Concepto 2166 de julio 24 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente:

Dr. Álvaro Namén Vargas

Rad. interna: 2166

Número único: 11001-03-06-000-2013-00407-00

Ref.: Ley 996 de 2005. Vigencia y destinatarios de las prohibiciones y restricciones previstas en los artículos 30, 32, 33 y 38 parágrafo de la ley estatutaria de garantías electorales.

Bogotá, D.C., veinticuatro de julio de dos mil trece.

El señor ministro del Interior formula a la Sala una consulta relacionada con el término de aplicación a los diferentes entes del Estado de las prohibiciones y restricciones previstas en la Ley 996 de 2005, Estatutaria de Garantías Electorales.

I. Antecedentes

El señor ministro del Interior relacionó los siguientes antecedentes:

1. Señaló que el Acto Legislativo 2 de 2004 modificó los artículos 197 y 204 de la Constitución Política, en el sentido de permitir la reelección inmediata de quien funja como Presidente o Vicepresidente de la República.

2. Explicó que en desarrollo del acto legislativo mencionado, el Congreso de la República expidió la Ley 996 de 2005, Estatutaria de Garantías Electorales, que estableció restricciones para buscar la igualdad y la equidad entre los candidatos a la Presidencia de la República, en especial, cuando el Presidente o vicepresidente de la República en ejercicio presenten su candidatura.

3. Indicó que para el efecto, los artículos 30, 32, 33 y 38 parágrafo de la Ley 996 de 2005 contemplaron algunas limitaciones en materia de vinculación a la nómina estatal, contratación pública y otras prohibiciones a los servidores públicos; el primer artículo citado se dirigió al Presidente o al vicepresidente en ejercicio cuando se han inscrito como candidatos, el segundo a la Rama Ejecutiva, el tercero a todos los entes del Estado y el último a las entidades territoriales.

4. Puntualizó que las normas citadas consagran restricciones para periodos electorales diferentes, a saber: los artículos 30, 32 y 33, se refieren a elecciones presidenciales, y el parágrafo del artículo 38 a cualquier clase de elección.

5. Transcribió los apartes de la Sentencia C-1153 de 2005, en la cual la Corte Constitucional ejerció control previo y automático de constitucionalidad sobre el entonces proyecto de ley que devino en la Ley 996 de 2005. Mencionó que en dicha sentencia, se declaró la constitucionalidad de los artículos 30, 32 y 33 en el entendido de que las prohibiciones a que se refieren estas disposiciones se hacen efectivas para el Presidente o el Vicepresidente de la República desde que manifiestan el interés de presentarse como candidatos seis meses antes de la votación en primera vuelta, según el artículo 9 ibídem.

6. Agregó que la Sentencia C-1153 de 2005 declaró exequible el mencionado artículo 9º, pero “en el entendido que desde ese momento, el Presidente o el vicepresidente quedan sujetos a las restricciones y prohibiciones contenidas en los artículos 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 38, y 40 del proyecto de ley”.

7. Concluyó que “los condicionamientos introducidos por la Corte Constitucional a la exequibilidad, entre otros, de los artículos 9º, 30, 32, 33 y 38 parágrafo, llevan a concluir que los plazos de aplicación de las restricciones contenidas en estos últimos cuatro artículos (30, 32, 33 y 38 parágrafo) operan exclusivamente para el presidente o el vicepresidente,no por el término de cuatro (4) meses señalado en dichas normas, sino por el lapso de los seis (6) meses anteriores a la votación…”, plazo que empieza a correr en dicha fecha, porque es en esta cuando esos funcionarios deben "declarar públicamente y por escrito su interés de presentarse corno candidatos" (la negrilla y la subraya son del texto).

8. Expuso también las razones por las cuales el Gobierno Nacional considera que la extensión por seis meses de las restricciones a todos los entes del Estado, a la Rama Ejecutiva o a toda la administración pública en el nivel nacional, resultaría contraria a criterios de razonabilidad, pues paralizarían las funciones públicas.

9. Expresó al respecto, que en virtud del principio de anualidad del presupuesto, la contratación administrativa directa usualmente se lleva a cabo para periodos anuales que coinciden con el año calendario correspondiente al periodo presupuestal de las entidades públicas, razón por la cual suspender toda la contratación directa de la administración pública en el mes de noviembre, esto es, seis (6) meses antes de la elección presidencial en primera vuelta, conllevaría la necesidad de solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la utilización de la figura de "vigencias futuras" para todos los casos en que los respectivos bienes y servicios se requieran durante el primer semestre de 2014. Esta situación, no se presentaría, a su juicio, si la restricción para la generalidad de las entidades entra a operar cuatro (4) meses antes de la elección presidencial en primera vuelta, es decir, en enero de 2014.

10. También indicó que, como las prohibiciones legales son de interpretación restringida, los condicionamientos realizados por la Corte Constitucional a la exequibilidad de los artículos de la Ley 996 de 2005, que introducen limitaciones al ejercicio de la función gubernamental a partir de la manifestación del candidato presidente o vicepresidente, no pueden ser extendidas por vía de interpretación a todas las entidades estatales.

11. Para finalizar afirmó que diversas entidades nacionales y territoriales han consultado a la Presidencia de la República y a la Agencia Colombia Compra Eficiente sobre la posible extensión a 6 meses de las restricciones establecidas en los artículos 30, 32, 33 y 38 parágrafo de la Ley 996 de 2005.

Con base en lo anterior se pregunta:

¿Los seis (6) meses de la restricción que opera para cuando el presidente o el vicepresidente aspiran a ser reelegidos, se aplica solamente a estos funcionarios, o por el contrario, ese mismo periodo se extiende a todos los entes del Estado o autoridades específicamente señaladas en los artículos 30, 32, 33 y 38, parágrafo, de la Ley 996 de 2005?

1. Consideraciones

A. Problema jurídico

La Sala entiende que el problema jurídico a resolver consiste en establecer el término a partir del cual empiezan a regir las prohibiciones y restricciones previstas en los artículos 30, 32, 33 y 38 parágrafo de la Ley 996 de 2005, Estatutaria de Garantías Electorales, para el Presidente de la República que estando en ejercicio aspire a la reelección inmediata, para el Vicepresidente de la República que aspire a la elección presidencial, y para todos los órganos o entidades del Estado, tanto del nivel nacional como territorial.

