Concepto 732 de octubre 3 de 1995 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

RESPONSABILIDAD FISCAL

CARACTERÍSTICAS

Consejero Ponente:

Dr. Javier Henao Hidrón

Ref.: Consulta sobre asuntos relacionados con la responsabilidad fiscal y los procesos de jurisdicción coactiva. Radicación número 732.

Bogotá, D.C., tres de octubre de mil novecientos noventa y cinco.

El señor Ministro del Interior dice que a solicitud del Contralor del Departamento de Cundinamarca y presidente del Consejo Nacional de Contralores, desea conocer el concepto de la Sala en relación con los siguientes temas:

“1.1. De conformidad con la Carta Política y la Ley 42 de 1993, ¿pueden las contralorías determinar los perjuicios derivados de las responsabilidades fiscales?

1.2. ¿Pueden los contralores determinar responsabilidades fiscales consistentes en sobrecostos, v.gr., derivadas de contratos celebrados entre el Estado y un particular?

1.3. Con un exclusivo interés académico se pregunta, ¿la responsabilidad fiscal es una especie de la responsabilidad civil o patrimonial —género— del servidor público?

2. ¿Cuál es la caducidad de la acción fiscal? Y si ésta corresponde a los dos años señalados por la Corte Constitucional en la sentencia en que declaró la exequibilidad del artículo 17 de la Ley 42 de 1993.

3. En relación con el tema de los intereses moratorios aplicables en los procesos de jurisdicción coactiva que cursan en las contralorías, se pregunta si son aplicables los intereses que devengan los créditos a favor de la Nación del 12% anual, contenidos en el artículo 9º de la Ley 68 de 1923.

4. Sobre el mismo tema de la jurisdicción coactiva, el artículo 91 de la Ley 42 de 1993, faculta a los contralores para delegar el ejercicio de esta atribución, en la dependencia “que de acuerdo con la organización y funcionamiento de la entidad se cree para el efecto”. Se pregunta si contra los actos del delegatario es procedente o no interponer el recurso de apelación, cuando —como en el caso que nos ocupa— contra los actos del delegante no tiene cabida”.

La Sala considera y responde

I. Responsabilidad fiscal. Al respecto, el consultante se expresa de este modo:

“En sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, se afirmó que la denominada responsabilidad fiscal era una especie del género de la responsabilidad civil o patrimonial de los servidores públicos, y que las contralorías no tenían competencia —a través de un proceso de responsabilidad fiscal— para determinar los “perjuicios” que pueda sufrir el Estado como consecuencia de un detrimento patrimonial causado por la acción u omisión de un servidor suyo. El Consejo de Estado, afirmó que la competencia para fijar dichos “perjuicios”, radica exclusivamente en la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.

La sentencia a que se alude es de 7 de marzo de 1991, expediente Nº 820 y en ella, al tratarse el tema de la responsabilidad, la Sección Primera sostuvo que “puede ser de tipo penal, administrativo o disciplinario, o de carácter civil o patrimonial —incluido en ésta la denominada responsabilidad fiscal de los funcionarios de manejo y ordenadores del gasto público, que sólo es una especie del género—, según que el hecho imputado constituya un delito definido por la ley, una falta disciplinaria consagrada expresamente como tal por el ordenamiento jurídico, o cause un daño o perjuicio al patrimonio público o a otras personas de derecho privado” (los subrayados son del texto).

En la misma providencia, la Sección Primera aseveró que a la Contraloría General de la República corresponde determinar “las sumas de dinero por las cuales debe responder el empleado, según el valor de los bienes, dineros y especies que no se han administrado de acuerdo con la ley, pero sin que pueda determinar los perjuicios —entendidos por tales la ganancia ilícita que deja de obtenerse, o deméritos o gastos que se ocasionen por acto u omisión de otro y que éste debe indemnizar, a más del daño o detrimento material causado por modo directo— que pueda sufrir la Nación o el establecimiento público”. Agregó que “el acto administrativo, por medio del cual se determina la responsabilidad civil o patrimonial de naturaleza fiscal, una vez ejecutoriado, presta mérito ejecutivo, el cual puede hacerse efectivo por el procedimiento de la jurisdicción coactiva”, y concluyó diciendo que la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para establecer los “perjuicios” ocasionados por el empleado público a la administración, previo el ejercicio de la acción contencioso-administrativa correspondiente, que puede incoar el representante legal de la entidad contratante o la Procuraduría General de la Nación (conforme a lo dispuesto en el artículo 292 del Decreto-Ley 222 de 1983, entonces vigente).

