Concepto 1826 de septiembre 20 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

TRADICIÓN DEL DOMINIO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

Vehículos cuya compraventa no se ha registrado o cuya licencia de tránsito se debe cancelar.

EXTRACTOS: «El señor Ministro de Transporte, doctor Andrés Uriel Gallego Henao, con fundamento en las normas pertinentes de la Ley 769 del 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre, formula a la Sala las siguientes preguntas:

(...).

“2. Preguntas sobre cancelación de la licencia de tránsito:

2.1. Teniendo en cuenta el artículo 40 del Código Nacional de Tránsito, la cancelación de la licencia de tránsito opera a solicitud de su titular por las causales allí previstas, entre ellas el “hurto o desaparición documentada sin que se conozca el paradero final del vehículo”, ¿dicha causal por quién debe ser probada y cuál es la prueba idónea? ¿El hurto o desaparición documentada se pueden tomar como sinónimos o en qué se diferencian?

2.2. ¿La autoridad competente para declarar la desaparición documentada de que trata el artículo 40 de la Ley 769 de 2002, para efectos de la cancelación de la licencia de tránsito de un vehículo, es la Fiscalía General de la Nación o el juez donde cursa la respectiva denuncia?

2.3. ¿Qué medios probatorios serían válidos para demostrar la causal de hurto o desaparición documentada para cancelar la licencia de tránsito, cuando el titular del vehículo celebró contrato de compraventa y el comprador nunca registró el traspaso ante el organismo de tránsito y el vendedor desconoce el paradero del vehículo y el comprador? ¿Qué salida jurídica podríamos darle a estas personas que de buena fe firman el traspaso del vehículo a favor del comprador y no lo legalizaron, con el agravante que después de varios años: 5, 10, 15 y más años no poseen copia del contrato de compraventa y continúan respondiendo por el impuesto de automotores que regula la Ley 488 de 1998; en algunas ocasiones los compradores desaparecen en el caso de concesionarios o personas naturales o el vehículo fue hurtado y no fue denunciado por parte del comprador o simplemente el vehículo se desintegró en posesión de persona no conocida por venta sucesiva del vehículo sin legalizar el traspaso. ¿Podríamos en estos casos aplicar la causal de desaparición documentada y cuál sería la prueba conducente?

2.4. Cuando el titular de un vehículo automotor a pesar de haber celebrado un contrato de compraventa verbal o escrito desconoce el paradero final del vehículo y del comprador, sin legalizar el traspaso ante el organismo de tránsito, ¿podría invocar la causal de desaparición documentada, aduciendo que el comprador tenía la obligación de formalizar la tradición de que trata el artículo 47 de la Ley 769 de 2002? ¿O debería acudir ante un juez civil por obligación de hacer para que mediante sentencia ordene el traspaso o declare la resolución del contrato y posteriormente proceder a cancelar la licencia de tránsito?”.

(...).

2.1. Aspectos generales.

Las preguntas formuladas a la Sala en relación con la licencia de tránsito hacen necesario detenerse previamente en la normatividad que la rige, a la par con la que regula el efecto del registro de los actos y contratos sobre los vehículos automotores terrestres, pues como se verá, a lo largo del tiempo la legislación ha variado entre establecerlo como el modo de traditar los vehículos o dejarlo solamente con los efectos de oponibilidad de la propiedad frente a terceros, incluidas las autoridades.

a) La licencia de tránsito: 

El anterior Código Nacional de Tránsito Terrestre expedido por el Decreto-Ley 1344 de 1970 (19) , modificado por el Decreto-Ley 1809 de 1990 (20) , y ahora contenido en la Ley 769 del 2002 (21) , reglamentó la licencia de tránsito como el documento público que identifica al vehículo y a su propietario, y autoriza la circulación del automotor por las vías públicas y las privadas abiertas al público.

De su actual regulación, contenida en los artículos 34 a 40 de la Ley 769 del 2002, se destaca que la licencia puede ser expedida por cualquier organismo de tránsito, acreditando la factura de compra, el pago de impuestos y el certificado de inscripción en el registro único nacional de transporte; y en su contenido, además de las características del vehículo se incluyen el nombre del propietario, identificación, huella y domicilio y las limitaciones a la propiedad. Al respecto ordena el parágrafo del artículo 38: “Las nuevas licencias deberán permitir al organismo de tránsito confrontar la identidad del respectivo titular de conformidad con las normas de la ley vigente sobre la materia…”.