B. Análisis de la sala

En diversas oportunidades esta Sala se ha pronunciado sobre la aplicación y alcance de la Ley Estatutaria 996 de 24 de noviembre de 2005, centrado su análisis particularmente en las disposiciones que contienen restricciones y prohibiciones en materia de vinculación a la nómina estatal (art. 32)(1), restricciones a la contratación pública (art. 33)(2) y las distintas prohibiciones previstas para los servidores públicos (art. 38)(3). Los pronunciamientos de la Sala han incluido el estudio de elementos de la norma tanto de tipo objetivo (el objeto mismo de la regulación de la ley(4) y las conductas que se prohíben o restringen) como de carácter subjetivo (a quién se dirige en cada caso la prohibición o restricción). También se ha ocupado de estudiar algunas de las excepciones(5) que contempla la ley, y en cada caso, se avaló o no su particular aplicación.

En esta oportunidad, se pide a la Sala que determine si la temporalidad de las prohibiciones y restricciones previstas en los artículos 30, 32, 33 y 38 parágrafo, a la luz del condicionamiento que hizo la Corte Constitucional al ejercer el control previo y automático de constitucionalidad del entonces proyecto de ley estatutaria número 216 Senado y 235 de la Cámara, bajo el entendido de que esas prohibiciones y restricciones “se hacen efectivas para el Presidente o el Vicepresidente de la República desde que manifiestan el interés previsto en el artículo 9º”, esto es, la declaración pública y escrita de presentarse como candidatos, seis (6) meses antes de la votación en primera vuelta, es aplicable a todos los sujetos a los que se dirigen dichas disposiciones o si el mencionado término de 6 (seis) meses, solamente es aplicable al Presidente y Vicepresidente de la República.

Para resolver el problema jurídico que se le plantea a la Sala, se estudiaran los siguientes aspectos: i) la reforma dispuesta en el Acto Legislativo 2 de 2004 y sus destinatarios, ii) las prohibiciones y restricciones que en la Ley 996 de 2005 (estatutaria) se estructuran según el tipo de elecciones de que se trate y el régimen especial cuando participan el presidente o el vicepresidente en ejercicio de funciones, como candidatos; iii) la sentencia de revisión previa de constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria de Garantías Electorales, y iv) la aplicación restrictiva de los mandatos legales de contenido prohibitivo.

1. El Acto Legislativo 2 de 2004 y sus destinatarios

El Congreso de la República a través del Acto Legislativo 2 de 27 de diciembre de 2004 reformó los artículos 127, 152, 197 y 204 de la Constitución Política. Con la reforma eliminó la prohibición constitucional absoluta de reelección del Presidente de la República y la permitió sólo para un nuevo período. De igual manera accedió a la reelección del Vicepresidente de la República, y le prohibió a este ser candidato presidencial para el periodo consecutivo, cuando el Presidente de la República en ejercicio, se postule para ser reelegido(6).

El Acto Legislativo 2 de 2004(7), además de permitir la reelección presidencial inmediata por un único periodo adicional, ordenó la expedición de una ley de garantías electorales; en este sentido, adicionó el artículo 152 de la Constitución con un literal f) para incluirla como materia de regulación por ley estatutaria y creó un parágrafo transitorio que señaló los temas que la ley debía comprender, así: 1) garantías a la oposición, 2) participación en política de servidores públicos, 3) derecho al acceso equitativo a los medios de comunicación que hagan uso del espectro electromagnético, 4) financiación preponderantemente estatal de las campañas presidenciales, 5) derecho de réplica en condiciones de equidad cuando el Presidente de la República sea candidato, y 6) normas sobre inhabilidades para candidatos a la Presidencia de la República. El parágrafo transitorio dispuso también que el proyecto tuviera un mensaje de urgencia y fuera revisado en la mitad del tiempo por la Corte Constitucional.

Cabe anotar que la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad del Acto Legislativo 2 de 2004, declaró su exequibilidad en consideración a que la norma se expidió en concordancia con las disposiciones constitucionales que regulan la aprobación de los actos reformatorios de la Constitución y, además, no constituyó una sustitución de los pilares fundamentales de la Carta Política(8).

Ahora bien, en cuanto a los destinatarios, dispuso el artículo 1º del Acto Legislativo 2 de 2004:

“Modifícanse los incisos 2º y 3º del artículo 127 de la Constitución Política y adiciónanse dos incisos finales al mismo artículo, así:

A los empleados del Estado que se desempeñen en la Rama Judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo se les aplican las limitaciones contempladas en el artículo 219 de la Constitución.

Los empleados no contemplados en esta prohibición solo podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la Ley Estatutaria.

Cuando el Presidente y el Vicepresidente de la República presenten sus candidaturas, solo podrán participar en las campañas electorales desde el momento de su inscripción. En todo caso dicha participación solo podrá darse desde los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de la primera vuelta de la elección presidencial, y se extenderá hasta la fecha de la segunda vuelta en caso de que la hubiere. La Ley Estatutaria establecerá los términos y condiciones en los cuales, antes de ese lapso, el presidente o el vicepresidente podrán participar en los mecanismos democráticos de selección de los candidatos de los partidos o movimientos políticos.

Durante la campaña, el Presidente y el Vicepresidente de la República no podrán utilizar bienes del Estado o recursos del tesoro público, distintos de aquellos que se ofrezcan en igualdad de condiciones a todos los candidatos. Se exceptúan los destinados al cumplimiento de las funciones propias de sus cargos y a su protección personal, en los términos que señale la Ley Estatutaria”.

La norma superior transcrita regula la participación en política electoral de todos los “empleados del Estado”, de manera que ellos son sus destinatarios; la misma norma establece las condiciones de su participación en política; y, en todo caso, ordena que una ley estatutaria desarrolle sus mandatos.

