Concepto CP95-2016 de junio 29 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

CP095-2016

Rad.: 47487

Magistrado Ponente

Dr. Eyder Patiño Cabrera

(Aprobado acta Nº 194)

Bogotá, D. C., veintinueve de junio de dos mil dieciséis.

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

Motivo de la decisión

La Corte Suprema de Justicia emite concepto sobre la solicitud de extradición del ciudadano XXX P... H... B... M... presentada por el Gobierno del Reino de Bélgica.

Antecedentes

1. Mediante Notas Verbales números XXX(1) y XXX(2) del 16 y 22 de diciembre de 2015, la Embajada del Reino belga confirmó la detención provisional con fines de extradición de P... H... B... M... y aportó su traducción, tal y como fue requerido por la oficina de Interpol de la ciudad de Bogotá y, a través de las comunicaciones diplomáticas números XXX(3) y XXX(4) del 19 y 22 de enero siguiente, anunció y envió el pliego judicial que contenía los soportes de dicha petición.

2. El Ministerio de Justicia y del Derecho remitió a la Corte la documentación allegada por la Embajada del Reino de Bélgica, debidamente traducida y autenticada(5), previo concepto de su homólogo de Relaciones Exteriores sobre la vigencia entre la República de Colombia y el Estado petente de la “Convención de extradición”, suscrita en Bruselas el 21 de agosto de 1912 y la “Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (sic)”, adoptada en Viena el 20 de diciembre de 1988, advirtiendo que, al tenor de lo dispuesto en el canon 6º, numeral 2º del precitado instrumento internacional “[…] Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre las partes […]”(6).

3. La Fiscalía General de la Nación, mediante resolución del 18 de diciembre pasado(7), decretó la captura con fines de extradición del ciudadano XXX B... M..., el cual fue retenido en virtud de la Circular Roja de Interpol Nº XXX, el 11 de ese mes, siendo las 18:00 horas, en el Hostal Fátima ubicado en la calle XXX de la ciudad de Bogotá(8).

4. El 3 de febrero del 2016, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le informó a P... H... B... M... su derecho a nombrar un apoderado que lo asistiera en el trámite ante esta corporación, advirtiéndosele que si no lo hacía se le nombraría uno(9). Como aquel no se pronunció, con oficio 03995 del 17 posterior, se requirió a la Defensoría del Pueblo para que lo asignara y asumiera la representación del mencionado(10) y el 23 de esa mensualidad, se posesionó(11).

5. Una vez resuelto lo concerniente a la defensa técnica del pedido en extradición, se dispuso, en auto del 24 sucesivo, correr traslado a los intervinientes para que solicitaran las pruebas que consideraran necesarias(12).

6. Transcurrido el mencionado término(13), el Ministerio Público manifestó que no estimaba necesario hacer uso de ese derecho(14). La abogada del reclamado por su parte guardó silencio, como se evidencia en la constancia secretarial del 31 de marzo de los corrientes(15).

7. La Sala, a través de proveído del 1º de abril del año en curso(16), ordenó notificar a los intervinientes para que allegaran sus estudios previos al concepto de fondo, lapso durante el cual se pronunció el Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal(17) y la apoderada de B... M...(18).

Documentos allegados

Para formalizar la petición de entrega de P... H... B... M... se incorporaron, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y provenientes de la Embajada del Reino de Bélgica, los siguientes documentos, debidamente traducidos:

1. Notas Verbales números XXX(19) y XXX(20) del 16 y 22 de diciembre de 2015, por medio de las cuales la Embajada belga confirmó la detención provisional con fines de extradición de B... M... y envió su traducción, por cuanto es reclamado para comparecer a juicio por los cargos de “Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas” y “Complicidad en asociación en la importación en Bélgica, el comercio y la posesión de narcóticos”(21).

2. Comunicaciones diplomáticas números XXX(22) y XXX(23) del 19 y 22 de enero de 2016, provenientes de la misma Embajada, por cuyo conducto se anunció y remitió el pliego judicial que contenía los documentos de apoyo a la petición de extradición de P... H... B... M...

3. Orden de detención internacional del 8 de diciembre de 2015 proferida por el Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Amberes en contra del pretendido(24).

4. Orden de detención en rebeldía de P... H... B... M... de fecha 8 de diciembre de 2015 dictada por el mismo despacho judicial dentro del expediente Nº 2015/142(25).

