Concepto 2363 de febrero 13 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Radicación interna: 2363

Número Único: 11001030600020170019700

Consejero Ponente:

Dr. Edgar González López

Referencia: Comisiones de los jueces a los inspectores de Policía. Funciones jurisdiccionales. Conflicto de normas: el inciso tercero del artículo 38 de la Ley 1564 de 2012. Código General del Proceso, frente al parágrafo 1º del artículo 206 de la Ley 1801 de 2016. Código Nacional de Policía y Convivencia.

Bogotá, D.C., trece de febrero de dos mil dieciocho.

El Ministro de Justicia y del Derecho formula a la Sala una consulta sobre el alcance del parágrafo 1º del artículo 206 de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia, y la posible derogatoria del inciso tercero del artículo 38 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, referente a las comisiones de diligencias o funciones jurisdiccionales de los Jueces a los Inspectores de Policía.

l. Antecedentes

El Ministro de Justicia y del Derecho presenta los antecedentes de la consulta, que se pueden sintetizar de la siguiente manera:

El artículo 37 de la Ley 1564 de 2012, “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”, establece sobre la figura de la comisión jurisdiccional, lo siguiente:

“ART. 37.—Reglas generales. La comisión solo podrá conferirse para la práctica de pruebas en los casos que autoriza el artículo 171, para la de otras diligencias que deban surtirse fuera de la sede del juez del conocimiento, y para secuestro y entrega de bienes en dicha sede, en cuanto fuere menester. No podrá comisionarse para la práctica de medidas cautelares extraprocesales.

(...)”.

El artículo siguiente asigna las competencias a las autoridades jurisdiccionales para conferir las comisiones. Dice así el artículo 38 de este código:

“ART. 38.—Competencia. La Corte podrá comisionar a las demás autoridades judiciales. Los tribunales superiores y los jueces podrán comisionar a las autoridades judiciales de igual o de inferior categoría.

Podrá comisionarse a las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales o administrativas en lo que concierne a esa especialidad.

Cuando no se trate de recepción o práctica de pruebas podrá comisionarse a los alcaldes y demás funcionarios de policía, sin perjuicio del auxilio que deban prestar, en la forma señalada en el artículo anterior.

El comisionado deberá tener competencia en el lugar de la diligencia que se le delegue, pero cuando esta verse sobre inmuebles ubicados en distintas jurisdicciones territoriales podrá comisionarse a cualquiera de las mencionadas autoridades de dichos territorios, la que ejercerá competencia en ellos para tal efecto.

El comisionado que carezca de competencia territorial para la diligencia devolverá inmediatamente el despacho al comitente. La nulidad por falta de competencia territorial del comisionado podrá alegarse hasta el momento de iniciarse la práctica de la diligencia” (resalta el consultante).

Por otra parte, el parágrafo primero del artículo 206 de la Ley 1801 de 2016, “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”, dispone lo siguiente:

ART. 206.—Atribuciones de los inspectores de Policía rurales, urbanos y corregidores. Les corresponde la aplicación de las siguientes medidas:

(...).

PAR. 1º—Los inspectores de Policía no ejercerán funciones ni realizarán diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces, de acuerdo con las normas especiales sobre la materia.

(...)” (resalta el consultante).

El Ministro manifiesta que se ha planteado un conflicto de aplicación de normas entre el inciso tercero del artículo 38 del Código General del Proceso (CGP) y el parágrafo 1º del artículo 206 del Código Nacional de Policía y Convivencia. Dice así:

“A raíz de lo anterior, algunas entidades del orden territorial han presentado ante esta cartera sus inquietudes frente a la forma en que debe interpretarse el parágrafo del artículo 206 del Código Nacional de Policía y Convivencia. En efecto, una lectura integral de las normas expuestas daría a entender la derogatoria parcial del inciso tercero del artículo 38 del Código General del Proceso con ocasión de la expedición del artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y, en consecuencia, la imposibilidad para que los inspectores de Policía tramiten y lleven a cabo las comisiones que los jueces les venían otorgando dentro de los procesos judiciales”.

La consulta hace una serie de consideraciones acerca de si las funciones delegadas por comisión de los jueces son jurisdiccionales, como lo señalan la Corte Constitucional en la Sentencia C-798 de 2003 en relación con las diligencias de secuestro y entrega de bienes, y la disposición del artículo 40 del Código General del Proceso, según el cual el comisionado tendrá las mismas facultades del comitente en relación con la diligencia que se le delegue, inclusive las de resolver reposiciones y conceder apelaciones contra las providencias que dicte; o si son administrativas, caso en el cual no se daría la contradicción de las citadas normas.

La consulta trae unos planteamientos sobre la derogación de normas a propósito de la eventual derogación del inciso tercero del artículo 38 del Código General del Proceso y cita un concepto del Ministerio de Defensa Nacional que expresa que no se presentaría la aludida derogación.

Luego la consulta trata el tema de si los alcaldes tienen o no la facultad de delegar en los inspectores de policía las funciones y diligencias inicialmente comisionadas a los primeros por los jueces.

Se hacen varias anotaciones y se indica que conforme al artículo 320 del Decreto-Ley 1333 de 1986, Código de Régimen Municipal, las inspecciones municipales de Policía dependen del alcalde y este les puede delegar funciones, pero “no existe como tal una norma que explícitamente permita delimitar el ámbito y el alcance de dicha delegación a tal autoridad”.

Finalmente, se expresa en la consulta:

“Vista la norma (se refiere al Código Nacional de Policía y Convivencia, art. 206, par. 1º), podría pensarse que su finalidad es la de evitar que en cualquier caso, los inspectores de Policía realicen funciones o diligencias jurisdiccionales. En este sentido, puede alegarse que no podría delegarse la comisión hecha sobre los alcaldes, en los inspectores de Policía, toda vez que no podría considerarse una función delegable. Igualmente, debe considerarse que la naturaleza de la función no deja de ser tal, a pesar de que se realice como delegación administrativa”.

Con base en lo expuesto, el Ministro de Justicia y del Derecho formula las siguientes

Preguntas:

“1. ¿Se debe entender que las diligencias o funciones que comisiona el juez sobre los funcionarios de Policía son de carácter jurisdiccional o son de carácter administrativo?

2. Si son de carácter jurisdiccional, ¿se debe entender derogado tácitamente el inciso 3º del artículo 38 del Código General del Proceso, por lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 206 de la Ley 1801 de 2016, en lo relativo a los inspectores de Policía como funcionarios de Policía?

3. En caso de no entenderse derogado el inciso 3º del artículo 38 del Código General del Proceso, conforme lo visto en la pregunta anterior, ¿sería procedente que los jueces sigan comisionando a inspectores de Policía para efectuar diligencias “jurisdiccionales”?

4. De llegarse a entender derogado tácitamente el inciso 3º del artículo 38 del Código General del Proceso, ¿es posible que los alcaldes puedan delegar administrativamente en los inspectores de Policía, las funciones o diligencias comisionadas por los jueces de la República a los primeros?

5. ¿Pueden delegarse las diligencias que les han sido encomendadas vía comisión por parte de los jueces, a otros funcionarios? Y, de ser posible, ¿Deben ser funcionarios del nivel directivo o asesor, conforme lo previsto en el artículo 9º de la Ley 489 de 1998, o, en caso contrario, qué características deben tener estos?”.

II. Consideraciones

Para dar respuesta a los interrogantes formulados por el Ministro de Justicia y del Derecho, la Sala abordará los temas en el siguiente orden: i) Observación preliminar; ii) Concepto 2332 del 6 de septiembre de 2017 de la Sala sobre la eliminación de la competencia de los inspectores de Policía para realizar funciones y diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces; iii) Consideración respetuosa de la Sala sobre la Sentencia de Tutela STC22050-2017 del 19 de diciembre de 2017 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, relacionada con el tema de la consulta; y iv) Improcedencia de delegación por parte de los alcaldes a los inspectores de Policía y otros funcionarios, de las funciones o diligencias jurisdiccionales comisionadas por los jueces a los primeros.

A. Observación preliminar

La Sala observa que la consulta del Ministro de Justicia y del Derecho plantea los siguientes cuestionamientos:

1. Si las funciones comisionadas por los jueces a los inspectores de Policía son jurisdiccionales o administrativas.

2. Si el parágrafo 1º del artículo 206 del Código Nacional de Policía y Convivencia que dispone que los inspectores de Policía no ejercerán funciones ni realizarán diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces, derogó tácita y parcialmente el inciso tercero del artículo 38 del Código General del Proceso que establece que los jueces pueden comisionar a los alcaldes y demás funcionarios de policía, siempre que no se trate de recepción o práctica de pruebas.

Se plantea si la derogación es tácita y parcial en cuanto que esta última norma presente contradicción con la citada norma del Código Nacional de Policía y Convivencia, posterior y especial, y en relación con los inspectores de Policía como funcionarios de Policía, conforme al artículo 198 del mismo código.

3. Si los alcaldes pueden delegar las funciones o diligencias comisionadas por los jueces, en los inspectores de Policía y en otros funcionarios y si estos deben ser del nivel directivo o asesor.

La Sala encuentra que los dos primeros interrogantes fueron estudiados y respondidos mediante el Concepto 2332 del 6 de septiembre de 2017, emitido ante una consulta del Ministro del Interior. A este concepto le fue levantada la reserva legal, por medio del oficio OFI17-39710-OAJ-1400 del 18 de octubre de 2017 del Ministerio del Interior.

En consecuencia, en relación con los dos primeros temas de la presente consulta, la Sala se remitirá al estudio expuesto en el citado concepto.

