Concepto 620 de julio 12 de 1994 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

NORMAS SOBRE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

EXTRACTOS: «1. Las fundaciones o instituciones de utilidad común son personas jurídicas “creadas por la iniciativa particular para atender, sin ánimo de lucro, servicios de interés social, conforme a la voluntad de los fundadores” (D.L. 3130/68, art. 5º). En este orden de ideas la jurisprudencia ha sostenido que las fundaciones son personas jurídicas que se constituyen mediante la afectación irreversible de un patrimonio o de una masa de bienes, a un fin de utilidad o beneficencia pública, por parte de sus constituyentes o fundadores.

La corporación es una asociación de personas que persigue como fin la prestación de un servicio o el desarrollo de una actividad que les represente a los corporados un beneficio o una expansión; en ningún caso se puede perseguir el ánimo de lucro.

2. Tanto las fundaciones o instituciones de utilidad común, como las asociaciones o corporaciones, están sometidas a la inspección y vigilancia de las autoridades estatales.

Sin embargo, para el caso comentado, se impone observar que existe una regulación especial para las instituciones educativas de utilidad común o fundaciones y para las asociaciones sin ánimo de lucro, cuando sus fines sean eminentemente educativos, científicos, tecnológicos, culturales o de recreación o deporte. Tal reglamentación se encuentra consagrada en el Decreto 525 de 1990. Por otra parte también existe una reglamentación de carácter general prescrita por el Decreto 1529 de 1990, sobre el reconocimiento y cancelación de personerías jurídicas de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad común, en los departamentos.

De lo anteriormente expuesto se tiene entonces que existen ordenamientos jurídicos diversos que reglan la inspección y vigilancia de las personas jurídicas sin ánimo de lucro; en efecto, mientras por el Decreto 1529 de 1990 se acoge un estatuto de carácter general sobre la materia aplicable al común de tales personas jurídicas, el Decreto 525 de 1990 se refiere específicamente a las fundaciones o instituciones de utilidad común con fines eminentemente educativos.

Como consecuencia de lo anterior y teniendo en cuenta el principio de hermenéutica según el cual la “disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general” (L. 57/1887, art. 5º), resulta que en materias relacionadas con la inspección y vigilancia, entre las que se encuentra el reconocimiento y cancelación de personería jurídica de las instituciones educativas de utilidad común y fundaciones y asociaciones con fines educativos, científicos, tecnológicos, culturales, de recreación o deporte, son preferentemente aplicables las normas contenidas en el Decreto 525 de 1990 y las leyes 24 de 1988 y 29 de 1989 frente a las demás disposiciones legales de carácter general. Pero, en los aspectos relativos con el reconocimiento o cancelación de personería jurídica de estas entidades educativas no reguladas por normas especiales es preciso aplicar las disposiciones de carácter general.

No sobra agregar que en materia referente al reconocimiento y cancelación de personerías jurídicas de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad común, con actividades diferentes a las educativas, científicas, tecnológicas, culturales, de recreación o deporte, son aplicables las normas del Decreto 1529 de 1990; pero las disposiciones de carácter especial contenidas en las leyes 24 de 1988 y 29 de 1989 y en el Decreto 525 de 1990 no pueden extenderse a casos no contemplados en ellas.

Por último, debe tenerse en cuenta que el artículo 38 de la Constitución Política, consagra el derecho de libre asociación; y el 39 inmediatamente siguiente lo reitera pero con modalidades propias, especialmente referidas a los sindicatos, a las asociaciones de empleadores y trabajadores y en fin, a ciertas asociaciones gremiales. Todo ello no puede confundirse con el tratamiento que reciben las corporaciones, fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro, pero particularmente las que persiguen fines educativos, que gozan de una reglamentación particular contenida en la ley.

Lo anterior lleva a la conclusión de que el reconocimiento de la personería jurídica de las asociaciones previstas por el artículo 39 de la Constitución tiene una reglamentación específica y su cancelación solo es factible mediante una decisión judicial.

No así las corporaciones, fundaciones o instituciones de utilidad común y demás asociaciones, pero específicamente las referidas con fines educativos o docentes, las cuales se hallan sometidas a los ordenamientos legales específicos que las rigen y a los cuales ya se ha referido la Sala.

III. La Sala responde

1. El Decreto 525 de 1990, por razón de su especialidad, solo es aplicable en cuanto a inspección y vigilancia y, de consiguiente, en lo que respecta al reconocimiento y cancelación de personerías jurídicas a las entidades con fines educativos, científicos, tecnológicos, culturales y de recreación o deportes. No es extendible a las asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad común, referidas en el Decreto 1529 de 1990.

2. Las disposiciones del Decreto 525 de 1990 se aplican a las entidades en él señaladas. El Decreto 1529, que es de carácter general, se aplica-rá a todas las entidades sin ánimo de lucro, incluyendo las de carácter educativo, en el caso de ausencia de norma especial al respecto.

3. Las sanciones prescritas por el artículo 24 del Decreto 525 de 1990 y el procedimiento en él señalado son aplicables con exclusividad a las instituciones de utilidad común que persiguen fines educativos.

4. En un mismo orden de ideas el comité de inspección y vigilancia previsto en el Decreto 525 citado tiene operancia para las instituciones educativas de utilidad común.

5. Las disposiciones legales que otorgan facultades a la administración para cancelar la personería jurídica de corporaciones, asociaciones y fundaciones o instituciones de utilidad común, distintas a las previstas en el artículo 39 de la Constitución, mantienen su vigencia.

Los sindicatos, las asociaciones de trabajadores y empleadores así como las entidades gremiales se rigen por lo dispuesto en el mencionado artículo 39 de la Constitución y demás normas que lo desarrollan. De consiguiente, la cancelación de su personería jurídica debe obedecer a una decisión judicial.

En los anteriores términos se absuelve la consulta formulada por el señor Ministro de Gobierno».

(Concepto de julio 12 de 1994. Radicación 620. Consejero Ponente: Dr. Roberto Suárez Franco).

____________________________