Contabilidad creativa: desde José Asunción Silva hasta nuestros días

Revista Nº 34 Mar.-Jun. 2008

Juan Guillermo Pérez Hoyos (Colombia) 

Contador público Especialista en revisoría fiscal y auditoría 

Premio Nacional Fedecop - Mejor trabajo de investigación (2003) 

Introducción

¿Qué tiene en común uno de nuestros grandes poetas del siglo XIX con la contabilidad? “En la madrugada del 24 de mayo de 1896, a los treinta años, con un revólver Smith & Wesson, José Asunción Silva se quitó la vida de un tiro en el corazón. Le dejaba a Colombia diez de los poemas más hermosos de la lengua castellana, y a sus acreedores $ 210.000 de deudas”, se lee en la contracarátula de la novela de Fernando Vallejo Almas en pena, chapolas negras, novela biográfica del poeta que el autor desata a partir de “una pesquisa detectivesca por archivos notariales y hemerotecas, y basándose en un verdadero maremágnum de documentos y periódicos viejos, más veinte cartas desconocidas y un diario de contabilidad que la familia de Silva le facilitó”, continúa diciendo el texto citado.

José Asunción Salustiano Facundo Silva Gómez fue poeta y comerciante, y contrasta en él su grandeza en las letras con su poca habilidad y poco tino en los negocios. Del ejercicio de esta actividad que lo sumió en la ruina hasta llevarlo al suicidio queda el registro en su diario de contabilidad. En este libro Silva anota los ingresos y gastos de su actividad mercantil, dejando asentadas todas sus transacciones, no solo las del negocio familiar de la venta de mercaderías y las operaciones bancarias, sino también las de su casa, es decir, sus gastos personales. De cómo su progresivo deterioro económico, consignado en su libro de contabilidad, va aparejado a sus estados de ánimo y de cómo a través del examen del primero se recrea su vida y sus últimos momentos hasta llegar al episodio íntimo y profundo que actúa como detonante del suicidio, es algo que debemos a la pluma maravillosa de Fernando Vallejo.

Pero de cómo de un libro de contabilidad, que refleja el fuero íntimo del comerciante, hemos llegado ahora, 110 años después, a un libro de contabilidad que refleja lo que el comerciante quiere mostrar, es algo que debemos abordar los contables. El fenómeno es mundial. Desde el sonado caso Enron, que significó la desaparición de Arthur Andersen LLP, los también sonados casos de Worldcom, Xerox, Parmalat, AIG, hasta llegar al escándalo, protagonizado por KPMG LLP y sus paraísos fiscales, pasando por hechos de la vida nacional protagonizados por empresas y conglomerados financieros y de otros sectores de la economía y caracterizados por quiebras fraudulentas, lavado de activos, evasión de impuestos y otras prácticas asociadas a la economía subterránea(1), vamos encontrando, cada vez, más voces que cuestionan el modelo actual de información contable.

Muchas cosas van de esa contabilidad sincronizada con el alma del comerciante y de esa alma que en ella reverberaba a esta contabilidad sujeta a sus veleidades. Razones económicas, sin duda. Capitalismo salvaje, también. Moral laxa, necesariamente. Pero el resultado es uno solo. La contabilidad creativa.

1. La Colombia de Silva

1.1. Radicalismo y regeneración

José Asunción Silva nació en 1865 en la entonces Estados Unidos de Colombia y murió en 1896 en la República de Colombia. Hijo de Vicenta Gómez, quien le sobrevivió a su suicidio, y de Ricardo Silva, destacado exponente de la literatura costumbrista y también malogrado comerciante. Su abuelo, José Asunción Silva y Fortoul, murió asesinado en la hacienda Hatogrande, la hoy finca presidencial, que en aquel tiempo era propiedad de los hermanos Silva Fortoul, quienes la habían comprado a los herederos del general Francisco de Paula Santander.

