Concepto 2018-00003 de abril 10 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Radicación: 11001-03-06-000-2018-00003-00(C)

Consejero Ponente:

Dr. Óscar Darío Amaya Navas

Actor: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones

Bogotá, D.C., diez de abril de dos mil dieciocho.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, Ley 1437 de 2011, procede a resolver el presunto conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.

I. Antecedentes

De acuerdo con la información que reposa en el expediente, los antecedentes del presente conflicto de competencias son los siguientes:

1. El señor Blas Hernando Betancur Ciuffetelli estuvo vinculado laboralmente al Instituto de Seguros Sociales, ISS, del 12 de enero al 11 de mayo de 1984 y del 21 de agosto de 1984 hasta el 26 de junio de 2003, periodo este último en el cual laboró como médico de planta y trabajador oficial, cuando el ISS era una empresa industrial y comercial del Estado (fls. 84 a 90).

2. En virtud del Decreto 1750 de 2003, el Gobierno Nacional ordenó la escisión de toda la estructura organizacional del ISS dedicada a la prestación de servicios de salud, incluyendo sus clínicas y hospitales, y la creación de siete empresas sociales del Estado, ESE, entre las cuales se encontraba la ESE Rita Arango Álvarez del Pino. Asimismo, se dispuso el traslado a dichas empresas, sin interrupción, de la planta de personal del ISS dedicada a la prestación de los servicios de salud.

3. Por esta razón, el señor Betancur Ciuffetelli pasó a laborar, de manera automática y sin solución de continuidad, a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, en donde estuvo vinculado del 26 de junio de 2003 al 30 de septiembre de 2004 (fls. 84 a 90).

4. El señor Blas Hernando Betancur Ciuffetelli, en su condición de exempleado de las dos entidades señaladas, obtuvo el reconocimiento de una pensión convencional de jubilación por parte de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, mediante la Resolución 747 del 25 de noviembre de 2004, asumida por cuotas entre dicha entidad (6,19%) y el Instituto de Seguros Sociales, en su condición de antiguo empleador (95,81%), según se dispuso en dicho acto administrativo (fls. 97 a 99).

5. En el artículo 4º de la citada resolución, se advirtió expresamente lo siguiente: “La pensión se pagará en la forma establecida en esta resolución hasta cuando la entidad administradora de pensiones-ISS reconozca al señora(a) Blas Hernando Betancur Ciuffetelli la pensión de vejez. A partir de este momento solamente se pagará por parte de las entidades concurrentes la diferencia que resulte de restar de la pensión de jubilación, la pensión de vejez, ajuste que se producirá en forma automática en la nómina de pensionados de la empresa jubilante” (se resalta) (fl. 98).

6. De acuerdo con lo anterior, el señor Betancur Ciuffetelli, al cumplir los requisitos para acceder a la pensión de vejez, solicitó dicha prestación al ISS (seccional Risaralda), entidad que, como administradora del régimen de prima media con prestación definida(1), reconoció la pensión de vejez al solicitante, mediante la Resolución 4118 de 2010. En el artículo 2º de esta resolución se ordenó que las mesadas pensionales fueran pagadas “a través del ISS patrono”, y se dispuso que el valor del retroactivo, determinado en el mismo acto administrativo, “se cancelará a favor del ISS patrono” (fls. 97 a 103).

7. El 14 de julio de 2011, mediante sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Caldas ordenó a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino “(...) reliquidar y pagar la pensión de jubilación al doctor Blas Hernando Betancur Ciuffetelli... a partir del 1º de octubre de 2004, con el 100% del promedio mensual de lo percibido por él, en sus dos últimos años de servicio (...)” (se resalta) (fls. 84 a 95).

8. El 3 de mayo de 2012, la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (fls. 84 a 95).

9. Por otra parte, como resultado de un proceso ordinario laboral promovido por el señor Betancur contra el Instituto de Seguros Sociales, el 27 de marzo de 2012, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales resolvió (fls. 54 a 64):

“(...).

2. Ordenar al Instituto de Seguros Sociales a tener en cuenta el tiempo laborado por el señor Blas Hernando Betancurt Ciuffetelli como supernumerario en el ISS para los efectos del otorgamiento de la pensión que reclama. El tiempo a tener en cuenta es el siguiente: Del 30 de junio al 28 de julio de 1981; del 1º al 21 de febrero de 1981; del 25 de mayo al 23 de junio de 1982; del 27 de diciembre de 1982 al 23 de enero de 1983; del 28 de enero al 17 de febrero, del 4 al 27 de abril, del 2 al 7 y del 9 al 14 de mayo, del 6 al 11, del 13 al 18 y del 20 al 24 de junio, del 25 de junio al 31 de julio, del 3 de octubre al 1º de noviembre, del 14 al 19 y del 21 al 29 de noviembre de 1983; del 2 de diciembre de 1983 al 1º de enero de 1984 y del 18 de junio al 17 de julio de 1984.

3. Condenar al Instituto de Seguros Sociales a pagar las costas procesales a favor del señor Blas Hernando Betancurt Ciuffetelli en un 100%, teniendo en cuenta que las agencias en derecho fueron fijadas en la suma de un millón de pesos ($ 1.000.000,oo)”.