5. Solicitud de extradición a las autoridades competentes en Colombia por parte del Procurador del Rey con el Tribunal de Primera Instancia en Amberes(26).

6. Traducción de las disposiciones penales aplicables al caso(27).

Estudio del Ministerio Público

El Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal(28) realiza una síntesis de la actuación procesal y del sustento documental, afirmando que ningún condicionamiento obra en relación con el marco temporal ni espacial de los comportamientos.

Así mismo, en orden a verificar el cumplimiento de las exigencias para la viabilidad de la petición, respecto de la normatividad aplicable, señala que se encuentra vigente entre Colombia y el Reino de Bélgica la “Convención de extradición”, suscrita en Bruselas el 21 de agosto de 1912 y la “Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas”, firmada en Viena el 20 de diciembre de 1988; aunado a ello, estima que la documentación presentada goza de plena validez formal.

Igualmente, afirma que se acredita la plena identidad del requerido y se está frente a la persona solicitada en extradición; y, sobre el principio de la doble incriminación, sostiene que, de acuerdo con la orden de detención en rebeldía, los comportamientos atribuidos encuadran en los tipos penales de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir con fines de narcotráfico, delitos que para la época cumplen el límite mínimo de la pena de prisión establecida.

En tratándose de la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero, encuentra que se cumple satisfactoriamente esta exigencia porque el pronunciamiento judicial remitido por el país requirente contiene el cargo por el cual se acusa y responde a la resolución de acusación de la legislación colombiana.

Finalmente, pide que se emita concepto favorable a la extradición de B... M... y exhorta a esta corporación para que, en caso afirmativo, se condicione la entrega del pretendido a que el Gobierno del país solicitante vele por sus derechos fundamentales y las garantías propias de su condición de justiciable.

Estudio de la defensa

La abogada manifiesta(29) que ningún reparo tiene respecto a la petición de extradición de su prohijado, toda vez que se cumplen los requisitos exigidos para ello. No obstante, señala que en caso de que se conceda, el Gobierno Nacional deberá exigirle al Estado reclamante se le respeten las garantías reconocidas tanto en nuestra Constitución Política en los artículos 11, 12 y 34 como en el Bloque de Constitucionalidad.

Lo anterior, con el fin de que no sea juzgado por un hecho o delito diferente al que la motivó, no se le vulnere su derecho a la defensa técnica y al debido proceso, si es declarado culpable por las autoridades judiciales belgas, le descuenten el tiempo que ha estado detenido en Colombia, permitan que lleve consigo la documentación necesaria para su contradicción y, finalmente, para que no sea sometido a tratos crueles, degradantes o inhumanos.

Consideraciones de la Corte

Se precisa que, de conformidad con el artículo 35 de la Carta Magna, modificado por el 1º del Acto Legislativo 01 de 1997, la extradición se requerirá, concederá u ofrecerá de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley.

En tal sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores(30) precisó que los instrumentos internacionales aplicables al caso son la “Convención de extradición”, suscrita en Bruselas el 21 de agosto de 1912 y la “Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (sic)”, adoptada en Viena el 20 de diciembre de 1988. La primera, aprobada en el territorio nacional el 15 de noviembre de 1913 por la Ley 74 y la última, por la Ley 67 del 23 de agosto de 1993.

El concepto de la Corte versará sobre las condiciones regladas en esa legislación, que determina:

1. El precepto 1º de la “Convención de extradición”, establece que los dos gobiernos “se comprometen a entregarse, recíprocamente, en virtud de petición que el un (sic) país haga al otro, exceptuando únicamente a sus nacionales respectivos, los individuos perseguidos o sentenciados como autores o cómplices de cualquiera de los crímenes o delitos especificados en el artículo 2º de la presente convención, por las autoridades judiciales en cuyo territorio se halle el individuo o individuos requeridos (…)”.

2. El canon 2º, inciso 2º, Ibídem, dispone que “en todo caso, los hechos que motiven la solicitud de extradición deben ser de los que en el país reclamante, acarreen una pena de dos años por lo menos de prisión (…)”.

