Concepto CP054-2017 de abril 5 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Eyder Patiño Cabrera

CP054-2017

Rad.: 48367

Acta 102

Bogotá, D.C., cinco de abril de dos mil diecisiete.

Motivo de la decisión

La Corte Suprema de Justicia de Colombia emite concepto sobre la solicitud de extradición del ciudadano colombiano M.B.B., presentada por el Gobierno de la República del Ecuador.

Antecedentes

1. Mediante Notas Verbales 4-2-105/2016(1) y 4-2-117/2016(2) del 6 y 11 de abril 2016, respectivamente, la Embajada ecuatoriana pidió la detención preventiva, con fines de extradición de M.B., la cual se formalizó con la comunicación diplomática 4-2-221/2016 del 10 de junio siguiente(3).

2. Lo anterior, con fundamento en la providencia proferida el 11 de abril de 2012 por el Juzgado Tercero de Garantías Penales de Cotopaxi, dentro del Juicio 2012-0391(4), donde se le acusa al reclamado por la comisión del injusto de “robo con agravantes”(5).

Documentos allegados

Con la Nota Verbal 4-2-221/2016 del 10 de junio del año pasado, la Embajada de la República del Ecuador aportó los siguientes documentos(6):

1. Oficio 495-AJ-PCNJ-EX/12-2016-SF dictado el 6 de junio de 2016 por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, dirigido al Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del país petente, en cumplimiento a lo ordenado por esa corporación el 2 del mismo mes y año(7).

2. Autos del 25 de mayo(8) y 2 de junio de esa anualidad(9), a través de los cuales el Juez de la causa solicita el inicio del presente trámite y la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia dictamina la procedencia del pedido de extradición contra B.B., respectivamente.

3. Proveídos de inicio de instrucción fiscal con orden de prisión preventiva(10) y llamamiento a juicio(11) del 11 de abril y 20 de junio de 2012.

4. Boleta de encarcelamiento contra M.B.B.(12).

5. Providencias del 13 de julio de 2012(13) y 19 de febrero de 2016(14), en las que, por la evasión del requerido del Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, se exhorta a las autoridades de policía su localización y captura.

6. Partes policiales relacionados con los hechos en el caso sub examine(15).

7. Acta de identificación del procesado de conformidad con el artículo 216, numeral 7 del Código de Procedimiento Penal ecuatoriano y publicación realizada en el diario La Gaceta de la ciudad de Latacunga el 13 de abril de 2012(16).

8. Versiones de S.E.L.Q. y otros(17).

9. Informes periciales de identificación de grabados y marcas seriales(18), reconocimiento de evidencias(19) y del lugar de los hechos(20).

10. Textos de las disposiciones legales vigentes a la fecha de la comisión del delito(21).

11. Datos existentes sobre la identidad del requerido y la Difusión Roja A-3685/6-2013(22).

Actuación del trámite de extradición

En nuestro país se realizó el siguiente procedimiento:

1. El Ministerio de Justicia y del Derecho remitió a la Corte la documentación enviada por la Embajada ecuatoriana, debidamente autenticada(23), previo concepto de su homólogo de Relaciones Exteriores sobre la vigencia entre la República de Colombia y Ecuador del “Acuerdo sobre extradición”, suscrito en Caracas el 18 de junio de 1911(24).

2. La Fiscalía General de la Nación, a través de la resolución del 8 de abril de 2016(25), decretó la captura con fines de extradición de M.B.B., quien el 4 de ese mes había sido retenido en virtud de la Circular Roja A-3685/6-2013(26), siendo las 9:17 horas, en la calle 6 Nº 17-11 del municipio de Pacho, Cundinamarca(27).

3. El 1º de julio de 2016(28), la Corte Suprema de Justicia le informó a M.B.B. su derecho a nombrar un apoderado que lo asistiera en el trámite ante esta corporación, advirtiéndosele que si no lo hacía se le designaría uno.

4. El 22 de julio posterior se allegó poder conferido por el pretendido a su abogado de confianza(29) y el 25 sucesivo, la Sala dispuso correr traslado a los intervinientes para que requirieran las pruebas que consideraran pertinentes(30).

5. Transcurrido el mencionado término(31), la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal consideró que no estimaba necesario hacer uso de ese derecho(32). El apoderado judicial de M.B.B., por su parte, exhortó el decreto y práctica de algunos medios de convicción(33).

