Concepto 738 de octubre 9 de 1995 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

CONTRALORÍAS DE ENTIDADES TERRITORIALES

COMPETENCIA PARA FIJAR SU ESTRUCTURA Y FUNCIONES

EXTRACTOS: «A nivel territorial, corresponde en los departamentos a las asambleas y en los municipios y distritos a los concejos, determinar su estructura y señalar las funciones propias de sus dependencias, así como las escalas de remuneración de las distintas categorías de empleos (C.P.,arts. 300 y 313).

En este orden de ideas, según la Constitución Política, es de competencia de los gobernadores y alcaldes, crear, suprimir y fusionar los empleos de las dependencias a su cargo (se subraya) señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos de conformidad con la ley y ordenanzas para los primeros y con los acuerdos para el caso de los alcaldes (arts. 305 y 315 ibídem).

A este respecto, la Ley 136 de 1994, que trata sobre la organización y funcionamiento de los municipios dispone “que la determinación de las plantas de personal de las contralorías municipales y distritales, corresponde a los concejos, a iniciativa de los respectivos contralores”.

De manera que, siendo las contralorías dependencias de la administración departamental, municipal y distrital, la determinación de su estructura orgánica corresponde a las corporaciones respectivas; así como la creación, fusión y supresión de empleos lo mismo que la fijación de la remuneración de su personal.

No obstante, las contralorías tienen sus funciones definidas y además de las actuaciones señaladas por la Constitución, la ley les asigna otras competencias específicas que se hallan contenidas en el artículo 165 de la Ley 136 de 1994.

Dentro de ellas, la única función que en materia de empleo se les asigna, es la de proveer los de su dependencia, si es del caso mediante los procedimientos establecidos para la carrera administrativa, así como reglamentar los permisos y las licencias de conformidad con la ley.

Esta atribución, en el distrito capital, está señalada en el artículo 105 numeral 14 del Decreto Ley 1421 de 1993.

La asignación de funciones a las distintas dependencias de la administración territorial, está reservada a las asambleas y a los concejos; y la asignación de funciones especiales a los empleos de dichas dependencias, con exclusión de los organismos de control, corresponde a los gobernadores y alcaldes.

De otra parte, la distribución de asuntos o negocios entre distintas dependencias o empleos de la contraloría, es asunto que le corresponde definir al contralor como función administrativa propia en el reglamento interno, siempre y cuando no se contraríen disposiciones de mayor jerarquía y no se trate de asignación de funciones.

b) Respuesta:

1. Los contralores de las entidades territoriales no son competentes para crear, suprimir o fusionar empleos en sus respectivas contra-lorías, como tampoco para fijar las escalas de remuneración.

2. Las asambleas y los concejos son los organismos competentes para definir la organización y estructura de las contralorías y lo referente al señalamiento de funciones.

3. Los contralores no tienen competencia para asignar funciones en sus dependencias y a sus empleados. Pero sí la tienen para distribuir dichas funciones y para expedir reglamentos internos de conformidad con la Constitución, la ley, ordenanzas y acuerdos.

4. Como ya se expresó, la determinación de la estructura de las contralorías departamentales, distritales y municipales es de competencia de las asambleas y de los concejos distritales y municipales respectivamente, con la iniciativa del contralor y en cuanto a la determinación de la planta de personal.

5. La autonomía administrativa de las contralorías debe entenderse como la facultad de desempeñar las funciones asignadas por la Constitución, la ley y las ordenanzas o acuerdos, según el caso, en forma independiente. La autonomía presupuestal se manifiesta en la iniciativa de elaboración del proyecto de presupuesto; en la existencia de un mecanismo legal de no reducción de la partida presupuestal y de actualización monetaria de la misma; en la imposibilidad de modificación del proyecto por el alcalde o de realizar traslados administrativos, así como en la capacidad para ordenar el gasto y celebrar contratos en función de la ejecución del respectivo presupuesto».

(Concepto de octubre 9 de 1995. Radicación 738. Consejero Ponente: Dr. Roberto Suárez Franco).

_______________________________