Además, esta reforma, como se indicó, permitió la reelección para el periodo inmediatamente siguiente, de quienes ejerzan los cargos de Presidente de la República y Vicepresidente de la República, situación novedosa en nuestra organización institucional que trajo consigo la imperiosa necesidad de ordenar la adopción de normas y medidas tendientes a garantizar de manera efectiva la igualdad de los candidatos y la transparencia de las elecciones presidenciales en las que participen los servidores mencionados.

Vale decir que, el Presidente y el Vicepresidente de la República, en ejercicio, que decidan participar en las elecciones presidenciales que han de realizarse dentro de su mandato, son destinatarios específicos de la reforma constitucional en comento.

En este sentido, es del caso señalar que las expresiones “Presidente de la República” y “Vicepresidente de la República” suelen usarse para referirse a la más alta autoridad del Estado y a la persona natural que detenta esa autoridad. Pero, por supuesto, en la organización de la administración pública, corresponden también a la denominación de unos empleos públicos(9); y es esta acepción técnica la que cobra interés para el presente estudio, pues el condicionamiento por el cual se consulta, como se explicará más adelante, está directamente referido a unos empleos públicos en particular y no a los organismos o entidades que integran dicha administración pública.

En suma, la reforma constitucional adoptada por el Acto Legislativo 2 de 2004, es precisa al especificar los empleos de Presidente de la República y de Vicepresidente de la República como destinatarios de un régimen especial de prohibiciones y restricciones, al cual quedan sujetas las personas naturales titulares de los mismos cuando aspiren a ser reelegidas o elegida, según el caso, para el periodo inmediatamente siguiente.

2. Ley 996 de 2005, estatutaria de garantías electorales

El Congreso de la República, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero del parágrafo transitorio del reformado artículo 152 superior, por virtud del artículo 4 del Acto Legislativo 2 de 2004, tramitó el proyecto de ley estatutaria 216 de 2005 Senado y 235 de la Cámara, mediante el cual se “reglamenta la elección de Presidente de la República de conformidad con el artículo 152 literal f de la Constitución Política de Colombia y de acuerdo a lo establecido en el Acto Legislativo 2 de 2004, y se dictan otras disposiciones”. Este proyecto, previo examen de constitucionalidad, se convirtió en la Ley 996 de 2005, comúnmente conocida como ley de garantías electorales(10).

Así las cosas, la Ley 996 de 2005 es el instrumento jurídico que garantiza las condiciones de igualdad y equidad entre los candidatos cuya aplicación procede en las campañas electorales a la Presidencia de la República, para lo cual contiene una serie de disposiciones especiales aplicables a los eventos en que en las elecciones presidenciales participen como candidatos quienes estén en ejercicio de los cargos de Presidente o Vicepresidente de la República; y en las campañas electorales que se adelanten para la provisión de los demás cargos de elección popular nacionales y territoriales(11).

Esta Ley 996 de 2005, estatutaria de las garantías electorales, en desarrollo del mandato contenido en el Acto Legislativo 2 de 2004, “tiene como propósito definir el marco legal” del debate electoral cuando el Presidente de la República y el vicepresidente participen como candidatos en las elecciones presidenciales, garantizando la igualdad de condiciones para los candidatos que reúnan los requisitos de ley(12).

Valga señalar que la Ley 996 en comento regula distintos aspectos de las elecciones presidenciales, sea que participen o no el Presidente de la República o el Vicepresidente, como candidatos; también se ocupa de todos los procesos electorales para cargos de elección popular, desarrolla la participación en política de los servidores públicos y las garantías a la oposición y establece para el efecto varias prohibiciones dirigidas a los empleados del Estado, sin distinción, así como otras destinadas expresamente a las autoridades locales.

En sus disposiciones generales, la Ley 996 define la campaña presidencial como “el conjunto de actividades realizadas con el propósito de divulgar el proyecto político y obtener apoyo electoral a favor de alguno de los candidatos”(13); y en su artículo 4º dispone lo siguiente:

“ART. 4º—Legislación especial. El Presidente o el Vicepresidente de la República que manifiesten su interés de participar en la campaña presidencial o se inscriban como candidatos en la elección presidencial, estarán sujetos a las condiciones que para estos efectos consagra la Constitución Política y la presente ley de manera explícita para ellos, en razón a su doble condición de funcionarios públicos y candidatos”(14).

En la estructura de la Ley 996 de 2005, la denominada “legislación especial” corresponde a los artículos que en cada uno de los capítulos se refieren expresamente al Presidente de la República y al Vicepresidente de la República, con lo cual, de nuevo se reiteran como destinatarios los empleos y sus titulares, y se hacen explícitas las prohibiciones y restricciones que en cada uno de los momentos del proceso electoral, afectan a dichos servidores en el ejercicio de sus funciones y en la disponibilidad de los bienes oficiales inherentes o necesarios para tal ejercicio.

De otra parte, en el título II, “Reglamentación especial de la campaña presidencial”, capítulo II sobre “inscripción de candidaturas”, se encuentra el artículo 9º, que regula la “declaración del Presidente que aspira a ser candidato a la elección presidencial”, en los siguientes términos:

“ART. 9º—Declaración del Presidente que aspira ser candidato a la elección presidencial. El Presidente o el Vicepresidente de la República que aspiren a la elección presidencial, de conformidad con las calidades establecidas en la Constitución Política, deberán declarar públicamente y por escrito su interés de presentarse como candidatos, seis (6) meses antes de la votación en primera vuelta. Copia del escrito deberá depositarse en la Registraduría Nacional del Estado Civil”.

Este requisito debe cumplirse, según la norma, mediante una manifestación pública y por escrito por parte del Presidente o el Vicepresidente de la República en ejercicio de su voluntad de participar como candidato en la elección presidencial y, además, es menester que se surta el depósito del documento en el cual conste dicha declaración en la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el agregado de que todas estas actuaciones deben ocurrir “seis (6) meses antes de la votación en primera vuelta”.