Igualmente, el artículo 40 consagra las causales de cancelación de la licencia y como consecuencia de esta, la cancelación del registro (22) , sobre lo cual se volverá más adelante.

b) El registro de los automotores y sus efectos: 

El Decreto-Ley 1250 de 1970, de fecha 27 de julio, “por el cual se expide el estatuto del registro de instrumentos públicos” (23) , sujetó a registro los actos, contratos, providencias judiciales, administrativas o arbitrales, que impliquen constitución, declaración, aclaración, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio, tanto sobre los bienes raíces como sobre “los vehículos automotores terrestres” (art. 2º, nums. 1º y 2º), y además estableció que “ninguno de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción o registro tendrá mérito probatorio, si no ha sido inscrito o registrado”, y que “por regla general ningún título o instrumento sujeto a registro o inscripción surtirá efectos respecto de terceros, sino desde la fecha de aquel” (arts. 43 y 44).

En la misma fecha —julio 27 de 1970— fue expedido el Decreto-Ley 1255, que se ocupó del “régimen de constitución, adquisición y registro de derechos reales y medidas judiciales de traba sobre vehículos automotores terrestres” (24) , disponiendo que todo acto o contrato relativo a la propiedad u otro derecho real sobre estos vehículos debía “celebrarse por escritura pública y no se reputaría perfecto mientras ella no se otorgara” (art. 1º), y que “la tradición se efectuaría mediante la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos” (art. 2º); así mismo dispuso que entraría a regir a partir del 1º de noviembre de 1970 (art. 18).

Pero el 9 de noviembre del mismo año de 1970, fue expedido el Decreto-Ley 2157, “por el cual se dictan normas sobre régimen jurídico de vehículos automotores terrestres,” (25) que derogó expresamente el Decreto-Ley 1255 del mismo año, previó su vigencia a partir del 1º de enero de 1971, y ordenó a “quien importe, fabrique o ensamble en el país, o remate por causa de contrabando, vehículo, vehículos automotores terrestres con posterioridad al primero de enero de 1971… presentar al Instituto Nacional de Transportes, para su inscripción en el inventario nacional automotor, los documentos que identifiquen el vehículo y acrediten la propiedad” (art. 1º); así mismo estableció que a partir de su vigencia, “todo acto o contrato que implique tradición, disposición, aclaración, limitación, gravamen o extinción de dominio u otro derecho real, principal o accesorio, sobre vehículos automotores terrestres”, para que surta efectos ante las autoridades de tránsito, “deberá presentarse por los interesados a la respectiva dirección de tránsito, que hará la correspondiente anotación, dejando constancia de ella en el respectivo acto o contrato y avisará de inmediato al Instituto Nacional de Transporte (art. 3º.)”. Este instituto debía abrir a cada vehículo “una ficha o folio para anotar todo acto o contrato que afectara el vehículo” (art. 5º).

Destaca la Sala que los decretos 1250, 1255 y 2157 de 1970, fueron todos expedidos con base en las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 8ª de 1969 para “reformar los sistemas de notariado, registro de instrumentos, catastro, registro del estado civil de las personas y de constitución, transmisión y registro de derechos reales y trabas sobre vehículos automotores, reglamentos de policía vial y de circulación…” (26) ; que la escritura pública y el registro como título y modo de tradición de los vehículos automotores rigieron solamente entre el 1º de noviembre y el 31 de diciembre de 1971; y que con el Decreto-Ley 2157 de 1970 se suprimieron las solemnidades y se restringieron los efectos del registro dejándolo solo respecto de las autoridades de tránsito.

Con vigencia a partir del 1º de enero de 1972, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto Extraordinario 410 de 1971 (27) , expidió el Código de Comercio, que reguló la tradición de los vehículos automotores de la siguiente manera:

“ART. 922.—La tradición del dominio de los bienes raíces requerirá además de la inscripción del título en la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos, la entrega material de la cosa.

PAR.—De la misma manera se realizará la tradición del dominio de los vehículos automotores, pero la inscripción del título se efectuará ante el funcionario y en la forma que determinen las disposiciones legales pertinentes. La tradición así efectuada será reconocida y bastará ante cualesquiera autoridades”.

