Concepto CP025-2017 de febrero 22 de 2017

SALA DE CASACIÓN PENAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CP025-2017

Radicación: 48892

(Aprobado acta 50)

Magistrado Ponente:

Eyder Patiño Cabrera

Bogotá, D.C., veintidós de febrero de dos mil diecisiete.

(Legis considera conveniente que los datos de (partes, terceros o intervinientes, etc.) sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

Motivo de la decisión

La Corte Suprema de Justicia de Colombia emite concepto sobre la solicitud de extradición formulada por el Gobierno del XXX, a través de su embajada en nuestro país, respecto del ciudadano colombiano J.A.M.G.

Antecedentes

1. Mediante nota verbal XXX del 31 de mayo de 2016, la Embajada XXX pidió la detención preventiva con fines de extradición de J.A.M.G.(1), la cual se formalizó con la comunicación diplomática XXX del 14 de julio siguiente(2).

2. Lo anterior, con fundamento en la Sentencia 71/2013 del 19 de noviembre de 2013, proferida por el Juzgado de Instrucción XXX de XXX, Sección 7ª de la Audiencia Provincial de XXX, dentro del procedimiento abreviado XXX(3), con ejecutoria XXX «desde el día 10/04/2014», mediante la cual se condenó al aquí requerido por un delito «contra la salud pública»(4).

Documentos allegados

Con la petición de entrega de M.G.se incorporaron, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y provenientes de la XXX del XXX, los siguientes documentos:

a. Circular Roja de Interpol de Control XXX, donde consta un resumen pormenorizado de los hechos por los cuales es pretendido, atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar(5).

b. Solicitud de extradición de J.A.M.G. del 16 de junio de 2016, dirigida a las autoridades judiciales de la República de Colombia, por parte de la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de XXX(6).

c. Petición emitida el 17 de ese mes, por el mismo despacho judicial a la subdirección general de Cooperación Jurídica Internacional, Ministerio de Justicia de XXX, para que se dé curso a la extradición de M.G.(7).

d. Sentencia 71/2013 del 19 de noviembre de 2013, dictada por el Juzgado de Instrucción XXX de XXX, Sección 7ª de la Audiencia Provincial de XXX, dentro del procedimiento abreviado XXX(8), con ejecutoria XXX «desde el día 10/04/2014»(9).

e. Auto por medio del cual se decreta la búsqueda, detención e ingreso en prisión a nivel internacional de J.A.M.G., con fecha del 20 de mayo de 2016(10).

f. Disposiciones penales de XXX aplicables al caso(11).

g. Orden de detención Internacional contra M.G.(12).

Actuación del trámite de extradición

En nuestro país se realizó el siguiente procedimiento:

1. El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través del oficio XXX del 15 de septiembre de 2016, remitió a la Corte la documentación enviada por la XXX(13), previo concepto de su homólogo de Relaciones Exteriores sobre la vigencia entre la República de Colombia y el Reino de España de la «Convención de Extradición de Reos», suscrita el 23 de julio de 1892 y el «Protocolo Modificatorio a la Convención de Extradición entre la República de Colombia y el Reino de España», adoptado en Madrid el 16 de marzo de 1999(14).

2. La Fiscalía General de la Nación, por medio de la resolución del 15 de julio del 2016(15), decretó la captura con fines de extradición de J.A.M.G., quien fue retenido el 5 de agosto pasado, en virtud de la Circular Roja XXX, en la «XXX» de la ciudad de XXX(16).

3. El 19 de septiembre de ese año, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le informó a M.G. su derecho a nombrar un apoderado que lo asistiera en el trámite ante esta corporación, advirtiéndole que si no lo hacía se le designaría uno(17). Como aquél no se pronunció, se requirió a la Defensoría del Pueblo para que lo asignara y el 23 ulterior se posesionó(18).

