Concepto 1836 de agosto 2 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Rad. 11001-03-06-000-2007-00053-00

Número interno 1.836

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Aponte Santos

Ref.: Representante a la Cámara elegido por la circunscripción internacional.

Sentencia C-665 del 16 de agosto de 2006 de la Corte Constitucional: inexequibilidad retroactiva del Decreto 4766 de 2005 que reglamentó dicha circunscripción.

Existencia de normas constitutivas de base jurídica para la elección realizada el 12 de marzo de 2006 y su respectiva declaración.

Bogotá, D.C., dos de agosto de dos mil siete.

El señor Ministro del Interior y de Justicia, doctor Carlos Holguín Sardi, a solicitud del presidente de la Cámara de Representantes, doctor Alfredo Cuello Baute, formula a la Sala una consulta acerca de la situación jurídica presentada respecto del representante a la Cámara, señor Manuel José Vives Henríquez, elegido el 12 de marzo de 2006, por la circunscripción internacional (colombianos residentes en el exterior), a raíz de la declaratoria de inexequibilidad, con efectos retroactivos, del Decreto 4766 de 2005, dictada por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-665 de 2006.

1. Antecedentes.

El consultante señala inicialmente, que el Acto Legislativo 2 de 2005 modificó el artículo 176 de la Constitución, en el sentido de disponer la existencia de una circunscripción internacional, integrada por los ciudadanos colombianos residentes en el exterior, para la elección de un (1) representante a la Cámara, la cual debía ser reglamentada por el Congreso Nacional a más tardar el 16 de diciembre de 2005, y en caso de no hacerlo, el gobierno estaba en la obligación de expedir tal reglamentación dentro de los quince (15) días siguientes a esa fecha.

Dado que el Congreso no dictó la respectiva ley en el plazo indicado, el gobierno expidió el 30 de diciembre de 2005 el D Decreto 4766, mediante el cual se reglamentó la circunscripción internacional para la Cámara de Representantes.

En las elecciones para Congreso del 12 de marzo de 2006, fue elegido el señor Manuel José Vives Henríquez como representante a la Cámara por la circunscripción internacional.

Luego, la Corte Constitucional, por medio de la Sentencia C-665 del 16 de agosto de 2006, declaró inexequible, con efectos retroactivos, el Decreto 4766 de 2005.

El consultante cita una serie de documentos relacionados con el tema de la consulta, los cuales fueron allegados, en fotocopia, el 11 de julio de 2007, al expediente. Son los siguientes:

1) Oficio PS-3700/06 del 11 de diciembre de 2006, del doctor Jaime Córdoba Triviño, Presidente de la Corte Constitucional, al doctor Alfredo Cuello Baute, presidente de la Cámara de Representantes, mediante el cual le solicita informar a la corporación judicial, acerca de las medidas adoptadas por la Cámara de Representantes para dar cumplimiento a lo resuelto en la Sentencia C-665 del 16 de agosto de 2006, notificada por edicto fijado el 13 de septiembre de 2006. Para tal efecto, le transcribe la parte resolutiva de la sentencia y un extracto de la parte motiva referente a la declaración de efectos retroactivos del fallo.

2) Oficio P1.1-0748-06 del 13 de diciembre de 2006, de la doctora María Adelaida Cuello Lacouture, asesora de presidencia de la Cámara de Representantes, al doctor Angelino Lizcano Rivera, secretario general de esa corporación legislativa, solicitando que le informe acerca de las medidas tomadas para cumplir el mencionado fallo.

3) Oficios SG-2.0066.07 y SG-2.0077.07, ambos del 5 de febrero de 2007 y con el mismo contenido, dirigidos por el doctor Angelino Lizcano Rivera, secretario general de la Cámara, a los doctores Jaime Córdoba Triviño, presidente de la Corte Constitucional, y Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, respectivamente, mediante los cuales les expresa que en sendos oficios, el presidente de la Cámara les respondió los requerimientos de cumplimiento de la Sentencia C-665 de 2006 y que respecto de la suspensión de los derechos que le otorgó el Decreto 4766 de 2005 al representante elegido por la circunscripción internacional:

“... esta secretaría ha acatado plenamente en lo de su competencia, pues en el caso particular, esta se ciñe a la expedición de los pasajes aéreos al exterior, situación de hecho que no se ha dado desde la posesión del representante, a la fecha”.

Cita el artículo 28 del Decreto 4766 de 2005, relacionado con el pago de los traslados al exterior de dicho representante y finaliza diciendo lo siguiente:

“Por lo demás, esta secretaría no tiene la competencia constitucional o legal para ordenar otra cosa respecto del fallo aludido, el cual se remite exclusivamente a declarar la inexequibilidad del Decreto 4766 de 2005, de contera dejando sin efectos el artículo trascrito con anterioridad, único aparte normativo susceptible de nuestro cumplimiento”.

4) Oficio 182 del 8 de febrero de 2007 del doctor Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, al doctor Alfredo Cuello Baute, presidente de la Cámara de Representantes, solicitándole información acerca de la fecha hasta la cual ejerció sus funciones y devengó salario y prestaciones sociales el representante a la Cámara elegido por la circunscripción internacional, así como sobre el trámite administrativo adelantado para la suspensión de sus derechos otorgados por el Decreto 4766 de 2005.

5) Oficio P1.1-0868-07 del 16 de febrero de 2007, de respuesta al oficio anterior, en el cual el presidente de la Cámara manifiesta:

“De los numerales 1º y 2º me permito responder que el honorable representante por la circunscripción internacional continúa en la actualidad en ejercicio de sus funciones, devengando la mensualidad y demás prestaciones inherentes a su condición congresional.

En cuanto al numeral 3º de su solicitud debo informarle que no existen actos administrativos expedidos por la mesa directiva que ordene (sic) la suspensión de los derechos que le otorgó el Decreto 4766 de 2005 al representante elegido por la circunscripción internacional, habida cuenta de las siguientes consideraciones del orden constitucional y legal:

— La mesa directiva de la corporación, ni su presidente tienen la competencia Constitucional o legal (Ley 5ª de 1992), para declarar la suspensión de los derechos otorgados al representante de la circunscripción internacional en los términos de la Sentencia C-665 de 2006, dado que la misma se limita a declarar la inexequibilidad del Decreto 4766 de 2005, sin referirse al caso particular y concreto a la condición de congresista del ciudadano elegido por la circunscripción aludida.

