Concepto 840 de agosto 29 de 1996 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

PROCESO DE SELECCIÓN PARA CARRERA ADMINISTRATIVA

CONSECUENCIAS CUANDO SE DECLARA SIN EFECTOS

EXTRACTOS: «Las irregularidades en el proceso de selección pueden ser conocidas por la Comisión de Servicio Civil: a) Por reclamación presentada por un participante, dentro de un término máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de los resultados de la última prueba del concurso, y b) De oficio. En los dos casos, si la Comisión del Servicio Civil establece que el proceso de selección quebrantó las disposiciones de los capítulos I y III del Decreto Ley 1222 de 1993, reglamentadas por el Decreto 2329 de 1995, podrá dejar sin efectos el proceso de selección, total o parcialmente.

El acto administrativo que hace esa declaración puede tener diversos alcances, según las etapas del proceso de selección que deje sin efectos. Si se anonada o aniquila todo el concurso, las consecuencias serán a partir de la convocatoria. En cambio, si es en forma parcial, los alcances serán respecto de la etapa a que la declaración se refiera y la posterior o posteriores a ella.

Las etapas que se cumplen en el proceso de selección constituyen actos preparatorios o accesorios, que “son aquellos que se expiden como parte de un procedimiento administrativo que se encamina a adoptar una decisión o que cumplen un requisito posterior a ella”. Frente a los anteriores se encuentran los actos definitivos o principales que “son los que contienen la decisión propiamente dicha o, como dice el inciso final del artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, “los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto”(1).

La manifestación de la Comisión del Servicio Civil de dejar sin efectos un proceso de selección, tiene la naturaleza y alcances de una revocación directa, que es una de las formas como pierden vigencia los actos administrativos.

El período de prueba es una etapa del proceso de selección o concurso para ingresar a la carrera administrativa. El nombramiento en esa condición no crea la situación jurídica concreta a la cual se encaminan los actos preparatorios. Dicha situación jurídica particular nace cuando al cabo de los cuatro meses del período de prueba, el nombrado o ascendido sea calificado satisfactoriamente, momento en el cual adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el escalafón, o actualizado éste si se trata de empleado ascendido.

Por consiguiente, si se deja sin efectos un concurso que había llegado hasta el nombramiento de una persona en período de prueba, dicho nombramiento queda comprendido dentro de esa manifestación de revocatoria y pierde su vigencia. Se pregunta, ahora, ¿requiere esa revo-catoria, que comprende no solo el nombramiento sino otros actos preparatorios o de trámite, el consentimiento expreso y escrito de la persona nombrada en período de prueba? A juicio de la Sala no, porque la revocación se dicta para enmendar una actuación que viola la Constitución o la ley, porque aún no se ha dictado el acto definitivo que crea la situación jurídica de carácter particular y concreto, y porque las disposiciones legales especiales que regulan esta manifestación de voluntad de la administración no la supeditan al consentimiento de la persona o personas partícipes en el proceso.

En situación diferente se encuentra el empleado que ha cumplido su período de prueba y obtenido calificación satisfactoria, porque ya concluyó el concurso y por ende la revocatoria del mismo no se extiende hasta las actuaciones administrativas surtidas dentro de la carrera administrativa.

El acto administrativo en firme que decretó la inscripción, tanto ordinaria como extraordinaria, en la carrera administrativa de un empleado que no reúne los requisitos exigidos por la ley no es susceptible de revocatoria directa. En este caso, el nominador deberá demandar su propio acto ante la imposibilidad de obtener el consentimiento del particular para revocarlo. No podrá alegar que el acto ocurrió por medios ilegales.

La Sección Segunda del Consejo de Estado ha sostenido esta tesis en fallos de 6 de mayo de 1992, expediente 4260; de 22 de septiembre de 1992, expediente 2098, y en sentencia de agosto 4 de 1995, expediente 5229, en la cual dijo:

“Obviamente solo en caso de los actos provenientes del silencio administrativo positivo, cuando se dan la causales contempladas en el artículo 69 del C.C.A. y cuando el titular del derecho se ha valido de medios ilegales para obtener el acto, puede revocarse directamente sin su consentimiento expreso y escrito; no cabe este proceder cuando la administración simplemente ha incurrido en error de hecho o de derecho, sin que tenga en ello participación el titular del derecho. En este caso, estará obligada a demandar su propio acto ante la imposibilidad de obtener el consentimiento del particular para revocarlo”(2).