Silva, poeta, comerciante e industrial en ciernes en sus últimos días, cuando trató de fundar una fábrica de baldosas confeccionadas con un procedimiento inventado por él vio pasar su corta existencia durante dos épocas políticas conocidas como el radicalismo y la regeneración. Esta última tomó su nombre del movimiento político liderado por Rafael Núñez, cuyos objetivos estaban señalados por los lugares comunes de la restauración política y económica del país, la búsqueda de la paz, y el fortalecimiento de las instituciones y del Estado. La regeneración nació, como la generalidad de esos movimientos, como respuesta de oposición a los principios políticos del radicalismo que venían rigiendo los destinos del país desde los años sesenta de ese siglo. A finales de los años setenta el gobierno radical estaba totalmente desacreditado y arruinado. Había logrado sobrevivir a varias guerras civiles. Al comienzo de los gobiernos radicales el general Tomás Cipriano de Mosquera había expulsado a los jesuitas, se había neado a establecer un concordato y había decomisado los bienes y propiedades de la Iglesia Católica con ayuda de las leyes de desamortización de bienes de manos muertas, leyes firmadas por el mismo Núñez en su condición de director de crédito público del presidente Mosquera, quien había sido tomado como cabeza visible del radicalismo. Con los presidentes anteriores a Mosquera también había trabajado Rafael Núñez, que se había desempeñado como secretario de guerra y secretario de hacienda de los presidentes José María Obando y Manuel María Mallarino, respectivamente, predecesores de Mosquera. En la era del radicalismo, el país había logrado la liberación de los esclavos, era federal, anticlerical, regido por la constitución adoptada en la Convención de Rionegro y llamado Estados Unidos de Colombia.

La Constitución de Rionegro había sido aprobada en 1863 y en ella se hizo tránsito de un modelo centralista de Estado a un modelo federalista, con estados soberanos que se dotan de autonomía política, jurídica, comercial y aduanera, dueños de sus propios ejércitos, de sus fronteras y que dictaban las normas de su Estado, consideración esta que debemos tener presente más adelante, cuando se trate lo concerniente al estadio de la contabilidad en aquellos tiempos. A partir de la Constitución de Rionegro se inicia un prolongado y gigantesco proceso de adjudicación de baldíos a particulares a quienes se les entrega la propiedad de grandes extensiones por razones como concesiones privadas para la construcción de carreteras o ferrocarriles (como el de Panamá), compra con bonos y títulos de la Nación, pagos a militares, y otros motivos así de peregrinos(2). Hasta 1881 se habían entregado 1.301.122 hectáreas, de las cuales a cultivadores (colonos) solo se entregaron 6.066, equivalentes al 0.46%(3).

En 1878 se elige presidente a Julián Trujillo, de quien dicen los historiadores fue el encargado de abrirle el paso a la regeneración. Trujillo sucedió en la presidencia a Aquileo Parra, último presidente radical. El movimiento político de la regeneración, como ya se dijo, estaba orientado por Rafael Núñez, que venía de un largo periplo diplomático y burocrático en el que había ejercido la representación del país en New York y en algunas ciudades europeas como Liverpool y Le Havre. Con la influencia europea de la época, Núñez llega convertido en un personaje con una ideología totalmente distinta a la que antes profesaba y, obviamente, con la firme intención de acceder a la Presidencia de la República. Viene a combatir el federalismo y expone el modelo centralista como la única vía para el desarrollo. Habla de la necesidad de establecer un concordato con la Iglesia Católica y de cimentar la justicia en la práctica religiosa y leal de las instituciones. Curiosa prédica en un hombre que tan solo unos años atrás, al servicio de los radicales, dirigía la expropiación de bienes de la Iglesia con su firma en las leyes de desamortización de bienes de manos muertas, y que ya, para entonces, escandalizaba a la pacata sociedad capitalina con su convivencia en unión libre con Soledad Román, luego de terminar con su matrimonio legal contraído en Panamá con la cuñada de quien fuera el promotor e impulsor de su carrera pública.