— ... la mesa directiva procede a declarar la falta absoluta o temporal de un Congresista cuando existen circunstancias que lo ameriten en los términos del Acto Legislativo 3 de 1993 y el artículo 274 de la Ley 5ª de 1992 que nos indican cuáles son las causales que generan este tipo de eventos.

(...).

— ... la mesa directiva o su presidente no pueden declarar vacancia alguna en el presente caso, pues las causales ... son taxativas y no se ajustan a la situación generada con la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 4766 de 2005, pues si bien es cierto existe esa sentencia que determina la inexequibilidad del decreto, también lo es que en la misma no se encuentra: una sentencia condenatoria en firme; una declaración de nulidad electoral; una suspensión del ejercicio del cargo o una declaratoria de la pérdida de investidura del representante; situaciones de hecho que le corresponden ordenar a los organismos competentes.

— En lo relativo al acatamiento del fallo en sí, la mesa directiva una vez conoció el mismo analizó qué normas del Decreto 4766 de 2005 eran susceptibles de aplicación por parte de la Cámara de Representantes, encontrándose que de los 32 artículos del decreto, solo era de nuestra competencia el artículo 28, del capítulo XII, de la financiación estatal para visitas al exterior por el elegido en la circunscripción internacional, ... tomando la decisión de no suministrar(le) tiquetes para desplazamientos al exterior ...

— ... la Cámara de Representantes es respetuosa de los derechos fundamentales, tanto del elegido como de los electores que participaron en la elección del Congreso de la República para el período 2006-2010, seguros del ordenamiento jurídico vigente que para ese entonces regulaba el caso que nos ocupa, entre esas normas, el artículo 176 Constitucional”.

Finalmente, expresa que se encuentra vigente la Resolución 818 de 2006 del Consejo Nacional Electoral, que declaró la elección del mencionado representante.

Luego de aludir a los anteriores documentos, la consulta trae una amplia exposición jurídica sobre los principios constitucionales, los efectos de la sentencia de inexequibilidad, la base legal coexistente, la inexistencia de pérdida de fuerza ejecutoria, la improcedencia de la nulidad, y las situaciones jurídicas consolidadas, todo con la finalidad de reafirmar los planteamientos del último oficio citado y concluir que se mantiene la elección del representante a la Cámara por los colombianos residentes en el exterior.

2. Interrogantes.

El consultante presenta a la Sala los siguientes interrogantes:

“1. ¿La situación jurídica derivada de la inexequibilidad del Decreto 4766 de 2005 afecta la declaratoria de elección y la credencial expedida por el Consejo Nacional Electoral al representante de los colombianos en el exterior, doctor Manuel José Vives Henríquez?

2. ¿La mesa directiva de la Cámara de Representantes tiene competencia para retirar al actual representante de los colombianos residentes en el exterior y llamar su reemplazo, frente a la sentencia de inexequibilidad del Decreto 4766 de 2005?

3. ¿Está vigente la Resolución 818 de 2006, expedida por el Consejo Nacional Electoral, a través de la cual se declara electo al ciudadano Manuel José Vives Henríquez, inscrito por el Partido Social de Unidad Nacional, “Partido de la U” como representante a la Cámara por circunscripción internacional para el período constitucional 2006-2010?

3. Consideraciones.

3.1. Observación preliminar.

La Sala procede a absolver esta consulta, como lo ha expresado en ocasiones anteriores, no para determinar el alcance de la Sentencia C-665 de 2006 de la Corte Constitucional, lo cual no es su función, sino para analizar la situación presentada por la misma, frente al acto administrativo de declaración de la elección del representante a la Cámara por la circunscripción internacional.

3.2. La participación en las elecciones de los ciudadanos colombianos residentes en el exterior.

Inicialmente es oportuno indicar que el sistema democrático colombiano ha previsto la participación de los ciudadanos colombianos residentes en el exterior, en tres tipos de elecciones, a saber:

1) La del Presidente y el Vicepresidente de la República, por disposición del artículo 116 del Código Electoral, el Decreto-Ley 2241 de 1986, el cual establece:

“ART. 116.—Los ciudadanos también podrán sufragar en el exterior para Presidente de la República, en las embajadas, consulados y demás locales que para el efecto habilite el gobierno, previa inscripción de la cédula de ciudadanía o pasaporte vigente, hecha ante la respectiva embajada o consulado, a más tardar quince (15) días antes de las elecciones.

De las listas de inscritos se sacarán tres (3) ejemplares: Uno para el archivo de la embajada o consulado, otro para la mesa de votación y otro que se fijará en lugar público inmediato a dicha mesa.

El funcionario diplomático o consular de mayor categoría designará como jurados de votación a ciudadanos colombianos residentes en el lugar, a razón de dos (2) principales y dos (2) suplentes, pertenecientes a partidos políticos que tengan representación en el Congreso de Colombia y en forma tal que no existan jurados homogéneos políticamente.

Una vez cerrada la votación, hechos los escrutinios de cada mesa y firmadas las acta, los jurados harán entrega de estas y demás documentos que sirvieron para las votaciones al funcionario correspondiente que inmediatamente los enviará, en sobre debidamente cerrado y sellado, al Consejo Nacional Electoral, para que sean tenidos en cuenta en el escrutinio general” (resalta la Sala).

Esta norma debe entenderse referida también al Vicepresidente de la República, en razón de que el artículo 202 de la Constitución dispone que el vicepresidente será elegido por votación popular el mismo día y “en la misma fórmula con el Presidente de la República”.

2) La del senado de la República, de conformidad con el inciso tercero del artículo 171 de la Carta, que dispone:

“Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior podrá sufragar en las elecciones para senado de la República”.

3) La de un (1) representante a la Cámara, por la circunscripción internacional, de acuerdo con el artículo 176 de la Constitución, la cual se analiza a continuación pues sobre ella versa la consulta.

3.3. Secuencia normativa y jurisprudencial en torno a la elección del actual representante por la circunscripción internacional.

Para tener un panorama de la situación presentada con la elección el 12 de marzo de 2006 del representante a la Cámara por la circunscripción internacional y la posterior Sentencia C-665 del 16 de agosto de 2006, con efectos retroactivos, de la Corte Constitucional, resulta necesario hacer una reseña cronológica de las normas y los fallos en torno a este tema.