Obsérvese que el legislador extraordinario volvió a dar el mismo tratamiento a la tradición de los vehículos automotores y a la de los bienes inmuebles; de manera que la tradición de los vehículos dejó de perfeccionarse con la sola entrega; el funcionario competente y la forma de hacer el registro, quedaron deferidos a “las disposiciones legales pertinentes”, dejando claro que tal registro, hecho de la manera como las leyes especiales señalen, debe ser reconocido por todas las autoridades, es decir, ya no solo las de tránsito como lo había establecido el Decreto 2157 de 1970.

La aplicación de esta norma ha contado con dos inconvenientes: el primero, el de su aplicación a los contratos de venta de automotores entre comerciantes, pues la venta de uno de estos vehículos entre no comerciantes, difícilmente impondría la aplicación del Código de Comercio, y por lo mismo su tradición se regiría por las reglas del Código Civil y del Decreto 2157 de 1970 que acaba de citarse. El segundo, que consiste en la práctica de no registrar las ventas de los automotores que generalmente se conoce como el “traspaso” por el nombre del formulario en que se efectúa, práctica que origina la consulta formulada por el señor ministro, cuya solución jurídica se analiza en este concepto.

Esta situación rigió hasta la Ley 53 de 1989 (28) , que asignó funciones al Instituto Nacional de Transporte, adicionó la normatividad sobre tránsito terrestre automotor, confirió facultades extraordinarias para reformar el Código Nacional de Tránsito Terrestre, y su artículo 6º fue del siguiente tenor:

“El registro terrestre automotor es el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto o contrato que implique tradición, disposición, aclaración, limitación, gravamen o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surta efectos ante las autoridades y ante terceros”.

De nuevo el registro dejó de ser el modo de traditar, para tener solamente efectos de oponibilidad, ampliados a todas las autoridades y a los terceros. Esta regla se repitió en la disposición número 76 del artículo 1º del Decreto-Ley 1809 de 1990 (29) , que sustituyó el artículo 88 del Decreto-Ley 1344 de 1970 y rigió hasta la expedición del actual código.

La Ley 769 del 2002 contiene el Código Nacional de Tránsito Terrestre, actualmente vigente, y derogó expresamente el Decreto-Ley 1344 de 1970 y sus normas modificatorias y reglamentarias (30) . El artículo 8º creó y ordenó al Ministerio de Transporte poner en funcionamiento el registro único nacional de tránsito, RUNT, el cual debe incorporar las informaciones a nivel nacional acerca de automotores; de conductores; de empresas de transporte público y privado; de licencias de tránsito; de infracciones de tránsito; de centros de enseñanza automovilística; de seguros; de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que prestan servicios al sector público; de remolques y semirremolques; y, de accidentes de tránsito. Este registro comprende varios temas, uno de los cuales es el registro nacional automotor que se nutre con las informaciones que le suministren los organismos de tránsito, ante los cuales se hace el registro de los actos y contratos sobre los vehículos. En particular, y por ser objeto de nuestro estudio, se transcribe parcialmente el artículo 47 que regula el efecto del registro de los contratos sobre los automotores:

“ART. 47.—Tradición del dominio. La tradición del dominio de los vehículos automotores requerirá, además de su entrega material, su inscripción en el organismo de tránsito correspondiente, quien lo reportará en el registro nacional automotor en un término no superior a quince (15) días. La inscripción ante el organismo de tránsito deberá hacerse dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la adquisición del vehículo”.

Esta norma será estudiada en detalle más adelante, y por lo pronto basta con extraer una consecuencia que es bien importante para el caso concreto: entre 1989 y el código actual, el efecto del registro de tránsito era el de la oponibilidad de los actos o contratos, tanto frente a las autoridades como frente a terceros; en la actualidad, el efecto es el de servir de modo para transferir la propiedad, pues según la norma, la tradición se efectúa mediante la realización de dos actos, la entrega del vehículo y su registro ante las autoridades de tránsito.

2.2. La cancelación de la licencia de tránsito por desaparición documentada.

La licencia de tránsito puede ser cancelada en las situaciones enumeradas por el artículo 40 de la Ley 769 del 2002, que expresa:

“ART. 40.—Cancelación. La licencia de tránsito de un vehículo se cancelará a solicitud de su titular por destrucción total del vehículo, pérdida definitiva, exportación o reexportación, hurto o desaparición documentada sin que se conozca el paradero final del vehículo, previa comprobación del hecho por parte de la autoridad competente.

