Consecuencias de no afiliar al trabajador al sistema de seguridad social en riesgos laborales ante la ocurrencia de un accidente de trabajo

Revista Nº 193 Ene.-Feb. 2016

Adriana Alejandra Fernández Montejo 

Gerente Laboral de EY 

El sistema de riesgos laborales: obligación de afiliación al sistema de riesgos laborales

El Estado colombiano se encuentra obligado a brindar garantías laborales a los trabajadores mediante la protección de los riesgos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte. El sistema de seguridad social integral, conformado por los regímenes de pensión, riesgos laborales, salud y servicios sociales complementarios, es el conjunto de normas, instituciones y procedimientos destinado a cubrir las contingencias que menoscaban la salud y capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, dentro del marco del bienestar individual e integración de la comunidad(1).

El artículo 139 de la Ley 100 de 1993 facultó al Presidente de la República para dictar las normas necesarias para la organización de la administración del sistema se riesgos laborales. Así, el Presidente de la República expidió el Decreto-Ley 1295 de 1994, mediante el cual determina la organización y administración del sistema general de riesgos laborales y lo define como el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan(2). Tanto i) el accidente que se produce como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada, como ii) la enfermedad laboral, constituyen riesgos laborales(3).

El empleador tiene la obligación de afiliar a los trabajadores al sistema de riesgos laborales oportunamente, así como efectuar las cotizaciones correspondientes. De no hacerlo, está sujeto a sanciones y al pago de las prestaciones a las que haya lugar(4). Cabe recordar que la cobertura del sistema de riesgos laborales inicia desde el día calendario siguiente a la afiliación, por lo que si ocurre un accidente de trabajo por fuera del período de cobertura, el empleador debe asumir el riesgo asociado directamente(5). La no afiliación y el no pago de dos o más períodos mensuales de cotizaciones, le acarrea para el empleador, el pago de multas sucesivas mensuales de hasta quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes(6). Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que podrá imponer la unidad de gestión pensional y parafiscales UGPP, a las que hace referencia el artículo 179 de la Ley 1607 del 2012.

Dentro de las prestaciones asistenciales a las que el empleador puede verse obligado a cubrir por no afiliar al trabajador al sistema de riesgos laborales oportunamente se encuentran las siguientes: “a) Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica; b) Servicios de hospitalización; c) Servicio odontológico; d) Suministro de medicamentos; e) Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento; f) Prótesis y órtesis, su reparación y su reposición solo en casos de deterioro o desadaptación, cuando a criterio de rehabilitación se recomiende; g) Rehabilitaciones física y profesional; h) Gastos de traslado, en condiciones normales, que sean necesarios para la prestación de estos servicios”(7).

La tendencia: desarrollo jurisprudencial

La Corte Constitucional se ha pronunciado de forma reiterada respecto de la obligación que tiene todo empleador de afiliar a sus trabajadores al sistema de riesgos laborales, so pena de asumir la cobertura de las prestaciones asistenciales y económicas que se generen como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral.

En Sentencia T-347 del 2000 la Corte Constitucional aclaró que es al empleador a quién corresponde la obligación de afiliar al trabajador al sistema de riesgos laborales y que bajo ninguna circunstancia se puede eximir de esta obligación. No se podrá alegar culpa del trabajador argumentando que no adelantó trámites orientados a su afiliación al sistema de seguridad social, ya que estos están única y exclusivamente a cargo del empleador(8).

En este mismo sentido, la Corte Constitucional, en Sentencia T-1075 del 2005 explicó que el legislador adoptó un modelo previsional fundado en la teoría del riesgo creado por el empleador, en el cual no se tiene en cuenta la culpa del empleador sino su responsabilidad objetiva. De esta manera, el empleador se ve obligado a reparar los perjuicios que sufre el trabajador al desarrollar una labor en actividades de las que obtiene un beneficio. Por esto, la afiliación al sistema de riesgos está a cargo del empleador y no del trabajador(9).

En la Sentencia T-351 del 2006 la Corte amparó los derechos fundamentales a la seguridad social y a la salud de un trabajador que como consecuencia de un accidente de trabajo perdió la mano izquierda, tras haber constatado que el día de la ocurrencia del accidente, el trabajador no se encontraba afiliado al sistema de riesgos laborales y que, por ende, no pudo acceder a la prestación de los servicios médicos necesarios, ni percibir un auxilio económico por las incapacidades que prescribió su médico tratante. En esta oportunidad la Corte reiteró que la protección constitucional en materia de riesgos laborales hace parte del derecho fundamental e irrenunciable a la seguridad social y que cuando ocurre un accidente de trabajo o se genera una enfermedad laboral y el trabajador se ve imposibilitado a recibir atención médica o a acceder a las prestaciones económicas respectivas, por causa de que el empleador no efectuó la afiliación al sistema de riesgos laborales, aquel debe asumir la cobertura de la totalidad de la contingencia de la misma forma como si lo hiciera la administradora de riesgos laborales(10).

En Sentencia T-1235 del 2008, la Corte Constitucional concedió el amparo de los derechos constitucionales de un trabajador que sufrió una caída desde un octavo piso que le ocasionó múltiples fracturas en su cuerpo y que por no haber estado afiliado al sistema de riesgos laborales, no pudo acceder a las prestaciones asistenciales y económicas derivadas del accidente de trabajo. En este caso, el empleador fue obligado a cubrir los gastos de atención médica del trabajador, el pago de las incapacidades e indemnizaciones, así como a solicitar la evaluación a la junta regional de calificación. La Corte subrayó la relación directa que existe entre la actividad laboral, específicamente, la prestación del servicio, y la potencialidad del daño que se puede generar al trabajador, lo que justifica el hecho de situar la carga de la afiliación y las cotizaciones exclusivamente en cabeza del empleador, quien tiene la facultad de escoger la administradora de riesgos laborales a la que vinculará a sus trabajadores(11).

Siguiendo la misma línea, la Corte Constitucional en Sentencia T-582 del 2013 concedió el amparo de los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la salud y a la igualdad, de un trabajador que fue contratado para reparar el techo de la edificación de una iglesia y sufrió una caída desde la cubierta. En este caso la Iglesia fue obligada a garantizar la cobertura de todos los servicios de salud requeridos por el trabajador para recuperarse de las lesiones que le produjo el accidente de trabajo y al pago de sus incapacidades por el hecho de no haberlo afiliado al sistema de riesgos laborales. La Corte reafirmó que con independencia del tipo de contrato o de su duración, es obligación del empleador afiliar al trabajador a una administradora de riesgos laborales para no asumir directamente los servicios propios de los riesgos asociados a la actividad; Esto es, la atención médica del trabajador, obligación que incluye tanto las prestaciones asistenciales, la continuidad del servicio de salud, el pago de las incapacidades e indemnizaciones, así como la remisión del empleado y la solicitud de evaluación a la junta regional de calificación de aquel, para efectos de que su capacidad laboral y grado de invalidez sean establecidos(12).

Recientemente, en Sentencia T-518 del 2015, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, ordenó amparar los derechos a la seguridad social, a la salud y al mínimo vital del accionante, quien un mes después de haber sido contratado para la ejecución de oficios varios en una compañía, sin haber sido afiliado al sistema de seguridad social, sufrió un accidente de trabajo que le produjo la amputación de su pie izquierdo. Para tales efectos, la Corte Constitucional exigió al empleador la cobertura de los gastos y servicios médicos en los que el trabajador y sus familiares se vieron obligados a incurrir tras el suceso, y remitió copia de la providencia al Ministerio de la Protección Social para que adelantase las actuaciones administrativas correspondientes en contra del empleador, por la omisión de afiliar al trabajador al régimen de riesgos laborales.

En ninguna de las sentencias analizadas se cuestiona la viabilidad de la acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales de los trabajadores afectados por un accidente de trabajo.

Las consecuencias de no afiliar al trabajador al sistema de seguridad social en riesgos laborales ante la ocurrencia de un accidente de trabajo

En síntesis, en el evento que el trabajador sufra un accidente de trabajo o enfermedad laboral, sin encontrarse afiliado al sistema de riesgos laborales, el empleador puede verse expuesto a:

1. La cobertura de las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de la contingencia.

2. La reubicación laboral del trabajador, atendiendo a las condiciones de su estado de salud y a su capacidad laboral.

3. La solicitud de evaluación a la junta regional de calificación del trabajador, para efectos de que su capacidad laboral y grado de invalidez sean establecidos.

4. El pago de indemnizaciones.

5. El pago de sanciones administrativas.

6. La atención de inspecciones y/o verificaciones por parte del Ministerio de Protección Social en lo relativo a las condiciones de seguridad industrial y de salud ocupacional (seguridad y salud en el trabajo).

1. Ley 100 de 1993, preámbulo.

2. Decreto-Ley 1295 de 1994, artículos 1º y 2º.

3. Decreto-Ley 1295 de 1994, artículo 8º.

4. Decreto-Ley 1295 de 1994, artículo 4º
y Ley 100 de 1993, artículo 161.

5. Decreto-Ley 1295 de 1994, artículo 4º.

6. Decreto-Ley 1295 de 1994, artículo 91.

7. Decreto-Ley 1295 de 1994, artículo 5º.

8. Corte Constitucional, Sentencia T-347 del 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

9. Corte Constitucional, Sentencia T-1075 del 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

10. Corte Constitucional, Sentencia T-351 del 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

11. Corte Constitucional, Sentencia T-1235 del 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

12. Corte Constitucional, Sentencia T-582 del 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.