3.3.1. La circunscripción internacional para la elección de un representante a la Cámara.

Dentro de las innovaciones que produjo la Constitución Política de 1991, se encuentra la de dar participación a algunos sectores importantes de la nación que por su carácter minoritario en la población, no tenían la posibilidad de estar representados en el Congreso Nacional.

Es así como la Carta creó una circunscripción especial para la elección de cinco (5) representantes a la Cámara, de acuerdo con lo que señalara la ley y dentro de ella se preveía la participación de los colombianos residentes en el exterior.

3.3.2. El artículo 176 original de la Constitución de 1991, que incluye dentro de una circunscripción especial para la Cámara de Representantes, a los colombianos residentes en el exterior.

El artículo 176 original de la Carta del 91 disponía lo siguiente:

ART. 176.—La Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones territoriales y circunscripciones especiales.

Habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada doscientos cincuenta mil habitantes o fracción mayor de ciento veinticinco mil que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil.

Para la elección de representantes a la Cámara, cada departamento y el Distrito Capital de Bogotá conformarán una circunscripción territorial. La ley podrá establecer una circunscripción especial para asegurar la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos y de las minorías políticas y de los colombianos residentes en el exterior.

Mediante esta circunscripción se podrá elegir hasta cinco representantes” (destaca la Sala).

Como se observa, esta circunscripción especial debía ser determinada por la ley, conllevaba la elección de hasta cinco (5) representantes e incluía la participación electoral de los colombianos residentes en el exterior, aparte de otros grupos poblacionales sin que sea del caso referirse en esta oportunidad a estos.

3.3.3. La Ley Estatutaria 649 del 27 de marzo de 2001, reglamentaria del artículo 176 de la Constitución.

La Ley Estatutaria 649 del 27 de marzo de 2001, “Por la cual se reglamenta el artículo 176 de la Constitución Política de Colombia” (1) , establece lo siguiente en cuanto a la elección del Representante a la Cámara por los colombianos residentes en el exterior:

ART. 1º—De conformidad con el artículo 176 de la Constitución Política habrá una circunscripción nacional especial para asegurar la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos, las minorías políticas y los colombianos residentes en el exterior.

Esta circunscripción constará de cinco (5) curules distribuidas así: dos (2) para las comunidades negras, una (1) para las comunidades indígenas, una (1) para las minorías políticas y una (1) para los colombianos residentes en el exterior.

PAR.—Quien sea elegido para la circunscripción especial de los colombianos residentes en el exterior, deberá residir en el territorio nacional mientras ejerza su condición de representante a la Cámara”(2). 

“ART. 5º—Candidatos de los colombianos residentes en el exterior. Los candidatos de los colombianos residentes en el exterior que aspiren a ser elegidos a la Cámara de Representantes requieren demostrar ante las autoridades electorales colombianas una residencia mínima de cinco (5) años continuos en el exterior y contar con un aval de un partido o movimiento político debidamente reconocido por el Consejo Nacional Electoral”(3).

“ART. 6º—Inscripciones. Los candidatos a la Cámara de Representantes que se postulen a través de circunscripción especial deberán inscribirse ante el registrador nacional o su delegado, salvo en el caso de los colombianos residentes en el exterior, quienes deberán inscribirse ante el consulado o embajada de Colombia de su residencia” (resalta la Sala).

Como se aprecia, estas normas legales, si bien se refieren al artículo 176 original de la Carta del 91, conservan su vigencia frente a las dos reformas que ha tenido el artículo, pues armonizan con estas, como se verá, ya que determinan claramente la elección de un (1) representante por los colombianos residentes en el exterior, los requisitos de los candidatos: haber vivido mínimo cinco (5) años continuos en el exterior y tener el aval de un partido o movimiento político, e inscribirse en la embajada o consulado colombiano correspondiente a su residencia.

3.3.4. El Decreto 549 del 3 de marzo de 2005: facultad a los embajadores y cónsules para la inscripción de cédulas con miras a las elecciones, entre otras, del Congreso Nacional del 12 de marzo de 2006.

En el Decreto 549 del 3 de marzo de 2005, “Por el cual se faculta a los embajadores y cónsules colombianos debidamente acreditados ante otros Estados para llevar a cabo las inscripciones de cédulas para el proceso electoral de elección de Congreso de la República a realizarse el 12 de marzo de 2006 y de presidente y vicepresidente el día 28 de mayo de 2006 y el 18 de junio de 2006 en caso de segunda vuelta”, el gobierno cita entre las facultades para su expedición, las conferidas por los artículos 189 numerales 2º y 14, 171 y 176 de la Constitución, 1º de la Ley 649 de 2001 y 116 del Código Electoral.

Este decreto dispone en esencia, facultar a los embajadores y cónsules colombianos para habilitar puestos de inscripción y votación en sus sedes diplomáticas y consulares para la realización de las elecciones mencionadas en su epígrafe (art. 1º), la apertura de inscripción de cédulas de los colombianos en el exterior en un plazo determinado, para actualizar el censo electoral aplicable en esas elecciones (art. 3º), y la atribución a tales funcionarios para designar los ciudadanos colombianos del lugar que recepcionen la inscripción de cédulas y la votación, en otras palabras, para que sirvan de jurados (art. 4º).

3.3.5. La Resolución 818 del 22 de marzo de 2005 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que fija el período para la inscripción de cédulas de los ciudadanos residentes en el exterior para las elecciones, entre otras, del Congreso Nacional a celebrarse el 12 de marzo de 2006.

Mediante la Resolución 818 del 22 de marzo de 2005, la Registradora Nacional del Estado Civil, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 266 de la Constitución y 26 del Código Electoral, y el Decreto 549 de 2005, fija el período de inscripción de cédulas de colombianos en el exterior, para las elecciones, entre otras, de Congreso Nacional del 12 de marzo de 2006 (art. 1º) y establece que los ciudadanos se pueden inscribir con su cédula o con el pasaporte vigente, pero que para ejercer el derecho al voto se debe presentar la cédula de ciudadanía (art. 3º).

3.3.6. El Acto Legislativo 2 del 22 de julio de 2005, modificatorio del artículo 176 de la Constitución.

El Acto Legislativo 2 del 22 de julio de 2005 modificó el artículo 176 de la Constitución referente a la elección de la Cámara de Representantes y creó la circunscripción internacional, diferenciándola de las circunscripciones territoriales y de las especiales de los grupos étnicos y las minorías políticas.

