Concepto 619 de junio 22 de 1994 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

CONTRALORÍAS MUNICIPALES

AUTONOMÍA PRESUPUESTAL

EXTRACTOS: «1. Según el artículo 272 de la Constitución, “la vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior y selectiva”. La de los municipios que no tengan contralorías corresponde a las contralorías departamentales.

2. De acuerdo con el artículo 272, inciso 3º, de la Constitución, “corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar las respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal”. Las asambleas y los concejos deben desarrollar este principio, respectivamente, mediante ordenanzas y acuerdos (Const., art. 300, ord. 7º; 313, ord. 6º, y 315, ord. 6º).

3. El artículo 315, ordinal 5º, de la Constitución prescribe que el alcalde debe “presentar oportunamente al concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio”. De manera que, según la transcrita disposición constitucional, el alcalde tiene iniciativa exclusiva para presentar a la consideración del concejo, entre otros, el proyecto de acuerdo sobre presupuesto de rentas y gastos.

4. Además, el artículo 352 de la Constitución dispone que, a más de lo que ella contempla, “la ley orgánica del presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el plan nacional de desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar”.

5. Lo expuesto significa que, como expresó la Sala en concepto de 11 de diciembre de 1992, “la Constitución prescribe que la ordenanza departamental o el acuerdo distrital o municipal que organice la contraloría debe dotarla de la estructura y el personal indispensable para el cumplimiento de las funciones que le corresponde; asignarle el presupuesto necesario para su normal funcionamiento y disponer que los gastos se ordenen por la misma entidad y que las funciones que le corresponden debe ejercerlas con absoluta independencia sin injerencia de ninguna entidad o funcionario”.

6. La autonomía presupuestal de las contralorías, prescrita por el artículo 272, inciso 3º, de la Constitución, implica que la ordenanza o el acuerdo de presupuesto, según se trate de contraloría departamental, distrital o municipal, debe señalar directamente los recursos indispensables para cubrir los gastos de funcionamiento de la entidad durante la vigencia fiscal; de donde se deduce que, según la Constitución, esos recursos no pueden consistir en “porcentajes de los presupuestos de las entidades descentralizadas municipales”, sino en guarismos específica y directamente asignados en el presupuesto para el funcionamiento de la correspondiente contraloría.

7. Si fuere necesario adicionar las partidas destinadas al funcionamiento de una contraloría distrital o municipal, el correspondiente proyecto de acuerdo debe ser presentado a la consideración del concejo municipal por el alcalde, de conformidad con la ley orgánica del presupuesto, como prescribe el artículo 352 de la Constitución. En consecuencia, la autonomía presupuestal de las contralorías municipales y distritales exclusivamente consiste en que los recursos asignados para los gastos de funcionamiento de la correspondiente entidad se deben administrar sin ninguna injerencia extraña, pero no habilita a los contralores para proponer directamente proyectos de acuerdo que modifiquen el presupuesto municipal, desconociendo la iniciativa privativa del alcalde, prescrita por el artículo 315, ordinal 5º, de la Constitución. De modo que el anteproyecto de presupuesto de gastos de la contraloría, como el que tenga por objeto modificar el presupuesto vigente, debe ser enviado al alcalde para que proponga a la consideración del concejo el correspondiente proyecto de acuerdo.

Con fundamento en lo expuesto la Sala responde:

1. Según la Constitución, las asambleas y los concejos distritales y municipales, respectivamente, mediante ordenanzas y acuerdos, deben organizar las contralorías departamentales, distritales y municipales, “como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal”.

2. Corresponde al concejo distrital o municipal, por iniciativa del alcalde, expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, que debe incluir las partidas necesarias para el funcionamiento de la contraloría. Las modificaciones o adiciones a las partidas presupuestales, adoptadas para gastos de la contraloría distrital o municipal, deben efectuarse mediante acuerdo, expedido por el concejo distrital o municipal, a iniciativa del alcalde. En consecuencia, el anteproyecto de presupuesto o el de reforma del mismo, que sea elaborado por la contraloría, debe remitirse al alcalde distrital o municipal para que presente a la consideración del concejo el correspondiente proyecto de acuerdo, conforme a lo prescrito por el artículo 315, ordinal 5º, de la Constitución.

3. La autonomía presupuestal de la con-traloría consiste en que las partidas asignadas para su funcionamiento se administren sin intromisión de ningún funcionario u órgano extraño a la entidad, pero no implica el reconocimiento al contralor de iniciativa para proponer a la consideración del concejo proyectos de acuerdo que adicionen o modifiquen las partidas destinadas a su funcionamiento en el presupuesto distrital o municipal.

4. El acuerdo de presupuesto debe determinar directa y específicamente las partidas necesarias para el funcionamiento de la contraloría, las cuales, por lo mismo, no pueden provenir de porcentajes de los presupuestos de las entidades descentralizadas de carácter municipal. Las partidas asignadas para el funcionamiento de la contraloría deben ser independientes de las correspondientes a las demás entidades del distrito o municipio.

La Ley 136 de 1994 corrobora lo expuesto.

Transcríbase, en sendas copias auténticas, a los señores Ministro de Gobierno y Secretario Jurídico de la Presidencia de la República».

(Concepto de junio 22 de 1994. Radicación 619. Consejero Ponente: Dr. Humberto Mora Osejo).

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