4. Una vez resuelto lo concerniente a la defensa técnica del reclamado en extradición, se dispuso, el 27 de ese mes, correr traslado a los intervinientes para que solicitaran las pruebas que consideraran pertinentes(19).

5. Transcurrido el mencionado término(20), el Ministerio Público manifestó que no estimaba necesario hacer uso de ese derecho(21). La defensa, por su parte, guardó silencio, tal y como se evidencia en la constancia secretarial del 27 de octubre de esa anualidad(22).

6. La Sala, a través de proveído de la fecha en mención(23), ordenó notificar a los intervinientes para que allegaran sus estudios previos al concepto de fondo, lapso durante el cual se pronunció el Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal(24), la abogada del pretendido(25) y J.A.M.G.(26).

Estudio del Ministerio Público

El delegado del Ministerio Público(27) realizó un relato de la actuación procesal y del sustento documental, afirmando que ningún condicionamiento obra en relación con el marco temporal y espacial de los comportamientos.

En orden a verificar el cumplimiento de las exigencias para la viabilidad de la petición, respecto de la normatividad aplicable, señaló que se encuentra vigente entre Colombia y España la «Convención de Extradición de Reos», suscrita el 23 de julio de 1892, el «Protocolo Modificatorio a la Convención de Extradición entre la República de Colombia y el Reino de España», adoptado el 16 de marzo de 1999, y la «Convención de (sic) Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas», firmada en Viena el 20 de diciembre de 1988, aclarando que, en los aspectos no regulados por dicho instrumento internacional, se regiría por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano.

Aunado a ello, estimó que la documentación presentada goza de validez formal, pues la solicitud fue realizada diplomáticamente, esto es, radicada por conducto de la Embajada del Reino de España en Colombia ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y aquélla se acompañó de «copia auténtica del requerimiento del Juzgado de Instrucción XXX de XXX, dentro del Procedimiento Abreviado XXX de la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de XXX con sede En (sic) XXX».

Igualmente, afirmó que se acreditó la plena identidad del requerido y se está frente a la persona reclamada en extradición; y, sobre el principio de la doble incriminación, sostuvo que, de acuerdo con el «requerimiento del Juzgado de Instrucción XXX de XXX, dentro del Procedimiento Abreviado XXX», el comportamiento atribuido encuadra en el tipo penal de «tráfico, fabricación o porte de estupefacientes», injusto que para la época satisface el límite mínimo de la pena de prisión establecida.

En tratándose de la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero, encuentra que se cumple satisfactoriamente esta exigencia porque el pronunciamiento judicial remitido por el Reino de España contiene la conducta por la cual se acusa y responde a la resolución de acusación de la legislación colombiana.

Finalmente, pidió que se emita concepto favorable a la extradición de M.G., en razón al cargo formulado y exhortó a esta corporación para que, en caso afirmativo, se condicione la entrega del pretendido a que el gobierno del país requirente vele por sus derechos fundamentales y las garantías propias de su condición de justiciable.

Estudio de la defensa

La abogada(28), inicialmente, realizó un recuento de la actuación procesal y, posteriormente, sostuvo que, ningún reparo tiene respecto al cumplimiento de los requisitos exigidos para otorgar la extradición de su prohijado, no obstante, solicitó que se emita concepto desfavorable, con el fin de que la pena impuesta por el Estado petente contra J.A.M.G. se ejecute en nuestro país, puesto que no supera los cuatro años de prisión.

Aunado a ello, requirió que este cuerpo colegiado le informe al Gobierno del Reino de España el tiempo en el que el pretendido estuvo privado de la libertad en Colombia, para que se le tenga en cuenta como parte cumplida de la sanción penal.

Estudios del requerido

M.G.(29) exhortó a esta corporación para que se abstenga de continuar con el trámite de extradición, debido a que arguye que es consciente que debe purgar la pena impuesta por las autoridades españolas, empero su deseo es «descontar el tiempo» en nuestro país, específicamente en la cárcel XXX, donde actualmente se encuentra recluido.