6. La Corte, en providencia CSJ AP7557-2016 del 2 de noviembre del año pasado(34), no accedió, por improcedentes, a las solicitudes probatorias realizadas por el profesional del derecho del reclamado y ordenó correr traslado a los intervinientes, para que una vez ejecutoriada, allegaran los alegatos previos al concepto.

Estudio del Ministerio Público

La Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal(35) realizó un relato de la actuación procesal y del sustento documental, afirmando que ningún condicionamiento obra en relación con el marco temporal y espacial de los comportamientos.

En orden a verificar el cumplimiento de las exigencias para la viabilidad de la petición, respecto de la normatividad aplicable, señaló que se encuentra vigente entre Colombia y el país petente el “Acuerdo sobre extradición”, suscrito en Caracas el 18 de junio de 1911, en armonía con lo preceptuado en el Código de Procedimiento Penal de nuestro país en los aspectos no regulados por dicho tratado internacional. Aunado a ello, estimó que la documentación presentada goza de validez formal, pues no sólo contiene la información legal necesaria sino que de la misma se agotó el procedimiento inherente a su originalidad.

Igualmente, afirmó que se acredita la plena identidad del reclamado y se está frente a la persona solicitada en extradición; y, sobre el principio de la doble incriminación, sostuvo que, de acuerdo con “el auto de llamamiento a juicio”, el comportamiento atribuido encuadra en el tipo penal de hurto agravado y calificado, injusto que, para la época, cumple el límite mínimo de la pena de prisión establecida.

En tratándose de la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero, encontró que se satisface esta exigencia porque el pronunciamiento judicial remitido por el país requirente contiene el cargo por el cual se acusa y responde a la resolución de acusación de la legislación colombiana.

En virtud de lo expuesto, pidió que se emita concepto favorable a la extradición de M.B.B., en razón al ilícito atribuido y exhortó a esta Corporación para que, en caso afirmativo, se condicione la entrega del pretendido a que el Gobierno del Estado petente vele por sus derechos fundamentales y las garantías propias de su condición de justiciable.

Estudio de la defensa

El abogado(36) enunció los presupuestos consagrados en el artículo 502 de la Ley 906 de 2004 que debe abordar la Sala para emitir el respectivo concepto de extradición y pidió sea desfavorable, por cuanto no existe prueba que demuestre la responsabilidad penal de su prohijado como autor o coautor del delito de hurto, toda vez que el país requirente, dentro de la documentación allegada, efectuó aseveraciones que carecen de soporte fáctico.

Aunado a ello, señaló que el Código Penal ecuatoriano contempla una pena para el injusto por el cual es acusado B.B. de 1 a 3 años de prisión. No obstante, conforme con lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico se puede conceder la solicitud extradición cuando el hecho que lo motiva también este previsto como conducta ilícita en Colombia y su sanción penal restrictiva de la libertad no sea menor a 4 años.

Finalmente, requirió, en caso de que se conceptúe favorablemente y no se acceda a su pretensión, que el Gobierno Nacional le exija al Estado reclamante, el respeto de los derechos y garantías reconocidos al pretendido tanto en la Constitución Política colombiana como en el Bloque de Constitucionalidad.

Consideraciones de la Sala

Aspectos generales

1. De conformidad con el artículo 35 de la Carta Política, modificado por el 1º del Acto Legislativo 1 de 1997, la extradición se solicitará, concederá u ofrecerá de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley.

2. En este orden, en el caso bajo examen, según lo precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores, el instrumento aplicable es el “Acuerdo sobre extradición”, suscrito en Caracas, el 18 de julio de 1911(37).

Por esta razón, el concepto que le corresponde proferir a esta Corporación debe ceñirse a las condiciones de la precitada normativa, aprobada en nuestro país mediante la Ley 26 de 1913.

El canon I de la referida normatividad, también conocida como “Acuerdo sobre extradición”, celebrado entre la República de Colombia y varios países americanos, entre ellos, la República del Ecuador, prevé que cada uno de los Estados signatarios:

(…) convienen en entregarse mutuamente, de acuerdo con lo que se estipula en este Acuerdo, los individuos que procesados o condenados por las autoridades judiciales de cada uno cualquiera de los Estados contratantes, como autores, cómplices o encubridores de alguno o algunos de los crímenes o delitos especificados en el artículo 2º, dentro de la jurisdicción de una de las partes contratantes, busquen asilo o se encuentren dentro del territorio de una de ellas. Para que la extradición se efectúe es preciso que las pruebas de la infracción sean tales, que las leyes del lugar donde se encuentren el prófugo o enjuiciado justificaría su detención o sometimiento a juicio, si la comisión, tentativa o frustración del crimen o delito se hubiese verificado en él.

