Concepto CP051-2016 de mayo 4 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Eyder Patiño Cabrera

Rad.: 44939

Aprobado acta 141

Bogotá, D.C., cuatro de mayo de dos mil dieciséis

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

EXTRACTOS: «Concepto de la Corte

1. Precisión inicial.

La Corte en lo que se relaciona con los ciudadanos colombianos, L.A.D.R. y R.D.R., requeridos en razón de la acusación Nº 13-20xxx-CR-ALTONAGA/SIMONTON, dictada el 3 de mayo de 2013, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, por los delitos de distribución de cocaína, y solicitados en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos, se ha pronunciado en diferentes actuaciones, así:

En el expediente con radicación 44.938 la Sala emitió el Concepto CP072-2015 del 24 de junio de 2015, en el que declaró desfavorable la petición de extradición elevada por el Gobierno de los Estados Unidos para el ciudadano L.A.D.R., en aplicación de la prohibición de doble juzgamiento por obrar condena proferida el 26 de junio de 2012 por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Cali, contra el referido D.R. por el ilícito de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes.

La corporación, profirió el 14 de octubre de 2015, Concepto CP141-2015 (radicado 44939) en el que resolvió, favorable la postulación de extradición hacia los Estados Unidos de R.D.R., en lo que se relaciona con la comisión del punible de concierto para delinquir agravado para el bienio 2007 y 2008, al considerar que no se afectaba el non bis in idem en este asunto con la sentencia 26 de junio de 2012 del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Cali proferida contra el peticionado, y desfavorable, “para los hechos punibles ocurridos con posterioridad al mes de enero del año 2009”.

La decisión citada en precedencia, fue anulada con Auto AP1025-2016 del 24 de febrero de 2016, en la cual se resolvió adoptar nuevamente la decisión a fin de garantizar los derechos a la igualdad y al debido proceso de R.D.R. y por ende, “(…) una vez adquiera firmeza éste proveído, se profiera la determinación que en derecho corresponda”.

En esta oportunidad debe indicarse que el trato jurídico igual se resolverá con base en el criterio general que la Sala aplica en los casos de extradición de ciudadanos colombianos a los Estados Unidos, verificándose además en concreto la situación que corresponda al requerido frente a garantías fundamentales, pues es esa la regla aplicable, dado que la equivocación en un asunto particular no es constitutiva de derechos, ni el patrón de comparación para definir el trato jurídico.

2. Aspectos generales.

El artículo 502 de la Ley 906 de 2004 establece los requisitos para analizar en las solicitudes de extradición, sobre los cuales la corporación viene precisando que debe acreditarse la validez formal de la documentación allegada por el país requirente, la demostración plena de la identidad de la persona solicitada, la concurrencia de la doble incriminación, esto es, que el hecho que motiva la solicitud de extradición tanto en el Estado reclamante como en Colombia sea delito y además que la legislación nacional lo sancione con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años y respecto de la equivalencia que debe existir entre la providencia proferida en el extranjero y —por lo menos— la acusación del sistema procesal interno (CSJ CP, 25 enero 2012, radicado 37537 reiterado en CP095-2015, rad. 44990).

Conforme la acusación Nº 13-20xxx-CR-ALTONAGA/SIMONTON del 3 de mayo de 2013, dictada por la Corte del Distrito de Sur de Florida, los hechos que motivan la petición de extradición por el Gobierno de los Estados Unidos son posteriores al 1º de enero de 2005, fecha en la cual entró en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Penal, por lo cual el concepto se circunscribe a examinar los artículos 493, 495 y 502 de la Ley 906 de 2004(16).

Así mismo, resulta aplicable “la ‘convención de naciones unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas’, suscrita en Viena el 11 de julio de 1988”, al ser el tratado multilateral para el caso, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 6º, numerales 4º y 5º, de la precitada Convención, así como según “los artículos 491 y 496 de la Ley 906 de 2004”, se debe obrar acorde con “el ordenamiento jurídico colombiano”(17). Entonces el concepto ha de fundamentarse en lo dispuesto en nuestro Código de Procedimiento Penal.

3. La validez formal de los documentos aportados

Encuentra la corporación que se cumplen las exigencias legales del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) y General del Proceso (Ley 1564 de 2012), con el fin de tenerlos como aptos para fundar el concepto frente a la petición de extradición del ciudadano colombiano R.D.R.

En efecto, se allega debidamente legalizada la copia de la acusación Nº 13-20xxx-CR-ALTONAGA/SIMONTON, dictada el 3 de mayo de 2013, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida, en contra del reclamado(18).