Con la advertencia de que el fallo mencio-nado fue proferido con anterioridad o la promulgación de la Constitución Política de 1991, la Sala observa lo siguiente:

La responsabilidad es una noción que en el mundo contemporáneo forma parte esencial del Estado de derecho, como instrumento coercible destinado a mantener el imperio de la ética administrativa y a garantizar la efectividad de los derechos y obligaciones de los asociados y de las entidades públicas. En Colombia, donde se predica tanto de los particulares como de los servidores públicos, emana directamente de la ley suprema: los primeros responden ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, y los segundos, por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Tal es el precepto contenido en el artículo 6º de la Carta Política, de donde se derivan diversas clases de responsabilidad: la penal, la civil, la disciplinaria, la fiscal, y la responsabilidad política, deducible ésta a altos funcionarios por medio de juicios políticos. Cada una de ellas está tipificada en el ordenamiento constitucional o legal, atendiendo a los siguientes aspectos: los actos por los cuales se responde, el bien o valor jurídico tutelado y el sujeto pasivo involucrado en su aplicación.

La responsabilidad fiscal se deduce del ejercicio del control fiscal, entendido éste como una gestión pública mediante la cual se vigila la labor fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes. Dicho control es ejercido por las contralorías (la General de la República, las departamentales, las distritales y las municipales), que para tal efecto son organizadas como entidades de carácter técnico, dotadas de autonomía administrativa, presupuestal y contractual. Los procedimientos, sistemas y principios de conformidad con los cuales deben ejercer el mencionado control, son establecidos por la ley, que hoy en día es la Ley 42 de 1993, normatividad en donde se desarrollan los nuevos criterios constitucionales acerca de la vigilancia de la gestión fiscal del Estado.

Esos nuevos criterios de rango constitucional son esencialmente la estructura de un control independiente y autónomo de la gestión administrativa, en la cual no puede inmiscuirse, y para que se mantenga alejado de ella, es concebido como posterior y selectivo, pero integral, en cuanto comprende no solamente un control numérico-legal sino también de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y, además —como novedad digna de resaltarse— en la valoración de los costos ambientales.

Por eso es admisible afirmar que el constituyente de 1991 sentó las bases para la conformación autónoma y como disciplina jurídico-técnica, del derecho fiscal, al cual contribuyó con nuevas modalidades de control fiscal; con la organización de un proceso de responsabilidad fiscal que no sólo involucra a servidores públicos sino que también puede comprender a los contratistas y particulares vinculados al proceso, que hubieren causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado; con el otorgamiento del carácter de autoridad de policía judicial a los funcionarios que realicen funciones de investigación fiscal, y con la conformación de una jurisdicción coactiva de perfiles más rigurosos, en donde únicamente se admite que sean demandables ante la jurisdicción contencioso administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan la ejecución.

Todo ello permite deducir que la responsabilidad fiscal tiene características que la diferencian de los demás tipos de responsabilidad, incluyendo la civil, de donde se desprendió para adquirir su propia personalidad. Un ejemplo que sirve para entender esta orientación, es el que trae el tratadista argentino Marienhoff, quien explica que en su país la responsabilidad “civil” de los agentes públicos (funcionarios y empleados) se produce cuando cierta actividad de los mismos ocasiona un daño, sea a los administrados, a otros funcionarios e incluso al propio Estado. Pero con respecto a éste, la responsabilidad es propiamente “civil”, es decir, aquiliana o extracontractual sólo si el daño lo ha sufrido la entidad pública en una esfera distinta a aquella en que actúa normalmente el funcionario como consecuencia de la relación de función o de empleo públicos, que se estima de naturaleza contractual, nacida de un contrato administrativo, stricto sensu, el contrato de empleo público, mientras que en el otro caso de responsabilidad el Estado aparece en posición de “tercero”(1).