Lo anterior, porque indicó que su condena es corta, no va a ejercer su derecho de defensa en XXX y el domicilio de su familia se encuentra en la ciudad de XXX, XXX.

Consideraciones

Aspectos generales.

Se precisa que, al tenor del artículo 35 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el 1º del Acto Legislativo 1 de 1997, la extradición se pedirá, concederá u ofrecerá de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley.

En tal sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores(30) precisó que los instrumentos internacionales aplicables al caso son la «Convención de Extradición de Reos, suscrita en Bogotá, D.C., (sic) el 23 de julio de 1892» y el «Protocolo Modificatorio a la Convención de Extradición entre la República de Colombia y el Reino de España, adoptado en Madrid el 16 de marzo de 1999»(31).

El concepto de la Corte versará sobre la convención, con su respectiva modificación, que determina:

1. El precepto 1º, establece que los dos gobiernos se «comprometen a entregarse recíprocamente los individuos condenados o acusados por los tribunales o autoridades competentes de uno de los dos Estados contratantes, como autores o cómplices de los delitos o crímenes enumerados en el artículo 3º y que se hubieren refugiado en el territorio del otro».

2. El canon 2º dispone que «ninguna de las Partes contratantes queda obligada a entregar sus propios ciudadanos o nacionales, ni los individuos que en ella se hubieren naturalizado antes de la perpetración del crimen».

Aunado a ello, señala que:

[A]mbas partes se comprometen, sin embargo, a perseguir y juzgar, conforme a sus respectivas leyes, los crímenes o delitos cometidos por nacionales de la (sic) una Parte contra las leyes de la otra, mediante la oportuna demanda de esta última y con tal que dichos delitos o crímenes se hallen comprendidos en la enumeración del artículo 3º. La solicitud será acompañada, en ese caso, de los objetos, documentos, antecedentes, declaraciones y demás informes necesarios.

3. En la disposición 3ª, reformada por la 1ª del Protocolo Modificatorio, indica que la extradición:

[P]rocederá con respecto a las personas a quienes las autoridades judiciales de la Parte requirente persiguieren por algún delito o buscaren para la ejecución de una pena privativa de libertad no inferior a un (1) año. A este efecto, será indiferente el que las leyes de las Partes clasifiquen o no al delito en la misma categoría de delitos o usen la misma o distinta terminología para designarlo.

4. El precepto 4º reza que no habrá lugar a la extradición cuando se requiera por un injusto «por el cual el individuo reclamado sufre o ha sufrido ya la pena, o que ha sido juzgado y absuelto en el territorio de la otra Parte contratante», o «si se ha cumplido la prescripción de la acción o de la pena».

5. Se aclara, en el canon 5º, que no se concederá la extradición por delitos políticos o por hechos conexos con ellos y en el artículo 6º, se ordena negar la entrega de la persona si se está ante crimen o injusto perpetrado con anterioridad a la ratificación del convenio o diverso del que haya motivado el pedido.

6. La disposición 8ª regla que la solicitud de extradición debe ser presentada por la vía diplomática e impone que se anexe copia autorizada de la sentencia, si se trata de un injusto condenado y evadido, y del mandamiento de prisión o auto de proceder o de cualquier otro documento que tenga la misma fuerza de dicho proveído, y que se especifiquen los hechos denunciados y las disposiciones aplicables al caso, cuando se trate de un individuo acusado o perseguido, así como las señas personales del reo o encausado, hasta donde sea posible, para facilitar su búsqueda y arresto.

7. El precepto 15, con la modificación que le introdujo el artículo 1º del protocolo modificatorio, regula que:

Cuando el delito por el que se solicita la extradición sea punible con pena de muerte con arreglo a las leyes del Estado requirente y las leyes del Estado requerido no permitan la imposición de tal sanción, se rehusará la extradición, a menos que, antes de concederse la extradición, el Estado requirente garantice a satisfacción del Estado requerido que no impondrá tal pena.