Así mismo, el Gobierno peticionario anexa en la documentación sobre el contenido de las normas del código de los Estados Unidos aplicables al caso, las cuales fueron reseñadas en precedencia.

Se incluye la orden de arresto proferida por la autoridad judicial de los Estados Unidos de América contra el citado D.R., en razón de la acusación mencionada suscrita por un funcionario de la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida(19) y las declaraciones juradas de M.B., fiscal auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida(20) y de P.C., agente especial de la Administración para el Control de Drogas, DEA(21), cuyo contenido y traducción al español, junto con el resto de la documentación que las acompaña, fueron certificados por la directora asociada de la oficina de asuntos internacionales, división de lo penal, del departamento de justicia de los Estados Unidos de América(22).

También obra en carpeta anexa de la petición, el oficio suscrito por la Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, en la cual corrobora que “se encuentran reunidos los requisitos formales exigidos en la normatividad procesal penal aplicable”.

En consecuencia, al cumplirse los requisitos de la solicitud de extradición para R.D.R., al tenor de las normas de los Estados Unidos de América y los de legalización en Colombia, la Corte los tendrá como aptos para servir de prueba en este asunto, verificándose la primera exigencia legal.

4. De la plena identidad del requerido.

La identidad del solicitado R.D.R., se acreditó con el informe de la dirección nacional de identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil(23), en la que se indica que el capturado se identifica con la cédula de ciudadanía colombiana xxx de xxx – xxx, nacido el xxx de enero de xxx en el xxx – xxx, documentación acreditada por los Estados Unidos de América e igualmente contenidos en las Notas Verbales 1xxx y 2xxx del 16 de junio y 21 de octubre de 2014, respectivamente.

La información referida aparece corroborada con lo consignado por el propio D.R. al momento de ser privado de la libertad(24) y en el estudio de plena identidad elaborado por un perito con atribuciones de policía judicial de la Fiscalía General de la Nación, presentado mediante informe FPJ-13 del 23 de agosto de 2014.

Conforme lo expuesto, para este asunto, la Corte encuentra acreditado que el capturado R.D.R. es la misma persona solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

5. El principio de la doble incriminación.

A fin de establecer si los supuestos fácticos atribuidos al peticionado como ilícitos en el país extranjero tienen la misma connotación en Colombia, para ser considerados delitos y, en consecuencia, consagran penas mínimas inferiores a cuatro años de privación de la libertad, valórese la acusación Nº 13-20xxx-CR-ALTONAGA/ SIMONTON, dictada el 3 de mayo de 2013, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida donde se le atribuye en la primer premisa al citado D.R. el conocimiento y acuerdo con otras personas para ‘distribuir’ una sustancia controlada que sería importada a Estados Unidos y en la segunda premisa de la acusación formal se indica que ‘además’, la citada contravención “implicó cinco kilogramos o más de una sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína”.

Con los anexos aportados a la solicitud de extradición se allegó la transcripción de las disposiciones legales aplicables en el ordenamiento penal de Estados Unidos al caso de R.D.R., mencionándose entre otros, los artículos 959 (fabricación o distribución con fines de importación ilícita), 960 (actos prohibidos) y 966 (concierto).

Las normas sustanciales mencionadas en la acusación, formulada por las autoridades judiciales del país reclamante contra R.D.R., corresponden en Colombia al concierto para delinquir agravado, previsto en el numeral 2º del artículo 340 (modificado por los artículos 8º de la Ley 733 de 2002, 14 de la Ley 890 de 2004 y 19 de la Ley 1121 de 2006) que prevé pena de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años. Igualmente al atribuirse que la conducta involucró cinco o más kilogramos de cocaína, la acción se adecua al ilícito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes de que trata el artículo 376 del Código Penal que tiene una pena superior a 10 años de prisión.

Así, las normas internas colombianas rezan:

“— Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuatro (4) a nueve (9) años.

Cuando el concierto sea para cometer delitos de (…) tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas (…) la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales.

La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto o la asociación para delinquir.

— Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de la naciones unidas sobre sustancias sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gramos de derivados de la amapola, doscientos (200) gramos de droga sintética, sesenta (60) gramos de nitrato de amilo, sesenta (60) gramos de ketamina y GHB, la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) meses de prisión y multa de dos (2) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de droga sintética, quinientos (500) gramos de nitrato de amilo, quinientos (500) gramos de ketamina y GHB, la pena será de noventa y seis (96) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y multa de ciento veinte y cuatro (124) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

La pena privativa de la libertad establecida para los punibles en mención, en su mínimo, supera ampliamente los cuatro años, según lo exige el numeral 1º del artículo 493 de la Ley 906 de 2004 y no constituyen delitos políticos, cometidos, según la acusación foránea entre el año 2007 y diciembre de 2011, esto es, con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, por tanto, se cumple satisfactoriamente el presupuesto de la doble incriminación.