La revocatoria de que trata el literal b del artículo 14 de la Ley 27 de 1992 no es independiente de la consagrada en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo. Las normas de este código, sobre procedimientos administrativos, se aplican a los órganos, corporaciones y dependencias de las ramas del poder público en todos los órdenes y dentro de éstos está comprendida la Comisión Nacional del Servicio Civil. En lo no previsto en los procedimientos administrativos regulados por la Ley 27 de 1992 y el Decreto Ley 1223 de 1993, de manera especial para la carrera administrativa, deben aplicarse las normas de la primera parte del Código Contencioso Administrativo, que sean compatibles.

En cuanto las disposiciones legales sobre carrera administrativa no regulen un procedimiento específico y diferente del estatuido en el Código Contencioso Administrativo para la revocación, forzoso es concluir que para hacer operante la garantía constitucional del debido proceso debe aplicarse el citado código, como lo ordena su mismo artículo 1º en el inciso primero. Por ser esta la solución prevista en la ley, se infiere que la Comisión Nacional del Servicio Civil no tiene competencia para fijar, a través de sus reglamentos, los procedimientos administrativos de revocatoria. El reglamento al cual se refiere el artículo 14 de la Ley 27/92 es el interno de funcionamiento de la comisión, pretender extenderlo a los procedimientos es invadir la competencia reglamentaria de la ley asignada constitucionalmente al Presidente de la República.

Esos mismos procedimientos del Código Contencioso Administrativo, que consagran los recursos que los administrados pueden in-terponer contra los actos de la administración, serán los aplicables para impugnar las deci-siones de las comisiones tanto nacional como seccionales del Servicio Civil y por éstas al resolver. Obviamente, como se dijo antes, sin perjuicio de los procedimientos especiales contenidos en las normas legales que regulan la carrera administrativa.

2. La Sala responde:

2.1. Cuando la Comisión Nacional del Servicio Civil, al comprobar que hubo irregularidades durante la ejecución de un proceso de selección, lo declara sin efectos, las consecuencias jurídicas en los casos consultados son:

2.1.1. Si una persona está nombrada en período de prueba, dicho nombramiento queda comprendido dentro de esa manifestación y pierde su vigencia. No se requiere el consentimiento del empleado para que la decisión produzca sus consecuencias.

2.1.2. Si la persona nombrada adquirió los derechos inherentes a la carrera administrativa por haber superado el período de prueba y obtenido calificación satisfactoria, la declaración de la Comisión Nacional del Servicio Civil no lo afecta, porque ésta sólo puede anonadar lo que corresponde al proceso de selección, el cual termina con el período de prueba.

2.2. La Comisión Nacional del Servicio Civil no podrá ordenar la revocatoria directa del acto administrativo en firme que decretó una inscripción ordinaria o extraordinaria en la carrera administrativa de un empleado que no reúne los requisitos legales. En este caso, lo procedente es que el nominador, de oficio o a petición de la comisión, demande dicho acto ante la imposibilidad de obtener el consentimiento del respectivo empleado para revocarlo.

2.3. La revocatoria de que trata el literal b del artículo 14 de la Ley 27 de 1992 no es independiente de la revocatoria directa consagrada en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo. La revocatoria, por ser materia de ley, no puede ser reglamentada por la Comisión de Servicio Civil.

2.4. Los administrados para impugnar los actos de la Comisión del Servicio Civil tanto nacional como seccionales y éstas para resolver los correspondientes recursos aplicarán los procedimientos especiales contenidos en las normas legales que regulan la carrera administrativa; en lo no previsto en éstas, aplicarán la primera parte del Código Contencioso Administrativo, en cuanto fuere compatible».

(Concepto de agosto 29 de 1996. Radicación 840. Consejero Ponente: Dr. César Hoyos Salazar).

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