Adicionalmente, la Sala observa que mientras se avanzaba en el estudio de esta consulta, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dictó la Sentencia de Tutela STC22050-2017 del 19 de diciembre de 2017, dentro del proceso radicado con el Nº 76111-22-13-000-2017-00310-01, mediante la cual expresa un criterio distinto del expuesto por la Sala de Consulta y Servicio Civil sobre los despachos comisorios de los jueces a los inspectores de Policía, razón por la cual la Sala considera necesario referirse a dicha sentencia en un capítulo especial.

B. Concepto 2332 del 6 de septiembre de 2017 de la Sala sobre la eliminación de la competencia de los inspectores de Policía para realizar diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces

La Sala mediante el Concepto 2332 del 6 de septiembre de 2017, hizo el correspondiente análisis normativo y jurisprudencial en relación con la eliminación de la competencia de los inspectores de Policía para realizar funciones y diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces.

Dada la identidad del tema con la presente consulta, a continuación se cita in extenso dicho concepto:

“Con el propósito de responder a las distintas preguntas objeto de la consulta, la Sala se referirá en primera instancia a la comisión judicial.

a. La comisión judicial

La comisión judicial ha sido concebida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en los siguientes términos:

“La comisión, en materia procesal, constituye una forma de delegación de competencia en cuya virtud un juez traslada a otro de igual o menor jerarquía —dentro de la misma especialidad de la jurisdicción— o a ciertas autoridades oficiales —en los casos expresamente previstos—, algunas de las facultades de instrucción y ejecución que le asisten, con el fin de que agote determinados actos de carácter instrumental que son necesarios para la buena marcha del proceso.

No hay, pues, un desprendimiento de la potestad decisoria, ni de la dirección del juicio; se trata, simplemente, de un mecanismo establecido para que respecto de un acto procesal específico el comisionado haga las veces del comitente e, investido de ese ropaje, dé buena cuenta del encargo que se le hace, cumplido el cual, habrá de remitir su actuación para que haga parte del expediente(1).

A través de la comisión, no sólo se materializa el principio de colaboración armónica que guía la actividad de las autoridades, sino que además contribuye a que el ejercicio de la función judicial se adelante de forma eficaz y eficiente. Así, se ha indicado:

“Esa forma de traslado parcial de la competencia, hace honor a los principios de economía y celeridad de la administración de justicia, en la medida en que, entre otras cosas, facilita la posibilidad de evacuar algunos actos que necesariamente han de llevarse fuera de la circunscripción territorial del juez que conoce del asunto, de manera pronta y aprovechando los recursos humanos y técnicos con los que cuenta el aparato judicial en todo el territorio del país. Así, se ha explicado que “la práctica de pruebas y otras diligencias por funcionarios diferentes obedece a tres razones: a) A que deben realizarse fuera del territorio jurisdiccional del juez, quien no puede por regla general actuar en territorio distinto (comisión necesaria): b) Al cúmulo de asuntos que se adelantan en las oficinas judiciales, que impide al juez practicar muchas diligencias; c) A la economía de la Administración de Justicia que propende a que ésta se imparta con el menor gasto posible para los litigantes, por lo cual cuando la diligencia no reviste especial importancia, puede ser practicada por el funcionario del respectivo lugar, evitándose al interesado el traslado del juzgado o tribunal del conocimiento...” (Morales Molina, Hernando, Curso de Derecho Procesal Civil, Parte General, 10ª Edición, Ed. ABC, Bogotá, 1988, págs. 54 y 55)”(2).

Frente a la comisión es posible señalar las siguientes características:

i) Puede conferirse para la práctica de pruebas y de diligencias que deban adelantarse por fuera de la sede del juez de conocimiento. De igual forma, para el secuestro y embargo de bienes(3). Justamente frente a los casos en los cuales procede la comisión, la jurisprudencia ha señalado:

“Luego, la comisión judicial es una institución procesal que ha sido establecida para facilitar y no para contrariar o desvirtuar el principio del debido proceso en materia judicial, pues ha sido concebida como un instrumento procesal idóneo para permitir que en materia civil pueda llevarse a cabo la práctica de pruebas (CPC, art. 31) en un lugar diferente al de la jurisdicción y que el juez “no lo pudiere hacer por razón del territorio” (CPC, art. 181), o puedan realizarse “diligencias” fuera de la sede y “para secuestro y entrega de bienes fuera de la sede, en cuanto fuere menester (CPC, art. 31, comisiones estas últimas que pueden recaer en “autoridades de igual o inferior categoría” o en “los alcaldes y demás funcionarios de policía” (CPC, art. 32, inc. 1º)(4).

Es viable también acudir a la figura de la comisión para realizar diligencias en el exterior(5).

ii) Es posible comisionar: a) a otras autoridades judiciales, b) a autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales o administrativas, y c) a los alcaldes y demás funcionarios de Policía(6), salvo los inspectores de policía, como se explicará más adelante. En este último caso siempre y cuando la comisión no tenga como objeto la recepción o práctica de pruebas(7).

iii) La autoridad que haya sido comisionada debe tener competencia en el lugar en donde se va a desarrollar la actividad delegada. Así, el artículo 38 del Código General del Proceso determina:

“El comisionado deberá tener competencia en el lugar de la diligencia que se le delegue, pero cuando esta verse sobre inmuebles ubicados en distintas jurisdicciones territoriales podrá comisionarse a cualquiera de las mencionadas autoridades de dichos territorios, la que ejercerá competencia en ellos para tal efecto.

El comisionado que carezca de competencia territorial para la diligencia devolverá inmediatamente el despacho al comitente. La nulidad por falta de competencia territorial del comisionado podrá alegarse hasta el momento de iniciarse la práctica de la diligencia”.

iv) De acuerdo con el artículo 40 del Código General del Proceso, el comisionado tiene las mismas potestades del comitente en relación a la diligencia que se le ha encargado(8).

b. El caso concreto

El ministerio consultante pregunta a la Sala si como consecuencia de la entrada en vigencia del parágrafo primero del artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 se eliminó la competencia de los inspectores de Policía para adelantar diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces.

Las señaladas normas disponen:

Ley 1564 de 2012 - Artículo 38Ley 1801 de 2016 - Artículo 206, parágrafo 1º
“Cuando no se trate de recepción o práctica de pruebas podrá comisionarse a los alcaldes y demás funcionarios de Policía, sin perjuicio del auxilio que deban prestar, en la forma señalada en el artículo anterior”.“Los inspectores de Policía no ejercerán funciones ni realizarán diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces, de acuerdo con las normas especiales sobre la materia”.

Frente al interrogante planteado por el Ministerio del Interior, la Sala considera que efectivamente con la entrada en vigencia del parágrafo 1º del artículo 206 de la Ley 1801 de 2016, los inspectores de Policía perdieron la competencia para realizar diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces.

A esta conclusión se arriba teniendo en cuenta, por un lado, la aplicación de la referida disposición del Código General de Policía, y por el otro, el carácter jurisdiccional que tiene la actuación de los inspectores de Policía cuando son comisionados por los jueces.

Cada uno de estos aspectos se pasa a explicar a continuación.

1. El parágrafo 1º del artículo 206 de la Ley 1801 de 2016.

El artículo 38 de la Ley 1564 de 2012 y el parágrafo 1º del artículo 206 del Código Nacional de Policía y Convivencia regulan la competencia de los inspectores de Policía en relación a las comisiones ordenadas por los jueces. Con todo, mientras la primera disposición autoriza comisionar a los inspectores, la segunda lo prohíbe, al establecer que estos últimos no pueden ser comisionados para el ejercicio de funciones jurisdiccionales o la realización de diligencias de la misma naturaleza.

Por lo tanto, entre estas normas se evidencia una clara contradicción, la cual, siguiendo a Alf Ross, corresponde a una de tipo total-parcial, pues la situación descrita por el parágrafo del artículo 206 del Código Nacional de Policía y Convivencia se encuadra dentro del contenido del artículo 38 del Código General del Proceso. En este sentido se ha indicado por la doctrina:

“Independientemente del tipo de relación que pueda haber entre las distintas descripciones de las normas cuyas soluciones son incompatibles, también es posible hacer una clasificación de acuerdo con el grado de superposición entre esas descripciones. Alf Ross distingue, según ese criterio, tres clases de inconsistencias:

La inconsistencia total-total, que se da cuando los ámbitos de referencia de ambas normas se superponen totalmente: tales descripciones se podrían diagramar como dos círculos absolutamente superpuestos. Un ejemplo estaría constituido por dos normas, una de las cuales estipulara, por ejemplo, que la importación de tractores debe pagar un recargo aduanero y otra que estableciera que los tractores importados están exentos de recargos aduaneros.

La inconsistencia total-parcial se configura cuando el ámbito de referencia de una norma está incluido totalmente en el de otra, pero esta última comprende, además, casos adicionales. En este caso pueden diagramarse las referencias de ambas descripciones como dos círculos concéntricos, uno de los cuales se hallara dentro del otro. Por ejemplo: una norma establece que la importación de vehículos sufrirá recargos aduaneros y otra exime de tales recargos a los tractores.

Por último, la inconsistencia parcial-parcial se da cuando las descripciones de dos normas con soluciones incompatibles se superponen parcialmente, pero ambas tienen además ámbitos de referencia autónomos. Se puede representar esta inconsistencia con dos círculos secantes. Un ejemplo en la línea de los anteriores podría estar configurado por dos normas, una de las cuales estableciera que los vehículos que se importan están sujetos a recargos aduaneros, y la otra estipulara que los instrumentos para la producción agrícola están exentos de ellos; los tractores están en el campo de conflicto de ambas normas, los autos sólo están comprendidos en la primera y los arados sólo se rigen por la segunda”(9).