En cualquier caso, el organismo de tránsito reportará la novedad al registro nacional automotor mediante decisión debidamente ejecutoriada.

PAR.—En caso de destrucción, debe informarse al Ministerio de Transporte de este hecho para proceder a darlo de baja del registro automotor. En ningún caso podrá matricularse un vehículo nuevamente con esta serie y número”.

El anterior Código Nacional de Tránsito y Transporte, Decreto-Ley 1344 de 1970, en su artículo 100, hablaba de la cancelación de la licencia por solicitud de su titular, “por causa de su destrucción, pérdida o exportación, previa la comprobación del hecho por la competente autoridad”. Esta norma fue reglamentada por el Acuerdo 51 de 1993 (31) , en el artículo 97 que en lo pertinente decía:

“ART. 97.—Para efectos de la cancelación de la licencia de tránsito de que trata el artículo 91 del Decreto-Ley 1344 de 1970, se entiende por pérdida de un vehículo, cuando se pierde la tenencia y posesión de un vehículo automotor como consecuencia de un hurto”.

Para las normas derogadas, era claro que la pérdida de un vehículo era consecuencia del hurto del mismo, situación que continúa vigente, como se expone enseguida.

La consulta inquiere a la Sala sobre dos puntos en relación con la interpretación del transcrito artículo 40 del código vigente, a saber: si la desaparición documentada es sinónimo de hurto, y cómo debe probarse la desaparición del automotor para que sea documentada.

En relación con el primer aspecto, se considera que la frase “hurto o desaparición documentada sin que se conozca el paradero final del vehículo” que utiliza la norma, es una sola hipótesis legal, de modo que la desaparición documentada equivale al hurto del vehículo, entre otras razones, porque en sana lógica, solamente en caso de hurto puede aducir el propietario que perdió la posesión y que desconoce el destino final del vehículo, pues mientras tenga la posesión siempre deberá conocer la ubicación espacial del mismo.

Además de esta razón, un análisis de la forma como está redactado el comentado artículo 40 permite llegar a la misma conclusión: obsérvese que todas las causales se encuentran separadas entre comas en el párrafo transcrito, y que entre las palabras hurto odesaparición no existe este signo gramatical, indicando que la conjunción “o” tiene sentido de equivalencia y no de alternativa (32) .

Ahora bien, el calificativo de “documentada” que impone la norma al hurto remite a la manera de comprobarse este hecho, esto es, que el vehículo le fue robado a su propietario y que no se ha encontrado por las autoridades. Es claro que tanto la fiscalía que investiga el caso, como el juez penal que lo juzga, están en condiciones de certificar ambos hechos, tanto el del hurto como el de no haberse recuperado el vehículo, de manera que el propietario pueda solicitar la cancelación de la licencia de tránsito del mismo.

En forma respetuosa, la Sala se permite recomendar al Gobierno Nacional la expedición de un reglamento en el que se desarrollen los elementos incorporados en el artículo 40 de la Ley 769 del 2002, atendiendo la finalidad perseguida por la norma y ubicando la situación en el régimen sustantivo y procedimental que en materia penal se ocupa del hurto.

2.3. Situación de la propiedad de los vehículos cuyas ventas no se han registrado.

Se exponía en el anterior punto que la expresión desaparición documentada era sinónima de hurto, por lo que no podían escindirse estos términos de la ley. Del texto de la consulta parece desprenderse que se pregunta a la Sala si la expresión “desaparición documentada sin que se conozca el paradero final del vehículo”, que utiliza la norma, puede aplicarse al caso en el que una persona registrada como propietaria de un automotor, que lo vendió muchos años antes sin que el comprador hubiera registrado su adquisición o traspaso, puede solicitar que se cancele la licencia de tránsito del vehículo vendido, pues desconoce el paradero, tanto del bien como del comprador. La justificación para hacer tal solicitud de cancelación, radica en que el vendedor que aparece aún como propietario, responde frente a terceros como dueño del vehículo, especialmente en asuntos tributarios.

