Concepto 942 de enero 30 de 1997 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Magistrado Ponente:

Luis Camilo Osorio I.

Santafé de Bogotá, D.C., enero treinta de mil novecientos noventa y siete.

REF: Radicación Nº 942.

El consorcio Prosperar; naturaleza jurídica del vínculo laboral con sus trabajadores. (L. 80, art, 7º y 100/93, art, 122).

La Sala ha expresado en relación con la posibilidad legal de celebrar contratos con los consorcios, los siguiente:

“La institución del consorcio, tal como se prevé en el artículo 7º de la ley 80, presupone primero que todo una pluralidad de personas unidas por la convención o acuerdo y quienes presentan una propuesta unificada para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato.

Se trata de una unidad asociativa entre personas naturales o jurídicas que por compartir un objeto común se comprometen de manera solidaria a responder de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

De lo anterior se sigue que en el consorcio no se da origen a una persona jurídica distinta de quienes lo integran por cuanto éstos mantienen su personalidad individual, propia e independiente sin perjuicio de que para los efectos de la contratación se obre de consumo mediante representante que para el efecto se designe; sin embargo, la unión de las entidades o personas consorciales no origina un nuevo sujeto del derecho con capacidad jurídica autónoma” (Rad. Nº 684, mayo 3/95).

Tal como puede inferirse de lo expuesto, no se constituye el consorcio en una persona jurídica autónoma e independiente de quienes participan en su conformación para los efectos de la presentación de una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, lo cual no obsta de modo alguno para que se designe un representante, con capacidad para contratar y obligar al consorcio (art 6º, L. 80/93).

La categoría de persona pública, privada o mixta, no puede predicarse de los consorcios ya que carecen de personalidad jurídica. En efecto para la existencia de personas jurídicas se requiere de un acto jurídico positivo (de la constitución, la ley, ordenanza o acuerdo municipal o convenios, en el caso de personas descentralizadas de segundo grado) que les dé nacimiento y establezca su estructura y características; tampoco aparece en listado en las denominadas entidades estatales que detalla al art 2º de la Ley 80/93. Por ello carece de fundamento clasificar subjetivamente a este género de actividad conjunta de los miembros que conforman directamente el consorcio; en el caso de Prosperar, que administra recursos públicos y privados de origen cooperativo, tampoco podría afirmarse que su naturaleza es pública o mixta porque carece de personería.

El hecho de administrar recursos estatales en cumplimiento de las prestaciones que son objeto de obligaciones contractuales, tampoco imprime personalidad pública al contratista, en este caso al consorcio; como tampoco se trasmite a éste el carácter público o privado de las personas participantes del consorcio.

El consorcio es entonces una forma no societaria de relación o de vinculación de actividades e intereses entre distintas personas que no genera otra persona jurídica, con miras a obtener la adjudicación, celebración y ejecución de contratos, regida por las condiciones que tienen a bien acordar los participantes del consorcio y por tanto, correspondiente al ámbito de actividad e iniciativa privada, no obstante la responsabilidad solidaria y la penal establecidas en la ley (arts. 7º y 52, L. 80/93).

La sala responde:

1. Existe vínculo laboral de carácter privado entre el consorcio Prosperar y el personal contratado no vinculado a ninguna de las entidades miembros que lo integran.

El consorcio también puede celebrar contratos de servicios con personas jurídicas públicas o privadas, en cuyo evento no existe vínculo laboral alguno, sino contractual.

Lo anterior sin perjuicio de la eventualidad legal de que el consorcio pueda cumplir las prestaciones a su cargo con personal vinculado a las propias entidades que conforman el consorcio, en cuyo caso, el vínculo laboral es el existente con la entidad miembro del consorcio y en consecuencia en algunos casos podrá tratarse de empleados públicos y en otros de particulares.

2. El consorcio no se constituye en una persona jurídica autónoma e independiente de quienes participan en su conformación, responde a una forma de articulación de intereses no societaria, sin que el carácter de quienes participan en su constitución pueda extenderse al consorcio ni adquirir condición de público por el solo hecho de administrar recursos estatales.

El régimen jurídico aplicable al consorcio Prosperar corresponde al previsto en la Ley 80 de 1993, en cuanto a la obligatoriedad de sus propias normas, incluidas la remisión al derecho privado, en especial a las disposiciones del Código de Comercio.

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