Concepto CP097-2016 de junio 29 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad. :46802

CP097-2016

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Acta Nº 194

Bogotá D.C., veintinueve de junio de dos mil dieciséis.

Vistos

Procede la Corte a emitir concepto sobre la solicitud de extradición del ciudadano colombiano C. D. A.M., elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Antecedentes

1. Mediante Notas Verbales Nº 1076 y 1084 del 30 de junio de 2015, el Gobierno de los Estados Unidos de América por conducto de su Embajada en Colombia, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores la detención preventiva con fines de extradición de C. D. A.M., ciudadano colombiano requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos, según: (i) la Acusación Sustitutiva Nº 8:14-CR-376-T-33TGW, dictada el 5 de noviembre de 2014 en la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Medio de la Florida(1), y (ii) la Acusación Nº 15 CR 20403-WPD proferida el 4 de junio de 2015 en la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida(2).

2. En atención a dichas solicitudes, el Fiscal General de la Nación mediante resoluciones del 10 de julio de 2015, decretó la captura con fines de extradición de A. M., las cuales le fueron notificadas el 15 de julio y 5 de agosto de 2015, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3. A través de Nota Verbal Nº 1642 del 8 de septiembre de 2015, la referida representación diplomática formalizó el requerimiento de extradición de C. D. A. M. por virtud de la Acusación sustitutiva Nº 8:14-CR-376-T-33TGW, dictada en la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Medio de la Florida y aportó la documentación pertinente para el trámite.

No obstante, en cuanto a la segunda acusación, precisó:

La Embajada ahora tiene el honor de informar al Ministerio que los Estados Unidos no solicitará la extradición de César D. A. M. con base en los cargos presentados en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida, acusación Nº 15 CR 20403-WPD/LSS.

Por lo tanto, los Estados Unidos ahora únicamente solicitan la extradición de C. D. A. M. con base en los cargos presentados en su contra en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida(3).

4. El Ministerio de Relaciones Exteriores conceptuó que para el caso “(…) se encuentra vigente para las Partes, la “Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas” suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988, (…)”. Así mismo, la “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional” y además, que en los aspectos no regulados por las Convenciones aludidas, el trámite debe regirse por los artículos 491 y 496 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004).

Del mismo modo, remitió las notas verbales referidas y los correspondientes anexos al Ministerio de Justicia y del Derecho, entidad que a su vez dispuso el envío del expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

5. Con auto del 28 de septiembre de 2015, se dio inicio al trámite en esta corporación(4). El 7 de octubre de 2015 se reconoció personería jurídica al abogado de la Defensoría Pública(5) y al momento de notificarle de ello al requerido, este se negó a firmar y manifestó que tenía su propio representante.

Para el 14 de octubre de la misma anualidad, se radicó en esta corporación el memorial por medio del cual A. M., le confería poder a L. E. A. G. como su abogado de confianza.

6. El 19 de octubre siguiente se ordenó correr el traslado contemplado en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004 para presentar pruebas, oportunidad en la que el defensor de oficio del requerido(6)comunicó que no formularía ninguna solicitud y que se atenía a los elementos probatorios obrantes en el expediente.

Por su parte, el defensor de confianza de A. M. y el Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal solicitaron la práctica de algunas pruebas, las que se ordenaron mediante auto del 2 de diciembre de 2015(7).

7. Agotada la etapa probatoria, mediante auto del 8 de marzo de 2016 se ordenó correr traslado por el término de cinco (5) días para que los intervinientes presentaran los alegatos, de conformidad con lo preceptuado en el inciso 3º del artículo 500 de la Ley 906 de 2004. Se pronunciaron el Delegado del Ministerio Público y la defensa.

8. Dentro de dicho término, además, mediante oficio OFI16—0006165-OAI-1100 del 10 de marzo del año en curso, el Ministerio de Justicia y del Derecho remitió a esta corporación documentación mediante la cual el Gobierno de los Estados Unidos de América, mediante Nota Verbal Nº 1828 del 25 de septiembre de 2015 formalizó, a través de su embajada en nuestro país, “solicitud adicional de extradición” contra C. D. A. M., requerido para comparecer a juicio según la Acusación Sustitutiva Nº 14-0625 (S-3) (DLI), dictada el 12 de agosto de 2015, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York(8).

9. En virtud de lo anterior, a través de auto del 17 de marzo de 2016, se ordenó que por secretaría de la Sala, se sometiera a reparto la nueva solicitud de extradición, teniendo en cuenta que dicho requerimiento era ajeno a la actuación que ya cursaba bajo el radicado de la referencia, y ya se había agotado la totalidad de los términos previstos(9).

10. Sin embargo, según la constancia suscrita por el Auxiliar Judicial del Despacho(10), por error involuntario, dentro del segmento procesal correspondiente al traslado para presentar alegatos de conclusión, equivocadamente se prestó al Delegado del Ministerio Público el indictment correspondiente a la actuación que se ordenó someter a reparto. Documentación sobre la cual, en efecto, se pronunció el Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal.

11. Ante dicha situación, la Sala, mediante auto del 6 de abril de 2016, declaró la nulidad de lo actuado a partir del auto del 8 de marzo de 2016, y ordenó correr de nuevo el traslado por el término de cinco (5) días, para que los intervinientes presentaran alegatos conclusivos, de conformidad con lo preceptuado en el inciso 3º del artículo 500 de la Ley 906 de 2004 y con base en el indictment objeto de este diligenciamiento(11).

12. Dentro de dicho término se pronunció la defensa de A. M., mientras que la Procuraduría General de la Nación guardó silencio(12).

