Concepto 533 de agosto 31 de 1993 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

REPRESENTACION LEGAL DE PARTIDOS POLITICOS

NO LA PUEDE EJERCER UN CONGRESISTA

EXTRACTOS: «Entendida la representación legal como atributo de la personalidad en el derecho, es menester determinar si el ejercicio de la misma equivale al desempeño de un cargo o empleo. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define cargo como “dignidad, empleo, oficio”; a su vez el empleo está definido por el artículo 1º del Decreto 3074 de 1968 en los siguientes términos: “Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural”.

En consonancia con lo últimamente expresado se impone como conclusión que el ejercicio de las funciones asignadas a quien ostente la representación legal de una persona jurídica, implica desempeño de un cargo o empleo, el cual puede ser público o privado según la naturaleza de la actividad.

En la eventualidad de que un congresista de-sempeñase la representación legal de un partido político estaría atendiendo las funciones propias de un cargo o empleo de orden privado, lo cual le está vedado por expresa prohibición del numeral 1º del artículo 180 de la Constitución Política.

De otra parte, observa la Sala, que los congresistas son servidores públicos a tenor de lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución, motivo por el cual “no pueden celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales (art. 127 ibídem); sin embargo, ello no obsta para que puedan ejercer actividades de orden político; ni debe entenderse lo dicho como un cercenamiento del derecho consagrado en el artículo 107 y consistente en fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos. Sólo que la calidad de congresista limita el ejercicio de ciertas actividades, como las previstas en el numeral 1º del artículo 180 de la Carta, en razón de “la dedicación laboral exclusiva de éste a los deberes de su cargo; y además dicha prohibición procura alejarlo de toda situación que pudiera comprometer su independencia en las actuaciones propias de su investidura, bien ante otras autoridades públicas, o bien ante empleadores privados” (Interpretación y génesis de la Constitución de Colombia, Carlos Lleras de la Fuente y otros. Editorial Carrera 7ª, Santafé de Bogotá, D.C. 1992, pág. 321).

Finalmente debe aclararse que si bien es cierto que en el Reglamento del Congreso (Ley 5ª de 1992, art. 283), se enumeran algunas excepciones a las incompatibilidades constitucionales dentro de las cuales en su numeral 9º señala la de participar en los organismos directivos de los partidos o movimientos políticos, no es menos cierto que la disposición no cobija a los representantes legales por cuanto se hallaría en abierta oposición con lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 180 de la Constitución, el cual prohíbe a todo congresista “desempeñar cargo o empleo público o privado”.

En conclusión la Sala responde:

1. No puede un congresista ser representante legal de ningún partido o movimiento político con personería jurídica reconocida, por cuanto el desempeño de las funciones que le son inherentes implica el ejercicio de un cargo o empleo privado, lo cual está expresamente prohibido por el numeral 1º del artículo 180 de la Constitución.

Sin embargo, las personas que ostentan la investidura de congresistas pueden fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, así como participar en sus organismos directivos, porque ninguna de estas actividades constituye el ejercicio de un empleo.

2. Tampoco le está permitido a un congresista gestionar en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas ni celebrar contratos con ellas por sí o por interpuesta persona, salvo las excepciones constitucionales y legales. Igualmente, le está prohibido celebrar contratos y realizar gestiones con personas y entidades de derecho privado, si éstas son contratistas del Estado o administran fondos públicos (numerales 2º y 4º artículo 180 de la Constitución Nacional).

En los anteriores términos se absuelve la consulta formulada por el señor Ministro de Gobierno».

(Concepto de agosto 31 de 1993. Radicación 533. Consejero Ponente: Dr. Roberto Suárez Franco).

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