10. Esta sentencia fue notificada el 27 de marzo de 2012 y quedó ejecutoriada el 30 de marzo del mismo año (fl. 64). Además, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales, mediante auto del 25 mayo de 2012, aprobó la liquidación de las costas del proceso, por la suma de un millón de pesos ($ 1.000.000), correspondientes a las agencias en derecho (fls. 64 a 65).

11. El 6 de febrero de 2015, mediante Resolución RDP 5050, la UGPP, como sustituto de las obligaciones pensionales a cargo de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino (liquidada), asumió el cumplimiento al fallo proferido por el Consejo de Estado. En el parágrafo del artículo 2º de esta resolución, aclaró lo siguiente: “Que mediante este acto administrativo se reconoce en la cuantía que corresponda al mayor valor entre la pensión de jubilación convencional reconocida por el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación hoy UGPP en calidad de patrono, y la pensión de vejez legal reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, ISS en Liquidación, hoy Colpensiones, en calidad de asegurador” (subrayamos) (fls. 104 a 108).

12. Inconforme con el monto de la pensión reliquidada por la UGPP en ese acto administrativo, el señor Betancur Ciuffetelli interpuso una demanda ejecutiva contra la UGPP, que le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales, el cual, mediante auto del 9 de marzo de 2017, libró mandamiento de pago en contra de la UGPP y a favor del señor Betancur, por la suma de setenta y nueve millones ochocientos ochenta y seis mil trescientos noventa y un pesos ($ 79.886.391) moneda corriente.

13. El 1º de diciembre de 2016, Colpensiones, mediante Resolución GNR 362651, declaró su falta de competencia para cumplir el fallo judicial proferido por el Juzgado Primero Laboral Adjunto del Circuito de Manizales el 27 de marzo de 2012, y remitió el expediente pensional a la UGPP, para los mismo fines (fls. 6 a 9).

14. Mediante los autos ADP 1675 del 28 de febrero y 4890 del 13 de julio de 2017, la UGPP declaró su falta de competencia para dar cumplimiento al fallo judicial proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales (fls. 10 a 11, 70 a 71 y 74 a 75).

15. Simultáneamente, el 14 de febrero de 2017, el señor Betancur Ciuffetelli solicitó a la UGPP el pago de las costas procesales decretadas a su favor en la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales (fls. 70 a 71).

16. El 24 de febrero de 2017, la UGPP, mediante el oficio 201714000549301, remitió por competencia el asunto al Ministerio de Salud y Protección Social, entidad que, a su vez, lo remitió al Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales (PAR-ISS), administrado por la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario, Fiduagraria S.A., mediante oficio 201711100903911 del 16 de mayo de 2017 (fls. 70 a 76).

17. El 31 de mayo de 2017, mediante oficio 201706371, Fiduagraria S.A., como administradora y vocera del PAR-ISS, remite de nuevo la solicitud de pago de las costas procesales a la UGPP, por competencia (fls. 75 a 76).

18. Mediante oficio radicado ante la Sala de Consulta y Servicio Civil el 15 de enero de 2018, Colpensiones solicitó resolver el conflicto de competencias administrativas surgido entre esa entidad y la UGPP, “para que se dirima y determine a cuál de las entidades mencionadas corresponde la solicitud del señor Blas Hernando Betancur Ciuffetelli, identificado con cédula de ciudadanía 10.214.653, en relación con los derechos prestacionales que reclama” (se subraya). Más adelante, en el mismo escrito, Colpensiones manifiesta que “solicita se dirima el conflicto negativo de competencias aquí planteado, en el sentido de establecer que la competencia para incluir los tiempos relacionados por el Juzgado 1º Laboral del Circuito de Manizales expediente 483-2011, dentro de la historia laboral del señor Blas Hernando Betancur Ciuffetelli, objeto del presente conflicto negativo de competencias, no corresponde a Colpensiones sino a la UGPP, de conformidad con el Decreto 2013 de 2012” (destacamos) (fls. 1 a 2).

II. Actuación procesal

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, se fijó edicto en la secretaría de esta corporación por el término de cinco (5) días, con el fin de que las autoridades involucradas y los terceros interesados presentaran sus alegatos (fl. 35).

Los informes secretariales que obran en el expediente dan cuenta del cumplimiento del trámite ordenado en el inciso tercero del artículo 39 de la Ley 1437 (fls. 48 a 55 y 96).

Consta también que se informó sobre el conflicto planteado a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, y al señor Blas Hernando Betancur Ciuffetelli (fl. 36).

Obra también la constancia de la secretaría de la Sala en el sentido de que, durante la fijación del edicto, se recibieron alegatos o consideraciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP (fls. 38 a 47), de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones (fls. 48 a 49) y del señor Blas Hernando Betancur Ciuffetelli (fls. 56 a 83).

III. Argumentos de las partes

1. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.

La UGPP manifestó que la pensión reconocida por la ESE Rita Arango Álvarez del Pino al señor Betancur Ciuffetelli es una pensión de jubilación compartida con la pensión de vejez que posteriormente le reconoció el ISS, en su calidad de administradora de pensiones. Por lo tanto, la entidad competente para dar cumplimiento al fallo del Juzgado Primero Laboral Adjunto del Circuito de Manizales, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 2013 de 2012, es Colpensiones, ya que dicha decisión se refirió a la pensión de vejez que reconoció el ISS como administradora de pensiones y no como empleador.