3. La sentencia de revisión previa de constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria de Garantías Electorales

La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-1153 de 11 de noviembre de 2005, por disposición del artículo 241 inciso 8º de la Constitución, efectuó el control previo y automático de constitucionalidad sobre el proyecto de la mencionada ley estatutaria de garantías electorales, providencia que fue posteriormente aclarada en relación con algunos aspectos, y que, de conformidad con el artículo 243 superior, hizo tránsito a cosa juzgada constitucional y, por lo mismo, es de carácter definitiva.

Así, para resolver el interrogante de esta consulta, es menester conocer las condiciones temporales que sujetan la aplicación de las restricciones contenidas en el artículo 30(15), que se dirige al Presidente y Vicepresidente de la República en ejercicio cuando alguno aspire como candidato a la elección presidencial; en el artículo 32(16), previsto para toda la rama ejecutiva del poder público; en el artículo 33(17), cuyos destinatarios son todos los entes del Estado; y en el artículo 38 parágrafo(18), que rige para las entidades territoriales, a partir de la revisión que de los citados artículos del proyecto de ley estatutaria realizó la Corte en la sentencia C-1153 de 11 de noviembre de 2005.

En la parte motiva de su pronunciamiento, la Corte Constitucional hizo expresa alusión de la razón por la cual modularía la sentencia, y la forma como se produciría la modulación. Señaló al respecto, que el hecho de que el juez constitucional emprenda un juicio meramente jurisdiccional sobre las normas sometidas a estudio, no descarta la posibilidad de que se produzcan fallos modulados con el propósito de garantizar la vigencia del principio de interpretación constitucional conocido como de “conservación del derecho”.

Resaltó que lo relevante en ese procedimiento es que se manifieste expresamente que la interpretación que debe dársele al precepto es aquella que lo hace compatible con la Carta, y además aparezca en la parte resolutiva del fallo del juez constitucional y se precise la interpretación que debe respetarse por resultar ajustada a los preceptos superiores(19). Esta técnica, advierte la Sala, permite al juez constitucional garantizar la supremacía de los preceptos constitucionales sobre la norma legal, al no retirar del ordenamiento la disposición que admite una lectura conforme a las normas superiores, lo que implica proferir una sentencia en la que se modula sus efectos, en el sentido de condicionar la exequibilidad y aplicación de la norma a la interpretación que resulta armónica con la Constitución.

Al entrar en materia y revisar el Proyecto de Ley Estatutaria 216/05-Senado, 235-Cámara, que habría de convertirse en la Ley 996 de 2005, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 4º, conforme al cual, se recuerda, “el Presidente o el Vicepresidente de la República que manifiesten su interés de participar en la campaña presidencial o se inscriban como candidatos en la elección presidencial estarán sujetos a las condiciones que para estos efectos consagra la Constitución Política y la ley estatutaria de manera explícita para ello, en razón a su doble condición de funcionarios públicos y candidatos”(20).

En la citada sentencia, con referencia al Presidente y al Vicepresidente de la República, examinó la oportunidad de la presentación de sus candidaturas y la inscripción de las mismas, señalando que se mencionan estos dos momentos porque determinan la sujeción “a las normas especiales que para esos casos consagra la Constitución Política y la ley”; agregando que “el propósito legislativo (…) es dar garantías que permitan que el debate democrático previo a la elección presidencial sea equilibrado y transparente, especialmente cuando el Presidente o el Vicepresidente fungen como candidatos, de manera que existan mecanismos jurídicos que impidan que el jefe del ejecutivo utilice sus facultades gubernamentales como un medio para colocarse en una posición ventajosa frente a los demás aspirantes…”.

Indicó la Corte que a partir del momento en que, seis meses antes de la elección presidencial, el Presidente de la República en ejercicio manifieste su aspiración a ser reelegido, este adquiere la doble condición de ser el primer mandatario de los colombianos y al mismo tiempo candidato, situación que se oficializa cuando se inscribe formalmente. Derivó la Corte de esa doble condición dos efectos jurídicos: i) el presidente continúa ejerciendo plenamente sus funciones públicas y ii) en aras de la igualdad, las atribuciones que tiene como presidente no pueden ser empleadas para promover su candidatura personal.

En todo caso, la exequibilidad de la norma se dio en el entendido “según el cual las restricciones legalmente previstas al ejercicio de la función gubernamental se aplican desde el momento de la manifestación pública por escrito depositado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, hecha por el Presidente o el Vicepresidente respecto de su interés en postularse como candidatos”, establecida en el artículo 9º(21); de manera que en el numeral 4º de la parte resolutiva así se dispuso: “4. Declarar exequible el artículo 4º, en el entendido que la manifestación de interés es la regulada en el artículo 9º y que desde ese momento, el Presidente o el Vicepresidente quedan sujetos a las restricciones y prohibiciones contenidas en los artículos 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 38, y 40 del proyecto de ley”.

Ahora bien, tal como lo anunció desde el análisis de exequibilidad del artículo 4º, la Corte reiteró el condicionamiento de los seis meses en idénticos términos al abordar el estudio de cada una de las restricciones y prohibiciones contenidas en los artículos 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 38 y 40 del proyecto de ley de garantías electorales. También incluye en la parte resolutiva del fallo las condiciones bajo las cuales se supeditó la validez de estas disposiciones, consistentes a que se entienda que las prohibiciones y restricciones contenidas en tales normas se aplican “para el presidente o el vicepresidente (…) desde que manifiestan el interés previsto en el artículo 9º”(22), expresión que no da lugar a ambigüedades ni a equívocos, pues en ella se indica claramente quienes son los sujetos cobijados con dicha interpretación o modulación de los efectos de la sentencia.

Es decir, la Sala observa que la Corte Constitucional, al resolver la duda relativa al momento a partir del cual deben operar las normas especiales restrictivas al ejercicio de la función gubernamental, previstas en la Ley Estatutaria de Garantías Electorales, se refirió exclusivamente al Presidente y al Vicepresidente de la República, cuando estos aspiran a la reelección inmediata o a la elección presidencial. En efecto, solo respecto de estos servidores señaló que las disposiciones relacionadas con las prohibiciones y restricciones de la ley, se hacían efectivas en el instante en que anunciaran su interés en la postulación de sus candidaturas a la elección presidencial con las solemnidades legales del caso, lo que significa que la aplicación de tales normas restrictivas comienzan a regir únicamente frente a ellos y no en relación con otros seis (6) meses antes de la votación en primera vuelta.