En nuestro país la responsabilidad fiscal ha adquirido suficiente grado de identidad. Surge cuando el daño al patrimonio del Estado es producido por un agente suyo que actúa en ejercicio de la gestión fiscal de la administración o por particulares o entidades que manejan fondos o bienes públicos y como consecuencia de irregularidades encontradas por los funcionarios de los organismos de control fiscal, quienes tienen competencia para adelantar los respectivos procesos, deducir la consiguiente responsabilidad e imponer las sanciones pertinentes, para lo cual cumplen el tipo de gestión pública a que se refiere el artículo 267 de la Carta Política, en donde la responsabilidad fiscal encuentra su específico fundamento.

Por tanto, la responsabilidad fiscal no debe ser tratada como una especie de responsabilidad civil, sino más bien como uno de los distintos tipos que emanan del género responsabilidad, cuya fuente directa es, como se dejó expresado, el artículo 6º de la Constitución.

Consecuencia de la responsabilidad fiscal es la sanción fiscal. Ésta comprende no sólo la sanción fiscal propiamente dicha, originada en un daño patrimonial ocasionado al Estado, sino también las sanciones disciplinarias fiscales que, consistentes en multas, son aplicables con sujeción al artículo 101 de la Ley 42 de 1993 cuando se presenten casos de incumplimiento de obligaciones fiscales o conductas que entorpecen o dificultan el ejercicio de la función fiscalizadora de las contralorías.

La responsabilidad fiscal, además, se entiende sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria y penal a que hubiere lugar. En tratándose de ésta, los contralores, por sí mismos o por medio de los abogados de su dependencia, podrán constituirse en parte civil dentro de los procesos penales que se adelanten por delitos contra intereses patrimoniales del Estado y sus conexos.

Aquella responsabilidad origina un proceso que, iniciado de oficio o a petición de parte por los organismos de control, se divide en dos etapas: investigación y juicio fiscal. Esta última se adelanta con el objeto de definir y determinar la responsabilidad de las personas cuya gestión fiscal haya sido objeto de observación, y termina con la providencia motivada que contiene el fallo respectivo, el cual puede dictarse con o sin responsabilidad fiscal (L. 42/93, arts. 72 a 89).

El objeto de la responsabilidad fiscal consiste en que las personas encargadas de la recaudación, manejo o inversión de dineros públicos o de la custodia o administración de bienes del Estado, que por acción u omisión y en forma dolosa o culposa, asuman una conducta que no está acorde con la ley —o cualquier otro funcionario que contraiga a nombre de los órganos oficiales obligaciones no autorizadas por aquélla—, deberán reintegrar al patrimonio público los valores correspondientes a todas las pérdidas, mermas o deterioros que como consecuencia se hayan producido.

En el estatuto orgánico del presupuesto (Leyes 38 de 1989 y 179 de 1994, compiladas en lo pertinente mediante el Decreto 360 de 1995), se determinan “las responsabilidades fiscales” en los términos siguientes:

“Además de la responsabilidad penal a que haya lugar, serán fiscalmente responsables:

a) Los ordenadores de gasto y cualquier otro funcionario que contraiga a nombre de los órganos oficiales obligaciones no autorizadas en la ley o que expidan giros para pagos de las mismas;

b) Los funcionarios de los órganos que contabilicen obligaciones contraídas contra expresa prohibición o emitan giros para el pago de las mismas;

c) El ordenador de gastos que solicite la constitución de reservas para el pago de las obligaciones contraídas contra expresa prohibición legal;

d) Los pagadores y el auditor fiscal que efectúen y autoricen pagos, cuando con ellos se violen los preceptos consagrados en el presente estatuto y en las demás normas que regulan la materia.

PAR.—Los ordenadores, pagadores, auditores y demás funcionarios responsables que estando disponibles los fondos y legalizados los compromisos demoren sin justa causa su cancelación o pago, incurrirán en causal de mala conducta”.