Alegatos de Conclusión

De la defensa

Como pretensión principal, solicita el apoderado judicial de C. D. A. M. que se decrete el “archivo” del trámite de la referencia, por cuanto según lo informado por el Gobierno de los Estados Unidos de América mediante Nota Verbal Nº 1828 del 25 de septiembre de 2015, ya no es de su interés que el solicitado “sea llevado y presentado ante la Corte del Distrito Medio de la Florida, y en su lugar lo sea ante la Corte del Distrito Este de Nueva York cuyo conocimiento ya se ha asignado por el reparto al (…) Señor Magistrado Doctor E. P. C.”.

Dice el abogado que se presentó una “sustitución”(13) de solicitudes de extradición y por ese motivo: (i) la Acusación Nº 15 CR 20103 –WPD/ LSS no puede producir ningún efecto y (ii) la presencia de A. M. en ese país, ahora solo obedece al pedimento de la Corte del Distrito Este de Nueva York, según la Acusación Sustitutiva Nº 14-0625 (S-3) (DLI) dictada el 12 de agosto de 2015.

En subsidio de lo anterior, pide el abogado la emisión de concepto desfavorable en relación con los cargos I y II de la acusación, por cuanto argumenta que A. M. fue juzgado en Colombia por esos hechos.

Concepto de La Corte

1. Cuestión previa

1.1 Visto el contenido de la Nota Verbal Nº1642 del 8 de septiembre de 2015 proveniente de la Embajada de los Estados Unidos de América, allegada regularmente por la vía diplomática, a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no le asiste duda en cuanto a que el Gobierno de los Estados Unidos retiró la solicitud de entrega en extradición del ciudadano colombiano C. D. A. M. requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos por la Acusación Nº 15 CR 20403-WPD proferida el 4 de junio de 2015 en la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida.

Sin embargo, a través esa misma nota verbal, la referida representación diplomática formalizó el requerimiento de extradición de A. M. por virtud de la acusación sustitutiva Nº 8:14-CR-376-T-33TGW, dictada en la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Medio de la Florida y aportó la documentación pertinente para el trámite.

En esas condiciones, no le asiste razón al defensor del requerido al pretender el “archivo” de esta actuación toda vez que el gobierno estadounidense mantuvo en firme el segundo pedido de extradición denotado y fue por este que formalizó la correspondiente solicitud, allegó la documentación pertinente, y la Corte, previa remisión del expediente por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, surtió el trámite de la referencia. Por tal motivo, le corresponde entonces a la Sala emitir concepto sobre la solicitud de extradición de A. M., elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, según la acusación sustitutiva dictada por la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Medio de la Florida.

1.2 De otra parte, en cuanto al señalamiento que hace el abogado defensor con relación al expediente repartido al Despacho del H. Magistrado E P. C., debe la Sala aclarar que este obedece, como así lo indicó el Ministerio de Justicia mediante oficio OFI16-0006165-OAI-1100, a una “solicitud adicional”(14)de extradición elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, según la Acusación Sustitutiva Nº. 14-0625 (S-3) (DLI), dictada contra A.M. y otros, el 12 de agosto de 2015 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York; petición, que en manera alguna sustituye o reemplaza la que es objeto del presente trámite.

Además, como quiera que el trámite de extradición debe hacerse —en el caso específico— conforme a las reglas establecidas en la Ley 906 de 2004, ningún impedimento se encuentra para que la Sala se pronuncie de manera separada sobre cada una de las solicitudes de extradición, y ante el vacío legal que existe en la materia —una misma persona es objeto de dos solicitudes de extradición por parte del mismo Estado, pero según acusaciones dictadas por Cortes Federales diferentes—, se aplique de manera analógica el artículo 505 ibídem(15), y en caso de que en aquellas se conceptúe de manera favorable, sea el Gobierno Nacional el que determine el orden de prelación al momento de proceder a la entrega del reclamado.

2. Inexistencia de motivos impedientes de la solicitud de extradición.

El artículo 35 de la Carta Política, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo Nº 1 de 1997, establece que la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y en su defecto con la ley, por delitos considerados como tales dentro de la legislación penal interna, que no ostenten el carácter de políticos y que hayan sido cometidos en el exterior a partir del 17 de diciembre de 1997, fecha en la que entró a regir el mencionado acto legislativo.

Sobre este aspecto, debe observarse que de acuerdo con la acusación sustitutiva Nº. 8:14-CR-376-T-33TGW dictada el 5 de noviembre de 2014 en la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Medio de la Florida, las imputaciones que recaen sobre C. D. A. M. no ostentan el carácter de delitos políticos, pues se refieren es a la presunta comisión de infracciones de narcóticos en los Estados Unidos.

También se aclaró en el indictment, que los hechos ocurrieron en ese país, concretamente “en el Distrito Central de Florida y en otros lugares (…)”(16), y además, se precisó que los hechos investigados tuvieron lugar “desde una fecha desconocida, continuando hasta e incluso la fecha de esta Acusación de Reemplazo”(17).

En tales condiciones, frente a estos aspectos no aparece motivo constitucional impediente de la extradición. No obstante, ante la indeterminación temporal de los hechos que fundamentan la acusación, surge necesario indicar que la extradición de A. M. debe supeditarse a los sucesos ocurridos con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, de acuerdo a lo anotado en precedencia.

3. Validez formal de la documentación presentada.

El Cónsul de Colombia en Washington autenticó los documentos aportados en apoyo de la solicitud de extradición del ciudadano colombiano C. D. A. M., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 del Código General del Proceso.

Así, el mencionado funcionario certificó la firma de V. M., Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, quien a su vez avaló la del Secretario de Estado, J. F. K. y este, la rúbrica de L. E. L. Procuradora, quien acreditó la de M.A. B., Directora Asociada de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, encargada de dar cuenta de la autenticidad de las declaraciones de M. C. L., Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida y C. I. G., Agente Especial de la Administración para el Control de Drogas.

