Concepto 880 de agosto 27 de 1996 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

DOCENTES DE HORA CÁTEDRA

PUEDEN RECIBIR OTRA ASIGNACIÓN DEL TESORO

EXTRACTOS: «1. Si se analiza el contenido del artículo 128 de la Constitución Política se observa que en él se sienta, en primer término, un principio de carácter general consistente en que nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público.

2. Lo anterior debe armonizarse con el artículo 123 de la misma Carta según el cual los servidores públicos se clasifican en tres categorías: a) Los miembros de corporaciones públicas; b) Los empleados públicos, y c) Los trabajadores oficiales.

La propia Carta agrega a este respecto que los servidores públicos, quienes están al servicio del Estado y de la comunidad, ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley o el reglamento.

Precisamente el artículo 73 de la Ley 30 de 1992 en desarrollo de la norma constitucional fija la naturaleza del cargo de “profesor cátedra” al disponer que “no es empleado público ni trabajador oficial”. La misma norma consideraba al profesor de cátedra como simple contratista; agregaba que su “vinculación a la entidad pública docente y sus servicios se hará mediante contrato de prestación de servicios, el cual se celebrará por períodos académicos”. Esta última parte del artículo 73 fue declarada inexequible por la Corte Constitucional como se anotó.

3. La disposición del artículo 128 de la Carta establece un segundo principio, según el cual nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.

Agrega a este respecto la norma constitucional que por tesoro público se entiende “el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas”.

Pero el ordenamiento citado condiciona en parte su aplicación a lo que expresamente se determina en la ley en casos especiales.

Este mandato constitucional se complementa con lo previsto por el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992; este estatuto en sus literales d y e consagra dos excepciones al principio general al que la Sala se viene refiriendo, son:

“d) Los honorarios percibidos por concepto de hora cátedra.

e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de la salud”.

Se tiene, de lo hasta ahora expresado que el artículo 128 de la Carta consagra la prohibición del ejercicio de más de un empleo público, además no permite recibir más de una asignación que provenga del tesoro público; en uno y otro caso defiere la reglamentación a casos especiales que se determinen en la ley.

La Ley 30 de 1992 excluye a los profesores de cátedra como empleados públicos o trabajadores oficiales y la Ley 4ª de 1992 les autoriza para recibir honorarios aunque simultáneamente perciban otra asignación por parte del Estado.

4. Por su parte la Corte Constitucional en sentencia C-006-96 de enero 18 de 1996, ha sostenido:

“... Estos profesores de cátedra tienen también una relación laboral subordinada, por cuanto cumplen una prestación personal de servicio, igual a la que realizan los profesores de tiempo completo, de medio tiempo o los llamados ocasionales a que se refiere el artículo 74. Ellos devengan una remuneración por el trabajo desempeñado y están sujetos a una subordinación como se les exige a los otros, como horarios, reuniones, evaluaciones, etc. contemplados en el reglamento.

Entonces frente a esta similar situación de hecho que identifica la misma relación de trabajo subordinado de estos servidores públicos, debe corresponderles el mismo tratamiento en cuanto a prestaciones sociales, que deben pagárseles proporcionalmente al trabajo desempeñado. Otro tratamiento desconocería el principio de igualdad y de justicia y sería evidentemente discriminatorio. Por tanto se declarará también la inexequibilidad por unidad normativa del aparte del articulo 73 de la misma ley”.

Lo anterior quiere decir que quienes laboran como profesores de cátedra lo hacen con fundamento en una relación laboral que causa, además de la remuneración correspondiente, las prestaciones sociales respectivas por el trabajo desempeñado.

5. Con respecto a los médicos se presenta una situación semejante a la de los profesores de cátedra: ya se afirmó que el artículo 128 de la Constitución prohíbe el desempeño simultáneo de más de un empleo público; igualmente “recibir más de una asignación del tesoro público”; pero la misma disposición constitucional faculta al legislador para que en casos especiales se disponga otra cosa. Y es precisamente lo que ocurre con lo previsto en la Ley 269 de 1996, “por la cual se regula parcialmente el artículo 128 de la Constitución Política”, en relación con quienes prestan sus servicios de salud en las entidades de derecho público. En efecto, en su artículo 2º se permite al “personal asis-tencial que preste directamente servicios de salud” para que pueda “desempeñar más de un empleo en entidades de derecho público”.

Con fundamento en lo expuesto la Sala responde:

1. Se puede seguir vinculando a empleados públicos y trabajadores oficiales para que presten el servicio de docencia mediante el sistema hora cátedra, el que debe ser remunerado, correspondiéndoles las prestaciones sociales que fija la ley a los servidores del Estado, proporcionalmente al trabajo desempeñado.

2. La relación entre el docente de hora cátedra y la institución de educación superior oficial en la que presta estos servicios, no es la misma que se da con el empleado público o el trabajador oficial. Es una relación de carácter laboral, de naturaleza especial, de tipo convencional, sometida en cada caso a lo previsto en la ley, y en los estatutos y reglamentos de la respectiva institución de educación superior.

3. Los pensionados del sector público pueden prestar el servicio de docentes de hora cátedra y recibir las prestaciones sociales correspondientes.

4. Los médicos que presten servicio de salud podrían desempeñar más de un empleo de su especialidad en diversas entidades de derecho público, con derecho a las correspondientes prestaciones sociales, ciñéndose a las prescripciones legales que rigen la materia (artículo 1º Ley 269 de 1996)».

(Concepto de agosto 27 de 1996. Radicación 880. Consejero Ponente: Dr. Roberto Suárez Franco).

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