8. Finalmente, el artículo 2º del protocolo modificatorio, señala que «los documentos presentados con las solicitudes de extradición que por vía diplomática se tramiten, en virtud de la Convención de Extradición suscrita entre los dos países, estarán exentos del requisito de legalización».

Todos los elementos mencionados se analizarán a continuación:

1. Validez formal de la documentación presentada.

Acorde con lo exigido por el precepto 8º de la Convención de Extradición suscrita entre Colombia y el Reino de España, se establece que la petición de extradición del ciudadano colombiano M.G. fue presentada mediante vía diplomática y formalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores por parte de la XXX en nuestro país.

De esos documentos se determina con claridad que en contra del reclamado se profirió sentencia condenatoria XXX, dictada el 19 de noviembre de 2013 por el Juzgado de Instrucción XXX de XXX, Sección 7ª de la Audiencia Provincial de XXX, dentro del procedimiento abreviado XXX(32), con ejecutoria XXX «desde el día 10/04/2014»(33), mediante la cual en su parte resolutiva resolvió:

(…) debemos CONDENAR y CONDENAMOS a los acusados en esta causa, J. (sic) A. (sic) M.G. [y otro], como autores responsables de un delito contra la salud pública, (…) a la pena (…) de tres años y seis meses de prisión, accesoria de inhabilitación del sufragio de derecho pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 30.000 euros, con arresto sustitutorio en caso de impago de cuatro meses, y pago de la tercera parte de las costas del procedimiento(34) (resaltado dentro del texto).

Se precisa, aunado a ello, que el pretendido responde al nombre de J.A.M.G., tal y como se evidencia en la Circular Roja de Interpol con de control XXX(35), con la cual se acredita el requisito previsto en el numeral 3º del precitado artículo 8º de la convención, más aún cuando la exigencia allí contenida se limita a que el Estado requirente entregue «las señas personales del reo o encausado, hasta donde sea posible, para facilitar su busca y arresto».

La anterior documentación presentada por vía diplomática está exenta del requisito de legalización, conforme lo preceptúa el artículo 2º del protocolo modificatorio de la convención referida.

2. Plena identidad de la persona reclamada en extradición.

El Gobierno de XXX informó en su petición que el reclamado se llama J.A.M.G., ciudadano colombiano, con fecha de natividad del XXX, identificado con cédula de ciudadanía XXX, información que corresponde a quien permanece privado de la libertad desde el 5 de agosto de 2016, en virtud de la Circular Roja con de control XXX(36), datos que igualmente se consignan en la orden de captura de fecha 15 de julio de ese año, emitida por el Fiscal General de la Nación (E)(37).

Estos registros, confrontados con el informe sobre consulta web de la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil(38), la tarjeta decadactilar(39), el acta de derechos del capturado(40), el acta de notificación de la captura con fines de extradición(41), el registro fotográfico(42), la carta dental(43), la fotocopia de la cédula de ciudadanía(44) y el informe del investigador de laboratorio, elaborado por un técnico dactiloscopista a nombre de J.A.M.G.(45), dan cuenta de que se trata del solicitado en extradición por el Gobierno XXX. Por ende, se cumple este requisito.

3. Principio de la doble incriminación.

Frente a esta exigencia la corporación examina si los comportamientos atribuidos al requerido como ilícitos en el Estado extranjero tienen en Colombia igual connotación, es decir, si son considerados ilícitos y, de ser así, se estudia, según sea el caso, lo desarrollado por el artículo 3º del Protocolo Modificatorio a la Convención de Extradición de Reos(46).

De la lectura de dicho canon por su valor disyuntivo, se desprenden dos hipótesis para acceder a la entrega del reclamado: la primera, que en el país requirente se adelante actuación por la comisión de un delito cualquiera que sea (lista abierta o numerus apertus), y, la segunda, que haya sido condenado en el Estado petente y se le solicite para purgar la pena privativa de la libertad allí impuesta y que la misma no sea inferior a un año.

