Concepto CP024-2016 de marzo 16 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Eyder Patiño Cabrera

CP024-2016

Rad: 47266

(Aprobado acta Nº 80)

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciséis (2016).

Consideraciones de la Sala

A pesar de que en este evento se elevó petición de trámite simplificado, la competencia de la Corte permanece incólume, es decir, está enfocada a expresar un concepto acerca de la procedencia de entregar o no a la persona solicitada por un país extranjero.

De conformidad con el artículo 35 de la Constitución Política, modificado por el 1º del Acto Legislativo 1 de 1997, la extradición se pedirá, concederá u ofrecerá de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley.

Acerca de la extradición simplificada

El artículo 70 de la Ley 1453 del 24 de junio de 2011 dispuso que el canon 500 del Código de Procedimiento Penal, tendría un quinto inciso cuyo contenido es del siguiente tenor:

PAR. 1º—Extradición simplificada. La persona requerida en extradición, con la coadyuvancia de su defensor y del Ministerio Público podrá renunciar al procedimiento previsto en este artículo y solicitar a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de plano el correspondiente concepto, a lo cual procederá dentro de los veinte (20) días siguientes si se cumplen los presupuestos para hacerlo.

PAR. 2º—Esta misma facultad opera respecto al trámite de extradición previsto en la Ley 600 de 2000.

En el caso sub examine, la Sala encuentra reunidas las exigencias establecidas en dicha norma para conceptuar acerca del requerimiento de extradición impetrado por el Gobierno de Venezuela en relación con J. V. V.

En efecto, la solicitud radicada por el pretendido en vigencia de dicha preceptiva, coadyuvada por la defensa y por el Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal, cumplen con los presupuestos para emitir concepto bajo el rito del trámite simplificado, por lo que a ello procede la Corte, previo a las siguientes precisiones:

En este orden, en el presente caso, conforme lo especificó el Ministerio de Relaciones Exteriores, el instrumento aplicable es el “Acuerdo sobre Extradición”, suscrito en Caracas, en el marco del Congreso Bolivariano, el 18 de julio de 1911(26).

Por esta razón, el concepto que corresponde proferir a esta Corporación debe ceñirse a las condiciones de la precitada normativa, aprobada en nuestro país mediante la Ley 26 de 1913.

El artículo I del instrumento internacional en mención, también conocido como “Acuerdo Bolivariano sobre Extradición”, celebrado entre la República de Colombia y varios países americanos, entre ellos, la República Bolivariana de Venezuela, prevé que cada uno de los Estados signatarios:

(…) convienen en entregarse mutuamente, de acuerdo con lo que se estipula en este Acuerdo, los individuos que procesados o condenados por las autoridades judiciales de cada uno cualquiera de los Estados contratantes, como autores, cómplices o encubridores de alguno o algunos de los crímenes o delitos especificados en el artículo 2º, dentro de la jurisdicción de una de las partes contratantes, busquen asilo o se encuentren dentro del territorio de una de ellas. Para que la extradición se efectúe es preciso que las pruebas de la infracción sean tales, que las leyes del lugar donde se encuentren el prófugo o enjuiciado justificaría su detención o sometimiento a juicio, si la comisión, tentativa o frustración del crimen o delito se hubiese verificado en él.

Por su parte, el precepto IV dispone que “no se acordará la extradición” por delitos políticos y el canon V preceptúa que tampoco se convendrá la extradición en los siguientes casos:

a) Si con arreglo a las leyes de uno u otro Estado no excede de seis meses de privación de libertad el máximum de la pena aplicable a la participación que se imputa a la persona reclamada, en el hecho por el cual se solicita la extradición.

b) Cuando según las leyes del Estado al cual se dirige la solicitud, hubiere prescrito la acción o la pena a que estaba sujeto el enjuiciado o condenado.

c) Si el individuo cuya extradición se solicita ha sido ya juzgado y puesto en libertad o ha cumplido su pena, o si los hechos imputados han sido objeto de una amnistía o de un indulto.

A su vez, la disposición VI indica que la solicitud de extradición “deberá hacerse precisamente por la vía diplomática” y el artículo VIII regula lo concerniente a los requisitos de la petición y al efecto señala:

La solicitud de extradición deberá estar acompañada de la sentencia condenatoria si el prófugo hubiese sido juzgado y condenado; o del auto de detención dictado por el Tribunal competente, con la designación exacta del delito o crimen que lo motivaren, y de la fecha de su perpetración, así como de las declaraciones u otras pruebas en virtud de las cuales se hubiere dictado dicho auto, en caso de que el fugitivo sólo estuviere procesado.

Estos documentos se presentarán originales o en copia, debidamente autenticada, y a ellos se agregará una copia del texto de la ley aplicable al caso, y en cuanto sea posible, las señas de la persona reclamada.

La extradición de los prófugos, en virtud de las estipulaciones de este Tratado, se verificará de conformidad con las leyes de extradición del Estado al cual se haga la demanda.

En ningún caso tendrá efecto la extradición si el hecho similar no es punible por la ley de la Nación requerida.