Por su parte, el precepto IV establece que “no se acordará la extradición” por delitos políticos y la disposición V preceptúa que tampoco se acordará la extradición en los siguientes casos:

a) Si con arreglo a las leyes de uno u otro Estado no excede de seis meses de privación de libertad el máximum de la pena aplicable a la participación que se imputa a la persona reclamada, en el hecho por el cual se solicita la extradición.

b) Cuando según las leyes del Estado al cual se dirige la solicitud, hubiere prescrito la acción o la pena a que estaba sujeto el enjuiciado o condenado.

c) Si el individuo cuya extradición se solicita ha sido ya juzgado y puesto en libertad o ha cumplido su pena, o si los hechos imputados han sido objeto de una amnistía o de un indulto.

A su vez, el artículo VI reza que la petición de extradición “deberá hacerse precisamente por la vía diplomática” y el canon VIII regula lo concerniente a los requisitos; al efecto señala:

La solicitud de extradición deberá estar acompañada de la sentencia condenatoria si el prófugo hubiese sido juzgado y condenado; o del auto de detención dictado por el tribunal competente, con la designación exacta del delito o crimen que lo motivaren, y de la fecha de su perpetración, así como de las declaraciones u otras pruebas en virtud de las cuales se hubiere dictado dicho auto, en caso de que el fugitivo sólo estuviere procesado.

Estos documentos se presentarán originales o en copia debidamente autenticada y a ellos se agregará una copia del texto de la ley aplicable al caso, y, en cuanto sea posible, las señas de la persona reclamada.

La extradición de los prófugos, en virtud de las estipulaciones de este Tratado, se verificará de conformidad con las leyes de extradición del Estado al cual se haga la demanda.

En ningún caso tendrá efecto la extradición si el hecho similar no es punible por la ley de la Nación requerida.

En suma, los aspectos que la Corte debe constatar en punto de emitir concepto son los siguientes:

a) Que el pedido de extradición se haya formulado por vía diplomática y se haya acompañado de la sentencia condenatoria si el prófugo hubiese sido juzgado y condenado o, en el caso de personas procesadas, copia auténtica del auto de detención emanado de juez competente con la designación exacta del delito que lo motiva y su fecha de perpetración, de las declaraciones u otras pruebas en virtud de las cuales se hubiere dictado, así como las señas de la persona reclamada y de las normas sobre prescripción;

b) Que las pruebas consideradas por la autoridad judicial del Estado extranjero para dictar el auto de detención o la sentencia condenatoria en el país requerido también pudiesen justificar similares medidas, si la comisión del punible se hubiese verificado en aquellas;

c) Que el hecho por el que se solicita la extradición tenga carácter delictivo y una pena mínima superior a seis meses de privación de la libertad —principio de doble incriminación—;

d) Que no esté prescrita la acción o la pena, conforme a las leyes del país requerido;

e) Que el pretendido no haya sido juzgado y puesto en libertad, cumplido su condena o haya sido amnistiado o indultado por el injusto base del requerimiento;

f) Que no se trate de un delito político o conexo a él.

La Corte, por consiguiente, procede a estudiar si en el caso bajo examen se cumplen dichos presupuestos.

1. Validez formal de la documentación.

Con fundamento en lo preceptuado en el canon V del “Acuerdo sobre extradición”, la solicitud debe efectuarse por vía diplomática aportando copia auténtica del auto de detención emanado de juez competente, con la designación exacta del ilícito que lo motiva, su fecha de perpetración, las declaraciones u otras pruebas en virtud de las cuales se hubiere dictado, las señas de la persona reclamada y las normas sobre prescripción.

Siendo ello así, la Corte constata el cumplimiento de tal exigencia toda vez que la petición fue presentada por vía diplomática, esto es, fue radicada por conducto de la Embajada de la República del Ecuador en Colombia ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La petición fue acompañada de copia certificada de la orden de prisión preventiva en contra del reclamado proferida el 11 de abril de 2012 por el Juzgado Tercero de Garantías Penales de Cotopaxi, dentro del Juicio 2012-0391(38). La providencia que dispuso la emisión de dicha orden contiene la relación de los hechos imputados, el delito atribuido, la época de realización, así como los datos personales que permiten identificar al reclamado.

De igual forma, se aportaron transcripciones de las leyes aplicables y las relativas a la prescripción de la acción y de la pena(39).