Ahora bien, en el caso sub examine se cumplen a satisfacción dichos condicionamientos. Veamos:

Los sucesos por los cuales las autoridades españolas requieren a M.G., se concretan así(47):

Entre los días 11 y 12 (sic) octubre 2012, como quiera que P.C.B., ciudadana nacida en XXX, y que vive en XXX, casada, con tres hijos, y en trámites de separación de su esposo J.F.C.F. (sic), en paradero desconocido, del que esperaba a menudo le mandara éste ropa para los pequeños, recibió llamadas, a través de terceros que no se indentificaron (sic), que no los recogiera, pues podrian (sic) llevar cocaina (sic) y que iba a recibir en su casa de XXX un paquete que podía contener la droga, hasta el punto que un repartidor de mensajería se hubo (sic) acercado a su domicilio para entregar un paquete, no abriendo esta (sic) la puerta, y temerosa por la custodia de sus hijos, comunicó tal extremo a la policía, el domingo día 14 de Octubre (sic) de 2.012 (sic), respecto al intento fallido de entrega del día anterior, por lo que aquella montó un dispositivo para detener a los verdaderos receptores del paquete, fruto del cual se detuvo al acusado C.Y., a quien la reseñada P. había autorizado por indicación del otro acusado J.A.M., para recoger el referido paquete en la oficina de correos. Así el día 15 octubre el acusado C. acudió al establecimiento MRW sito en la avenida de la Universidad XXX de XXX para recoger el referido paquete, que procedía de XXX (XXX), de remitente no conocida) (sic), y, una vez en su poder, cuando salía del referido establecimiento y estaba abriendo el mismo por un borde, fue detenido por la policía, aperturando (sic) el mismo en sede judicial. El que contenía dentro de otro envoltorio plástico un centenar de folios inpregnados (sic) en mayor o menor cantidad con cocaína que una vez analizada en el laboratorio arrojó un peso de 684,56 g (sic) con una pureza del 13% y con un valor de mercado de 12.484, 41 €.

Paralelamente se detuvo a los otros acusados J.A.M. y A. (sic) M.V. cuando iban a acceder a su domicilio sito en la calle XXX de XXX practicándose registro voluntario en el referido domicilio en cuyo interior se encontró en las diversas estancias del mismo 15.000 € repartidos en diferentes billetes, muy fraccionados, así como un contrato de arrendamiento de vivienda en el que figura como arrendador J.F.C. (exmarido de P.C.) quien al parecer se encontraba en XXX, así como otros documentos tales como anotaciones manuscritas numéricas, un gato hidráulico (sic) un molde, una pieza metálica de una prensa, varios recortes de plástico, un envoltorio y una bolsa de plástico conteniendo cocaína con un peso de 7,03 g (sic) y pureza de 1,7% y un valor de mercado entre 16,76 €.

Los acusado (sic) C. y J. reseñados conjuntamente se dedicaban a traficar (sic) con las sustancias reseñadas siendo los efectos incautados medios y productos de sus operaciones” (sic) No se aprecia ninguna operación activa o pasiva de consentimiento de la otras (sic) acusada A. (sic) Mº.V.F. (sic), a excepción de convivir con el coacusado J., lo qué la Sección extiende que en la duda debe absolvérsele del delito de que era imputada.

En el tiempo que estuvo en XXX, J.F., el acusado J. era el conductor y hombre de confianza del mismo, según declara la denunciante, a la que evidentemente conocía (resaltado dentro del texto).

El Gobierno XXX puntualizó en la solicitud de extradición contra J.A.M.G. la calificación jurídica de los hechos por los cuales se le acusa e indicó que se encuentran tipificados en el artículo 368 párrafo 1º del Código Penal XXX(48), así:

ART. 368.—Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos.

