Concepto 2096 de octubre 18 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Radicación Interna: 2096

Número Único: 11001-03-06-000-2012-00023-00

Consejero Ponente:

Dr. Augusto Hernández Becerra

Referencia: Fijación de límites entre el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el municipio de Turbaná

Efectos de la nulidad de un aparte de la Ordenanza 4 de 1970 de la Asamblea Departamental de Bolívar, sobre fijación de tales límites

Aplicación de la Ley 1447 de 2011 sobre límites entre entidades territoriales

Bogotá, D.C., dieciocho de octubre de dos mil doce.

El señor Ministro del Interior, a solicitud de la alcaldesa mayor del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, formuló a la Sala una consulta referente a la vigencia de una antigua ordenanza de la Asamblea Departamental de Bolívar, la Nº 42 de 1923, relacionada con los límites territoriales entre ese distrito y el municipio de Turbaná, y pregunta si se podría tener en cuenta para el procedimiento de deslinde adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC.

l. Antecedentes

Los antecedentes de la consulta se pueden sintetizar de la siguiente forma:

1. La Asamblea Departamental de Bolívar, mediante la Ordenanza 42 del 3 de mayo de 1923, “sobre división territorial, política y administrativa del departamento”, dividió “para los asuntos políticos y administrativos” el territorio del departamento de ese entonces en provincias (art. 1º), y fijó el territorio de los distritos o municipios de la provincia de Cartagena, entre ellos los pertenecientes a Cartagena y Turbaná (art. 2º). Es preciso observar que por toda determinación de los territorios distritales o municipales, esta ordenanza, como era lo usual en la época, se limitó a identificar por sus nombres la cabecera, los caseríos y los corregimientos comprendidos en el distrito, mas no fijó propiamente los límites de la entidad territorial ni de sus componentes geográficos.

2. Casi cincuenta años después la Asamblea Departamental de Bolívar, mediante la Ordenanza 4 del 14 de noviembre de 1970, “Por la cual se ratifican los límites de los municipios de Cartagena (...) Turbaná...”, dispuso que los límites de los municipios del departamento eran los descritos en ese acto administrativo. Entre tales límites se establecían los del municipio de Cartagena con el de Turbaná en el literal e) del artículo 2º.

3. A raíz de una acción de nulidad promovida por el municipio de Turbaná contra el departamento de Bolívar y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 23 de octubre de 2008 (Exp. 13-001-23-31-001-2003-00084-00), que quedó en firme, declaró nulo el citado literal e) del artículo 2º.

4. El artículo 32 de la Ordenanza 4 de 1970 dispuso:

“ART. 32.—Con la sanción de la presente ordenanza y en los términos de los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 quedan sustituidas en las partes pertinentes a los linderos que se fijan, todas las disposiciones legales vigentes”.

5. Con base en esta norma la señora alcaldesa, en el oficio de solicitud de consulta dirigido al Ministro del Interior y de Justicia, de 11 de julio de 2011, afirma:

“... Es decir, en nuestra opinión se derogó, entre otras, la Ordenanza 42 de 1923 sobre división territorial, política y administrativa del departamento.

El artículo 32 de la Ordenanza 4 de 1970 no fue demandado ni declarado nulo por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

En nuestro concepto amén de que la Ordenanza 42 de 1923 fue derogada, por disposición, como ya lo expresamos, del artículo 32 de la Ordenanza 4 de 1970, habría en todo caso a la fecha, perdido toda eficacia, en virtud del fenómeno de decaimiento del acto administrativo, habida consideración de que han desaparecido sus fundamentos de hecho.