3. Los artículos 6º y 7º de ese tratado, reglan que la petición de extradición debe ser presentada por vía diplomática e impone que se debe exhibir uno de estos documentos: una sentencia condenatoria o un acto de procedimiento que decrete formalmente o produzca de pleno derecho la comparecencia del inculpado ante la jurisdicción represiva, o por fin, un mandato de arresto o cualquiera otro que tenga la misma fuerza y este deberá señalar (i) la naturaleza precisa de los hechos incriminados, (ii) la disposición penal aplicable, y, (iii) la filiación del individuo reclamado, “si todo esto fuera posible”. Aquél se presentará original o en copia auténtica y se acompañará de una traducción en la lengua del país requerido.

4. Se especifica en las disposiciones 2ª, inciso final y 4ª de la mencionada Convención, que no se concederá la extradición del pedido sino en caso de que el hecho por el cual proceda sea castigado como ilícito en la legislación del país a quien se dirige la solicitud ni por delitos políticos o por algún crimen que no estuviere previsto en aquél.

Tampoco habrá lugar a la extradición de la persona reclamada cuando de acuerdo con las leyes del país en cuyo territorio se hallare el inculpado, estuviere prescrita la pena o la acción criminal, al tenor del artículo 5º del mismo.

La solicitud de extradición elevada por el Gobierno del Reino de Bélgica cumple con las exigencias previstas para ello:

1. Validez formal de la documentación presentada.

Con fundamento en lo preceptuado en la disposición 7ª de la “Convención de extradición”, la petición debe efectuarse por vía diplomática o consular aportando el original o copia auténtica de la sentencia condenatoria o de un acto de procedimiento que decrete formalmente o produzca de pleno derecho la comparecencia del inculpado ante la jurisdicción represiva, o por fin, un mandato de arresto o cualquiera otro que tenga la misma fuerza, con la designación exacta de los hechos y del delito que lo motiva, las normas aplicables al caso sub examine y la filiación del individuo reclamado “si todo esto fuere posible”.

Siendo ello así, la Corte constata el cumplimiento de tal exigencia toda vez que el requerimiento fue presentado por vía diplomática, esto es, fue radicada por conducto de la Embajada del Reino de Bélgica en Colombia ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Igualmente, fue acompañado de copia certificada de la orden de detención en rebeldía de P... H... B... M... de fecha 8 de diciembre de 2015 dictada por el Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Amberes dentro del expediente Nº XXX(31), mediante la cual en su parte dispositiva acuerda que: “Mandamos v (sic) ordenamos (sic) todos los agentes del poder público de llevar a cabo dicha orden de detención v (sic) transferir el sospechoso a la casa de detención de Amberes. Mandamos el director de la casa de detención de recibirle en custodia a base de la presente orden de detención (sic) Mandamos todos los titulares del poder público a quienes la presente orden sea mostrado (sic) de vigilar su ejecución”.

La providencia que dispuso la emisión de dicha orden contiene la relación de los hechos imputados, los delitos atribuidos, la época de realización, así como los datos personales que permiten identificar al reclamado. De igual forma, se aportaron las leyes aplicables(32).

Estas piezas procesales, que son pilar del condicionamiento según la “Convención de extradición”, fueron aportadas en copia autenticada y apostillada por el Estado requirente, con lo cual se satisface el presupuesto analizado.

2. Plena identidad de la persona reclamada en extradición.

Esta exigencia se orienta a establecer si la persona procesada -acusada o condenada- en el país extranjero, es la misma sometida al trámite de extradición, lo cual implica conocer su verdadera identidad; por lo tanto, el requisito se cumple cuando existe plena coincidencia entre el individuo solicitado y aquél cuya entrega se encuentra en curso de resolver.

Confrontada la Nota Verbal Nº XXX del 16 de diciembre de 2015(33), por cuyo medio se confirma la solicitud de extradición, advierte la corporación que el reclamado responde al nombre de “P... H... B... M..., de nacionalidad XXX (sic), cedula (sic) de identidad XXX, quien utiliza el pasaporte Venezolano (sic) No. XXX expedido el XXX y válido hasta (sic) XXX”(34). (Negrilla dentro del texto)

La persona solicitada se identificó con aquél nombre y documento de identidad cuando fue retenido en virtud de la Circular Roja de Interpol Nº XXX, el 11 de diciembre de 2015, siendo las 18:00 horas, en el Hostal Fátima ubicado en la calle XXX de la ciudad de Bogotá(35), circunstancia que junto con la copia del pasaporte XXX(36), el acta de derechos del capturado(37), el acta de notificación de la captura con fines de extradición(38), la reseña decadactilar(39) y el registro fotográfico(40), corroboran que se trata del mismo individuo.