Esta pieza procesal, pilar del condicionamiento según el “Acuerdo sobre extradición”, fue aportada en copia auténtica y apostillada por el Estado requirente, con lo cual se satisface el presupuesto analizado.

2. Demostración plena de la identidad del solicitado.

Esta exigencia se orienta a establecer si la persona procesada -acusada o condenada- en el país extranjero, es la misma sometida al trámite de extradición, lo cual implica conocer su verdadera identidad; por lo tanto, el requisito se cumple cuando existe plena coincidencia entre el individuo solicitado y aquél cuya entrega se encuentra en curso de resolver.

Confrontada la Nota Verbal 4-2-221/2016 del 10 de junio de 2016, por cuyo medio se formaliza la petición de extradición, advierte la corporación que el reclamado responde al nombre de M.B.B.(40).

La persona pretendida se identificó con aquel nombre y con documento de identidad 79.058.994 cuando fue detenido el 4 de abril de la misma anualidad, en virtud de la Circular Roja A-3685/6-2013(41), siendo las 9:17 horas, en la calle 6 Nº 17-11 del municipio de Pacho, Cundinamarca(42), circunstancia que junto con el informe del investigador de laboratorio, rendido por un perito en dactiloscopia(43), la reseña fotográfica(44) y el informe sobre consulta web de la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil(45), corroboran que se trata del mismo individuo.

De lo anterior, se deduce razonablemente la plena identidad del ciudadano colombiano pedido en extradición, pues su información personal, relacionada en la solicitud de las autoridades foráneas, como se ha visto, es igual a la que presenta y firma, sin cuestionamiento alguno sobre el particular.

3. Principio de la doble incriminación.

Frente a esta exigencia la corporación examina si los comportamientos atribuidos al reclamado como ilícitos en el país extranjero tienen en Colombia la misma connotación, es decir, si son considerados delitos y, de ser así, si conllevan la pena mínima señalada en el tratado o en el Código de Procedimiento Penal, según sea el caso.

En tal sentido, conforme se ha reiterado el instrumento aplicable es el “Acuerdo sobre extradición”, suscrito en Caracas, el 18 de julio de 1911(46), que en su artículo 1º prevé la entrega en los eventos en que el pretendido ha sido procesado(47) o condenado por un hecho delictual tanto en el Estado requirente como en el requerido, sancionado con privación de la libertad superior a seis meses, y no de cuatro años como lo refiere la defensa.

Los hechos imputados por las autoridades ecuatorianas a B.B., son los siguientes(48):

(…) El día 10 de abril de 2012 se encontraba de patrullaje de India 1 la camioneta Dimax color azul por disposición de la CRP cuando se trasladaron a la calle A.C. y C. (sic), en el mismo se pudo localizar un local, al (sic) lugar se pudo observar en el interior sobre el piso una señorita con una herida en la pierna, llegó la ambulancia de los Bomberos (sic) y le prestaron los primeros auxilios y luego al (sic) hospital, tomaron contacto con la señora E.R. (sic) dueña del local, manifestado (sic) que a las 13h00 (sic) a su (sic) I.Q. de 20 años le había indicado que realice (sic) un depósito en el banco (sic) Pichincha regresaba (sic) del banco (sic) Pichincha ubicado en el Salto por la cantidad de seis mil dólares en efectivo, en ese momento la empleada regresa con el dinero hasta el local indicando que en la ventanilla le indicaron que el código de F. se encontraba incorrecto (sic) en eso observa que dos sujetos delgados uno alto y otro pequeño de color canela en forma violenta portando armas de fuego ingresaron al local para que le den (sic) el dinero que portaba, su empleada se opone al pedido y uno de los sujetos le dispara (sic) quienes les proceden a quitar la cartera y salen corriendo hacia una de las motocicletas de color azul para darse a la fuga, posteriormente I.Q. fue trasladada al hospital de Latacunga, verificando el estado de la misma se observa que en la pierna había un orificio de entrada de un arma de fuego, en el parte oficial Nº 0418 haciendo un alcance al dado lectura (sic), dice por una información reservada el día miércoles 11 de abril de 2012, mediante labores de inteligencia de la policía tienen conocimiento que los sujetos que cometieron el delito viajaron a la ciudad de Quito y que el 11 de abril de 2012 iban a retorna (sic) para Ambato por lo que coordinaron el respectivo operativo de control (sic) logran identificarlos e interceptarlos a la altura de La Cangahua en la panamericana sur (…) la policía judicial procediendo (sic) al registro e identificación a los ciudadanos B.B.M., colombiano; [y otros] (sic) quienes coinciden con las características de los sujetos que el día anterior habían cometido el mencionado delito, siendo trasladados a la Policía judicial (sic) para revisar sus documento (sic) personales encontrando a los ciudadanos una cantidad de dinero, en ese momento se encuentra a (sic) la señora E.R. (sic) a quienes los mismos le habían sustraído los seis mil dólares en su local (sic) la misma que (sic) reaccionó impresionada y nerviosa diciendo que eran los causantes del ilícito razón por la cual se procedió a la detención de los mismos (…).