Como se expuso anteriormente, entre 1989 y hasta la vigencia del actual código, esto es, el 7 de noviembre del 2002 (33) , el efecto del registro de tránsito era solamente el de darle oponibilidad a los actos de particulares sobre los automotores, y a partir del 7 de noviembre del 2002, el efecto es el de traditar el bien, que es uno de los modos de adquirir el dominio. Se anota además, que en las normas anteriores al código actual, no había plazo para efectuar el registro, mientras que en el artículo 47 se fija un plazo de sesenta días para su realización.

Ninguna de las regulaciones exige o impone a alguna de las partes del contrato la obligación de efectuar el registro, de donde en principio se desprende que cualquiera de ellas, vendedor o comprador, puede llevarlo a cabo. Sin embargo, al quedar consagrado el registro como el modo de traditar la propiedad del vehículo automotor, se torna en una obligación del vendedor, pues no de otra manera cumpliría con los requisitos del artículo 47 en comento. Esta interpretación, además, guarda armonía con el Código de Comercio en el cual la entrega y la tradición de la cosa vendida (sic).

No obstante, de conformidad con el Acuerdo 51 de 1993 (34) , la diligencia de registro se cumple tramitando el formulario preestablecido denominado formulario único nacional, y solo mediante este formulario es posible inscribir el cambio del propietario (35) . La práctica indica que por lo general es el comprador quien se queda con el formulario, pues es el principal interesado en aparecer como propietario de su automotor, pese a lo cual, es frecuente que no haga el correspondiente registro en el plazo indicado por la ley. Como se expresó, esta ausencia de inscripción puede afectar al vendedor, pues bajo la legislación anterior responde ante terceros como si fuera el verdadero dueño, y en la actualidad continúa siendo el propietario pues no se ha realizado la tradición del automotor.

De la solicitud de consulta parece desprenderse que la solución a esta situación de ausencia de inscripción ante el incumplimiento del comprador, es la de la cancelación de la licencia de tránsito por su propietario inscrito, de manera que deja de seguir respondiendo, fiscal y patrimonialmente por un bien que ya no es suyo.

Para la Sala de Consulta y Servicio Civil es claro que esta no es la solución, pues la ley no contempló que la falta de registro de una compraventa de un automotor sea causal de la cancelación de la licencia de tránsito del mismo, y por ambigua que sea la expresión “desaparición documentada sin que se conozca el paradero final del vehículo” que trae el artículo 40 de la Ley 769 de 2002, jamás puede entenderse en el sentido de que está consagrando tal sanción en contra del comprador incumplido que no haga las diligencias ante el organismo de tránsito en el que esté matriculado.

La correcta interpretación de las normas legales sobre inscripción de la transferencia de la propiedad, consiste en poner en práctica el registro de la compraventa como obligación del vendedor, que aparece como propietario inscrito, sin perjuicio de que el comprador la pueda realizar, de manera que, en una actuación administrativa ante los organismos de tránsito, una u otra de las partes pruebe plenamente la existencia del contrato de venta para que procedan a inscribirlo.

Considera la Sala que el tema puede ser objeto de reglamento comoquiera que se trata de adecuar los trámites administrativos a los lineamientos de la ley. No permitir que el vendedor demuestre en una actuación administrativa que vendió un automotor, porque no está consignada en el formulario único nacional la situación de traspaso, implica darle a este formulario el valor de prueba solemne del contrato de venta, efecto que no está en la ley. Además, el penúltimo inciso del artículo 5º del Código Contencioso Administrativo al regular el derecho de petición en interés particular dice que “las autoridades podrán exigir, de manera general, que ciertas peticiones se presenten por escrito y agrega que para algunos de estos casos podrán elaborar formularios para que los diligencien los interesados, en todo lo que les sea aplicable, y añadan las informaciones o aclaraciones pertinentes”. Los formularios son una forma de hacer eficiente el trámite de una petición, pero no reemplazan los contratos ni la efectividad de este derecho fundamental.

De otra parte, una de las consecuencias que se han presentado por la falta de inscripción de los compradores de automotores, consiste en que los propietarios inscritos continúan respondiendo por los impuestos sobre los mismos, tema que se pasa a tratar.