Dice así su primer artículo:

“ART. 1º—El artículo 176 de la Constitución Nacional quedará así:

ART. 176—La Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones territoriales, circunscripciones especiales y una circunscripción internacional.

Habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada doscientos cincuenta mil habitantes o fracción mayor de ciento veinticinco mil que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil.

Para la elección de representantes a la Cámara, cada departamento y el Distrito Capital de Bogotá conformarán una circunscripción territorial.

La ley podrá establecer una circunscripción especial para asegurar la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos y de las minorías políticas.

Mediante esta circunscripción se podrá elegir hasta cuatro Representantes.

Para los colombianos residentes en el exterior existirá una circunscripción internacional mediante la cual se elegirá un Representante a la Cámara. En ella, solo se contabilizarán los votos depositados fuera del territorio nacional por ciudadanos residentes en el exterior.

PAR. TRAN.—El Congreso de la República reglamentará la circunscripción internacional a más tardar el 16 de diciembre de 2005, caso contrario, lo hará el Gobierno Nacional dentro de los quince (15) días siguientes a esa fecha; incluirá entre otros temas: inscripción de candidatos, inscripción de ciudadanos habilitados para votar en el exterior, mecanismos para promover la participación y realización del escrutinio de votos a través de los consulados y financiación estatal para visitas al exterior por parte del representante elegido” (resalta la Sala).

El artículo 2º de este acto legislativo estableció su entrada en vigencia a partir de las elecciones del año 2006.

Como se advierte, la nueva circunscripción internacional se refiere exclusivamente a los votos depositados fuera del territorio nacional por ciudadanos colombianos residentes en el exterior, para la elección de un (1) representante a la Cámara.

El Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades conferidas subsidiariamente por el parágrafo transitorio, expidió el Decreto 4766 de 2005 para reglamentar la mencionada circunscripción.

3.3.7. El Acto Legislativo 3 del 29 de diciembre de 2005, nueva modificación del artículo 176 de la Constitución.

En el mismo año de 2005, el 29 de diciembre, el Congreso expidió el Acto Legislativo 3 para modificar nuevamente el artículo 176 de la Constitución.

El artículo 1º de este Acto Legislativo es igual al 1º del Acto Legislativo 2 de 2005, en cuanto a su texto y el parágrafo transitorio de facultades de reglamentación, con las únicas diferencias de que en el inciso segundo aumentó las cifras de población de 250.000 y 125.000 a 365.000 y 182.500, respectivamente, en relación con los números de habitantes requeridos, en cada circunscripción territorial, para la elección de representantes a la Cámara y le agregó dos parágrafos sobre la asignación de curules adicionales según el crecimiento de la población desde el año 2014 y la garantía de mantener en cada circunscripción electoral, por lo menos las curules existentes al 20 de julio de 2002.

El artículo 2º del Acto Legislativo 3 de 2005 señaló que lo dispuesto para las circunscripciones territoriales rige desde las elecciones de 2010 y lo relativo a las circunscripciones especiales y a la circunscripción internacional “a partir de las siguientes elecciones posteriores a su vigencia”, esto es, las de 2006.

3.3.8. El Decreto 4766 del 30 de diciembre de 2005, reglamentario de la circunscripción internacional para la Cámara de Representantes.

El Gobierno Nacional, expidió el 30 de diciembre de 2005, el Decreto 4766, “Por el cual se reglamenta la circunscripción internacional para la Cámara de Representantes”.

Lo hizo “en uso de las facultades consagradas en el parágrafo transitorio del artículo 176 de la Constitución Política reformado por el Acto Legislativo 2 de 2005” y considerando que “el 16 de diciembre de 2005 el Congreso de la República no expidió la ley que reglamenta la circunscripción internacional”.

Con base en los temas mencionados en el parágrafo transitorio de facultades y siguiendo las normas electorales vigentes, este decreto reglamentó los siguientes aspectos:

— Capítulo I, Del elector nacional residente en el exterior:

ART. 1º—Elector.

ART. 2º —Requisitos para ser elector.

— Capítulo II, De la inscripción y conformación del censo electoral en el exterior:

ART. 3º —Inscripción de los colombianos residentes en el exterior.

ART. 4º —Actualización del censo electoral.

ART. 5º—Lista de sufragantes y registro general de votantes.

— Capítulo III, De las elecciones en el exterior:

ART. 6º—Divulgación de la fecha de las elecciones.

ART. 7º—Comunicación al Estado receptor.

ART. 8º—Publicidad del proceso electoral.

ART. 9º—Tarjeta electoral.

— Capítulo IV, De los testigos de los partidos políticos:

ART. 10—Designación de testigos de los partidos y movimientos políticos.

— Capítulo V, De la circunscripción internacional:

ART. 11—Integración.

ART. 12—Representante a la Cámara por la circunscripción internacional.

ART. 13—Candidatos.

ART. 14—De la inscripción de candidatos.

ART. 15—Del plazo para inscripción de candidaturas.

— Capítulo VI, De la jornada electoral:

ART. 16—Suministro de materiales electorales necesarios.

ART. 17—Jurados de votación.

ART. 18—De las elecciones.

ART. 19—Ubicación de las mesas.

ART. 20—Publicidad de la ubicación de las mesas de votación.

— Capítulo VIII (sic), Emisión del sufragio:

ART. 21

— Capítulo IX, Escrutinio:

ART. 22—Procedimiento.

ART. 23—Guarda de los votos y documentos electorales.

ART. 24—Entrega de pliegos electorales.

ART. 25—Envío de resultados electorales.

— Capítulo X, Escrutinio definitivo:

ART. 26— Escrutinio del Consejo Nacional Electoral.

— Capítulo XI, De los estímulos al votante en el exterior:

ART. 27—Estímulos al votante en el exterior.

— Capítulo XII, De la financiación estatal para visitas al exterior por el elegido en circunscripción internacional:

Art. 28 Apoyo estatal para seguimiento legislativo.

Art. 29 Exención en tasas e impuestos aeroportuarios.

— Capítulo XIII, Disposiciones generales y transitorias

ART. 30—Responsabilidad organizativa.

— ART. 31—Subsidiariedad.

ART. 32: “Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación (4) y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias”.

Este fue el decreto que la Corte Constitucional declaró inexequible, con efectos retroactivos, como se verá más adelante.