Como documento anexo y debidamente traducido, aparece la acusación sustitutiva Nº 8:14-CR-376-T-33TGW, dictada el 5 de noviembre de 2014 contra C. D. A. M. y otros(18), así como la orden de arresto librada por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de La Florida(19).

Del mismo modo, figuran las copias, traducidas en debida forma, de las disposiciones penales del Código de los Estados Unidos aplicables al caso(20) y la cartilla decadactilar del requerido, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil(21).

En consecuencia, la documentación presentada en respaldo del pedido de extradición de A. M. es formalmente válida, por lo que se encuentra reunido este requisito.

4. Identidad plena del solicitado en extradición.

De acuerdo con las notas diplomáticas números 1076 y 1642, C. D. A. M. es ciudadano de Colombia, nació el XXX de abril de XXX y se identifica con la cédula de ciudadanía XXX(22).

Aunque el reclamado se negó a firmar el acta de notificación personal de la orden de captura con fines de extradición(23), su nombre completo, número de identificación personal y firma aparecen consignados en el memorial mediante el cual confirió poder al abogado que lo representa(24).

Además, un funcionario de la Policía Nacional constató la plena identidad del requerido, a través de confrontación dactiloscópica hecha entre las huellas tomadas a “quien manifestó llamarse A. M. C. D., c.c. XXX”(25)y las obrantes en el registro de consulta web expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Igualmente obra informe de investigador de campo correspondiente a la reseña fotográfica del referido ciudadano.

En consecuencia, no hay duda alguna en cuanto a la plena identidad de la persona pedida en extradición.

5. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero.

Como lo ha reiterado en diversas oportunidades la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se cumple con el requisito en mención, acatando lo previsto en el numeral segundo del artículo 493 de la Ley 906 de 2004, es decir, “que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente”.

En el presente evento, el 5 de noviembre de 2014, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de La Florida, profirió la acusación sustitutiva Nº 8:14-CR-376-T-33TGW, con base en los delitos allí señalados, acto procesal que equivale al escrito acusatorio del artículo 337 de la Ley 906 de 2004.

Tales providencias, si bien no son idénticas, guardan similitudes que las tornan equivalentes, pues contienen una narración sucinta de las conductas investigadas, con especificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar; tienen como fundamento las pruebas practicadas en la investigación; califican jurídicamente las mismas, con la invocación de las disposiciones penales aplicables y tal cual sucede con el proferimiento del escrito de acusación en nuestro ordenamiento interno, el indictment marca el comienzo del juicio, en el cual el procesado tiene la oportunidad de controvertir las pruebas y los cargos dictados en su contra.

Por lo anterior, este requerimiento también se cumple a cabalidad.

6. El principio de la doble incriminación.

De acuerdo con el numeral 1º del artículo 493 del Código de Procedimiento Penal, la doble incriminación se presenta cuando el hecho que es motivo de la extradición está previsto como delito en Colombia y {es} reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años”.

La Corte tiene dicho que para establecer si la conducta que se le imputa al requerido en el país solicitante es considerada como delito en Colombia, debe hacerse una comparación entre las normas que allí sustentan la sindicación, con las de orden interno para establecer si estas también recogen los comportamientos contenidos en cada uno de los cargos.

Tal confrontación se hace con la normatividad que está en vigor al momento de rendir el concepto, puesto que lo emite dentro del trámite de un mecanismo de cooperación internacional, razón por la cual la aplicación del principio de favorabilidad que podría argüirse como producto natural de la sucesión de leyes no entraría en juego, por cuanto las domésticas no son las que operarán en el extranjero. Lo que a este propósito determina el concepto es que, sin importar la denominación jurídica, el acto desarrollado por el ciudadano cuya extradición se demanda sea igualmente considerado como delictuoso en el territorio patrio.

Pues bien, de acuerdo con el resumen contenido en las notas verbales y la Acusación Sustitutiva Nº 8:14-CR-376-T-33TGW, dictada el 5 de noviembre de 2014 en la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Medio de la Florida, contra C. D. A. M. se formularon los siguientes cargos(26):

El Gran Jurado imputa lo siguiente:

Cargo Uno

Desde una fecha desconocida, continuando hasta e incluso la fecha de esta acusación de reemplazo, en el Distrito Central de Florida y en otros lugares, los acusados:

(…)

C. D. A. M.

alias XXX

alias XXX

alias XXX

(…)

Con conocimiento y deliberadamente se unieron, conspiraron y acordaron con otras personas, cuyos nombres los conoce y desconoce el Gran Jurado para distribuir cinco (5) kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de la Categoría II, sabiendo y con la intención de que dicha sustancia se importara ilícitamente a los Estados Unidos, en contravención de la Sección 959 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

Todo en contravención de las Secciones 963 y 960(b)(1)(B)(ii) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

Cargo Dos

Desde una fecha desconocida, y continuando hasta e incluso la fecha de esta acusación de reemplazo, en el Distrito Central de Florida y en otros lugares, los acusados:

(…)

C. D. A. M.

alias XXX

alias XXX

alias XXX

(…)

Con conocimiento y deliberadamente se unieron, conspiraron y acordaron con otras personas conocidas y desconocidas para el Gran Jurado, para poseer con la intención de distribuir cinco (5) kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de la Categoría II, estando a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, en contravención de las Secciones 70503(a) y 70506(a) y (b) del Título 46 del Código de los Estados Unidos, y la Sección 960(b)(1)(B)(ii) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

