Concepto 735 de octubre 3 de 1995 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

REINTEGRO DE TRABAJADORES OFICIALES

SUPRESIÓN DEL CARGO QUE SE DESEMPEÑABA

EXTRACTOS: «1. Supresión del cargo o empleo. La modificación en las plantas de personal de las entidades estatales suele ocasio-nar la supresión de empleos; ello es consecuencia de la adaptación a una nueva estructura orgánica de la entidad, la redistribución o reclasificación de cargos. Esta facultad de la administración tiene como fuente primigenia el principio constitucional en que la función administrativa está al servicio de los intereses generales.

El ejercicio de la facultad constitucional consistente en suprimir cargos corresponde al Presidente de la República, tal como lo dispone el artículo 189 numeral 14 de la Carta, lo que da lugar a la terminación del vínculo legal y reglamentario de los empleados públicos o la terminación de los contratos de trabajo con los trabajadores oficiales. En este caso se produce el retiro del servicio y la consecuente indemnización que se liquidará de conformidad con la tabla señalada en el artículo 148 del Decreto 2171 de 1992.

En el caso de estudio, la planta de personal del Ministerio de Obras Públicas y Transporte permaneció vigente hasta el 31 de diciembre de 1993; se sigue, entonces, que los cargos que no fueron incorporados a la nueva planta adoptada por el Decreto 2665 de 1993, se suprimieron a partir del 1º de enero de 1994.

El artículo 122 de la Carta prohíbe la existencia de un empleo público que no tenga funciones detalladas, en la ley o reglamento; en consecuencia, si no existe el cargo, tampoco hay funciones por cumplir lo que conduce a que no se justifique la existencia del respectivo servidor en la administración y la consiguiente falta de causa legal para devengar salario.

De otra parte, el decreto de reestructuración del Ministerio de Obras Públicas y Transporte como Ministerio de Transporte, reconoce indemnización a quienes se les suprima el empleo como consecuencia de tal reestructuración; pero prevé la incompatibilidad entre dicha indemnización con la convencional por terminación unilateral y sin justa causa prevista para los contratos de trabajo de los trabajadores oficiales (D. 2171/92, art. 153).

2. Efectos de la sentencia de reintegro. Las providencias judiciales ejecutoriadas son de obligatorio cumplimiento. Expresa el artículo 176 del CCA que las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia dictarán, dentro del término de treinta (30) días, contados desde su comunicación, la resolución correspondiente por la cual se adoptan las medidas necesarias para su cumplimiento.

Debe entenderse entonces y en consonancia con los supuestos enunciados en la consulta que, el cumplimiento del reintegro para los trabajadores oficiales, implica que los cargos a los cuales deban reintegrarse y que ocupaban antes de producirse la desvinculación que se impugnó, permanezcan incluidos en la planta de personal.

Ahora bien, si la sentencia faculta el reintegro para que a falta del cargo se provea otro de superior jerarquía, deberá cumplirse. Pero, si como lo expresa el texto de la consulta, los cargos de unos trabajadores oficiales fueron suprimidos, nos hallamos en presencia de una decisión judicial de imposible cumplimiento, en los términos en que está formulada la consulta.

Ante tal eventualidad, la administración deberá emitir el acto administrativo correspondiente, mediante el cual se reconozcan los salarios y prestaciones debidos hasta el momento de supresión del cargo, y la indemnización prevista por el Decreto 2171 de 1992.

La liquidación al trabajador oficial, cuyo reintegro se ordena en la sentencia, no podrá ir más allá de la fecha en la cual se adoptó la nueva planta de personal, esto es el 1º de enero de 1994, en razón de que de todas maneras se le hubiera suprimido el cargo en esa fecha. No existe causa legal para el reconocimiento de salarios y prestaciones después del 31 de diciembre de 1993.

Ahora bien, como se expresó, la indemnización por causa de la supresión del cargo opera por disposición legal; pero no hay lugar al pago de indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo, en razón de que existe disposición expresa del artículo 153 del Decreto 2171 de 1992 en tal sentido.

Finalmente, debe aclararse que el rubro presupuestal para el pago de dicha liquidación, no corresponde al de gastos de funcionamiento de la entidad, sino al de pago de condenas por proceso judicial.

La Sala responde:

1. La sentencia que ordene el reintegro de un trabajador oficial en el supuesto de que en la planta de personal del Ministerio de Transporte no cuente con trabajadores oficiales, se cumplirá mediante acto administrativo que ordene el reconocimiento y pago de salarios y prestaciones que le correspondían en el desempeño de su cargo hasta la fecha de supresión del mismo. Además, deberá ordenarse el pago de la indemnización de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 del Decreto 2171 de 1992.

2. No existe causa legal para que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte pague salarios después del 31 de diciembre de 1993.

3. La administración, en el caso sometido a consulta, no puede ordenar el reintegro, por la sencilla razón de que el cargo no existe. Procede en cambio el trámite descrito en la respuesta al numeral primero.

4. El reintegro sólo podrá darse a la misma entidad, en el mismo cargo, o si la sentencia lo permite a otro de mayor jerarquía.

Transcríbase en sendas copias auténticas a los señores Ministro de Transporte y Secretario Jurídico de la Presidencia de la República».

(Concepto de octubre 3 de 1995. Radicación 735. Consejero Ponente: Dr. Roberto Suárez Franco).

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