Concepto 24092 de abril 25 de 2006 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

IDENTIDAD DE LA PERSONA PEDIDA EN EXTRADICIÓN

Pruebas inadmisibles para rebatir esa identidad.

EXTRACTOS: «Se pronuncia la Sala sobre la solicitud de pruebas elevada por la defensora de Gabriel Consuegra Martínez, reclamado en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Antecedentes y consideraciones:

1. Mediante nota verbal Nº 1135 fechada el 31 de mayo de 2005, el Gobierno de los Estados Unidos de América solicitó la detención provisional, con fines de extradición, del ciudadano Gabriel Consuegra Martínez, habida cuenta de ser sujeto de la acusación sustitutiva Nº S1 05 Cr.156, dictada el 14 de abril de 2005, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, mediante el cual se le acusara de concierto para distribuir e importar cocaína.

2. Con base en tal requerimiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió a la Fiscalía General de la Nación la susodicha nota verbal, decretando dicha autoridad mediante resolución del 10 de junio de 2005 la captura del citado ciudadano —aprehensión material que a cargo de funcionarios del DAS se produjo el día 12 de ese mismo mes en la ciudad de Barranquilla—, siéndole notificada por consiguiente personalmente la medida a Consuegra Martínez.

3. Remitidas las diligencias al Ministerio del Interior y de Justicia —advirtiéndose por el Ministerio de Relaciones Exteriores que por no existir convenio aplicable al caso es procedente obrar de conformidad con el ordenamiento procesal colombiano— comunicó esta autoridad a la Corte que la Embajada de los Estados Unidos de América mediante nota verbal Nº 1811 del 9 de agosto de 2005 había formalizado la solicitud de extradición del ciudadano Gabriel Consuegra Martínez.

4. En curso este trámite y enterado al requerido en extradición de la índole y contenido de los cargos que motivan la privación de su libertad acorde con lo anteriormente indicado, su apoderada ha elevado petición de pruebas, así:

4.1. En primer lugar aporta como tales y con miras a que sean tenidas en cuenta por la Corte el acta de matrimonio de Gabriel Consuegra Martínez; copia de un comunicado emitido por vecinos del barrio Villanueva de Barranquilla; declaraciones extrajuicio rendidas por Minerva Esther Cotes Salcedo, Cecilia Contreras Morales y Juan Vicente Gómez Castrillón; certificado de la Secretaría de Planeación de Barranquilla en que Consuegra Martínez y su familia aparecen como beneficiarios del Sisbén y fotocopia de la tarjeta de afiliación al mismo; certificados de atención hospitalaria y de laboratorio clínico del requerido en extradición; certificado del Banco Av Villas en que se dispone la terminación de contrato de cuenta; certificado de varias personas en que acusan conocer a Consuegra Martínez como vendedor ambulante de plátano de Barranquilla; resolución proferida por la Fiscalía Tercera Local de esa ciudad en que le precluye en su favor investigación por hurto y fotocopias de diversas páginas de periódicos en que se reseña la captura con fines de extradición de Gabriel Consuegra Martínez y su hijo Gabriel Consuegra Arroyo.

Estas pruebas, según la memorialista, tienden a demostrar en relación con el pedido en extradición su currículo, su condición económica, su ocupación y los testimonios que dan cuenta de su inocencia y buena conducta.

4.2. De otra parte, reclama en relación con la situación del solicitado en extradición, se allegue información sobre cuál fue el organismo de nuestro país que prestó ayuda en la investigación que se supone adelantadas en su contra por las autoridades de los Estados Unidos de América y en el mismo sentido se requiera a la Empresa Telefónica de Barranquilla a efecto de determinar qué líneas telefónicas fueron interceptadas, por orden de qué autoridad y obtener copias de las llamadas presuntamente interceptadas; se solicite al DAS certificado de sus antecedentes judiciales y morfológico; se oficie a la oficina de registro de Barranquilla —y a nivel nacional— con miras a saber qué bienes inmuebles están a su nombre, haciendo lo propio con la oficina de Tránsito para determinar los vehículos de su propiedad; se oficié a la Superintendencia Bancaria y a las entidades bancarias a nivel nacional para determinar las cuentas corrientes o de ahorros a cargo del requerido en extradición y, finalmente, se libre oficio a la Registraduría Nacional a fin de que certifique el número de cédula de Consuegra Martínez y la descripción de identificación del mismo.