2.4. El propietario inscrito como sujeto pasivo del impuesto sobre vehículos automotores.

La Ley 488 de 1998 (36) creó el “impuesto sobre vehículos automotores” para sustituir los impuestos de timbre nacional, el de circulación y tránsito y un impuesto unificado existente en el Distrito Capital (37) ; cedió además su recaudo a “los municipios, distritos, departamentos y el Distrito Capital” (38) ; definió como hecho generador del impuesto “la propiedad o posesión de los vehículos gravados” (39) y en cuanto al sujeto pasivo del impuesto estatuye:

“ART 142.—Sujeto pasivo. El sujeto pasivo del impuesto es el propietario o poseedor de los vehículos gravados”.

Advierte la Sala que la ley es expresa y congruente en señalar como hecho gravado y sujeto pasivo del impuesto, el derecho de propiedad o la posesión y el propietario o poseedor (40) , que en principio se confundirían en un mismo titular, pero que en la práctica suelen ser distintos titulares por la costumbre de entregar el vehículo sin formalizar el cambio de propietario ante las autoridades competentes, no obstante lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 769 de 2002.

No reportándose el cambio de propietario, la entidad territorial receptora del impuesto está autorizada por la ley tributaria para proceder a hacer efectivo el cobro del impuesto requiriendo a quien figura como titular del derecho de propiedad sobre el vehículo, puesto que si la venta no está inscrita, es o inoponible o bien no se ha realizado la tradición, según la época en la que se haya celebrado el contrato.

Ahora bien, la variación en la normatividad genera las siguientes situaciones:

La primera, referida al tiempo anterior al 7 de noviembre de 2002, fecha en que entró a regir la Ley 769 del 2002, actual Código Nacional de Tránsito Terrestre: quien hubiere vendido un vehículo y se lo hubiere entregado al comprador, realizó la tradición con la entrega, es decir, con esta, dejó de ser propietario y poseedor, aunque no sea oponible a terceros por la ausencia del registro, procediendo este en cualquier tiempo. En vigencia de la Ley 488 de 1998, que grava los derechos de propiedad o de posesión, ese vendedor, independientemente de la fecha del registro, estaría en condiciones de demostrarle a la autoridad tributaria que dejó de ser propietario y poseedor, y por ende, que no es sujeto pasivo del impuesto, desde la celebración de la compraventa con la entrega del vehículo; para ello deberá adelantar dos actuaciones administrativas vinculando al respectivo comprador, una ante las autoridades administrativas de tránsito para que le registren la venta, y otra ante la autoridad tributaria correspondiente para que le cobren el impuesto de vehículo al respectivo propietario.

En la segunda, como la tradición del dominio sobre los vehículos automotores requiere la entrega material y de la inscripción en el registro, los contratos de compraventa celebrados a partir del 7 de noviembre del 2002, que no fueron registrados, no pueden aducirse como prueba de la pérdida de la propiedad; entonces, el vendedor continuará siendo sujeto pasivo del impuesto sobre el vehículo en su condición de propietario, la cual solo cesará a partir del registro.

En esta segunda situación, si la administración tributaria hace efectivo el pago del impuesto en cabeza del propietario que no tiene la posesión del vehículo, en virtud de las reglas generales sobre la solidaridad del Código Civil, el propietario inscrito no poseedor está en condiciones de perseguir al poseedor, de conformidad con el inciso primero del artículo 1579 del mismo código que dice:

“El deudor solidario que ha pagado la deuda o la ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago, queda subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda”.

Para la Sala es claro que la forma como está redactado el artículo 142 de la Ley 488 de 1998 cuando define como sujeto pasivo del impuesto al “propietario o poseedor” está declarando una solidaridad en los términos del último inciso del artículo 1568 del Código Civil.

En caso de hurto o desaparición documentada, el propietario inscrito deberá tramitar la cancelación de la licencia de tránsito, en la forma en que quedó expuesto, esto es, con la certificación de la fiscalía o del juez de conocimiento, y consecuencialmente deberá cancelar la inscripción en el registro para no seguir siendo responsable del impuesto.

Con base en las premisas anteriores,

La Sala responde:

(...).

2. Respuestas sobre cancelación de la licencia de tránsito:

2.1. y 2.2. El hurto y la desaparición documentada son términos sinónimos en el artículo 40 de la Ley 769 del 2002 y configuran una de las causales de cancelación de la licencia de tránsito. Tiene interés para solicitar la cancelación el titular de la licencia, y se prueba, entre otras con la certificación expedida por el fiscal o el juez penal en la que conste el hurto y que el vehículo no ha sido encontrado por las autoridades.