Con fundamento en esos hechos, el Juzgado Tercero de Garantías Penales de Cotopaxi el 11 de abril de 2012, emitió orden de prisión preventiva en contra de M.B.B. y otros(49), por estar presuntamente incursos en el injusto de “robo con agravantes, (…) que se encuentra tipificado y sancionado en los artículos (sic) 550, 551 y 552 numerales 2 e inciso segundo del numeral 4 del Código Penal Ecuatoriano (sic)”(50), que disponen:

ART. 550.—El que, mediante violencias o amenazas contra las personas o fuerza en las cosas, sustrajere fraudulentamente una cosa ajena, con ánimo de apropiarse, es culpable de robo, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo, o después de cometido para procurar su impunidad.

ART. 551.—El robo será reprimido con prisión de uno a cinco años y con reclusión menor de tres a seis años en los casos en que se perpetre con violencia contra las personas, tomando en consideración el valor de las cosas robadas.

ART. 552.—El máximo de la pena establecida en el artículo anterior, se aplicará al responsable si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

2. Si el robo se ha ejecutado con armas, o por la noche, o en despoblado, o en pandilla, o en caminos o vías públicas; (…).

4. Cuando concurra cualquiera de las circunstancias de los números 2, 3 y 4 del artículo 549. Cuando concurran dos o más de las circunstancias a que se refiere este artículo, la pena será de reclusión menor de seis a nueve años.

Si las violencias han ocasionado una lesión permanente de las detalladas en los artículos 466 y 467, la pena será de reclusión mayor de ocho a doce años. Si las violencias han causado la muerte, la pena será de reclusión mayor especial de dieciséis a treinta años.

El supuesto fáctico referido en la decisión judicial de las autoridades extranjeras también constituye actividad punible en Colombia, pues se adecua a los artículos 239, 240, inciso 1º y 241 numeral 10, del Código Penal, que rezan:

ART. 239.—Hurto. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1º de enero de 2005> El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses.

La pena será de prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ART. 240.—Hurto calificado. <Artículo modificado por el artículo 37 de la Ley 1142 de 2007> La pena será de prisión de seis (6) a catorce (14) años, si el hurto se cometiere: (…).

La pena será de prisión de ocho (8) a dieciséis (16) años cuando se cometiere con violencia sobre las personas (…).

ART. 241.—Circunstancias de agravación punitiva. <Artículo modificado por el artículo 51 de la Ley 1142 de 2007> La pena imponible de acuerdo con los artículos anteriores se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes, si la conducta se cometiere: (…).

10. Con destreza, o arrebatando cosas u objetos que las personas lleven consigo; o por dos o más personas que se hubieren reunido o acordado para cometer el hurto. (negrilla fuera del texto original)

Se concluye, entonces, que el comportamiento delictivo atribuido a B.B. y otros, por la República del Ecuador, está previsto penalmente en nuestro país y se encuentra sancionado con pena privativa de la libertad que supera ampliamente el término de seis meses.

Cabe resaltar, en este punto que los hechos mencionados en este acápite podrían tipificar en Colombia un concurso heterogéneo con la conducta punible de lesiones personales, no obstante verificada la documentación allegada y particularmente, las normas del país petente por las cuales se le acusa, se advierte que las autoridades ecuatorianas no requirieron a B.B. en extradición por dicho ilícito. En ese orden de ideas, no será posible conceptuar sobre aquél.

Aunado a ello, es menester afirmar que el principio de la doble incriminación no se limita, conforme al artículo VIII del citado instrumento, a que el delito sea descrito por la ley de la Nación requerida, ni, según el artículo V Ibidem, a que la pena aplicable exceda de seis meses de prisión, sino que además debe verificarse que el ilícito que sustenta la reclamación por las autoridades extranjeras esté expresamente prevista en el citado Convenio, o en uno posterior.

