Concepto 43222 de mayo 14 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 43222

CP079-2014

(Aprobado Acta Nº 146)

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

Bogotá, D.C., catorce de mayo de dos mil catorce.

I. Vistos

Procede la Corte a conceptuar sobre la viabilidad de acceder a la petición de extradición del ciudadano colombiano Carlos Andrés Espitia García, elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, en donde se le sigue un proceso por delitos de lavado de dinero.

II. Solicitud y antecedentes

1.El Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su embajada en Colombia, mediante nota verbal 2395 del 8 de noviembre de 2013, solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Carlos Andrés Espitia García. En consecuencia, el señor Fiscal General de la Nación, mediante resolución del día 26 siguiente, dispuso su captura, la cual se hizo efectiva el 6 de diciembre del año anterior en la ciudad de Bogotá, por miembros del CTI de esa institución.

2. Cumplido lo anterior, la autoridad reclamante, por conducto diplomático y a través de la nota verbal 0178 del 3 de febrero de 2014, solicitó formalmente la extradición del ciudadano colombiano Carlos Andrés Espitia García.

3. La directora de asuntos jurídicos internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Oficio DIAJI/GCE 0268 del 4 de febrero anterior, dirigido a la jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, manifestó que entre Colombia y los Estados Unidos de América está vigente la “Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988, la cual, en su artículo 6º, numeral 4º, dice que: “las partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellas”. Y en el 5º determina que: “la extradición estará sujeta a las condiciones previstas en la legislación de la parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición”.

Lo anterior, agrega, en concordancia con los artículos 491 y 496 de la Ley 906 de 2004, permite establecer que la extradición se regula según el ordenamiento jurídico colombiano.

4. A su turno, mediante comunicación OFI14-0003015-OAI-1100 del 11 de febrero del año en curso, la funcionaria últimamente citada, considerando que el gobierno reclamante allegó la documentación traducida y legalizada, y “teniendo en cuenta que se encuentran reunidos los requisitos formales exigidos en la normatividad procesal penal aplicable al presente caso y encontrándose perfeccionado el expediente”, remitió la documentación respectiva, con el fin de que la Sala de Casación Penal emita el respectivo concepto.

5. El despacho del magistrado ponente, en auto del 19 de febrero de 2014, garantizó la defensa del requerido Espitia García, quien le otorgó poder a un abogado de confianza.

6. Mediante escrito del 25 de febrero pasado, avalado por su apoderado, el ciudadano colombiano solicitado en extradición Carlos Andrés Espitia García se acogió a la extradición simplificada, según lo dispuesto en el artículo 70, parágrafo 1º, de la Ley 1453 de 2011, Ley de Seguridad Ciudadana.

III. Concepto del Ministerio Público

La Sala corrió traslado del aludido memorial a la Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal, cuyo titular, tras constatar que la solicitud de tramitar la extradición simplificada formulada por el ciudadano reclamado y coadyuvada por su apoderado “gozan de la presunción de autenticidad contenida en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y son suficientes para que el Ministerio Público concluya que este [el solicitado] manifestó su voluntad de manera libre, espontánea y voluntaria, sin apremio o vicio del consentimiento alguno y se encuentra suficientemente informado acerca de las consecuencias a la renuncia al trámite ordinario previsto en el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal”.

Indica, además, que los hechos que motivan la solicitud ocurrieron después de la expedición del Acto Legislativo 1 de 1997 y no configuran delito político, “pues se dijo que se le imputa el concierto para delinquir, el que también está contemplado en la legislación colombiana, en el artículo 340 de la Ley 599 de 2000”. Así mismo, que el acta de derechos del capturado y el informe técnico confirman la identidad del requerido. Por todo lo anterior, concluye, el Ministerio Público “coadyuva la correspondiente petición a fin de que la Sala... emita el respectivo concepto de plano, en la forma y términos señalados en la citada disposición”.