Asimismo, afirmó que la UGPP, como sucesor del ISS (en calidad de empleador), dio cumplimiento al fallo proferido por el Consejo de Estado, mediante la Resolución RDP 5050 de 2015, en el sentido de reliquidar y pagar la pensión del señor Betancur Ciuffetelli, con el 100% del promedio mensual de lo percibido por él en sus dos últimos años de servicio. Por esta razón, afirmó que el reconocimiento e inclusión de nuevos tiempos de servicio dentro de la historia laboral del solicitante, derivados de la orden proferida por el fallo del Juzgado Primero Laboral Adjunto del Circuito de Manizales, es competencia de Colpensiones.

Más adelante, la UGPP presentó un nuevo escrito, para dar alcance a los alegatos inicialmente presentados, en el cual manifestó que “el Ministerio de Salud y Protección Social”, podría ser la entidad competente para dar cumplimiento a la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales, dado que el conflicto que fue resuelto en dicha providencia corresponde a un asunto laboral, de naturaleza “no pensional”.

En esa medida, dado que el ISS era una entidad vinculada al Ministerio de Salud y Protección Social, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006, que modificó el artículo 35 del Decreto-Ley 254 de 2000, en concordancia con el artículo 44 del Decreto 2013 de 2012 y el Decreto-Ley 4107 de 2011, el “Ministerio de Salud y Protección Social” y, en su defecto, Colpensiones, serían las entidades competentes para dar cumplimiento al fallo judicial, pues, en su concepto, la pensión de vejez reconocida por el ISS lo fue en su calidad de empleador o “patrono” y no como “asegurador” o administrador de pensiones en el régimen de prima media (fls. 52 a 54).

2. Colpensiones.

Colpensiones manifiesta que el Decreto 2013 de 2012 suprimió y liquidó el ISS, y que el artículo 27 de dicho decreto estableció una norma de competencia, en virtud de la cual la UGPP es la entidad competente para asumir el pago de los derechos pensionales reconocidos por el ISS como empleador. Por lo tanto, dicha entidad es la competente para cumplir el fallo proferido por el Juzgado Primero Laboral Adjunto del Circuito de Manizales del 27 de marzo de 2012, e incluir los tiempos de servicio relacionados en dicha sentencia, dentro de la historia laboral del señor Betancur Ciuffetelli (fls. 1 a 2 y 48 a 49).

3. El señor Blas Hernando Betancur Ciuffetelli.

Por su parte, el señor Betancur Ciuffetelli manifestó que no pretende que se le reconozcan los tiempos indicados en el fallo judicial proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales, porque su inclusión no afecta el reconocimiento de su pensión, ni la liquidación de la misma. Además, afirmó que la solicitud que dio lugar al conflicto de competencias corresponde solamente al cobro de las costas procesales ordenadas mediante el fallo judicial del 27 de marzo de 2012 y no al del cumplimiento de esa decisión, en su integridad.

En esa medida, pidió que “el trámite para resolver el conflicto de competencia administrativa solamente se enfoque en la solicitud del pago de las costas procesales y/o agencias en derecho ordenadas por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales, de fecha 27 de marzo de 2012, aprobadas mediante auto de fecha 25 de mayo de 2012” (fl. 56).

IV. Consideraciones

1. Competencia.

a. Competencia de la Sala.

Puede ocurrir que dos o más autoridades se consideren competentes para conocer de un asunto de naturaleza administrativa o que, por el contrario, juzguen ser incompetentes para el efecto. Con el objeto de resolver conflictos de esta índole, el ordenamiento jurídico colombiano ha establecido un procedimiento específico, consagrado en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA:

“ART. 39.—Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al tribunal administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

(...)”.

En el mismo sentido, el artículo 112 de este código dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

“... 10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo”.

De acuerdo con estas disposiciones, se ha reiterado(2) que la Sala es competente para resolver los conflictos de competencias: (i) que se presenten entre autoridades nacionales, o en los que esté involucrada al menos una entidad de ese orden, o aquellos que se susciten entre entidades territoriales no sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; (ii) que se refieran a un asunto de naturaleza administrativa, y (iii) que versen sobre un asunto particular y concreto.

Como surge del análisis de los antecedentes, el presente conflicto de competencias se ha planteado entre dos autoridades del orden nacional, la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.

Asimismo, se trata de un asunto de naturaleza administrativa y de carácter particular y concreto, tal como se explicará más adelante.

Se concluye, por lo tanto, que la Sala es competente para dirimir el conflicto.

b. Términos legales.

El procedimiento especialmente regulado en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, CPACA, para que la Sala de Consulta y Servicio Civil decida los conflictos de competencias que pudieren ocurrir entre autoridades administrativas, obedece a la necesidad de definir en toda actuación administrativa la cuestión preliminar de la competencia. Puesto que la Constitución prohíbe a las autoridades actuar sin competencia, so pena de incurrir en responsabilidad por extralimitación en el ejercicio de sus funciones (art. 6º), y el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 prevé que la expedición de actos administrativos sin competencia dará lugar a su nulidad, hasta tanto no se determine cuál es la autoridad obligada a conocer y resolver, no corren los términos previstos en las leyes para que decidan los correspondientes asuntos administrativos.

De ahí que, conforme al artículo 39 del CPACA, “mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 (sobre derecho de petición) se suspenderán”(3). El artículo 21 ibídem (sustituido por el art. 1º de la L. 1755/2015), relativo al funcionario sin competencia, dispone que “[s]i la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente”. Igualmente, cuando se tramiten impedimentos o recusaciones, circunstancia que deja en suspenso la competencia del funcionario concernido, el artículo 12 del CPACA establece que “[l]a actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del impedimento o desde la presentación de la recusación, hasta cuando se decida”.