Soporta el pliego de cargos, la declaración jurada de C. I. G., Agente Especial de la Oficina de Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, quien refirió lo siguiente:

La investigación reveló que A. M. es miembro de “Los Urabeños”, una organización narcotraficante (DTO) dirigida por el cómplice D. A. U. D. (U. D.) que ofrece servicios de transporte marítimo a propietarios de cocaína que desean transportarla a través de aguas internacionales del Mar Caribe, principalmente de Colombia a Honduras, para su importación final y distribución a los Estados Unidos. La organización narcotraficante usa lanchas rápidas y embarcaciones semisumergibles autopropulsadas (SPSS) para transportar cocaína. Según varios testigos cooperadores, U. D. dividió la organización narcotraficante en zonas y asignó comandantes a cada zona. A. M. fue el comandante de una de las zonas, propietario parcial de varios embarques de cocaína, y a cargo del fondo operativo de la organización narcotraficante.

(…) El 29 de octubre de 2011, la Guardia Costera de los Estados Unidos, (USCG) interdictó (sic) una lancha rápida en aguas internacionales en el Mar Caribe e incautó 1.710 kilogramos de cocaína. Los miembros de la tripulación de la de la embarcación identificaron a A. M. como uno de los miembros de la organización narcotraficante responsable de la operación de contrabando de drogas y propietario parcial de la cocaína, la cual estaba destinada a los Estados Unidos.

El 16 de mayo de 2012, la USCG interdictó (sic) una embarcación SPSS en aguas internacionales en el Mar Caribe. La embarcación SPSS se hundió, pero la Guardia Costera pudo rescatar a los miembros de la tripulación. Los miembros de la tripulación dijeron a los investigadores que la embarcación SPSS iba cargando 7.540 kilogramos de cocaína que estaba destinada a los Estados Unidos; no se recuperó nada de la cocaína. Los miembros de la tripulación identificaron a A. M. como uno de los miembros de la organización narcotraficante responsables de la operación de contrabando de drogas y propietario parcial de la cocaína.

Los agentes de los Estados Unidos interrogaron a un testigo cooperador (CW-1) varias veces en el 2013 y el 2014, CW-1 se identificó como un narcotraficante colombiano de nivel intermedio, y dijo que del 2009 al 2012, había organizado 11 operaciones de contrabando marítimo de cocaína con A. M., y otros miembros de la organización narcotraficante, incluso la coordinación de los embarques interdictados (sic) el 29 de octubre de 2011 y el 16 de mayo de 2012, escritos anteriormente. CW-1 dijo que A. M era el comandante de la organización narcotraficante en el municipio de XXX en Colombia, y que todos los traficantes de XXX tenían que coordinar con A. M. antes de realizar cualquier operación de contrabando de cocaína en el área, incluso el pago de impuestos. CW-1 se reunió varias veces con A. M. y otros miembros de la organización narcotraficante en el 2011 y el 2012 para planear operaciones de contrabando de cocaína. CW-1 dijo que A. M. era propietario parcial de la cocaína en cada embarque que él, CW-1, organizaba, y que cada embarque tenía como destino final los Estados Unidos. (Resaltado).

La Sección 959 del Título 21 del Código de Estados Unidos refiere lo siguiente:

(a) Fabricación o distribución con fines de importación ilícita. Será ilegal que cualquier persona fabrique o distribuya una sustancia controlada de la Tabla I o II, flunitrazepam, o sustancia química listada.

(1) Con la intención de que esa sustancia o esa sustancia química sea importada ilícitamente a Estados Unidos o a las aguas dentro de las 12 millas de la Costa de Estados Unidos; o

(2) Con conocimiento de que esa sustancia química será importada ilícitamente a Estados Unidos o a las aguas dentro de las 12 millas de la costa de Estados Unidos.

(b) Posesión, fabricación, o distribución por persona a bordo de una aeronave. Será ilícito para cualquier ciudadano estadounidense a bordo de cualquier aeronave, o cualquier persona a bordo de una aeronave perteneciente a un ciudadano estadounidense o registrada en Estados Unidos, el –

(1) Fabricar o distribuir una sustancia controlada o sustancia química listada; o

(2) Poseer una sustancia controlada o sustancia química listada con la intención de distribuirla.

(c) Actos realizados fuera del territorio de Estados Unidos; competencia territorial.

Esta Sección está pensada para extender la competencia a actos de fabricación o distribución cometidos fuera del territorio de los Estados Unidos. Quien viole esta sección será juzgado en el tribunal de distrito de los Estados Unidos competente para el punto de entrada en donde esa persona ingrese a Estados Unidos, o en el Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia.

La Sección 960 establece:

Actos ilícitos

El que –

(1) En violación de las secciones 952, 953 o 957 de este título, con conocimiento de causa o intencionadamente importe o exporte una substancia controlada,

(2) En violación de la Sección 955 de este título, con conocimiento de causo o intencionadamente trate de posea (sic) a bordo de una embarcación, aeronave o vehículo una sustancia controlada, o

(3) en violación de la Sección 959 de este título, fabrique posea con intenciones de distribuir, o distribuya una sustancia controlada,

Será castigado de acuerdo con lo previsto en la subsección (b) de esta sección.

(b) Las penas

(1) En caso de una violación de la sub-sección (a) de esta sección, que trata de

(B) 5 kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad perceptible de

(ii) cocaína, sus sales, sus isómeros ópticos y geométricos, y las sales de los isómeros (...).

El que cometa tal violación de la ley será castigado con la pena de prisión por un término de cuando menos 10 años y no mayor que la cadena perpetua, (…) con una multa que no deberá exceder de lo autorizado en el Título 18, o US$10.000.000 si el reo es individuo (…) o con ambas penas (…) cualquier sentencia impuesta bajo este párrafo (…) incluirá un término de libertad supervisada de por lo menos 5 años además del término de prisión.