4.3. Dentro de acápite que intitula “peritazgo” acusa de falencias graves en orden a la identificación del procesado el expediente seguido por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, por lo que reclama se adelante “cotejo y valoración médico legal” de la grabación que afirma reposa en dicha actuación, para así determinar si la voz grabada pertenece a la del requerido en extradición, máxime cuando en esa investigación habría un aspecto físico que no corresponde al de este, como lo es la de un “hombre caucásico”, dado que Gabriel Consuegra Martínez es un hombre mestizo de baja estatura incompatible con las características físicas de quien de acuerdo con estudio antropológico cuya amplia trascripción emplea, correspondería a la de un hombre caucásico.

4.4. Enseguida invoca los derechos al debido proceso y defensa de su poderdante, dado que en su concepto las “apreciaciones y juramentos de los organismos de los Estados Unidos no constituyen plena prueba dentro del sumario”, debiendo denegarse la extradición, pues no existe una plena identificación de su asistido, propósito para el cual reclama se “sirva comisionar al Tribunal del Distrito de los Estados Unidos” con el fin de que el testigo que “describió físicamente a mi cliente” reconozca a través de la cotejación fotográfica si se trata de la misma persona capturada.

Finaliza señalando que la equivalencia entre el indicment y la acusación supone la certeza sobre la plena identidad del acusado, que no solamente debe consistir en un documento de identidad, pues no existe una presunción legal de identificación, máxime cuando en este caso ella brilla por su ausencia. Por lo demás, el tráfico de estupefacientes es entre nosotros un delito de resultado y la acusación se refiere es a presuntas llamadas pero no clarifican nada.

5. Tal y como fue puesto de presente por el Ministerio de Relaciones Exteriores en oficio OAJ.E0977 al fijar el ordenamiento aplicable en este caso, es a consecuencia de no mediar tratado con los Estados Unidos de América que a este trámite de extradición le son aplicables las disposiciones pertinentes del Código Procedimiento Penal —artículo 35 de la Constitución Política—.

De ahí que, como la Corte lo ha señalado en forma constante y pacífica con miras a clarificar el tema relacionado con las pruebas cuya viabilidad se impone, resulta imprescindible para dicho efecto cotejar su procedencia a partir de observar la eficacia de las mismas y particularmente contrastar su necesidad, conducencia y pertinencia, acorde con las previsiones del artículo 235 de la Ley 600 de 2000, bajo la premisa de entender que estos principios comportan una estrecha relación con los fines mismos que tiene el concepto que legalmente se impone a la Sala.

6. Por ello bien se ha precisado que es a partir de dichos presupuestos que estas pautas probatorias deben siempre ser contrastadas con los propios fundamentos determinadores del contenido y alcance del concepto en tanto restringidamente está dirigido a verificar la validez formal de la documentación aportada por el Estado requirente; la plena identidad del solicitado; la concurrencia de doble incriminación; la equivalencia de la providencia emitida por la autoridad judicial extranjera y el cumplimiento de lo previsto por los tratados públicos cuando fuere el caso.

7. En ese orden ha podido clarificarse que estando la competencia de la Sala circunscrita a la concurrencia de los referidos aspectos y el hecho mismo de no ser el trámite de extradición un proceso judicial que abra la puerta a controversias probatorias relacionadas con aquellos elementos en que se sustenta la responsabilidad del requerido en extradición, la doctrina en esta materia tiende a denegar sistemáticamente la posibilidad de ordenar cualquier aporte de instrumentos de convicción que se orienten precisamente a enfrentar la realidad de los hechos que se imputan, la forma como ellos habrían tenido ocurrencia, la investigación adelantada para su establecimiento, la participación o no del solicitado y el grado de la misma, pues son todas estas circunstancias ajenas por completo a debate dentro de este trámite, como que se trata de aspectos que corresponde confrontar al interior mismo del proceso penal que se sigue en contra del requerido en extradición en el país cuya presencia en sus estrados judiciales es reclamada, siendo en dicha medida el ámbito procesalmente idóneo para hacerlo.

8. En síntesis no son admisibles aquellas pruebas que no estén directamente vinculadas con los aspectos que la Corte verifica, según se ha detallado, en orden a emitir el concepto que por ley le corresponde.

Dentro de dicho contexto, dado que las diversas pruebas aportadas por la apoderada de Consuegra Martínez y aquellas cuya práctica reclama confluyen, directa o indirectamente, a descalificar la concurrencia de la prueba de identidad del requerido en extradición, pero con una perspectiva que no se opone realmente a la de la persona reclamada sino a que sea la misma sobre quien pueda recaer un señalamiento penal por estar incurso en delitos propios del narcotráfico, forzoso es para la Corte denegar, en su totalidad, los elementos probatorios dentro de ese marco presentados.

