Concepto 1908 de agosto 14 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Rad.: 1908

Número único: 11001-03-06-000-2008-00046-00

Consejero Ponente:

Dr. William Zambrano Cetina

Ref.: Asignación de cupo numérico por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil a las personas capturadas que no aparezcan registradas en esa entidad

Bogotá, D.C., catorce, de agosto de dos mil ocho.

El señor Ministro del Interior y de Justicia, a solicitud del Registrador Nacional del Estado Civil, hace a la Sala las siguientes preguntas en relación con las personas que son capturadas por las autoridades competentes y no aparecen registradas en esa entidad, a las cuales, según las leyes 1142 y 1153 de 2007, debe registrárseles y asignárseles un cupo numérico por parte de la registraduría.

Para contextualizar su consulta, el ministerio señala lo siguiente:

1. El artículo 11 de la Ley 1142 de 2007, que adicionó un inciso al artículo 128 de la Ley 906 de 2004 —Código de Procedimiento Penal—, establece que a la persona capturada que no presente documento de identidad y no aparezca registrada en la Registraduría Nacional del Estado Civil, se le deberá registrar con el nombre con el cual se identificó y asignarle el correspondiente cupo numérico.

2. La misma orden de inscripción en el registro civil y de asignación de cupo numérico aparece contenida en el parágrafo del artículo 12 de la Ley 1153 de 2007, en relación con las personas condenadas por “pequeñas causas” en materia penal.

3. Por su parte, el Decreto-Ley 1260 de 1970 —estatuto de registro—, regula el registro de los nacimientos y en general de los hechos y actos relacionados con el estado civil y capacidad de las personas (art. 44); señala para ciertas personas la obligación de denunciar el nacimiento —padres, ascendientes, parientes próximos etc.— (art. 45); indica en qué lugares debe hacerse el registro (art. 46 y 47); prevé que el nacimiento debe registrarse durante el mes siguiente con certificado médico o de enfermera o con dos testigos y que si se realiza después de dicho plazo deberán aportarse algunos documentos adicionales (arts. 48 y 49); y establece que el registro será nulo cuando el funcionario actúe por fuera de los límites territoriales de su competencia, los comparecientes no acepten el texto de la inscripción, no se deje constancia de la fecha o lugar del registro, no se identifique a los otorgantes o testigos o falte su firma o cuando no se aporten los documentos necesarios para la inscripción (art. 104)

Dice la entidad consultante que en consideración de las normas citadas, se puede concluir lo siguiente:

“1. En el caso en que una vez la búsqueda en el sistema de información de registro civil, no se encuentre registro civil con los datos de la persona, deberá efectuarse la inscripción del nacimiento en el registro del estado civil cumpliendo los requisitos legales establecidos en el Decreto-Ley 1260 de 1970 ‘estatuto del registro del estado civil’ y en el Decreto 2188 de 2001, los cuales establecen que el hecho debe registrarse en una oficina autorizada para llevar la función de registro civil (notaria, registraduría, inspección de policía o corregimiento autorizados o consulado) del lugar donde haya ocurrido el nacimiento (D. L. 1260/70, art. 46), aportando el certificado médico o de nacido vivo, o la partida de bautismo acompañada de la certificación autentica de la competencia del párroco que lo celebró si se trata de personas bautizadas en el seno de la iglesia católica o la anotación de origen religioso acompañada de la constancia de celebración del convenio de derecho público interno con el Estado colombiano si se trata de personas que profesen otra religión y en su defecto las declaraciones de dos testigos debidamente identificados, que tengan noticia de su nacimiento (D. L. 1260/70, art. 50, modificado por el art. 1º del D. 999/88 y reglamentado por el D. 2188 de oct. 16/2001).

2. Si en el sistema de información de registro civil aparece información de registro civil de nacimiento, pero no es posible establecer la plena identidad de la persona porque no puede efectuarse un cotejo dactiloscópico debido a que la impresión dactilar consignada en el duplicado del registro civil no lo permita, deberá efectuarse la inscripción del nacimiento en el registro del estado civil, observándose los requisitos legales prescritos a los que se hizo referencia en el numeral anterior.

3. Si en el sistema de Información de registro civil se encuentra el registro civil de nacimiento y es posible establecer la plena identidad de la persona con el cotejo dactiloscópico efectuado con el duplicado del registro civil, con fundamento en este documento la Dirección Nacional de Registro Civil procederá a la asignación del cupo numérico y al trámite de expedición de la cedula de ciudadanía”.

Con base en lo anterior, se plantean los siguientes interrogantes a esta Sala:

1. ¿Las leyes 1142 y 1153 de 2007, derogaron los artículos 44, 46, 48, 49 y el 50 del Decreto-Ley 1260 de 1970, estatuto de registro civil?

2. ¿Deben iniciarse los trámites por el Congreso de la República, para modificar el estatuto de registro civil – Decreto-Ley 1260 de 1970, para dar cumplimiento al inciso segundo del artículo 128 de la Ley 906 de 2004, introducido por el artículo 11 de la Ley 1142 de 2007 y el parágrafo 12 de la Ley 1153 de 2007?

3. ¿En caso afirmativo a la pregunta número 2, es procedente la inaplicación de las normas anteriormente citadas, hasta tanto se expida la modificación del Decreto-Ley 1260 de 1970?”.