Por otra parte, “los ordenadores y pagadores serán solidariamente responsables de los pagos que efectúen sin el lleno de los requisitos legales”.

Al dictarse el fallo a que se refiere el consul-tante, estaba rigiendo el artículo 89 de la Ley 38 de 1989, atrás transcrito. Fue con base en esta disposición que la Sección Primera sostuvo que la responsabilidad de los indicados funcionarios ya no comprendía los “perjuicios” que ocasionen (como se disponía en el artículo 163 del Decreto-Ley 294 de 1973 o anterior estatuto orgánico del presupuesto general de la Nación), sino la responsabilidad fiscal, que siempre ha correspondido a la Contraloría General determinar y fijar en términos económicos, excluidos los eventuales perjuicios que corresponde determinar, previo el debido proceso, a los jueces administrativos de la República.

La Sala considera que la jurisprudencia de la Sección Primera de esta Corporación, en lo relacionado con la determinación de eventuales “perjuicios”, conserva validez porque se fundamenta en las referidas normas sobre responsabilidad fiscal, que no han perdido vigencia, en las competencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y porque no pugna con los criterios sobre control fiscal establecidos en la Constitución de 1991 y en la Ley 42 de 1993. Por el contrario, el nuevo texto constitucional avala esta tesis, cuando se refiere a los alcances deducidos de la responsabilidad fiscal:

“ART. 268.—El Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones: (...).

5. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma”.

La aplicación de esta norma se hace extensiva a los contralores departamentales, distritales y municipales por remisión del artículo 272, inciso sexto, ibídem.

Ahora bien: en materia de contratación estatal, la intervención de las contralorías se realiza una vez agotados los trámites administrativos de legalización de los contratos, con el objeto de ejercer control posterior y selectivo sobre las cuentas correspondientes a los pagos originados en los contratos, para verificar que éstos se ajustaron a las disposiciones vigentes, y una vez liquidados o terminados aquéllos, para efectos del control financiero, de gestión y de resultados (L. 80/93, art. 65). La responsabilidad fiscal puede comprender a los contratistas y a los particulares (consultores, interventores y asesores) que vinculados al proceso, hubieren perjudicado los intereses patrimoniales del Estado (L. 42/93, art. 83).

También la responsabilidad fiscal es independiente de la responsabilidad civil y penal por acciones u omisiones en la actuación contractual, deducida en los términos de la ley (L. 80/93, arts. 51 a 53 y 56).

El mantenimiento de la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso, es la razón de ser de la llamada ecuación contractual; mas si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, será deber de las partes adoptar “en el menor tiempo posible” las medidas necesarias para su restablecimiento (L. 80/93, art. 27). Como consecuencia, las entidades estatales actuarán de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista (ibídem, art. 4º, num. 9º).

Si con transgresión de las normas o estipulaciones contractuales, llegaren a generarse sobrecostos en los contratos celebrados entre el Estado y un particular, por conductas imputables a servidores de la entidad estatal, habrá lugar a deducir la correspondiente responsabilidad fiscal. De igual manera, si la conducta imputable se predica de particulares que intervienen en el proceso de contratación.

II. Caducidad de la acción fiscal. Se refiere el consultante a la caducidad de la acción fiscal e indaga si ésta corresponde a los dos años señalados por la Corte Constitucional en sentencia Nº 46 de 10 de febrero de 1994, mediante la cual fue declarado exequible el artículo 17 de la Ley 42 de 1993, cuyo texto es el siguiente:

“Si con posterioridad a la revisión de cuentas de los responsables del erario aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o irregulares relacionadas con ellas se levantará el fenecimiento y se iniciará el juicio fiscal”.