En este orden de ideas, se concluye que el condicionamiento que se hace en la parte motiva y resolutiva de la decisión de la Corte deja intacto y por tanto vigente el término de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de la correspondiente elección, con el fin de que inicie la aplicación de las normas de la Ley 996 de 2005, que establecen restricciones en materia de vinculación a la nómina estatal, contratación pública y otras prohibiciones, a los demás órganos o entidades del Estado del nivel nacional y territorial.

4. Aclaración de la Corte Constitucional sobre las limitaciones temporales impuestas por el proyecto de ley de garantías electorales a los procesos de contratación de las entidades del Estado

Adicionalmente, a propósito de algunos tópicos consignados en la Sentencia C-1153 de 2005, relacionados justamente con las limitaciones temporales impuestas por el proyecto de ley de garantías electorales a los procesos de contratación de las entidades del Estado, se solicitó a la Corte Constitucional aclarar lo siguiente:

“…La Corte extendió a los seis (6) meses anteriores a la fecha de la votación en primera vuelta, el término a partir del cual se harían efectivas las restricciones o prohibiciones que, en el proyecto materia del examen realizado, se encontraba previsto en cuatro (4) meses.

“Si tal modificación del plazo resultara aplicable al precepto del artículo 33 del proyecto de ley, y el señor presidente hiciera pública su aspiración a ser reelegido en ese cargo, se tendría el efecto de que a partir del 28 de noviembre del año en curso, quedaría proscrita la contratación directa por parte de todos los entes del Estado.

“De manera muy respetuosa permítame poner en su conocimiento y en el de la Honorable Corporación que preside que, dentro de los eventos en que la ley contractual posibilita la escogencia directa del contratista, se encuentre la celebración de contratos que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas...”(23).

Antes de resolver el asunto, la Corte puso de presente que la sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció salvo que se cumplan los requisitos del artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, que autoriza la aclaración de las sentencias de oficio a solicitud de parte, cuando se trate de "los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella" y que la solicitud de aclaración se presente en el término de ejecutoria de la sentencia. Al analizar la solicitud puntualizó la Corte:

“2. Análisis de la solicitud

(…).

En relación con este planteamiento, de la Sentencia C-1153 de 2005 emerge con toda claridad que el artículo 33 de la actual Ley 996 de 2005 —Ley de Garantías Electorales—, que regula el tema de la contratación estatal pública, fue declarado exequible por la Corte con la condición de que se entienda que la prohibición contenida en la norma aplica “para el presidente o el vicepresidente…desde que manifiestan el interés previsto en el artículo 9º”, lo cual despeja cualquier duda acerca de los sujetos a que se refiere dicha restricción. Al respecto sostuvo: “Por otra parte, para que la garantía sea plena, se hace necesario que la prohibición se aplique para el presidente o el vicepresidente desde que éstos manifiesten el interés previsto en el artículo 9º”.

(…).

En relación con esta apreciación, la Corte observa con igual claridad que la Sentencia C-1153 de 2005 declaró la exequibilidad pura y simple del texto del artículo 33 que dispone “Restricciones a la contratación pública. (…) La disposición bajo estudio no ofrece duda al respecto, pues es evidente que la misma debe interpretarse en el contexto general de la Ley 996 de 2005, en el de la Sentencia C-1153 de 2005 y en el del régimen general a que alude el título del artículo cuando se refiere, en general, a las restricciones a la contratación pública.

(…).

En virtud de que la Corporación no encuentra que en el punto detectado por el solicitante exista una ambigüedad acerca del entendimiento de los términos de la Sentencia, este Tribunal no accederá a la petición elevada por el representante de Colciencias” (subrayas del texto original)(24).

Como puede apreciarse, la propia Corte Constitucional consideró que no existe duda ni ambigüedad en relación con el alcance del condicionamiento que efectuó en materia de la temporalidad de las restricciones y limitaciones a que se refieren los artículos 30, 32, 33 y 38 parágrafo de la Ley 996 de 2005, por cuanto expresamente en la sentencia C-1153 de 2005 se señalaron los sujetos de dicho condicionamiento.

Por lo tanto, reitera la Sala que, teniendo en cuenta la interpretación que la misma Corte Constitucional hizo sobre el condicionamiento de los seis meses anteriores a la fecha de la votación en primera vuelta, no hay lugar a entender un alcance distinto a que dicho plazo únicamente es aplicable al Presidente y Vicepresidente en el evento en que aspiren a la reelección inmediata o a la elección presidencial, según el caso, para hacer efectivas las restricciones o prohibiciones que establecen los artículos 30, 32, 33 y 38 parágrafo de la Ley 996 de 2005, y no a los demás órganos o entidades del Estado, tanto del nivel nacional como territorial.

5. Consideraciones finales sobre la aplicación restrictiva de los mandatos legales de contenido prohibitivo

RESTRICCIONES A LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN ÉPOCA DE ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICARESTRICCIONES A LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA No está de más recordar que las prohibiciones, en tanto limitan la libertad y los derechos de las personas, son de origen constitucional y legal; la tipificación de sus causas, vigencia, naturaleza y efectos es rígida y taxativa; y su aplicación es restrictiva, de manera que excluye la analogía legis o iuris y la interpretación extensiva. Las normas legales de contenido prohibitivo hacen parte de un conjunto de disposiciones que integran un régimen jurídico imperativo y de orden público, razón por la cual no son disponibles ni pueden ser derogadas, modificadas, ampliadas o adicionadas por acuerdo o convenio o acto unilateral.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional(25) y del Consejo de Estado(26), coinciden en que las normas que establecen prohibiciones deben estar de manera explícita en la Constitución o en la ley y no podrán ser excesivas ni desproporcionadas. No pueden interpretarse extensivamente sino siempre en forma restrictiva o estricta; es decir, en la aplicación de las normas prohibitivas, el interprete solamente habrá de tener en cuenta lo que en ellas expresamente se menciona y, por tanto, no le es permitido ampliar el natural y obvio alcance de los supuestos que contemplan, pues como entrañan una limitación —así fuere justificada— a la libertad de actuar o capacidad de obrar, sobrepasar sus precisos términos comporta el desconocimiento de la voluntad del legislador.