La Sección 963 dispone:

El que intente o concierte para perpetrar cualquier delito definido en este subcapítulo será castigado con las mismas penas que se prevén para el delito cuya comisión era el objetivo de la tentativa o el concierto.

Además, la Sección 70503 del Título 46 de la misma codificación señala:

(a) Se prohíbe que una persona, de forma consciente (sic) o intencional, posea, con intención de distribuir, una sustancia controlada a bordo de –

(1) Una nave de los Estados Unidos, o que esté sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos.

Y la Sección 70506 del mismo título establece:

Penas

(a) Una persona que infrinja la Sección 70503 de este Título será penalizada según lo dispone la sección 1010 de la Ley Integral de Prevención y control del Abuso de Drogas (Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act), de 1970 (Sección 960 del Título 21, del Código de los Estados Unidos).

Tentativas y Conciertos – Una persona que intente o confabule para violar la sección 70503 de este título estará sujeta a las mismas infracciones que se proveen para la violación de la sección 70503.

Ahora bien, los anteriores cargos tienen su correspondencia en el Código Penal Colombiano(27), específicamente en el inciso 2º del artículo 340(28), así:

ART 340.—Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de tres (3) a seis (6) años.

Cuando el concierto sea para cometer delitos de (…) tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas (…) lavado de activos (…) la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales.

Y también encuentran correspondencia en el artículo 376 del Código Penal, modificado por el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011, que tipifica el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, con la circunstancia de agravación prevista en el numeral 3º del artículo 384 del Código Penal, de la siguiente manera:

ART. 376.—Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de droga sintética, quinientos (500) gramos de nitrato de amilo, quinientos (500) gramos de ketamina y GHB, la pena será de noventa y seis (96) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y multa de ciento veinte y cuatro (124) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

ART.384.—Circunstancias De Agravación Punitiva. El mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos:

(…) 3. Cuando la cantidad incautada sea superior a mil (1.000) kilos si se trata de marihuana; a cien (100) kilos si se trata de marihuana hachís; y a cinco (5) kilos si se trata de cocaína o metacualona o dos (2) kilos si se trata de sustancia derivada de la amapola.

Ahora bien, como la Acusación Sustitutiva Nº 8:14-CR-376-T-33TGW, dictada el 5 de noviembre de 2014 en la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Medio de la Florida, contra C. A. M. incluye la alegación de decomiso de los bienes objeto de las conductas reprochadas, es preciso indicar que tal afirmación no puede ser entendida en estricto sentido como un cargo.

En efecto, como lo ha venido expresando esta corporación respecto de situaciones semejantes, el señalamiento de esa figura no comporta imputación alguna, pues se trata del anuncio de la consecuencia patrimonial que la declaratoria de responsabilidad acarrea respecto de los bienes involucrados en el delito, de cuya comisión se acusa al requerido, tema ajeno a la solicitud de extradición, razón por la cual no se encuentra comprendido dentro de los aspectos por analizar en el concepto a emitir por la Sala.

Para concluir, como las conductas contenidas en los cargos uno y dos del indictment, se encuentran penalizadas en los dos países y corresponden a tipos penales con pena mínima superior a los 4 años de prisión, se verifica cumplida la exigencia de la doble incriminación en el presente asunto.

7. Prohibición de doble juzgamiento.

Para evitar la posible vulneración del principio del non bis in ídem¸ es imprescindible confrontar los hechos de la acusación foránea con los de la sentencia condenatoria proferida en Colombia contra A. M.

En el trámite de extradición se estableció que previa celebración de preacuerdo con la Fiscalía, C. D. A. fue condenado el 26 de mayo de 2015 por el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Antioquia a las penas principales de: “Trece (13) años y (sic) ciento cincuenta y seis (156) meses de prisión y multa de dos mil setecientos (2.700) s.m.l.m.v, como autor penalmente responsable de las conductas de Concierto para Delinquir Agravado (Art. 340 inc. 2 y 3); fabricación, tráfico, porte tenencia (sic) de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas agravado (art. 366 # 3 del artículo 365 del C.P.); y fabricación, tráfico, porte tenencia (sic) de armas de fuego agravado (Art. 365 # 3 del C.P.)”.

La sentencia condenatoria indicó respecto a la situación fáctica:

El operativo que se realizó el día 7 de septiembre de 2014, que terminó con la captura del señor C. D.A. M. y otros, se dio luego de que por fuente humana, no formal, persona que se identificó con el alias “XXX”, aportara información acerca de que en la XXX del Municipio de XXX, Antioquia había un campamento donde se encontraban integrantes de la banda criminal “Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC y/o Los Urabeños”, estas personas, manifiesta la fuente, estarían custodiando uno de sus principales cabecillas de la organización, conocido como alias “XXX”, además indicó que esta persona tendría varias órdenes de captura y que se encuentra huyendo de las autoridades, toda vez que en la zona de Urabá la fuerza pública venía adelantando fuertes operativos en contra de los grupos armados ilegales; dentro de la información aportada, indica, que estas personas se encontrarían portando armas de fuego de diferentes calibres, en el evento de presentarse algún tipo de operación policial, deberían repeler haciendo uso de las armas de fuego que portan.

Así las cosas, se coordina una operación helicoportada, por parte de los funcionarios de la Policía Judicial, quienes se encargarían de realizar labores de campo que permitieran la recolección de elementos materiales probatorios, así como la individualización de los autores o partícipes de la conducta a investigar, los cuales estarían acompañados del grupo de Operaciones Especiales (GRATE) de la Dirección de investigación Criminal e Interpol; la diligencia se llevó a cabo en las coordenadas XXX, XXX, de la vereda el XXX del municipio de XXX (Ant).