Consideraciones

En la presente consulta se pregunta a la Sala si los artículos del estatuto de registro civil de las personas que establecen los requisitos generales para registrar un nacimiento (D.1260/70, arts. 44, 46, 47, 48, 49 y 50), fueron derogados por las leyes 1142 y 1153 de 2007, que en materia de procedimiento penal y de tratamiento de las pequeñas causas, establecen la obligación de registrar y asignar un cupo numérico a aquellas personas que al ser capturadas no aportan documentos de identidad y no figuran en los archivos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Para resolver dicho problema, la Sala revisará inicialmente el contenido y alcance de las normas del estatuto de registro civil que según la entidad consultante podrían haber sido derogadas; en segundo lugar estudiará el sentido y alcance de lo dispuesto en las leyes 1142 y 1153 de 2007 sobre el registro de personas capturadas que no aparecen en los archivos de la registraduría; y, finalmente, hará una breve a alusión a las formas de derogatoria de las leyes para determinar si en el caso consultado se ha producido o no dicho fenómeno.

1. Los artículos 46 a 50 del Decreto 1250 de 1970 - normas generales para el registro de nacimientos.

El Decreto 1260 de 1970 o estatuto del registro civil de las personas, establece en su artículo 1º, que el estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley. Señala además que el estado civil se deriva de los hechos, actos y providencias que lo determinan y de la calificación legal que se haga de ellos (art. 2º) y que toda persona tiene derecho a un nombre, a que el mismo sea protegido y a tomar medidas contra la homonimia (arts. 3º y 4º).

A continuación, el artículo 5º del mismo estatuto establece que uno de los hechos sujetos a registro es el nacimiento y a partir de este los demás actos que determinan la situación de la persona en la familia y en la sociedad y su capacidad jurídica (reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio, muerte, etc.)(1).

Más adelante, el artículo 9º dispone que el registro de nacimientos se distinguirá con un código o complejo numeral indicativo del orden interno de cada oficina y de la sucesión en que se vaya sentando, además de que incluirán también, “el número correspondiente a cada persona en el registro o archivo central”. En este aspecto cabe recordar que el Decreto-Ley 1010 de 2000, por el cual se reorganiza la Registraduría Nacional del Estado Civil, señaló que dicha entidad deberá “asignar el número único de identificación nacional, NUIP, al momento de hacer la inscripción de nacimiento en el registro del estado civil de las personas” y ejercer “los controles físico, lógico y técnico, para que dicho número sea exclusivo a cada ciudadano y exista un único documento de identificación”(2).

Ahora bien, sobre la forma y requisitos para hacer el registro de nacimientos, los artículos 44 a 50 del estatuto de registro civil —que son aquellos cuya vigencia preocupa a la entidad consultante— establecen lo siguiente:

— El artículo 44 señala que en el registro de nacimientos se inscribirán, además de los nacimientos ocurridos en el país y en extranjero —cuando haya lugar a ello—, todos los hechos y actos relacionados con el estado civil y la capacidad de las personas(3).

El artículo 45 indica qué personas están en la obligación de denunciar los nacimientos: los familiares más próximos, el encargado del establecimiento en que ha ocurrido el nacimiento, quienes se hubieren encargado de un recién nacido abandonado y el propio interesado cuando cumple la mayoría de edad(4).

— Los artículos 46 y 47 señalan las oficinas dónde debe hacerse el registro, según este haya ocurrido en el país o en el exterior, lo que en general corresponde a la circunscripción territorial donde ha ocurrido el nacimiento(5).

Estos dos artículos deben entenderse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 118 del mismo estatuto de registro, modificado por el artículo 77 de la Ley 962 de 2005, según el cual el registro civil estará a cargo de los registradores especiales, auxiliares y municipales del estado civil, sin perjuicio de que se pueda autorizar a los notarios para tales efectos y que, además, la Registraduría Nacional del Estado Civil pueda establecer “la inscripción de registro civil en clínicas y hospitales, así como en instituciones educativas reconocidas oficialmente”.

— El artículo 48 establece que el nacimiento debe ser registrado dentro del mes siguiente a su ocurrencia y que solo habrá lugar a la inscripción de los nacidos vivos de conformidad con el artículo 90 del Código Civil(6).

— El artículo 49 dispone que el registro deberá realizarse con base en certificado médico o de enfermera y en su defecto con declaración juramentada de dos testigos hábiles(7).

— Finalmente, el artículo 50 señala que si el nacimiento se inscribe por fuera del plazo previsto en el artículo 48 (mes siguiente a su ocurrencia), deberá acreditarse con documentos auténticos o en su defecto con la partida de bautismo o anotaciones de naturaleza religiosa, o en últimas con declaraciones juradas de dos testigos hábiles(8).

Aún cuando la consulta no hace referencia a ello, cabe señalar que más adelante el artículo 52 del estatuto de registro civil se refiere a los datos que deben consignarse en la inscripción del nacimiento, respecto de los cuales únicamente se consideran esenciales aquellos que corresponden a su parte genérica: nombres, sexo, fecha y lugar de de nacimiento y fecha y lugar de registro(9). Además, el artículo 63 dispone que la inscripción del mayor de siete (7) años debe tener constancia previa de la oficina central de que no ha habido registro(10) y los artículos 64 y 65 establecen que la inscripción de los nacimientos deberá reportarse a la oficina central para efectos de su anotación y de la correspondiente asignación del consecutivo numérico(11).

Como se observa, se trata de disposiciones de carácter general que regulan la forma normal o corriente en que puede y debe hacerse la inscripción del nacimiento. Para tal efecto se exige básicamente acudir a una oficina de registro o a un funcionario autorizado para ello, adjuntar certificado médico o declaración de dos testigos o documentos eclesiásticos que acrediten el nacimiento y aportar por lo menos la información genérica exigida por la ley. Se está así ante un trámite sencillo que no exige mayores formalidades y con el cual el legislador busca facilitar antes que restringir el acceso de todas las personas al registro civil.