En aquella oportunidad, la Corte Constitucional se expresó en los términos siguientes:

“...En razón de la remisión que al Código Contencioso Administrativo y al Código de Procedimiento Penal hace el artículo 89 de la Ley 42 de 1993 con el objeto de completar e integrar la regulación de la responsabilidad fiscal de los funcionarios del erario, no cabe duda de que a la luz del artículo 66-2 del primero, el acto administrativo de fenecimiento deberá entenderse que pierde fuerza ejecutoria como consecuencia de la desaparición de sus fundamentos de hecho. No obstante, el proceso de responsabilidad fiscal —conservando en estos aspectos la remisión al Código Contencioso Administrativo por la afinidad y naturaleza de la materia— sólo podrá iniciarse dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se hubiere realizado el acto de fenecimiento de la respectiva cuenta (...). Si el término de caducidad de dos años lo establece la ley para la acción de reparación directa enderezada contra el Estado y cuyo objeto es el de deducir su responsabilidad por un hecho, omisión u operación suya (CCA, art. 136) el mismo término deberá predicarse mutatis mutandis de la iniciación del proceso de responsabilidad fiscal por parte de los organismos de control fiscal y que apunta a deducir la existencia, contenido y alcance de la responsabilidad fiscal de las personas que han manejado los intereses patrimoniales del Estado. Lo anterior no es óbice para que los autores de las operaciones fraudulentas o irregulares puedan ser objeto de investigación y sanción penal y que, en este caso, la entidad respectiva obtenga la correspondiente indemnización”.

Evidentemente, el artículo 89 de la Ley 42 de 1993 preceptúa que “en los aspectos no previstos en este capítulo”, es decir, en el capítulo III del título II denominado “El proceso de responsabilidad fiscal”, se aplicarán las disposiciones contenidas en el Código Contencioso Administrativo o en el Código de Procedimiento Penal, según el caso. Y como en dicho capítulo no está previsto un término de caducidad para el ejercicio de la acción fiscal, habrá de acudirse, en procura de un criterio interpretativo, a la regulación de materias semejantes por el Código Contencioso Administrativo. Este código, en su artículo 136, trata el tema relacionado con la “caducidad de las acciones”, entre las que contempla: la de nulidad, la de restablecimiento del derecho, la sobre los actos presuntos que resuelven un recurso, las de nulidad y de restablecimiento del derecho contra los actos de adjudicación de baldíos, las relativas a contratos, la electoral, y la de reparación directa; es esta última, mediante la cual la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa de la petición sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos, la que ofrece características más cercanas a la acción fiscal que, a su vez, busca deducir responsabilidad y hacer efectiva la obligación de compensar el daño causado al patrimonio del Estado como consecuencia de la administración o manejo irregular de fondos o bienes de su propiedad.

La caducidad de la acción de reparación directa se produce “al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir de la producción del acto o hecho”, término que será aplicable, por la remisión que hace el artículo 89 de la Ley 42 de 1993, a la acción fiscal.

III. Intereses moratorios aplicables en los procesos de jurisdicción coactiva. Conforme a conocido precepto del Código Civil, artículo 1617, la indemnización por mora proveniente de las obligaciones civiles consistentes en pagar una cantidad de dinero, se rige, a falta de estipulación convencional o de expresa autorización de cobro de los intereses corrientes, por un interés legal del seis por ciento (6%) anual.

La materia relativa a intereses ha sido consignada en diversos ordenamientos legales, con el objeto de regular su incidencia en asuntos mercantiles, tributarios, de contratación administrativa, de valorización, etcétera. Así, el Código de Comercio equipara el interés legal comercial con el interés bancario corriente, cuya tasa debe certificar el Superintendente Bancario, y señala como límite máximo del interés moratorio convencional el duplo del interés bancario corriente (ibídem, arts. 883 y 884); el estatuto tributario, artículo 635, determina que la tasa de interés moratoria será equivalente a la tasa de interés de captación más representativa del mercado a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, según certificación que al respecto emita la Superintendencia Bancaria, aumentada dicha tasa en una tercera parte, debiendo el gobierno publicar en el mes de febrero de cada año, la tasa de interés moratoria, que regirá durante los doce (12) meses siguientes (conforme a la Resolución 376 de 1995, la tasa de interés moratorio para efectos tributarios que regirá entre el 1º de marzo de 1995 y el 29 de febrero de 1996 será del 49.72% anual, la cual se liquidará por cada mes o fracción de mes calendario de retardo en el pago de los impuestos, anticipos y retenciones administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), y en los contratos estatales, en caso de no haberse pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado (L. 80/93, art. 4º, num. 8º).