De esta manera, los aspectos que la Corte debe constatar en punto de emitir concepto acerca de la solicitud de extradición presentada por la República Bolivariana de Venezuela en relación con J. V. V., son los siguientes:

(i) Que el pedido se haya formulado por vía diplomática y esté acompañado, en el caso de personas procesadas, de copia auténtica del auto de detención emanado de juez competente con la designación exacta del delito que lo motiva y su fecha de perpetración, de las declaraciones u otras pruebas en virtud de las cuales se hubiere dictado, así como las señas de la persona reclamada y de las normas sobre prescripción;

(ii) Que las pruebas consideradas por la autoridad judicial del Estado requirente para dictar el auto de detención o la sentencia condenatoria también puedan justificar similares medidas, si la comisión del punible se hubiese verificado en él;

(iii) Que el hecho por el cual se solicita tenga carácter delictivo y una pena mínima superior a seis meses de privación de la libertad en el país requirente y en el requerido (principio de doble incriminación);

(iv) Que no esté prescrita la acción o la pena, conforme a las leyes del Estado requerido;

(v) Que el individuo no haya cumplido su condena o haya sido amnistiado o indultado en el país donde hubiere cometido la conducta;

vi. Que no se trate de un delito político o conexo a él.

Todos los elementos mencionados se examinaran a continuación:

1. Validez formal de la documentación.

Con fundamento en lo preceptuado en el canon V del “Acuerdo Bolivariano sobre Extradición”, la solicitud debe efectuarse por vía diplomática aportando copia auténtica del auto de detención emanado de juez competente, con la designación exacta del delito que lo motiva, su fecha de perpetración, las declaraciones u otras pruebas en virtud de las cuales se hubiere dictado, las señas de la persona reclamada y las normas sobre prescripción.

Siendo ello así, la Corte constata el cumplimiento de tal exigencia toda vez que la petición fue presentada por vía diplomática, esto es, fue radicada por conducto de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El requerimiento fue acompañado de copia certificada de la orden de aprehensión y su ampliación dentro del asunto principal Nº LP01-P-2014-003616 con fecha del 16 de junio de 2014 y 14 de octubre de 2015, respectivamente, emitidas en contra de J. V. V. y dictadas por el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control del Estado Mérida(27). Las providencias que dispusieron la emisión de dicha orden contienen la relación de los hechos imputados, los delitos atribuidos, la época de realización, así como los datos personales que permiten identificar al reclamado.

De igual forma, se aportaron transcripciones de las leyes aplicables y de las relativas a la prescripción de la acción y de la pena(28).

Esta pieza procesal, pilar del condicionamiento según el “Acuerdo Bolivariano sobre Extradición», fue aportada en copia autenticada y apostillada por el Estado requirente, con lo cual se satisface el presupuesto analizado.

2. Demostración plena de la identidad del solicitado.

Esta exigencia se orienta a establecer si la persona procesada (acusada o condenada) en el país extranjero, es la misma sometida al trámite de extradición, lo cual implica conocer su verdadera identidad, por lo tanto, el requisito se cumple cuando existe plena coincidencia entre el individuo solicitado y aquél cuya entrega se encuentra en curso de resolver.

Confrontada la información contenida en la solicitud de extradición, advierte la Corte que el reclamado responde al nombre de J. V. V., identificado con la cédula de identidad colombiana Nº 88.261.404 y venezolana Nº V-24.108.331, nacido el 18 de diciembre de 1982 en Cúcuta (Norte de Santander), hijo de J. J. V. y M. M.V., datos que coinciden con los suministrados por éste al notificársele de la orden de captura con fines de extradición y bajo los cuales han actuado en este trámite sin que se haya formulado ningún cuestionamiento en relación a los mismos(29). Por ende, también se cumple esta exigencia.

3. Principio de la doble incriminación.

Frente a esta exigencia la corporación examina si los comportamientos atribuidos al pretendido como ilícitos en el país extranjero tienen en Colombia la misma connotación, es decir, si son considerados delitos, de ser así, si conllevan la pena mínima señalada en el tratado o en el Código de Procedimiento Penal y finalmente, si hacen parte de los injustos por los cuales de acuerdo al instrumento internacional aplicable es procedente conceder la extradición, según sea el caso.

En tal sentido, el artículo I del “Acuerdo Bolivariano sobre Extradición” prevé la entrega en los eventos en que el pretendido ha sido procesado o condenado por un hecho de connotación delictual tanto en el Estado requirente como en el requerido, sancionado con privación de la libertad superior a seis meses.

Los hechos imputados por las autoridades venezolanas a J. V. V., son los siguientes(30):