IV. Sustento documental de la solicitud de extradición

1. Las mencionadas notas verbales 2395 del 8 de noviembre de 2013 y 0178 del 3 de febrero de 2014 reseñan los hechos objeto de la acusación formulada en contra del ciudadano solicitado en extradición, así:

“La investigación reveló que desde el año 2006 hasta diciembre de 2009, Jorge Humberto Espitia Arciniegas y Carlos Andrés Espitia García eran los miembros de una organización de tráfico de narcóticos y de lavado de dinero que distribuyó múltiples cantidades de kilogramos de heroína en los Estados Unidos y que lavó las utilidades provenientes de dichas ventas. Durante este periodo de tiempo, agentes de las fuerzas del orden de los Estados Unidos y de Colombia interceptaron legalmente conversaciones entre Espitia Arciniegas y Espitia García en las cuales se les escuchó impartiendo instrucciones a coasociados en los Estados Unidos para lavar utilidades provenientes de la venta de narcóticos. El 3 de agosto de 2008 Espitia Arciniegas y Espitia García le ordenaron a Paul Eugene Sessomes que entregara $ 300.000 dólares de los Estados Unidos a dos coacusados en Baltimore, Maryland. Después de recoger las utilidades provenientes de la venta de narcóticos, los coacusados regresaron a Nueva York con el propósito de lavar las utilidades provenientes de la venta de narcóticos. El 5 de agosto de 2008, en Nueva York, se realizó una requisa en la vivienda de uno de los coacusados donde agentes de las fuerzas del orden incautaron más de $ 160.000 dólares de los Estados Unidos.

2. La acusación 13-461 dictada, el 1º de agosto de 2013, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York. Los cargos imputados en dicha decisión a Espitia García son los siguientes:

Cargo uno

“(Concierto para delinquir con fines de lavar instrumentos monetarios)”

“Aproximadamente en enero de 2006 y diciembre de 2009, siendo ambas fechas aproximadas e inclusive, dentro del Distrito Oriental de Nueva York y en otros lugares, los acusados..., Carlos Andrés Espitia García, alias “Charli” y “Sobrino”,... junto con otros, de manera consciente y deliberada, conspiraron para realizar transacciones financieras en y que afectaron el comercio interestatal o extranjero, a saber: las transferencias y depósitos de moneda de Estados Unidos a cuentas bancarias, transacciones que de hecho incluyeron las ganancias derivadas de actividad antijurídica especificada, a saber: el narcotráfico, en violación a las secciones 841(a)(1), 846, 952, 959 y 963 del título 21 del Código de los Estados Unidos, sabiendo que los bienes incluidos en las transacciones financieras representaban las ganancias de alguna forma de actividad antijurídica, y sabiendo que las transacciones financieras fueron destinadas total o parcialmente para ocultar y disimilar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de las ganancias derivadas de la actividad antijurídica especificada, contrario a la sección 1956(a)(1)(B)(i) del título 18 del Código de los Estados Unidos (secciones 1956(h) y 3551 y ss. del título 18 del Código de los Estados Unidos)”.

Cargo dos

“(Lavado de instrumentos monetarios)”

“Aproximadamente el 3 de agosto de 2008, dentro del Distrito Oriental de Nueva York y en otros lugares, los acusados..., Carlos Andrés Espitia García, alias “Charli” y “Sobrino”,... junto con otros, de manera consciente y deliberada, realizaron e intentaron realizar transacciones financieras en y que afectaron el comercio interestatal o extranjero, a saber: la entrega y la transferencia de $ 300.000 en moneda de Estados Unidos, transacción que de hecho incluyó las ganancias derivadas de actividad antijurídica especificada a saber: el narcotráfico, en violación a las secciones 841(a)(1), 846, 952, 959 y 963 del título 21 del Código de los Estados Unidos, sabiendo que los bienes incluidos en la transacción financiera representaban las ganancias de alguna forma de actividad antijurídica, y sabiendo que la transacción financiera fue destinada total o parcialmente para ocultar y disimilar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de las ganancias derivadas de la actividad antijurídica especificada (secciones 1956(a)(1)(B)(i), 2 y 3551 y ss. del título 18 del Código de los Estados Unidos)”.