3.3.9. Realización de las elecciones para Congreso Nacional el 12 de marzo de 2006.

El artículo 207 del Código Electoral señala como fecha de elección para Congreso de la República el segundo domingo del mes de marzo, correspondiendo en esta oportunidad al 12 de marzo de 2006.

Ese día se llevaron a cabo las votaciones de los ciudadanos colombianos residentes en el exterior para Senado de la República y las de la circunscripción internacional para elegir a un (1) representante a la Cámara.

3.3.10. La Resolución 818 del 18 de mayo de 2006 del Consejo Nacional Electoral.

El Consejo Nacional Electoral expidió, con base en las facultades conferidas por los artículos 265 numeral 7º de la Constitución, 192 y 193 del Código Electoral y 26 del decreto 4766 de 2005, la Resolución 818 del 18 de mayo de 2006, “Por medio de la cual se declara la elección del representante a la Cámara por la circunscripción internacional, período 2006-2010”.

Mediante este acto administrativo, contra el cual no procede recurso alguno (art. 2º), el Consejo Nacional Electoral indica los resultados del escrutinio de la circunscripción internacional y resuelve:

“Artículo Primero. Declarar electo al ciudadano Manuel José Vives Henríquez, identificado con la cédula de ciudadanía número 5.548.987, inscrito por el ‘Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U’, como representante a la Cámara por la circunscripción internacional para el período constitucional 2006-2010, y en consecuencia expídase la correspondiente credencial”.

3.3.11. La Sentencia C-665 del 16 de agosto de 2006 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad, con efectos retroactivos, del Decreto 4766 de 2005.

El secretario jurídico de la Presidencia de la República remitió a la Corte Constitucional, para su revisión, por considerar que constituía norma estatutaria, el Decreto 4766 del 30 de diciembre de 2005, “Por el cual se reglamenta la circunscripción internacional para la Cámara de Representantes” y la Corte, por medio de la Sentencia C-665 del 16 de agosto de 2006, resolvió declararlo inexequible y concederle a la sentencia efectos retroactivos, a partir del momento de expedición del decreto.

La razón fundamental de la Corte para esta decisión fue que la habilitación invocada por el gobierno para dictar el Decreto 4766 era inexistente al momento de su expedición, por cuanto el decreto fue dictado el 30 de diciembre de 2005 basándose en la facultad conferida por el Acto Legislativo 2 de 2005, el cual ya no existía jurídicamente, pues había sido derogado, de manera tácita, por el Acto Legislativo 3 del 29 de diciembre de 2005, es decir, un día antes.

En esta sentencia sostuvo la Corte:

“(...) la Corte concluye que la referencia en los considerandos del Decreto 4766 acerca de que él se expedía con base en el Acto Legislativo 2 de 2005 no se originó en un error formal en este punto. Se invocó esta primera enmienda constitucional para poder fundamentar que la reglamentación fuera dictada por el Gobierno Nacional, dado que le era imposible al Congreso de la República ejercer su competencia en el momento en que fue dictado y promulgado el Acto Legislativo 3 de 2005 —el 29 de diciembre—, porque el término para hacerlo ya estaba vencido desde el 15 de diciembre. En realidad, se invocó el Acto Legislativo 2 de 2005 para justificar que la reglamentación fuera expedida por el Gobierno Nacional, a causa de la inactividad del Congreso de la República. Invocar la segunda reforma —el Acto Legislativo 3 de 2005— implicaría calificar de inactividad del Congreso algo que estaba completamente por fuera de su alcance: desarrollar antes del 15 de diciembre lo que un acto legislativo le ordenó el 29 de diciembre. En cambio, invocar el Acto Legislativo 2 de 2005 no presentaba este problema, sino uno distinto: este ya se encontraba derogado por el Acto Legislativo 3 de 2005 al momento en que se expidió del Decreto 4766 que lo invocó como fundamento.

Con base en todo lo anterior, concluye la Corte que la habilitación al gobierno ya no existía en el momento en que se dictó el Decreto 4766 de 2005, por cuanto un día antes había sido derogado tácitamente el Acto Legislativo 2 de 2005, a través del Acto Legislativo 3 de 2005.

(...) Por lo tanto, la Corte declarará la inexequibilidad del Decreto 4766 de 2005, por inexistencia jurídica de la habilitación invocada para la expedición del decreto” (destaca la Sala).

La decisión de dar efectos retroactivos a la sentencia fue justificada por la Corte, de la siguiente manera:

“Pues bien, atendiendo a que en este caso específico el argumento para la declaración de inexequibilidad radica en la inexistencia de la habilitación invocada por el propio decreto, la Corte considera que el decreto no puede surtir efectos en el ordenamiento jurídico. De una habilitación inexistente no puede derivarse una norma jurídicamente eficaz, máxime si esta tiene un contenido estatutario en el ámbito electoral que incide sobre el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los colombianos residentes en el exterior. Por lo tanto, se declarará que la sentencia tendrá efectos retroactivos, a partir del momento de la expedición del Decreto 4766 de 2005” (resalta la Sala).

3.3.12. La Resolución 1509 del 4 de octubre de 2006 del Consejo Nacional Electoral, de improcedencia de declarar sin efectos la elección del representante por la circunscripción internacional.

El Consejo Nacional Electoral dictó la Resolución 1509 del 4 de octubre de 2006, “Por la cual se declara improcedente la petición de dejar sin efecto una elección y convocar nuevas elecciones, presentada por la senadora Alexandra Moreno Piraquive”.

La peticionaria sostenía que la Sentencia C-665 de 2006 había declarado inexequible el Decreto 4766 de 2005 con retroactividad y en tal virtud, el acto de declaratoria de elección del representante a la Cámara por la circunscripción internacional había perdido fuerza ejecutoria por falta de fundamentos de derecho, de acuerdo con el artículo 66-2 del Código Contencioso Administrativo, razón por la cual se debía declarar sin efectos esa elección y proceder a efectuar nuevas elecciones.

El Consejo Nacional Electoral no acogió este planteamiento, básicamente con el argumento de que la inexistencia del Decreto 4766 de 2005 no implicaba la ausencia de normas jurídicas que sustentaran la realización de la elección aludida y la expedición del acto administrativo de declaratoria de la misma.