2.3. y 2.4. La cancelación de la licencia de tránsito no procede cuando el vendedor de un vehículo desconoce su paradero, habiendo mediado una compraventa que no fue registrada. En la hipótesis de que el titular del derecho de propiedad sobre un vehículo automotor hubiera celebrado contrato de compraventa y el comprador nunca hubiera registrado el traspaso, ese titular deberá tramitar ante el organismo de tránsito en el que se encuentra matriculado el vehículo, una actuación administrativa para inscribirla.

Transcríbase al señor Ministro de Transporte y a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República».

(Concepto de 20 de septiembre de 2007. Radicación 1826. Consejero Ponente: Dr. Enrique José Arboleda Perdomo).

(19) Decreto-Ley 1344 de 1970, ART. 87.—“La licencia de tránsito es la autorización para que el vehículo pueda transitar en todo el territorio nacional, expedida por la autoridad competente, previa inscripción del mismo en el correspondiente registro de instrumentos públicos. / La licencia de tránsito es un documento público; en ella se identificará el vehículo y se expresarán su destinación, el nombre del propietario inscrito y el número de la placa”. ART. 89.—“Ningún vehículo podrá transitar en el territorio nacional sin estar debidamente inscrito y tener licencia…”. ART. 94.—“La licencia de tránsito se expedirá luego de abierto el folio de matrícula en la oficina de registro de instrumentos públicos, y contendrá los siguientes datos: 1. Clase de vehículo e identificación plena del mismo; 2. Matrícula; 3. Destinación y servicio que prestará; 4. Nombre, domicilio, dirección e identidad del propietario o nudo propietario y del poseedor o tenedor; 5. Cualquier limitación de la propiedad; 6. Número de las placas asignadas; 7. Las demás que determinen las autoridades de tránsito”.

(20) Decreto-Ley 1809 de 1990 (ago. 4), “Por el cual se introducen reformas al Código Nacional de Tránsito Terrestre”, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 53 de 1989. ART. 87.—“La licencia de tránsito estará suscrita por la autoridad de tránsito ante la cual se presentó la solicitud, identificará el vehículo y será expedida luego de perfeccionado el registro en la oficina de tránsito correspondiente, y contendrá los siguientes datos…”.

(21) Ley 769 de 2002, artículos 34 a 41.

(22) Decreto-Ley 1344 de 1970, Decreto-Ley 2157 de 1970, Decreto-Ley 1809 de 1990, Ley 769 del 2002.

(23) Decreto-Ley 1250 de 1970 (jul. 27), “Por el cual se expide el estatuto del registro de instrumentos públicos”, Diario Oficial 33.139, del 4 de septiembre de 1970.

(24) Decreto-Ley 1255 de 1970 (jul. 27). Diario Oficial 33118 del miércoles 5 de agosto de 1970.

(25) Ley 8ª de 1969, ART. 1º—“Revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de un año, que contará a partir de la vigencia de la presente Ley, para que revise los sistemas de notariado, registro de instrumento público y privados, catastro y registro del estado civil de las personas, y expida:

(...) f) Reglamentar lo relativo a la Policía Vial y de Circulación y expedir el reglamento unificado de tránsito”.

(26) Ley 8ª de 1969 (nov. 4), Diario Oficial 32929. ART. 1º—“Revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de un año, que se contará a partir de la vigencia de la presente ley, para que revise los sistemas de notariado, registro de instrumentos públicos y privados, catastro y registro civil de las personas, y expida: (...) e) El régimen de constitución, adquisición y registro de derechos reales y medidas judiciales de traba sobre vehículos automotores, de modo que se otorgue seguridad y certeza al tráfico jurídico que se realice respecto de tales bienes muebles y se haga expedita la prueba de los derechos con indicación de las solemnidades exigidas en cada caso y los efectos de los actos y de su descripción …”.

(27) Decreto-Ley 410 de 1971 (mar. 27), “Por el cual se expide el Código de Comercio”, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 16 de 1968, artículo 20, numeral 15. Diario Oficial 33.339 de 1971 (jun. 16). ART. 2038.—“Este código empezará a regir el 1º de enero de 1972, con excepción del artículo 821; del capítulo V, título XIII, libro IV, y del libro VI que regirán desde la fecha de su expedición”.