“En fecha 10 de abril de 2014, la Fiscalía Octava del Ministerio Público, inicia la correspondiente investigación signada con el Nº MP-157447-2014, por cuanto tiene conocimiento a través de Denuncia interpuesta por la ciudadana: Y. S. G. ante funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana Comando Nacional Anti-Extorsión y Secuestro GAES (sic) Mérida, Sección Tovar, mediante la cual expuso que el día 9 de abril de 2014 aproximadamente a las 8.30 de la noche se encontraba en su casa ubicada en el Sector P., H. A., municipio P. S. del Estado M., en compañía de su hijo (IDENTIDAD OMITIDA), de 13 años de edad, estaban descansando y hablando por teléfono con su esposo G. G. y al término de la la (sic) conversación, un hombre desconocido ingresó a su vivienda le quitó el teléfono de sus manos, observando simultáneamente que habían tres hombres más dentro de la vivienda, ellos ingresaron a la misma sin percatarse de ello la referida ciudadana. Los referidos ciudadanos, comenzaron a preguntarle por su esposo y por las cosas de valor de la casa, ella les respondía que su esposo estaba en la ciudad de B. y que regresaba el domingo. Los sujetos portando armas de fuego la amenazaron de muerte, por lo que se vio en la obligación de entregarles sus pertenencias tales como cadenas de oro, un revólver calibre 38 propiedad de su esposo y la cantidad de seis mil bolívares. Seguidamente, llevaron a la ciudadana Y. S. G., hacia una de las habitaciones donde fue amordazada con cinta marrón y atada de manos y pies con tirra (sic) dejándola encerrada, mientras que al adolescente se lo llevaron con ellos, utilizando para salir de la Finca (sic) el vehículo Toyota modelo Hilux Kavak, color verde, placas AXXXX, año 2006 (sic) propiedad de las víctimas. La ciudadana Y. S. señala que sintió a su hijo dentro de la vivienda hasta las 03:00 horas de la madrugada y aproximadamente siendo las 6:00 de la mañana del día 10 de abril, la ciudadana Y. S. logra desatar sus manos, salió de la habitación percatándose que no estaba ni su hijo ni el vehículo de su propiedad, corrió a las afueras hasta lograr ubicar a unos vecinos a quienes les pidió auxilio. Una vez en conocimiento del caso, se desplegó la búsqueda del adolescente, siendo localizada (sic) en estado de abandono el vehículo Toyota (sic) propiedad de la víctima, específicamente en la Vía (sic) Pública (sic), Avenida Perimetral Antonio Pinto Salinas, diagonal al Empalme a la entrada de la población de Santa Cruz de Mora frente al Boulevard, Parroquia Santa Cruz de Mora (sic) Municipio Antonio Pinto Salinas del Estado M..

Una vez conocido el hecho, se despliega la búsqueda del adolescente, donde el ciudadano G. G., padre del adolescente, comienza a recibir constantes llamadas telefónicas, a través de las cuales los secuestradores solicitaron la cantidad de 1.200.000 pesos colombianos para la liberación del adolescente D. G., llevándose a cabo por un lapso de 51 días la negociación con los mismos, recibiendo en fecha 16 de mayo de 2014, una llamada telefónica a través de la cual le indicaron al ciudadano G. G. que habían enviado una “FE DE VIDA” de su hijo, la cual la habían dejado en la localidad de El Vigía estado (sic) Mérida, exactamente A LA ALTURA DEL PUENTE CHAMA EN CASILLA DEL PUESTO DE AUXILIO VIAL DEL SECTOR PANAMERICANO, donde efectivamente se localizó dentro de un recipiente de color transparente, con una tapa de color rojo contentivo de una cuarta parte del líquido transparente, parte de un dedo humano, al cual (sic) hacerle las experticias correspondientes se determinó que pertenece al adolescente D. G..

Dado esta situación, se intensifica la búsqueda y las labores de investigaciones, generando como resultado que una vez cancelado el dinero exigido por los secuestradores a los familiares de la víctima, y habiéndose realizado los depósitos y transferencias respectivas a las cuentas de dos ciudadanos identificados plenamente como O. (sic) J. T. D. y J. V. V., a las cuentas del Banco Banesco, se procede con la liberación del adolescente D. G., ubicado por los funcionarios actuantes en L., sector O., parte baja, finca L., PArroquia Gabriel Picon González, Municipio Alberto Adriani, Estado Mérida, presentando amputación de su dedo anular de la mano izquierda.

Ahora bien, del contenido y análisis de las actuaciones preliminares, se logró evidenciar a través de la Investigación iniciada por ante (sic) la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, Grupo Anti Extorsión y Secuestro (GAES) Sección Tovar del Estado Mérida, la responsabilidad penal de los ciudadanos Identificados (sic) como J. V. V., de nacionalidad venezolana, titular de la cédula (sic) de Identidad (sic) Nº V-2X.X0X.XXX y O. (sic) J. T. D., titular de la cédula de identidad Nº 2X.X4X.XXX y otros plenamente identificados, ello en virtud que se evidencia en el cruce de llamadas telefónicas las constantes comunicaciones que le realizaron al ciudadano G. G., padre de la víctima adolescente (identificacion (sic) omitida), quien indica que desde que se llevaron secuestrado a su hijo empezó a recibir una serie de llamadas de diferentes números, empezando a negociar con los secuestradores quienes le exigían la cantidad de 1.200.000 pesos colombianos, informándoles que no contaba con esa cantidad de dinero, al pasar los días seguía recibiendo llamadas donde bajaron la cantidad a 600 millones de bolívares, después bajaron a 20 millones de bolívares, finalmente exigieron 5 millones de bolívares no pudiendo conseguir esa cantidad, al solicitarles una fe de vida del adolescente, los secuestradores cortaron un dedo del joven y le informaron a los familiares el lugar donde encontrarían dicha fe de vida, trasladándose al sitio previamente acordado, funcionarios policiales, logrando encontrar un frasco contentivo en su interior de un dedo del adolescente plagiado, en virtud de lo cual se les ofreció 4 millones de bolívares, realizando para ello tres (3) depósitos: 1. Efectuado el 27/05/2014 con cheque número 14933, por un monto de Bs. 1.300.000,00 a la cuenta Nº 0134-04-38134381XXX, 2.- El 27/05/2014 con cheque número 1XXX por un monto de Bs. 1.300.000,00, (sic) a la cuenta Nº 0134-0095-4109XXX, ambas cuentas registran a nombre del ciudadano O. T. D., y un último pago 3.- efectuado el 27/05/2014 con cheque (sic) 14945 por la cantidad de Bs. 1.4000.000,00 a la cuenta (sic) Nº 0134-02612XXXX (sic) cuenta que registra a nombre del ciudadano J. V. V., para un total de Bs. 4.000.000,00, y en consecuencia, se solicitó al Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nº 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Medida Precautelativa Innominada de Bloqueo de las mismas la cual fue acordada por el referido Tribunal, haciéndose ahora necesario la aprehensión de ambos ciudadanos, dado que se cuentan con suficientes elementos de convicción para determinar que los referidos ciudadanos recibieron en sus cuentas el dinero exigido para la liberación del adolescente quien fue secuestrado el 9 de abril de 2014 cuando se encontraba en su residencia con su progenitora, y una vez cancelado el mismo, fue liberado en el sector O. municipio A. del Estado M.”.

