Concepto 2129 de octubre 31 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Radicación interna: 2129

Número único: 11001-03-06-000-2012-00096-00

Consejero Ponente:

Dr. William Zambrano Cetina

Bogotá, D.C., treinta y uno de octubre de dos mil doce.

Referencia: Control fiscal sobre los recursos percibidos por los cuerpos de bomberos voluntarios. Inhibición de la Sala.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

La Sala observa que la consulta se dirige a determinar si las contralorías territoriales tienen competencia para ejercer el control fiscal sobre los cuerpos de bomberos voluntarios. Al respecto se ilustra la problemática citando como antecedente de la consulta el caso del cuerpo de bomberos voluntarios de la ciudad de Tunja.

De acuerdo con el sistema de información de la rama judicial y con datos suministrados por el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado Segundo Administrativo de Tunja, la Sala ha verificado que actualmente cursan demandas de nulidad y restablecimiento de derecho contra actos administrativos de la Contraloría de Tunja, en las que se discute, precisamente, la competencia de dicha entidad para ejercer el control fiscal sobre los recursos que perciben los cuerpos de bomberos voluntarios.

Número de procesoPretensiónDemandante
15001333101420110009300Nulidad y restablecimientoLuis Alberto Pedreros
15001233300120120009900Nulidad y restablecimientoCuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja

En efecto, el Juzgado Segundo Administrativo de Tunja bajo el número 2011-0093 admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones proferidas el 5 de octubre de 2010 y el 13 de enero de 2011 por la Contraloría Municipal de Tunja en las cuales se impuso a unos integrantes del Consejo de Oficiales del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja una sanción pecuniaria por obstaculizar el proceso de auditoría. El cargo fundamental de la demanda es la falta de competencia de la Contraloría de Tunja para realizar la auditoría fiscal y en consecuencia haber proferido la mencionada sanción.

Por otra parte, el Tribunal Administrativo de Boyacá radicó bajo el número 2012-0099 una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, a través de la cual el cuerpo de bomberos voluntarios de la ciudad de Tunja solicita, en primer lugar, se declare la nulidad del oficio OJ 0486 de 2012 emitido por la Contraloría Municipal de Tunja, proferido como respuesta a un derecho de petición presentado el 3 de abril de 2012. En segundo lugar, solicita el demandante se restablezcan sus derechos en el sentido de que se disponga “que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja no es sujeto de control fiscal”. El Tribunal Administrativo de Boyacá el 11 de octubre del año en curso ordenó enviar el expediente por competencia a los juzgados administrativos de la ciudad.

Sobre los hechos antes relacionados y haciendo referencia expresa al mismo tema en los antecedentes de la consulta, el Ministerio del Interior pidió a esta Sala concepto sobre el particular. Sin embargo, salta a la vista que entre los antecedentes y el problema jurídico planteado en la consulta; y las controversias que cursan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo antes relacionadas, existe identidad de objeto y causa. Así como que el funcionario a instancias de quien se eleva la consulta en su calidad de Contralor Municipal de Tunja, es demandado en los procesos judiciales que se adelantan en la jurisdicción.

Al respecto, la Sala ha entendido que no es procedente pronunciarse en asuntos que versen sobre la misma materia o una sustancialmente conexa, a aquellos que estén sometidos actualmente a una decisión jurisdiccional, pues la controversia debe resolverse mediante sentencia que habrá de cumplirse con efectos de cosa juzgada(1).

De igual forma, se ha señalado de manera reiterada que sin perjuicio de que los asuntos sobre los cuales se emite un concepto posteriormente puedan ser objeto de debate judicial, la función consultiva no puede pronunciarse sobre controversias que se encuentran pendientes de ser resueltas judicialmente por haberse iniciado un proceso para su definición, en particular dentro de la propia jurisdicción de lo contencioso administrativo(2).

En consecuencia, lo procedente es que la Sala se declare inhibida para conocer del asunto, para que sean los órganos con atribuciones judiciales que han asumido su conocimiento por competencia, quienes decidan de fondo las controversias que se han suscitado.

Con base en lo anterior,

La Sala se declara inhibida para conocer del asunto, debido a que actualmente cursan ante la jurisdicción contenciosa administrativa procesos judiciales en los que se discute en lo esencial la materia que es objeto de la consulta.

Remítase al señor Ministro del Interior y a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.»

(1) Sala de Consulta y Servicio Civil. Consulta radicación interna 1714.

(2) Sala de Consulta y Servicio Civil. Consultas radicación interna 1645, 1699, 1783, 1880, 1981, 2006, 2047.