En el operativo helicoportado se presentó un cruce de fuego entre los funcionarios del Estado y las personas que se encontraban en tierra, luego al ingresar a la zona, encontraron a 20 metros de las coordenadas aportadas por la fuente, un cuerpo sin vida de quien respondía al nombre de J. A. H. G.; identificado con C.C. XXX, quien presentaba varias heridas con características similares a las producidas con arma de fuego; se encontró una pistola color plateado, empuñadura de color negro que tenía en una de sus esquinas un cordón amarrado; dicha arma se encontró cerca al occiso; de igual manera cerca al cuerpo sin vida se hallaron otros elementos.

Posteriormente, se lleva a cabo la persecución en tierra en contra de personas que emprenden la huida al percatarse de la presencia policial y es allí donde se logra interceptar al señor C. D. A. M., alias “XXX”, quien luego de ser ubicado e identificado plenamente se realiza una revisión de la ruta que esta persona había empleado para intentar huir de la fuerza pública, ubicando un arma de fuego tipo pistola marca Ruger calibre 22 LR, número XXX, arma que fue empleada por el señor A. M. para disparar en repetidas ocasiones contra el personal de la policía y la aeronaves; posteriormente esta persona es conducida a un lugar de mayor control, por parte de los funcionarios, una vez allí se le practica una requisa y en una maleta tipo morral marca Yeeos, color gris que portaba esta persona, se encuentra una pistola Prieto Beretta 9mm con decorados color amarillo, varios documentos con grados y nombres de personas que hacen parte, al parecer, de la fuerza pública en la región de XXX y al frente cifras de dinero, un libro de doctrina militar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, dinero en efectivo, distribuido en 56 billetes de 50.000 pesos y un billete de 10.000 pesos, al preguntarle por la procedencia del dinero y el permiso para el porte del arma de fuego, no dio razón alguna, manifestó llamarse C. D. A. M., que es conocido con el alias de “XXX” indicando además que “él era la persona que estaban buscando”, esta persona estaba herida al parecer por arma de fuego en la cabeza.

De igual manera, en el sitio de los hechos, se observó a un sujeto que vestía jeans, sin camisa, quien se encontraba herido en el brazo derecho y corría en dirección opuesta a la de los policías, sin perderlo de vista, en la persecución intenta deshacerse de un elemento el cual es lanzado a la maraña, lográndose establecer que se trataba de un fusil de asalto color negro con número serial XXX, esta persona fue identificada como M. E. B. O.; en el sitio y en la búsqueda se encuentran otros elementos como un IPAD y un fusil Galil 5.56 con tres proveedores calibre 5.56.

Continuando con la operación se observa a tres sujetos disparando a las aeronaves en las que se transportaba apoyo de la policía, realizando maniobras de avance, se logra observar a un sujeto de contextura gruesa sin camisa y quien al percatarse de la presencia policial, arrojó un elemento con las características de una pistola, de esta persona también se logró el control la cual se identificó con el nombre de D.J. O. P.; al inspeccionar se encontró un cartucho en la recamara, un cargador con munición para la misma.

En la zona se hallan cuatro proveedores para fusil calibre 7.62 y vainillas calibre 5.56.

De igual manera fue captura R. J. H. S. quien fue visto por parte del personal en tierra y pilotos como uno de los sujetos que realizaba disparos en contra del personal de la policía; recolectándose un fusil Galil 5.56. (Negrillas propias de la Sala).

Por tal acontecer delictivo, según da cuenta el fallo proferido por el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Antioquia, C.D. A. M. suscribió preacuerdo en virtud del cual aceptó su responsabilidad penal “por los delitos de Concierto para Delinquir Agravado, con fines de homicidio y tráfico de estupefacientes(…) en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos con el agravante del numeral 3º del artículo 365 (…) y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, Art. 365 agravado por el numeral 3º (…).” (Negrilla ajena al texto original).

Además, en el acápite de consideraciones, anotó el juzgado cognoscente: “De los elementos materiales probatorios anteriormente mencionados se puede establecer que el señor C. D. A. M., pertenece a la organización criminal de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, la cual tiene una jerarquía establecida y que se dedica a los homicidios selectivos, al cobro de extorsiones y al narcotráfico entre otros, además que tiene injerencia en el Municipio de XXX”.

De lo expuesto surge entonces que C. D. A. M. fue investigado y condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, pero en ningún momento fue judicializado por el delito de tráfico de estupefacientes en el proceso que adelantó el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Antioquia.

Ahora bien, la solicitud de captura con fines de extradición de C. D. A. M., proveniente del Gobierno de los Estados Unidos se produjo a través de Nota Verbal Nº 1076 del 30 de junio de 2015. Así mismo, la solicitud formal de extradición aparece contenida en la Comunicación Diplomática Nº 1642 del 8 de septiembre de la misma anualidad, que específicamente tiene como soporte:

Los hechos del caso indican que los acusados son miembros de “Los Urabeños” una organización de tráfico de narcóticos (DTO), liderada por D. A. U. D., la cual suministra servicios de transporte marítimos a propietarios de cocaína, quienes desean transportar cocaína a través de aguas internacionales del mar caribe, principalmente desde Colombia hacia Honduras, para su importación y distribución final en los Estados Unidos. La DTO utiliza lanchas rápidas y embarcaciones auto-propulsoras semi-sumergibles (SPSS) para transportar la cocaína. De acuerdo con varios testigos que cooperan en el caso, (…) C. D. A. M. está encargado de los fondos operacionales de la DTO.