En efecto, este acto de 1923 contempla unas circunstancias que no resultan armónicas en la actualidad, los supuestos de hecho y algunos de derecho del mismo han variado e incluso desaparecido lo que deriva en la pérdida de la fuerza ejecutoria. Téngase en cuenta que la división del territorio ha sufrido importantes modificaciones a lo largo de estos años, incluso desde el punto de vista legal, y contemplar aspectos como el de la provincia de ‘Cartagena’ resulta muy contrario a lo que actualmente ocurre en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. El señalamiento de corregimientos a zonas que en la actualidad hacen parte central del Distrito de Cartagena, absolutamente urbanas, genera que los fundamentos de hecho en que se basó la expedición de este acto hayan desaparecido, implicando la necesidad de expedición de nuevos actos administrativos que contemplen la nueva realidad fáctica de Cartagena y el departamento de Bolívar”.

6. Ante esta situación el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, considerando varios elementos como el fallo aludido, el acta de deslinde del 19 de julio de 1954, realizada de conformidad con la Ley 62 de 1939 y el Decreto Reglamentario 803 de 1940, en la cual se dejó constancia de que las partes no lograron acordar una línea limítrofe común, la circunstancia de que la Ordenanza 42 de 1923 señalaba los territorios de los distritos de Cartagena y Turbaná, pero no describía sus límites y que en consecuencia, se presentaba un vacío por la falta de un texto normativo que describiera esos límites, ordenó, mediante la Resolución 741 del 28 de septiembre de 2009, la realización de las operaciones de deslinde entre el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el municipio de Turbaná, a través de la subdirección de Geografía y Cartografía.

7. La alcaldía mayor del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias solicitó la revocatoria directa de la resolución anterior porque en su criterio, la ordenanza 42 de 1923 no podía ser tenida en cuenta pues había perdido vigencia en el tiempo, afectaba incluso los límites del departamento y no había sido reconocida por las entidades territoriales.

8. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, por medio de la Resolución 382 del 20 de abril de 2010, no accedió a la solicitud de revocatoria directa, con el siguiente argumento:

“La posición del instituto de que para el deslinde de Cartagena - Turbaná se debe aplicar la Ordenanza 42 de 1923: se basa en los efectos ex tunc de la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar del 23 de octubre de 2008, pues la nulidad del literal e- del artículo 2º de la Ordenanza 4 de 1970 tiene efectos retroactivos y deja el límite entre las dos entidades territoriales como estaba regulado en el momento anterior a la precitada ordenanza. Antes de la ordenanza anulada, el mencionado límite estaba fijado por la Ordenanza 42 de 1923”.

9. Ante esta divergencia entre la alcaldía y el IGAC, la primera decidió solicitarle al Ministro del Interior que elevara la consulta pertinente a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

10. Habiéndose observado que el IGAC, mediante Resolución 741 del 28 de septiembre de 2009 ordenó realizar las operaciones de deslinde entre el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el municipio de Turbaná, el Ministerio del Interior, a solicitud de la Sala, se dirigió al director general del IGAC, al alcalde mayor de Cartagena de Indias, al gobernador del departamento de Bolívar y al secretario general de la Asamblea Departamental de Bolívar, con miras a determinar si efectivamente el deslinde se había efectuado y si la asamblea lo había aprobado mediante ordenanza, con el siguiente resultado:

a. El subdirector de geografía y cartografía del IGAC manifiesta en su respuesta:

“El IGAC adelantó ese proceso de deslinde (se refiere al ordenado por la Resolución 741 de 2009), el cual se culminó antes de la expedición de la Ley 1447 de 2011 y fue remitido su expediente a la Asamblea de Bolívar por intermedio del gobernador de ese departamento. No conocemos el trámite que se le haya dado al estudio presentado por el IGAC” (Ofi. 8002012EE5847-01-F:2 -A:1 de jun. 5/2012).

b. La secretaría general de la Asamblea Departamental de Bolívar Informó que:

“En la Asamblea Departamental de Bolívar, no existe ordenanza que haya aprobado la nueva delimitación entre los municipios de Turbaná y el Distrito Especial de Cartagena de Indias. En nuestros archivos únicamente reposa la Ordenanza 4 del 14 de Noviembre de 1970 “Por la cual se ratifican los límites de los municipios de Cartagena (...) Turbaná...” (Ofi. CSG-526 de ago. 14/2012).