La conducta anteriormente descrita, se contempla en la legislación penal colombiana, en el artículo 376 (modificado por la L. 1453/2011, disposición 11), que desarrolla el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes del Código Penal expedido mediante la Ley 599 de 2000:

ART. 376.—(Modificado por la L. 1453/2011, art. 11). Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gramos de derivados de la amapola, doscientos (200) gramos de droga sintética, sesenta (60) gramos de nitrato de amilo, sesenta (60) gramos de ketamina y GHB, la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) meses de prisión y multa de dos (2) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de droga sintética, quinientos (500) gramos de nitrato de amilo, quinientos (500) gramos de ketamina y GHB, la pena será de noventa y seis (96) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y multa de ciento veinte y cuatro (124) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Tras confrontarse las normas invocadas por el Estado español, se observa que la conducta de tráfico de drogas ilícitas se encuentra penalizada por las legislaciones española y colombiana.

Empero, como ya se advirtió, el principio de la doble incriminación no se cumple con el hecho de que en ambos países la conducta imputada sea delito, sino que es menester estudiar lo planteado en el artículo 3º citado, como ya se advirtió. Por ende, la Sala examinará dicho presupuesto, pero respecto de la ejecución de la pena, por cuanto, se observa en los documentos aportados, que a través de la sentencia 71/2013 del 19 de noviembre de 2013 el Juzgado de Instrucción XXX de XXX, Sección 7ª de la Audiencia Provincial de XXX, condenó a J.A.M.G., como autor responsable de un ilícito contra la salud pública, a la pena de tres años y seis meses de prisión, por tanto la exigencia se cumple plenamente.

4. Naturaleza jurídica de los hechos fundantes de la solicitud.

El Convenio sobre Extradición de Reos proscribe la extradición de personas acusadas de delitos políticos y conexos, prohibición que para este evento no aplica, puesto que el punible objeto del requerimiento no ostenta tal connotación, por tratarse de una infracción penal ordinaria o delito común.

La otra limitante, relativa al ejercicio previo de la jurisdicción, no se configura, pues no se deduce de la documentación aportada ni ha sido reseñada por el país requirente o por la defensa.

5. Sobre la prescripción.

Uno de los impedimentos para conceder ésta solicitud, de conformidad con los pactos internacionales aplicables, artículo 4º de la convención, es la imposibilidad de extraditar a una persona «cuando se pida por un crimen o delito por el cual el individuo reclamado sufre o ha sufrido ya la pena, o que ha sido juzgado y absuelto en el territorio de la otra Parte contratante», o «si se ha cumplido la prescripción de la acción o de la pena, según las leyes del país a quien el reo sea reclamado».

Por ello, la Sala examinará la configuración de esa categoría jurídica en Colombia, pero respecto de la pena, por cuanto J.A.M.G., fue condenado el 19 de noviembre de 2013 «a la pena (…) de tres años y seis meses de prisión(49)», como autor responsable de un injusto contra la salud pública, providencia que quedó ejecutoriada «desde el día 10/04/2014»(50).

En nuestro ordenamiento jurídico se encuentra desarrollado el fenómeno de la prescripción de la pena en el artículo 89 de la Ley 599 de 2000, que reza:

La pena privativa de la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe en el término fijado para ella en la sentencia o el que falte por ejecutar pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco (5) años (…).

Igualmente, el canon 90 ejusdem, indica «El término de prescripción de la sanción privativa de la libertad se interrumpirá cuando el sentenciado fuere aprehendido en virtud de la sentencia, o fuere puesto a disposición de la autoridad competente para el cumplimiento de la misma».

En cuanto a la iniciación del término de la prescripción referida, el Código Penal vigente no trae previsiones expresas sobre ese aspecto, sin embargo, sobre el particular la Sala se ha pronunciado al respecto:

Resulta razonable entender que ello sucede a partir del momento en el que queda ejecutoriada la sentencia, tal como se disponía en el artículo 88 del anterior estatuto punitivo (...). (CSJ CP, nov. 18/2015, rad. 45942).