9. Adviértase desde ya que el concepto de la Corte en orden a verificar la validez formal de la documentación acompañada con el pedido de extradición —en lo concerniente a su plena identidad— está referido a la coincidencia que debe existir entre la persona procesada en el extranjero y la que en virtud de la regular petición ha sido capturada con los precitados fines, no, por tanto, a establecer la identidad de quien eventualmente debería responder al interior de los hechos investigados por la conducta criminal objeto de pesquisa y mucho menos a rebatir la manera como el Estado requirente ha logrado determinar esa identidad.

Ya se señaló que así como a la Corte no corresponde —dentro del ámbito legalmente regulado del concepto que le es dable emitir—, ocuparse en temas diversos, tampoco puede patrocinar pruebas que tiendan a polemizar con los hechos que sirven de marco sustento al pedido de extradición ni a controvertir la responsabilidad del reclamado y dentro de este específico campo a oponerse a que se trate en efecto de la persona que ha realizado la conducta o conductas por las que se ha emitido acusación.

10. Precisar lo anterior, una vez más, es imperioso para la Sala en orden a respaldar su negativa para las múltiples pruebas de cuya extensa glosa se ocupa la apoderada de Consuegra Martínez, en la medida en que, según se precisó, no están encaminadas, propiamente, a discutir la identidad del reclamado en extradición, sino su propia responsabilidad en los hechos averiguados.

Es así que ninguna significación pueden tener dentro del contenido y alcance del concepto de la Corte, los diversos elementos de convicción aportados —o aquellos solicitados con el mismo cometido— que se orientan a contrastar la clase de ciudadano que en nuestro territorio ha sido Consuegra Martínez o los que tienden a constatar su situación patrimonial o económica y en esa medida que dada la misma no podría ser ejecutor de los delitos que le ha atribuido el Estado requirente.

Dentro del mismo contexto están los testimonios que coadyuvan a ratificar su “inocencia” por las graves imputaciones que se le hacen en el extranjero y más impertinente la resolución preclusiva decretada por una autoridad nacional en su favor por un delito contra el patrimonio económico.

11. Si como ya se anotó no hay lugar a confrontar la legalidad del trámite adelantado por las autoridades judiciales del país reclamante en extradición de Consuegra Martínez, toda vez que cualquier pretendida irregularidad del mismo solo puede ser alegada al interior del proceso correspondiente, son inviables aquellas pruebas que procuran se ordene acopiar en este trámite los elementos sustento de los cargos que se han elevado en su contra.

Tampoco desde luego es admisible aportar copia de la tarjeta de identificación que se adjudicara a Consuegra Martínez por la Registraduría, como que la propia peticionaria adjuntó fotocopia de la misma sin que en momento alguno se haya discutido —o pretenda hacerse en el actual momento— que el ciudadano colombiano pedido en extradición no sea quien se identifica con la cédula que le fuera asignada a la persona capturada con dicho cometido.

Ninguna de las pruebas que están orientadas a contrastar las labores de investigación adelantadas por las autoridades de los Estados Unidos de América y de los resultados de las mismas, en el orden de motivos expuestos, puede tener pertinencia en este caso, tal y como sucede con aquellas destinadas a establecer el contenido de las interceptaciones telefónicas en que se sustenta probatoriamente la vinculación delictiva, entre otros, de Consuegra Martínez.

12. Por último, la pretensión de desvirtuar la plena identidad entre la persona reclamada en extradición y el capturado en este trámite con ese cometido, sustentada en que no se estaría frente a un hombre “caucásico” carece de valor, pues la expresión a que obedece una generalidad étnica o de rasgos morfológicos y que se emplea por las autoridades de los Estados Unidos de América así como no describe definitivamente los componentes propios de una tal raza, menos aún desdice del inequívoco señalamiento por su origen y otras características como el color de pelo y de ojos y definitivamente no pone en duda el número del documento de identificación cuya coincidencia no es meramente numeral, pues los diversos documentos sustento del pedido de extradición acompañan fotografías del reclamado con esos fines.

A consecuencia de lo expresado, serán devueltos a la peticionaria los anexos allegados con el memorial petitorio de pruebas —fls. 28 a 66—, así como el video casete también aportado».

(Concepto de 25 de abril de 2006. Radicación 24092. Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Gómez Quintero).

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