3. También se allegó copia de las declaraciones juradas del fiscal litigante del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Unidad Contra Narcóticos y Drogas Peligrosas, y del agente especial de la Administración para el Control de Drogas, DEA, las cuales fundamentan la acusación contra Carlos Andrés Espitia García.

4. Texto de las disposiciones del Código de los Estados Unidos de América que se afirman fueron infringidas por el ciudadano reclamado y se encontraban vigentes para la época de la ocurrencia de los hechos, así:

Del Código de los Estados Unidos, título 18, secciones 2 (principales, auxiliar e incitar), 982(a)(1)(b)(1), 1956(a)(1)(B)(i)(h) (lavado de recursos monetarios), 3282 (delitos sin la pena de muerte) y 3551(a). Del título 21, Secciones 841(actos prohibidos), 846 (tentativa y concierto), 853 (extinción penal del derecho de dominio), 952 (importación de sustancias controladas), 959 (fabricación o distribución con fines de importación ilícita) y 963 (tentativa y concierto). Del título 28, sección 2461 (decomiso civil o penal).

5. Copia de la orden de arresto proferida en contra de Carlos Andrés García Espitia, dentro de la acusación 13-461, dictada el 1º de agosto de 2013, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

V. Concepto de la Corte

1. Acotación previa.

Con fundamento en los artículos 35 de la Carta Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 1997 y 18 de la Ley 599 de 2000, la extradición se puede conceder u ofrecer de acuerdo a los tratados públicos y, en su defecto, a la ley.

La Ley 1453 de 2011 dispuso que el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004), tendrá un quinto inciso, cuyo contenido es del siguiente tenor:

“PAR. 1º—Extradición simplificada. La persona requerida en extradición, con la coadyuvancia de su defensor y del Ministerio Público podrá renunciar al procedimiento previsto en este artículo y solicitar a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de plano el correspondiente concepto, a lo cual procederá dentro de los veinte (20) días siguientes si se cumplen los presupuestos para hacerlo.

“PAR. 2º—Esta misma facultad opera respecto al trámite de extradición previsto en la Ley 600 de 2000”.

Ahora bien, como quedó relacionado en el acápite de antecedentes, el ciudadano Carlos Andrés Espitia García, avalado por su defensor y con la coadyuvancia del agente del Ministerio Público, solicitó, de manera libre, consciente, voluntaria y asistida, se le diera curso al trámite de la extradición simplificada, reclamo que apoyó en el artículo 70 de la Ley 1453 de 2011, modificatorio del 500 de la Ley 906 de 2004.

La figura de que trata la norma citada se denomina extradición simplificada porque, en aras de abreviar la actuación, en beneficio del sometido al trámite de extradición que no se opone a su entrega, pretende eliminar el traslado para solicitud y práctica de pruebas, siempre que su interés sea apoyado por el Ministerio Público, de modo que la Corte proceda directamente a la emisión del respectivo concepto, en un término relativamente corto.

En el caso que ocupa la atención de la Sala, comoquiera que se cumplen los requisitos señalados en el artículo 70 de la Ley 1453 de 2011, se procede, entonces, a estudiar la viabilidad de acceder a la petición del Estado reclamante.

2. Consideraciones para el caso concreto.

El artículo 502 de la Ley 906 de 2004 estatuye que el concepto que emite la Sala debe estar orientado a establecer, entre otros presupuestos, la validez formal de la documentación presentada, la demostración plena de la identidad del solicitado, el principio de la doble incriminación, la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero con la acusación y, cuando fuere el caso, el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos, según así lo exigen los artículos 490, 493, 495 y 502 de la Ley 906 de 2004, regulación a la cual se acude, toda vez que los hechos ocurrieron bajo su vigencia, particularmente entre enero de 2006 y diciembre de 2009.