Corolario de lo expuesto, es menester afirmar que la pena prescribe en el tiempo fijado en la condena o en el que faltare por ejecutar, lapso que debe ser contado a partir de la interrupción del cumplimiento de la misma, sin que pueda ser menor de cinco años. Por lo anterior, en el caso bajo examen, tal mínimo es el que se debe tener en cuenta al momento de efectuar el análisis de prescripción de la sanción, toda vez que al pretendido fue condenado a tres años y seis meses de privación de la libertad.

De esta manera, según las leyes colombianas no se encuentra prescrita la pena, debido a que desde el día en el que quedó ejecutoriada la decisión (abr. 10/2014) a la fecha, no ha trascurrió el término de cinco años.

6. Condiciones que debe imponer el gobierno si autoriza la extradición.

Ante la eventual determinación positiva del Gobierno Nacional, en todo caso, respetando la órbita de su competencia como supremo director de las relaciones internacionales y conforme lo solicitado por el Ministerio Público, la defensa y el reclamado, la Corte considera pertinente recordar que debe someter la extradición a los siguientes condicionamientos al país requirente:

6.1. Excluir las penas de muerte, la condena a prisión perpetua, el sometimiento a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la sanción de destierro, o confiscación para los delitos autorizados, pues esas condenas están excluidas del ordenamiento jurídico colombiano, de conformidad con los fundamentos de la Constitución Política (arts. 11, 12 y 34), y si la legislación del Estado petente sanciona con la muerte los injustos que motivan la extradición, la entrega se hará bajo la condición de que tal pena sea conmutada, tal como lo prevén las disposiciones 512 del Código de Procedimiento Penal, 6 y 15 de la Convención de Extradición celebrada el 23 de julio de 1892, entre la República de Colombia y el Reino de España y el Protocolo Modificatorio adoptado en Madrid el 16 de marzo de 1999.

6.2. Recordar al Gobierno XXX la prohibición constitucional de juzgar al ciudadano solicitado por conductas anteriores al 17 de diciembre de 1997 y diversa de la que originó la solicitud de extradición.

6.3. Para preservar los derechos fundamentales del requerido, el Gobierno Nacional condicionará su entrega a que España le garantice su permanencia en ese país y el retorno a Colombia, en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, después de su liberación por haber cumplido la pena que le fue impuesta en la sentencia de condena, en razón del delito por el cual se autoriza su extradición.

6.4. A partir de los postulados axiológicos de la Constitución Política, se está en el deber de disponer lo necesario para que el servicio exterior de la República realice un detallado seguimiento a los condicionamientos referidos y a que advierta al Estado requirente que la persona solicitada en extradición ha permanecido privada de libertad por virtud de este trámite.

6.5. El Gobierno de la República de Colombia debe, además, condicionar la entrega de J.A.M.G. a que se le respeten —como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones— todas las garantías debidas, en particular, a que su privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social (preceptos 29 de la Carta; 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 5-3.6, 7-2.5,8-1.2(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h).3.4.5, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Igualmente, se debe limitar la entrega a que el país reclamante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que el eventual extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección adicional que a ese núcleo le otorgan la Convención Americana sobre Derechos Humanos (disposición 17) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (canon 23).

6.6. Finalmente, se recordará al país extranjero, la obligación de sus autoridades de tener como parte cumplida de la pena el tiempo que J.A.M.G. haya permanecido privado de su libertad en razón de este trámite.

Respuesta a los alegatos de la defensa y del requerido

La Sala se permite manifestar lo siguiente:

En lo atinente al cuestionamiento efectuado respecto a la ejecución de la sanción penal impuesta por el Estado petente contra el requerido en nuestro país, específicamente en la cárcel XXX, debido a que es una pena corta (menor de cuatro años), no va a ejercer su defensa en XXX y tiene su familia en la ciudad XXX, XXX, esta corporación reitera que es un asunto que incumbe de manera privativa al juez natural; de modo que solo en el escenario de la competencia del tribunal extranjero se pueden proponer y debatir.

