Consideraciones tributarias de la reestructuración de negocios en Colombia

Revista Nº 188 Mar.-Abr. 2015

José Andrés Romero Tarazona 

Socio de Brigard & Urrutia 

Andrés Bermúdez Duchamp 

Asociado de Brigard & Urrutia 

La reestructuración empresarial es un concepto que se ha vuelto cada vez más relevante en Colombia, el cual consiste en la planeación y asignación de los activos, funciones, actividades y riesgos entre las diferentes compañías de un grupo multinacional, con el objetivo de lograr eficiencias tributarias legítimas mediante la atribución de rentas gravables a las entidades que tengan una menor carga tributaria.

La expedición de las reglas de precios de transferencia basadas en las directivas de la OCDE en el año 2002, establecieron un punto de partida para regular el principio de plena competencia y asegurar que las transacciones hechas entre vinculados económicos se hicieran a precios de mercado.

Las normas de reestructuraciones empresariales tienen hoy una expresa regulación legal, lo que anteriormente se planteaba como una discusión académica(1). Para el efecto, la Ley 1607 del 2012, modificó el artículo 260-3 del estatuto tributario (en adelante ET), que contenía los métodos para determinar el precio o margen de utilidad en las operaciones con vinculados. Una de las adiciones que se le hicieron a este artículo fue la inclusión del parágrafo 3º, que define las reestructuraciones empresariales. De acuerdo con este parágrafo:

“Se entiende como reestructuración empresarial la redistribución de funciones, activos o riesgos que llevan a cabo las empresas nacionales a sus vinculadas en el exterior. Para lo cual el contribuyente debe tener una retribución en cumplimiento del principio de plena competencia”.

La adición que se hace a este artículo es sustancial, pues, de un lado, definió legalmente el término “reestructuración empresarial” y, de otro, estableció la obligación de aplicar el principio de plena competencia en el evento de una reestructuración realizada entre compañías vinculadas. Esta modificación resulta fundamental porque brinda claridad respecto al tratamiento que, en materia de precios de transferencia, se le debe dar a una reestructuración, lo cual ya ha sido objeto de tratamiento en otras legislaciones, así como en las guías de la OCDE sobre el tema, pero se encontraba en una zona gris o de subjetiva aplicación en Colombia.

Además de la regulación existente sobre precios de transferencia, debe saberse que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-690 del 2003, estableció que si bien las guías de la OCDE sobre precios de transferencia no pueden tener fuerza vinculante, ni ser pautas interpretativas obligatorias en nuestro país, sí reconoció que estas son un instrumento auxiliar de interpretación tanto para las empresas, como para la administración tributaria. En consecuencia, aun cuando hoy el reporte sobre “aspectos de precios de transferencia en reestructuraciones empresariales” no es de aplicación obligatoria en Colombia, ciertamente constituye una fuente de interpretación de la ley nacional, en especial del parágrafo 3º del artículo 260-3 del ET.

1. Consideraciones fiscales a tener en cuenta al momento de la reestructuración del negocio

En primer lugar, debe notarse que si bien normalmente los terceros independientes no acordarían realizar reestructuraciones empresariales y que en la mayoría de los casos de reestructuraciones empresariales no existen transacciones comparables realizadas por terceros independientes, contractualmente prevalece el principio de la autonomía de la voluntad privada, por lo que una de las partes en un acuerdo o contrato puede renegociar las condiciones del mismo para, por ejemplo, reducir o aumentar riesgos, asumir o dejar de realizar actividades o funciones, o para comprometerse a realizar las inversiones de capital que requiere el negocio; esos cambios, claramente, se ven reflejados en el precio o remuneración que corresponda. La autonomía de la voluntad privada debe ser respetada y defendida en un Estado de derecho y es una justificación clara del cambio de las condiciones de un contrato, por ejemplo, es totalmente legítimo decidir ganar menos utilidades, pero tener una suma asegurada en el tiempo.

Uno de los ejemplos más evidentes de la dificultad de encontrar comparables de mercado se da en la venta de acciones de una compañía colombiana, o la transferencia de un negocio en marcha con el objetivo de domiciliar estos negocios en otra jurisdicción. Casos en que la ley se ha remitido a los métodos de valoración de empresas y negocios, técnicamente bien recibidos, descartando como método válido el de valor patrimonial o contable.

No obstante lo anterior, las reestructuraciones empresariales que suponen clara transferencia de activos tangibles o intangibles de una compañía en Colombia a una compañía vinculada en el exterior, deberían hacerse a precios de mercado, con lo cual se causaría un impuesto de renta o de ganancia de capital para quien transfiere los activos a la tarifa general de 34%(2) o de ganancia ocasional del 10% si el activo fijo se ha poseído por más de dos años. La base gravable de este impuesto sería la diferencia entre el precio de enajenación y el costo de los activos, como lo determina el artículo 90 del estatuto tributario.

Debe saberse que el gran reto estará en determinar, en cada caso, si en la reestructuración empresarial que se esté analizando hay una verdadera transferencia de activos, actividades, funciones o riesgos, y si esa transferencia está sujeta a valoración y, si ese es el caso, cuál sería el valor que se le debe asignar, pues el resultado de la reestructuración puede llevar a situaciones en que disminuir un riesgo resulta en una mayor ganancia a aquella que se obtiene habiéndolo asumido, como sería el caso del riesgo en el transporte de la mercancía asumido por el distribuidor, que, en principio, tendría derecho a un margen mayor, pero que si la mercancía se pierde tendría una pérdida, mas no una ganancia.

1.1. Asignación de utilidades

Los principales factores que se deben tener en cuenta para la asignación de utilidades que surgen luego de la reestructuración empresarial son: las funciones, las actividades y los riesgos (incluyendo el riesgo de capital o de inversión en activos).

Las funciones que toman mayor importancia, y que se deben tener en cuenta al momento de la asignación, son las directivas y las de gestión, pues involucran el mayor grado de valor agregado para las actividades de la compañía. En estos casos, es muy importante que se pueda demostrar que las personas que realmente están manejando el negocio, que tienen la idoneidad para hacerlo y que toman las decisiones efectivas, se encuentran en la entidad a la que se quiere asignar esa función. Por ejemplo, si una compañía colombiana le vende mercancía a una comercializadora del exterior para que, a su vez, esta le venda a los clientes internacionales, debe demostrarse que esa comercializadora cuenta con un personal comercial y de ventas idóneo para desarrollar dichas actividades y que las decisiones relativas a los clientes, precios y riesgo en relación con el margen de utilidad, se toman por la compañía comercializadora.

El segundo factor a tener en cuenta al momento de asignar las utilidades es el de las actividades que se desarrollan por cada una de las empresas relacionadas dentro de la cadena productiva o de valor. Los casos más comunes de asignación de utilidades por actividades están relacionados con las actividades de distribución versus las del comisionista, y las actividades de fabricación o manufactura plena versus las de maquila o de confección por encargo. Por su relevancia práctica, la asignación de utilidades entre estas estructuras y su impacto tributario se analizará más adelante.

El tercer factor a tener en cuenta es la distribución de riesgos. En Colombia, una de las formas más comunes para realizar reestructuraciones empresariales es precisamente haciendo una transferencia de riesgos de toda índole. Esto, toda vez que la transferencia de riesgos se puede realizar con la firma de un acuerdo entre las partes, acompañado de su verdadera implementación. Para el efecto, algunos de los riesgos que comúnmente se transfieren son los siguientes.

a) Riesgos de manejo y envío.

Cuandoquiera que el vendedor de los activos a ser importados por un distribuidor local mantiene el riesgo de manejo y envío de los productos, desde una perspectiva económica y comercial, el distribuidor local debería estar dispuesto a pagar un mayor precio por los productos importados cuando en el contrato el vendedor se hace responsable de cualquier evento que pueda afectar la mercancía, con lo cual se reduce su utilidad de fuente colombiana. Lo anterior no significa que en todos los casos el vendedor tenga una mayor utilidad correlativa. Por ejemplo, imaginemos que el barco con la mercancía se hunde y el seguro no cubre la pérdida, en este caso haber pactado un precio superior por los bienes durante un tiempo fue un buen negocio, pues la utilidad en Colombia no se ve afectada con dicha pérdida.

b) Riesgos laborales.

Los riesgos laborales también pueden ser distribuidos en las reestructuraciones empresariales para distribuir las obligaciones laborales y de seguridad social. Sobre el particular, es común dentro de la práctica legal que haya cesión de empleados entre compañías. Por ejemplo, al margen de los temas laborales, una entidad extranjera mantiene el contrato laboral con el empleado que viene a trabajar al país, pero la empresa colombiana actúa como empleador para efectos colombianos en nombre de la entidad extranjera, por lo que, aunque indirectamente el trabajador desarrolle actividades en Colombia, la entidad del exterior es la que mantiene el contrato de trabajo, así como la mayoría de los riesgos asociados a este.

c) Riesgo de capital o de inversión en activos.

La entidad que invierte en los bienes de capital en un proceso productivo tiene derecho a una mayor remuneración, no solo por la depreciación o deterioro del activo, sino por el riesgo de pérdida, daño u obsolescencia del bien. De esta forma, si en un contrato de maquila, el principal o mandante es quien invierte en los bienes de capital y el maquilador solo desarrolla el proceso productivo, la remuneración será menor a la que correspondería si el maquilador hubiese invertido en los activos. Ahora bien, si los bienes se dañan o averían, el arreglo del mismo, con la pérdida correspondiente, sería asumido por el propietario.

En opinión del autor, en muchos casos es viable defender que no existe una compensación intercompañías por un cambio en las funciones, actividades y riesgos entre las entidades, cuandoquiera que, en desarrollo del principio de autonomía de la voluntad privada, los ajustes a los contratos se hubieran podido dar en una negociación entre terceros independientes.

La anterior conclusión dependerá de qué tan razonable es la decisión de la compañía para aceptar los cambios en las funciones, actividades y riesgos. Para esto, deberá atenderse al concepto de “buen hombre de negocios”, a efectos de determinar la razonabilidad y trasfondo comercial y de negocios en el cual se hubiera tomado una decisión idéntica, o al menos similar, si se estuviera negociando entre compañías no vinculadas.

1.2. Transferencia de intangibles

La regla que se vio anteriormente sobre ganancias ocasionales aplica igualmente para la transferencia de activos intangibles que hubieran sido parte del activo fijo del contribuyente por al menos dos años.

Sin embargo, de conformidad con el artículo 75 del ET, las compañías colombianas que transfieran un activo intangible formado, con el cumplimiento de ciertos requisitos, podrán tomar como costo del mismo el 30% del valor del intangible. Esta regla podría aplicarse en reestructuraciones empresariales, teniendo en cuenta que normalmente los activos intangibles de una empresa en marcha podrían no tener un costo fiscal, pues constituyen intangibles formados por la compañía.

Así las cosas, se reduciría en un 30% la carga impositiva de un ingreso susceptible de tributación. Esto, sumado al margen del valor comercial que podría lograrse en una planeación de precios de transferencia.

2. Casos comunes de reestructuración empresarial

A continuación presentamos algunos casos comunes de reestructuración empresarial:

i) Migrar de ser un distribuidor pleno a un distribuidor con riesgos limitados, un comisionista o un simple intermediario.

Sobre este tipo de casos, como país receptor de inversión, es muy común encontrar que existan compañías colombianas que tengan como objetivo promocionar y distribuir bienes producidos en el exterior en el mercado colombiano, asumiendo distintos tipos de funciones, actividades y riesgos.

Desde el punto de vista teórico, una estructura de comisionista o de simple intermediario, en la que la entidad colombiana solo se dedica a conseguir y gestionar el cliente, parece ser la más adecuada si el objetivo es que las rentas en el país sean las más bajas, tanto como sea posible, en la medida en que las funciones, actividades y riesgos asumidos bajo esta modalidad contractual serían muy bajos. Ya que en Colombia hemos llegado a una tarifa de impuesto sobre la renta, CREE y sobretasa que puede llegar al 43%, sin duda este será un objetivo de los inversionistas extranjeros.

Sin embargo, en muchos casos estas estructuras no resultan favorables o aconsejables por diferentes razones, entre las que destacamos las siguientes:

— Un comisionista o intermediario no profesional puede considerarse como un agente dependiente y generar un establecimiento permanente en Colombia para la compañía del exterior, cuandoquiera que dicho agente concluya permanentemente actos o contratos que sean vinculantes para la empresa del exterior.

— Los servicios prestados a extranjeros con actividades en Colombia se encuentran sujetos al IVA del 16%, lo que representa un sobrecosto para la compañía del exterior que no podría recuperar. En un caso particular, el Consejo de Estado consideró que la exención del IVA a la exportación de servicios no era aplicable en el caso de entidades locales que llevaran a cabo actividades de mercadeo, corretaje o de comisión en Colombia para una compañía que vendía productos desde el exterior a clientes en Colombia(3). Es importante precisar que, de acuerdo a los conceptos 82625 y 67578 del 2013 de la DIAN, estas intermediaciones se pueden considerar como exportación de servicios y, consecuentemente, exentas de IVA, si se cumplen los requisitos contenidos en la ley y en el Decreto 2223 del 2013, en especial que el servicio exportado no derive en un beneficio para una actividad empresarial en el país.

— Finalmente, desde el punto de vista comercial, los contratos de agencia derivan en responsabilidades y cargas legales y económicas, como sería el caso de la cesantía comercial, elemento a evaluar cuando el agente sea un tercero no relacionado.

Por lo anterior, es muy probable que en muchas reestructuraciones empresariales se opte por hacer una planeación a partir de la figura del contrato de distribución. En este caso, se podrían reducir o limitar las funciones y riesgos de la compañía distribuidora en Colombia. Al no existir norma que lo prohíba, la libertad contractual debería primar y, en consecuencia, las partes podrían acordar (como lo acordarían las compañías sin vinculación económica) reducir o cambiar el nivel de funciones y riesgos asumidos en Colombia. Bajo este supuesto, el distribuidor colombiano estaría cumpliendo con los estándares de precios de transferencia al utilizar comparables con el mismo perfil de riesgo y de funciones.

Debe anotarse que pueden existir casos en los que el distribuidor que asume todos los riesgos puede haber desarrollado un mercado en Colombia, una lista consolidada de clientes e incluso haber entrenado a sus empleados, entre otros, lo cual constituiría un activo intangible de gran importancia para el distribuidor. En nuestra opinión, esos activos intangibles seguirían en cabeza del distribuidor, puesto que él no podría transferir la actividad de “venta” a una entidad del exterior, so pena de estar inmerso en un contrato de comisión.

ii) Cambio en las actividades de producción, por maquila o fabricación por encargo.

Una de las reestructuraciones empresariales más comunes, consiste en establecer centros productivos con más o menos actividades, funciones o riesgos, de tal forma que se permita asignar una mayor o menor utilidad a una jurisdicción determinada. Este es el caso de los contratos de maquila o de fabricación por encargo, en los que una planta no se dedica a producir sus propias mercancías, sino las de un tercero o principal.

En estos contratos el tercero es quien generalmente aporta el capital para las materias primas, los diseños, la marca, el know how y, en muchos casos, también es propietario de la maquinaria, de tal forma que el propietario de la planta presta un servicio de confección o de producción por encargo a cambio de una remuneración fija o asegurada.

Este tipo de estructura contractual, que contribuye con la generación de empleo y el desarrollo económico, no ha sido muy desarrollado en Colombia, en la medida en que los extranjeros tributan en el país sobre sus rentas de fuente nacional, independientemente de que tengan o no establecimiento permanente.

Esto es, conforme al artículo 20-1 del ET, el Decreto 3026 del 2013 y los CDI celebrados por Colombia, “el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de que sean transformadas por otra empresa” no constituye un establecimiento permanente en Colombia, lo que es claramente aplicable a los contratos de maquila. Esta circunstancia representa un beneficio cuando la compañía extranjera es residente en una jurisdicción con CDI con Colombia, pues, por lo general, se establece como regla distributiva que en el caso de rentas empresariales el Estado de la fuente solo tiene potestad tributaria si la entidad residente en el otro Estado tiene un establecimiento permanente en dicho país.

Por lo explicado, consideramos que en una reestructuración tributaria en la que se utilice una figura de maquila es fundamental que el principal o mandante sea residente en una jurisdicción con un CDI con Colombia.

(iii) Centralización de los derechos de propiedad intelectual y de investigación desarrollo.

La centralización de los derechos de propiedad intelectual y de las actividades de investigación y desarrollo en un grupo multinacional se justifica plenamente y se convierte en una necesidad para garantizar la competitividad del negocio y el uso de buenas prácticas en las compañías del grupo.

Para establecer esta centralización de costos o activos intangibles se debe formalizar la transferencia de los activos, por lo que hemos analizado diferentes alternativas, algunas de las cuales comentaremos a continuación.

Una opción sería hacer una valoración del activo intangible y luego transferirlo a título de venta o de aporte a la sociedad del exterior, con lo que se causaría el impuesto de renta o de ganancias ocasionales, en los términos antes vistos. Igualmente, el precio por el que se haga la venta deberá, de acuerdo a las normas locales, cumplir con las reglas de precios de transferencia y, en consecuencia, cumplir con el principio de plena competencia. Otra opción sería acordar contractualmente que la compañía del exterior asuma el mantenimiento, transformación, posicionamiento y desarrollo de los activos intangibles, con lo que, con el tiempo, se haría dueña de los derechos económicos sobre el mismo. Una tercera opción para internacionalizar un intangible es registrarlo en aquellas jurisdicciones en las que este no tiene valor comercial y mantener en Colombia los derechos sobre los intangibles explotados en Colombia.

En todo caso, una vez internacionalizado o desarrollado el intangible en el exterior, se requiere un trabajo de reestructuración empresarial para definir la forma más eficiente de estructurar los cargos a los negocios operativos.

Estos cargos se pueden justificar como una contribución a un centro de costos compartidos o como una regalía, lo que puede ser más o menos eficiente desde el punto de vista tributario, dependiendo de muchos factores, como la tasa impositiva, los flujos futuros del negocio, la retención en la fuente aplicable, el margen de utilidad que se pueda justificar, conforme a las normas de precios de transferencia, entre otros, que deben ser evaluados en cada caso particular.

Esto es, los aportes a un centro de servicios compartidos se estructuran como una inversión en un activo intangible del exterior, con lo que la compañía pagadora tendría una inversión, que podría ser amortizable a efectos tributarios en los términos de los artículos 142 y 143 del ET. Por su parte, el pago de una regalía por el derecho de uso de un intangible tiene por regla general una retención en la fuente del 33%, salvo en el caso de los CDI celebrados por Colombia, en los que la tarifa máxima aplicable es del 10%. Si bien en el caso de la regalía hay una retención en la fuente que aumenta el costo transaccional, esta estructura permite un mayor pago y, por ende, una mayor deducción.

(iv) Suspensión de la actividad económica para desarrollarla en otra jurisdicción.

Este caso de reestructuración empresarial consiste en que una compañía colombiana deja de realizar una actividad económica que venía desarrollando por varios años, y las funciones, actividades y riesgos de dicha actividad se empiezan a realizar en una jurisdicción que ofrece mejores condiciones tributarias. A continuación presentamos algunos ejemplos:

— El caso de una empresa multinacional que tiene una planta en Colombia, pero que, después de evaluar sus proyecciones financieras, encuentra que puede ser más competitiva en el mercado fabricando el producto fuera del país en una planta de primera generación y gran tamaño. La discusión frente a este caso de reestructuración empresarial se refiere a si la decisión de suspender la producción en el país es un evento que deba considerarse como la venta de un intangible para fines fiscales bajo las normas de reestructuración empresarial. Nosotros consideramos que en ese caso no sería aplicable la norma de reestructuraciones empresariales para derivar un efecto tributario, en tanto sea viable demostrar que, desde la perspectiva de los negocios, es la decisión más adecuada, inclusive porque es posible que la planta que suplirá la demanda en Colombia, puede estar en una jurisdicción con una carga similar a la colombiana. Obviamente, si el traslado implica la transferencia de los activos, personal, manuales, know how y demás activos a una compañía en una jurisdicción de menor imposición, claramente se configuraría el supuesto de la norma y la transferencia se debería dar dentro de los parámetros de mercado y conforme a los principios de plena competencia.

— Otro ejemplo podría ser el de los centros de servicios compartidos. Es muy común que las multilatinas colombianas comiencen las actividades de servicios desde Colombia. Sin embargo, nuestro país puede no ser el más eficiente para este tipo de servicios, debido a que no cuenta con una red de CDI importante y las retenciones en la fuente en los países de la región tienen tarifas altas que se practican sobre ingresos brutos. En caso de que se decida trasladar el centro de servicios compartidos a otra jurisdicción, consideramos que tampoco sería aplicable la norma de reestructuración empresarial, pues se trataría de una unidad de negocios que, por causa de las retenciones en la fuente en otros países, estaría destinada a tener pérdidas. Diferente sería el caso de una unidad de negocio que produjera utilidades gravables y que, mediante la transferencia de conocimiento y know how, se estuviera trasladando a otra jurisdicción, caso en el que sí podría ser aplicable la norma.

Sin perjuicio de los casos expuestos, este es un tema que no tiene desarrollo doctrinal o jurisprudencial en Colombia y sobre el cual no existe un claro consenso en el ámbito internacional.

3. Matriz de riesgos en caso de reestructuraciones empresariales

Podría decirse que una reestructuración empresarial, en mayor o menor grado, siempre va a conllevar un riesgo fiscal asociado, puesto que, al tratarse de cálculos basados en estimaciones y probabilidades, es posible que la autoridad tributaria pretenda derivar efectos tributarios de este tipo de operaciones basándose en supuestos económicos diferentes.

Sin embargo, siempre y cuando la reestructuración empresarial responda a una verdadera necesidad del negocio y la distribución de activos, funciones y riesgos se haga siguiendo el principio de plena competencia, no habría lugar a la existencia de un alto riesgo fiscal asociado a la operación. En este punto es vital recalcar el derecho a la libre empresa y libre configuración de los negocios que asiste a todos los empresarios y comerciantes y que debe soportar y sustentar este tipo de operaciones.

De acuerdo al reporte sobre aspectos de precios de transferencia en reestructuraciones empresariales, que constituye un criterio auxiliar de interpretación en nuestro país:

“Las administraciones tributarias pueden, en casos excepcionales, rechazar la calificación o estructura otorgada por las partes a la operación o al acuerdo cuando, teniendo en cuenta todos los hechos y circunstancias del caso, concluyan que:

La sustancia económica de la operación o del acuerdo difiere de su forma.

Unas empresas independientes, en circunstancias comparables, no habrían calificado o estructurado la operación o el acuerdo como lo han hecho las empresas asociadas, y no es posible determinar fehacientemente un precio de plena competencia para esta operación o acuerdo”.

Como se ve, uno de los elementos más problemáticos de esta definición es que en muchas de las operaciones de reestructuraciones entre vinculadas económicas no existe, ni es dable que exista, una circunstancia comparable entre empresas no vinculadas, precisamente por la particularidad y especificidad de cada una de las transacciones. En opinión del autor, esto no debería implicar de inmediato un desconocimiento de la transacción por parte de la autoridad tributaria, sino que requeriría de un mayor análisis pormenorizado del caso particular, y de la aplicación estricta de otros métodos de comparabilidad que reflejen la realidad de la transacción. No obstante, debe recordarse que hay un riesgo fiscal, por el hecho de que en la mayoría de las transacciones no existan empresas independientes en circunstancias similares frente a las cuales se pueda hacer una comparación.

En resumen, los riesgos fiscales asociados a las reestructuraciones empresariales siempre estarán presentes, así sea en una mínima medida en todas las transacciones. La disminución de estos riesgos fiscales se puede lograr desde dos perspectivas. La primera, notando que la administración tributaria tiene el deber de reconocer la libertad de configuración empresarial que asiste al contribuyente en sus decisiones de negocio, las cuales no pueden ser desconocidas por la administración, salvo que exista una divergencia entre el fondo de la transacción y la forma utilizada para la misma(4).

En segundo lugar, el riesgo fiscal se debería ver minimizado cuando la transacción planteada en los acuerdos o contratos sea la que efectivamente se refleje en las actividades de cada una de las compañías del grupo.

Finalmente, pensamos que una adecuada planeación y estructuración del negocio, al momento de su inicio o al momento de la adquisición o expansión de la inversión, es fundamental para evitar consecuencias tributarias derivadas de la aplicación de la norma de reestructuraciones empresariales.

(1) ROMERO, José Andrés. Reporte general sobre el tema de “Business Restructuring” para el Congreso Mundial IFA. Paris, 2011.

(2) Correspondiente al 25% de impuesto de renta y al 9% de CREE. Lo anterior sin perjuicio de la sobretasa al CREE que implicaría entre 5 y 9 puntos porcentuales por los próximos cuatro años gravables.

(3) C.E., Sec. Cuarta. Sent. 26/2009. Exp. 16165. 26 de enero del 2009.

(4) Ibíd.