Señaló dicho Consejo:

“... estima esta Sala, que las elecciones de la circunscripción electoral internacional hubiesen sido procedentes sin la expedición del Decreto 4766 del 2005. Tan(sic) lo entiende así la peticionaria, que solicita se convoque nuevamente a ella, sin que medie la expedición de ninguna normatividad nueva.

Y es que la legislación existente es suficiente para la realización de elecciones en el extranjero. Tanto para la conformación del censo electoral como para la determinación de las competencias del Consejo Nacional Electoral, existen suficientes normas que permiten entre otras, la votación de los ciudadanos en el exterior tanto para senado como para Presidente de la República. Mal podríamos concluir que deben dejarse sin efectos estas elecciones en las que los residentes en el exterior también votaron con el pasaporte y el Consejo Nacional Electoral también hizo los escrutinios y declaró la elección”.

Citó el artículo 265 de la Constitución y la Ley 649 de 2001 para concluir:

“Luego resulta palmario que el Consejo Nacional Electoral, como en efecto lo hizo en las elecciones del Congreso de la República del año 2002, puede aplicar todas las normas del Código Electoral para reconocerse competencia suficiente para escrutar y declarar la elección del representante a la Cámara por la circunscripción internacional”.

3.3.13. El fallo de tutela del 9 de noviembre de 2006, dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, mediante fallo del 9 de noviembre de 2006 (exp. 2006-02341), rechazó por improcedente la tutela presentada por la abogada Andrea Guzmán Sánchez, tendiente entre otras finalidades, a que se declarara el decaimiento del acto administrativo, mediante el cual el Consejo Nacional Electoral declaró la elección del señor Manuel José Vives Henríquez, como representante a la Cámara por los colombianos en el exterior.

El tribunal advierte inicialmente que en relación con el acto que declaró la aludida elección, el legislador ha previsto la acción pública de nulidad electoral, de acuerdo con el artículo 227 del Código Contencioso Administrativo y que según el numeral 12 del artículo 136 del mismo, tal acción caduca en veinte (20) días contados a partir del día siguiente de la notificación:

“... lo que quiere decir, que si a la fecha la acción de nulidad electoral se encuentra caducada, tal situación no habilita a la actora para acudir a la acción de tutela para discutir su legalidad, pues la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y no un mecanismo para revivir términos”.

Y en cuanto al pretendido decaimiento del acto, sostiene:

“... observa la Sala que el acto administrativo que declaró la elección del representante a la Cámara por los colombianos en el exterior es un acto creador de una situación jurídica particular y concreta, por tanto no puede operar, per se, el decaimiento como lo considera el demandante.

(...).

... y menos que el acto de elección sea inexistente como lo quiere hacer ver la demandante, pues según la doctrina el acto inexistente ocurre en los casos en los cuales la decisión de la administración aún no ha nacido a la vida jurídica, que no es acto, que la decisión de la administración aún no ha sido adoptada, porque de haberse adoptado y observarse algún vicio, entra en la teoría de la nulidad”.

3.4. La Sentencia C-665 de 2006 no afecta la elección del Representante a la Cámara por la circunscripción internacional y la vigencia del respectivo acto de declaratoria de elección.

La consulta busca esencialmente, determinar si la Sentencia C-665 de 2006, con efectos retroactivos, de la Corte Constitucional, afecta el acto administrativo de declaratoria de la elección del representante a la Cámara por la circunscripción internacional, para el período 2006-2010, y si tal acto se mantiene vigente.

Al respecto, la Sala observa que los efectos retroactivos de la sentencia significan que el Decreto 4766 de 2005, reglamentario de dicha circunscripción, fue declarado inexequible desde su expedición, esto es, desde el 30 de diciembre de 2005.

La Corte en diversas sentencias, como por ejemplo, en la C-608 del 14 de diciembre de 1992 y la C-145 del 23 de marzo de 1994, ha señalado que los fallos de inexequibilidad implican que la norma declarada inexequible deja de existir en el mundo jurídico y en consecuencia, “reviven” las normas anteriores a la misma, de suerte que en el presente caso, se debe analizar si las normas específicas a esa circunscripción y las normas electorales generales, existentes con anterioridad al 30 de diciembre de 2005, constituían reglamentación jurídica para la realización de la elección el 12 de marzo de 2006, de la circunscripción internacional de la Cámara y su consiguiente declaración de elección por parte del Consejo Nacional Electoral.

Al respecto, se observa que un conjunto de normas, tanto especiales como generales, existentes antes del 30 de diciembre de 2005, era la base jurídica vigente el 12 de marzo de 2006 para dicha elección y su declaración, ante la ausencia de la reglamentación del Decreto 4766 de 2005 por la decisión retroactiva de la Corte.

Tales normas eran fundamentalmente, las siguientes:

a) Normas específicas a la circunscripción internacional:

1) El Acto Legislativo 3 del 29 de diciembre de 2005 que, como se vio, modifica el artículo 176 de la Constitución, en el cual se establece la circunscripción internacional para la elección de un (1) Representante a la Cámara y se dispone que en ella se deben contabilizar solamente los votos depositados fuera del territorio nacional por los ciudadanos colombianos residentes en el exterior.

2) La Ley Estatutaria 649 de 2001 que, como se indicó, establece la elección de una curul a la Cámara de Representantes por parte de los colombianos residentes en el exterior, fija dos requisitos para los candidatos: residencia continua mínima de cinco (5) años en el exterior y el aval de un partido o movimiento político, y su inscripción ante el consulado o embajada de Colombia de su residencia.

3) El Decreto 549 de 2005, reseñado arriba, que faculta a los embajadores y cónsules de Colombia para llevar a cabo la inscripción de cédulas del proceso electoral, que comprende la circunscripción internacional de la Cámara, del 12 de marzo de 2006, y designar a los jurados de votación.

4) La Resolución 818 de 2005 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, también comentada, que fija el período de la inscripción de cédulas para el mencionado proceso electoral, los documentos y formatos de la misma y la actualización del censo electoral del exterior.

b) Normas electorales generales:

1) Los artículos 40, 99 y 103 de la Constitución sobre los derechos de los ciudadanos al voto, a elegir y ser elegidos, participar en las elecciones y constituir partidos y movimientos políticos.

2) Los artículos 107 a 111 de la Constitución sobre los partidos y movimientos políticos.

3) El artículo 177 de la Constitución que establece como requisitos para ser representante a la Cámara, ser ciudadano en ejercicio y tener más de veinticinco (25) años de edad en la fecha de la elección.

