Concepto 557 de diciembre 7 de 1993 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

HOSPITALES

TOMA DE SU DIRECCION POR EL MINISTERIO

EXTRACTOS: «3.1. En el aspecto constitucional, se observa que en la Constitución de 1886 existía la institución de la intervención del Estado en los servicios públicos (art. 32); fue este el fundamento del artículo 39 del Decreto 056 de 1975 e igualmente del 49 de la Ley 10 de 1990 y su Decreto Reglamentario 1088 de 1991 (art. 53) y otras disposiciones concordantes. El artículo 334 de la Constitución también contempla la intervención del Estado en los servicios públicos.

3.2. De las normas pertinentes de la Constitución vigente a que se hizo referencia en la parte inicial de este estudio se tiene que la salud recibe el tratamiento de “servicio público” cuya organización, dirección y reglamentación compete al Estado.

Tal servicio puede ser administrado por entidades públicas o privadas. Su reglamentación corresponde al Congreso así como la delimitación de las funciones de inspección y vigilancia. Las asambleas departamentales, en concurrencia con los municipios, pueden reglamentar los servicios en los términos que determine la ley.

El ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia, corresponde al Presidente de la República.

Se observa entonces que los dos estatutos constitucionales le asignan al Estado la intervención en los servicios públicos.

Por consiguiente, las normas legales expedidas con fundamento en la Constitución de 1886, conservan su vigencia en la actualidad en cuanto no sean contrarias a la Carta que hoy nos rige.

3.3. En este orden de ideas, el artículo 39 del Decreto-Ley 056 de 1975, faculta al Ministerio de Salud para tomar transitoriamente la dirección administrativa y técnica de los hospitales que se encuentren funcionando en forma inconveniente; y esta calificación le corresponde, por disposición expresa del mismo artículo, al Ministerio de Salud.

La inspección y vigilancia es una función policiva que por mandato constitucional corresponde al Presidente de la República o a sus respectivos agentes y consiste, ante todo, en la verificación del buen funcionamiento del servicio de salud.

Por la facultad de intervención el Estado concreta la forma de prestación de la “asistencia pública y los criterios para definir las personas imposibilitadas para trabajar que carezcan de medios de subsistencia y de derecho a ser asistidas por otras (art. 2º Ley 10 de 1990).

El desarrollo de las funciones de inspección y vigilancia la ley considera unas formas de sanción, consagradas en el artículo 49 de la Ley 10 de 1990 que son: 1) La imposición de multas; 2) Intervención en la gestión administrativa y técnica; 3) Suspensión o pérdida definitiva de la personería jurídica y 4) Suspensión o pérdida de autorización para prestar servicios de salud.

Pero debe tenerse en cuenta que la intervención no implica una confiscación de la correspondiente entidad de salud intervenida. Toda la actividad de intervención del Ministerio de Salud o de la seccional delegada debe orientarse a lograr el correcto funcionamiento del establecimiento intervenido y no podrá prolongarse por un término superior a los seis meses y será admisible en aquellos órganos de la administración, o en las dependencias técnicas de la entidad intervenida, que estén influyendo en el “funcionamiento inconveniente de la entidad”; en este mismo sentido podrán suspenderse temporalmente las funciones de la junta directiva y de los demás órganos de administración que determine el ministerio en el acto en el cual se dispone la intervención.

De excederse el ministerio o quien haga sus veces en el ejercicio de la función de intervención, incurrirá en abuso de autoridad y tendrá que asumir la consiguiente responsabilidad.

Debe observarse que la aplicación del principio de intervención consagrado en dicha forma se aplica tanto a los hospitales públicos como a los privados que funcionen en forma irregular; tal intervención debe obedecer a razones de orden público, social, administrativo o técnico. Como la norma no distingue, debe ser interpretada en el sentido de que cobija a ambos tipos de establecimientos.

3.4. La Ley 10 de 1990, por la cual se reorganiza el sistema nacional de salud, establece que los servicios de la especialidad constituyen un servicio público (art. 1º), bien sea prestado por hospitales públicos, fundaciones o clínicas privadas. Igualmente la misma ley dispone que la Dirección Nacional del Sistema Nacional de Salud está a cargo del Ministerio de Salud (art. 8º) al que le corresponde, en desarrollo de la función de vigilancia y control, imponer las sanciones a que haya lugar.

Entre las sanciones a que se ha hecho mención se encuentra la de “intervención en la gestión administrativa y/o técnica de las entidades que prestan servicios de salud, por un término hasta de seis meses”. Esta intervención está reglamentada parcialmente, en cuanto a fundación o instituciones de utilidad común se refiere, por el artículo 53 del Decreto 1088 de 1991.

La Sala responde:

1. El Ministerio de Salud, es competente para intervenir en las instituciones hospitalarias públicas o privadas cuando a juicio del mismo se hallen funcionando inadecuadamente en sus sectores técnico o administrativo.

2. La facultad de intervención que consagra el artículo 39 del Decreto 056 de 1975 es aplicable a toda clase de hospitales tanto públicos como privados.

3. Como la facultad de intervención del Estado se ejerce a través del Ministerio de Salud, a éste corresponde, de conformidad con las normas legales vigentes o de los estatutos de la entidad, decidir la separación de quienes desempeñan los cargos de dirección administrativa o técnica.

4. Los órganos administrativos y de dirección, una vez levantada la intervención, entran nuevamente en funciones, salvo que conforme a la ley, a los estatutos o al acto de intervención hayan sido sustituidos.

5. Durante la intervención, el Ministerio de Salud podrá convocar a elección de junta directiva, ciñéndose estrictamente a los estatutos de la respectiva entidad. Esta ejercerá la plenitud de sus funciones una vez que sean levantadas las medidas de intervención.

En los anteriores términos se absuelve la consulta formulada por el señor Ministro de Salud”.

(Concepto de diciembre 7 de 1993. Radicación 557. Consejero Ponente: Dr. Roberto Suárez Franco).

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