad vigente a la fecha de la convocatoria para la cual se haya participado, está significando una de las siguientes situaciones.

En primer lugar, puede interpretarse que la disposición está incorporando de manera automática en carrera administrativa, a quienes en virtud de procedimientos dispuestos por actos de convocatoria no autorizados per la ley, hubiesen sido inscritos en algún régimen de carrera.

O bien puede suceder que la norma contenida en el inciso 4º en mención, esté incorporando automáticamente en carrera a quienes en virtud de procedimientos dispuestos por actos de convocatoria no autorizados por la ley, hayan sido vinculados en calidad de empleados provisionales.

En el primer caso, la habilitación en carrera administrativa que formula el inciso 4º del artículo 10, significa una incorporación automática a la misma, lo que es inconstitucional de conformidad con lo preceptuado por los artículos 13, 40-7, 125 y concordantes de la Constitución Política; sin olvidar que de todas maneras se está frente a actos administrativos de “incorporación a una carrera general o especial”, que gozan de presunción de legalidad, la cual debe destruirse mediante las correspondientes acciones contenciosas, para que en sede judicial, de acuerdo con los postulados doctrinarios que se adopten, se decida sobre su nulidad e incluso sobre su inexistencia.

En el segundo caso, es decir, los “empleados provisionales que fueron seleccionados por las entidades y organismos públicos, para una vinculación transitoria en empleos de carrera, con base en procesos de selección diseñados, convocados y ejecutados con fundamento en actos administrativos”, a quienes se refiere la consulta formulada por el Departamento Administrativo de la Función Pública para ellos, en su calidad de provisionales, ni siquiera operó aquella especie de incorporación a que se refiere el inciso anterior, razón por la cual la Sala estima que en el dicho caso procede la inaplicación de la norma contenida en el inciso 4º del artículo 10 de la Ley 1033 de 2006, habida consideración de que riñe con los preceptos constitucionales antes enunciados que regulan la materia; todo ello sin perjuicio de que en caso que se hubiesen producido actos administrativos de inscripción para provisionales, deba acudirse ante la jurisdicción contenciosa para que en sede judicial, de acuerdo con los postulados doctrinarios que se adopten, se decida sobre su nulidad e incluso sobre su inexistencia.

Sobre la falta de derechos de carrera para quienes en virtud de procedimientos diferentes a los establecidos por la ley, hayan sido vinculados transitoriamente a la administración, la Sección Segunda, Subsección “B” de esta corporación, en fallo del 21 de julio de 2005 en la radicación 11001-03-25-000-2003-00302-01(3153-03) Magistrado Ponente Jesús María Lemos Bustamante, en un proceso relacionado con la carrera en la fiscalía, pero con características normativas similares a las planteadas en la consulta, al retomar la doctrina sentada por la Sala Plena de la corporación, en sentencia del 2 de septiembre de 2003, Consejero Ponente Manuel Santiago Urueta Ayola, Radicación: 23001-23-21-000-1997-8661-01(S-531), y recoger la que en contrario traía la Subsección(5), dispuso en su parte esencial:

“Así las cosas, cabe concluir que el procedimiento señalado en la norma no fue utilizado por la recurrente para seleccionar y vincular al actor en el cargo cuyo nombramiento le fue declarado insubsistente, pues no consistió en un concurso para ingresar a la carrera del servicio en esa entidad, sino en un procedimiento informal que por las circunstancias prácticas se adoptó para proveer provisionalmente determinados cargos de carrera, mientras esta podía ser puesta en funcionamiento en virtud de su reglamentación por la autoridad prevista en las normas legales que la regulaban. Asimismo, que el nombramiento en provisionalidad no aparece como una decisión caprichosa e ilegal sino como adecuada a esas circunstancias.

Sea esta la ocasión para precisar que no todo proceso de selección mediante elementos objetivos y subjetivos de valoración origina estabilidad o status de carrera en un determinado cargo, puesto que la consideración del mérito no es incompatible con la facultad de libre nombramiento y remoción o de designación en cargos de período, ya que el nominador en ejercicio de esa facultad precisamente puede optar por ese mecanismo si a bien lo tiene, y si el mismo es una forma de propender por el mejoramiento del servicio.

Tampoco sería incompatible con la designación en provisionalidad, y por tanto temporal, en cargos de carrera si circunstancias especiales y objetivas lo justifican como es el caso de las aquí examinadas, consistentes en la falta de desarrollo normativo del procedimiento respectivo y se trata de un servicio o función que no se puede dejar de prestar o cumplir.

De otra parte, la administración fue suficientemente clara sobre los términos y los efectos de la convocatoria, de suerte que no dio lugar a que los aspirantes se llamaran a engaño y que, por el contrario, se presume que quienes participaron en ella lo hicieron con pleno conocimiento de las condiciones de la misma.

En el mismo sentido se pronunció esta Subsección en sentencia del 8 de julio de 2004, expediente identificado con número interno 0005-2003, actor Jhonny Walton Parra Salamandra, cuya ponencia correspondió al despacho que sustancia la presente causa”.

Se responde:

De conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de este concepto, en el presente asunto procede la inaplicación de la norma cuyo alcance se consulta por contravenir los preceptos constitucionales que rigen los procesos de selección o concursos para el ingreso y ascenso a los empleos de carrera.

En consecuencia, los empleados que se encuentran vinculados a la administración pública mediante nombramiento en provisionalidad, deben concursar en igualdad de condiciones con los demás aspirantes.

Transcríbase al señor (sic) del Departamento Administrativo de la Función Pública, y a la secretaría jurídica de la Presidencia de la República.

Magistrados: Enrique José Arboleda P., PresidenteGustavo Aponte Santos—Luis Fernando Álvarez Jaramillo—Flavio Augusto Rodríguez A.

Lida Yannette Manrique Alonso, secretaria de la Sala.

(1) Gaceta del Congreso 100, del 5 de mayo de 2006, págs. 1 a 4.

(2) Gaceta del Congreso 146 del 30 de mayo de 2006, pág. 3.

(3) Gaceta del Congreso 225 del 5 de julio de 2006, pág. 33.

(4) Corte Constitucional, Sentencia C-372 de 1999.

(5) Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” del 19 de abril de 2001, Consejero Ponente Jesús María Lemos Bustamante, actora Tatiana Elena Natchev, Expediente 2845-00.