4) El artículo 265 numeral 7º, de la Constitución, que confiere al Consejo Nacional Electoral la atribución de “efectuar el escrutinio general de toda votación nacional, hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales a que haya lugar”.

5) El conjunto de normas del Código Electoral, Decreto-Ley 2241 de 1986, y disposiciones concordantes, sobre la realización de las elecciones y los escrutinios.

En este punto, resulta oportuno anotar que el procedimiento establecido para la elección de la circunscripción internacional del 12 de marzo de 2006, por el Decreto 4766 de 2005, correspondía al mismo que se encuentra consagrado en el Código Electoral y normas complementarias, lógicamente con la adaptación a la circunstancia de que los votantes eran colombianos residentes en el exterior y los funcionarios responsables eran los embajadores y cónsules, de modo que el resultado de esa votación venía a ser igual, ya fuera que se aplicara el decreto o el código mencionados, pues sus normas eran similares y en muchos casos, las disposiciones del decreto remitían a las del código.

En efecto, se observa claramente la similitud de procedimiento en los dos cuerpos normativos, en los siguientes aspectos presentados de manera abreviada:

a) En relación con la inscripción de los votantes, el artículo 3º del Decreto 4766 de 2005, corresponde a la disposición del artículo 78 del Código Electoral, con la variante lógica de que el colombiano residente en el exterior se puede inscribir con la cédula de ciudadanía o el pasaporte vigente, el cual constituye su documento de identidad en el extranjero.

b) Respecto de la actualización del censo electoral de los colombianos residentes en el exterior, el artículo 4º del Decreto 4766 de 2005 dispone el envío de la información de los formularios de inscripción debidamente diligenciados a la Registraduría Nacional del Estado Civil, por la oficina consular o la embajada, lo cual concuerda con lo señalado por el artículo 83 del Código Electoral que hace referencia a los delegados del registrador que deben enviar la información para las elecciones internas.

c) Sobre la designación de testigos de los partidos y movimientos políticos, el artículo 4º del Decreto 4766 de 2005 remite a “lo dispuesto en el Código Nacional Electoral”.

d) Respecto de la inscripción de candidatos, el artículo 14 del Decreto 4766 de 2005 tiene su equivalente en el artículo 90 del Código Electoral, con la opción obvia de que se haga ante la Registraduría Nacional del Estado Civil o la misión diplomática o consular correspondiente al lugar de su residencia.

e) Acerca de los plazos para la inscripción de candidaturas, el artículo 15 del Decreto 4766 de 2005 establece que “serán los mismos previstos para las otras circunscripciones”.

f) En lo referente a los jurados de votación, el artículo 17 del Decreto 4766 de 2005 dispone que la designación, reemplazo, estímulos y sanciones, “se regirán en la forma prevista en el Código Nacional Electoral”.

g) Respecto de las mesas de votación, el artículo 19 del Decreto 4766 de 2005 tiene su referente en el artículo 99 del Código Electoral, con la variación de las cabeceras municipales y corregimientos, a las embajadas y consulados.

h) Ya sobre el proceso mismo de la votación, el artículo 21 del Decreto 4766 de 2005 dispone que “el procedimiento para la emisión del voto en el exterior será similar al adoptado por la Registraduría Nacional del Estado Civil para las demás circunscripciones internas” y reglamenta la verificación de la identidad del votante y el depósito del voto, de forma parecida a lo preceptuado por el artículo 114 del Código Electoral.

i) En cuanto al escrutinio, el artículo 22 del Decreto 4766 de 2005 establece el procedimiento, remitiendo expresamente al código, así:

“ART. 22.—Procedimiento. Cerradas las votaciones, los jurados de votación de la respectiva mesa, ante los testigos acreditados, harán el escrutinio de mesa ajustándose al procedimiento establecido en el Código Nacional Electoral, y de acuerdo con el instructivo que remita la Registraduría Nacional del Estado Civil” (destaca la Sala).

j) En relación con la guarda de los votos y documentos electorales, reglamentada por el artículo 23 del Decreto 4766 de 2005, este tiene su norma similar en el artículo 143 del Código Electoral.

k) La entrega de los pliegos electorales por el presidente de la mesa al jefe de la misión diplomática, establecida por el artículo 24 del Decreto 4766 de 2005, tiene una reglamentación equivalente en el artículo 144 del Código Electoral.

l) Respecto del envío de los resultados electorales, contemplado en el artículo 25 del Decreto 4766 de 2005, el artículo 155 del Código Electoral consagra una disposición semejante.

ll) Finalmente, sobre el escrutinio definitivo por parte del Consejo Nacional Electoral, el artículo 26 del Decreto 4766 de 2005 remite claramente a las disposiciones del código, cuando establece:

“ART. 26.—Escrutinio del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, conforme a la ley vigente, realizará el escrutinio de los votos depositados por los colombianos en el exterior en la forma prevista en el Código Nacional Electoral” (resalta la Sala).

Como se aprecia, la inexistencia del Decreto 4766 de 2005, producida por el fallo de inexequibilidad retroactivo de la Corte, no significa que la elección de la circunscripción internacional, llevada a cabo el 12 de marzo de 2006, que ese decreto reglamentaba, se hubiera hecho con un procedimiento distinto al ordinario, regulado por el Código Electoral, el cual, respecto de esa elección específica, recobra plena aplicabilidad ante la aludida decisión retroactiva, por cuanto el procedimiento establecido en el referido decreto seguía al del código e inclusive remitía expresamente al mismo.

Así las cosas, el procedimiento realizado en la mencionada elección, se ajustó a la normatividad electoral imperante en ese momento en virtud del fallo de la Corte.

6) La Ley Estatutaria 130 de 1994 sobre los partidos y movimientos políticos (5) .

Como se observa, los aspectos de la reglamentación de la circunscripción internacional de la Cámara contenidos en el Decreto 4766 de 2005, que se mencionaron arriba, estaban contemplados en una serie de normas que tenían plena vigencia, con anterioridad al 30 de diciembre de 2005 y al momento de realizar las elecciones del 12 de marzo de 2006 y de expedir la declaración de la elección, de manera que no se presentaba un vacío jurídico por la falta de ese decreto, debida al carácter retroactivo del fallo de la Corte Constitucional.