Lo anterior, debido a que la labor de este cuerpo colegiado, en esta materia, se circunscribe a la verificación del cumplimiento de los presupuestos legalmente establecidos para la eventual concesión de la extradición, dentro de los cuales se encuentra la validez formal de la documentación presentada, la plena identidad del pretendido, la equivalencia de la providencia española con la resolución de acusación prevista en el ordenamiento jurídico colombiano y el principio de incriminación.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

Emite concepto favorable

Ante la solicitud de extradición del ciudadano colombiano J.A.M.G., efectuada por el XXX mediante Nota Verbal XXX del 14 de julio de 2016, en relación al cumplimiento del requerimiento efectuado por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de XXX.

Por la secretaría de la Sala entérese de esta decisión a los interesados e intervinientes, así como al señor Fiscal General de la Nación, para lo de su cargo.

Remítase el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho, para lo que concierne en adelante al Gobierno Nacional.

Magistrados: Eugenio Fernández Carlier—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Luis Antonio Hernández Barbosa—Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 Folio 3 carpeta anexa.

2 Folio 20, ibídem.

3 Folios 32 a 39, ibídem.

4 Folios 40 a 42, ibídem.

5 Folios 4 y 5, ibídem.

6 Folios 23 a 27, ibídem.

7 Folio 21, ibídem.

8 Folios 32 a 39, ibídem.

9 Folios 40 a 42, ibídem.

10 Folios 43 y 44, ibídem.

11 Folios 45 a 55, ibídem.

12 Folios 7 a 14, ibídem.

13 Folios 1 y 2, cuaderno de la Corte.

14 Folios 17 y 18, carpeta anexa.

15 Folios 58 a 61, ibídem.

16 Folio 63, ibídem.

17 Folio 6, cuaderno de la Corte.

18 Folio 9, ibídem.

19 Folio 11, ibídem.

20 Cabe anotar que a partir de las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 12 de octubre de 2016 empezó a correr el término de 10 días para que las partes pidieran las pruebas que consideraran pertinentes y venció el 26 de octubre de 2016 a las cinco de la tarde (5:00 p.m.). (Fl. 15, cdno. de la Corte).

21 Folio 16, cuaderno de la Corte.

22 Folio 17, ibídem.

23 Folio 18, ibídem.

24 Folios 24 a 32, ibídem.

25 Folios 33 a 39, ibídem.

26 Folios 40 y 41, ibídem.

27 Folios 24 a 32, ibídem.

28 Folios 33 y 39, ibídem.

29 Folios 40 y 41, ibídem.

30 Folios 17 y 18 carpeta anexa.

31 La última fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-780 de agosto 18 del mismo año.

32 Folios 32 a 39 carpeta anexa.

33 Folios 40 a 42, ibídem.

34 Folio 38, ibídem.

35 Folios 4 y 5, ibídem.

36 Folios 4 y 5, ibídem.

37 Folios 58 a 61, ibídem.

38 Folio 67, ibídem.

39 Folio 75, ibídem.

40 Folio 91, ibídem.

41 Folio 90, ibídem.

42 Folio 74, ibídem.

43 Folio 85, ibídem.

44 Folio 86, ibídem.

45 Folios 71 a 73, ibídem.

46 ART. 3º—La extradición procederá con respecto a las personas a quienes las autoridades judiciales de la Parte requirente persiguieren por algún delito o buscaren para la ejecución de una pena privativa de libertad no inferior a un (1) año (…). (Resaltado y subrayado fuera del texto).

47 Folios 33 y 34, ibídem.

48 Folio 25, ibídem.

49 Folio 38, ibídem.

50 Folios 40 a 42, ibídem.