Concepto 18391 de noviembre 7 de 2001 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

TRÁMITE DE LA EXTRADICIÓN

LA CORTE NO HACE SUGERENCIAS EN EL CONCEPTO

EXTRACTOS: «El Ministerio Público, hace una final y adicional consideración en el sentido de que debe dársele aplicación ultraactiva al artículo 565 del Decreto 2700 de 1991, lo cual, a su juicio procede por favorabilidad por cuanto para la época en que ocurrieron los hechos que motivan el pedido de extradición se encontraba vigente y la que reproducía su texto en la Ley 600 de 2000 fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. En esa medida, considera que la Corte le debe sugerir al Gobierno Nacional la constatación sobre la existencia de una investigación en Colombia por los mismos hechos en que se fundan los cargos de conspiración y porte de sustancias estupefacientes imputados a Gómez Sierra por las autoridades judiciales de los Estados Unidos, si se tiene en cuenta que en este asunto la fiscalía informó que al solicitado se le adelanta investigación por el delito de concierto para delinquir en la Fiscalía Segunda Especializada de Cali y además, en la nota verbal que formaliza el pedido de extradición se da cuenta de interceptaciones telefónicas y diligencia de allanamiento llevadas a cabo por la Policía Colombiana.

Siendo ello así, y como quiera que el delegado no pide en este caso que sea la Corte la que haga tal constatación, sino que se lo sugiera al gobierno, necesario es precisar, que en esta clase de trámites la Corte no puede entrar a hacer sugerencias en el concepto, pues estando claramente delimitada por la ley su competencia a la valoración jurídica-formal de unos determinados aspectos como la validez formal de la documentación presentada, la plena identidad del solicitado, el principio de la doble incriminación, la equivalencia de la decisión proferida en el extranjero y cuando sea del caso, en el cumplimiento de lo establecido en los tratados públicos, a efectos de emitir un concepto sobre la procedencia o no de la extradición para que, con base en él, de ser positivo, el gobierno actúe libremente según las conveniencias nacionales, mal haría en hacer sugerencias que incidan en dicho proceder, lo que no sucede cuando es negativo, pues ahí sí el gobierno queda obligado por mandato legal a acatar la valoración de la Corte.

Por esa misma razón, es que deviene por demás, inconsistente tal pedimento, ya que si la Corte no es competente para aplicar dicha norma, mucho menos lo es para entrar, así sea hipotéticamente, a determinar la procedencia de una eventual favorabilidad, labor que por antonomasia le corresponde a la autoridad destinataria, en este caso el Gobierno Nacional, y por eso mismo, sólo él está facultado para determinar sus alcances y sus consecuencias.

Lo mismo ocurre con la solicitud final de que se le advierta al gobierno que la persona solicitada debe hacerse con el compromiso de que no va a ser sometida a tratos crueles inhumanos o degradantes, desaparición forzada, prisión perpetua, destierro o confiscación, ya que se trata de decisiones que atañen de manera privativa a esa autoridad a la hora de emitir la resolución que concede la extradición, en el evento de acoger el concepto de la Corte, pues sólo él está autorizado para dirigir el manejo de las relaciones internacionales».

(Concepto de noviembre 7 de 2001. Radicación 18.391. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote).

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