Así, en esta materia cobra importancia la regla de hermenéutica consagrada en el artículo 31 del Código Civil, según la cual, “[l]o favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que deba darse a toda ley se determinará por su genuino sentido, y según las reglas de interpretación…” (“favorabilia sunt amplianda, odiosa sunt restringenda”); y de ahí la proscripción de las interpretaciones extensivas de las normas prohibitivas, tal y como lo precisó la Corte Suprema de Justicia, al señalar que “[e]n la interpretación de las leyes prohibitivas no deben buscarse analogías o razones para hacerlas extensivas a casos no comprendidos claramente en la prohibición”(27).

En consecuencia, la interpretación y aplicación restrictiva es una regla que rige tratándose de normas prohibitivas, dado que consagran limitaciones al ejercicio de un derecho o de competencias señaladas en la ley, criterio hermenéutico que responde al principio de taxatividad, de acuerdo con el cual solo operan las prohibiciones que en forma precisa establece el legislador.

Por tales motivos, no es posible extender el plazo de los seis meses anteriores a la correspondiente elección presidencial de acuerdo con el condicionamiento que la Corte realizó para el presidente o vicepresidente en ejercicio que decidan participar en elecciones presidenciales, porque sería anticipar la aplicación de normas de carácter prohibitivo a los demás entes del Estado, cuando se repite, en esta materia, en sana hermenéutica, rige el principio de interpretación y aplicación restrictiva.

Adicionalmente, la apreciación de las consecuencias a que conduciría una aplicación extensiva del alcance de las restricciones y limitaciones que establece la ley de garantías electorales (vid. numeral 9º de los antecedentes), implica rechazar tal tipo de interpretación ampliada, puesto que daría lugar a resultados irrazonables en términos de gestión, y, como lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-1153 de 2005, “la gestión gubernamental no puede paralizarse por completo ni disminuirse durante lapsos temporales exageradamente extensos, ya que las autoridades administrativas deben contar con instrumentos adecuados para el ejercicio de su funciones en aras del bien común”.

Conforme a lo expuesto, la Sala responde:

¿Los seis (6) meses de la restricción que opera para cuando el presidente o el vicepresidente aspiran a ser reelegidos, se aplica solamente a estos funcionarios, o por el contrario, ese mismo periodo se extiende para todos los entes del Estado o autoridades específicamente señaladas en los artículos 30, 32, 33 y 38 parágrafo de la Ley 996 de 2005?

Para los efectos de las restricciones y limitaciones establecidas en los artículos 30, 32, 33 y 38 parágrafo de la Ley 996 de 2005, el término de seis (6) meses previsto en el artículo 9º de la misma Ley 996, solamente se aplica al Presidente de la República que estando en ejercicio aspire a la reelección inmediata y al Vicepresidente de la República que aspire a la elección presidencial, y no a los demás órganos o entidades del Estado, tanto del nivel nacional como territorial, de conformidad con los condicionamientos de exequibilidad realizados por la Corte Constitucional en la sentencia C-1153 de 2005 a las citadas normas.

En consecuencia, a los demás órganos o entidades del Estado, tanto del nivel nacional como territorial, se les aplica el término de cuatro (4) meses anteriores a la fecha de la elección presidencial para los efectos de las restricciones y limitaciones establecidas en los artículos 32, 33 y 38 parágrafo de la Ley 996 de 2005.

Remítase al señor ministro del Interior y a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.

Magistrados: William Zambrano Cetina, presidente de la Sala—Álvaro Namén Vargas—Augusto Hernández Becerra.

Óscar Alberto Reyes Rey, secretario de la Sala.

Levantamiento de la reserva legal mediante Oficio OFI13-000023053-OAJ de fecha: primero (1º) de agosto de dos mil trece (2013).

(1) Sobre el tema ver los siguientes conceptos del Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 1846 de 4 de septiembre de 2007, relacionado con la prohibición para modificar plantas de personal de las entidades del Estado en época preelectoral. También, el Concepto 1839 de 26 de julio de 2007, relacionado con la misma prohibición pero particularmente concerniente a la imposibilidad de modificar la nómina de las empresas sociales del Estado en época preelectoral. En los conceptos 1985 del 4 de febrero de 2010, y 1985 adición del 18 de febrero de 2010, la Sala detuvo su análisis en la no viabilidad de proveer vacancias definitivas causadas por el reconocimiento de pensión de jubilación o de vejez de servidores que hagan parte de las nóminas de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva y tampoco de cargos creados por primera vez. En el Concepto 2011 de 10 de junio de 2010, la Sala tuvo oportunidad de referirse nuevamente a esta prohibición junto con la del artículo 33 sobre contratación pública, aclarando que tales restricciones son aplicables a las entidades territoriales no solamente para las elecciones de carácter territorial sino también para las de carácter nacional y enlistando algunas entidades a las que se aplican dichas restricciones.

(2) Al respecto ver Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 1724 de 20 de febrero de 2006. En el Concepto 1727 del 20 de febrero de 2006, la Sala advirtió que la restricción a la contratación directa se aplicaba a las empresas oficiales y mixtas de servicios públicos domiciliarios. En el Concepto 1738 del 6 de abril de 2006, aclaró que la aplicación de esta restricción también cobija a las empresas industriales y comerciales del Estado y establecimientos de crédito de naturaleza pública, salvo cuando la celebración de un convenio interadministrativo sea ordenada, para ambas partes, por el legislador. Los establecimientos de crédito, las sociedades de servicios financieros y las entidades aseguradoras, cuya naturaleza sea pública o de economía mixta no pueden realizar contratación directa ni celebrar convenios interadministrativos sin vulnerar las restricciones previstas en la ley de garantías, ni los Fondos Mixtos de Promoción de la Cultura y de las Artes pueden contratar directamente ni celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, salvo cuando sea obligatorio para las dos partes en virtud de un mandato legal.