3. El Tribunal procede a reproducir los elementos de convicción recabados por el Ministerio Público en la investigación (…):

5. ACTA DE INSPECCION (sic) TECNICA (sic) Nº 02 y FIJACION (sic) FOTOGRÁFICA, de fecha 10 de abril de 2014, suscrita por Primer Teniente Beltrán Ceballos Omar Oglint, funcionario adscrito a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, Comando Anti Extorsión y Secuestro, quien deja constancia de haberse trasladado a la siguiente dirección: Final de la Avenida Principal de Santa Cruz de Mora, vía la Victoria, Vía Pública, Municipio Antonio Pinto Salinas del Estado Mérida, lugar donde fue hallado el vehículo clase camioneta, marca Toyota, modelo Hilux, color Plata, AXX9XX, año 2006, vehículo en que presuntamente trasportaron (sic) al adolescente D. A. G. S., el sitio resultó ser abierto utilizado, vía pública, para el desplazamiento de vehículo en ambos sentidos, (…), (sic)

7. Acta de investigación penal, de fecha 10 de abril de 2014 suscrita por el detective Carlos Rojas, funcionario adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Delegación Tovar, quien deja constancia de la siguiente actuación, "...siendo las siete y cuarenta y cinco minutos de la mañana, se recibió llamada telefónica de parte del Inspector jefe José Alarcón, jefe del Eje de Homicidios Sub Delegación Tovar, informando que el sector San Pedro, Hacienda San Antonio (sic) Municipio Antonio Pinto Salinas (sic) Estado Mérida, cuatro sujetos portando armas de fuego sometieron a una ciudadana dejando amordazada, llevándose los mismos a su menor hijo de trece años de edad, en un vehículo propiedad de la víctima con rumbo desconocido, prosiguiendo con la investigación se conforma la comisión de investigación y proceden a trasladarse hacia la referida hacienda y la altura de la Avenida Perimetral de la Parroquia Santa Cruz de Mora, Municipio Antonio Pinto Salinas del Estado Mérida, avistaron un vehículo con la siguientes características clase camioneta, marca Toyota, Modelo Hilux, XXXIXX, el cual se encontraba custodiado por funcionarios adscritos a la Guardia Nacional adscritos al Grupo Gaes, ..., (sic) vehículo que coincidía con las características del vehículo de la víctima, ...". (…)

10. RECONOCIMIENTO MEDICO (sic) LEGAL Nº 9700-248-264, de fecha, suscrito por el Dr. Héctor Álvarez, Experto Profesional I Jefe de la Medicatura Forense, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas penales (sic) y Criminalísticas Sub Delegación Tovar, practicado a la ciudadana: Y. S. G. (sic), el cual arrojó en sus conclusiones: lesiones que no ameritan atención médica, susceptibles de alcanzar su curación en un lapso de (4) días, salvo complicaciones secundarias, …” (…)

17. Reconocimiento médico legal Nº 9700-249-MF 652 PRACTICADO EN fecha 31 de mayo de 2014, por la médico forense, Dra. Carmen J. Badel, adscrita a Medicatura Forense del CICPC Sub Delegación El Vigía, al adolescente (identidad omitida), de 13 años de edad, observando que actualmente se encuentra hospitalizado en compañía de sus padres, donde deja constancia que a la valoración médica observó AMPUTACIÓN DEL DEDO ANULAR DE LA MANO IZQUIERDA, se encuentra vendado esperando turno quirúrgico para limpieza quirúrgica, lesiones susceptibles de alcanzar su curación en un lapso de 30 días, salvo complicaciones secundarias. (…)

Con fundamento en las conductas descritas, el Tribunal Penal de Primera Instancia Estatales y Municipales en funciones de Control del Estado Mérida(31), el 14 de octubre de 2015 amplió la orden aprehensión de fecha 16 de junio de 2014 en contra de J. V. V., por encontrarse presuntamente incurso en los delitos de:

SECUESTRO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 3º de La Ley Contra El Secuestro y La Extorsión, en concordancia con el artículo 10 numerales 1, 2, 8 (sic) y 9; articulo (sic) 29 numerales 1, 4, 9 y 12 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, con señalamiento a los (sic) indicado en los artículos 8º y 217 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, LESIONES INTENCIONALES PERSONALES GRAVÍSIMAS, previsto y sancionado en el artículo 414 del Código Penal, en perjuicio del adolescente (IDENTIDAD OMITIDA), ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en los artículos 5º y 6º numerales 1, 2, 3 y 5 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, ROBO AGRAVADO, tipificado en el artículo 458 del Código Penal venezolano, en perjuicio de los ciudadanos Y. S. G. y G. S. G., PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD, de conformidad con lo establecido en el Primer Aparte del artículo 174 del Código Penal, LESIONES INTENCIONALES LEVES, previsto y sancionado en el artículo 416 del Código Penal en perjuicio de la ciudadana Y. S. G., ASOCIACIÓN AGRAVADA PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el articulo (sic) 37º de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo e INCREMENTO PATRIMONIAL, previsto y sancionado en el artículo 24 de la Ley Contra Secuestro y la Extorsión, éstos últimos en perjuicio de El Estado Venezolano. (negrillas dentro del texto)

Los supuestos fácticos referidos en las decisiones judiciales de las autoridades venezolanas también constituyen actividades punibles en Colombia, puesto que se recogen en nuestra legislación penal en el artículo 169(32) y 170 numeral 1 y 8(33), bajo la denominación de secuestro extorsivo agravado, artículo 111, 112(34) inciso 1º y 113 inciso 2º(35), que desarrolla el tipo penal de lesiones personales con incapacidad para trabajar o enfermedad y por deformidad permanente, artículo 239(36), 240 numeral 2 y 3 inciso 1º y 2º(37) y 241 numeral 10(38) que describen el injusto de hurto calificado y agravado, artículo 340(39) que regula el delito de concierto para delinquir y el artículo 327(40) que refiere la conducta de enriquecimiento ilícito de particulares, del Código Penal expedido mediante la Ley 599 de 2000, que rezan:

ART. 169.Secuestro extorsivo. <Artículo modificado por el artículo 1º de la Ley 1200 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a quinientos cuatro (504) meses y multa de dos mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (2.666.66) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Igual pena se aplicará cuando la conducta se realice temporalmente en medio de transporte con el propósito de obtener provecho económico bajo amenaza.

ART. 170.Circunstancias de agravación punitiva. <Artículo modificado por el artículo 3º de la Ley 733 de 2002. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El nuevo texto con las penas aumentadas es el siguiente> La pena señalada para el secuestro extorsivo será de cuatrocientos cuarenta y ocho (448) a seiscientos (600) meses y la multa será de seis mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (6666.66) a cincuenta mil (50000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin superar el límite máximo de la pena privativa de la libertad establecida en el Código Penal, si concurriere alguna de las siguientes circunstancias.

1. Si la conducta se comete en persona discapacitada que no pueda valerse por sí misma o que padezca enfermedad grave, o en menor de dieciocho (18) años, o en mayor de sesenta y cinco (65) años, o que no tenga la plena capacidad de autodeterminación o que sea mujer embarazada. (…)

8. Cuando se obtenga la utilidad, provecho o la finalidad perseguidos por los autores o partícipes.

ART. 111.Lesiones. El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud, incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes.

ART. 112.Incapacidad para trabajar o enfermedad. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> Si el daño consistiere en incapacidad para trabajar o en enfermedad que no pase de treinta (30) días, la pena será de prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses. (…).

ART. 113.Deformidad. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 1639 de 2013. El nuevo texto es el siguiente:> Si el daño consistiere en deformidad física transitoria, la pena será de prisión de dieciséis (16) a ciento ocho (108) meses y multa de veinte (20) a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si fuere permanente, la pena será de prisión de treinta y dos (32) a ciento veintiséis (126) meses y multa de treinta y cuatro punto sesenta y seis (34.66) a cincuenta y cuatro (54) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (…)

ART. 239.Hurto. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses.

La pena será de prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ART. 240.Hurto calificado. <Artículo modificado por el artículo 37 de la Ley 1142 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> La pena será de prisión de seis (6) a catorce (14) años, si el hurto se cometiere: (…)

2. Colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales condiciones.

3. Mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en lugar habitado o en sus dependencias inmediatas, aunque allí no se encuentren sus moradores. (…)

La pena será de prisión de ocho (8) a dieciséis (16) años cuando se cometiere con violencia sobre las personas.

Las mismas penas se aplicarán cuando la violencia tenga lugar inmediatamente después del apoderamiento de la cosa y haya sido empleada por el autor o partícipe con el fin de asegurar su producto o la impunidad.

ART. 241.Circunstancias de agravación punitiva. <Artículo modificado por el artículo 51 de la Ley 1142 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> La pena imponible de acuerdo con los artículos anteriores se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes, si la conducta se cometiere: (…)

10. Con destreza, o arrebatando cosas u objetos que las personas lleven consigo; o por dos o más personas que se hubieren reunido o acordado para cometer el hurto. (…)

ART. 340.Concierto para delinquir. <Artículo modificado por el artículo 8 de la Ley 733 de 2002. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto modificado y con penas aumentadas es el siguiente:> Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.