De lo anterior, se deduce razonablemente la plena identidad del ciudadano XXX pedido en extradición, pues su información personal, relacionada en la solicitud de las autoridades foráneas, como se ha visto, coincide con la que se presenta y firma, sin cuestionamiento alguno sobre el particular.

3. Principio de la doble incriminación.

Frente a esta exigencia la corporación examina si los comportamientos atribuidos al reclamado como ilícitos en el país extranjero tienen en Colombia la misma connotación, es decir, si son considerados delitos y, de ser así, si conllevan la pena mínima señalada en el tratado o en el Código de Procedimiento Penal, según sea el caso.

En tal sentido, el artículo 2º de la “Convención de extradición” prevé la entrega en los eventos en que el solicitado ha sido procesado o condenado por un hecho delictual en el Estado requirente, sancionado con privación de la libertad superior a dos años.

Los hechos imputados por las autoridades belgas a P... H... B... M..., son los siguientes(41):

acontecimientos (sic) el XXX

El XXX a las 03:00 horas aproximadamente, tres hombres desconocidos son vistos entre los contenedores frigoríficos en los terrenos de BNFW a la altura del muelle 188. La policía judicial federal no fue capaz de interceptar el trío sino podían constatar que un aparato blackberry se encontró abandonado en el lugar donde los sospechosos se encontraron al lado de los contenedores frigoríficos. (XXX) (sic). Análisis de los (sic) imágenes de la cámara mostraron que el trío llegó cerca de las 02:49 horas. Uno de los sospechosos fue mucho más grande que los otros dos. (XXX) (sic)

Lectura del móvil

reveló (sic) que el Blackberry encontrado con el número imei XXX en el período examinado, solamente utilizó el número de teléfono XXX (PV XXX y XXX) (sic).

Se encontraron varias fotografías en la carta de memoria;

-el plan de carga de los contenedores en la cubierta del buque STAR PRIMA (sic)

-anexo al plan de carga con un contenedor marcado en amarillo (sic)

-plan de base del contenedor con un pallet marcado con mención de un código de barras específico de un pallet (00) XXX (sic)

De (sic) investigación se desprende que las fotografías arriba referenciadas estaban en relación con el contenedor con número: (sic) XXX.

Además se encontraron fotografías relevantes en el aparato, sacadas el 10/08/2015 con una cámara interna.

-horas (sic) de salida de los trenes, presuntamente tomadas en el aeropuerto Charles De (sic) Gaulle (sic)

-selfies sacados en un convoy (sic)

-fotografía de un folleto publicitario/flyer del Hotel de France, Boulevard Jamar 21,1060 Bruselas (sic)

-fotografías de la Plaza Mayor en Bruselas.

De las fotografías se pudo casi ciertamente deducir que un hombre desconocido ha viajado el lunes 10/08/2015 via (sic) un aeropuerto francés con el tren a Bruselas (XXX) (sic)

Hallazgo de estupefacientes

Utilizando las fotografías encontradas los funcionarios preguntaron por los números de los palletes y contenedores mencionados. Entretiempo ya se recogió el pallet específico arriba referenciado, iba dirección Alemania. Control en el lugar por las autoridades alemanas reveló que los estupefacientes fueron escondidos en el pallet específico con número (00) XXX (XXX) (sic) Del control se despende (sic) que se trató de 120 kilogramos de cocaína (XXX) (sic)

Identificación del usuario del aparato

Utilizando las fotografías encontradas los investigadores preguntaron más información en el Hotel de France, Boulevard Jamar,21,1060 (sic) Bruselas. Parece que P… H… B… (sic) M… (XXX) residió en el hotel del 10/08/2015 hasta el 14/08/2015 incluso. Al check-in el personal del hotel hizo copia de su pasaporte. La Policía Judicial Federal constata una semejanza obvia entre la fotografía en el pasaporte y los selfies en el móvil. (XXX) (sic)

Investigación telefónica

Investigación retroactiva del número de teléfono XXX reveló que el usuario del móvil se desplazó el 11/08/2015, presuntamente con el tren de Bruselas hacia Amberes. (XXX) (sic)

Control de los (sic) imágenes de la cámara

Del control de los (sic) imágenes de la cámara en la estación de Amberes, derivaron lo siguiente. El hombre identificado por la Policía Judicial Federal como B… (sic) M… llegó el 11/08/2015 a las 19:00 horas en Amberes Central, acompañados (sic) de dos desconocidos. A las 19:21 horas el trío abandonó la estación, acompañado de un cuarto desconocido, después identificado como M… A… (XXX) (XXX) (sic)

Control de los (sic) imágenes de la cámara en Amberes ilustró que las cuatro personas se desplazaron a pie a una hostelería en los alrededores de la estación.