EL 29 de octubre de 2011, la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG) interceptó una lancha rápida en aguas internacionales en el mar Caribe e incautó 1.710 kilogramos de cocaína. Los tripulantes de la embarcación identificaron a los acusados como los responsables de la operación de contrabando de narcóticos, manifestando específicamente que U. D., S. y A. M. eran copropietarios de la cocaína y que la cocaína tenía como destino los Estados Unidos. El 16 de mayo de 2012, la USCG interceptó una SPSS en aguas internacionales del mar Caribe. La SPSS se hundió, pero la USCG pudo rescatar a los miembros de la tripulación, los tripulantes informaron a los investigadores que la SPSS llevaba 7.640 kilogramos de cocaína con destino a los Estados Unidos, de los cuales ninguno fue recuperado. Los tripulantes también manifestaron que todos los acusados eran responsables de la operación de contrabando de narcóticos(29).(Destaca la Sala).

Información que también encuentra respaldo en la declaración juramentada rendida por el agente de la DEA C. I. G., transcrita en precedencia.

En consecuencia, con soporte en la prueba documental arribada al trámite de extradición, encuentra la Corte, que el hecho del concierto para delinquir que motiva el pedido de entrega de C. D. A. M. respecto a las circunstancias fácticas a las que hace relación la Acusación Sustitutiva Nº 8:14-CR-376-T-33TGW, dictada el 5 de noviembre de 2014 en la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Medio de la Florida, ya fue juzgado en Colombia.

Reitérese que, la sentencia emitida por el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Antioquia con la acusación extranjera, presentan similitud en los hechos descritos en las actuaciones judiciales referidas y que se relacionan con el delito de concierto para delinquir de la empresa delincuencial a la cual pertenecía A. M. “Los Urabeños”, cuya finalidad ilícita era, entre otros, exportar drogas estupefacientes desde Colombia hacia otros países, entre los que se incluye, Estados Unidos.

En consecuencia debe admitirse que opera el non bis in ídem por el delito de concierto para delinquir respecto de la reclamación que por ese reato se hace para C. D.A.M., porque por tales hechos fue juzgado y condenado en Colombia.

Sin embargo, lo expuesto en precedencia no aplica para los hechos relacionados con el delito de tráfico de estupefacientes. En estas diligencias no se demostró que ese injusto haya sido objeto de imputación en aquella oportunidad, y menos aún, que exista condena en contra del requerido por esa conducta punible, por la que también es reclamado por el Gobierno de los Estados Unidos, según la Acusación Sustitutiva Nº 8:14-CR-376-T-33TGW, dictada el 5 de noviembre de 2014 en la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Medio de la Florida.

Por consiguiente, no existe impedimento legal para que la Corte conceda la extradición de A. M. por el delito de tráfico de estupefacientes.

8. Concepto.

Por los razonamientos expuestos en precedencia, la Corte emitirá concepto DESFAVORABLE a la petición de entrega en extradición del ciudadano colombiano C. D. A. M. por el delito de concierto para delinquir y FAVORABLE por el delito de tráfico de estupefacientes, cargos contenidos en la Acusación Sustitutiva Nº 8:14-CR-376-T-33TGW, dictada el 5 de noviembre de 2014 en la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Medio de la Florida.

8.1. La Corte considera pertinente precisar, en orden a proteger los derechos fundamentales del requerido, que el Estado solicitante deberá garantizarle la permanencia en el país extranjero y el retorno al de origen en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, cuando llegare a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares, incluso después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta en razón de los cargos que motivaron la solicitud de extradición.

Igualmente, surge necesario indicar que la extradición C. D. A. M. debe supeditarse a los hechos ocurridos con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución Política.

Del mismo modo, atendiendo lo dispuesto en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno Nacional puede subordinar la concesión de la extradición a las condiciones consideradas oportunas y exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos diversos de los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometido a sanciones distintas de las impuestas en la eventual condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, por el país solicitante(30).

Así mismo, debe condicionar la entrega de C. D. A. M. a que se le respeten —como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones— todas las garantías debidas a su condición de justiciable, en particular a que tenga acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta las que se aduzcan en contra, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que la eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, a que la sentencia pueda ser apelada ante un tribunal superior, a que la sanción privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social(31).

Además, no puede ser condenado dos veces por el mismo hecho, por mandato de la Carta Política, ni dársele una denominación jurídica distinta a la misma circunstancia fáctica.

Igualmente, el Gobierno debe condicionar la entrega a que el país solicitante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que el extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, y garantiza su protección(32).

De la misma manera, el Gobierno, encabezado por el señor Presidente de la República como Jefe de Estado, deberá efectuar el respectivo seguimiento a las exigencias que se impongan a la concesión de la extradición y determine las consecuencias que se derivarían de su eventual incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 2º del artículo 189 de la Constitución Política.

Finalmente, el Gobierno Nacional advertirá al del Estado requirente, que en caso de un fallo de condena, deberá computarse el tiempo que C. D. A. M. haya permanecido privado de la libertad con ocasión de este trámite de extradición.

8.2. Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, CONCEPTÚA DESFAVORABLEMENTE a la petición de entrega en extradición del ciudadano colombiano C. D. A. M. por el delito de concierto para delinquir y FAVORABLE por el delito de tráfico de estupefacientes, cargos contenidos en la Acusación Sustitutiva Nº.8:14-CR-376-T-33TGW, dictada el 5 de noviembre de 2014 en la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Medio de la Florida.

Comuníquese esta determinación al requerido, a su defensor, al Ministerio Público y al Fiscal General de la Nación, para lo de su cargo. Devuélvase el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho para lo de su competencia.