Los informes aludidos permiten deducir que el procedimiento de deslinde entre el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el municipio de Turbaná, ordenado por la Resolución 741 de 2009, fue efectuado por el IGAC pero no ha sido aprobado por la Asamblea Departamental de Bolívar, siendo esta la situación actual.

Con base en los planteamientos expuestos en la consulta, el ministro formula las siguientes

Preguntas

“1. Como consecuencia de la nulidad parcial del literal e) del artículo 2º de la Ordenanza 4 de 1970, decretada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, recobra vigencia la Ordenanza 42 de 1923 de la Asamblea Departamental de Bolívar que fijaba los límites entre el municipio de Turbaná y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias?

2. Para el procedimiento administrativo de deslinde entre el municipio de Turbaná y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, que adelanta el Instituto Geográfico Agustín Codazzi se podrán considerar los límites fijados por la Ordenanza 42 de 1923 de la Asamblea Departamental de Bolívar?”.

II. Consideraciones

A. Los efectos retroactivos de la declaratoria de nulidad proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar

El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 23 de octubre de 2008 (Exp. 13-001-23-31-001-2003-00084-00), que se encuentra en firme, decretó la nulidad del literal e) del artículo 2º de la Ordenanza 4 de 1970 de la Asamblea Departamental de Bolívar, que había fijado los límites territoriales entre el municipio de Cartagena de Indias y el municipio de Turbaná. En relación con dichos límites la Ordenanza 4 de 1970 había modificado los límites fijados en la Ordenanza 42 de 1923. Al haberse anulado los límites fijados en la Ordenanza 4 de 1970 se pregunta si recobran vigencia los límites precedentes, que datan de la Ordenanza 42 de 1924.

Según jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado(1), las sentencias de nulidad de actos administrativos y normas jurídicas, por regla general, tienen efectos ex tunc, esto es, a partir de la fecha en que se expidió el acto anulado o la norma anulada, razón por la cual las cosas se deben retrotraer al estado en que se encontraban antes de su expedición.

Al perder validez las medidas derogatorias de la Ordenanza 42 de 1923 contenidas en la Ordenanza 4 de 1970, ahora anulada, recobra vigencia la Ordenanza 42 de 1923 en los apartes de su artículo 2º que fijaron la comprensión territorial de los entonces denominados distritos de Cartagena y Turbaná. En efecto, la Ordenanza 42 de 1923, vigente cuando se expidió la Ordenanza 4 de 1970, fue sustituida por el anulado literal e) del artículo 2º de esta última ordenanza, que fijó los linderos del municipio de Cartagena de Indias y el municipio de Turbaná, en concordancia con la derogatoria establecida en el artículo 32 de esta última ordenanza. La sentencia de nulidad de este acto administrativo invalida las modificaciones y derogatorias que afectaron a la Ordenanza 42 de 1923 y, por tanto, esta recupera su vigencia.

B. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo

Se ha argüido que la Ordenanza 42 de 1923 habría perdido toda eficacia en virtud del fenómeno de decaimiento del acto administrativo, habida consideración de que “los supuestos de hecho y algunos de derecho del mismo han variado e incluso desaparecido”. Aduce en tal sentido la alcaldía de Cartagena que ya no existen las provincias de que trataba la Ordenanza 42 de 1923, y que en ella se denominan “corregimientos a zonas que en la actualidad hacen parte central del Distrito de Cartagena, absolutamente urbanas” y que durante los años transcurridos desde su expedición la realidad en que se basó es completamente distinta debido al desarrollo económico, social y urbanístico de la región.