Debe recordarse en este punto, que la obligación de promover y facilitar el registro de las personas se desprende igualmente de tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, que buscan asegurar que toda persona, desde que nace, sea reconocida por la sociedad y por el Estado y pueda ejercer los derechos que le otorga el ordenamiento jurídico(12). Así, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos declara que todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y que “todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre” (art. 24-2); en igual sentido, el Pacto de San José de Costa Rica de 1969 establece el derecho de toda persona a que se reconozca su personalidad jurídica (art. 3º) y a tener un nombre propio y los apellidos de sus padres o al de uno de ellos (art. 18); del mismo modo, la Convención sobre los derechos del niño de 1989, estipula que “el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos” (art. 7-1).

Siguiendo esa orientación, el Código de la Infancia y la Adolescencia —Ley 1098 de 2006—, consagra en su artículo 25 el “derecho a la identidad” y ratifica el deber de registrar los nacimientos inmediatamente después de su ocurrencia(13). Igualmente, establece que es deber de la familia en relación con los niños, niñas y adolescentes, “inscribirles desde que nacen en el registro civil de nacimiento” (art. 39) y que corresponde al Estado, garantizar la inscripción y el trámite del registro civil de nacimiento mediante un procedimiento eficaz y gratuito, para lo cual “la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de la Protección Social conjuntamente reglamentarán el trámite administrativo que garantice que el niño o niña salga del centro médico donde nació, con su registro civil de nacimiento y certificado de nacido vivo” (art. 41-12)(14).

Lo anterior sirve para decir también que lo normal será el registro de las personas a su nacimiento o en su escolaridad, bien por sus familias o por los funcionarios que están obligados a proveer oficiosamente dicha inscripción, o que incluso el propio interesado lo haga cuando ha alcanzado la mayoría de edad, pues de ello depende el ejercicio de algunos de sus derechos ciudadanos; así las cosas, para tales eventos que constituyen la regla general, se requiere un procedimiento de registro, que en principio es el previsto en el Decreto 1260 de 1970.

2. Los artículos 11 de la Ley 1142 y 12 de la Ley 1153 de 2007: registro de personas capturadas o condenadas que aún no tienen inscripción en el registro civil.

De acuerdo con la consulta, la inquietud principal se encuentra en determinar si ese procedimiento general que se ha revisado, fue derogado por los artículos 11 de la Ley 1142 de 2007 y 12 de la Ley 1153 de 2007, para lo cual se hace necesario examinar entonces el sentido y alcance de estas últimas disposiciones legales. Al respecto se encuentra lo siguiente.

La Ley 906 de 2004 o Código de Procedimiento Penal, regula en el capítulo III del título IV del libro primero (arts. 126 a 131), la condición de “imputado” en los procesos penales. Señala cómo se adquiere esa calidad, cuáles son sus derechos, la posibilidad de renunciar a estos ante el juez de garantías y los casos en que hay lugar a la declaratoria de persona ausente. Específicamente, en lo que hace a esta consulta, el artículo 128 dispone la obligación de identificar e individualizar al imputado para evitar errores judiciales:

“ART. 128.—Identificación o individualización. La Fiscalía General de la Nación estará obligada a verificar la correcta identificación o individualización del imputado, a fin de prevenir errores judiciales”.

Este artículo fue adicionado con un segundo inciso por el artículo 11 de la Ley 1142 de 2007(15), según el cual, cuando el capturado no aporte documentos de identidad, la policía judicial verificará su identidad con la Registraduría Nacional del Estado Civil y en caso de aquel no se encuentre previamente inscrito en ella, se procederá a su registro y a la asignación del correspondiente cupo numérico:

“ART. 11.—El artículo 128 de la Ley 906 de 2004 tendrá un segundo inciso que quedará así:

“En los eventos en que el capturado no presente documento de identidad, la policía judicial tomará el registro decadactilar y lo remitirá inmediatamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil a efectos de que expida en forma inmediata copia de la fotocédula. En caso de no aparecer registrada la persona en sus archivos, la Registraduría Nacional del Estado Civil lo registrará con el nombre que se identificó inicialmente y procederá a asignarle un cupo numérico”(16) .

Por tanto, el artículo 11 de la Ley 1142 de 2007 al que hace alusión la entidad consultante, debe leerse de manera integral con la primera parte del artículo 128 del Código de Procedimiento Penal al cual se encuentra integrado, que como se dijo, consagra el deber de asegurar la plena identificación e individualización del imputado con el fin de evitar errores judiciales.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la necesidad de identificación plena y registro del “imputado” se relaciona con otras disposiciones del Código de Procedimiento Penal, como, por ejemplo, la que dispone que la Fiscalía lleve un listado de las personas vinculadas a los procesos penales (art. 128), la que se refiere al contenido mínimo de las órdenes de captura (art. 298) y la que obliga a llevar un registro de las personas capturadas y detenidas (art. 305), todas las cuales exigen individualizar al afectado con su nombre e identificación. Así mismo, en caso de condena y de imposición de penas accesorias, el artículo 462 ibidem establece que cuando se trate de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, “se remitirán copias de la sentencia ejecutoriada a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Procuraduría General de la Nación”, lo que supone para ese momento que la persona deba estar debidamente registrada e identificada.

Ahora, en cuanto a la Ley 1153 de 2007, por medio de la cual se establece el tratamiento de las pequeñas causas en materia penal, que es la otra norma citada por la entidad consultante, la Sala recuerda en primer lugar que en el contexto de dicha ley, las penas principales por la comisión de las conductas contravencionales allí descritas son el trabajo social no remunerado, la multa y, finalmente, el arresto (art. 5º).