2.1. La validez formal de los documentos aportados.

Advierte la Sala que la documentación presentada como soporte de la petición de extradición de Carlos Andrés Espitia García cumple las exigencias legales contempladas en los códigos de Procedimiento Penal (L. 906/2004) y Civil para tenerla como apta para fundar el concepto.

Obra dentro de la actuación debidamente allegada y legalizada la copia de la acusación 13-461, dictada el 1º de agosto de 2013, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, en contra de Carlos Andrés Espitia García.

De igual manera, el Gobierno reclamante allegó el contenido de las normas del Código de los Estados Unidos aplicables al caso, las cuales fueron reseñadas en precedencia.

Consta, además, que la documentación anexa incluye la orden de arresto expedida por la autoridad judicial del país que solicita la entrega de Espitia García, tal como así se relacionó en acápite anterior. Aun cuando la orden de aprehensión emitida en el extranjero aparece en contra de “García Espitia”, el Gobierno de los Estados Unidos, mediante la nota verbal 0178 del 3 de febrero de 2014, aclaró la situación y precisó que esa inconsistencia no afectaba la validez de dicha determinación.

A su vez, aparecen las declaraciones juradas del fiscal litigante del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que dictó la acusación y del agente especial de la Administración para el Control de Drogas, DEA, quien fungió como el investigador a cargo, las cuales respaldan la acusación contra Carlos Andrés Espitia García, cuyo contenido y traducción al español, junto con el resto de la documentación que las acompaña, fueron certificados por el director asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.

A su turno, la rúbrica y el cargo del anterior funcionario fueron certificados por el procurador de ese país, a través de la imposición del sello del Departamento de Justicia de los Estados Unidos; la firma de este último fue certificada por el Secretario de Estado, por medio del funcionario auxiliar de autenticaciones, quien suscribió y fijó el sello del Departamento de Estado al documento precedente.

Los documentos antes reseñados fueron autenticados el 23 de enero de 2014 por la cónsul de nuestro país en Washington D.C., cuya firma, a su vez, fue certificada en Bogotá el día 28 del mismo mes por el funcionario Jorge Luis Martínez Segura, quien apostilló y legalizó toda la documentación proveniente del extranjero.

De esta manera, se cumplió con lo establecido por los artículos 251 del Código General del Proceso y 259 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el 1º, numeral 118, del Decreto Extraordinario 2282 de 1989 que dice: “Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano”, disposición aplicable al caso en virtud del principio de integración previsto en los artículos 25 y 495, último inciso, del Código de Procedimiento Penal de 2004.

Además de lo anterior, la jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, en el ya citado oficio del 11 de febrero de 2014, corrobora que “se encuentran reunidos los requisitos formales exigidos en la normatividad procesal penal aplicable”, como también que el expediente está perfeccionado.

Por lo tanto, en consideración a que la solicitud de extradición de Carlos Andrés Espitia García se hizo por la vía diplomática y que en la expedición y trámite de los documentos que la soportan, así como en su traducción, se cumplieron todos los ritos formales de legalización prescritos por las normas de los Estados Unidos de América, la Corte los tendrá como aptos para servir de prueba en este asunto, cumpliéndose así con la primera exigencia legal.

2.2. La identificación plena del solicitado en extradición.

La corporación observa que el ciudadano colombiano cuya entrega en extradición reclama el Gobierno de los Estados Unidos es el mismo que se halla privado de la libertad con ocasión de este trámite, conforme el pedido de detención provisional formulado por el país requirente en la nota verbal 2395 del 8 de noviembre de 2013 y la correspondiente orden de captura del 26 del mismo mes, dictada por el despacho del Fiscal General de la Nación.

La conclusión precedente se obtiene tras constatar que el Gobierno de los Estados Unidos allegó copia del informe de consulta expedido por la Dirección Nacional de Identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el que figuran los datos correspondientes a Carlos Andrés Espitia García, identificado con cédula de ciudadanía 79.792.076, nacido el 6 de junio de 1977 en Colombia, datos que igualmente suministran las citadas notas verbales 2395 y 0178 del 8 de noviembre de 2013 y 3 de febrero de 2014, respectivamente. De igual manera, aparecen corroborados en la información consignada al momento de ser aquel privado de la libertad y en el estudio de identidad elaborado por un servidor con atribuciones de policía judicial de la Fiscalía General de la Nación.