Efectivamente, se tiene que el artículo II del Convenio aplicable señala:

La extradición se concederá por los siguientes crímenes y delitos:

1. Homicidio, comprendiendo los casos de parricidio, infanticidio, asesinato, envenenamiento y aborto.

2. Heridas o lesiones causadas voluntariamente que produzcan la muerte sin intención de darla, una enfermedad mental o corporal cierta o que parezca incurable, la incapacidad permanente para trabajar, la pérdida o privación del uso absoluto de la vista o de un miembro necesario para la propia defensa o protección, o una mutilación grave.

3. Incendio voluntario.

4. Rapto, violación y otros atentados contra el pudor.

5. Abandono de niños.

6. Sustracción, ocultación, supresión, sustitución o suposición de niños.

7. Asociación de malhechores, con propósito criminal comprobado, respecto a los delitos que dan lugar a la extradición.

8. Bigamia y poligamia.

9. Robo, hurto de dinero o bienes muebles.

10. Fraude que constituya estafa o engaño.

11. La rapiña o la extorsión debidamente sentenciada por los tribunales de justicia según la legislación respectiva.

12. Abuso de confianza.

13. Falsificación de papeles o emisión de papeles falsificados; falsificación de documentos oficiales del gobierno, de las autoridades y de la administración pública o de los tribunales de justicia o la emisión de la cosa falsificada.

14. Falsificación o alteración de la moneda ya acuñada, ya de papel, o de títulos de deuda creados por los gobiernos nacionales, de los Estados, provinciales o municipales, o de cupones de estos títulos, o de billetes de banco, o la emisión o circulación de los mismos.

15. Falsificación o alteración de sellos, timbres, cuños, estampillas de correo, y marcas de los gobiernos respectivos, de las autoridades y de la administración pública; y el uso, circulación y expendio fraudulento de dichos objetos.

16. Malversación cometida por funcionarios públicos; malversación cometida por personas empleadas o asalariadas, en detrimento de aquellas que las emplean.

17. Cohecho y concusión.

18. Falsos testimonios o falsas declaraciones de testigos, expertos, o el soborno de testigos, expertos e intérpretes.

19. Bancarrota o quiebra fraudulenta y fraudes cometidos en las quiebras.

20. Destrucción u obstrucción voluntaria e ilegal de ferrocarriles, que pongan en peligro la vida de las personas.

21. Inundación y otros estragos.

22. Delitos cometidos en el mar.

a) Piratería; ya definida por la ley, ya la del derecho de gentes.

b) Sublevación o conspiración para sublevarse, por dos o más personas a bordo de un buque en alta mar, contra la autoridad del capitán o quien haga sus veces.

c) Criminal hundimiento o destrucción de un buque en el mar.

d) Agresiones cometidas a bordo de un buque en alta mar con el propósito de causar daño corporal grave.

e) Deserción de la marina y del ejército. Destrucción criminal de parques en tierra o en mar.

23. Crímenes y delitos contra las leyes de las partes contratantes encaminadas a la supresión de la esclavitud y del tráfico de esclavos.

24. Atentados contra la libertad individual y la inviolabilidad de domicilio, cometido por particulares. (negrillas fuera del texto original)

Entonces, basta con cotejar el amplio listado de delitos contenidos en el “Acuerdo sobre extradición”, con el fin de verificar que el injusto por el cual es solicitado el pretendido no está marginado del mismo, pues se encuentra reglado en el numeral 9.

En esa medida, una vez examinado el ilícito imputado al requerido, se concluye que se cumple con este requisito.

4. Equivalencia de la providencia dictada en el exterior.

Esta exigencia igualmente se constata en el caso particular, conforme se procede a precisar.

El canon I del “Acuerdo sobre extradición” prevé:

(…) para que la extradición se efectúe es preciso que las pruebas de la infracción sean tales, que las leyes del lugar donde se encuentre el prófugo o enjuiciado justificaría su detención o sometimiento a juicio, si la comisión, tentativa o frustración del crimen o delito se hubiese verificado en él.

A su vez, el precepto VIII del mismo, dispone:

La solicitud de extradición deberá estar acompañada (…) del auto de detención dictado por el Tribunal competente, con la designación exacta de delito o crimen que la motivaren, y de la fecha de su perpetración, así como las declaraciones u otras pruebas en virtud de las cuales se hubiere dictado dicho auto, [en] caso de que el fugitivo sólo estuviere procesado (…).