Respecto del arresto, este se presenta, según el artículo 12 de dicha ley, cuando la persona registra antecedentes penales o contravencionales e incurre nuevamente en contravención dentro de los cinco (5) años siguientes de cumplida la condena inicial, en cuyo evento se le impondrá pena de arresto efectivo e ininterrumpido de uno (1) a cuatro (4) años(17). En tales casos, el parágrafo del mismo artículo 12 establece —al igual que lo hace el Código de Procedimiento Penal ya visto— que la policía judicial deberá tomar las huellas del condenado y remitirlas a la Registraduría Nacional del Estado Civil para su identificación y que en caso de que no hubiere registro se procederá a ello y a la asignación de cupo numérico con base en los nombres aportados por el detenido:

“ART. 12.—Arresto por registro de antecedentes. Quien tuviere antecedentes penales o contravencionales e incurriere en contravención dentro de los cinco (5) años siguientes de cumplida la condena, se le impondrá pena de arresto efectivo e ininterrumpido de uno (1) a cuatro (4) años. Tratándose de antecedentes por hurto, la pena a imponer será de arresto efectivo e ininterrumpido de dos (2) a seis (6) años.

En este caso no procederá rebaja en la pena por aceptación de la imputación a la cual se refiere esta ley, ni se concederán los subrogados o mecanismos sustitutivos de suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni libertad condicional previstos en el Código Penal.

PAR.—Para dar cumplimiento a este artículo, en todos los casos en que sea condenada una persona por delito o contravención, el juez dispondrá se efectúe el registro decadactilar del condenado, el cual será remitido a la Registraduría Nacional del Estado Civil a efectos de que expida en forma inmediata copia de la fotocédula. En caso de no aparecer registrada la persona en sus archivos, la Registraduría Nacional del Estado Civil lo registrará con el nombre que se identificó inicialmente y procederá a asignarle un cupo numérico. Este registro y copia de la parte resolutiva de la sentencia serán remitidos al Departamento Administrativo de Seguridad” (se resalta).

Cabe indicar, que la misma previsión también se consagró en esta ley de pequeñas causas para la captura en flagrancia, respecto de lo cual se señaló:

ART. 49.—Captura en flagrancia. Cuando se lleve a cabo la captura en flagrancia, la policía inmediatamente procederá a la plena identificación y registro del aprehendido. En los eventos en que el capturado no presente documento de identidad, la policía tomará el registro decadactilar y lo remitirá inmediatamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil a efectos de que expida en forma inmediata copia de la fotocédula. En caso de no aparecer registrada la persona en sus archivos, la Registraduría Nacional del Estado Civil lo registrará con el nombre que se identificó inicialmente y procederá a asignarle un cupo numérico. Lo anterior tiene como propósito constatar capturas anteriores, procesos en curso y antecedentes (se resalta)(18) .

De acuerdo con lo anterior, observa la Sala que lo previsto tanto en el Código de Procedimiento Penal —adicionado en lo pertinente por la Ley 1142 de 2007—, como en la Ley 1153 de 2007 de pequeñas causas en materia penal, no se refiere a las condiciones y requisitos generales de registro civil de las personas —como si lo hace el Decreto 1260 de 1970—, por lo que no altera las obligaciones que en el respectivo estatuto y en otras normas existen en esa materia; su objeto no es otro diferente que el de establecer una oportunidad adicional para cumplir con dicho registro, con el fin de garantizar que las medidas judiciales de privación de la libertad y los antecedentes penales derivados de condenas en firme se puedan hacer efectivos correctamente y en manera alguna afecten a personas distintas a sus reales destinatarios(19).

En este orden, lo dispuesto en las leyes 1142 y 1153 de 2007 se aplica frente a supuestos de hecho que por su naturaleza son excepcionales(20) y que por lo mismo no constituyen la forma general de hacer el registro de las personas.

Cabe decir además, que las disposiciones en cita, son concordantes con las funciones asignadas a la Registraduría Nacional del Estado Civil en el Decreto-Ley 1010 de 2000, según el cual corresponde a esa entidad, responder las solicitudes de los organismos de seguridad del Estado o de la rama judicial “en cuanto a identificación, identificación de necrodactilias y demás requerimientos, de acuerdo a la normatividad vigente, teniendo como soporte la información contenida en las bases de datos de registro civil y el sistema de identificación”.

3. Breve referencia a la derogatoria de la ley y conclusiones frente a los interrogantes planteados en la consulta.

Sea lo primero decir que dentro del margen de configuración normativa del Congreso de la República se encuentra no solo la posibilidad de expedir nuevas leyes, sino, también la de interpretar, reformar o derogar las existentes (art. 150-1). Como ha dicho la Corte, “mediante la expedición de una ley ordinaria, no se puede garantizar que en el futuro el Congreso de la República se abstenga de ejercer sus competencias constitucionales para interpretar, reformar o modificar textos normativos de idéntica jerarquía, y mucho menos, cualesquiera superior a ella”(21) .

Precisamente y en cuando hace a la derogatoria de la ley (primera pregunta de la consulta), la Sala recuerda que este fenómeno se presenta cuando por virtud de una ley nueva se produce “la pérdida de vigencia de otra ley anterior”(22), lo que supone, en consecuencia, que la ley derogada pierde su vigencia y se torna, por ese hecho, inaplicable a futuro(23). Ahora, como se deriva del artículo 3º de la Ley 153 de 1887(24) y lo ha aclarado la jurisprudencia(25), la derogatoria de la ley puede ser expresa —cuando la ley nueva así lo señala— o tácita, “(i) cuando una norma jurídica posterior resulta incompatible con una anterior, o (ii) cuando se produce una nueva regulación integral de la materia”(26) .