Ahora bien, para poder superar este conflicto normativo debe acudirse a los criterios de jerarquía, cronológico y de especialidad, frente a los cuales se ha señalado:

“El principio lex superior indica que entre dos normas contradictorias de diversa jerarquía debe prevalecer la de nivel superior (por ejemplo, una norma constitucional tiene prioridad sobre una ley).

(...).

Lex posterior estipula que la norma posterior prevalece sobre la promulgada con anterioridad.

(...).

El principio lex specialis prescribe que se dé preferencia a la norma específica que está en conflicto con una cuyo campo de referencia sea más general”(10).

En el mismo sentido Huerta Ochoa considera:

“En general se puede decir que el procedimiento tradicional de solución de conflictos normativos se basa en la utilización y combinación de tres criterios: el de jerarquía, el de especialidad y el temporal o cronológico. El primero confiere prevalencia a la norma de rango superior respecto a la subordinada (/ex superior derogat legi inferiori), el segundo a aquella que regule una materia específica (lex specialis derogat legi generali), y el tercero concede la prevalencia a las normas más recientes frente a las precedentes (lex posterior derogat legi priori). De tal forma que en caso de un conflicto, la norma que satisfaga el mayor número de criterios de prevalencia será aplicable, y por lo mismo jurídicamente obligatoria”(11).

Los referidos criterios, que deben ser aplicados por las autoridades en el cumplimiento de sus funciones(12), tienen reconocimiento expreso en nuestro ordenamiento(13) y jurisprudencia nacional(14). Así, el artículo 2º de la Ley 153 de 1887 incorpora el criterio cronológico al determinar:

“La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de que una ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicará la ley posterior”.

Por su parte, el artículo 5º de la Ley 57 de 1887 establece:

“Cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, preferirá aquélla.

Si en los códigos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguientes:

1) La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general”.

En lo que se refiere al criterio de especialidad, la Corte Constitucional ha señalado:

“6.4. Sobre el criterio de especialidad, se destacó en la Sentencia C-451 de 2015, que el mismo “permite reconocer la vigencia de una norma sobre la base de que regula de manera particular y específica una situación, supuesto o materia, excluyendo la aplicación de las disposiciones generales”.

(...).

6.5. Así las cosas, frente a este último criterio, el de especialidad, cabe entonces entender que el mismo opera con un propósito de ordenación legislativa entre normas de igual jerarquía, en el sentido que, ante dos disposiciones incompatibles, una general y una especial, permite darle prevalencia a la segunda, en razón a que se entiende que la norma general se aplica a todos los campos con excepción de aquél que es regulado por la norma especial. Ello, sobre la base de que la norma especial sustrae o excluye una parte de la materia gobernada por la ley de mayor amplitud regulatoria, para someterla a una regulación diferente y específica, sea esta contraria o contradictoria, que prevalece sobre la otra”(15).

Ahora bien, al aplicar los criterios señalados al caso objeto de estudio, la Sala arriba a las siguientes conclusiones:

i) A la luz del criterio jerárquico ninguna de las dos normas estudiadas prevalece, toda vez que tanto el Código General del Proceso como el Código Nacional de Policía y Convivencia corresponden a leyes ordinarias.

ii) Bajo el criterio cronológico prevalece el parágrafo 1º del artículo 206 de la Ley 1801 de 2016, pues esta norma es posterior al artículo 38 de la Ley 1564 de 2012.

iii) Según el criterio de especialidad, también prevalece el parágrafo 1º del artículo 206 del Código Nacional de Policía y Convivencia, en razón a que esta disposición es norma especial, pues se encuentra contenida dentro de una norma que regula concretamente la competencia de los inspectores de Policía(16) y hace parte de un código que tuvo justamente como uno de sus propósitos normar lo relativo a este aspecto(17).

De esta forma, la competencia que tienen los inspectores de Policía frente a las comisiones ordenadas por los jueces de la República debe ser definida a la luz del Código Nacional de Policía y Convivencia. Por lo tanto, es dable afirmar que el parágrafo 1º del artículo 206 del Código Nacional de Policía y Convivencia derogó tácita y parcialmente(18) el artículo 38 de la Ley 1564 de 2012, en el entendido de que eliminó la competencia de los inspectores de Policía para ejercer funciones o realizar diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces.

Finalmente, es posible también arribar a la conclusión anterior atendiendo lo dispuesto por el artículo 27 del Código Civil, el cual determina que no puede desatenderse el tenor literal de la ley cuando su sentido sea claro(19). En esta dirección, en el caso del parágrafo 1º del artículo 206 de la Ley 1801 de 2016, se desprende una clara prohibición de que los inspectores de Policía sean comisionados por los jueces para la realización de diligencias jurisdiccionales o el cumplimiento de funciones de la misma naturaleza.

2. La naturaleza jurisdiccional de la actuación de los inspectores de Policía cuando actúan por comisión de los jueces.

Cuando el inspector de Policía actúa como comisionado del juez dentro de un proceso judicial, lo hace en ejercicio de una función jurisdiccional adelantada dentro de los límites y restricciones definidos en la ley(20).

En efecto, para establecer la naturaleza judicial de la función que ejercen los inspectores de Policía en su calidad de comisionados de los jueces, debe hacerse referencia en primera instancia a los criterios establecidos por la Corte Constitucional para diferenciar la función administrativa de la judicial:

“En la Sentencia C-1038 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), con el propósito de definir si una competencia adscrita a los centros de arbitramento en la fase prearbitral, tenía material y formalmente carácter judicial, se tomaron en cuenta los siguientes criterios. Son judiciales: (i) las funciones que se materializan en actos con fuerza de cosa juzgada, o (ii) son desplegadas por jueces, o al menos por funcionarios que gozan de los atributos propios de los jueces, o (iii) se desarrollan en el marco de procesos judiciales, o se encuentran indisolublemente ligadas a un proceso judicial. Sobre el particular se indicó:

“Sin embargo, a pesar de esas dificultades, en ocasiones, como en el presente caso, es necesario definir si una autoridad ejerce o no funciones judiciales, pues es el presupuesto para tomar la decisión en un sentido u otro. Es pues necesario adelantar unos criterios que permitan entonces determinar si la función ejercida por un particular, o por una autoridad es o no de naturaleza judicial. Y en tal contexto, la Corte considera que existen algunos elementos formales y materiales que son útiles para dirimir esas controversias.

De un lado, existen criterios formales, en torno a los cuales parece existir un cierto consenso académico y jurisprudencial. Así, en primer término, es de la esencia de los actos judiciales su fuerza de cosa juzgada, mientras que los actos administrativos suelen ser revocables. Esto significa que una decisión judicial es irrevocable una vez resueltos los recursos ordinarios y, excepcionalmente, los extraordinarios, mientras que un acto administrativo puede ser revocado, incluso estando ejecutoriado, a menos que exista una situación jurídica consolidada. En segundo término, la función judicial es en principio desplegada por funcionarios que deben ser jueces, o al menos tener las características de predeterminación, autonomía, independencia e inamovilidad propia de los jueces. Finalmente, y ligado a lo anterior, el ejercicio de funciones judiciales se desarrolla preferentemente en el marco de los procesos judiciales. Por consiguiente, conforme a esos tres criterios formales, se presumen judiciales aquellas (i) funciones que se materializan en actos con fuerza de cosa juzgada, o (ii) son desplegadas por jueces, o al menos por funcionarios que gozan de los atributos propios de los jueces, o (iii) se desarrollan en el marco de procesos judiciales, o se encuentran indisolublemente ligadas a un proceso judicial.

De otro lado, aunque resultan más polémicos, también es posible adelantar algunos criterios materiales. Así, la Constitución establece una reserva judicial para la restricción concreta de ciertos derechos, como la libertad (C.P., art. 28), y por ende, se entiende que dichas limitaciones sólo pueden ser desarrolladas en ejercicio de funciones judiciales. Igualmente, la Constitución establece el derecho de toda persona a acceder a la administración de justicia (C.P., art. 229). Por consiguiente, en principio no sería admisible que una autoridad, en ejercicio de una función no judicial, pueda limitar el acceso a la administración de justicia. Por ende, debe entenderse que en principio una decisión que restrinja el acceso a la administración de justicia, debe a su vez, ser ejercicio de una función judicial”(21) (resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que los funcionarios de Policía que actúan en comisión de un juez cumplen una función jurisdiccional:

Por consiguiente, los funcionarios de Policía comisionados para las prácticas de las diligencias civiles, como las de embargo y secuestro y las de lanzamiento, son órganos que, si bien pertenecen originariamente a la rama ejecutiva del poder público local, no es menos cierto que, en cuanto toca con la recepción y ejecución de las comisiones de dichas diligencias, obran con las mismas facultades jurisdiccionales del comitente con las limitaciones legales (CPC, art. 34) y dentro de su ordinaria “competencia territorial”. Luego, así como las leyes y actos administrativos le fijan la competencia territorial a estas autoridades de Policía, las leyes procedimentales les atribuyen la competencia jurisdiccional en caso de comisión; de allí que a la autoridad administrativa local, esto es, la alcaldía distrital o municipal o el funcionario delegado, en su caso, corresponda la función de contribuir a hacer posible la ejecución de las comisiones judiciales, en desarrollo del principio de la cooperación de los poderes, sin perjuicio de la competencia policiva pertinente. De allí que el derecho al debido proceso en materia judicial, y concretamente en lo que atañe a un proceso con desarrollo oportuno, también se extienda a las actuaciones que deban realizarse por autoridades de policía comisionadas, con mayor razón cuando se trata de darle cumplimiento a medidas judiciales, que, como las de embargo y secuestro y los de lanzamiento, encierran la garantía provisional y definitiva del derecho debatido en el proceso”(22) (resaltado fuera del texto).

