Concepto 736 de octubre 17 de 1995 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

CONTRALORÍAS

CARRERA ADMINISTRATIVA

EXTRACTOS: «El punto de partida es la siguiente norma constitucional:

“ART. 268.—El Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones: (...)

10. Proveer, mediante concurso público los empleos de su dependencia que haya creado la ley. Ésta determinará un régimen especial de carrera administrativa para la selección, promoción y retiro de los funcionarios de la contraloría. Se prohíbe a quienes formen parte de las corporaciones que intervienen en la postulación y elección del Contralor, dar recomendaciones personales y políticas para empleos en su despacho”.

Para el efecto indicado, la Ley 106 de 1994, artículos 114 a 150, desarrolló la carrera administrativa especial dispuesta por el estatuto superior para la Contraloría General de la República.

Por su parte, el artículo 272 de la Constitución, en su inciso sexto, trae el siguiente precepto:

“Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268 y podrán, según lo autorice la ley, contratar con empresas privadas colombianas el ejercicio de la vigilancia fiscal”.

La sinonimia es estrictamente respecto de las atribuciones: las asignadas al Contralor General de la República en el artículo 268 son ejercidas, en el ámbito de su jurisdicción, por los contralores de las entidades territoriales. De allí que no pueda hacerse extensiva la igualdad a otros aspectos, como es la regulación por ley de la carrera administrativa.

La remisión es correcta, en tratándose del numeral 10, sólo en lo atinente a la siguiente expresión: “Proveer, mediante concurso públicos los empleos de su dependencia que haya creado la ley”, o en su caso, las asambleas o los concejos. Aunque consecuencia de este precepto, la frase que se contiene a renglón seguido y que dice: “Ésta (la ley) determinará un régimen especial de carrera administrativa para la selección, promoción y retiro de los funcionarios de la Contraloría”, ya no admite punto de equivalencia, porque la función es exclusiva de la ley y por tanto no puede ser asumida mediante la expedición de ordenanzas o acuerdos.

Por eso, cuando la Ley 106 de 1994 dictó normas para la Contraloría General de la República y dedicó uno de sus títulos a la carrera administrativa especial de la misma, en forma alguna hizo extensiva su aplicación a las contralorías de los departamentos, distritos y municipios, ni ello podría hacerse por el intérprete mediante la utilización de la figura de la remisión que se reitera, es exclusiva en tratándose de funciones públicas.

Resulta entonces aplicable con mayor claridad en las contralorías territoriales, la Ley 27 de 1992 que, como se dejó expresado, es el necesario punto de referencia para las entidades y organismos del Estado que con sistemas especiales de carrera, todavía carecen de la respectiva ley que regule la selección, promoción y retiro de sus funcionarios.

La conclusión anterior es válida inclusive para la Contraloría de Santafé de Bogotá. Porque aún en el discutible supuesto de que el Decreto-Ley 1421 de 1993, cuando dispone la aplicación “en el distrito capital y sus entidades descentralizadas” de las disposiciones de la Ley 27 de 1992, hubiera tenido la intención de excluirla —dada su condición de órgano autónomo de control fiscal— el intérprete debe remitirse a esta última ley, que cierra toda posibilidad a la tesis del vacío jurídico y permite la aplicación inmediata del mandato constitucional de “proveer, mediante concurso público los empleos de su dependencia”, frente al cual no es posible acudir a procedimientos que no sean los pertinentes a la carrera administrativa.

Finalmente, conviene advertir que mientras la ley procede a regular las carreras especiales y determinar su administración y vigilancia, esta última función compete al director o jefe de cada entidad y no a la Comisión Nacional del Servicio Civil o, por delegación, a la comisión seccional respectiva (consulta 683/95).

En mérito de lo expuesto, la Sala responde:

1. Los contralores de las entidades territoriales no están autorizados para promover los empleos de su dependencia, es decir, para ascender al personal escalafonado a los empleos vacantes de la categoría inmediatamente superior, con sujeción a las disposiciones de la Ley 106 de 1994, por cuanto éstas contienen el régimen especial de la carrera administrativa aplicable con exclusividad a la Contraloría General de la República.

2. Los contralores departamentales, distritales y municipales, pueden acoger el régimen de carrera administrativa con sujeción a la Ley 27 de 1992 y sus disposiciones complementarias, sin necesidad de esperar a que el Congreso de la República apruebe por ley un régimen especial de carrera para las contralorías territoriales.

3. La expedición de los estatutos especiales de carrera administrativa, es función constitucional del Congreso de la República, que ejerce por medio de leyes. En ningún caso esta competencia pueden asumirla las asambleas o los concejos.

4. La Contraloría de Santafé de Bogotá también puede adoptar las normas de carrera administrativa contenidas en la Ley 27 de 1992 y sus disposiciones complementarias».

(Concepto de octubre 17 de 1995. Radicación 736. Consejero Ponente: Dr. Javier Henao Hidrón).

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