Estos argumentos llevan a la necesidad de analizar si en el presente caso se cumplen los presupuestos del numeral 2º del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (cuyo texto es idéntico al del numeral 2º del artículo 66 del Decreto 1 de 1984, sobre pérdida de fuerza ejecutoria), conforme a los cuales la Ordenanza 42 de 1923 perdería obligatoriedad y no podría ser ejecutada o aplicada en la actualidad, en virtud del fenómeno denominado “pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo”. Esta causal de pérdida de fuerza ejecutoria ha sido denominada por la jurisprudencia y la doctrina “decaimiento del acto administrativo”, el cual se produce, entre otros motivos, “cuando ya no existan las circunstancias de modo, tiempo y lugar que le sirvieron de base”(2).

La norma citada prescribe:

“ART. 91.—Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:

(...).

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.

(...)”.

Para que el acto administrativo no se pueda ejecutar, presentándose así el fenómeno denominado pérdida de ejecutoriedad, no basta con que algunos de sus supuestos presenten variación a lo largo del tiempo, o que alguno de ellos haya incluso desaparecido. La norma requiere que los fundamentos de hecho o de derecho del acto hayan desaparecido en su totalidad, de manera tal que el acto no encuentre sustento alguno en los hechos o en las normas que le dieron existencia y razón de ser. Si el acto regula un hecho que ha desaparecido, o se soporta en una norma que ha dejado de existir, el acto es inaplicable, pues carece de objeto y de destinatario, y ha sido deslegitimado por la desaparición de las normas que le sirvieron de apoyo jurídico.

No parece ser el caso de la Ordenanza 42 de 1923, que estableció la comprensión territorial de los municipios de Cartagena y Turbaná. El que al cabo de ochenta años algunas zonas rurales de los municipios de Cartagena y Turbaná se hayan convertido en zonas urbanas, o hayan cambiado algunas denominaciones y nomenclaturas, o que hoy sea otro el contexto constitucional y legal del ordenamiento territorial, no le resta validez ni eficacia al acto administrativo que determinó en 1923 las comprensiones territoriales de los dos municipios. En esta perspectiva la consulta no está planteando un problema de pérdida de ejecutoriedad sino simplemente de claridad, ambigüedad o imprecisión del acto administrativo, situación de la que trata el artículo 2º de la Ley 1447 de 2011, aplicable al caso, como más adelante se verá. Problemas de esta naturaleza ciertamente pueden dificultar la aplicación del acto administrativo, pero en ningún caso lo invalidan, le restan obligatoriedad o imposibilitan su aplicación.

C. La derogatoria del artículo 32

Llama la atención la consulta sobre el hecho de que el artículo 32 de la Ordenanza 4 de 1970, que trata de las derogatorias, no fue demandado ni declarado nulo por el Tribunal Administrativo de Bolívar. De donde podría concluirse que, a pesar de que el artículo 2º de la Ordenanza 4 de 1970, que fijaba los límites entre Cartagena y Turbaná, fue anulado, por efecto de dicha nulidad no reviviría la Ordenanza 42 de 1923 sobre división territorial, política y administrativa del departamento, porque conserva vigencia la derogatoria decretada en el artículo 32 en cita.

Dice el artículo 32 de la Ordenanza 4 de 1970:

“ART. 32.— Con la sanción de la presente ordenanza y en los términos de los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 quedan sustituidas en las partes pertinentes a los linderos que se fijan, todas las disposiciones legales vigentes”.

La derogatoria de “todas las disposiciones legales vigentes” (sic) establecida en el artículo 32 únicamente opera, en el caso de los límites entre Cartagena y Turbaná que nos ocupa, “Con la sanción de la presente ordenanza y en los términos de los artículos 2º...”. Puesto que los términos del artículo 2º, literal e), fueron anulados por la sentencia del 23 de octubre de 2008 (Exp. 13-001-23-31-001-2003-00084-00) del Tribunal Administrativo de Bolívar, ya no se cumple la condición del artículo 32, esto es, que se sostengan jurídicamente los términos del artículo 2º. Además, como ya se explicó, la anulación del acto administrativo determina que el asunto deba retrotraerse a la Ordenanza 42 de 1923 y acarrea, por tanto, la imposibilidad jurídica de sostener, simultáneamente, que la derogatoria del artículo 32 prevalece porque formalmente no ha sido suspendido ni anulado.