De acuerdo con la jurisprudencia mencionada se entendían judiciales las funciones que cumplían los inspectores de Policía cuando actuaban como comisionados de los jueces, habida cuenta que si bien la diligencia del despacho comisorio se radicaba en una persona diferente al juez de conocimiento, no perteneciente a la rama judicial, se trataba de una actuación desarrollada dentro del marco de un proceso judicial.

El hecho de que la diligencia se realizara por una persona ajena a la rama jurisdiccional no implicaba per se que dicha actuación se convirtiera en administrativa, por cuanto se estaría desnaturalizando una función que es del resorte del juez y que por razones de economía procesal y de colaboración entre las ramas se permitió delegar a otros.

Lo que se buscaba era que el comisionado hiciera las veces del comitente, e investido con las mismas facultades(23), pero por supuesto con las restricciones que le establecía la ley(24), cumpliera con el encargo que se le había encomendado para que una vez practicada la diligencia esta hiciera parte del expediente.

Cuando el inspector de Policía ejercía funciones en desarrollo de una comisión conferida por un juez de la República, evidentemente no estaba ejerciendo funciones administrativas sino las mismas facultades del comitente con las limitaciones que les imponía la ley, tanto es así que el control sobre las decisiones que tomara y actuaciones desplegadas en ejercicio de esa comisión no se controlaban en sede administrativa sino en sede judicial por ser esas actuaciones parte del proceso judicial del cual se desprende la comisión(25).

Finalmente, si en gracia de discusión se aceptara que los inspectores de Policía ejercen exclusivamente una función administrativa cuando actúan como comisionados de los jueces, esta actividad difícilmente podría ejercerse por dichos funcionarios, pues lo cierto es que por expreso mandato del parágrafo 1º del artículo 206 de la Ley 1801 de 2016, los inspectores de Policía no pueden ser comisionados por los jueces para la realización de diligencias judiciales, las cuales generalmente se determinan por los códigos de procedimiento que rigen la función de administrar justicia; como serían entre otras las diligencias(26) relacionadas con: i) la entrega de bienes (art. 308), el embargo y secuestro de bienes (arts. 593 y 595) y iii(sic)) la guarda y aposición de sellos (art. 476), actividades estas que se desprenden de un procedimiento judicial y por tanto son verdaderas actuaciones judiciales(27).

De lo anterior puede concluirse que la intención del legislador, al regular las funciones de los inspectores de Policía en la Ley 1801 de 2016, fue la de sustraer a estos funcionarios de los procesos judiciales adelantados por los jueces, pues la norma se refirió de forma expresa y por separado, tanto a la prohibición de ejercer funciones jurisdiccionales como la de adelantar diligencias judiciales ordenadas por los jueces de la República a través de comisiones.

Argüir que los inspectores de Policía, cuando actúan en una comisión ordenada por un juez, no están cumpliendo funciones o diligencias judiciales sino actividades administrativas, no solo desnaturaliza una actividad que es del resorte del juez y parte de un procedimiento judicial, sino que además va en contravía de la voluntad del legislador, pues este lo que quiso con la Ley 1801 de 2016 fue descargar a los inspectores de Policía de las comisiones provenientes de los jueces de la República”.

En conclusión del análisis expuesto, la primera respuesta del Concepto 2332 del 6 de septiembre de 2017 de la Sala fue la siguiente:

“1. ¿Con la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016 y en consideración a lo establecido en el parágrafo primero del artículo 206 de dicha norma, se suprimió la competencia de los inspectores de Policía para adelantar diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces?

Sí. El parágrafo 1º del artículo 206 del Código Nacional de Policía y Convivencia, al derogar tácita y parcialmente el artículo 38 de la Ley 1564 de 2012, eliminó la competencia de los inspectores de Policía para realizar diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces”.

En síntesis, la Sala encuentra que las funciones o las diligencias que los jueces comisionan a los inspectores de Policía son de naturaleza jurisdiccional, y en tal virtud, se presenta una derogación tácita del inciso tercero del artículo 38 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, en lo referente a los inspectores de Policía dentro de la denominación genérica de “funcionarios de Policía” que trae esta norma, por el parágrafo 1º del artículo 206 de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia.

Ahora bien, como se señaló, resulta necesario referirse a la reciente sentencia de tutela de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia relacionada precisamente con el tema de los despachos comisorios de los jueces a los inspectores de Policía.

C. Consideración respetuosa de la Sala sobre la Sentencia de Tutela STC22050-2017 del 19 de diciembre de 2017 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, relacionada con el tema de la consulta

Esta sentencia se refiere al caso de un grupo de abogados litigantes de Palmira (Valle del Cauca) que instauró una acción de tutela contra la Alcaldía Municipal de Palmira y el Consejo Superior de la Judicatura, con la finalidad de reclamar “la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, 'acceso a la administración de justicia' y 'ejercer libremente [su] profesión u oficio', presuntamente vulnerados por las entidades censuradas”.

El motivo era el siguiente:

“2.1. La Alcaldía Municipal de Palmira, 'a través de las inspecciones de Policía locales venía prestando apoyo a la Rama Jurisdiccional [...] en diligencias de secuestro de bienes [y] de entrega'; empero, con la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía (L. 1801/2016, jul. 29), que dispone en el parágrafo del artículo 206 que “[l]os inspectores de Policía no ejercerán funciones ni realizarán diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces, de acuerdo con las normas sobre la materia”, se perdió el apoyo que “favorecía a unos despachos judiciales bastante congestionados tratándose de una ciudad como Palmira la segunda del departamento””.

La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, mediante Sentencia de Tutela del 10 de octubre de 2017, “amparó el derecho fundamental al trabajo y, en consecuencia, ordenó al 'Alcalde Municipal de Palmira, o quien haga sus veces, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente providencia, y dentro del ámbito de sus competencias, disponga de lo necesario para colaborar armónicamente con el cumplimiento de los despachos comisorios librados por los jueces civiles municipales de Palmira, por sí mismo o a través del funcionario que delegue para el efecto'. A la par, exhortó a los 'Jueces 6º y 7º civiles municipales de Palmira para que, en cumplimiento de los deberes impuestos en el numeral 1º del artículo 42 del Código General del Proceso, procedan a dirigir los procesos a su cargo, velar por su rápida solución y que adopten las medidas conducentes para impedir la paralización y dilación de los mismos' y al 'Alcalde Municipal de Palmira y a la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, para que de manera coordinada y armónica se estudien y ejecuten planes de acción que aseguren el cumplimiento efectivo de las de las (sic) tareas asignadas a los servidores judiciales del Circuito de Palmira, si aún no lo hubieren hecho”.

La Alcaldía Municipal de Palmira impugnó la mencionada sentencia y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante la Sentencia de Tutela STC22050-2017 del 19 de diciembre de 2017, dictada dentro del proceso radicado con el Nº 76111-22-13-000-2017-00310-01, decidió confirmar la sentencia de primera instancia.

En la parte considerativa de su sentencia, que se refiere al tema de la presente consulta, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia expresa lo siguiente:

“2.2. El imperium de la iurisdictio, esto es, la potestad de decir el derecho, constitucionalmente está atribuida —y reservada— prevalentemente a los jueces, salvo concretas excepciones puntualmente regladas (art. 116 Superior).

Por supuesto, solamente los funcionarios públicos que encarnan la «jurisdicción» son quienes pueden dirimir los conflictos jurídicos sometidos a su competencial conocimiento, emitiendo al efecto decisiones que son vinculantes para los administrados, siendo que aquellos, en veces, bajo la óptica de armónica colaboración que debe mediar entre las diversas Ramas del Poder Público a fin de lograr los fines esenciales del Estado, pueden servirse, articuladamente, de otros servidores para lograr materializar las disposiciones que adopten.

Así, verbi gratia, cumple señalar que los inspectores de Policía, en tratándose de lo concerniente con el «secuestro» y «entrega» de bienes, si bien no pueden dispensar justicia habida cuenta que carecen de jurisdicción para manifestarse en torno a la definición de tales tópicos, la que recae en cabeza de los administradores judiciales, sí pueden concurrir con su gestión a dar efectividad a las órdenes judiciales que relativamente a aquellas ya han sido adoptadas; dicho de otro modo, ellos en manera alguna pueden disponer que un bien deba ser secuestrado o entregado, en tanto que tal atribución no está dentro de la específica órbita de su gestión pública, mas en cambio son aptos para hacer cumplir aquellas.

De suyo, mal puede confundirse que la realización material de las diligencias de entrega y/o secuestro por cuenta de los inspectores de Policía sea, propiamente hablando desde el punto de vista legal, el arrogamiento o la traslación de la facultad de administrar justicia, cuando las mismas les son comisionadas por los operadores judiciales. No, en modo alguno; ello meramente es el ejercitamiento de una función de carácter administrativo, que propende a realizar lo que un juez de la República al efecto dispuso mediante providencia ejecutoriada, pues su gestión se halla desprovista de cualesquiera injerencia resolutoria desde el punto de vista judicial.

2.3. Véase que el Código General del Proceso, en su canon 596, que junto con otros regula lo concerniente con la práctica del «secuestro» como medida cautelar, dispone en su numeral 2º, atañedero con las «oposiciones» al mismo, que «[a] las oposiciones se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en relación con la diligencia de entrega» (nótese). A la par, la regla 309 ejusdem, dispone en su numeral 7º, que «[s]i la diligencia [de entrega] se practicó por comisionado y la oposición se refiere a todos los bienes objeto de ella, se remitirá inmediatamente el despacho al comitente, y el término previsto en el numeral anterior se contará a partir de la notificación del auto que ordena agregar al expediente el despacho comisario. Si la oposición fuere parcial la remisión del despacho se hará cuando termine la diligencia» (se resaltó).