Así las cosas, el presupuesto de la identidad del ciudadano reclamado se satisface.

2.3. La comisión del hecho en territorio del país solicitante.

Este presupuesto se satisface a cabalidad, toda vez que bien puede afirmarse que, según el indictment proferido por la autoridad judicial de los Estados Unidos de América, la conducta atribuida a Espitia García en el cargo uno se realizó en ese país, pues fue allí, particularmente “dentro del Distrito Oriental de Nueva York”, donde se concertaron las voluntades para realizar transacciones financieras que afectaron el comercio interestatal o extranjero de los Estados Unidos de América; según las declaraciones de apoyo de la acusación foránea el ciudadano colombiano reclamado realizó en los Estados Unidos parte de los actos que se le atribuyen.

De manera similar, los hechos imputados en el cargo dos (la realizaron e intento de realizar transacciones financieras que afectaron el comercio interestatal o extranjero) ocurrieron también “dentro del Distrito Oriental de Nueva York y en otros lugares”.

Así las cosas, surge nítido que el delito que motiva el pedido de entrega acaeció en el territorio del país reclamante, no solamente porque allí Espitia García realizó una parte de su cometido ilícito, sino porque era en los Estados Unidos donde los efectos de los dos delitos imputados estaban llamados a producir sus efectos, situación que actualiza los criterios de territorialidad que describe el artículo 14, numerales 1º y 3º, del Código Penal.

En conclusión, el presupuesto de la territorialidad encuentra cabal acreditación.

2.4. El principio de la doble incriminación.

De conformidad con el numeral 1º del artículo 493 del Código de Procedimiento Penal de 2004, para que la extradición se pueda conceder se requiere que el hecho que la motiva esté previsto como delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años.

Según la acusación 13-461 dictada, el 1º de agosto de 2013, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, a Carlos Andrés Espitia García y a otras personas se les acusa, en esencia, por: i) concertar con otros para realizar transacciones financieras que afectaron el comercio interestatal o extranjero de los Estados Unidos (cargo uno) y ii) realizar e intentar realizar esa clase de transacciones, en particular, la entrega y transferencia de $ 300.000 en moneda de Estados Unidos, operación que incluyó las ganancias derivadas del narcotráfico.

En estas condiciones, la Sala advierte que los comportamientos que motivan el pedido de extradición encuentran adecuación típica en nuestro sistema penal.

La conducta descrita en el cargo uno del indictment corresponde al concierto para delinquir agravado, consagrado en el artículo 340, inciso segundo, de la Ley 599 de 2000 (norma modificada por los arts. 8º y 19 de las leyes 733 de 2002 y 1121 de 2006), y sancionado con pena de 8 a 16 años de prisión, toda vez que el concierto para delinquir (o conspiración, como lo denomina la acusación foránea), entendido como el acuerdo de voluntades entre varias personas con el fin de cometer delitos, claramente tuvo por objeto la realización de delitos. En particular, actividades constitutivas de lavado de activos, es decir transacciones financieras encaminadas a ocultar y disimilar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad y control de las ganancias de una actividad ilícita, en este caso, el tráfico de estupefacientes.

Así mismo, el “indictment” incluyó, en el cargo dos, la efectiva realización e intento de realizar las específicas actividades constitutivas de lavado de activos. Este comportamiento, a su vez, está tipificado en el artículo 323 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 42 de la Ley 1453 de 2011, en los siguientes términos:

“El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de (...) tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas (...), o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes”.

“(...)”

“El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o parcialmente, en el extranjero”.

“Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artículo se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando para la realización de las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introdujeren mercancías al territorio nacional”.

“(...)”