(3) Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 1845 de 4 de septiembre de 2007.

(4) Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Conceptos 1717 y 1720 de 17 de febrero de 2006. La Sala señaló, entre otros asuntos, que la ley previó las restricciones y prohibiciones para periodos preelectorales diferentes; así, las consagradas en los artículos 32 y 33, operan de manera específica para los cuatro meses anteriores a la elección presidencial, y el artículo 38, de manera más genérica para los cuatro meses anteriores a las elecciones para cualquier cargo de elección popular a que se refiere la ley, incluida la del Presidente de la República.

(5) Sobre el tema ver los siguientes conceptos del Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 1993 de 25 de marzo de 2010, en relación con la excepción a las prohibiciones temporales para vinculaciones en las nóminas de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva. Sobre las excepciones en materia de contratación pública ver los conceptos 1706 de 15 de diciembre de 2005, 1712 y 1712 aclaración de 2 de febrero de 2006, 1736 de 6 de abril de 2006, 1720 de 17 de febrero de 2006. En relación con el cumplimiento de fallos judiciales como excepción a las restricciones de la Ley 996 de 2005, ver el Concepto 1863 de 15 de noviembre de 2007. Sobre algunos eventos en que no proceden las excepciones ver los conceptos 1725 de 20 de febrero de 2006 y 1731 de 14 de marzo de 2006.

(6) El texto original de la Constitución de 1991, indicaba: “Artículo 197. No podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia. Esta prohibición no cobija al Vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de tres meses, en forma continua o discontinua, durante el cuatrienio (…)”. La Constitución de 1886 también prohibía la reelección inmediata del presidente de la República, en el artículo 127, así: “El ciudadano que haya sido elegido Presidente de la República no podrá ser reelegido para el periodo inmediato, si hubiere ejercido la Presidencia dentro de los diez y ocho meses inmediatamente precedentes a la nueva elección. El ciudadano que hubiere sido llamado a ejercer la Presidencia y la hubiere ejercido dentro de los seis últimos meses precedentes al día de la elección del nuevo Presidente, tampoco podrá ser elegido para este empleo”. Posteriormente, este artículo fue reformado con el objeto de extremar la prohibición de la reelección inmediata y, a partir del Acto Legislativo 3 de 1910, el texto de la norma sobre la no reelección inmediata quedó del siguiente tenor: “El Presidente de la República no es reelegible en ningún caso para el periodo inmediato. No podrá ser elegido Presidente de la República ni designado el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la presidencia dentro del mismo año inmediatamente anterior a la elección...”. Esta norma rigió hasta la expedición de la Constitución de 1991.

(7) Acto Legislativo 2 de 2004. “Por el cual se reforman algunos artículos de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones.”(…) “ART. 2º—El artículo 197 de la Constitución Política quedará así: ART. 197.—Nadie podrá ser elegido para ocupar la Presidencia de la República por más de dos periodos […]. PAR. TRANS.—Quien ejerza o haya ejercido la Presidencia de la República antes de la vigencia del presente acto legislativo solo podrá ser elegido para un nuevo periodo presidencial.” // “ART. 4º.—Adicionase al artículo 152 de la Constitución un literal f) y un parágrafo transitorio así: / f) La igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República que reúnan los requisitos que determine la ley. / PAR. TRANS.—El Gobierno Nacional o los miembros del Congreso presentaran, antes del primero de marzo de 2005 un proyecto de Ley Estatutaria […] El Congreso de la República expedirá la Ley Estatutaria antes del 20 de junio de 2005. Se reducen a la mitad los términos para la revisión previa de exequibilidad del proyecto de Ley Estatutaria por parte de la Corte Constitucional….”. Diario oficial 45774 de diciembre 27 de 2004.

(8) Corte Constitucional. Sentencia C-1040 de 19 de octubre de 2005. Expediente D-5645.

(9) El empleo público es el conjunto de funciones, deberes y responsabilidades, establecidos por la Constitución, la ley o el reglamento, que han de ser atendidos por una persona natural, para satisfacer necesidades permanentes de la administración pública en desarrollo de lo ordenado por los artículos 121, 122 y 123 de la Constitución Política. Cfr. artículo 2º del Decreto-Ley 1042 de 1978, que estableció el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional; y el artículo 19 de la ley 909 de 2004 que regula el empleo público. Aclara la Sala que si bien ninguna de las dos normas citadas es aplicable al Presidente de la República ni al Vicepresidente, la definición sí lo es por analogía. Ahora, nótese que son varias las disposiciones de la Constitución Política en las cuales se mencionan los “empleos” de Presidente y Vicepresidente de la República. Por ejemplo, el artículo 173, numeral 1º, le asigna al Senado de la República la atribución de “admitir o no las renuncias que hagan de sus empleos el Presidente de la República o el Vicepresidente”; el artículo 193, conforme al cual corresponde al Senado “conceder licencia al Presidente de la República para separarse temporalmente del cargo”, y si es por enfermedad, el Presidente “puede dejar de ejercer el cargo, por el tiempo necesario” dando aviso al Senado o en receso de este a la Corte Suprema de Justicia; el artículo 194 se refiere también a las faltas absolutas y temporales para efectos de la revisión del cargo. Por lo demás, las funciones del Presidente le están asignadas en el artículo 189 de la Carta. En cuanto al Vicepresidente de la República la Corte Constitucional ha dicho “…que el cargo de Vicepresidente corresponde a un empleo público y que sus funciones están determinadas en la Constitución. Igualmente, que según ésta, es el Presidente la única autoridad que puede asignarle funciones adicionales, bien confiándole misiones o encargos especiales o mediante el mecanismo de la designación en un cargo de la rama ejecutiva…”. Cfr. Sentencia C-594 de 7 de diciembre de 1995. Ref.: Expediente D-953. Norma acusada: numeral 1º del artículo 13 de la Ley 171 de 1994, que incluyó al Vicepresidente en la junta directiva de la Corporación Autónoma del Río Grande de la Magdalena; fue declarada inexequible porque si bien “es un empleo público”, es el Presidente la única autoridad que puede asignarle funciones adicionales a las establecidas en la Constitución.