Por su parte, la Ley 906 de 2004 establece en los artículos 306 (modificado por el artículo 59 de la Ley 1453 de 2011) y 308, lo siguiente:

ART. 306.—Solicitud de imposición de medida de aseguramiento. El fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente”.

ART. 308.—Requisitos. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:

1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.

2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.

3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.

Confrontados los documentos aportados por el Gobierno de la República del Ecuador, se observa que se cuenta con información legalmente obtenida, la versión de testigos y experticias, a partir de las cuales se dedujo la necesidad de imponer prisión preventiva a M.B.B., para garantizar su presencia en el proceso ante los indicios que lo relacionan con la comisión del punible de “robo con agravantes”, de donde se tiene que se cumple a cabalidad con la exigencia prevista en el artículo I del “Acuerdo sobre extradición”.

Las pruebas que obran son suficientes para emitir medida de aseguramiento acorde con la legislación colombiana.

Así mismo, se adjuntó por el gobierno requirente, a través de su Embajada, la orden de prisión preventiva proferida el 11 de abril de 2012 por el Juzgado Tercero de Garantías Penales de Cotopaxi, dentro del Juicio 2012-0391(51), pronunciamiento en el que se precisa el nombre del citado, el hecho imputado, el delito y las normas que lo describen, así como los fundamentos respectivos.

En esa medida, es claro que el condicionamiento regulado en la disposición VIII del “Acuerdo sobre extradición”, también se cumple en el presente caso.

5. Prescripción de la acción y de la pena.

De acuerdo con el literal b) del precepto V del “Acuerdo sobre extradición”, el Estado requerido no estará obligado a concederla:

b) Cuando según las leyes del Estado al cual se dirige la solicitud, hubiere prescrito la acción o la pena a que estaba sujeto el enjuiciado o condenado.

La anterior exigencia impone a la Corte examinar la configuración de esa categoría jurídica en Colombia, con la salvedad que sólo se revisará la prescripción de la acción por cuanto el requerimiento tiene como propósito obtener la entrega del pretendido para procesarlo, no existiendo aún sentencia condenatoria.

De acuerdo con el artículo 83 del ordenamiento penal colombiano, aquélla prescribe “(…) en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco años, ni excederá de veinte (…)”.

Siendo ello así, no ha prescrito la acción, por cuanto desde la fecha de la comisión de los hechos (abr. 10/2012) no ha transcurrido un lapso superior a veinte (20) años con relación al injusto de hurto agravado y calificado, periodo máximo fijado en la ley para el fenecimiento de la acción —aunque la pena máxima de este punible es de veintiocho (28) años—.

6. Naturaleza jurídica de los hechos fundantes de la solicitud.

El canon IV del “Acuerdo sobre extradición” proscribe la extradición de personas acusadas de ilícitos políticos y conexos, prohibición que para este evento, no aplica, por cuanto el injusto objeto del requerimiento no ostenta tal connotación, por tratarse de una infracción penal ordinaria o delito común.

Las restantes limitantes, relativas al cumplimiento de la condena u otorgamiento de amnistía o indulto en el país del injusto, no se configuran, pues no se deducen de la documentación aportada ni han sido reseñadas por el país requirente, por los solicitados o por su defensa.

7. Cuestión final.

Es preciso consignar, además, tal y como lo señala la defensa, que corresponde al Gobierno Nacional condicionar la entrega a que el reclamado en extradición no vaya a ser juzgado por hechos diversos a los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como tampoco a la sanción de destierro, cadena perpetua o confiscación, conforme lo establecen las disposiciones 11, 12 y 34 de la Carta Política.

También debe condicionar la entrega a que se le respeten, como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones, todas las garantías debidas en razón de su calidad de justiciable, en particular a: tener acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, contar con un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, pueda presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas y la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación social.

Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9º, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 5º, 7º y 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos y 9º, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por igual, la Corte estima oportuno indicar al Gobierno Nacional, en orden a salvaguardar los derechos fundamentales del pretendido, que proceda a imponer al Estado requirente la obligación de facilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, en caso de llegar a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable, o su situación jurídica resuelta definitivamente de manera semejante en el país solicitante, incluso, con posterioridad a su liberación una vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada en las imputaciones que motivan la extradición.

De otra parte, al Gobierno Nacional le corresponde condicionar la entrega a que el país petente, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales para que el pretendido pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando que el canon 42 de la Constitución Política de 1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección que a ese núcleo también prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en las disposiciones 17 y 23, respectivamente.