Magistrados: Gustavo Enrique Malo Fernández—José Francisco Acuña Vizcaya—

José Luis Barceló Camacho Fernando Alberto—Castro Caballero Eugenio Fernández Carlier—Luis Antonio Hernández Barbosa Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar Luis Guillermo Salazar Otero. 

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria

1 Carpeta Original. Folio 33.

2 Ibíd. Folio 42.

3 Ibíd. Folio 57.

4 Cuaderno Corte. Folio 7.

5 Cuaderno Corte. Folio 13.

6 Que al parecer no conoció que fue desplazado por el nombramiento del abogado de confianza de C. D. A. M.

7 Ibíd. Folios 54 – 63.

8 Ibíd. Folios 142 – 144.

9 Ibíd. Folio 121.

10 Ibíd. Folio 173.

11 Ibíd. Folios 147 – 179.

12 Ibíd. Folio 208.

13 Ibíd. Folio 186.

14 En este sentido, el oficio OFI16-0006165-OAI-1100 del Ministerio de Justicia suscrito el 10 de marzo de 2016, indicó: “Solicitud adicional de extradición del ciudadano C. D. A. M. El Gobierno de los Estados Unidos de América mediante Nota Verbal Nº1828 del 25 de septiembre de 2015, solicitó la detención provisional con fines de extradición de C. D. A. M., identificado con cédula de ciudadanía XXX, requerido ahora en la acusación sustitutiva Nº14-0625 (S-3) (DLI), dictada el 12 de agosto de 2015 en el Distrito Este de Nueva York, para comparecer a juicio por participar en una empresa criminal continuada y delitos de narcóticos. (…) Mediante Nota Verbal Nº 413 del 8 de marzo de 2016, la Embajada de los Estados Unidos de América formalizó la solicitud de extradición, allegando la documentación traducida y legalizada.

15 Ley 906 de 2004. “artículo 505. Prelación en la concesión. Si una misma persona fuere objeto de solicitudes de extradición por parte de dos (2) o más Estados, será preferida, tratándose de un mismo hecho, la solicitud del país en cuyo territorio fue cometida la infracción; y si se tratare de hechos diversos la solicitud que versare la infracción más grave. En caso de igual gravedad, será preferido el Estado que presentó la primera solicitud de extradición.
Corresponde al gobierno establecer el orden de precedencia cuando hubiere varias demandas de extradición”. (Destaca la Sala).

16 Carpeta Original. Folio 133.

17 Ibíd. Folio 129.

18 Ibíd. Folios 133 - 137.

19 Ibíd. Folios 133 - 137.

20 Ibíd. Folio 139.

21 Ibíd. Folios 119 - 131.

22 Ibíd. Folios 36 – 37 y 61.

23 Ver informe del CTI, de fecha 6 de agosto de 2015. Folios 15 – 18.

24 Cuaderno Corte. Folios 17 y 206.

25 Informe Investigador de Laboratorio. Policía Nacional de Colombia —Dirección de Investigación Criminal e Interpol— Laboratorio de Dactiloscopia Forense. Fecha 20 de enero de 2016. Suscrito por el Intendente J. F. V. S. “Interpretación de resultados: Teniendo en cuenta el análisis de orden técnico al material allegado y recolectado para estudio, se verifica que la identidad de la persona a la cual le corresponden las impresiones dactilares registradas en el documento descrito en el ítem 3.2, es A. M. C. D., identificado con Número de Documento (NUIP). 78.768.807”. Folio 130.

26 Carpeta Original. Folios 133 – 136.

27 CSJ CP051-2016, Rad. 44.939. “Revisada la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia desde el 2013 a la fecha, en relación con los cargos en los que se imputa al reclamado en extradición los artículos 959, 960 y 963 se ha adoptado por admitir que los cargos corresponden en Colombia al concierto para delinquir y al tráfico de estupefacientes, de que tratan los artículos 340 y 376 del C.P., con las modificaciones de la Ley 733 de 2002, 890 de 2004 y 1121 de 2006, en los conceptos emitidos en los siguientes radicados:
47057; 46495; 46916; 46497; 44764; 45115; 46344; 44512; 46347; 46348; 46498; 45742; 46343; 46258; 46221; 46055; 45932; 45953; 46558; 46494; 46355; 45954; 46224; 46009; 46223; 46190; 46072; 46008; 46129; 44765; 45785; 45838; 44938; 45840; 45933; 45688; 45640; 45157; 45931; 43800; 45531; 44521; 45275; 45279; 45276; 44937; 44784; 44019; 38988; 45272; 44763; 45116; 44964; 44989; 44786; 43168; 44914; 44017; 43911; 42114; 42809; 42972; 42503; 42504; 42776; 42580; 41274; 40303; 40530; 40488; 46960; 46957; 45449; 46346; 46560; 46342; 46222; 45448; 45169; 46341; 45409; 44913; 44762; 44987; 44260; 41805; 42167; 42797; 42976; 42974; 42952; 42956; 42587; 42979; 42608; 42583; 42811; 42571; 42640; 42413; 42409; 42411; 42574; 42572; 42169; 42412; 42687; 41474; 42586; 41289; 41335; 40345; 40304 y 40051”. ( destacado).

28 Modificado por los artículos 8º de la Ley 733 de 2002 y 19 de la Ley 1121 de 2006.

29 Capeta Original. Folios 59 – 60.

30 De conformidad con lo dispuesto por los artículos 12 y 34 de la Constitución Política de Colombia.

31 Como lo disponen los Artículos 29 de la Constitución; 9º y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 5-3.6, 7-2.5, 8-1.2 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h).3.4.5, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

32 Postulado que encuentra respaldo en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).