Para el caso concreto, la Sala encuentra que, conforme a lo expuesto, las hipótesis reguladas en el Código de Procedimiento Penal y en la ley de pequeñas causas, no modifican ni dejan sin valor los artículos 45 a 50 del Decreto-Ley 1260 de 1970, pues no se refieren a la manera en que se debe hacer el registro de nacimiento de las personas, sino que regulan únicamente una situación especial que se puede presentar en el contexto del juzgamiento penal.

Lo que se observa entonces, es la existencia de una regulación específica para proveer el registro de aquellas personas capturadas o condenadas que no aparecen inscritas en la Registraduría Nacional del Estado Civil, lo que claramente no afecta las disposiciones generales que determinan el registro de las personas a su nacimiento, ni las condiciones y forma de hacerlo.

De ese modo no puede hablarse de derogatoria expresa y tampoco de derogatoria tácita, ni por oposición normativa ni por regulación integral de la materia, hecho que claramente no ha sucedido.

En este orden y para dar respuesta al segundo interrogante de la consulta, la Sala observa que la aplicación de las leyes 1142 (art. 11) y 1153 (arts. 12 y 49) de 2007 no está supeditada a la expedición de una ley adicional que reforme el estatuto de registro civil de las personas; ello claro está, sin perjuicio de la potestad reglamentaria del gobierno, a cuyo efecto la registraduría está facultada para “proponer” los proyectos de decretos y demás normas relacionadas con la función de registro civil (D.1010/2000, art. 5º); así mismo, dentro del marco de la Constitución y de la ley, la registraduría podrá expedir las directrices a que haya lugar, en desarrollo de su función de dirección y administración del registro civil de las personas (C.P., art. 266)(27).

Consecuencia de lo anterior y dado el carácter obligatorio de la ley, considera la Sala que tampoco es posible la inaplicación de las leyes objeto de consulta, como se plantea en la pregunta 3 de la consulta.

En esa medida, estima la Sala que lo procedente sería la armonización de lo dispuesto en una y otra normatividad, de acuerdo en todo caso con las circunstancias especiales de privación de la libertad en que se encuentra la persona que, conforme a las leyes 1142 y 1153 de 2007, será inscrita en el registro civil.

Por ejemplo, debe tenerse en cuenta que como esa persona no podrá desplazarse por razón de su captura a una oficina de registro, deberá disponerse lo pertinente a fin de que un funcionario competente en el lugar donde aquella se encuentra detenida, facilite la respectiva diligencia. En tal caso, resultaría aplicable lo previsto en el artículo 34 del Decreto-Ley 1260 de 1970, que permite que los funcionarios encargados del registro del estado civil puedan “recoger los denuncios y declaraciones de hechos relativos al estado civil fuera de sus despachos, pero dentro del territorio de su competencia”(28).

Igualmente, puede revisarse si para tales casos debe adoptarse un formulario especial de registro(29) o si el que se utiliza actualmente permite dejar constancia de las condiciones y normas legales que respaldan esta forma especial de inscripción, habida cuenta de las limitaciones que la persona detenida podría tener además para aportar toda la información o documentos que en condiciones normales se exigen para esa diligencia(30).

Finalmente, cabe decir que lo expuesto no se contrapone del todo a las conclusiones planteadas por la entidad consultante, en el sentido que si la persona capturada ya aparece registrada se procedería a asignarle cupo numérico y a iniciar el trámite de expedición de su cédula; y que si no lo está o no es posible establecer su plena identificación, lo procedente sería hacer su registro conforme a las normas del Decreto 1260 de 1970, pero con las particularidades que se puedan derivar de su situación especial de detención.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala responde:

1. ¿Las leyes 1142 y 1153 de 2007, derogaron los artículos 44, 46, 48, 49 y el 50 del Decreto-Ley 1260 de 1970, estatuto de registro civil?

Respuesta: No, las leyes 1142 y 1153 de 2007 no derogaron los artículos 44, 46, 48, 49 y 50 del estatuto de registro civil, pues solamente establecieron un evento especial de registro y de asignación de cupo numérico.

2. ¿Deben iniciarse los trámites por el Congreso de la República, para modificar el estatuto de registro civil - Decreto-Ley 1260 de 1970, para dar cumplimiento al inciso segundo del artículo 128 de la Ley 906 de 2004, introducido por el artículo 11 de la Ley 1142 de 2007 y el parágrafo 12 de la Ley 1153 de 2007?

Respuesta: La aplicación de lo previsto en los artículos 11 de la Ley 1142 de 2007 y 12 y 49 de la Ley 1153 de 2007 no está sujeta a la reforma previa del estatuto de registro civil de las personas; lo que procede es la armonización de ambas disposiciones y, si se estima necesario, su reglamentación y la expedición de las directrices que faciliten su observancia.

3. ¿En caso afirmativo a la pregunta número 2, es procedente la inaplicación de las normas anteriormente citadas, hasta tanto se expida la modificación del Decreto-Ley 1260 de 1970?”.

Respuesta. Esta pregunta no es procedente por ser negativa la respuesta a la pregunta anterior.

Magistrados: Luis Fernando Álvarez Jaramillo. Presidente—Enrique José Arboleda PerdomoGustavo E. Aponte SantosWilliam Zambrano Cetina.

Jenny Galindo Huertas. Secretaria de la Sala.