Surge de lo anterior que de materializarse, a través de «comisionado», ya el secuestro ora la entrega de bienes, tal no puede entrar a definir aspecto alguno concerniente con el debate judicial que en derredor de la oposición pueda surgir, habida cuenta que inmediatamente se presente esta, es su invariable deber, remitir al «comitente» el despacho comisorio que le fuera enviado para que sea el juez que comisionó, y nadie más, quien se ocupe de tal formulación a fin de darle la definición que legalmente corresponda.

Ergo, entendido que los «inspectores de policía» cuando son «comisionados» para la práctica de un «secuestro» o una «diligencia de entrega» no emprenden un laborío distinto al de sencillamente servir de instrumentos de la justicia para materializar las órdenes previamente impartidas por los funcionarios judiciales que así disponen, por lo propio deviene que bajo ninguna óptica puede predicarse que están desarrollando función o diligenciamiento de tenor judicial, sino que simplemente, itérase, lo que allí cumplimentan es el ejercicio de una eminente «función administrativa», por lo que no es plausible predicar que a la luz del canon 206 de la Ley 1801 de 2016 o Código Nacional de Policía y Convivencia se hallen impedidos para asumir el diligenciamiento de las comisiones que en ese sentido se (sic) les impongan los jueces de la República” (resaltado de la Sala de Consulta y Servicio Civil).

Como se observa, la Sala de Casación Civil en esta sentencia de tutela sostiene que cuando los inspectores de Policía desempeñan funciones o diligencias comisionadas por los jueces de la República, están ejerciendo funciones de carácter administrativo, no jurisdiccional, criterio que respetuosamente no comparte la Sala de Consulta y Servicio Civil porque considera que sí son funciones o diligencias jurisdiccionales, por las razones expuestas en el citado Concepto 2332 del 6 de septiembre de 2017 y los siguientes argumentos:

1) Ciertamente la función jurisdiccional la cumplen los jueces de la República, lo cual no está en discusión, pero, en el evento de las comisiones judiciales, la norma procesal le atribuye al funcionario comisionado, cualquiera que él sea de los habilitados para recibir comisiones, “las mismas facultades del comitente” quien es un juez, no un funcionario administrativo. En efecto, el artículo 40 del Código General del Proceso es categórico cuando dispone lo siguiente:

“ART. 40.—Poderes del comisionado. El comisionado tendrá las mismas facultades del comitente en relación con la diligencia que se le delegue, inclusive las de resolver reposiciones y conceder apelaciones contra las providencias que dicte, susceptibles de esos recursos. Sobre la concesión de las apelaciones que se interpongan se resolverá al final de la diligencia. (...)”.

De manera que no se trata simplemente del ejercicio de una función administrativa sino de una función judicial que le delega el juez comitente al inspector de Policía, teniendo este las mismas facultades de aquel respecto de la diligencia delegada, pudiendo inclusive resolver reposiciones y conceder apelaciones (procedentes), contra las providencias que dicte.

2) Es claro que quien tiene a su cargo el proceso, dispone las actuaciones judiciales que se deben surtir y ordena la comisión es el juez, conforme a sus facultades, y que el comisionado es quien realiza la ejecución material de la comisión, dentro de la colaboración armónica de los poderes públicos establecida por la Constitución y la ley, pero el desarrollo de la ejecución material es de carácter jurisdiccional, no administrativo, pues se da en virtud de un proceso judicial de acuerdo con las normas propias de este, no las de la función administrativa.

3) Resulta importante destacar que el parágrafo 1º del artículo 206 del Código Nacional de Policía y Convivencia(28) se refiere no solamente a las funciones sino a las “diligencias”, englobando a ambas expresiones con el calificativo de “jurisdiccionales”, no de administrativas, pues se parte de la base de que efectivamente provienen de la comisión otorgada por un juez de la República en ejercicio de una función judicial y por ende, son jurisdiccionales tanto las funciones como las diligencias materiales de la actuación judicial encomendada.

4) La circunstancia de que el comisionado no sea quien resuelva las oposiciones a la diligencia de secuestro o entrega de un bien, sino que tal función le corresponda al juez comitente, no le resta a tales diligencias su carácter de jurisdiccionales, pues es lógico que sea el juez de la causa como conductor del proceso quien resuelva tales incidentes procesales, debido a su trascendencia sobre el derecho de propiedad constitucional y legalmente amparado y el desarrollo del proceso mismo.

5) La Corte Constitucional en Sentencia C-798 del 16 de septiembre de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), citada en la consulta, expresó que las diligencias de secuestro y entrega de bienes dentro de un proceso judicial, son de naturaleza jurisdiccional. Sostuvo la Corte:

“El secuestro juega un papel fundamental en el proceso y, por las condiciones en que se lleva a cabo, acarrea consecuencias de responsabilidad para el Estado en tanto que de la práctica de esta medida cautelar se suceden consecuencias jurídicas, que deben ser resueltas por el funcionario judicial.

(...).

(...) la diligencia de secuestro involucra actuaciones de las cuales se generan consecuencias jurídicas de carácter judicial. Por consiguiente, dado que el artículo 116 de la Carta Política no señala a los empleados de los despachos judiciales como destinatarios de función judicial, ninguna práctica de medidas cautelares podrá ser delegada en ellos, máxime cuando los delegatarios actúan con las mismas facultades del juez delegante.

En igual sentido, según lo dispuesto por los artículos 337 a 339 del Código de Procedimiento Civil, la diligencia de entrega de bienes es de carácter judicial. En ella se definen derechos oponibles de terceros, se identifican inmuebles, se tramitan oposiciones a la entrega se reconoce el derecho de retención, entre otras. Su carácter judicial impide igualmente en aplicación de lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución, que el juez pueda ser autorizado por el legislador para delegar en empleados de su despacho la práctica de diligencias de entrega de bienes”.

6) La misma Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencias del 21 de abril de 1995 y 12 de agosto de 2010, citadas en el mencionado Concepto 2332 del 6 de septiembre de 2017 de la Sala de Consulta y Servicio Civil, reconoció el carácter jurisdiccional de las actuaciones de las autoridades de Policía, desarrolladas en virtud de comisiones conferidas por los jueces, en razón de que los comisionados obran con las mismas facultades jurisdiccionales del comitente con las limitaciones legales.

7) Más recientemente, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia de Tutela STC15868-2017 del 3 de octubre de 2017, dictada dentro del proceso radicado con el Nº 76001-22-03-000-2017-00457-01, reconoció implícitamente la derogación del inciso tercero del artículo 38 del Código General del Proceso, respecto de las funciones o diligencias jurisdiccionales comisionadas por los jueces a los inspectores de Policía cuando se refirió a la supresión del apoyo que prestaban tales inspecciones a la rama judicial. Sostuvo la Sala de Casación Civil lo siguiente:

“Al respecto, resulta importante señalar que su dicho no puede salir avante, en tanto que la dilación en la mentada diligencia, se remonta a la entrada en vigencia del Código Nacional de Policía, que por disposición del parágrafo primero del artículo 206 se estipuló: «[l]os inspectores de Policía no ejercerán funciones ni realizarán diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces, de acuerdo con las normas especiales sobre la materia».

Memórese entonces, que situaciones como la de ahora, de estancación y represamiento de diligencia (sic) judiciales por practicar, a lo que se suma la supresión de apoyo por parte de las inspecciones de Policía, ha sido motivo de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional quien en Sentencia T-084 de 2004, dejó clara su preocupación por este tipo de problemática, al señalar que «[e]n efecto, resulta indiscutible que el cumplimiento tardío de decisiones judiciales comporta en sí mismo una injusticia, como quiera que se genera gran incertidumbre y desconfianza en la administración de justicia, lo cual a su vez comporta una deslegitimación de la función jurisdiccional».

(...).

Ahora, en relación al argumento, del escaso material probatorio, el cual compara con aquella oportunidad a la que se transporta la colegiatura, al decir que allí se analizaron cifras y estadísticas considerables de asuntos por atender, resta decir que no le es dable justificarse en esa tesis, porque sin mayores elucubraciones, salta a vista el impacto que trae para la rama judicial, la restricción de apoyo por parte de las inspecciones de Policía, quienes por colaboración armónica, ayudaban a evacuar las diligencias judiciales” (resalta la Sala de Consulta y Servicio Civil).

8) Consciente de esta problemática, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA17-10832 del 30 de octubre de 2017, “Por el cual se adoptan unas medidas para la atención de los despachos comisorios y de apoyo para algunos juzgados de pequeñas causas y competencia múltiple de Bogotá”, mediante el cual dispuso como una solución temporal, que cuatro (4) de los juzgados creados como de pequeñas causas y competencia múltiple en Bogotá, asumieran de manera exclusiva y transitoria, el diligenciamiento de los despachos comisorios dirigidos a las autoridades policivas de la ciudad, conforme a lo señalado en el mismo. El acuerdo establece, entre otras normas, las siguientes:

“ART. 1º—Entrada en funcionamiento de juzgados. A partir del 1º de noviembre de 2017, cuatro (4) de los juzgados creados como de pequeñas causas y competencia múltiple, que a la fecha no han entrado en funcionamiento, asumirán exclusivamente y de manera transitoria, hasta el 30 de junio de 2018, el diligenciamiento de los despachos comisorios que adelante se indicarán. Los despachos se identificarán como juzgados de pequeñas causas y competencia múltiple 27, 28, 29 y 30 de Bogotá.

PAR.—Los nombramientos de los jueces sólo podrán realizarse, cuando la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, certifique la disponibilidad de infraestructura física y tecnológica y demás elementos necesarios para su funcionamiento.