En otras palabras, había un acervo de normas específicas y generales que suplían la falta de la reglamentación del Decreto 4766 de 2005, inexistente por la sentencia retroactiva de la Corte, en las elecciones del 12 de marzo de 2006 en cuanto se referían a la circunscripción internacional, y al momento de la expedición de la Resolución 818 del 18 de mayo de 2006 del Consejo Nacional Electoral, por medio de la cual se declaró la respectiva elección.

En este orden de ideas, no se puede afirmar que la mencionada resolución haya perdido fuerza ejecutoria por carecer de fundamentos de derecho, conforme al artículo 66 numeral 2º, del Código Contencioso Administrativo, por cuanto precisamente los tenía, al punto tal que la facultad invocada del artículo 265 de la Constitución, sobre la facultad del Consejo Nacional Electoral de efectuar el escrutinio de toda votación nacional y de expedir las respectivas declaratorias de elección y credenciales, le da pleno sustento jurídico y prevalece, por jerarquía normativa superior, sobre la cita que ahí se hace, del artículo 26 del Decreto 4766 de 2005, que se refería al escrutinio y remitía, dicho sea de paso, a “la ley vigente”.

Como se sabe, la figura del decaimiento del acto administrativo se presenta “cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho”, según lo preceptúa la citada norma del código administrativo, pero aquí se observa que precisamente había fundamentos jurídicos, ya reseñados, para sostener la aludida resolución, siendo de destacar el referente a la disposición del artículo 176 de la Carta, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 3 de 2005, que se encontraba vigente el 12 de marzo de 2006, y le da sustento constitucional a la elección de la circunscripción internacional de un representante a la Cámara, llevada a cabo ese día.

De igual manera, conviene subrayar que en dicha fecha, se encontraban vigentes las leyes estatutarias 130 de 1994 y 649 de 2001, de rango superior a las leyes ordinarias, las cuales constituían también una base jurídica importante para esa votación, siendo esta de gran valor dentro de la concepción de la democracia participativa establecida por la Constitución del 91, pues significa el reconocimiento del derecho al voto a los compatriotas colombianos radicados en el exterior, para elegir a una persona que los represente y defienda sus intereses en la Cámara.

De otra parte, la nombrada resolución conserva su validez, por cuanto se basó en normas vigentes al momento de su expedición, y no fue objeto de ninguna sentencia de nulidad, encontrándose ya caducada la acción de nulidad electoral, conforme al artículo 136 numeral 12, del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.

En conclusión, la resolución de declaratoria de la elección del representante a la Cámara por la circunscripción internacional, para el período constitucional 2006-2010, se encuentra, en la actualidad, produciendo efectos jurídicos y la relación legal y reglamentaria derivada de ella se mantiene vigente.

Finalmente, ante la pregunta de si es procedente que la mesa directiva de la Cámara retire al actual representante de dicha circunscripción y llame a su reemplazo, por la aludida sentencia de la Corte, se observa, con base en lo expuesto, que no se presenta la hipótesis planteada en este interrogante.

La Sala responde

1. La inexequibilidad del Decreto 4766 de 2005 declarada con efectos retroactivos, por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-665 de 2006, no afecta la validez ni implica la pérdida de fuerza ejecutoria de la resolución de declaratoria de elección y la credencial, expedidas por el Consejo Nacional Electoral al señor Manuel José Vives Henríquez, como representante a la Cámara elegido en los comicios del 12 de marzo de 2006 por la circunscripción internacional.

2. Como consecuencia de la respuesta anterior, se observa que no se presenta la hipótesis planteada en la segunda pregunta.

3. En la actualidad se encuentra produciendo efectos jurídicos la Resolución 818 del 18 de mayo de 2006 expedida por el Consejo Nacional Electoral, por medio de la cual se declara electo al señor Manuel José Vives Henríquez, como representante a la Cámara por la circunscripción internacional.

Transcríbase al señor Ministro del Interior y de Justicia. Igualmente, envíese copia a la secretaría jurídica de la Presidencia de la República.

Magistrados: Enrique J. Arboleda Perdomo, Presidente—Gustavo Aponte Santos—Luis Fernando Álvarez Jaramillo.

Lida Yannette Manrique Alonso, Secretaria de la Sala.

(1) Dado el carácter de estatutaria de la Ley 649 de 2001, conforme al artículo 152, literales c) y d), de la Constitución, el proyecto de ley correspondiente, el Nº 25/99-Senado, 217/99-Cámara, fue objeto de revisión previa a la sanción presidencial, de acuerdo con el artículo 153 de la Carta, por la Corte Constitucional, la cual, mediante la Sentencia C-169 del 14 de febrero de 2001, declaró exequibles sus artículos, salvo el segundo inciso y el parágrafo del artículo 5º y el segundo inciso del artículo 9º que los declaró inexequibles, debiéndose anotar, además, que condicionó la exequibilidad de los artículos 1º, 4º, 5º y 9º, estos dos últimos en la parte que quedó vigente.

(2) La Corte Constitucional, por medio de la Sentencia C-169 de 2001, declaró exequible el artículo 1º de la Ley 649 de 2001, “bajo el entendido de que las comunidades raizales del Archipiélago de San Andrés y Providencia se entenderán incluidas, para todos los efectos de la presente ley, dentro de las comunidades negras”.

(3) En la Sentencia C-169 de 2001, la Corte Constitucional declaró el primer inciso del artículo 5º de la Ley 649 de 2001, exequible, “condicionado a que se entienda que lo allí dispuesto no excluye: a) La conformación de partidos o movimientos políticos propios por parte de los ciudadanos colombianos residentes en el exterior, que puedan otorgar el aval correspondiente; b) La posibilidad de que se presenten a las elecciones respaldados por movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos”. El segundo inciso y el parágrafo del artículo 5º fueron declarados inexequibles.

(4) Diario Oficial 46.137, páginas 580 a 582, del 30 de diciembre de 2005.

(5) La Corte Constitucional, al efectuar la revisión previa a la sanción presidencial, del Proyecto de Ley 11/92-Cámara, 348/93-Senado, que se convertiría en la Ley Estatutaria 130 de 1994, declaró, mediante la Sentencia C-089 del 3 de marzo de 1994, su exequibilidad por el aspecto formal, y en cuanto al fondo, exequibles casi todas sus normas, salvo un buen número de expresiones y los artículos 42, 46 y 52, que fueron declarados inexequibles.

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