“Regeneración o catástrofe”(4), ese sería el lema de su movimiento político. La regeneración, una amalgama de liberales y conservadores que se unen en torno de la figura de quien en adelante será conocido como “El Regenerador”. Núñez es elegido presidente para el periodo 1880-1882 y luego vuelve a ganar las elecciones para el periodo 1884-1886(5). En este segundo mandato impulsa vehementemente la necesidad de cambiar la Constitución de Rionegro por otra que contenga su visión para el desarrollo del país, lo cual desata una seria resistencia en las toldas del radicalismo que se levanta en armas y se bate en una guerra civil que copa todos los estados de la unión. La insurrección radical estalla en el Estado de Santander, en los municipios de Florida y Chinácota (hoy Norte de Santander) y es derrotada finalmente en julio de 1885, en la batalla de La Humareda, unos diez kilómetros al sur de El Banco (Magdalena). Triunfante, Núñez pronuncia un fogoso discurso desde el Palacio de San Carlos, saludando a la multitu apostada al frente con la frase “la Constitución de 1863 ha dejado de existir”(6). Núñez se mueve rápidamente y en noviembre instala el Consejo Nacional de Delegatarios, convocado por él para redactar la nueva constitución, y advierte en su discurso el principio de autoritarismo estatal que debería regir la nueva Carta Magna.

El 5 de agosto de 1886 se sanciona la nueva constitución, acogiendo el Consejo Nacional de Delegatarios el texto preparado por Miguel Antonio Caro. En esta constitución el país pasa a llamarse República de Colombia, con un modelo de centralismo político que concentra en el presidente, y en la capital, el poder, el manejo y la administración de todo el territorio nacional y de los entes territoriales, en el principio de afianzar la unidad nacional y constituir una república unitaria. Se habla de libertad religiosa pero se entrega el país a la Iglesia Católica. El preámbulo de la constitución inicia con la frase “En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad...”, para finalmente consolidar el cogobierno de la Iglesia con la firma del Concordato(7) con la Santa Sede en 1887, durante el último periodo presidencial de Núñez (1886-1888). La firma del Concordato es el último acto de la vida pública de Núñez, quien después de esto se retira a pasar sus últimos años en su casa del barrio El Cabrero, en Cartagena en donde se refugia con su compañera hasta el final de sus días. Con su constitución habríamos de llegar hasta 1991.

1.2. Sociedad y finanzas

El país era eminentemente agrícola, pero también se realizaban actividades artesanales y ganaderas. El café definitivamente fue el producto que logró la presencia de Colombia en los mercados mundiales. Su proceso de exportación se inicia con la expansión del cultivo en las haciendas santandereanas hacia 1840, aprovechando, entre otras cosas, las relaciones de Cúcuta con Venezuela, país que era exportador del grano ya desde 1825. La expansión cafetera sigue en Cundinamarca, Tolima y Antioquia, a partir de los años 1870 y 1880 (8). El auge de la economía cafetera hace que la casi totalidad de colonos y agricultores se dediquen a ese producto, aunque ello implicara la sustitución de sus cultivos, que, en la generalidad de los casos, eran de los productos conocidos, como de pan coger. Se desarrolla así una clara tendencia en la economía nacional, a través de la cual “los precios excepcionales alcanzados por una serie de productos agrícolas constituían las señales por las que se guiaban los terratenientes para acomter desordenadamente su actividad sobre la base de las relaciones sociales existentes, modificándolas naturalmente en el curso frenético de las nuevas actividades”(9). Antes del café, la economía tuvo su motor en la exportación del tabaco, producto asentado inicialmente también en tierras santandereanas. Aunque el éxito exportador del tabaco llega hasta finales de los años setenta, cuando comparte escenario con el café, su punto más alto lo logra entre los años cincuenta y sesenta(10).

En este país rural las relaciones sociales se basaban en la servidumbre, base de la aparcería para explotar económicamente las tierras. Era un país feudal. Los dueños de las haciendas sometían a los trabajadores a extenuantes jornadas de trabajo, a abusos permanentes que incluían, además de vejámenes, la confiscación de sus salarios a través de los sistemas de multas y de la tienda de raya(11). En el primero de ellos, las multas desproporcionadas eran endosadas por el terrateniente a la municipalidad, con lo cual el finquero obtenía el doble efecto de mantener el ascendiente político en la comunidad según unas donaciones generosas al municipio, y de mantener la fuerza opresiva sobre sus trabajadores, pues estos se veían expuestos al cobro autoritario de las multas, que en últimas podía llevarlo a la cárcel. La tienda de raya era el almacén de la misma hacienda, que el hacendado creaba para obligar a sus trabajadores a comprar allí todos sus bienes, bienes que eran afectados con escandalosos sobreprecios y en onsecuencia menguaban ostensiblemente la capacidad de compra, llevando a los trabajadores a unas condiciones de vida denigrantes y casi infrahumanas(12).

