Concepto 18545 de marzo 6 de 2002 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón

Aprobado: Acta Nº 28

Bogotá, D.C., seis de marzo de dos mil dos

EXTRACTOS: «Concepto de la Corte

La legislación atendible

De la comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores surge “que el convenio aplicable para el presente caso es el tratado de recíproca extradición de reos entre la República de Colombia y la Gran Bretaña, suscrito en Bogotá el 27 de octubre de 1888. Debe tenerse en cuenta que la convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas firmada en Viena el 20 de diciembre de 1988, en su artículo 6º y en especial el numeral 2º dispone: “Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre las partes””.

El artículo II del tratado entre los dos países, aprobado por Colombia mediante Ley 148 de 1888, como bien lo refiere la defensa, no relaciona entre los delitos que habilitan la extradición los de narcotráfico en cualquiera de sus modalidades y de concierto, conspiración o complot para traficar estupefacientes o sustancias sicotrópicas.

Lo anterior, sin embargo, no significa ausencia de normas aplicables al asunto estudiado. En efecto, la Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en la conferencia del 19 de diciembre de 1988 y en Colombia mediante Ley 67 del 23 de agosto de 1993, en el numeral 2º de su artículo 6º, al regular la extradición, establece que “Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido dentro de los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre las partes”.

Los delitos a que se refiere la disposición son los señalados en el artículo 3º, entre los cuales se encuentran la producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta, la oferta para la venta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje, el envío, el envío en tránsito, el transporte, la importación o la exportación de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica, y el catálogo incluye como una de éstas la cocaína (numeral 1º-(a)-i), así como la participación en la comisión de alguno de esos delitos y “la asociación y la confabulación para cometerlos” (numeral 1º-(c)-iv).

De tal manera que al suscribir la Convención de Viena, los Estados que lo hicieron admitieron que los delitos allí señalados quedaban incluidos en cualquier convenio suscrito entre ellos, situación que afecta el tratado de recíproca extradición de reos entre la República de Colombia y la Gran Bretaña.

La falencia que menciona la defensa respecto de que no hay prueba de que Canadá haya firmado la Convención de Viena y que, por consecuencia, no es válido hacer la remisión allí dispuesta, no encuentra soporte, porque en las notas verbales 80, 86 y 103, la embajada del país peticionario de manera expresa apoya su solicitud en la “Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de narcóticos y sustancias sicotrópicas del cual Colombia y Canadá son firmantes”.

No hay duda, entonces, en cuanto para efectos del asunto estudiado deben ser seguidos los lineamientos trazados por el convenio bilateral y por la Convención de Viena.

(...).

Concluye la Sala que procede emitir concepto favorable a la petición del Gobierno de Canadá. Sin embargo, como se ha sugerido, es importante recordar que por obvias razones el ejecutivo, si opta por proferir resolución de extradición, debe condicionar la entrega a que no se le imponga prisión perpetua, pues ella está prohibida por el artículo 34 de la Constitución Nacional patria.

Reunidos los requisitos legales, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

Emite concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Ignacio Alejandro Cardona Obando, hecha por el Gobierno del Canadá, a través de su embajada en esta capital, por los cargos que el Estado requirente denomina conspiración con varios otros individuos para (1) importar cocaína a Canadá, (2) traficar cocaína, y (3) poseer cocaína con el objeto de traficar».

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