En el Indictment el Estado requirente, como se indicó, a R.D.R. le atribuyó el acuerdo con otros para distribuir sustancia controlada, pero «además» se precisó que la conducta involucró 5 kilogramos o más de cocaína, citando como disposiciones en las que se adecuaba la conducta los artículos 959, 960 y 963 que tipifican el concierto para delinquir y el tráfico de estupefacientes.

Revisada la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia desde el 2013 a la fecha, en relación con los cargos en los que se imputa al reclamado en extradición los artículos 959, 960 y 963 se ha adoptado por admitir que los cargos corresponden en Colombia al concierto para delinquir y al tráfico de estupefacientes, de que tratan los artículos 340 y 376 del C.P., con las modificaciones de la Ley 733 de 2002, 890 de 2004 y 1121 de 2006, en los conceptos emitidos en los siguientes radicados:

47057; 46495; 46916; 46497; 44764; 45115; 46344; 44512; 46347; 46348; 46498; 45742; 46343; 46258; 46221; 46055; 45932; 45953; 46558; 46494; 46355; 45954; 46224; 46009; 46223; 46190; 46072; 46008; 46129; 44765; 45785; 45838; 44938; 45840; 45933; 45688; 45640; 45157; 45931; 43800; 45531; 44521; 45275; 45279; 45276; 44937; 44784; 44019; 38988; 45272; 44763; 45116; 44964; 44989; 44786; 43168; 44914; 44017; 43911; 42114; 42809; 42972; 42503; 42504; 42776; 42580; 41274; 40303; 40530; 40488; 46960; 46957; 45449; 46346; 46560; 46342; 46222; 45448; 45169; 46341; 45409; 44913; 44762; 44987; 44260; 41805; 42167; 42797; 42976; 42974; 42952; 42956; 42587; 42979; 42608; 42583; 42811; 42571; 42640; 42413; 42409; 42411; 42574; 42572; 42169; 42412; 42687; 41474; 42586; 41289; 41335; 40345; 40304 y 40051.

En el mismo lapso y con base en el supuesto anunciado en el párrafo anterior, la Sala emitió concepto asumiendo como cargo imputado al reclamado en extradición el delito de concierto para delinquir en los siguientes radicados:

46745; 45839; 44991; 45178; 42964; 42502; 42505; 46073 y 44939.

El cotejo de los conceptos emitidos evidencia el criterio mayoritario que los cargos imputados corresponden al concurso del concierto para delinquir agravado con el tráfico de estupefacientes.

En esta oportunidad se ratifica el criterio mayoritario señalado, por las siguientes razones: i) la imputación jurídica es elemento esencial de la acusación y su señalamiento establece los parámetros de los cargos que debe defenderse el procesado en el juicio; ii) las autoridades judiciales colombianas no tienen competencia para modificar los reproches que se le hacen al requerido por la autoridad judicial extranjera; iii) el adverbio «además» que se utiliza en la imputación jurídica del Indictment, luego de referir que el reclamado en extradición incurrió en concierto por conspirar, confederar o acordar, es aditiva, de agregación, indicativa que también se suma la conducta del tráfico que involucra una cantidad de cocaína equivalente a 5 kilogramos o más; y iv) los artículos 959, 960 y 963 de la Legislación Penal de los Estados Unidos aluden los dos primeros a la posesión, fabricación o distribución de sustancia ilícita y el 963 al concierto para delinquir.

6. Equivalencia entre la providencia dictada en el extranjero y la acusación del sistema procesal colombiano.

Al tenor del numeral 2º del artículo 493 de la Ley 906 de 2004(25), la corporación encuentra acreditado el cumplimiento del requisito de la equivalencia de las providencias, en atención a que contra el ciudadano colombiano R.D.R. y otros, se profirió por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida la Acusación Nº 13-20304-CR-ALTONAGA/SIMONTON, dictada el 3 de mayo de 2013.

En efecto, la acusación en mención equivale a la decisión acusatoria, pues, aun cuando su introducción según la legislación extranjera difiere de su presentación en el proceso penal colombiano, lo cierto es que constituye la providencia que da paso al juicio oral, fundamentada en unos hechos debidamente circunstanciados para que frente a ellos ejerza su derecho de defensa, con la mención de las normas infringidas.