ART. 2º—Competencia por descongestión. Los despachos comisorios que ya hayan sido librados conforme a la ley, y que a la fecha de entrada en vigencia del presente acuerdo se encuentren ante las autoridades de Policía de Bogotá, serán devueltos a la oficina de origen para redireccionar la comisión a los anteriores despachos judiciales.

PAR. 1º—El Consejo de Justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá, coordinará con las autoridades policivas de las diferentes localidades de Bogotá, la devolución del 50% de los despachos comisorios, teniendo en cuenta para ello la fecha de recepción del despacho comisorio, de la más antigua a la más reciente. Una vez recibidas las comisiones, el consejo de justicia las remitirá directa y debidamente relacionadas al centro de servicios administrativos y jurisdiccionales para los juzgados civiles y de familia de Bogotá, para el reparto respectivo entre estos cuatro despachos judiciales.

PAR. 2º—Estos despachos judiciales quedan excluidos del reparto de acciones constitucionales y demás asuntos que conocen los demás juzgados del Distrito Judicial de Bogotá”.

9) Resulta necesario anotar que si en gracia de discusión, se admitiera que las funciones y diligencias comisionadas por los jueces a los alcaldes fueran de carácter administrativo, estos no podrían delegar tales funciones y diligencias en los inspectores de Policía, por cuanto ello significaría una subdelegación, que se encuentra prohibida por el numeral 2º del artículo 11 de la Ley 489 de 1998, Estatuto de la Administración Pública, el cual dispone que “no podrán transferirse mediante delegación: (...) 2. Las funciones, atribuciones y potestades recibidas en virtud de delegación. (...)”.

En síntesis, la Sala respeta, por supuesto, el criterio expresado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la referida Sentencia de Tutela del 19 de diciembre de 2017, pero considera que existen razones jurídicas valederas, expuestas incluso en precedentes de esa misma Sala con anterioridad, para sostener que las funciones y diligencias comisionadas por los jueces a los inspectores de policía son de carácter jurisdiccional y, por tanto, se presenta una derogación tácita del inciso tercero del artículo 38 del Código General del Proceso, en cuanto comprende a los inspectores de Policía, por el parágrafo 1º del artículo 206 del Código Nacional de Policía y Convivencia.

D. Improcedencia de delegación por parte de los alcaldes a los inspectores de Policía y otros funcionarios, de las funciones o diligencias jurisdiccionales comisionadas por los jueces a los primeros

La cuarta pregunta de la consulta se basa en la premisa “de llegarse a entender derogado tácitamente el inciso 3º del artículo 38 del Código General del Proceso”, y se refiere a si los alcaldes pueden delegar “administrativamente” en los inspectores de Policía las funciones o diligencias comisionadas por los jueces a los primeros.

La quinta pregunta extiende esta inquietud a si el alcalde puede delegar tales diligencias a otros funcionarios y si estos deben ser del nivel directivo o asesor.

En primer lugar, se debe señalar que las funciones o diligencias comisionadas por los jueces revisten el carácter de jurisdiccionales, conforme el artículo 40 del Código General del Proceso (“El comisionado tendrá las mismas facultades del comitente en relación con la diligencia que se le delegue”) y lo explicado en el citado Concepto 2332, y se observa que el parágrafo 1º del artículo 206 del Código Nacional de Policía y Convivencia fue tajante en disponer que los inspectores de Policía “no ejercerán funciones ni realizarán diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces”, debiéndose entender, pues la norma no distingue, tanto por comisión de manera directa como por comisión vía delegación, en el hipotético caso de que esta fuera viable jurídicamente. Inclusive se infiere que si se les atribuyera la comisión vía delegación, sería una forma de desvirtuar el mandato de la norma del Código Nacional de Policía y Convivencia, pues se estaría procediendo en contra de la prohibición que ella establece.

De otra parte, no se advierte la existencia de una norma habilitante para el alcalde de delegar estas funciones o diligencias jurisdiccionales comisionadas por los jueces, en virtud del inciso tercero del artículo 38 del Código General del Proceso, en otros funcionarios de su administración, pues no hay una norma que, de manera expresa, lo faculte en ese sentido y, por consiguiente, de acuerdo con el principio de legalidad no las podría delegar.

Además no podría sustentar esta facultad en lo dispuesto por el artículo 9º de la Ley 489 de 1998, el Estatuto de la Administración Pública, pues esta norma se refiere a la delegación de funciones administrativas(29), no jurisdiccionales, y que la delegación solo procede para la atención y decisión de asuntos confiados a los funcionarios por la ley y por los actos orgánicos respectivos y no por los jueces(30).

Es importante señalar que en forma expresa el artículo 38 del Código General del Proceso, en su inciso tercero, otorgó una competencia precisa a los alcaldes para recibir comisiones de los jueces, siempre que no se trate de la práctica de pruebas(31).

En conclusión, los alcaldes no están facultados para delegar en los inspectores de Policía o en otros funcionarios, las funciones o diligencias jurisdiccionales comisionadas por los jueces de la República.

Por último, la Sala advierte que ante la circunstancia de que los inspectores de Policía dejan de ejercer funciones y diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces, en virtud de lo dispuesto por el parágrafo 1º del artículo 206 del Código Nacional de Policía y Convivencia, se puede generar una congestión de la realización de tales funciones y diligencias en los alcaldes distritales y municipales del país. Al respecto, y como se mencionó, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo PCSJA17-10832 del 30 de octubre de 2017, adoptó una solución temporal en el caso de Bogotá, D.C.

De la misma manera, la Sala considera necesario que el señor Ministro de Justicia y del Derecho y el Consejo Superior de la Judicatura se sirvan tomar las medidas pertinentes para prevenir la eventual situación de congestión de los alcaldes en la tramitación de las comisiones, principalmente en las ciudades capitales de departamento, como podría ser mediante la creación de jueces especializados para atender los despachos comisorios.

III. LA SALA RESPONDE

“1. ¿Se debe entender que las diligencias o funciones que comisiona el juez sobre los funcionarios de Policía son de carácter jurisdiccional o son de carácter administrativo?”

Las diligencias o funciones que comisiona el juez a los funcionarios de Policía son de carácter jurisdiccional.

“2. Si son de carácter jurisdiccional, ¿se debe entender derogado tácitamente el inciso 3º del artículo 38 del Código General del Proceso, por lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 206 de la Ley 1801 de 2016, en lo relativo a los inspectores de Policía como funcionarios de Policía?”

El inciso tercero del artículo 38 del Código General del Proceso fue derogado tácitamente por el parágrafo 1º del artículo 206 del Código Nacional de Policía y Convivencia, en lo relativo a los inspectores de Policía como funcionarios de Policía.

“3. En caso de no entenderse derogado el inciso 3º del artículo 38 del Código General del Proceso, conforme lo visto en la pregunta anterior, ¿sería procedente que los jueces sigan comisionando a inspectores de Policía para efectuar diligencias “jurisdiccionales”?”.

No se presenta el supuesto de esta pregunta.

“4. De llegarse a entender derogado tácitamente el inciso 3º del artículo 38 del Código General del Proceso, ¿es posible que los alcaldes puedan delegar administrativamente en los inspectores de Policía, las funciones o diligencias comisionadas por los jueces de la República a los primeros?”.

“5. ¿Pueden delegarse las diligencias que les han sido encomendadas vía comisión por parte de los jueces, a otros funcionarios? Y, de ser posible, ¿Deben ser funcionarios del nivel directivo o asesor, conforme lo previsto en el artículo 9º de la Ley 489 de 1998, o, en caso contrario, qué características deben tener estos?”.

Las funciones o diligencias jurisdiccionales comisionadas por los jueces a los alcaldes, no pueden ser delegadas por estos en los inspectores de Policía o en otros funcionarios.

Remítase al señor Ministro de Justicia y del Derecho y a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.

Magistrados: Óscar Darío Amaya Navas, Presidente de la Sala—Germán Alberto Bula Escobar—Édgar González López—Álvaro Namén Vargas.

Lucía Mazuera Romero, Secretaria de la Sala.

1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 12 de agosto de 2010, radicación 11001-02-03-000-2009-01281-00. “La comisión es una delegación de competencia de carácter temporal, que se circunscribe únicamente al cumplimiento de la diligencia delegada, se origina por razones de economía procesal y auxilio judicial, y su objeto es la realización de algunos de los actos que no pueden efectuarse directamente por los titulares de la jurisdicción y de la competencia ya definidas. Se establece entonces dicha figura, para actos y diligencias que no impliquen juzgamiento, y para la práctica de pruebas”. T-458 de 1994, 12 de mayo de 1994. Frente a la comisión la doctrina ha indicado: “Es otro aspecto importante dentro de la actuación judicial y se halla regulado en los artículos 37 a 41 del Código General del Proceso; tiene como finalidad esencial asegurar la mutua colaboración entre los diversos funcionarios de la rama jurisdiccional y excepcionalmente del campo administrativo a nivel nacional y aun internacional, en orden a permitir la práctica de pruebas y diligencias que un determinado juez no pueda realizar (...)”. Hernán Fabio López Blanco. Código General del Proceso. Dupré Editores. 2016, pág. 463.

2 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 12 de agosto de 2010, radicación 11001-02-03-000-2009-01281-00.