<Inciso modificado por el artículo 19 de la Ley 1121 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2700) hasta treinta mil (30000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (…)

ART. 327.—Enriquecimiento ilícito de particulares. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El que de manera directa o por interpuesta persona obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial no justificado, derivado en una u otra forma de actividades delictivas incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa correspondiente al doble del valor del incremento ilícito logrado, sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Se concluye, entonces, que las conductas delictivas atribuidas a J. V. V. por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, están en nuestra legislación tipificadas penalmente y se encuentran sancionadas con pena privativa de la libertad que supera el término de seis meses. Empero, es necesario referirnos al delito de lesiones personales con incapacidad o enfermedad. Veamos.

El canon V del “Acuerdo Bolivariano sobre Extradición», consagra los condicionamientos para negar la extradición, y en su literal a, establece que no se convendrá:

a) Si con arreglo a las leyes de uno u otro Estado no excede de seis meses de privación de libertad el máximum de la pena aplicable a la participación que se imputa a la persona reclamada, en el hecho por el cual se solicita la extradición.

En ese sentido, si bien en el ordenamiento penal colombiano el tipo penal de lesiones personales con incapacidad para trabajar o enfermedad que no supere de 30 días, contempla una pena de prisión de 16 a 36 meses, en la legislación venezolana el ilícito de “lesiones intencionales leves” establece una sanción privativa de la libertad cuyo máximo no excede los seis meses, tal y como se observa a continuación:

ART. 416.—Si el delito previsto en el Artículo 413 hubiere acarreado a la persona ofendida, enfermedad que solo necesita asistencia médica por menos de diez días o sólo la hubiere incapacitado por igual tiempo para dedicarse a sus negocios ordinarios, u ocupaciones habituales, la pena será de arresto de tres a seis meses.

Así las cosas, la Sala no encuentra acreditado el requisito de la doble incriminación en el delito sub examine, pues a pesar de estar igualmente previsto el ilícito de “lesiones intencionales leves” en Colombia, de conformidad con el estatuto del país petente tiene asignada una sanción máxima de prisión menor a la requerida por el instrumento internacional aplicable.

Aunado a ello, es menester afirmar que el principio de la doble incriminación no se limita, conforme al artículo VIII del citado instrumento, a que el delito sea punible por la ley de la Nación requerida, ni, según el artículo V Ibídem, a que la pena aplicable exceda de seis meses de privación de libertad, sino que además debe verificarse que la conducta punible que sustenta la reclamación por las autoridades extranjeras esté expresamente prevista en el citado Convenio, o en uno posterior.

Efectivamente, se tiene que el artículo II del Convenio Bolivariano señala:

La extradición se concederá por los siguientes crímenes y delitos:

1. Homicidio, comprendiendo los casos de parricidio, infanticidio, asesinato, envenenamiento y aborto.

2. Heridas o lesiones causadas voluntariamente que produzcan la muerte sin intención de darla, una enfermedad mental o corporal cierta o que parezca incurable, la incapacidad permanente para trabajar, la pérdida o privación del uso absoluto de la vista o de un miembro necesario para la propia defensa o protección, o una mutilación grave.

3. Incendio voluntario.

4. Rapto, violación y otros atentados contra el pudor.

5. Abandono de niños.

6. Sustracción, ocultación, supresión, sustitución o suposición de niños.

7. Asociación de malhechores, con propósito criminal comprobado, respecto a los delitos que dan lugar a la extradición.

8. Bigamia y poligamia.

9. Robo, hurto de dinero o bienes muebles.

10. Fraude que constituya estafa o engaño.

11. La rapiña o la extorsión debidamente sentenciada por los Tribunales de Justicia según la Legislación respectiva.

12. Abuso de confianza.

13. Falsificación de papeles o emisión de papeles falsificados; falsificación de documentos oficiales del Gobierno, de las autoridades y de la administración pública o de los Tribunales de Justicia o la emisión de la cosa falsificada.

14. Falsificación o alteración de la moneda ya acuñada, ya de papel, o de títulos de deuda creados por los Gobiernos Nacionales, de los Estados, provinciales o municipales, o de cupones de estos títulos, o de billetes de banco, o la emisión o circulación de los mismos.

15. Falsificación o alteración de sellos, timbres, cuños, estampillas de correo, y marcas de los Gobiernos respectivos, de las autoridades y de la administración pública; y el uso, circulación y expendio fraudulento de dichos objetos.

16. Malversación cometida por funcionarios públicos; malversación cometida por personas empleadas o asalariadas, en detrimento de aquellas que las emplean.

17. Cohecho y concusión.

18. Falsos testimonios o falsas declaraciones de testigos, expertos, o el soborno de testigos, expertos e intérpretes.

19. Bancarrota o quiebra fraudulenta y fraudes cometidos en las quiebras.

20. Destrucción u obstrucción voluntaria e ilegal de ferrocarriles, que pongan en peligro la vida de las personas.

21. Inundación y otros estragos.

22. Delitos cometidos en el mar.

a) Piratería; ya definida por la ley, ya la del Derecho de Gentes.

b) Sublevación o conspiración para sublevarse, por dos o más personas a bordo de un buque en alta mar, contra la autoridad del Capitán o quien haga sus veces.

c) Criminal hundimiento o destrucción de un buque en el mar.

d) Agresiones cometidas a bordo de un buque en alta mar con el propósito de causar daño corporal grave.

e) Deserción de la marina y del ejército. Destrucción Criminal de parques en tierra o en mar.