Por lo tanto, se observa que, como así lo ha reconocido la jurisprudencia de la Sala, la acusación emitida por un fiscal de los Estados Unidos y aprobada por el Gran Jurado es equivalente y tiene la misma fuerza vinculante de la acusación propia de nuestro sistema judicial.

7. Prohibición de doble juzgamiento.

En el trámite de extradición, se estableció que R.D.R. fue condenado el 26 de junio de 2012 por el Juzgado 5º Penal del Circuito Especializado de Cali a las penas principales de 84 meses de prisión y multa equivalente al valor de 1.574 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como autor del delito de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico (artículo 340, inciso segundo y tercero, de la Ley 599 de 2000, modificado por los artículos 8 y 19 de las leyes 733 de 2002 y 1121 de 2006). Esa decisión, en la cual también fue condenado L.A.D.R., hermano del ahora requerido, cobró ejecutoria el día de su emisión, como así aparece en la constancia correspondiente(26).

Los congéneres D.R., asesorados por sus defensores, celebraron preacuerdo con la Fiscalía 11 Especializada de Cali, de fecha 4 de mayo de 2012 y que culminó con la sentencia referida(27).

La condena del 26 de junio de 2012 del Juzgado 5º Penal del Circuito Especializado de Cali en nuestro país, indicó respecto a la situación fáctica:

“Da cuenta la investigación que durante el mes de mayo de 2009 miembros de la Policía Judicial, a través de llamadas anónimas, conocieron de la presunta existencia de una organización delictiva que operaba en los departamentos del Valle del Cauca y Nariño, dedicada al tráfico de estupefacientes, cuyo liderazgo era ejercido por un sujeto conocido como R.D.R., alias ‘E.G.’, quien era el encargado de proporcionar los recursos económicos para que otros miembros adquirieran las sustancias estupefacientes y posteriormente ser enviadas y comercializadas en el exterior, a través de nuevos contactos que se ubican en Panamá y mantienen comunicación directa con el líder de la organización R.D.R., quien se encarga de recibir el estupefaciente que se envía de este país y posterior distribución a México Europa y Estados Unidos.

Se supo también que los integrantes de la red se radican en Cali, Popayán y los municipios de Argelia, Balboa y los corregimientos de El Plateado, Sinaí, El Mango y La Playa, lugares estos de donde planean, coordinan y ejecutan el comercio de alcaloides, pues en estas zonas rurales poseen laboratorios donde se procesa el estupefaciente.

Se informó igualmente que para el mes de julio de 2009, alias “E.G.” y alias el “cabezón” enviarían desde esta ciudad con destino al Cauca, una fuerte suma de dinero, la cual iba camuflada en el camión distinguido con placas xxx-xxx, siendo por ello que se articuló el operativo y el 30 de ese mismo mes, se registró el automotor en el que se transportaba el alimento para equinos y bovinos, encontrando la suma de $ 385.250.000 camuflados en cuatro bultos, operando (sic) la captura de su conductor J.F.R.G..

Sobre la base de dicha información se adelantó el programa metodológico y fue en desarrollo de las pesquisas adelantadas por el órgano de la acusación, tales como interceptación de comunicaciones de distintos abonados telefónicos, vigilancia y seguimiento de personas, búsquedas selectivas en base de datos, entre otras técnicas de investigación —ordenadas y legalizadas por el Juez de Control de Garantías— que se logró establecer que efectivamente la banda delincuencial existía y que se dedicaba a actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico; así como que se había incautado grandes cantidades de dinero; destruidos laboratorios e incautación de sustancias estupefacientes.

Así mismo, se conocieron los alias de los integrantes de la estructura criminal y el rol que desempeñaba cada uno de ellos (…).

Fue en virtud de la anterior información que se solicitó ante el Juez de Control de Garantías la captura de los mencionados sujetos, las cuales se materializaron y legalizaron el día 26 de enero de 2012 y 31 del mismo mes y año, el Juez 25 PMG legalizó la captura y dirigió el proceso hacia la formulación de imputación e impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, sin que ninguno de los aquí procesados se hubiese allanado a los cargos de Concierto para delinquir con fines de narcotráfico, tráfico de estupefacientes y lavado de activos para R.D.R. y de concierto para delinquir agravado para L.A.D.R. (…)” (28)

La síntesis de los hechos hasta la definición de situación jurídica, arroja como conclusión que en el proceso adelantado en el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Santiago de Cali contra R.D.R. y L.A.D.R., se les dio un trato fáctico y jurídico diferenciado, a saber: al primero se le formuló imputación e impuso detención preventiva por “concierto para delinquir con fines de narcotráfico, tráfico de estupefacientes y lavado de activos”; en tanto que al segundo se le atribuyó únicamente “concierto para delinquir agravado”.

El 5 de mayo de 2012, según da cuenta el fallo proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Santiago de Cali, los hermanos D.R. suscribieron preacuerdo, cuyo contenido se registra en la sentencia que profiriera dicho despacho judicial a folio 5, así: “ambos aceptaron responsabilidad como coautores del delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico agravado conforme al inciso 2º del artículo 340 del Código Penal”.

El Juzgador les otorgó una rebaja de pena del 41.66% de la que correspondería imponer, como descuento punitivo por el hecho de haberse acogido al trámite abreviado, con base en el artículo 351 del C.P.P.

El texto del preacuerdo con L.A.D.R., fue citado en el concepto de extradición tramitado bajo el radicado No. 44.938, cuyo tenor es el siguiente:

“Acuerdo: El señor L.A.D.R., en presencia de su defensor de confianza, acepta el cargo de coautor material del delito de concierto para delinquir agravado por darse con fines de narcotráfico, artículo 340, inciso 2 del C.P. La Fiscalía acuerda con el imputado reconocerle el 41.66% de descuento de la pena por tratarse de acuerdo de voluntades firmado luego de transcurridos más de tres meses desde el acto de la imputación, lo que comportó un desgaste mayor para la investigación penal que nos ocupa. En consecuencia se establece la pena de prisión mínima de 96 meses u 8 años de prisión, que resultan de partir del mínimo consagrado en el delito de concierto para delinquir agravado. Total del cual debe descontarse el 41.66% (que equivalen a 39.999 meses) por consecuencia, se itera, del presente preacuerdo para arribar entonces a una pena definitiva de Cuatro años y 8 meses, o 56 meses, de prisión y multa de mil quinientos setenta y cuatro (1574) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que impondrá el señor Juez de conocimiento, en el evento que la hallare ajustada a derecho (…)”.

Ese convenio celebrado entre L.A.D.R., su defensor y el fiscal, que también lo suscribió en iguales términos el incriminado R.D.R., fue autorizado por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Santiago de Cali, al hallarlo conforme a derecho, por eso se lee al folio 9 del fallo lo siguiente: “Teniendo en cuenta lo anterior y como quiera que no se advirtieron violaciones esta instancia impartió aprobación a cada uno de los preacuerdos en la correspondiente audiencia, y es por ese motivo que el fallo que hoy se emite va a ser conforme a sus términos”.

El juzgado de marras en sentencia de fecha 26 de junio de 2012 declaró la responsabilidad penal por el delito de concierto para delinquir agravado contra los señores D.R., les impuso la pena correspondiente y las únicas copias que ordenó fueron las dirigidas al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para el cumplimiento de la sanción impuesta (numeral 6º de la parte resolutiva).

De lo expuesto surge entonces que: i) L.A.D.R. no fue judicializado, esto es, no fue investigado ni condenado por el delito de tráfico de estupefacientes en el proceso que adelantó el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Santiago de Cali, únicamente fue responsabilizado por el delito de concierto para delinquir agravado; y ii) R.D.R. fue judicializado e investigado y se le impuso detención preventiva por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y lavado de activos, pero únicamente aceptó cargos y fue condenado por el primero de los ilícitos en mención, las demás conductas judicializadas debieron seguir el trámite ordinario.

En el trámite de la extradición no está demostrado que R.D.R. hubiese aceptado cargos por el delito de tráfico de estupefacientes y lavado de activos, tampoco que haya sido condenado en trámite ordinario por esas conductas punibles, luego al amparo del non bis ibídem no existe impedimento legal de la Corte para conceder la extradición solicitada respecto de él por el delito de tráfico de estupefacientes, por el que ha sido reclamado en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos mediante la Nota Verbal Nº 2080 del 21 de octubre de 2014, cargo formulado en la Acusación Formal Nº 13-20304-CR-ALTONAGA/SIMONTON del 3 de mayo de 2013 según el siguiente apartado: “Section 960(b)(1)(B), it is further alleged that this violation involved five (5) kilograms or more of a mixture and substance containing a detectable amount of cocaine”, es decir, “Sección 960(b) (1) (B) del Título 21 del Código de los Estados Unidos, además se alega que esta contravención implicó (sic) cinco (5) kilogramos o más de una sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína”.

En cuanto al lavado de activos se remitirá copia de este concepto a la autoridad judicial o de la fiscalía que esté conociendo de la instrucción o juzgamiento, para lo de su competencia.