3 “La comisión solo podrá conferirse para la práctica de pruebas en los casos que autoriza el artículo 171, para la de otras diligencias que deban surtirse fuera de la sede del juez del conocimiento, y para secuestro y entrega de bienes en dicha sede, en cuanto fuere menester. No podrá comisionarse para la práctica de medidas cautelares extraprocesales”. Ley 1564 de 2012, artículo 37. “De igual manera cabe señalar que el artículo 32 del Código de Procedimiento Civil, autoriza expresamente a los jueces para comisionar a los alcaldes y demás funcionarios de Policía para adelantar diligencias judiciales, siempre que no se trate de la recepción o práctica de pruebas”. Corte Constitucional. Auto del 9 de noviembre de 2004, Auto 166/2004.

4 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 de abril de 1995, expediente 2153. “De las pruebas ordenadas por esta corporación, se observa con nitidez que la comisión por parte de los juzgados en las inspecciones de Policía para la práctica de diligencias tales como el embargo y secuestro de inmuebles o, como en el caso que nos ocupa, la entrega de bien inmueble arrendado, está generando una seria congestión en esas entidades, circunstancia que impide la realización de una pronta y efectiva justicia”. Corte Constitucional. Sentencia del 4 de diciembre de 2003, T-1171 de 2003. “En el caso sub lite la tutela se endereza con el fin de obtener que el funcionario comisionado por un juzgado, practique en el menor tiempo posible la diligencia de entrega de un bien inmueble rematado, y no en la fecha señalada (dic. 5/96), por cuanto con ello se viola el artículo 10 del Acuerdo 29 de 1993 emanado del Concejo de Bogotá, que ordena practicar las comisiones dentro de los 30 días siguientes, sin consideración al cúmulo de trabajo que exista. Se trata, entonces, a no dudarlo, de una actuación judicial que se está ejecutando por la rama ejecutiva”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 19 de febrero de 1996. Expediente T-2834.

5 “Cuando la diligencia haya de practicarse en territorio extranjero, el juez, según la naturaleza de la actuación y la urgencia de la misma, y con arreglo a los tratados y convenios internacionales de cooperación judicial, podrá: 1. Enviar carta rogatoria, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, a una de las autoridades judiciales del país donde ha de practicarse la diligencia, a fin de que la practique y devuelva por conducto del agente diplomático o consular de Colombia o el de un país amigo. 2. Comisionar directamente al cónsul o agente diplomático de Colombia en el país respectivo para que practique la diligencia de conformidad con las leyes nacionales y la devuelva directamente. Los cónsules y agentes diplomáticos de Colombia en el exterior quedan facultados para practicar todas las diligencias judiciales para las cuales sean comisionados. Para los procesos concursales y de insolvencia se aplicarán los mecanismos de coordinación, comunicación y cooperación previstos en el régimen de insolvencia transfronteriza”. Ley 1564 de 2012, artículo 41.

6 Véase artículo 198 de la Ley 1801 de 2016.

7 “La Corte podrá comisionar a las demás autoridades judiciales. Los tribunales superiores y los jueces podrán comisionar a las autoridades judiciales de igual o de inferior categoría. Podrá comisionarse a las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales o administrativas en lo que concierne a esa especialidad. Cuando no se trate de recepción o práctica de pruebas podrá comisionarse a los alcaldes y demás funcionarios de Policía, sin perjuicio del auxilio que deban prestar, en la forma señalada en el artículo anterior”. Ley 1564 de 2012, artículo 38.

8 “El comisionado tendrá las mismas facultades del comitente en relación con la diligencia que se le delegue, inclusive las de resolver reposiciones y conceder apelaciones contra las providencias que dicte, susceptibles de esos recursos. Sobre la concesión de las apelaciones que se interpongan se resolverá al final de la diligencia. Toda actuación del comisionado que exceda los límites de sus facultades es nula. La nulidad podrá alegarse a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes al de la notificación del auto que ordene agregar el despacho diligenciado al expediente. La petición de nulidad se resolverá de plano por el comitente, y el auto que la decida solo será susceptible de reposición”. Ibídem, artículo 40.

9 Carlos Santiago Nino. Introducción al análisis del derecho. 2ª edición. Editorial Astrea. 2003, págs. 274-275. Véase igualmente: “Y si continuáramos un momento con Ross —antes de explicar cómo tratan Kelsen y Bobbio los conflictos de normas— habría que decir que el jurista escandinavo sostiene que puede haber inconsistencia entre dos normas de tres maneras distintas, a saber: a) inconsistencia total-total, que se produce cuando ninguna de las normas puede ser aplicada bajo ninguna circunstancia sin entrar en conflicto con la otra, “de manera que si los hechos condicionantes de cada norma son simbolizados por un círculo, hay una inconsistencia de este tipo cuando ambos círculos coinciden”; b) inconsistencia total-parcial, que sucede cuando una de las dos normas no puede ser aplicada bajo ninguna circunstancia sin entrar en conflicto con la otra, mientras que esta tiene un campo adicional de aplicación en el cual no entra en conflicto con la primera, de manera que “tal inconsistencia se da cuando un círculo se encuentra dentro del otro”; y c) inconsistencia parcial-parcial, que acontece cuando una de las dos normas tiene un campo de aplicación en el cual entra en conflicto con la otra, pero tiene también un campo adicional de aplicación en el cual no se producen conflictos, de manera que “esta inconsistencia existe cuando los dos círculos son secantes”. Inconsistencia total-total, o “incompatibilidad absoluta”, como la llama también Ross, se produce, por ejemplo, si una norma permite pescar y otra prohíbe pescar. Inconsistencia total parcial, es la que se produce, por ejemplo, entre una norma general y una particular, como sería el caso de una regla que dispone que los extranjeros no tienen derecho a pescar en aguas territoriales de un país marítimo, mientras otra establece que los extranjeros con más de dos años de residencia en el país tienen ese derecho”. Agustín Squella Narduci, Introducción al Derecho. Editorial Jurídica de Chile, pág. 468-469.

10 Carlos Santiago Nino. Introducción al análisis del derecho. 2ª edición. Editorial Astrea. 2003, pág. 275.

11 Carla Huerta Ochoa, Conflictos normativos, UNAM, 2003, pág. 162. Véase igualmente: “Ahora bien, en cuanto a los criterios para resolver antinomias, Bobbio menciona el criterio cronológico, el jerárquico y el de especialidad. El criterio cronológico es aquel según el cual entre dos normas incompatibles, una anterior y otra posterior, prevalece la posterior. El criterio jerárquico es aquel según el cual entre dos normas incompatibles, una superior y otra inferior, prevalece la de mayor jerarquía dentro del ordenamiento. El criterio de especialidad es aquel según el cual entre dos normas incompatibles, una general y otra especial, prevalece la de carácter especial. Estos tres principios, en el mismo orden que fueron presentados, se contienen en las expresiones latinas lex posterior derogat priori, lex superior derogat inferior, y lex specialis derogat generali. En consecuencia, dice Bobbio, “el criterio cronológico sirve cuando dos normas incompatibles son sucesivas; el criterio jerárquico cuando dos normas incompatibles están en diferentes niveles; y el criterio de especialidad cuando el conflicto se plantea entre una norma general y otra especial”. Squella Narduci, ob. cit., pág. 475.

12 “Siempre que se advierta incongruencia en las leyes, u ocurra oposición entre ley anterior y ley posterior, o trate de establecerse el tránsito legal de derecho antiguo a derecho nuevo, las autoridades de la República, y especialmente las judiciales, observarán las reglas contenidas en los artículos siguientes”. Ley 153 de 1887, artículo 1º. “Si en los códigos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguientes:” Ley 57 de 1887, artículo 5º.

13 “Para la solución de las antinomias normativas, la regla para establecer la legislación aplicable se encuentra contenida en los artículos 1º y 2º de la Ley 153 de 1887 y el 10 del Código Civil, subrogado por la Ley 57 de 1887: “ART. 1º—Siempre que se advierta incongruencia en las leyes, u ocurra oposición entre ley anterior y ley posterior, o trate de establecerse el tránsito legal de derecho antiguo a derecho nuevo, las autoridades de la República, y especialmente las judiciales, observarán las reglas contenidas en los artículos siguientes. “ART. 2º—La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de que una ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicará la ley posterior”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 16 de noviembre de 2016, radicación 11001-03-26-000-2014-00043-00(50430).

14 “6.1. Asociado al ejercicio de la facultad derogatoria legislativa, está el tema de las tensiones y conflictos interpretativos que surgen al interior del ordenamiento jurídico. (...) 6.2. Recientemente, en la Sentencia C-451 de 2015, esta corporación hizo expresa referencia al aludido tema. En dicho fallo, basada en las previsiones que sobre la materia establecen las leyes 57 y 153 de 1887 y lo dicho en la jurisprudencia, la Corte puso de presente que existen al menos tres criterios hermenéuticos para solucionar los conflictos entre leyes: (i) el criterio jerárquico, según el cual la norma superior prima o prevalece sobre la inferior (lex superior derogat inferiori); (ii) el criterio cronológico, que reconoce la prevalencia de la norma posterior sobre la anterior, esto es, que en caso de incompatibilidad entre dos normas de igual jerarquía expedidas en momentos distintos debe preferirse la posterior en el tiempo (lex posterior derogat priori); y (iii) el criterio de especialidad, según el cual la norma especial prima sobre la general (lex specialis derogat generali)”. Corte Constitucional. Sentencia del 17 de agosto de 2016, C-439 de 2016. “De lo anterior se desprende que las reglas de interpretación y aplicación normativa son necesarias cuando: i) se advierta incongruencia u oposición entre normas de distinta cronología, o cuando ii) sea necesario establecer el tránsito legal entre una norma anterior y una norma posterior. En tal sentido, la aplicación de estas reglas deriva de la necesidad de resolver un conflicto entre leyes, esto es, un problema de antinomia normativa cuya naturaleza implica la existencia de dos contenidos legislativos que pueden ser utilizados en un mismo caso, sin que exista regla previa que permita superar tal conflicto, evento frente al cual nuestro ordenamiento jurídico dispone de tales criterios de solución, los cuales, además, han sido ampliamente decantados por la jurisprudencia constitucional y reiterados por esta corporación”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 20 de abril de 2016, radicación 27001-33-31-001-2009-00046-01(56112).

