Concepto 945 de febrero 7 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVI

Concepto: N° 945

Magistrado Ponente:

Luis Camilo Osorio Isaza

Régimen constitucional de los servidores públicos

La Constitución Política definió a Santafé de Bogotá como capital de la República con carácter de Distrito Capital; su régimen político, administrativo y fiscal está determinado como especial en la propia norma superior. Este régimen con carácter especial es el previsto en el Decreto-Ley 1421 de 1993, y el mismo, ordena la remisión a las leyes vigentes para los municipios (L. 136) en las materias no previstas por el estatuto y a las otras disposiciones mencionadas.

Como ya se expresó, también debe observarse en el Distrito Capital la aplicación de las leyes 4ª y 27 de 1992 y 200 de 1995 en los aspectos que resulta pertinente su aplicación la primera y de manera plena las otras dos.

El Decreto 1421 de 1993

El artículo 41 transitorio de la Carta Política previó un plazo de dos años a partir de la fecha de la promulgación de la propia Constitución para que el Congreso expidiera la ley sobre el régimen especial para el Distrito Capital, evento que no tuvo lugar por lo cual el Gobierno Nacional en ejercicio de facultad excepcional otorgada en el mismo precepto, expidió las normas correspondientes que están contenidas en el Decreto-Ley 1421 de 1993.

El estatuto vigente para el Distrito Capital estableció en el artículo 125 una clasificación de sus servidores según la cual, serán empleados públicos los servidores de la administración distrital y trabajadores oficiales el personal que labora en la construcción y sostenimiento de obras públicas.

En lo referente a la vigencia del Decreto 1421 de 1993, contentivo del régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, es preciso advertir que su aplicación rige las relaciones administrativas del Distrito Capital de Santafé de Bogotá, con prevalencia sobre cualquier otra norma que no sea también especial y posterior para el Distrito Capital.

Estatuto de personal del distrito

En cuanto al Decreto 991 de 1974 es preciso tener en cuenta que el artículo 180 del Decreto-Ley 1421 de 1993 derogó todas las disposiciones que le fueran contrarias y en especial el Decreto-Ley 3133 de 1968, con fundamento en el cual había sido expedido.

Luego el régimen administrativo del Distrito Capital está contenido en lo fundamental, en su estatuto especial (Decreto-Ley 1421) y en las normas generales dictadas con fundamento en la Constitución Política de 1991, que no siendo sobre materias regladas expresamente por este decreto contengan disposiciones que regulen situaciones aplicables a la capital de la República, como las contenidas en las leyes 4ª y 27 de 1992, la Ley 136 de 1994 y demás disposiciones concordantes entre las cuales deben mencionarse los Decretos 2400 y 3074 de 1968 y la Ley 6ª de 1945 aplicable a los trabajadores oficiales; en consecuencia, las normas del Decreto 991 de 1974 que reproduzcan disposiciones y directrices tomadas del Decreto-Ley 3133 de 1968 están derogadas, junto con las que sean contrarias al Decreto-Ley 1421 de 1993 o las demás leyes y decretos citados los cuales tienen aplicación en la medida en que armonicen con la legislación general sobre el régimen municipal.

Régimen disciplinario

Con anterioridad a la vigencia de la Ley 200 de 1995, esta Sala se pronunció en la materia planteada, de la siguiente manera:

“1. La Ley 13 de 1984, reglamentada por el Decreto 482 de 1985, señaló el régimen disciplinario aplicable a los empleados de carrera y a los de libre nombramiento y remoción de la rama ejecutiva del orden nacional.

Posteriormente, por virtud del artículo 10 de la Ley 49 de 1987 (modificatoria de la Ley 78 de 1986 que reguló la elección popular de alcaldes), se dispuso que mientras se expidiera el régimen disciplinario para los alcaldes y demás empleados municipales, les sería aplicable la Ley 13 de 1984 y su Decreto Reglamentario 482 de 1985.

2. En relación con el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, el Presidente de la República expidió el Decreto-Ley 1421 de 1993, por el cual se dicta su régimen especial, con fundamento en las facultades del artículo transitorio 41 de la Constitución Nacional.

El artículo 130 de dicho decreto ley establece las reglas conforme a las cuales se deben adelantar los procesos disciplinarios de los empleados públicos del distrito y sus entidades descentralizadas; en el numeral 9º, ordena que “en lo no previsto por el presente estatuto, se regirá por las disposiciones vigentes en materia de régimen disciplinario”.

(...).

De donde se deduce que si la Ley 13 de 1984 y el Decreto Reglamentario 482 de 1995, son las normas disciplinarias que se venían aplicando a los empleados municipales, seguirán rigiendo en el Distrito Capital en lo no previsto por el Decreto 1421 de 1993” (Consulta 589, mar. 24/94).

El régimen descrito y el pronunciamiento de la sala no fueron antes de la expedición del régimen disciplinario a que se hace referencia en su texto.

Con la expedición de la Ley 200 de 1995 este código disciplinario, constituye régimen general aplicable a los servidores del Estado y a los particulares que cumplan funciones públicas.

El artículo 177 de la Ley 200 de 1995 dispuso que el estatuto disciplinario se aplicará por la Procuraduría General de la Nación, por los personeros, por la administración central y descentralizada territorialmente y por servicios y por todos los servidores públicos con competencia disciplinaria, a todos los colaboradores del Estado, con la excepción legal consignada para la fuerza pública; quedan vigentes además, los regímenes previstos expresamente en la Constitución Política con estatutos propios para funcionarios de la Rama Judicial (art. 256.3), la Procuraduría General de la Nación (art. 279), el régimen autónomo de la universidad pública (art. 69); el de la Fiscalía General de la Nación (art. 253) (Cons. 822/96).

Además, derogó en forma expresa las disposiciones generales o especiales que regulan materias disciplinarias a nivel nacional, departamental, distrital o municipal o que le sean contrarias.

La Sala en el pronunciamiento citado (Cons. 822), señaló que, “El Código Disciplinario Único tiene el mérito de unificar el régimen disciplinario de los servidores públicos, con derecho a ser tratados en igual forma, en los diferentes niveles, frente a las acusaciones que se les formulen y a saber quiénes son las autoridades responsables del régimen disciplinario y cuáles las leyes sustantivas y procesales que se les van a aplicar”.

El artículo 20 de la Ley 200 de 1995 al establecer los destinatarios de la ley disciplinaria precisó que ésta se aplica a:

“...los miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los integrantes de la comisión de la lucha ciudadana contra la corrupción y las personas que administren los recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución Nacional”.

Estos criterios coinciden con los expresados por la Corte Constitucional, cuando en Sentencia 637 de 1996 del 21 de noviembre de 1996 dijo:

“El Código Disciplinario Único dictado en cumplimiento del artículo 124 de la Constitución, el cual preceptúa que “la ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva” se aplica a todos los servidores públicos y deroga los regímenes especiales existentes hasta entonces, así como las disposiciones que les sean contrarias, salvo las excepciones contempladas en la Constitución y en la misma ley...”.

Los planteamientos expuestos permiten concluir que a partir de la vigencia de la Ley 200 (expedida el 28 de julio de 1995, la cual empezó a regir 45 días después de su sanción), o sea el código disciplinario, se aplica también al personal del Distrito Capital de Bogotá y sus servidores están sometidos a sus postulados y pueden ser procesados disciplinariamente, cuando a ello haya lugar, conforme a los procedimientos y con aplicación de las disposiciones sustantivas allí previstos.

En la misma materia, se expresó al Sala en consulta formulada por el Distrito Capital:

“...La expedición de la Ley 200 de 1995, produjo insubsistencia de los estatutos especiales, excepto en aquéllas materias que sin contradecir este Código Único Disciplinario sus normas correspondan a disposiciones particulares de cada sector como reglamento especial” (Cons. 891, sep. 11/96).

Conclusión

El Decreto 991 de 1974, es disposición especial para el Distrito Capital vigente en la medida que sus preceptos no estén modificados o derogados por disposiciones especiales posteriores como el Decreto 1421 de 1993 y sus normas reglamentarias.

En materia disciplinaria la Ley 200 de 1995 dispuso el régimen general aplicable a los servidores públicos, incluidos los del Distrito Capital.

La Sala responde

1. A partir de la vigencia del Decreto-Ley 1421 de 1993 quedaron derogadas todas las disposiciones del orden distrital contrarias a este estatuto, incluidas las previstas en el Decreto 991 de 1974 de la Alcaldía Mayor del Distrito Especial de Bogotá que les sean contrarias.

En consecuencia, el Decreto 991 de 1974, estatuto de personal del Distrito Capital está derogado en las normas sobre carrera administrativa y en materia disciplinaria.

2. Los servidores del Distrito Capital están sometidos a la siguiente legislación:

— En sus relaciones administrativas a las disposiciones del Decreto-Ley 1421 de 1993.

— En materia disciplinaria al Código Disciplinario Único (L. 200/95).

— En régimen de carrera administrativa a la Ley 27 de 1992, en razón a la remisión expresa del artículo 126 del Decreto 1421 de 1993.

— En cuanto al régimen prestacional, rige la Ley 4ª de 1992 y en cuanto al régimen salarial, está sujeto al límite máximo que señala el Gobierno Nacional con fundamento en el artículo 12 de esta ley.

— En las demás materias que hacen parte del estatuto de personal, se encuentran vigentes los artículos del Decreto 991 de 1974 que no hayan sido objeto de especial posterior regulación por la ley o por disposición de igual o mayor eficacia jurídica.

— En otros asuntos no regulados especialmente para el Distrito Capital, por la Ley 136 de 1994.

Transcríbase al señor Ministro del Interior. Igualmente envíese copia a la secretaría jurídica de la Presidencia de la República.

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