(1) “ART. 10.—En el registro de nacimientos se anotarán estos, y posteriormente, todos los hechos y actos relativos al estado civil y a la capacidad de las personas, sujetos a registro, y especialmente, los relacionados con el artículo 5º”; igualmente, el artículo 11 señala: “ART. 11.—El registro de nacimiento de cada persona será único y definitivo. En consecuencia, todos los hechos y actos concernientes al estado civil y a la capacidad de ella, sujetos a registro, deberán inscribirse en el correspondiente folio de la oficina que inscribió el nacimiento, y el folio subsistirá hasta cuando se anote la defunción o la sentencia que declare la muerte presunta por desaparecimiento”

(2) En concordancia, la Ley 962 de 2005 estableció lo siguiente (se subraya): “ART. 22.—Número único de identificación personal. Créase el número único de identificación personal, NUIP, el cual será asignado a los colombianos por la Registraduría Nacional del Estado Civil en el momento de inscripción del registro civil de nacimiento expedido por los funcionarios que llevan el registro civil. El NUIP se aplicará a todos los hechos y actos que afecten el estado civil de las personas, y a todos los documentos que sean expedidos por las autoridades públicas.

El NUIP será asignado por cada oficina de registro civil y su administración corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cual determinará la composición y estructura del mismo. Para los mayores de edad al momento de expedirse la presente ley, se entenderá que el NUIP es el número de cédula de ciudadanía de cada colombiano.

El NUIP no cambiará en ningún momento y cuando existan cambios de documentos, se conservará el NUIP original. La Registraduría Nacional del Estado Civil podrá crear los mecanismos de expedición de documentos que permitan la plena identificación de los menores y de los mayores de edad. El NUIP será válido como número de identificación universal en todas las entidades del sistema integral de seguridad social”.

(3) “ART. 44.—En el registro de nacimientos se inscribirán:

1. Los nacimientos que ocurran en el territorio nacional.

2. Los nacimientos ocurridos en el extranjero, de personas hijas de padre y madre colombianos.

3. Los nacimientos que ocurran en el extranjero, de personas hijas de padre o madre colombianos de nacimiento o por adopción, o de extranjeros residentes en el país, caso de que lo solicite un interesado.

4. Los reconocimientos de hijo natural, legitimaciones, adopciones, alteraciones de la patria potestad, emancipaciones, habilitaciones de edad, matrimonios, capitulaciones matrimoniales, interdicciones judiciales, discernimientos de guarda, rehabilitaciones, nulidades de matrimonio, divorcios, separaciones de cuerpos y de bienes, cambios de nombre, declaraciones de seudónimo, declaraciones de ausencia, defunciones y declaraciones de presunción de muerte, y en general, todos los hechos y actos relacionados con el estado civil y la capacidad de las personas”.

(4) “ART. 45.—Están en el deber de denunciar los nacimientos y solicitar su registro:

1. El padre.

2. La madre.

3. Los demás ascendientes.

4. Los parientes mayores más próximos.

5. El director o administrador del establecimiento público o privado en que haya ocurrido.

6. La persona que haya recogido al recién nacido abandonado.

7. El director o administrador del establecimiento que se haya hecho cargo del recién nacido expósito.

8. El propio interesado mayor de diez y ocho años”.

(5) “ART. 46.—Los nacimientos ocurridos en el territorio nacional se inscribirán en la oficina correspondiente a la circunscripción territorial en que hayan tenido lugar. Si el nacimiento ocurre durante viaje dentro del territorio, o fuera de él, la inscripción se hará en el lugar en que aquel termine.

ART. 47.—Los nacimientos ocurridos en el extranjero o durante viaje cuyo término sea lugar extranjero, se inscribirán en el competente consulado colombiano, y en defecto de este, en la forma y del modo prescritos por la legislación del respectivo país.

El cónsul remitirá sendas copias de la inscripción; una destinada al archivo de la oficina central y otra al funcionario encargado del registro civil en la capital de la república, quien, previa autenticación del documento, reproducirá la inscripción, para lo cual abrirá el folio correspondiente.

Caso de que la inscripción no se haya efectuado ante cónsul nacional, el funcionario encargado del registro del estado civil en la primera oficina de la capital de la república procederá a abrir el folio, una vez establecida la autenticidad de los documentos que acrediten el nacimiento.

(6) “ART. 48.—La inscripción del nacimiento deberá hacerse ante el correspondiente funcionario encargado de llevar el registro del estado civil, dentro del mes siguiente a su ocurrencia. Solo se inscribirá a quien nazca vivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del Código Civil”.

(7) “ART. 49.—El nacimiento se acreditará ante el funcionario encargado de llevar el registro del estado civil mediante certificado del médico o enfermera que haya asistido a la madre en el parto, y en defecto de aquel, con declaración juramentada de dos testigos hábiles.

Los médicos y las enfermeras deberán expedir gratuitamente la certificación.

Los testigos declararán ante el funcionario sobre los hechos de que tengan conocimiento y la razón de este, y suscribirán la inscripción. El juramento se entenderá prestado por el solo hecho de la firma”.

(8) ART. 50.—Modificado por el artículo 1º del Decreto 999 de 1988. Cuando se pretenda registrar un nacimiento fuera del término prescrito, el interesado deberá acreditarlo con documentos auténticos, o con copia de las actas de las partidas parroquiales respecto de las personas bautizadas en el seno de la Iglesia Católica o de las anotaciones de origen religioso correspondientes a personas de otros credos, o en últimas, con fundamento en declaraciones juramentadas, presentadas ante el funcionario encargado del registro, por dos testigos hábiles que hayan presenciado el hecho o hayan tenido noticia directa y fidedigna de él, expresando los datos indispensables para la inscripción, en la forma establecida por el artículo 49 del presente decreto.

Los documentos acompañados a la solicitud de inscripción se archivarán en carpeta con indicación del código de folio que respaldan.