La Sala se permite referir que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 189 de la Constitución Política, le compete al gobierno en cabeza del Presidente de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos impuestos al conceder la extradición, quien a su vez es el encargado de determinar las consecuencias derivadas de su eventual incumplimiento.

Respuesta a los alegatos de la defensa

La Sala se permite manifestar lo siguiente:

En lo atinente al otro cuestionamiento efectuado frente a la ausencia de prueba que demuestre la responsabilidad penal de su prohijado como autor o coautor del delito de hurto, debido a que el Estado petente en la documentación aportada se limitó a efectuar aseveraciones que carecen de soporte fáctico, esta corporación reitera que en el trámite y actuación legalmente previstos para la extradición, no es posible acometer dicha censura y cuestionamiento, toda vez que es un asunto que incumbe de manera privativa al juez natural; pues sólo en el escenario de la competencia del tribunal extranjero se puede proponer y debatir lo concerniente a las circunstancias relacionadas con el eventual compromiso penal del reclamado.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

Emite concepto favorable

Ante la solicitud de extradición del ciudadano colombiano M.B.B., requerido por el Gobierno de la República del Ecuador, para que sea procesado por la conducta punible de “robo con agravantes”, relacionada en la orden de prisión preventiva proferida el 11 de abril de 2012 por el Juzgado Tercero de Garantías Penales de Cotopaxi, dentro del Juicio 2012-0391.

Comuníquese por Secretaría de la Sala esta determinación al solicitado, a su defensa, a la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal y a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su cargo.

Remítase el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho para lo de su competencia.

Magistrados: Eugenio Fernández Carlier—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Luis Antonio Hernández Barbosa—Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, secretaria.

1 Folio 33 carpeta anexa.

2 Folio 38 Ibidem.

3 Folios 41 y 42 Ibidem.

4 Folios 56 a 60 Ibidem.

5 Folio 45 Ibidem.

6 Folios 41 y 42 Ibidem.

7 Folios 45 a 47 Ibidem.

8 Folio 54 Ibidem.

9 Folios 48 a 52 Ibidem.

10 Folios 56 a 60 Ibidem.

11 Folios 63 a 69 Ibidem.

12 Folio 61 Ibidem.

13 Folio 71 Ibidem.

14 Folio 72 Ibidem.

15 Folios 74 a 77 Ibidem.

16 Folios 79 y 80 Ibidem.

17 Folios 82 a 90 Ibidem.

18 Folios 92 a 100 Ibidem.

19 Folios 102 a 111 Ibidem.

20 Folios 113 a 116 Ibidem.

21 Folios 118 a 122 Ibidem.

22 Folios 124 a 127 Ibidem.

23 Folio 1 cuaderno de la Corte.

24 Folio 39 carpeta anexa.

25 Folios 27 a 30 Ibidem. Notificación al ciudadano de la referida resolución el 8 de abril de 2016. (fl. 25 carpeta anexa).

26 Folios 125 y 126 Ibidem.

27 Folio 6 Ibidem.

28 Folio 5 cuaderno de la Corte.

29 Folio 7 Ibidem.

30 Folio 11 Ibidem.

31 Cabe anotar que a partir de las ocho (8:00) de la mañana del 17 de agosto de 2016 empezó a correr el término de 10 días para que las partes pidieran las pruebas que consideraran pertinentes y venció el 30 de agosto de 2016 a las cinco (5:00) de la tarde. (fl. 14 cdno. de la Corte).

32 Folio 15 Ibidem.

33 Folios 16 y 17 Ibidem.

34 Folios 20 a 36 Ibidem.

35 Folios 46 a 59 Ibidem.

36 Folios 41 a 46 Ibidem.

37 Folio 39 carpeta anexa.

38 Folios 56 a 60 Ibidem.

39 Folios 118 a 122 Ibidem.

40 Folios 41 y 42 Ibidem.

41 Folios 125 y 126 Ibidem.

42 Folio 6 Ibidem.

43 Folios 9 y 10 Ibidem.

44 Folios 16 a 18 Ibidem.

45 Folio 13 Ibidem.

46 Folio 93 carpeta anexa.

47 Evento en el cual debe haberse proferido auto de detención, conforme al artículo VIII del Acuerdo sobre extradición.

48 Folio 63 reverso carpeta anexa.

49 Folios 56 a 60 Ibidem.

50 Folio 118 Ibidem.

51 Folios 56 a 60 Ibidem.