Debido a estas razones de orden constitucional y legal, mientras la Sala de Consulta y Servicio Civil dirime la cuestión de la competencia no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, en la parte resolutiva se declarará que en el presente asunto los términos suspendidos se reanudarán o empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que la presente decisión sea comunicada.

2. Aclaración previa.

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, y adoptar la respectiva decisión de fondo.

Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia, se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente.

3. Problema jurídico.

Para delimitar el problema jurídico involucrado en el presente conflicto de competencias administrativas, es necesario recordar, en primer lugar, que en el escrito que dio origen a esta actuación (fls. 1 a 2), Colpensiones solicitó establecer la competencia para resolver sobre “los derechos prestacionales que reclama” el señor Betancur Ciuffetelli, así como “para incluir los tiempos relacionados por el Juzgado 1º Laboral del Circuito de Manizales Expediente 483-2011, dentro de la historia laboral” del mismo pensionado.

Igualmente, en los documentos que obran en el expediente, se advierte que Colpensiones, mediante Resolución GNR 362651 de 2016 (fls. 6 a 9), declaró su incompetencia para dar cumplimiento al fallo proferido por el Juzgado Primero Laboral Adjunto del Circuito de Manizales, razón por la cual, ordenó remitir el expediente a la UGPP.

En atención a dicha remisión, la UGPP, mediante el auto ADP 1675 del 28 de febrero de 2017, manifestó también su incompetencia y consideró que se presentaba un conflicto de competencias entre esa entidad y Colpensiones, “respecto a quien debe dar cumplimiento al fallo judicial” mencionado.

Sin embargo, el señor Betancur Ciuffetelli, mediante escrito remitido a la Sala el 6 de febrero de 2018 (fl. 53), manifestó:

“Es importante aclarar que la solicitud que dio lugar al presente conflicto de competencia administrativa solamente corresponde al cobro de las costas procesales, ordenadas mediante la sentencia judicial proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales, de fecha 27 de marzo de 2012, aprobadas mediante auto de fecha 25 de mayo de 2012.

Por tanto, no corresponde ni pretendo que con este caso se dirima lo concerniente a lo ordenado en la parte resolutiva de la referida sentencia, pues se trata de otro asunto que en últimas no me fue reconocido por el ISS en su momento, pero que tampoco afectó el reconocimiento ni la liquidación de mi pensión”.

Lo anterior está en armonía con la solicitud que formuló el mismo peticionario ante la UGPP el 14 de febrero de 2017, en el sentido de que dicha entidad procediera al “pago de las costas procesales ordenadas por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales, mediante sentencia de primera instancia de fecha 27 de marzo de 2012, a favor del suscrito en un 100%, por la suma de un millón de pesos ($ 1.000.000) moneda corriente”.

Por lo tanto, esta Sala debe resolver, inicialmente, si el objeto del conflicto de competencias administrativas se refiere a determinar cuál es la entidad que debe dar cumplimiento a la sentencia del Juzgado Primero Laboral Adjunto del Circuito de Manizales, en general, o solamente establecer cuál es la entidad competente para dar respuesta a la petición presentada por el señor Betancur Ciuffetelli en relación con el pago de las costas impuestas en dicha providencia, como lo pretende el interesado.

A este respecto, advierte la Sala que la manifestación del señor Betancur Ciuffetelli no la obliga a limitar el objeto del conflicto de competencias a ese solo aspecto (las costas judiciales), ya que, además de que el peticionario no es parte del conflicto de competencias administrativas (lo son únicamente Colpensiones y la UGPP), sino un tercero interesado, la resolución del conflicto no fue solicitada por él, sino por Colpensiones, y se refirió, como queda visto, al cumplimiento del fallo judicial, en general. Así lo consideró también la UGPP en sus alegatos.

Adicionalmente, es importante señalar que si bien para el jubilado puede ser indiferente el cumplimiento de la obligación principal impuesta en el fallo del juzgado laboral, pues esto no afectaría el monto de las mesadas pensionales que recibe, no necesariamente ocurre lo mismo para las partes en conflicto, pues ellas pueden tener un interés económico en este asunto.

En efecto, con base en lo dispuesto en los actos de reconocimiento de la pensión convencional de jubilación y de la pensión de vejez, una vez reconocida esta última, por parte del ISS, la entidad que otorgó la pensión de jubilación, es decir, la ESE Rita Arango Álvarez del Pino (hoy en día, la UGPP), solamente debe pagar la diferencia entre las dos pensiones reconocidas, esto es, el mayor valor que tenga la pensión de jubilación respecto de la pensión de vejez. Lo anterior, implica, como es lógico, que entre más alto sea el valor de la pensión de vejez, menor sería la suma con la que tendría que contribuir la UGPP, como entidad que está a cargo, en la actualidad, de la pensión de jubilación.

En todo caso, debe advertirse que nada de lo explicado sobre el objeto del presente conflicto, ni la resolución misma de la controversia, impide que el señor Betancur Ciuffetelli, como titular de la pensión compartida y, por lo tanto, acreedor de las obligaciones impuestas en la referida sentencia, se abstenga de exigir el cumplimiento de la obligación principal, y de realizar las gestiones y acciones que normalmente serían procedentes para ello, si considera que la ejecución de esa obligación le es indiferente, o que la conducta pasiva es la que resulta más conveniente para sus intereses.