23. Crímenes y delitos contra las leyes de las partes contratantes encaminadas a la supresión de la esclavitud y del tráfico de esclavos.

24. Atentados contra la libertad individual y la inviolabilidad de domicilio, cometido por particulares.

Entonces, basta con cotejar el amplio listado de ilícitos contenido en el “Acuerdo Bolivariano sobre extradición”, con el fin de verificar que los injustos por los cuales es solicitado el pretendido no están marginados del mismo.

En esa medida, una vez examinados los delitos imputados al requerido, se concluye que los únicos que no se encuentran previstos en el tratado aplicable son las conductas de “lesiones intencionales leves” e “incremento patrimonial”.

En este orden de ideas, a la Corte no le asiste ninguna duda que los tipos penales de “secuestro agravado”, “lesiones intencionales personales gravísimas”, “robo agravado de vehículo automotor”, “robo agravado”, “privación ilegítima de libertad” y “asociación agravada para delinquir”(41) imputados al pretendido por las autoridades judiciales venezolanas, cumplen con el requisito de la doble incriminación.

No obstante, no es posible emitir concepto favorable en tratándose de los delitos de “lesiones intencionales leves”, primero, porque para aquel la pena máxima impuesta por el país petente no excede de seis meses, tal y como lo exige el tratado internacional aplicable y, segundo, puesto que no se encuentra el ilícito dentro del listado que desarrolla los crímenes por los cuales es procedente la extradición en el presente asunto, al igual que el injusto de “incremento patrimonial», solo por este último argumento.

4. Equivalencia de la providencia dictada en el exterior

Esta exigencia igualmente se constata en el caso particular, conforme se procede a precisar.

El artículo I del “Acuerdo Bolivariano sobre Extradición” prevé:

(…) para que la extradición se efectúe es preciso que las pruebas de la infracción sean tales, que las leyes del lugar donde se encuentre el prófugo o enjuiciado justificaría su detención o sometimiento a juicio, si la comisión, tentativa o frustración del crimen o delito se hubiese verificado en él.

A su vez, el precepto VIII del mismo, dispone:

La solicitud de extradición deberá estar acompañada (…) del auto de detención dictado por el Tribunal competente, con la designación exacta de delito o crimen que la motivaren, y de la fecha de su perpetración, así como las declaraciones u otras pruebas en virtud de las cuales se hubiere dictado dicho auto, [en] caso de que el fugitivo sólo estuviere procesado (…).

Por su parte, la Ley 906 de 2004 establece en los artículos 306 (modificado por el artículo 59 de la Ley 1453 de 2011) y 308, lo siguiente:

ART. 306.Solicitud de imposición de medida de aseguramiento. El fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente”.

ART. 308.Requisitos. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:

1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.

2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.

3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.

Confrontados los documentos aportados por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, se observa que se cuenta con información legalmente obtenida, la versión de testigos y experticias, a partir de las cuales se dedujo la necesidad de imponer prisión preventiva a J. V. V., para garantizar su presencia en el proceso ante los indicios que los relacionan con la comisión de los punibles de secuestro extorsivo agravado, lesiones personales con deformidad permanente, hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares, de donde, se tiene que se cumple a cabalidad con la exigencia prevista en el artículo I del “Acuerdo Bolivariano de Extradición”.

Las pruebas que obran son suficientes para emitir medida de aseguramiento acorde con la legislación colombiana.

Así mismo, se adjuntó por el gobierno requirente, a través de su Embajada, la orden de aprehensión y su ampliación dentro del asunto principal Nº LP01-P-2014-003616 con fecha del 16 de junio de 2014 y 14 de octubre de 2015, respectivamente, emitidas en contra de J. V. V. por el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control del Estado Mérida, pronunciamiento en el que se precisa el nombre del citado, el hecho imputado, los delitos y las normas que lo describen, así como los fundamentos respectivos.

En esa medida, es claro que el condicionamiento previsto en el artículo VIII del “Acuerdo Bolivariano de Extradición”, se cumple en el presente caso.

5. Prescripción de la acción y de la pena.

De acuerdo con el literal b) del artículo V del “Acuerdo Bolivariano de Extradición”, el Estado requerido no estará obligado a concederla:

b) Cuando según las leyes del Estado al cual se dirige la solicitud, hubiere prescrito la acción o la pena a que estaba sujeto el enjuiciado o condenado.

La anterior exigencia impone a la Corte examinar la configuración de esa categoría jurídica en Colombia, con la salvedad que sólo se revisará la prescripción de la acción por cuanto el requerimiento tiene como propósito obtener la entrega del pretendido para procesarlo, no existiendo aún sentencia condenatoria.

De acuerdo al artículo 83 del ordenamiento penal colombiano, ésta prescribe “(…) en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco años, ni excederá de veinte (…)”.