Cabe enfatizar que las conductas punibles de concierto para delinquir agravado y lavado de activos no configuran delitos políticos, fueron cometidos, según la acusación a la que se ha hecho referencia, entre los años 2006 y 2009, esto es, con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, y cada uno de ellos contempla pena privativa de la libertad cuyo mínimo supera ampliamente los cuatro años, tal como se desprende con claridad de las normas correspondientes.

Así las cosas, surge evidente que se cumple con el principio de la doble incriminación normativa y punitiva.

2.5. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero.

Por último, la Corte advierte que no existe dificultad para concluir que se cumple con el requisito de la equivalencia contemplado en el numeral 2º del artículo 493 de la Ley 906 de 2004, el cual exige “que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente”.

La Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York acusó a Carlos Andrés Espitia García por las conductas punibles señaladas en el acápite anterior, mediante acto procesal (acusación 13-461 de ago. 1º/2013) que en nuestra legislación equivale a la acusación, como emerge de las siguientes similitudes, que las tornan equivalentes:

a) Es un pliego concreto de cargos en contra del acusado para que se defienda de ellos en el juicio.

b) Formulada la acusación se inicia el juicio oral que finaliza con el respectivo fallo de mérito.

c) Se señalan los hechos, con especificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron y la calificación jurídica de las conductas, con indicación de las disposiciones sustanciales aplicables.

Ahora bien, para entender la naturaleza y contenido de esa pieza acusatoria o indictment resulta pertinente señalar que constituye el mecanismo para formular la acusación dentro del sistema procesal estadounidense en el nivel federal. El gran jurado, en ese escenario, se reúne por convocatoria que le hace el tribunal respectivo —de Distrito— y su función es determinar si en un caso criminal existe o no causa probable para acusar (probable cause). La causa probable es, entonces, el soporte razonable que permite conjeturar que una persona ha cometido un crimen.

Como puede observarse, es bien disímil la forma de introducir la acusación en el sistema federal acusatorio de los Estados Unidos de América si se le compara con la manera en que ello ocurre de conformidad con el procedimiento penal colombiano, ya sea que se trate del esquema de la Ley 600 de 2000 o de la Ley 906 de 2004.

Por lo tanto, el contenido del indictment del proceso de los Estados Unidos difiere del de la acusación nacional en cualquiera de las modalidades procesales actualmente en vigencia.

Sin embargo, como se anotó, eso no obsta para sostener que el mencionado indictment equivale a nuestra resolución de acusación, pues, básicamente, marca el comienzo del juicio en donde el acusado puede ejercer a plenitud la defensa, sin dejar de mencionar que en esa acusación, se plasma la conducta por la cual es llamado a responder, la época de su ejecución y las normas infringidas.

Por lo tanto, se observa que la acusación emitida por el tribunal extranjero es equivalente y tiene la misma fuerza vinculante de la acusación propia de nuestro sistema judicial.

VI. Acotación final

Resulta pertinente poner de presente al Gobierno Nacional que, en caso de conceder la extradición, se debe condicionar la entrega de modo tal que el ciudadano Carlos Andrés Espitia García no sea juzgado por hechos distintos a los que originaron la reclamación, ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le imponga la pena capital o perpetua, al tenor del artículo 494 del Código de Procedimiento Penal de 2004.

Así mismo, al Gobierno Nacional le corresponde condicionar la entrega a que el país reclamante, de acuerdo a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca al requerido posibilidades racionales y reales para que pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, amparo fundamental que se refuerza con la protección que a ese núcleo también prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 17 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el 23.

Además, conforme precisó la Corte en el Concepto del 15 de mayo de 2008 (Rad. 29024), como el mecanismo de la extradición entre Estados Unidos de América y Colombia, en ausencia de un instrumento internacional que lo regule, se rige por las normas contenidas en la Constitución Política (art. 35) y en el Código de Procedimiento Penal (arts. 490 y siguientes de la L. 906/2004), el Gobierno Nacional debe formular las exigencias que estime convenientes en orden a que en el Estado reclamante se le reconozcan al solicitado todos los derechos y garantías inherentes a la persona humana, en especial las contenidas en la Carta Fundamental y en el denominado bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos convenios internacionales ratificados por Colombia que consagran y desarrollan derechos humanos (art. 93 de la C.P., Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en virtud del deber de protección a esos derechos que para todas las autoridades públicas emana del artículo 2º ibídem.