En relación con la situación de L.A.D.R., en el expediente de extradición radicado con el Nº 44xxx, en el acápite de la decisión, bajo el título de concepto, únicamente se emitió pronunciamiento sobre el delito de concierto para delinquir agravado, no se hizo alusión y por tanto no se decidió sobre el delito de tráfico de estupefacientes, aunque sobre este último se le mencionó en algunos párrafos de la motivación y de manera concreta frente a un presunto evento delictivo.

Precisamente en los considerandos del concepto al que se hace referencia en el párrafo anterior y en cuanto a la conducta de tráfico de estupefacientes de L.A.D.R. se dijo:

“Como el delegado de la fiscalía de Colombia, al suscribir el preacuerdo, de manera autónoma e independiente estimaron del caso acusar por el concierto y abstenerse de hacerlo, al menos, en el mismo proceso, por uno u otro acto específico constitutivo de tráfico de estupefacientes”.

En otras palabras, la Sala descartó que el preacuerdo en el proceso penal del que conoció el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Santiago de Cali hubiese tenido como objeto el tráfico de estupefacientes para L.A.D.R., pues entendió que el fiscal no lo acusó “en el mismo proceso”, lo que no significaba que esa autoridad no estuviera obligada a indagar por esa conducta en una actuación diferente.

Sobre este supuesto, entonces, deberá remitirse copia de este concepto a la Fiscalía General de la Nación para que se anexe a la investigación penal que se adelante contra L.A.D.R. por el tráfico de estupefacientes o en su caso al juez que adelante el juicio, para lo de su competencia. Estas premisas obedecen a que en la extradición con radicado 44938 no se tuvo conocimiento de cuál fue el proceder del Fiscal.

El registro referido permite concluir que la situación jurídica de R. y L.A.D.R. no es idéntica en los hechos por los que se les inició investigación penal en lo que atañe al delito de tráfico de estupefacientes aunque sí lo es en relación con el concierto para delinquir por el que fueron condenados.

En consecuencia debe admitirse que opera el non bis in ídem por el delito de concierto para delinquir respecto de la reclamación que por ese reato se hace para R.D.R., porque por tales hechos fue juzgado y condenado en Colombia.

Veamos, la solicitud de captura con fines de extradición de R.D.R., proveniente del Gobierno de los Estados Unidos se produjo a través de nota verbal Nº 1067 del 16 de junio de 2014. Así mismo, la solicitud formal de extradición aparece contenida en la comunicación diplomática Nº 2080 del 21 de octubre de 2014, que específicamente tiene como soporte:

“La investigación reveló que desde enero del 2007 hasta el 11 de diciembre de 2011, R.D.R., L.A.D.R. y S.G.E.G. eran miembros de una organización de tráfico de narcóticos (DTO) que operaba en Colombia, la cual transportaba cantidades de múltiples kilogramos de cocaína, a través de lanchas rápidas, desde Colombia hacia los Estados Unidos. R.D.R., el líder de la DTO, suministraba la cocaína, la cual era producida en laboratorios regionales en el departamento del Cauca, Colombia y coordinaba el transporte de la cocaína, por medio de lanchas rápidas, a través de Panamá y Guatemala hacia México para su posterior distribución en los Estados Unidos. L.A.D.R. supervisó la administración diaria de la DTO y coordinó la producción y el transporte de la cocaína. S.G.E.G. era un administrador del laboratorio de cocaína para uno de los laboratorios regionales y negoció directamente con R.D.R. y L.A.D.R. para suminístrales la cocaína distribuida por la DTO.

El 10 de diciembre de 2011, R.D.R., L.A.D.R. y S.G.E.G. estuvieron involucrados en una operación marítima de contrabando que resultó en la interdicción de una lancha rápida por parte de la Policía Nacional de Colombia (CNP) y de la Armada de Colombia. Oficiales de las fuerzas del orden de Colombia incautaron un total de aproximadamente 1.522 kilogramos de cocaína de la lancha rápida”.

Así mismo, complementa la acusación Nº 13-20304-CR-ALTONAGA/SIMONTON del 3 de mayo de 2013, y de las citadas notas verbales -1067 y 2080-, la declaración juramentada rendida por el investigador del caso –P.C.-, quien manifestó:

“La investigación reveló que de enero de 2007 al 11 de diciembre de 2011, R.D.R. (R.D.) L.A.D.R. (L.D.) y S.G.E.G. (E.G.) fueron miembros de una organización narcotraficante con sede en Colombia que transportaba múltiples kilogramos de cocaína, por medio de lanchas rápidas, de Colombia a los Estados Unidos (…)(29)”.