D. La Ley 1447 de 2011 sobre fijación de límites entre entidades territoriales

El artículo 290 de la Constitución Política de 1991 establece:

“ART. 290.—Con el cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale la ley y en los casos que esta determine, se realizará el examen periódico de los límites de las entidades territoriales(3) y se publicará el mapa oficial de la República”.

De esta norma superior se ha ocupado recientemente la Ley 1447 del 9 de junio de 2011, “Por la cual se desarrolla el artículo 290 de la Constitución Política de Colombia”. El artículo 1º de esta ley dispone:

“ART. 1º—Competencias. Corresponde al Congreso de la República, fijar o modificar el límite de regiones territoriales del orden departamental y del Distrito Capital de Bogotá; a las asambleas departamentales, el de municipios y provincias territoriales, y al Gobierno Nacional el de las entidades territoriales indígenas.

Para la determinación de límites de los distritos distintos al Distrito Capital de Bogotá, y solución de conflictos limítrofes entre un distrito y un municipio de un mismo ente territorial, se aplicará el régimen previsto para los municipios, hasta que se reglamente su régimen político, fiscal y administrativo conforme a la Constitución y las leyes especiales que para tal efecto se dicten.

La fijación o modificación debe contener una descripción clara y precisa del límite...”.

De acuerdo con esta disposición la determinación o modificación de límites entre un distrito distinto del Distrito Capital, como el de Cartagena, y un municipio del mismo departamento, se sujeta al régimen previsto para los municipios, es decir, se trata de un asunto de competencia de las asambleas departamentales. En consecuencia, los límites entre el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el municipio de Turbaná deben ser aprobados por la Asamblea Departamental de Bolívar.

Ahora bien, dice el artículo 2º de la Ley 1447 de 2011:

“ART. 2º—Examen y revisión periódica de límites. El examen periódico de los límites de las entidades territoriales dispuesto por el artículo 290 de la Constitución Política, se hará mediante diligencia de deslinde por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, de oficio o a petición, debidamente fundamentada, del representante legal de una, varias o todas las entidades territoriales interesadas o de las comisiones especiales de seguimiento al proceso de descentralización y ordenamiento territorial del Senado de la República y la Cámara de Representantes, en los siguientes casos:

a) Cuando no existe norma que fije los límites sino que este es el resultado de la evolución histórica o de la tradición;

b) Cuando las descripciones contenidas en los textos normativos sean imprecisas, insuficientes, ambiguas o contrarias a la realidad geográfica:

c) Cuando la norma que fije el límite o lo modifique mencione comprensiones territoriales, sectores o regiones que previamente no estén definidos, delimitados o deslindados;

d) Cuando ocurran eventos que alteren posición espacial de los elementos que conformen el límite.

El IGAC informará a las comisiones especiales de seguimiento al proceso de descentralización y ordenamiento territorial del Senado de la República y la Cámara de Representantes y al Ministerio del Interior y de Justicia tanto de la iniciación del deslinde como de los avances y resultados del mismo.

Realizado el deslinde de una entidad territorial solo procederá su revisión o examen periódico cada 20 años. Se podrán antes de ese término cuando ocurran eventos que alteren la posición espacial de los elementos que conforman el límite y con los mismos requisitos establecidos en el inciso anterior”.

En el caso que se consulta encuentra la Sala que la Ordenanza 42 de 1923 probablemente adolece de descripciones imprecisas, insuficientes, ambiguas, y enumera comprensiones territoriales, o enlista sectores o regiones que previamente no estaban definidos, delimitados o deslindados. Por tales motivos este caso, de límites entre Cartagena y Turbaná, encaja claramente en los supuestos de los literales b) y c) de la norma transcrita, y procede por tanto realizar diligencia de deslinde por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, de acuerdo con la Ley 1447 de 2011,

Para efectos de precisión, la palabra “deslinde” ha sido definida por el artículo 3º de la Ley 1447 de 2011 en los siguientes términos:

“ART. 3º—Deslinde. Entiéndase por deslinde la operación administrativa consistente en el conjunto de actividades técnicas, científicas, mediante las cuales se identifican, precisan, actualizan y georreferencian en terreno y se representan cartográficamente en un mapa los elementos descriptivos del límite relacionados en los textos normativos o a falta de claridad y conformidad de estos con la realidad geográfica, los consagrados por la tradición.