(9) “ART. 52.—La inscripción del nacimiento se descompondrá en dos secciones: una genérica y otra específica. En aquella se consignarán solamente el nombre del inscrito, su sexo, el municipio y la fecha de su nacimiento, la oficina donde se inscribió y los números del folio y general de la oficina central.

En la sección específica se consignarán, además la hora y el lugar del nacimiento, el nombre de la madre, el nombre del padre; en lo posible, la identidad de una y otro, su profesión u oficio, su nacionalidad, su estado civil y el código de sus registros de nacimiento y matrimonio; el nombre del profesional que certificó el nacimiento y el número de su licencia.

Además, se imprimirán las huellas plantares del inscrito menor de siete años, y la de los dedos pulgares de la mano del inscrito mayor de dicha edad.

La expresión de los datos de la sección genérica constituye requisito esencial de la inscripción”.

(10) ART. 63.—Cuando la persona cuyo nacimiento pretende inscribirse sea mayor de siete años, a la inscripción deberá proceder constancia de que aquel no ha sido registrado, expedida por la oficina central.

(11) ART. 64.—El funcionario que inscriba un nacimiento enviará sendas copias del folio de registro, de oficio o a solicitud del interesado, a la oficina central, y a las oficinas que tengan los folios de registro de nacimiento de los padres, para la nota de referencia.

ART. 65.—Hecha la inscripción de un nacimiento, la oficina central indicará el código o complejo numeral que corresponde al folio dentro del orden de sucesión nacional, con el que marcará el ejemplar de su archivo y del que dará noticia a la oficina local para que lo estampe en el suyo.

La oficina central dispondrá la cancelación de la inscripción, cuando compruebe que la persona objeto de ella ya se encontraba registrada.

(12) Sentencia T-106 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández: “Del derecho fundamental de todo ser humano al reconocimiento de su personalidad jurídica se deducen necesariamente los de gozar de una identidad ante el Estado y frente a la sociedad, tener un nombre y un apellido y ser reconocido como sujeto de derechos y obligaciones de conformidad con el ordenamiento jurídico. Factor indispensable para que opere el reconocimiento estatal a la personalidad jurídica de todo ser humano es la noticia que el Estado debe tener acerca de su existencia física, pues si la persona nace y el hecho de su nacimiento se desconoce, es imposible que pueda tenérsela en la práctica como sujeto del derecho. La forma idónea de asegurar que en efecto la persona sea alguien ante el Estado y de garantizar que pueda ejercer efectivamente sus derechos consiste en el registro civil de su nacimiento. Que se proceda a este en forma inmediata es, entonces, un derecho del niño, indispensable para el reconocimiento de su personalidad jurídica. (...) Aparte de la consecuencia legalmente indicada, es claro que, indefenso como está el recién nacido ante las personas que tienen la obligación de registrarlo, la violación de su derecho a ser registrado por la omisión de aquellas, da lugar a la instauración de la acción de tutela para obligarlas a proceder de conformidad con la Constitución y la ley. Para el efecto, dada la imposibilidad del propio menor, es aplicable el artículo 44 de la Carta, según el cual, en relación con las normas relativas a los derechos de los niños, "cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores". En el caso del niño abandonado, por el cual nadie responde, cualquier persona puede proceder en forma directa a denunciar su nacimiento y a solicitar el registro”.

(13) “ART. 25.—Derecho a la identidad. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener una identidad y a conservar los elementos que la constituyen como el nombre, la nacionalidad y filiación conformes a la ley. Para estos efectos deberán ser inscritos inmediatamente después de su nacimiento, en el registro del estado civil. Tienen derecho a preservar su lengua de origen, su cultura e idiosincrasia” (se resalta).

(14) De manera complementaria, como parte de las garantías de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el mismo estatuto establece que se debe verificar la inscripción en el registro civil de nacimiento por parte de los establecimientos educativos (art. 44-1) y, en general, por todas las autoridades competentes (art. 52-3) y que, corresponde al defensor de familia: “19. Solicitar la inscripción del nacimiento de un niño, la corrección, modificación o cancelación de su registro civil, ante la Dirección Nacional de Registro Civil de las personas (...)” (art. 82).

(15) “Por medio de la cual se reforman parcialmente las leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana”.

(16) Concordante con el parágrafo del artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, también adicionado por la Ley 1142 de 2007 (art. 22), que dispone: “PAR.—En todos los casos de captura, la policía judicial inmediatamente procederá a la plena identificación y registro del aprehendido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 128 de este código, con el propósito de constatar capturas anteriores, procesos en curso y antecedentes” (se resalta). Sobre el origen y finalidad tanto del artículo 11 como del artículo 22 de la Ley 1142 de 2007 se señaló lo siguiente en el Informe para plenaria en el Senado de la República:

“artículos nuevos aprobados en el trámite del primer debate (...) 4. El artículo 11 del texto aprobado, se incluyó mediante proposición número 82 cuya iniciativa corresponde igualmente a la DIJIN, dirigido a facilitar la identificación del capturado que no presente documento de identidad. Esta proposición aparece suscrita, entre otros, por el representante Nicolás Uribe y el Fiscal General de la Nación; 5. El artículo 22 del texto aprobado fue introducido por iniciativa del representante David Luna, mediante proposición número 86 suscrita por el Fiscal General de la Nación y el representante Nicolás Uribe. La finalidad de la citada norma es facilitar el proceso de identificación y registro del aprehendido, con el propósito de verificar capturas anteriores, procesos en curso y antecedentes” (Gaceta judicial 124 de 2007).