El desarrollo exportador del país en el siglo XIX lo recoge Kalmanovitz en su obra aquí citada, dando crédito a que se refiere a una clasificación hecha por José Antonio Ocampo(13) y que refleja los siguientes grados de desarrollo:

a) Desde comienzos del siglo hasta 1850. Una fase de estancamiento caracterizada por la disminución de las exportaciones.

b) Desde 1850 hasta 1882. Una fase de crecimiento de todas las exportaciones, impulsada por las exportaciones de tabaco y de café hacia el final de esta etapa.

c) De 1882 a 1910. Una fase de estancamiento con profundas depresiones en los años ochenta y noventa y una leve expansión al final de estos últimos.

1.3. Banca

Con la Ley 39 de 1880 se crea el Banco Nacional, conocido como Banco Nacional de La Regeneración, al cual se le concede el monopolio de emitir papel moneda pagadero al portador. El primer banco del país se funda en 1870, el Banco de Bogotá. En 1875 se crea el Banco de Colombia, en 1877 el Banco Central Hipotecario y el Banco Popular de Bogotá, y así empieza una fiebre por el negocio bancario que llevó a que en el país se contara con 42 bancos en 1881, los cuales se habían reducido a catorce bancos, once años después y luego de una quiebra en cadena como tantas veces ha ocurrido en nuestra historia. De acuerdo con Jorge Child y Mario Arango (14), las razones para esta bancarrota nacional se encuentran, entre otras, en que el auge bancario no correspondía a un crecimiento real de la economía, en que el Banco Nacional emitió, sin respaldo, más dinero del que debía haber emitido y en que existió un rechazo público a que las emisiones del Banco Nacional fueran de “curso forzoso”, como lo había decretado Núñez en 186. En el marco de las relaciones sociales descritas anteriormente, era claro que las bonanzas que se presentaban en el país, como las registradas con ocasión del auge de las exportaciones del tabaco y del café, no trascendían a la comunidad en general. La gran masa de trabajadores no veía incrementado su poder de compra y en consecuencia no era parte activa de la economía. Eran tan miserables las condiciones laborales que hasta llegó a afectarse la reproducción de mano de obra, debido a las infecciones endémicas producidas por parásitos que atacaban a la población descalza y que se reproducían ante la ausencia de letrinas(15).

Pero no fue este el primer naufragio financiero del país ni sería el último. La primera quiebra financiera que reseña la historia colombiana es la de Judas Tadeo Landínez, audaz intermediario que se lanza a la aventura de la especulación financiera en 1839 y que funda la Compañía de Giro y Descuento, todo un banco, en 1841. Landínez capta dineros al doble de las tasas que eran normales en la época y con ellos se lanza a la compra a crédito de grandes haciendas productoras del país, de negocios de industria manufacturera, de minas, de establecimientos de comercio, de lotes, en fin, de todo cuanto pudiera adquirir, y hasta terminó fundando una compañía de seguros. Sus inversiones desordenadas llevaron los dineros a activos improductivos y a activos productivos que perdieron esa cualidad en la inoperancia de su acaparamiento, lo que unido a los desastres causados por una de nuestras tantas guerras civiles llevan a la población a la preferencia por el atesoramiento del oro. Así, deciden solicitarle a Landínez la evolución de sus dineros, pero este se encuentra totalmente ilíquido pues desde hace meses viene pagando los rendimientos con el producto de sus nuevas captaciones. Colapso total. Landínez termina en la cárcel, culpable de una quiebra de la que se dice que llegó a valer casi tres veces el presupuesto nacional de ese entonces(16). Hoy, 164 años después del affaire Landínez y a 113 del desastre financiero de la regeneración, hemos visto como estos episodios fueron solo el inicio de hechos que en el siglo XX veríamos nuevamente, de manera similar, con nombres como Grancolombiano, grupo Colombia, “los picas”, “las cosechas”, y otros tantos que de no ser tan dolorosos por la estela de miseria con que han regado a Colombia, serían parte de la picaresca criolla(17).