A las 20:57 horas, se ve de nuevo al hombre, reconocido como B… (sic) M… en compañía de dos desconocidos. (sic) Las tres personas suben en un coche, un BMW blanco y conducen en la dirección Turnhoutsebaan donde se ve el coche por última vez a las 21:14 horas, en la dirección de Stenen Brug/ Singel. (XXX) (sic)

(…)

Conclusiones

-El hombre identificado por nosotros como P… H… B… (sic) M… llegó a Bruselas el 10/08/2015, con (sic) el tren y residió en Bruselas en un hotel hasta el 14/08/2015 incluso.

-el (sic) 11/08/2015 B… (sic) MEDIN (sic) tomó el tren de Bruselas a Amberes, acompañado por dos sospechosos.

-el (sic) 11/08/2015 un cuarto hombre recogió B… (sic) M… junto con los otros dos al lado de la estación central en Amberes (sic)

-B… (sic) M… utilizó el aparato BLACKBERRY, dejado en el muelle el 12/08/2015

-Presuntamente B… (sic) M… utilizó los números telefónicos XXX, XXX (sic) y XXX. (Negrilla fuera del texto)

Adicionalmente, el Gobierno del Reino de Bélgica puntualizó en la solicitud de extradición en contra de B... M..., que(42):

Los hechos deben ser calificados como una infracción al art. 2 (sic) bis, parágrafo 3b de la ley de estupefacientes belga. La pena prevista en tal definición es la reclusión de 10 a 15 años. In abstracto los hechos son considerados como un crimen, así que la sanción mínima es de 10 años (reclusión). Visto que la calificación de la doble incriminación, es decir, la, definición del castigo mínimo se hace in abstracto, y que el Estado Requerido se tiene que abstener de una persecución concreta o ejecución en el Estado Solicitante después de la eventual extradición, a menos que el principio de la especialización fuera afectado — quod non --, basta en el marco de la solicitud de extradición comunicar de una manera abstracta la punibilidad y la sanción.

El supuesto fáctico referido en la decisión judicial de las autoridades extranjeras también constituye actividad punible en Colombia, pues se adecua en los artículos 340 inciso 2º (modificado por el precepto 8º de la Ley 733 de enero 29 de 2002 y por el 19 de la Ley 1121 de 2006), bajo la denominación de concierto para delinquir agravado(43), y el 376 (modificado por la disposición 11 de la Ley 1453 de 2011) que desarrolla el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado por el inciso 3º del artículo 384(44) del Código Penal expedido mediante la Ley 599 de 2000.

Se concluye, entonces, que la conducta delictiva atribuida a P... H... B... M..., por el Reino de Bélgica, está tipificada penalmente en nuestro país y sancionada con pena privativa de la libertad que supera ampliamente el término de dos años.

Aunado a ello, es menester afirmar que el principio de la doble incriminación no se limita, conforme al artículo 2º del citado instrumento, a que el delito sea punible por la ley de la Nación requerida, ni a que la pena aplicable exceda de dos años de privación de libertad, sino que además debe verificarse que la conducta punible que sustenta la reclamación por las autoridades extranjeras esté expresamente prevista en el citado convenio.

Efectivamente, se tiene que el citado precepto señala:

Artículo 2º. Los crímenes y delitos que darán lugar a la extradición son los siguientes:

1. Homicidio voluntario, el premeditado, el asesinato, el infanticidio y el envenenamiento.

2. Incendio.

3. Golpes y heridas graves que puedan dar- lugar a extradición, según las leyes de ambos países.

4. Violación y estupro, atentados contra el pudor con violencia, y atentados contra el pudor sin violencia ni amenazas, sobre niños que no hayan cumplido la edad determinada por la legislación penal de ambos países.

5. Raptos de menores, ocultación, supresión, sustitución o suposición de hijo.

6. Robo, hurto y pillaje.

7. Daños u obstáculos en las vías férreas, que pongan o puedan poner en peligro la vida de los viajeros.

8. Piratería o rebelión a bordo de los buques, cuando los tripulantes o los pasajeros se apoderen del buque por sorpresa o por violencia ejercida contra el capitán.