De acuerdo con lo expuesto, el problema jurídico que se plantea dentro del presente conflicto de competencias administrativas, consiste en determinar cuál es la entidad competente para sustituir al Instituto de Seguros Sociales, ISS, en el cumplimiento del fallo proferido el 27 de marzo de 2012 por el Juzgado Primero Laboral Adjunto del Circuito de Manizales.

Para resolver este problema jurídico, la Sala: (i) analizará su competencia en relación con el cumplimiento de una sentencia judicial; ii) revisará las normas que ordenaron la liquidación del Instituto de Seguros Sociales y la entrada en funcionamiento de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y, por último, iii) revisará el caso concreto.

4. Análisis del conflicto planteado.

4.1. Posibilidad de resolver conflictos de competencia administrativa en relación con el cumplimiento de una sentencia judicial. Reiteración.

Como lo ha señalado la Sala en reiteradas oportunidades(4), el cumplimiento de una sentencia judicial por parte de una entidad u organismo público supone el ejercicio de la función administrativa, pues implica una actividad del Estado tendiente a garantizar la eficacia material de los derechos individuales o colectivos que hayan sido declarados o reconocidos en la respectiva providencia. Es por esta razón que el artículo 192 del CPACA dispone, en lo pertinente:

“ART. 192.—Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada.

(...).

Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud.

En asuntos de carácter laboral, cuando se condene al reintegro, si dentro del término de tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que así lo disponga, este no pudiere llevarse a cabo por causas imputables al interesado, en adelante cesará la causación de emolumentos de todo tipo.

El incumplimiento por parte de las autoridades de las disposiciones relacionadas con el reconocimiento y pago de créditos judicialmente reconocidos acarreará las sanciones penales, disciplinarias, fiscales y patrimoniales a que haya lugar.

(...)” (resalta la Sala).

En lo que no existe acuerdo pleno es en el punto de si dicha función implica la realización de una actuación administrativa, de aquellas que se encuentran reguladas por los artículos 34 y siguientes del CPACA, o si se trata de una simple operación administrativa. Como lo ha manifestado la Sala(5), una u otra calificación dependen principalmente del contenido del fallo, es decir, del alcance de las órdenes y decisiones que hayan sido adoptadas por la autoridad judicial, así como de las actividades, determinaciones y gestiones que deba realizar la entidad pública que resulte condenada, para darle cumplimiento.

En todo caso, ya sea que se trate de una actuación administrativa o de una simple operación administrativa, lo cierto es que implica el ejercicio de la función administrativa, en desarrollo de la cual pueden presentarse conflictos de competencia, bien sea porque dos o más entidades públicas se consideren competentes para ejercer dicha función (conflicto positivo), ora porque ninguna de ellas acepte la competencia para el efecto (conflicto negativo).

Igualmente, se debe reiterar que la Sala de Consulta y Servicio Civil no puede variar o alterar lo definido judicialmente en el fallo, como lo ha reconocido esta misma Sala en varias ocasiones. Por esta razón, la Sala ha afirmado que la autoridad o entidad pública que debe cumplir una sentencia judicial es, en principio, la misma que compareció al proceso como demandada y que, en tal condición, fue condenada. Sin embargo, también ha advertido que esta es una regla general, pero no es absoluta.

En efecto, en algunas ocasiones se presentan circunstancias que generan dudas sobre la entidad llamada a cumplir la condena, por eventos que hayan ocurrido después de proferida la sentencia o, incluso, durante el proceso judicial pero que no fueron reconocidos en el fallo, y que afectan la competencia de la entidad demandada o condenada, tales como la supresión, la fusión y la escisión de entidades públicas, o la eliminación, el traslado o la reorganización de funciones entre diferentes entidades, órganos y organismos de la administración.

En tales casos excepcionales, la necesidad de garantizar los derechos reconocidos o declarados en la sentencia, así como el principio de la tutela judicial efectiva, que forman parte del derecho de acceso a la administración de justicia, como la Corte Constitucional lo ha señalado en varias sentencias, hacen que la Sala de Consulta y Servicio Civil deba resolver el conflicto de competencias que se presente y declarar, por lo tanto, cuál de las entidades que participan en la disputa o, incluso, una tercera entidad u organismo, es la competente para cumplir lo ordenado en el fallo judicial.

La Sala entiende que, al dirimir dichos conflictos, no puede adicionar, suprimir, modificar ni alterar en forma alguna lo resuelto sustancialmente en el fallo, y debe apegarse, en todo lo posible, tanto a la voluntad real del operador judicial como al texto mismo de la sentencia.

En el presente caso, la Sala encuentra que el conflicto de competencias administrativas está plenamente justificado, dado que la entidad que fue condenada por el Juzgado Primero Laboral Adjunto del Circuito de Manizales y que, por ende, debía cumplir la sentencia en su oportunidad, no existe en la actualidad, por haberse ordenado su supresión y liquidación, y haberse completado ya su trámite liquidatorio.

4.2. La liquidación del Instituto de Seguros Sociales y la entrada en funcionamiento de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.

El Instituto de Seguros Sociales, ISS, fue creado mediante el artículo 8º de la Ley 90 de 1946 como un establecimiento público dotado de autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propio, encargado de la dirección y vigilancia de los seguros sociales.