1.4. Contabilidad

La contabilidad en Colombia se encontraba regulada por el Código de Comercio (Terrestre), que había sido sancionado por el Estado de Panamá el 12 de octubre de 1869 y que había sido adoptado para toda la República de Colombia mediante la Ley 57 de 1887. En el libro 1º., título II, bajo el nombre de “Obligaciones de los Comerciantes”, capítulo 2 “De la Contabilidad Mercantil”, artículos 27 a 59, encontramos las prescripciones correspondientes a la contabilidad del comerciante, los libros que la conforman, la manera de llevarlos y su valor probatorio.

Para efectos de la contabilidad, los comerciantes se dividen en comerciantes al por mayor y al por menor. Dice el Código que el comerciante al por menor es aquel que “vende directamente a los consumidores” (art. 28, inc. 2º) y deja tácita la definición de comerciante al por mayor, la que se asume por oposición. Previamente, en el artículo 20, el Código ha consignado cuáles operaciones se reconocen como actos de comercio y ha expresado, en el artículo 23, que dicha enumeración es declaratoria y no limitativa y que los vacíos los dirimirán por analogía los tribunales de comercio.

El comerciante al por mayor estará obligado a tener su contabilidad en por lo menos cuatro libros, los cuales deberán estar “encuadernados, forrados y foliados” (art. 31). Las hojas de los libros estarán firmadas por el “juez de Comercio y su secretario” (art. 31), aclarando que, donde no hubiere tribunal de comercio, esta función la realizará el juez departamental o el del circuito con su respectivo secretario. Estos mismos funcionarios debían firmar, al final de cada año, la hoja del libro diario que contenía el último registro del año. En la primera hoja de cada libro, los funcionarios citados debían poner una nota fechada en la que constara el número total de hojas y el comerciante a quien pertenecía el libro.

Los cuatro libros de los comerciantes al por mayor (art. 27), son:

a) Libro diario;

b) Libro mayor o de cuentas corrientes;

c) Libro de inventarios y balances;

d) Libro copiador de cartas.

El libro copiador de cartas, que el código desarrolla en el capítulo 3º del mismo título, artículos 60 a 64, está concebido para que los comerciantes copien en él “íntegramente, a la letra y en el mismo idioma de los originales, todas las cartas que escriban sobre los negocios de su giro” (art. 60). Esas cartas deberán registrarse en orden cronológico, y en concomitancia el comerciante deberá legajar, también cronológicamente, todas las cartas que reciba en relación con sus negocios, anotando en cada una en qué fecha fue respondida, o si no hubo respuesta.

El libro diario es para registrar, también cronológicamente y día por día, “no solamente las operaciones mercantiles que ejecute el comerciante, sino también todas las que puedan influir de algún modo en el estado de su fortuna y de su crédito, expresando detalladamente el carácter, las circunstancias y los resultados de cada una de ellas” (art. 33), en una clara alusión al registro de las que conocemos como gastos personales. Por ello, el inciso segundo de este artículo expresa que “las cantidades destinadas a gastos domésticos serán asentadas en la fecha en que fueren extraídas de la caja”. Permite el Código que se omita todo el detalle en el asiento de las partidas en el libro diario, siempre y cuando el comerciante lleve un libro de caja y uno de facturas que permitan apreciar ese detalle de entradas y salidas de efectivo y mercaderías. Estos dos libros (caja y facturas) son libros auxiliares que la norma le permite al comerciante, amén de los otros auxiliares que quiera tener. Con una licencia literaria,el Código define a los libros auxiliares, diciendo que son los que el comerciante necesite “para facilitar la inteligencia de sus operaciones” (art. 28, inc. 2º).

Al libro mayor se trasladan todos los registros del libro diario “inclusos los referentes a gastos domésticos” (art. 35), abriéndose una cuenta para “cada persona u objeto particular” (art. 35).

El libro de inventario y balances tendrá al final de cada año un balance general de todos los negocios y una descripción exacta de todos los bienes y créditos del comerciante.

Los principios que rigen el registro de operaciones en los libros, son:

a) Deben estar escritos en el idioma del país;

b) No se puede alterar el orden o la fecha de las operaciones;

c) No se pueden dejar espacios en blanco;

d) No se pueden hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas;

e) No se pueden borrar los asientos, ni parcial ni totalmente;

f) No se pueden mutilar, ni arrancar hojas, ni alterar su orden.