9. Cuadrilla de malhechores.

10. Falsificación de escrituras de documentos o de despachos telegráficos y uso de documentos falsos.

11. Falsificaciones o alteraciones fraudulentas de actos o documentos enlanados del Gobierno o de las autoridades públicas administrativas, legislativas o judiciales; empleo fraudulento de actos y documentos alterados o falsificados.

12. Falsificación de monedas; falsificación o alteración de títulos o cupones de la deuda pública; de billetes de banco nacionales o extranjeros; de papel moneda u otros valores de crédito público; de sellos, timbres, cuños o troqueles, membretes del gobierno o de las administraciones públicas; circulación o uso fraudulento de los objetos enumerados aquí, alterados o falsificados.

13. Alzamiento con caudales públicos por empleados públicos o depositarios de ellos.

14. Quiebra fraudulenta,

15. Extorsiones, atentados contra la libertad individual o contra la inviolabilidad del domicilio, cometidos por particulares.

16. Falso testimonio, perjuicio y soborno de testigos, peritos o intérpretes.

17. Estafa.

18. Abuso de confianza.

19. Aborto.

20. Bigamia.

21. Corrupción de menores.

22. Ocultación de objetos obtenidos por medio de cualquiera de los crímenes o delitos que se mencionan en el presente artículo.

23. Tentativa de alguno de los mismos crímenes o delitos, cuando ella sea punible según la legislación de ambas Partes contratantes.

Entonces, basta con cotejar el amplio listado de delitos contenido en la “Convención de extradición”, con el fin de verificar que las conductas punibles por las cuales es solicitado el pretendido –”Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas” y “Complicidad en asociación en la importación en Bélgica, el comercio y la posesión de narcóticos”- están marginados del mismo, pues no se encuentran reglados en el citado artículo.

No obstante, si bien es cierto, los injustos por los cuales es acusado P... H... B... M... no se relacionan en el prenombrado instrumento internacional como aquellos por los cuales se otorgará la extradición, en la “Convención adicional a la Convención de Extradición entre la República de Colombia y el reino de Bélgica celebrada en Bruselas el 21 de agosto de 1912”, aprobada en nuestro país mediante la Ley 14 del 6 de abril de 1961, en el precepto 1º se incluye el tráfico ilícito de drogas nocivas, normatividad que es aplicable a pesar de que no se refiera en el concepto emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre tratados aplicables en el caso sub examine.

Igualmente, en la “Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (sic)”, en el canon 6º, numeral 2º, se indica:

Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre las Partes. Las Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que concierten entre sí.

En esa medida, se infiere, conforme al artículo trascrito y al canon 1º de la citada adición a la “Convención de extradición”, que dichos ilícitos son objeto de extradición, razón por la cual, se concluye que se cumple con este requisito.

4. Naturaleza jurídica de los hechos fundantes de la solicitud.

El canon 4º, inciso 1º y 2º de la “Convención de extradición” proscribe la extradición de personas acusadas de delitos políticos anteriores a la extradición y por hecho alguno relacionado con un injusto de esa especie, prohibición que para este evento, no aplica, por cuanto los delitos objeto del requerimiento no ostentan tal connotación, por tratarse de infracciones penales ordinarias o delitos comunes.

5. Sobre la prescripción.

Respecto a lo dispuesto en el artículo 5º Ibídem, en cuanto a que no habrá lugar a la extradición -entre otras hipótesis- cuando “de acuerdo con las leyes del país en cuyo territorio se hallare el inculpado, estuviere prescrita la pena o la acción criminal”, es evidente que no ha operado en este caso, pues de acuerdo con el artículo 83 de la Ley 599 de 2000 “La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20)”.

Dado que los hechos que se le imputan acontecieron el 12 de agosto de 2015, y el máximo de sanción penal en Colombia para el delito con menor pena –concierto para delinquir con fines de narcotráfico- es de 18 años, se evidencia que no se ha materializado dicho fenómeno jurídico.

Por las condiciones expuestas anteriormente y teniendo en cuenta que no concurre ninguna de las causales para denegar la extradición, la Sala emitirá concepto favorable a la extradición de P... H... B... M...