15 Corte Constitucional. Sentencia del 17 de agosto de 2016, C-439 de 2016.

16 “Les corresponde la aplicación de las siguientes medidas: 1. Conciliar para la solución de conflictos de convivencia, cuando sea procedente. 2. Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación. 3. Ejecutar la orden de restitución, en casos de tierras comunales. 4. Las demás que le señalen la Constitución, la ley, las ordenanzas y los acuerdos. 5. Conocer, en única instancia, de la aplicación de las siguientes medidas correctivas: a) Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles; b) Expulsión de domicilio; c) Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; d) Decomiso. 6. Conocer en primera instancia de la aplicación de las siguientes medidas correctivas: a) Suspensión de construcción o demolición; b) Demolición de obra; c) Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble; d) Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles; e) Restitución y protección de bienes inmuebles, diferentes a los descritos en el numeral 17 del artículo 205; f) Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación de daños materiales; g) Remoción de bienes, en las infracciones urbanísticas; h) Multas; i) Suspensión definitiva de actividad. PAR. 1º—Los inspectores de Policía no ejercerán funciones ni realizarán diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces, de acuerdo con las normas especiales sobre la materia. PAR. 2º—Cada alcaldía tendrá el número de inspectores de Policía que el alcalde considere necesario, para una rápida y cumplida prestación de la función de Policía en el municipio. Habrá inspecciones de Policía permanentes durante veinticuatro (24) horas en las ciudades capitales de departamento, en los distritos, y en los municipios que tengan una población superior a los cien mil habitantes. PAR. 3º—Para los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Decreto 785 de 2005, la formación profesional para el desempeño de los cargos de inspector de Policía urbano categoría especial, 1ª categoría y 2ª categoría, será únicamente la de abogado, y la formación técnica para el desempeño de los cargos de inspector de Policía 3ª a 5ª categoría e inspector de Policía rural requerirá la terminación y aprobación de los estudios de la carrera de derecho”.

17 Así, el artículo 2º del código establece: “Con el fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio nacional, los objetivos específicos de este código son los siguientes:

(...) 5. Establecer la competencia de las autoridades de Policía en el orden nacional, departamental, distrital y municipal, con observancia del principio de autonomía territorial”.

18 “La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita. Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua. Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior. La derogación de una ley puede ser total o parcial. Código Civil, artículo 71. “La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley”. Ibídem, artículo 72.

19 “Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”.

20 En este sentido la Sala se aparta de lo señalado por quienes sostienen que se trata de una función administrativa: Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Sentencia del 2 de marzo de 2017, radicación 201700097-C y Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, “Documento Técnico Jurídico Código General del Proceso vs El Código de Policía. Aparente Conflicto Normativo: Despachos Comisorios de Jueces a Autoridades Administrativas”, del 17 de febrero de 2017.

21 Corte Constitucional. Sentencia del 25 de octubre de 2012, C-863 de 2012.

22 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 de abril de 1995, expediente 2153.

23 “El comisionado tendrá las mismas facultades del comitente en relación con la diligencia que se le delegue, inclusive las de resolver reposiciones y conceder apelaciones contra las providencias que dicte, susceptibles de esos recursos. Sobre la concesión de las apelaciones que se interpongan se resolverá al final de la diligencia”. Ley 1564 de 2012, artículo 40. No hay, pues, un desprendimiento de la potestad decisoria, ni de la dirección del juicio; se trata, simplemente, de un mecanismo establecido para que respecto de un acto procesal específico el comisionado haga las veces del comitente e, investido de ese ropaje, dé buena cuenta del encargo que se le hace, cumplido el cual, habrá de remitir su actuación para que haga parte del expediente”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 12 de agosto de 2010, radicación 11001-02-03-000-2009-01281-00.

24 Por ejemplo: “7. Si la diligencia se practicó por comisionado y la oposición se refiere a todos los bienes objeto de ella, se remitirá inmediatamente el despacho al comitente, y el término previsto en el numeral anterior se contará a partir de la notificación del auto que ordena agregar al expediente el despacho comisorio. Si la oposición fuere parcial la remisión del despacho se hará cuando termine la diligencia”. Ley 1564 de 2012, artículo 309.

25 “Toda actuación del comisionado que exceda los límites de sus facultades es nula. La nulidad podrá alegarse a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes al de la notificación del auto que ordene agregar el despacho diligenciado al expediente. La petición de nulidad se resolverá de plano por el comitente, y el auto que la decida solo será susceptible de reposición”. Ibídem, artículo 40.

26 “En el caso sub lite la tutela se endereza con el fin de obtener que el funcionario comisionado por un juzgado, practique en el menor tiempo posible la diligencia de entrega de un bien inmueble rematado, y no en la fecha señalada (dic. 5/96), por cuanto con ello se viola el artículo 10 del Acuerdo 29 de 1993 emanado del Concejo de Bogotá, que ordena practicar las comisiones dentro de los 30 días siguientes, sin consideración, al cúmulo de trabajo que exista. Se trata, entonces, a no dudarlo, de una actuación judicial que se está ejecutando por la rama ejecutiva”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 19 de febrero de 1996, radicación 2834. “La Sala en un caso se (sic) similar temperamento, señaló: (...) la tutela no se erige como un mecanismo idóneo para obtener la interrupción de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisión judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en él, por cuanto su fin exclusivo es la protección de los derechos fundamentales (...) (CSJ STC, oct. 28/2009, rad. 1496-01, reiterada oct. 31, rad. 01592-01 y jul. 8/2014, rad. 01362-00). Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 11 de agosto de 2015, radicación 68001-22-13-000-2015-00335-01. “De las pruebas ordenadas por esta corporación, se observa con nitidez que la comisión por parte de los juzgados en las inspecciones de Policía para la práctica de diligencias tales como el embargo y secuestro de inmuebles o, como en el caso que nos ocupa, la entrega de bien inmueble arrendado, está generando una seria congestión en esas entidades, circunstancia que impide la realización de una pronta y efectiva justicia”. Corte Constitucional. Sentencia del 4 de diciembre de 2003, T-1171 de 2003.

27 Las diligencias judiciales son una especie o tipo de actuación judicial: “Todos los pasos que deben darse a partir de cuándo es presentada una demanda, en orden a que se pueda cumplir la finalidad que se persigue ante la norma jurisdiccional, en esencia, pero no únicamente, una sentencia que defina las pretensiones, se puede considerar como la “actuación judicial” integrada por audiencias, diligencias, memoriales de las partes y determinaciones del juez de lo que queda constancia en el documento conocido como expediente que está integrado por escrito (...)”. López Blanco, ob. cit., pág. 437.

28 Cabe anotar que el Proyecto de Ley Nº 99 de 2014 - Senado, “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”, presentado por el Ministro de Defensa Nacional y varios Senadores y Representantes a la Cámara el 29 de septiembre de 2014, contemplaba esta norma en el parágrafo 1º del entonces artículo 250, en los siguientes términos:

ART. 250.—Atribuciones de los inspectores de Policía rurales, urbanos y corregidores.

(...).

PAR. 1º—Los inspectores de Policía no ejercerán funciones ni realizarán diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces, con excepción de la restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado interno, de acuerdo con las normas especiales sobre la materia”.

(...)” (subraya la Sala).

(Gaceta del Congreso Nº 554, sep. 29/2014, pág. 56).

Sin embargo, la exposición de motivos era general sobre el proyecto y no incluyó una motivación específica para esta norma.

En la ponencia para primer debate en la Comisión Primera del Senado, se suprimió la frase: “con excepción de la restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado interno” (Gaceta del Congreso Nº 290, mayo 13/2015, págs. 101 y 167) y así quedó el texto de la norma en la Ley 1801 de 2016. Como se observa, la intención del legislador era la de eliminar la comisión de los jueces para que los inspectores de Policía realicen diligencias jurisdiccionales.

29 Precisamente los dos primeros artículos de la Ley 489 de 1998 determinan el objeto de la ley y su ámbito de aplicación en los siguientes términos:

“ART. 1º—Objeto. La presente ley regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la administración pública.

ART. 2º—Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a todos los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público y de la Administración Pública y a los servidores públicos que por mandato constitucional o legal tengan a su cargo la titularidad y el ejercicio de funciones administrativas, prestación de servicios públicos o provisión de obras y bienes públicos y, en lo pertinente, a los particulares cuando cumplan funciones administrativas.

PAR.—Las reglas relativas a los principios propios de la función administrativa, sobre delegación y desconcentración, características y régimen de las entidades descentralizadas, racionalización administrativa, desarrollo administrativo, participación y control interno de la administración pública se aplicarán. En lo pertinente, a las entidades territoriales, sin perjuicio de la autonomía que les es propia de acuerdo con la Constitución Política” (resalta la Sala).

30 En efecto el artículo 9º de la Ley 489 de 1998 establece lo siguiente:

“ART. 9º—Delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias.

Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley.

PAR.—Los representantes legales de las entidades descentralizadas podrán delegar funciones a ellas asignadas, de conformidad con los criterios establecidos en la presente ley, con los requisitos y en las condiciones que prevean los estatutos respectivos” (resalta la Sala).

31 El mencionado inciso dispone lo siguiente: “Cuando no se trate de recepción o práctica de pruebas podrá comisionarse a los alcaldes y demás funcionarios de Policía, sin perjuicio del auxilio que deban prestar, en la forma señalada en el artículo anterior”.