Por su parte, la Ley 1151 de 2007, en su artículo 155, ordenó la creación de una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, denominada Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y dispuso que el Gobierno Nacional debía emprender todas las acciones tendientes a la liquidación de Cajanal EICE, Caprecom y el Instituto de Seguros Sociales(6). En virtud de lo anterior, el Gobierno Nacional, expidió los decretos 2011(7), 2012(8) y 2013(9) de 2012, mediante los cuales reglamentó la entrada en funcionamiento de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, ordenó la supresión del ISS y lo declaró en estado de liquidación, ente otros asuntos, todo ello a partir del 28 de septiembre de 2012.

Ahora bien, el artículo 1º del Decreto 2011 de 2012, establece que Colpensiones tiene a su cargo la administración del régimen de prima media con prestación definida. En armonía con la disposición citada, el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, establece:

ART. 35.—De los procesos judiciales. De conformidad con el artículo 25 del Decreto 254 de 2000, modificado por la Ley 1450 de 2011, el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, deberá presentar ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, un inventario de todos los procesos judiciales y demás reclamaciones que cursen al momento de entrada en vigencia del presente decreto.

El Instituto de Seguros Sociales en Liquidación continuará atendiendo los procesos judiciales en curso derivados de su gestión como administradora del régimen de prima media con prestación definida, por el término de tres (3) meses, contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto. Vencido dicho término, los procesos deberán ser entregados a Colpensiones entidad que continuará con el trámite respectivo.

Durante ese mismo término el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, tendrá a su cargo la sustanciación de los trámites y la atención de las diligencias prejudiciales y judiciales convocadas y notificadas con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto.

Las sentencias judiciales que afecten a los fondos de prestaciones de invalidez, vejez y muerte, o relacionadas con la función de administración del régimen de prima media con prestación definida serán cumplidas por Colpensiones” (resalta la Sala).

De la norma reproducida se advierte que, por expreso mandato legal y de conformidad con el régimen de liquidación de las entidades públicas del orden nacional, se impuso a Colpensiones la obligación de cumplir con las sentencias judiciales dictadas en contra del ISS y relacionadas con la administración del régimen de prima media con prestación definida, así como las que afecten a los fondos de prestaciones de invalidez, vejez y muerte.

Es así como, al trasladarse a Colpensiones las funciones que venía desarrollando el ISS relacionadas con la administración del régimen de prima media con prestación definida, dicha entidad debe cumplir los compromisos adquiridos, así como las obligaciones legales o judiciales originadas en dicha administración, pues Colpensiones, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 52(10) de la Ley 489 de 1998, se subrogó en las obligaciones y derechos de los que el ISS era deudor y titular, respectivamente.

En virtud de lo anterior, existe, entonces, una regla clara y expresa que permite a Colpensiones dar cumplimiento a las sentencias judiciales relacionadas con la administración del régimen de prima media con prestación definida, en razón al traslado de la función de administración que tenía el ISS, al momento de su liquidación.

5. El caso concreto.

El Juzgado Primero Laboral Adjunto del Circuito de Manizales, en sentencia del 27 de marzo de 2012, resolvió lo siguiente:

“1 Declarar no probadas las excepciones de carencia del derecho reclamado y prescripción.

2. Ordenar al Instituto de Seguros Sociales a tener en cuenta el tiempo laborado por el señor Blas Hernando Betancurt Ciuffetelli como supernumerario en el ISS para los efectos del otorgamiento de la pensión que reclama. El tiempo a tener en cuenta es el siguiente: Del 30 de junio al 28 de julio de 1981; del 1º al 21 de febrero de 1981; del 25 de mayo al 23 de junio de 1982; del 27 de diciembre de 1982 al 23 de enero de 1983; del 28 de enero al 17 de febrero, del 4 al 27 de abril, del 2 al 7 y del 9 al 14 de mayo, del 6 al 11, del 13 al 18 y del 20 al 24 de junio, del 25 de junio al 31 de julio, del 3 de octubre al 1º de noviembre, del 14 al 19 y del 21 al 29 de noviembre de 1983; del 2 de diciembre de 1983 al 1º de enero de 1984 y del 18 de junio al 17 de julio de 1984.

3. Condenar al Instituto de Seguros Sociales a pagar las costas procesales a favor del señor Blas Hernando Betancurt Ciuffetelli en un 100%, teniendo en cuenta que las agencias en derecho fueron fijadas en la suma de un millón de pesos ($ 1.000.000,oo)”.

(...)”.

De los documentos allegados al expediente, se advierte que la sentencia fue notificada el 27 de marzo de 2012 y quedó ejecutoriada el 30 de marzo de los mismos mes y año, esto es, 6 meses antes de que el Gobierno Nacional expidiera el Decreto 2013 de 2012, por medio del cual se ordenó la supresión y liquidación del ISS.

Es claro, por lo tanto, que el Instituto de Seguros Sociales ha debido cumplir con lo ordenado en dicha providencia, antes de su liquidación o durante el respectivo proceso liquidatorio. Sin embargo, no lo hizo, sin que estén acreditadas en el expediente las razones que haya tenido en cuenta para ello.