Pero concretamente en relación con los créditos a favor del tesoro público —salvo lo especialmente dispuesto para efectos tributarios— la norma vigente es la Ley 68 de 1923, cuyo artículo 9º prescribe:

“Los créditos a favor del Tesoro devengan intereses a la rata del doce por ciento (12%) anual, desde el día en que se hagan exigibles hasta aquel en que se verifique el pago”.

La Sala estima, por consiguiente, que la tasa del 12% anual es la aplicable a los intereses moratorios que se causen en los procesos por jurisdicción coactiva de competencia de las contralorías.

IV. Delegación del ejercicio de la jurisdicción coactiva. Dispone el artículo 91 de la Ley 42 de 1993 que los contralores, para exigir el cobro coactivo de las deudas fiscales, podrán delegar el ejercicio de esta atribución en la dependencia que de acuerdo con la organización y funcionamiento de la entidad se cree para este efecto.

Se pregunta si contra los actos del delegatario procede el recurso de apelación, habida consideración de que contra los actos del delegante, titular de la competencia, no tiene cabida.

Es cierto, como lo explica el consultante, acogiendo una interpretación tradicional y ortodoxa que se resume en la frase “lo que hace el delegatario es como si lo hiciera el delegante”, que el acto de delegación implica la transferencia de una función o competencia en forma integral a un delegatario, caso en el cual el efecto jurídico derivado de esas actuaciones es el mismo que resultaría en el evento de que las hubiese producido directamente el delegante.

De conformidad con esa interpretación, no cabe el recurso de apelación ante el superior jerárquico contra los actos que profiera la dependencia de la contraloría en la cual ha sido delegada la facultad para adelantar el proceso de jurisdicción coactiva, regulado en los artículos 90 a 98 de la Ley 42 de 1993 y que tiene como finalidad el cobro de los créditos fiscales que nacen de los alcances líquidos contenidos en los correspondientes títulos ejecutivos.

Esa interpretación y respuesta son válidas, siempre que el legislador no haya establecido el aludido recurso. Porque podría hacerlo, en procura de garantizar de una mejor manera los intereses del sujeto pasivo de una obligación, o en otro supuesto, los derechos de los ciudadanos que acuden ante la administración en defensa de los mismos. A ese respecto, prescribe el inciso final del artículo 211 de la Constitución: “La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos de los delegatarios”.

V. Respuestas de la Sala. En concordancia con las anteriores consideraciones, la Sala responde:

1. A las contralorías corresponde determinar la responsabilidad fiscal. Los eventuales perjuicios derivados de la misma, son de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

2. Es función de las contralorías determinar responsabilidades fiscales derivadas de sobrecostos en contratos celebrados entre el Estado y un particular, siempre y cuando aquéllos se originen en causas imputables a determinada o determinadas personas de las que intervienen en el proceso de contratación.

3. La responsabilidad fiscal, en Colombia, no debe considerarse como una especie de la responsabilidad civil, sino como otra especie del género responsabilidad, de conformidad con la cual los servidores públicos responden por infringir la Constitución y las leyes, y por omisión y extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

4. El término de caducidad de la acción fiscal es de dos (2) años, contados a partir de la producción del acto o hecho.

5. Los intereses moratorios que devengan los créditos a favor de las entidades públicas en los procesos de jurisdicción coactiva que cursan en las contralorías, son del doce por ciento (12%) anual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley 68 de 1923.

6. En las contralorías, los actos del dele-gatario en los procesos de jurisdicción coactiva, no son apelables ante el delegante o titular de la competencia, pero la ley puede establecer el recurso de apelación.

Transcríbase, en sendas copias auténticas, a los señores Ministro del Interior y Secretario Jurídico de la Presidencia de la República (CCA, art. 112).

Roberto Suárez Franco, Presidente de la Sala—Javier Henao Hidrón—César Hoyos Salazar—Luis Camilo Osorio Isaza.

Elizabeth Castro Reyes, Secretaria de la Sala.

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