A fin de especificar los hechos fácticos atribuidos en la acusación foránea, el agente de la DEA señaló en su declaración:

“El 9 de diciembre de 2011, durante varias llamadas telefónicas interceptadas lícitamente por la Policía Nacional de Colombia (PNC), R.D., L.D. y E.G. son escuchados cuando hablaban de una futura operación de contrabando marítimo de cocaína”.

(…)

“El 10 de diciembre de 2011, la PNC, en conjunto con la Marina de Colombia, encontraron e interceptaron una lancha rápida sin nombre y apátrida en aguas colombianas. Durante la operación de interdicción los miembros de la tripulación saltaron por la borda y evitaron ser capturados. Sin embargo, la PNC abordó la embarcación e incautó un total de 1.522 kilogramos de cocaína de la nave. Según CW-2, L.D. coordinó el transporte de la cocaína desde el laboratorio colombiano hasta el punto de zarpado en Colombia, en donde fue posteriormente cargada en la embarcación. CW-2 declaró que R.D. había sido su punto de contacto principal en la organización para esta operación, y que L.D. había ayudado con la vigilancia cotidiana de la misma”.

(…)

“Por petición de los agentes de la DEA, CW-2 escuchó varias de las llamadas interceptadas lícitamente del 9 al 10 de diciembre de 2011, e identificó las voces de R.D., Luis Rodríguez y Enríquez Guerrero como las voces de las personas escuchadas hablando de las operaciones de cocaína mencionadas anteriormente. (…) CW-2 declaró que Luis Rodríguez administraba los asuntos de la organización DTO y coordinaba la producción y el transporte de la cocaína a distintos puntos de zarpado, Y que Enríquez Guerrero trabajaba como administrador de un laboratorio de cocaína para uno de los laboratorios regionales de cocaína de la organización en Colombia”.

“Según CW-1 y CW-2 el 10 de diciembre de 2011, y como lo hablaron los acusados en las llamadas interceptadas mencionadas en el párrafo 11, una segunda lancha rápida llegó a Centroamérica y entregó aproximadamente 1000 kilogramos de cocaína. CW-1 y CW-2 declararon que R.D. y L.D. habían estado involucrados en la planeación y el zarpado de la segunda lancha rápida, y que la cocaína iba con destino a Estados Unidos(30)”.

En consecuencia, con soporte en la prueba documental arribada al trámite de extradición, encuentra la Corte, que el hecho del concierto para delinquir que motiva el pedido de entrega de R.D.R. respecto a las circunstancias fácticas a las que hace relación la acusación Nº 13-20304-CR-ALTONAGA/SIMONTON del 3 de mayo de 2013 y las notas verbales 1067 y 2080 del 16 de junio y 21 de octubre de 2014 de la Corte del distrito Sur de Florida de los Estados Unidos, ya fue juzgado en Colombia.

Reitérese que, al comparar el escrito de preacuerdo suscrito en la Fiscalía, la sentencia emitida por el Juzgado 5º Penal del Circuito Especializado de Cali con la acusación extranjera, presentan similitud en los hechos descritos en las actuaciones judiciales referidas y que se relacionan con el delito de concierto para delinquir de la empresa delincuencial dirigida por R.D.R., cuya finalidad ilícita era exportar drogas estupefacientes desde Colombia hacia otros países, entre los que se incluye, Estados Unidos.

En el subjudice, se establece que R.D.R. y L.A.D.R. (hermano del peticionado), pertenecían a la misma organización criminal y fueron solicitados en extradición por los Estados Unidos en razón, a la misma situación fáctica, por la que fueron condenados en Colombia.

Las circunstancias que rodearon el asunto y los cargos de la petición de R.D.R. son iguales a los fundamentados de extradición de L.A.D.R. en lo que atañe al concierto para delinquir. En consecuencia, la Sala emitirá concepto desfavorable para la entrega en extradición de R.D.R., por el citado delito.

Pero, a diferencia de lo expresado en el párrafo anterior, no existe non bis in ídem en relación con el tráfico de estupefacientes, como ya se explicó en el capítulo anterior.

El concepto de la Sala lo debe determinar las condiciones particulares de Robinson y L.A.D.R. en el proceso penal que se adelantó en el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Cali, los cuales no son iguales y por tal motivo se dispondrá en este caso la extradición de R. D.R. y copias para que las autoridades judiciales adopten la decisión que corresponda por el delito de tráfico de estupefacientes en el caso de L.A.D.R.