De la misma manera, se exhorta al Gobierno, encabezado por el señor Presidente de la República como jefe de Estado, para que efectúe el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición y determine las consecuencias que se derivarían de su eventual incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 2º del artículo 189 de la Constitución Política.

Así mismo, en caso de que Carlos Andrés Espitia García sea absuelto, sobreseído, o por cualquier otra vía legal, declarado no culpable de los cargos que dieron origen a su extradición y, en consecuencia, dejado en libertad, el Estado reclamante —en el evento en que el ciudadano colombiano requerido en extradición desee regresar al país— deberá asumir sus gastos de transporte y manutención, de acuerdo con su dignidad humana (C.P., arts. 1º y 93).

Por último, se le pide al Ejecutivo que recomiende al Estado requirente que, en el evento de que el entregado en extradición sea objeto de una decisión condenatoria dentro del proceso por el que es reclamado, tenga en cuenta como parte de la pena el tiempo que haya podido estar privado de la libertad con motivo del trámite de extradición.

VII. Conclusión

En consecuencia, como la totalidad de los requisitos formales contemplados en los artículos 490, 493, 495 y 502 del Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004), incluidos los fijados en el artículo 70 de la Ley 1453 de 2011, modificatorio del 500 del estatuto mencionado, se satisfacen a cabalidad, la Corte CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, respecto del ciudadano colombiano Carlos Andrés Espitia García, en cuanto se refiere a los cargos uno y dos que se le imputan en la acusación 13-461, dictada el 1º de agosto de 2013, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

Acotación final

A la misma conclusión llegó el procurador 2º delegado para la casación penal, tras indicar que el documento en el cual consta la expresión de voluntad de Espitia García, así como el aval de su defensor, gozan de la presunción de autenticidad y son suficientes concluir que las manifestaciones allí plasmadas fueron hechas de forma libre, espontánea, voluntaria, informada y sin apremio de ninguna clase.

No obstante lo anterior, la Corte, de manera respetuosa, echa de menos el acta en la que, como suele ocurrir en estos casos en los que el requerido se acoge a la modalidad simplificada de la extradición, consta la entrevista personal sostenida por el representante del Ministerio Público con el mencionado ciudadano y su defensor, diligencia en la que de manera personal y directa el procurador delegado constata los presupuestos del mecanismo en cuestión, dada la trascendencia de las garantías fundamentales comprometidas.

La presunción de autenticidad a que se refiere el agente del Ministerio Público en su concepto opera respecto de los documentos públicos, naturaleza que no tienen los escritos a través de los cuales el solicitado y su defensor se acogieron al trámite de la extradición simplificada. En todo caso, dicha presunción se refiere a la certeza de la identidad de sus autores, como así lo enseña el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil que cita el delegado. Pero tal presunción no necesariamente acredita que la manifestación de voluntad expresada por los firmantes esté exenta de vicio. Es por esto que debido a la trascendencia de las garantías fundamentales que se involucran en el trámite jurídico-administrativo de la extradición es aconsejable que el Ministerio Público, como así lo hace en la mayoría de ocasiones, procure el contacto personal con el ciudadano solicitado y su defensor, para así velar por sus derechos y el interés de la sociedad.

Comuníquese esta determinación al requerido, a su defensor, al Ministerio Público y al Fiscal General de la Nación, para lo de su cargo.

Devuélvase el expediente al Ministerio del Interior y de Justicia, para lo de ley.

Comisión de servicio: Fernando Alberto Castro Caballero—José Luis Barceló Camacho—José Leónidas Bustos Martínez—Eugenio Fernández Carlier—María Del Rosario González Muñoz—Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.