Si dentro de la diligencia de deslinde se presentaren dudas o desacuerdos sobre el significado de conceptos o términos técnicos de tipo geográfico, cartográfico o topográfico, corresponde resolverlos al profesional, funcionario del IGAC, que realiza el deslinde, ajustándose al marco conceptual que por competencia este instituto formule”.

El artículo 4º de la Ley 1447 establece el procedimiento del deslinde sin que sea del caso entrar aquí a su análisis.

En conclusión, se debe proceder a la operación administrativa de deslinde entre el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el municipio de Turbaná, por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, de oficio o a petición de una, varias o todas las entidades territoriales interesadas o las nombradas comisiones de seguimiento del Senado y la Cámara, para su aprobación por parte de la Asamblea Departamental de Bolívar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1447 de 2011.

III. La Sala Responde

“1. Como consecuencia de la nulidad parcial del literal e) del artículo 2º de la Ordenanza 4 de 1970, decretada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, recobra vigencia la Ordenanza 42 de 1923 de la Asamblea Departamental de Bolívar que fijaba los límites entre el municipio de Turbaná y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias?”.

Como consecuencia de la nulidad del literal e) del artículo 2º de la Ordenanza 4 de 1970 de la Asamblea Departamental de Bolívar, decretada por el Tribunal Administrativo de Bolívar mediante sentencia del 23 de octubre de 2008, recobra vigencia la Ordenanza 42 de 1923 de la misma asamblea, en los apartes del artículo 2º que fijaban la comprensión territorial de los en ese entonces denominados distritos de Cartagena y de Turbaná.

“2. Para el procedimiento administrativo de deslinde entre el municipio de Turbaná y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, que adelanta el Instituto Geográfico Agustín Codazzi se podrán considerar los límites fijados por la Ordenanza 42 de 1923 de la Asamblea Departamental de Bolívar?”.

El procedimiento de deslinde entre el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el municipio de Turbaná, a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, debe efectuarse de conformidad con las disposiciones de la Ley 1447 de 2011 y teniendo en cuenta las comprensiones, sectores o regiones atribuidos a dichas entidades territoriales en la Ordenanza 42 de 1923 por ser esta la norma vigente.

Remítase al señor Ministro del Interior y a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.

Magistrados: Augusto Hernández Becerra, presidente de la Sala—Luis Fernando Álvarez Jaramillo—William Zambrano Cetina—Oscar Alberto Reyes Rey.

(1) A título de ejemplo, se pueden citar algunas sentencias como las del 11 de octubre de 2007, Rad. 1098-05 de la Sección Segunda; 7 de febrero de 2008, Rad. 15443 de la Sección Cuarta; 27 de febrero de 2008, Rad. 1414-07 de la Sección Segunda; 2 de abril de 2009, Rad. 02746 de la Sección Primera; 11 de junio de 2009, Rad. 00677 de la Sección Quinta; 11 de marzo de 2010, Rad. 17617 de la Sección Cuarta; 8 de abril de 2010, Rad. 00003 de la Sección Quinta, etc.

(2) Sentencia del 12 de octubre de 2006, Rad. 14438 de la Sección Cuarta, la cual remite a las sentencias C-069 del 23 de febrero de 1995 de la Corte Constitucional y del 1º de agosto de 1991, Expediente 949, de la Sección Primera del Consejo de Estado.

(3) El artículo 286 de la Carta enuncia las entidades territoriales, en esta forma:

“ART. 286.—Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas.

La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley”.