Ahora bien, conforme a la declaración de incompetencia contenida en la Resolución GNR 362651 de 2016 y las alegaciones presentadas a la Sala, Colpensiones considera que las obligaciones derivadas del fallo judicial proferido por el Juzgado Primero Laboral Adjunto del Circuito de Manizales fueron adquiridas por el ISS en calidad de empleador y no como administradora del régimen de prima media. De allí deriva Colpensiones su falta de competencia, pues, según lo afirma, el Decreto 2013 de 2012 estableció que la competencia para administrar los derechos laborales y prestacionales reconocidos por el ISS en su calidad de empleador, fue asignada a la UGPP.

La Sala no comparte el criterio anterior, pues el Juzgado Ordinario Laboral impuso obligaciones al ISS en su calidad de administrador del régimen solidario de prima media con prestación definida.

En efecto, al determinar el problema jurídico que debía resolverse en la sentencia, el juez señaló expresamente: “2. El problema jurídico a resolver consiste en determinar si al señor Blas Hernando Betacurt Ciuffetelli le asiste derecho a que el ISS - como administradora del régimen solidario de prima media con prestación definida le tenga en cuenta el tiempo laborado como supernumerario en el mismo ISS como empleador” (se subraya).

Como se observa, el juez distinguió nítidamente la función del ISS como administrador del régimen de prima media, de su rol como empleador (o antiguo empleador) del señor Betancur.

Asimismo, advierte la Sala que el ISS resolvió la solicitud de reconocimiento pensional del señor Betancur Ciuffetelli, como administrador del régimen de prima media con prestación definida, pues así se desprende claramente de las resoluciones 9452 de 2009 (fl. 101) y 4118 de 2010 (fl. 102).

Por consiguiente, debe concluirse que la sentencia analizó y determinó la responsabilidad del ISS, en su condición de administrador del régimen de prima media, con relación a la pensión de vejez que le había reconocido previamente al señor Betancur Ciuffetelli. Otra cosa es que la obligación principal impuesta a dicha administradora consistiera en tener en cuenta, para la reliquidación de la pensión de vejez, algunos tiempos de servicio que el pensionado había prestado como supernumerario en la misma entidad, es decir, en el ISS, pero en calidad de empleador.

En efecto, no es acertado confundir las dos condiciones en las que actuó el ISS en relación con los hechos que dieron origen a este conflicto: i) como antiguo empleador del señor Betancur Ciuffetelli, el ISS concurrió al pago de la pensión de jubilación, junto con la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, y ii) como asegurador y administrador del régimen de prima media con prestación definida, el ISS otorgó al peticionario una pensión de vejez, condición en la cual fue condenado por el Juzgado Primero Laboral Adjunto del Circuito de Manizales a reliquidar el monto de dicha prestación, teniendo en cuenta algunos tiempos de servicio adicionales.

El hecho de que la pensión de vejez reconocida por el ISS, como administrador de pensiones, se debiera pagar “a través del ISS Patrono”, tal como se ordenó en la Resolución 4118 del 19 de julio de 2010, no significa que el responsable de dicha prestación fuese el ISS, como antiguo empleador del pensionado, porque no fue esa la condición bajo la cual dicha entidad le reconoció la prestación al señor Betancur, y porque los recursos con los cuales debía pagar las mesadas respectivas no eran los suyas propias, sino los de los fondos de reserva que estaba obligado a constituir para el efecto, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y las demás normas pertinentes.

Aclara también la Sala que la sentencia del 14 de julio de 2011, dictada por el Tribunal Administrativo de Caldas y confirmada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, el 3 de mayo de 2012, se refiere exclusivamente a la pensión de jubilación reconocida al señor Betancur Ciuffetelli por la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, con base en la convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social, debido a lo dispuesto por el Decreto 1750 de 2003 sobre la aplicación de dicha convención a los extrabajadores del ISS que pasaran a laborar, sin solución de continuidad, a las empresas sociales del Estado, ESE, creadas para asumir los servicios de salud que prestaba el ISS, antes de la escisión ordenada por el citado decreto.

Por lo tanto, el cumplimiento de la sentencia dictada por el juzgado primero laboral adjunto del circuito no genera ninguna interferencia con el cumplimiento del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas y confirmado por el Consejo de Estado, pues este último se refiere a la pensión de jubilación convencional reconocida en su momento por la ESE Rita Arango Álvarez del Pino.

Tan cierto es lo anterior que el cumplimiento de dicha decisión judicial fue asumido expresamente por la UGPP, mediante la Resolución RDP 5050 del 6 de febrero de 2015, como sucesora para estos efectos de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino y del ISS, en su calidad de empleador, y que el cumplimiento integral de la misma providencia es perseguido por el pensionado contra la UGPP, mediante una demanda ejecutiva que tramita en el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales, en la cual ya se libró mandamiento de pago contra la UGPP.

“ART. 5º—Pago de costas judiciales de los procesos como administrador del régimen de prima media. El pago de las condenas por costas procesales y agencias en derecho a que fue condenado el Instituto de Seguros Sociales en su calidad de administrador del régimen de prima media con prestación definida corresponde a Colpensiones”. Dentro de este marco, y a la luz del artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, que establece la obligación de Colpensiones de cumplir con las sentencias judiciales relacionadas con la función de administración del régimen de prima media con prestación definida, encuentra la Sala que corresponde a dicha entidad dar cumplimiento al fallo proferido por el Juzgado Primero Laboral Adjunto del Circuito de Manizales.