(17) La ley también prevé otros dos casos de arresto: (i) cuando se incumplen las penas principales de multa o trabajo social no remunerado, caso en el cual la medida de arresto se aplicará los fines de semana (art. 11); y (ii) el “arresto preventivo”, que se da cuando “el contraventor haya sido legalmente capturado y se le haya formulado imputación por conducta constitutiva de delito o contravención, dentro del lapso del año anterior, contado a partir de la nueva captura o imputación, siempre que no se haya producido la preclusión o absolución en el caso precedente. Así mismo, procede cuando registre condena anterior por delito o contravención prevista en esta ley” (art. 52). Nacional del Estado Civil a efectos de que expida en forma inmediata copia de la fotocédula. En caso de no aparecer registrada la persona en sus archivos, la Registraduría Nacional del Estado Civil lo registrará con el nombre que se identificó inicialmente y procederá a asignarle un cupo numérico. Lo anterior tiene como propósito constatar capturas anteriores, procesos en curso y antecedentes(18).

(18) Estas previsiones de verificación de registro decadactilar y de inscripción en la registraduría, fueron incluidas en la Cámara de Representantes (no estaban en el proyecto original aprobado en Senado), donde se señaló en relación con el parágrafo del artículo 12 que “se hace necesario imponer la obligación, para dar cumplimiento a este artículo, de contar con el registro decadactilar de la persona condenada y con un cupo numérico para que sean remitidos al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, junto con la parte resolutiva de la sentencia”; y respecto de la segunda parte del artículo 49 se indicó que “Se incorpora en el artículo relativo a la captura en flagrancia la obligación que tiene la policía judicial de identificar y registrar al aprehendido, además de procurar que cuente con un cupo numérico para poder constar capturas anteriores, procesos en curso y antecedentes (art. 49)”. (Informe de ponencia para debate en Cámara al Proyecto de Ley 88 de 2006 Senado, 203 Cámara, Gaceta del Congreso 215 de 2007, pág. .6). El texto conciliado puede verse en la Gaceta del Congreso 286 de 2007, pág.12).

(19) Como dijo la Corte en la Sentencia T-106 de 1996 citada con anterioridad, el registro civil de la persona es fundamental tanto para el ejercicio de sus derechos como para la asunción de las obligaciones que resultan de su comportamiento en la sociedad: “La importancia del registro es todavía mayor si se tiene en cuenta que mediante él se adquiere oficialmente uno de los atributos esenciales de la personalidad: el nombre, que habrá de identificar y distinguir al individuo a lo largo de su existencia, tanto en lo que le sea benéfico como en lo que le resulte desfavorable, según su comportamiento y actividad públicos y privados” (se resalta).

(20) Por una parte, porque lo normal será que la persona haya sido registrada a su nacimiento o este se haya procurado por los funcionarios que conforme a la ley tienen el deber de proveer ese registro o que la persona misma lo haya hecho por su propia cuenta para el ejercicio de sus derechos ciudadanos: Por otra parte, porque lo común no será encontrarse vinculado a un proceso penal por la comisión de una conducta tipificada como delito o contravención penal.

(21) Sentencia C-320 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Salvamento de voto de los magistrados Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Araújo Rentería. Aclaración de voto del magistrado Jaime Córdoba Triviño.

(22) Sentencia C-823 de 2006. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(23) Ley 153 de 1887. ART. 2º—La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de que una ley posterior sea contraria á otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicará la ley posterior.

(24) Ley 153 de 1887, “ART. 3º—Estímase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, ó por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, ó por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia á que la anterior disposición se refería”.

(25) “En el mismo sentido, la jurisprudencia ha señalado que la derogatoria de una ley puede ser “expresa, tácita o por reglamentación integral (orgánica) de la materia, sucediendo la primera cuando la nueva ley suprime formal y específicamente la anterior; la segunda cuando la nueva ley contiene disposiciones incompatibles o contrarias a la de la antigua, y la tercera cuando una ley reglamenta toda la materia regulada por una o varias normas precedentes, aunque no haya incompatibilidad entre las disposiciones de estas y las de la nueva ley” (C. Cons. sent. C-634/96, M.P. Fabio Morón Díaz).

(26) Sentencia C-823 de 2006. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(27) Desarrollado en el Decreto-Ley 1010 de 2000, que le asigna a la Registraduría Nacional del Estado Civil las funciones de “ 2. Adoptar las políticas del registro civil en Colombia y atender lo relacionado con la adopción, ejecución y control de los planes y programas propios del registro civil con miras a garantizar su óptimo funcionamiento” y “ 3. Garantizar en el país y el exterior, la inscripción confiable y efectiva de los hechos, actos y providencias sujetos a registro, proferir las autorizaciones a los entes o autoridades habilitadas legalmente para que concurran en el cumplimiento de dicha función, y conocer mediante los actos administrativos pertinentes de todo lo relativo a cancelaciones, reconstrucciones, anulaciones, modelos de expedición y demás actos jurídicos sobre el registro civil”.

(28) Este artículo dispone que el funcionario de registro podrá acudir incluso al domicilio de los interesados a instancia de ellos, lo que con mayor razón tendría justificación, en el contexto de lo ordenado en las normas analizadas, cuando la persona está detenida por orden de autoridad competente.

(29) Decreto 1010 de 2000. ART. 40.—Son funciones de Dirección Nacional del Registro Civil: “(...) 14. Elaborar modelos para la expedición de registros civiles que deben ser adoptados por todos los funcionarios encargados de llevar el registro civil”.

(30) En todo caso, como señala el artículo 52 del Decreto 1260 de 1970 al que se hizo referencia en la primera parte de esta consulta, para efectos del registro solamente resulta esencial el diligenciamiento de la parte genérica del mismo, correspondiente a nombres, sexo, fecha y lugar de de nacimiento y fecha y lugar de registro, respecto de lo cual no se observarían mayores inconvenientes.