El valor probatorio de los libros de contabilidad está dado en función de que se lleven todos los libros que exige el Código, de que estos se lleven en la debida forma y de que sean presentados cuando los exija la autoridad. En caso de incumplimiento de requisitos o de ocultamiento de libros, estos perderán el valor probatorio para el comerciante, quien “será juzgado por los asientos de los libros de su contendor, estando arreglados, sin que se le admita prueba en contrario” (art. 39, inc. 2º). Las multas derivadas de los libros de contabilidad se tasaban entre los cincuenta y los ochocientos pesos. Únicamente los jueces competentes para las causas de comercio podían solicitar el reconocimiento de los libros, pues les estaba prohibido a las demás autoridades decretar esa diligencia de oficio. La obligación de conservar libros se extendía hasta el momento en que se terminaba la liquidación de los negocios del comerciante.

El comerciante al por menor solamente estaba obligado a llevar dos libros de contabilidad (art. 28), así:

a) Libro de cuentas corrientes;

b) Libro de inventarios y balances.

En el de cuentas corrientes debía registrar sus operaciones diarias y en el de inventarios y balances debía constar su situación financiera “por lo menos cada dos años” (art. 28). Estos libros de los comerciantes al por menor no estaban sujetos a registro y firma ante jueces y secretarios ni a estar encuadernados, forrados y foliados, pero sí al requisito del idioma y a las prohibiciones antes señaladas, y el régimen de multas iba de cincuenta a trescientos pesos.

De este Código de Comercio (Terrestre) y de sus prescripciones sobre libros de contabilidad encontramos unas fuentes en la Corona Española. Son un antecedente sabido las “Ordenanzas de la Universidad, Casa de Contratación y Consulado de la Ciudad de San Sebastián de Bilbao”, más conocidas como Ordenanzas de Bilbao (1737). Estas constituían un ordenamiento técnico sobre la materia mercantil, y su aplicación constante se dio sin que ellas llegaran a tener fuerza obligatoria, en una viva expresión del derecho consuetudinario. El capítulo séptimo de estas ordenanzas consta de catorce numerales y en ellos trata sobre los libros de los comerciantes, los cuales divide en comerciantes al por mayor y al por menor. Dicen las ordenanzas, que “todo comerciante por mayor deberá tener cinco libros para su gobierno”, a saber:

1. Borrador jornal, o diario

2. Libro mayor

3. Asiento de cargazones o facturas

4. Copiador de cartas

5. Copiador de letras de cambio

El libro de borrador jornal o diario deberá estar “encuadernado, numerado y foliado” y debe contener una cuenta individual de todo lo que se entrega y recibe diariamente, cuenta que debe expresar “géneros, peso, medida, plazos y demás condiciones que sean del caso de la partida”. También “encuadernado, numerado, foliado y forrado” deberá estar el libro mayor, el cual adicionalmente debe tener un rótulo con el nombre y apellido del comerciante (mercader), con anotación del día, mes y año en que empiezan sus registros y un abecedario adjunto para la señalización de las cuentas. Las ordenanzas también definen los procedimientos a seguir para el traslado de las cuentas del libro diario al mayor.

El “libro de cargazones, recibo de géneros, facturas y remisiones” debía estar encuadernado en pergamino, y en él se debía registrar toda la mercancía comprada, remitida y vendida “con sus marcas, números, pesos, medidas y calidades”, consignando también en este libro si con la mercancía salida llegaba a ocurrir algún “accidente de naufragio”, caso en el cual se debían hacer las anotaciones pertinentes de tiempo, modo y lugar del suceso.

Los libros de copiador de cartas y copiador de letras de cambio debían estar encuadernados y en ellos se copiaban las cartas que enviaba el comerciante y las letras de cambio originadas en sus negocios. Las ordenanzas expresaban que todos los libros debían llevarse en debida forma, entendiendo por ello el no dejar hojas ni espacios en blanco, llevarlos con “aseo, esmero y limpieza” y no arrancar hojas. Las ordenanzas terminan previniendo que la doble contabilidad sería tratada como fraude y como tal se castigaría al comerciante que la lleve, doble contabilidad que se define “si constare que el tenedor de los libros que se han de exhibir, ha formado o forjado otros de nuevo”.