(28) Ley 53 de 1989 (oct. 30). El texto fue consultado en la publicación Leyes 1989, del Ministerio de Gobierno.

(29) Decreto-Ley 1809 de 1990 (ago. 6), “Por el cual se introducen reformas al Código Nacional de Tránsito Terrestre (D.L. 1344 de ago. 4/70)”. Diario Oficial 39.496 del 6 de agosto de 1990. ART. 1º—“Introdúcense las siguientes reformas al Código Nacional de Tránsito Terrestre… 76ª El artículo 88 del Decreto-Ley 1344 de 1970, quedará así: ART. 88.—El registro terrestre automotor es el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, característica y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto o contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surta efectos ante las autoridades y ante terceros. / El Instituto Nacional de Transporte y Tránsito será el encargado de expedir las normas para que los diferentes organismos de tránsito y/o transporte lleven el registro terrestre automotor. / PAR.—No serán objeto de este registro los vehículos y la maquinaria que por sus características no puedan transitar por las vías de uso público privadas abiertas al público”.

(30) Cfr. artículo 170, Ley 769 de 2002.

(31) Acuerdo 51 de 1993 (oct. 14), “Por el cual se dictan disposiciones en materia de tránsito terrestre automotor y se derogan los acuerdos 34 de 1991, 22 de 1992 y 52 de 1992”. Expedido por la junta liquidadora del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, en uso de las facultades de la Ley 53 de 1989 y el Decreto-Ley 1809 de 1990.

(32) Diccionario Panhispánico de Dudas. Real Academia Española. 2005 P- 466.

(33) Ley 769 de 2002 (ago. 6), ART. 170.—“Vigencia. El presente código empezará a regir transcurridos tres (3) meses contados a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Derógase el Decreto 1344 de 1970 y sus disposiciones reglamentarias y modificatorias”. La fecha de promulgación fue el 7 de agosto del 2002 en el Diario Oficial 44.893, de esta fecha. Luego entró en vigencia el 7 de noviembre del mismo año 2002.

(34) Ver cita 33.

(35) Acuerdo 51 de 1993, artículo 84.

(36) Ley 488 de 1998 (dic. 24), “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las entidades territoriales”, Diario Oficial 43.460, de 28 de diciembre de 1998.

(37) Ley 488 de 1998, ART. 138.—“Impuesto sobre vehículos automotores. Créase el impuesto sobre vehículos automotores el cual sustituirá a los impuestos de timbre nacional sobre vehículos automotores, cuya renta se cede, de circulación y tránsito y el unificado de vehículos del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, y se regirá por las normas de la presente ley. / El Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá podrá mantener el gravamen a los vehículos de servicio público que hubiere establecido antes de la vigencia de esta ley”.

(38) Ley 488 de 1998, ART. 139.—“Beneficiarios de las rentas del impuesto. La renta del impuesto sobre vehículos automotores, corresponderá a los municipios, distritos, departamentos y el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, en las condiciones y términos establecidos en la presente ley. / PAR.—Para los efectos de este impuesto, el departamento de Cundinamarca no incluye el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”.

(39) Ley 488 de 1998, ART. 141.—“Vehículos gravados. Están gravados con el impuesto los vehículos automotores nuevos, usados y los que se internen temporalmente al territorio nacional, salvo los siguientes: a) Las bicicletas, motonetas, y motocicletas con motor hasta de 125 c.c. de cilindrada; b) Los tractores para trabajo agrícola, trilladoras y demás maquinaria agrícola; c) Los tractores sobre oruga, cargadores, mototrillas, compactadoras, motoniveladoras y maquinaria similar de construcción de vías públicas; d) Vehículos y maquinaria de uso industrial que por sus características no estén destinados a transitar por las vías de uso público o privadas abiertas al público; e) Los vehículos de transporte público de pasajeros y de carga. (…)”.

(40) En el punto 2.2 de este concepto se discutía si la conjunción “o” significaba alternativa o equivalencia, en el artículo 40 de la Ley 769 de 2002. En el caso de la interpretación del artículo 142 de la Ley 488 de 1998, la misma conjunción tiene un artículo de alternativa, pues esta es una ley tributaria que regula la propiedad o posesión sino que la grava, por lo que la definición de tales instituciones se encuentra en las leyes sobre la materia.

__________________________________