(10) Ley 996 de 2005 (noviembre 24), “Por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 2 de 2004, y se dictan otras disposiciones.” D.O. 46.102 de 24 de noviembre de 2005.

(11) Corte Constitucional. Sentencia C-1153 de 2005. Páginas 163 y ss. “3.1. Concepto y desarrollo de una Ley de Garantías Electorales”.

(12) Cfr. Artículo 1º de la Ley 996 de 2005.

(13) Cfr. Artículo 2º ibídem.

(14) Sentencia C-1153-05, “4. Declarar exequible el artículo 4º, en el entendido que la manifestación de interés es la regulada en el artículo 9º y que desde ese momento, el Presidente o el Vicepresidente quedan sujetos a las restricciones y prohibiciones contenidas en los artículos 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 38, y 40 del proyecto de ley”.

(15) “ART. 30.—Prohibiciones al Presidente durante la campaña presidencial. Durante los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de votación en primera vuelta, y hasta la realización de la segunda vuelta, si fuere el caso, el candidato que ejerce la Presidencia o la Vicepresidencia de la República no podrá:

1. Asistir a actos de inauguración de obras públicas.//2. Entregar personalmente recursos o bienes estatales, o cualquier otra suma de dinero proveniente del erario público o producto de donaciones de terceros al Gobierno Nacional.//3. Referirse a los demás candidatos o movimientos políticos en sus disertaciones o presentaciones públicas, como jefe de Estado o de gobierno, excepto en situaciones que hagan referencia a asuntos de seguridad nacional, seguridad de los candidatos o sus campañas políticas, soberanía, emergencias o desastres.//4. Utilizar o incluir la imagen, símbolos o consignas de su campaña presidencial en la publicidad del gobierno.//5. Utilizar bienes del Estado, diferentes a los propios de sus funciones y aquellos destinados a su seguridad personal, en actividades de su campaña presidencial.”//Texto subrayado declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1153 de 2005; el resto del artículo fue declarado exequible en el entendido que las prohibiciones a que se refiere se hacen efectivas para el Presidente o el Vicepresidente de la República desde que manifiestan el interés previsto en el artículo 9º.

(16) “ART. 32.—Vinculación a la nómina estatal. Se suspenderá cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal, en la Rama Ejecutiva del Poder Público, durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la segunda vuelta, si fuere el caso. Se exceptúan de la presente disposición, los casos a que se refiere el inciso segundo del artículo siguiente”. Declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1153 de 2005, en el entendido que para el Presidente o el Vicepresidente de la República dicha restricción se aplica desde que manifiestan el interés previsto en el artículo 9º. Declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1153 de 2005, en el entendido de que la Registraduría adoptará un procedimiento ágil y eficaz para la selección del personal supernumerario.

“PAR. TRANS.—inexequible. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, adoptará el procedimiento descrito en el parágrafo que antecede, durante la realización del censo poblacional, para efectos del personal supernumerario que se contrate para estos efectos”. Corte Constitucional Sentencia C-1153 de 2005.

(17) “ART. 33.—Restricciones a la contratación pública. Durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda vuelta, si fuere el caso, queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado.//Queda exceptuado lo referente a la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como también los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor, y los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias. Adicionalmente se exceptúan aquellos gastos inaplazables e imprescindibles que afecten el normal funcionamiento de la administración.” Texto subrayado declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1153 de 2005; el resto del artículo fue declarado exequible, condicionado a que se entienda que para el Presidente o el Vicepresidente de la República se aplique desde que manifiestan el interés previsto en el artículo 9º.

(18) “ART. 38.—Prohibiciones para los servidores públicos. (…) Parágrafo. Los Gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital, dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista en las que participen los candidatos a cargos de elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos. //Tampoco podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Congreso de la República, gobernaciones departamentales, asambleas departamentales, alcaldías y concejos municipales o distritales. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos.//No podrán autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas, ni para facilitar el alojamiento, ni el transporte de electores de candidatos a cargos de elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participe n voceros de los candidatos.//La nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, salvo que se trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa”. Texto subrayado declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1153 de 2005.

(19) Corte Constitucional. Sentencia C-1153 de 2005. Páginas 96 a 98.

(20) Corte Constitucional. Sentencia C-1153 de 2005. Páginas 179 y siguientes “4. Análisis del articulado del proyecto de ley de la referencia (…) d. Artículo 4. Legislación especial”.

(21) Esto es cuando el Presidente o el Vicepresidente de la República hagan la manifestación pública y por escrito de su interés de aspirar como candidatos en la contienda electoral presidencial, seis meses antes de la votación en primera vuelta (el artículo noveno del proyecto que se examinó, es el ahora artículo 9 de la Ley 996 de 2005, el cual también quedó con igual condicionamiento).

(22) Corte Constitucional. Sentencia C-1153 de 2005. Páginas 294 y ss. “RESUELVE”.

(23) Corte Constitucional. Auto 273 de 13 de diciembre de 2005. Expediente número PE-024.

(24) Ibídem.

(25) Corte Constitucional. Sentencias: C-233 de 4 de abril de 2002, expediente D-3704; C-551 de 9 de julio de 2003, expediente CRF-001 de 9 de julio de 2003; C-652 de 5 de agosto de 2003, expediente D-4330; C-353 de 20 de mayo de 2009, expediente D-7518, C-541 de 30 de junio de 2010, expediente DD7966; entre otras.

(26) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 3 de marzo de 2005, expediente 2004-00823-01(PI). Ver también, de la Sección Tercera. Sentencia de 22 de enero de 2002, expediente 2001-0148-01 y, Sección Tercera. Sentencia de 20 de noviembre de 2001, expediente 2001-0130-01(PI), entre otras.

(27) Corte Suprema de Justicia, Sentencia de 14 de diciembre de 1898, XIIV, 92; reiterada por la Sala de Casación Laboral de esa misma corporación en Sentencia de 24 de julio de 1998, radicación 10767.