Recuérdese que en estas diligencias no se demostró condena en contra de R.D.R. por el tráfico de estupefacientes a pesar de haber sido judicializado y en estas condiciones la Sala ha declarado que procede la extradición (radicado 31557 del 4 de abril de 2010, reiterado en el radicado 46742 del 10 de diciembre de 2015) y en el asunto de L.A.D.R., que no fue judicializado por el ilícito de tráfico de estupefacientes, la Sala no tiene conocimiento sobre su situación jurídica por este reato, de ahí que se haya ordenado remitir copia de este concepto para que se resuelva lo que en derecho corresponda por las autoridades competentes.

Así mismo, es pertinente la compulsa de copias penales en lo que respecta al presunto delito de lavado de activos del requerido R.D.R., a quien tampoco le figura condena por este particular, pese a existir imputación en su contra por estos hechos.

8. Condicionamientos.

La Corte considera pertinente, en orden a proteger los derechos fundamentales del requerido, prevenir al Gobierno Nacional, para que en el evento en que acceda a la extradición de R.D.R., advierta al Estado solicitante garantizarle a éste la permanencia en el país extranjero y el retorno al de origen en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, cuando el extraditado llegare a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares, incluso después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta en razón de los cargos que motivaron la solicitud de extradición.

Del mismo modo, atendiendo lo dispuesto en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno Nacional puede subordinar la concesión de la extradición a las condiciones consideradas oportunas y exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos diversos de los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometido a sanciones distintas de las impuestas en la eventual condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, por el país solicitante, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12 y 34 de la Constitución Política de Colombia y como lo sugiere la Procuraduría General de la Nación a través de su Delegada.

Así mismo, debe condicionar la entrega de R.D.R. a que se le respeten —como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones— todas las garantías debidas a su condición de justiciable, en particular a que tenga acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta las que se aduzcan en contra, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas.

También, a que la eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, a que la sentencia pueda ser apelada ante un tribunal superior, a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social (artículos 29 de la Constitución; 9º y 10 de la Declaración universal de los derechos humanos; 5-3.6, 7-2.5, 8-1.2 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h).3.4.5, 9 de la Convención americana sobre derechos humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos).

Además, de que no puede ser condenado dos veces por el mismo hecho, por mandato de la Carta Política, ni dársele una denominación jurídica distinta a la misma circunstancia fáctica.

Igualmente, el Gobierno debe condicionar la entrega a que el país solicitante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que el extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, y garantiza su protección, lo cual se refuerza con la Convención americana sobre derechos humanos (artículo 17) y el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (artículo 23).

Aunado a lo anterior, advertirá al Estado requirente, que en caso de un fallo de condena, deberá computarse el tiempo que el requerido ha permanecido privado de la libertad con ocasión de este trámite de extradición.

Por todo lo anterior, de conformidad con lo establecido por el numeral 2º del artículo 189 de la Constitución Política, al Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, le corresponde hacer estricto seguimiento del cumplimiento por parte del país requirente de los condicionamientos atrás referenciados y establecer, así mismo, las consecuencias de su inobservancia.

9. Concepto de la corporación.

Conforme lo expuesto, la Corte conceptúa desfavorablemente a la petición de entrega en extradición del ciudadano colombiano R.D.R. por el delito de concierto para delinquir y FAVORABLE por el delito de tráfico de estupefacientes, Cargos contenidos en la acusación Nº 13-20xxx-CR-ALTONAGA/SIMONTON, dictada el 3 de mayo de 2013, por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de América para el Distrito Sur de la Florida.

Comuníquese esta determinación al requerido, a su defensor, al Ministerio Público y al Fiscal General de la Nación, para lo de su cargo.

Líbrese los oficios reseñados en precedencia con destino a la Fiscalía General de la Nación.

Devuélvase el expediente al Ministerio del Interior y de Justicia, para lo de ley».

16 En este sentido, ver CSJ AP, 4 abril 2006, radicado 24187 y CSJ AP, 3 octubre de 2006, radicado 25080.

17 Folio 31 Carpeta anexa.

18 Folios 48 a 53 y 106 a 108 carpeta anexa.

19 Folios 68 y 110 Ib.

20 Folios 48 a 53 y 89 a 95 carpeta anexa.

21 Folios 74 a 80 y 116 a 122 carpeta anexa.

22 Folio 47 Ib.

23 Folio 82 Ib.

24 Folio 5 Ib.

25 Preceptúa la disposición en cita, “que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente”,

26 Folio 164 a 202 Carpeta del proceso penal. Se presentó una ruptura procesal del expediente con radicado 760016000000201200326.

27 Radicado. radicado 760016000193200919334. Folio 1 a 5 Ib.

28 Folio 202 Ib.

29 Folio 75 y 117 Carpeta Anexa.

30 Folio 76 a 79 y 118 a 120 Ibídem.