6. Condicionamientos

El Gobierno Nacional está en la obligación de condicionar la entrega de la persona solicitada, de conformidad con lo estipulado en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004 en concordancia con los tratados internacionales aplicables, a que no pueda ser en ningún caso juzgado por hechos anteriores ni distintos a los que motivan la extradición, a que se tenga como parte de la pena que pueda llegar a imponérsele en el país requirente, el tiempo que ha permanecido en detención en razón del presente trámite y a que se le conmute la pena de muerte, como también a que no sea sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación.

Igualmente, se advierte, que en atención a lo dispuesto en el numera 2º del canon 189 de la Constitución Política, es del resorte del Presidente de la República, en su condición de jefe de estado y supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición, quien a su vez debe determinar las consecuencias que se deriven de su eventual incumplimiento.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

Emite concepto favorable

Ante la solicitud de extradición del ciudadano XXX P... H... B... M..., requerido al Gobierno de Colombia por el Reino de Bélgica, para que sea procesado por las conductas punibles relacionadas en la orden de detención en rebeldía de fecha 8 de diciembre de 2015 dictada por el Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Amberes.

Comuníquese por Secretaría de la Sala esta determinación al solicitado, a su defensa, a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su cargo.

Remítase el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho para lo de su competencia.

Magistrados: Gustavo Enrique Malo Fernández—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Eugenio Fernández Carlier—Luis Antonio Hernández Barbosa—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 Folio 21 carpeta anexa.

2 Folio 38 Ibídem.

3 Folio 35 Ibídem.

4 Folio 53 Ibídem.

5 Folios 1 y 2 cuaderno de la Corte.

6 Folios 50 y 51 carpeta anexa.

7 Folios 25 a 28 Ibídem. Notificación al ciudadano de la referida resolución el 18 de diciembre de 2015. (Folio 33 carpeta anexa).

8 Folio 6 Ibídem.

9 Folio 6 cuaderno de la Corte.

10 Folio 8 Ibídem.

11 Folio 10 Ibídem.

12 Folio 13 Ibídem.

13 Cabe anotar que a partir de las ocho (8:00) de la mañana del 10 de marzo de 2016 empezó a correr el término de 10 días para que las partes pidieran las pruebas que consideraran pertinentes y venció el 30 de marzo de 2016 a las cinco (5:00) de la tarde (Folio 17 cuaderno de la Corte).

14 Folio 18 Ibídem.

15 Folio 19 Ibídem.

16 Folio 20 Ibídem.

17 Folios 26 a 34 Ibídem.

18 Folios 35 y 36 Ibídem.

19 Folio 21 carpeta anexa.

20 Folio 38 Ibídem.

21 Folio 21 Ibídem.

22 Folio 35 Ibídem.

23 Folio 53 Ibídem.

24 Folios 94 a 101 y 63 a 71 Ibídem.

25 Folios 102 a 107 y 72 a 76 Ibídem.

26 Folios 89 a 93 y 58 a 63 Ibídem.

27 Folios 108 a 132 y 77 a 88 Ibídem.

28 Folios 26 a 34 cuaderno de la Corte.

29 Folios 35 y 36 Ibídem.

30 Folios 50 y 51 carpeta anexa.

31 Folios 102 a 107 y 72 a 76 Ibídem.

32 Folios 108 a 132 y 77 a 88 Ibídem.

33 Folio 21 Ibídem.

34 Cabe resaltar que si bien en la Comunicación Diplomática Nº XXX del 16 de diciembre de 2015 se especificó que el pasaporte XXX de P… H… B… M… fue expedido el 2 de junio de 1915, se corrobora que la fecha correcta es 2 de junio de 2015 conforme se evidencia en la copia del documento referido. (Folio 12 carpeta anexa).

35 Folio 6 Ibídem.

36 Folio 12 Ibídem.

37 Folio 32 Ibídem.

38 Folio 33 Ibídem.

39 Folio 11 Ibídem.

40 Folios 13 y 14 Ibídem.

41 Folios 102 a 107 y 72 a 76 Ibídem.

42 Folio 35 Ibídem.

43 Artículo 340. (modificado por la Ley 733 de 2002, artículo 8º). Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuatro (4) a ciento ocho (108) meses.
(Inciso 2º modificado por la Ley 1121 de 2006, artículo 19). Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2700) hasta treinta mil (30000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir.

44 Artículo 376. (modificado por la Ley 1453 de 2011, artículo 11). Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos