Concepto 981 de abril 24 de 1997 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

INHABILIDADES PARA SER GOBERNADOR

NORMAS APLICABLES

Consejero Ponente: Javier Henao Hidrón

Santafé de Bogotá, D.C., veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y siete.

Radicación número: 981

El señor Ministro del Interior, atendiendo una solicitud del señor Gobernador del Huila, pregunta a la Sala sobre la eventual inhabilidad en que pudiesen estar incursos el jefe del Departamento Administrativo de Planeación y el Secretario de Hacienda de aquella entidad territorial, respectivamente, para aspirar a ser elegidos al cargo de Gobernador del Huila; teniendo en cuenta, además, que durante el año anterior a la próxima elección, ambos funcionarios han sido encargados de la gobernación por decreto del mandatario titular.

Agrega el consultante que importa entonces saber si el mandato constitucional, según el cual el régimen de inhabilidades de los gobernadores no podrá ser menos estricto que el establecido para el Presidente de la República, se puede extender o asimilar al cargo desempeñado por los mencionados funcionarios durante el año anterior a la próxima elección, conforme al artículo 197 concordante con los artículos 303 y 304 de la Constitución.

La sala considera y responde:

1. Elección de los gobernadores y régimen de inhabilidades.

Siguiendo la trayectoria señalada por el acto legislativo Nº 1 de 1986, sobre elección de los alcaldes por el voto directo de los ciudadanos del respectivo municipio, la Constitución de 1991 dispuso que los gobernadores, que son jefes de la administración seccional y representantes legales del departamento, serán elegidos para períodos de tres años y, al mismo tiempo, prohibió su reelección para el inmediatamente siguiente.

Respecto de inhabilidades e incompatibilidades, el artículo 304 de la Carta Política señaló que el régimen correspondiente “no será menos estricto que el establecido para el Presidente de la República”.

Como consecuencia, el constituyente autorizó al legislador para fijar las calidades, requisitos, inhabilidades e incompatibilidades de los gobernadores (inc. final del art. 303).

Simultáneamente, el constituyente de 1991 asumió en forma directa la tarea de determinar las inhabilidades para ser elegido Presidente de la República y, para este efecto, reservó su artículo 197. Las mismas que son aplicables, por mandato del artículo 304 mencionado, a los gobernadores. Esta clase de prohibiciones se explican a continuación:

1. Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos;

2. Quienes hayan perdido la investidura de congresista, y

3. Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento (art. 179, nums. 1º, 4º y 7º por remisión que hace el art. 197). Además, no podrá ser elegido Presidente de la República o gobernador el ciudadano que un (1) año antes de la elección haya ejercido cualquiera de los siguientes cargos: Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, o de la Corte Constitucional, Consejero de Estado o miembro del Consejo Nacional Electoral, o del Consejo Superior de la Judicatura, ministro del despacho, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional de Estado Civil, director de departamento administrativo, gobernador de departamento o Alcalde mayor de Santafé de Bogotá.

Debe entenderse que la elección de gobernador es la que se hace en propiedad y, por tanto, no son aplicables las inhabilidades que para tal cargo se consignan en la Constitución y en la ley, a los secretarios del despacho que asumen el cargo en calidad de encargados. Ello por cuanto las inhabilidades tienen que ser expuestas por el constituyente o el legislador en forma clara y taxativa, y no admiten ni analogía ni interpretaciones extensivas. De ahí que el secretario del despacho que asume por encargo las funciones de gobernador, por ausencia transitoria del titular, conserva su propio régimen de inhabilidades. Caso contrario será el del secretario del despacho que, estando vacante el cargo, es nombrado y se posesiona como gobernador, pues en este evento sí quedaría comprendido en el régimen de inhabilidades establecido para los gobernadores.

(En lo atinente a los miembros del Congreso, la Sala, al absolver la consulta número 863 de 15 de agosto de 1996, conceptuó que sus incompatibilidades, susceptibles de devenir en inhabilidades, tienen vigencia durante el período constitucional respectivo y, en caso de renuncia, se mantendrán durante el año siguiente a su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del período fuere superior, conforme al artículo 181 del estatuto fundamental).

En relación con los demás empleados públicos a nivel nacional o en el respectivo departamento, que desde luego son de inferior jerarquía pero que también ejerzan jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, su desvinculación, para no quedar inhabilitados, deberá producirse con anterioridad no inferior a seis (6) meses, respecto de la fecha de la elección. En este sentido, la Sala estima vigente el texto correspondiente del artículo transitorio 18 de la Constitución que establece una serie de inhabilidades para ser elegido gobernador, por cuanto esta norma dispone en su oración principal que las mismas se aplican “mientras la ley establece el régimen de inhabilidades para los gobernadores”, aspecto que todavía no ha sido regulado por lamentable omisión del legislador, y sólo en oración subordinada precisa que regirán en las elecciones del 27 de octubre de 1991*. Es así como el texto aludido, al señalar prohibiciones para ser elegido gobernador, consigna la siguiente:

(*) Véase, en sentido contrario, la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo publicada en J. y D., Nº 284, pág. 925 (N. del D.).

“2. Quienes dentro de los seis meses anteriores a la elección hubieren ejercido como empleados públicos jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar a nivel nacional o en el respectivo departamento”.

En el mismo sentido, la Sala estima aplicables, con alcance general, las restantes prohibiciones que trae el artículo transitorio 18 de la Carta Política, o sea las contenidas en los numerales 1º, 3º y 4º. El numeral 1º es esencialmente igual al artículo 179-1 y debe entenderse en la forma como quedó redactado en el artículo 43-1 de la Ley 200 de 1995 o Código Disciplinario: “Haber sido condenado por delito sancionado con pena privativa de la libertad, excepto cuando se trate de delitos políticos o culposos salvo que estos últimos hayan afectado la administración pública”. El numeral 3º: “Quienes estén vinculados por matrimonio o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con quienes se inscriban como candidatos en las mismas elecciones al Congreso de la República” y el numeral 4º: “Quienes dentro de los seis meses anteriores a la elección, hayan invertido en la gestión de asuntos o en la celebración de contratos con entidades públicas, en su propio interés o en interés de terceros”. A estas inhabilidades, se agregan las que “para desempeñar cargos públicos” consigna el artículo 43 de la Ley 200, a saber: 2) “Hallarse en interdicción judicial, inhabilitado por una sanción disciplinaria o penal o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de ésta”; 3) “Quienes padezcan certificado por el médico oficial cualquier afectación física o mental que comprometa la capacidad necesaria para el debido desempeño del cargo”, y 4) “La prevista en el numeral 1º del artículo 30 de este código”, que concierne con las inhabilidades para ejercer funciones públicas en la forma y términos consagrados en la Ley 190 de 1995 o “estatuto anticorrupción”.

En cuanto a los diputados, su régimen de inhabilidades no podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda (inc. 2º del art. 299 de la Constitución).

Respecto de empleados oficiales del nivel municipal o distrital, no existe regla general en la Constitución ni en la ley que establezca un término definido para hacer dejación del cargo que ocupan, con la finalidad de aspirar a ser elegidos como gobernador de departamento. Sin embargo, están previstas las siguientes excepciones: la establecida para el alcalde mayor de Santafé de Bogotá por el artículo 197 constitucional, que prescribe el retiro con un año de antelación; la que se deriva en la Ley 177 de 1994 para los alcaldes, a quienes se les prohíbe “inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular durante el período para el cual fue elegido, y durante el año siguiente al mismo” (art. 5º, num. 7º), y la que dispone que quien haya ocupado en propiedad el cargo de contralor departamental, distrital o municipal no podrá ser inscrito como candidato a cargos de elección popular sino un año después de haber cesado en sus funciones (inc. final del art. 272 de la C.N.). De manera similar, los personeros están sometidos a las incompatibilidades y prohibiciones previstas para los alcaldes (L. 136/94, art. 175).

Por eso, la Sala considera que, además de las inhabilidades que surgen par los servidores municipales y distritales de la aplicación del artículo transitorio 18 de la Constitución y del artículo 43 de la Ley 200 de 1995, la obligación de renunciar —y de que ésta les sea aceptada— deberá producirse con antelación al día de inscripción de su candidatura, fecha a partir de la cual empieza propiamente el proceso electoral y la intervención directa en política, con las salvedades explicadas, referentes a alcaldes, contralores y personeros.

Finalmente, es pertinente advertir que “sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y en la ley”, está vedado tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias electorales, a los empleados del Estado y de sus entidades territoriales que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o política, cargo de dirección administrativa o se desempeñen en los órganos judiciales electorales o de control (art. 127, inc. 2º de la C.N. y art. 41-14 de la L. 200/95).

II. Se responde:

Funcionarios del nivel departamental que ejerzan jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, como es el caso del Secretario de Hacienda o el jefe del Departamento Administrativo de Planeación, y que aspiren a ser elegidos en el cargo de Gobernador, para no estar incursos en inhabilidad deberán hacer dejación de su cargo con antelación no inferior a seis (6) meses a la fecha de la elección.

Transcríbase al señor Ministro del Interior. Igualmente, envíese copia a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.

César Hoyos Salazar—Javier Henao Hidrón—Luis Camilo Osorio Isaza, con salvamento parcial de voto—Augusto Trejos Jaramillo.

Elizabeth Castro Reyes, Secretaria de la Sala. 

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

Discrepo del criterio mayoritario de los colegas de la Sala en el aspecto relacionado con la aplicación del artículo 18 transitorio, en materia de inhabilidades expedido por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

El Código Electoral (D. 2241/86) en el artículo 4º señala que todo ciudadano tiene capacidad de elegir y ser elegido; la excepción a este principio es la inhabilidad.

En materia electoral la inhabilidad es la calificación que hace la ley para determinar impedimento o imposibilidad a una persona para ser elegida o designada en un cargo o hacer parte de una corporación, la cual es taxativa, además debe ser clara y de interpretación restrictiva.

El artículo 18 señaló que mientras la ley establece el régimen de inhabilidades para los gobernadores, “en las elecciones del 27 de octubre de 1991 no podrán ser elegidos...”. este texto no puede entenderse como “transitorio indefinido” sino limitado a esa fecha, precisa cuando agotó su vigencia.

En efecto, el artículo 293 de la Constitución Política ordena expresamente que sin perjuicio de lo establecido en la propia Carta, “...la ley determinará las calidades, inhabilidades, incompatibilidades, fecha de posesión, períodos de sesiones,... de los ciudadanos que puedan ser elegidos por voto popular para el desempeño de funciones públicas en las entidades territoriales”.

Las disposiciones transitorias de la Constitución lo son de esta naturaleza precisamente para subrayar su temporalidad, para que tengan cumplimiento una vez y así concluya su vigencia debiendo ser reemplazadas por la ley, como es el efecto señalado por el artículo 18. Aun cuando puede tener modalidades distintas, por ejemplo la señalada para la expedición del estatuto de Bogotá, donde se ordenó a la ley dictarlo dentro de un término de dos años y en su defecto otorgó facultades al gobierno para sustituir su omisión (art. 41 transitorio); o el aplicable a la rama judicial, donde el constituyente simplemente se limitó a señalar que mientras la ley no se pronuncie en forma distinta, se aplicará lo allí previsto (art. 20 transitorio).

El artículo 18 limitó su aplicación para un solo debate electoral: el del 21 de octubre de 1991, y ordenó a la Ley dictar un estatuto de inhabilidades el cual es restrictivo, expreso y cuya omisión por el legislador, transcurrido más de un lustro no puede dejar de advertirse; también se ha incurrido al menos en retardo en definir la ley el estatuto del Vicepresidente de la República.

Dejo así consignada mi discrepancia con la mayoría de la Sala.

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