Siendo ello así, no han prescrito las acciones penales según las normas colombianas, por cuanto, incluso para el delito con la menor pena máxima privativa de la libertad que es el de lesiones personales con deformidad permanente, desde la fecha de la comisión de los hechos (mayo 16/2014) no ha transcurrido el lapso de ciento veintiséis meses, en concordancia con el artículo 83 del Código Penal y los preceptos 189 y 292 de la Ley 906 del 2004.

6. Naturaleza jurídica de los hechos fundantes de la solicitud.

El canon IV del “Acuerdo Bolivariano de Extradición” proscribe la extradición de personas acusadas de delitos políticos y conexos, prohibición que para este evento, no aplica, por cuanto los delitos objeto del requerimiento no ostentan tal connotación, por tratarse de infracciones penales ordinarias o delitos comunes.

Las restantes limitantes, relativas al cumplimiento de la condena u otorgamiento de amnistía o indulto en el país del delito, no se configuran, pues no se deducen de la documentación aportada ni han sido reseñadas por el país requirente, por los solicitados o por su defensa.

7. Cuestión final. 

Es preciso consignar, además, que corresponde al Gobierno Nacional condicionar la entrega a que el reclamado en extradición no vaya a ser juzgado por hechos diversos a los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como tampoco a la sanción de destierro, cadena perpetua o confiscación, conforme lo establecen las disposiciones 11, 12 y 34 de la Carta Política.

También debe condicionar la entrega del solicitado a que se le respeten, como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones, todas las garantías debidas en razón de su calidad de justiciable, en particular a: tener acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, contar con un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, pueda presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas y la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación social.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9º, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 5, 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por igual, la Corte estima oportuno señalar al Gobierno Nacional, en orden a salvaguardar los derechos fundamentales del pretendido, que proceda a imponer al Estado requirente la obligación de facilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, en caso de llegar a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable, o su situación jurídica resuelta definitivamente de manera semejante en el país solicitante, incluso, con posterioridad a su liberación una vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada en las imputaciones que motivan la extradición.

De otra parte, al Gobierno Nacional le corresponde condicionar la entrega a que el país petente, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales para que el requerido pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección que a ese núcleo también prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17 y 23, respectivamente.

La Sala se permite indicar que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 189 de la Constitución Política, le compete al gobierno en cabeza del señor Presidente de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos impuestos al conceder la extradición, quien a su vez es el encargado de determinar las consecuencias derivadas de su eventual incumplimiento.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

Emite concepto parcial: 

FAVORABLE a la solicitud de extradición simplificada del ciudadano colombo venezolano J. V. V., requerido al Gobierno de Colombia por el de Venezuela, para que sea procesado por el concurso de las conductas punibles de “secuestro agravado”, “lesiones intencionales personales gravísimas”, “robo agravado de vehículo automotor”, “robo agravado”, “privación ilegítima de libertad”, y “asociación agravada para delinquir”, y DESFAVORABLE para los ilícitos de “lesiones intencionales leves” e “incremento patrimonial”, relacionados en la orden de aprehensión y su ampliación dentro del asunto principal Nº LP01-P-2014-003616 con fecha del 16 de junio de 2014 y 14 de octubre de 2015, respectivamente, proferidas por el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control del Estado Mérida.

Comuníquese por Secretaría de la Sala esta determinación al solicitado, a su defensa, a la Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal y a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su cargo.

Remítase el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho para lo de su competencia”.

1 Folio 26 carpeta anexa.

2 Folio 36 Ibídem.

3 Folio 25 Ibídem.

4 Folios 19 a 23 Ibídem.

5 Folio 18 Ibídem.

6 Folio 4 Ibídem.

7 Folio 6 Ibídem.

8 Folios 12 a 17 cuaderno anexo.

9 Folios 28 a 40 Ibídem.

10 Folio 47 carpeta anexa.

11 Folios 48 a 49 Ibídem.

12 Folio 7 cuaderno de la Corte.

13 Folio 9 Ibídem.

14 Folio 15 Ibídem.

15 Folio 17 Ibídem.

16 Folios 23 a 24 Ibídem.

17 Folios 25 a 28 Ibídem.

18 Folios 41 a 77 cuaderno anexo.

19 Folios 2 a 81 Ibídem.

20 Folios 12 a 17 Ibídem.

21 Folios 28 a 40 Ibídem.

22 Folios 87 a 100 Ibídem.

23 Folio 79 Ibídem.

24 Folios 80 Ibídem.

25 Folios 102 a 115 Ibídem.

26 Folio 46 carpeta anexa.

27 Folios 28 a 33 Ibídem.

28 Folios 102 a 115 cuaderno anexo.

29 Folios 17 a 18 carpeta anexa.

30 Folios 29 a 39 cuaderno anexo.

31 Folios 28 a 40 Ibídem.

32 Artículo modificado por el artículo 1º de la Ley 1200 de 2008.

33 Artículo modificado por el artículo 3º de la Ley 733 de 2002. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1º de enero de 2005.

34 Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1º de enero de 2005.

35 Artículo modificado por el artículo 2º de la Ley 1639 de 2013.

36 Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1º de enero de 2005.

37 Artículo modificado por el artículo 37 de la Ley 1142 de 2007.

38 Artículo modificado por el artículo 51 de la Ley 1142 de 2007.

39 Artículo modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

40 Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005.

41 Folios 28 a 40 cuaderno anexo.