Esta conclusión encuentra sustento, además, en lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto 533 de 2015(11), el cual impone a Colpensiones la obligación de pagar las costas judiciales de los procesos en los que fue condenado el ISS como administrador del régimen de prima media con prestación definida:

“PAR.—En consideración a la complejidad de información con que se cuenta y a la presupuestación que se requiere, se crea una comisión transitoria de acompañamiento conformada por delegados del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Trabajo y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esta comisión tendrá como función coordinar las acciones necesarias para garantizar por parte de Colpensiones el pago de las condenas de que trata el inciso anterior”.

Finalmente, recuerda la Sala que las órdenes que se han proferido por parte de las autoridades judiciales, como expresión independiente de la administración de justicia y en cumplimiento de esa función pública (C.P., art. 228), deben ser acatadas. “El cumplimiento de las providencias judiciales es el cumplimiento de las leyes en el caso concreto y cuando quiera que sentencias condenen al Estado, de conformidad con los principios que rigen la función administrativa, habrán de cumplirse de manera eficaz, para lo cual las autoridades administrativas habrán de coordinar sus actuaciones y dar cumplimiento adecuado a los fines del Estado (art. 209)”(12). Frente a una decisión judicial en firme, la seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva imponen como única solución admisible la estricta observancia de lo resuelto por la autoridad judicial(13).

Por lo expuesto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

RESUELVE:

1. DECLARAR competente a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, para cumplir el fallo 47 del 27 de marzo de 2012, proferido por el Juzgado Primero Laboral Adjunto del Circuito de Manizales.

2. REMITIR el expediente de la referencia a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, para que continúe la actuación administrativa de manera inmediata.

3. COMUNICAR la presente decisión a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones; a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP; al Juzgado Primero Laboral Adjunto del Circuito de Manizales; al Ministerio de Salud y Protección Social; a la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A., Fiduagraria S.A., como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales Liquidado (PAR-ISS), y al señor Blas Hernando Betancur Ciuffetelli.

4. Los términos legales a que esté sujeta la actuación administrativa en referencia se reanudarán o empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que se comunique esta decisión.

5. Contra la presente decisión no procede recurso alguno, tal como lo dispone expresamente el inciso 3º del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La presente decisión se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

Comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Óscar Darío Amaya Navas—Germán Alberto Bula Escobar—Édgar González López—Álvaro Namén Vargas.

Óscar Alberto Reyes Rey, Secretario de la Sala.

(1) Información tomada de las resoluciones del ISS (seccional Risaralda) que reposan en el expediente (fls. 101 a 103).

(2) Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 11 de julio de 2016. Radicado 110010306000201600079-00.

(3) La Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, reemplazó el texto del artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 por el siguiente: “ART. 14.—Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: // 1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. // 2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. // PAR.—Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.

(4) Ver entre otros, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 27 de noviembre de 2014, radicado 11001-03-06-000-2014-00084-00; decisión de 1º de abril de 2014, radicado 11001-03-06-000-2014-00042-00, y decisión de 24 de agosto de 2017, radicado 11001-03-06-000-2017-00070-00.

(5) Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 27 de noviembre de 2014. Radicado 11001-03-06-000-2014-00229-00.

(6) Ley 1151 de 2007 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010” (...) “ART. 155.—De la institucionalidad de la seguridad social y la administración del régimen de prima media con prestación definida ... el gobierno, en ejercicio de sus facultades constitucionales, deberá realizar todas las acciones tendientes al cumplimiento de dicho propósito, y procederá a la liquidación de Cajanal EICE, Caprecom y del Instituto de Seguros Sociales, en lo que a la administración de pensiones se refiere. En ningún caso se podrá delegar el reconocimiento de las pensiones”.

(7) “Por el cual se determina y reglamenta la entrada en operación de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones”.

(8) “Por el cual se suprimen unas dependencias de la estructura del Instituto de Seguros Sociales, ISS”.

(9) “Por el cual se suprime el Instituto de Seguros Sociales, ISS, se ordena su liquidación y se dictan otras disposiciones”.

(10) Ley 489 de 1998, artículo 52 parágrafo 1º. “El acto que ordene la supresión, disolución y liquidación, dispondrá sobre la subrogación de obligaciones y derechos de los organismos o entidades suprimidas o disueltas, la titularidad y destinación de bienes o rentas, los ajustes presupuestales necesarios, el régimen aplicable a la liquidación y, de conformidad con las normas que rigen la materia, la situación de los servidores públicos”.

(11) “Por medio del cual se adoptan medidas con ocasión del cierre de la liquidación del Instituto de Seguros Sociales, ISS en Liquidación y se dictan otras disposiciones”.

(12) Ver entre otros, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 27 de noviembre de 2014, radicado11001-03-06-000-2014-00083-00, y decisión de 27 de noviembre de 2014, radicado11001-03-06-000-2014-00082-00.

(13) Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 1878 de 2008 - aclaración. Particularmente en el caso de las sentencias a cargo de las entidades públicas, esta Sala ha indicado que resulta incompatible con la Constitución y con los deberes funcionales del cargo “el incumplimiento por parte del Estado de las decisiones judiciales y de las obligaciones que de ellas surgen para los diferentes órganos y entidades públicas”; en consecuencia ha señalado que los funcionarios públicos, en virtud de los principios de legalidad y responsabilidad, están obligados a adoptar las medidas necesarias para garantizar la efectividad de las sentencias y la protección de los derechos reconocidos en ellas, so pena de las sanciones establecidas en la ley (Conc. 2076/2012).