Los libros podían ser diligenciados por el mismo comerciante, pero estipulan las ordenanzas que, en caso de que el comerciante sea analfabeto, debía otorgar poder por escritura a otra persona para que los llevara y firmara en su nombre y lo representara en sus negocios; en este sentido dicen las ordenanzas que el mercader que no sepa leer ni escribir “estará obligado a tener sujeto inteligente, que le asista a cuidar del gobierno de los expresados cinco libros”.

En cuanto al comerciante al por menor(18), las ordenanzas lo obligan a llevar tan solo un libro de contabilidad, encuadernado y foliado(19), y en él únicamente registrará las operaciones de compra y venta de mercaderías “al fiado”. Es curioso el manejo de este libro, pues los registros no los hace el dueño de los libros, sino la persona a quien este le compra las mercaderías. El procedimiento contemplado dice que, una vez efectuada la compra, el comerciante al por menor debe dirigirse a donde el vendedor y llevarle su libro para que este “les ponga los asientos”. Y luego, para mayor seguridad, dicen las ordenanzas que el comerciante al por menor debía contratar un contador (“tercera persona de su confianza”) para verificar la correspondencia entre los asientos y las operaciones, labor que debía ocurrir dentro de los ocho días siguientes a la fecha del registro. Si esta auditoría no se realizaba quedaban prevaleciendo los libros del vendedor y a ellos quedaba sometido el comerciante al por menor por todas las bligaciones derivadas de esa transacción.

Otra fuente la encontramos en la Curia Philípica (Asturias, siglo XVII). También expresión del Derecho consuetudinario, y que constituye otro antecedente del Derecho mercantil. La Curia Philípica tiene un capítulo dedicado a los libros de los comerciantes, complementado con un capítulo para las cuentas. En el libro II que trata sobre el Comercio Terrestre, capítulo VIII - Libros, se expresa que los mercaderes deben llevar dos libros, uno llamado “manual o borrador”, y otro de caja (caxa) al que se llevan las cuentas del manual o borrador. El capítulo IX - Cuentas, del mismo libro, trata sobre la rendición de cuentas que deben hacer los administradores, y empieza diciendo que a ello están obligados, no solo por derecho humano, “sino también por derecho divino del Evangelio”. Se dice aquí que las cuentas del administrador debe prepararlas un contador y que para tal efecto cualquier persona puede serlo, “aunque sea menor de edad”. Dice la Curia Philípica que esta designación de una persona como contador es de obigatoria aceptación cuando se trata de cosas de la República, pero que está sujeta a aceptación de la persona si se trata de cuentas entre particulares. Después de nombrada la persona como contador, si es cosa pública, o después de su aceptación, si es cosa de particulares, el contador queda obligado a hacer su trabajo, so pena de pagar con dinero su negligencia, amén de ser puesto preso por el juez, a ración de hambre, hasta cuando haga el trabajo; y si, realizado el trabajo, se encuentran errores o falsedades, el contador debe reconocer los daños causados con sus propios recursos.

2. La contabilidad de José Asunción(20) 

El diario de contabilidad sobre el que se construye la biografía del poeta contiene los registros de sus operaciones mercantiles realizadas entre los meses de noviembre de 1891 y noviembre de 1893 —lo que supone, como acertadamente lo dijo Fernando Vallejo, que debe haber otros diarios de años anteriores, pues el que le facilitaron empieza con el registro 32—. A juzgar por las revelaciones de Vallejo, Silva era un comerciante al por mayor, pues aparte de su diario de contabilidad (libro prescrito en la época solo para esta clase de comerciantes), él llevaba un libro copiador de correspondencia, del cual dice, en una ocasión, que se extravió en manos de uno de sus acreedores y, en otra, que lo tienen los descendientes de otro, y un libro de caja (auxiliar) del cual, simplemente, dice que “no ha quedado”. Acerca de los libros mayor y de inventario y balances, Vallejo anota que ellos, simplemente, se perdieron.

A la muerte de su padre, Ricardo, en junio de 1887, cuando contaba con cincuenta años, José Asunción se pone al frente del negocio familiar, un almacén de artículos importados ya en crisis y al borde de la quiebra. El almacén se llamaba “R. Silva é Hijo” y en él vendía pianos alemanes, paños ingleses, vinos franceses, catres de bronce ingleses, porcelanas, ropa fina, perfumes, papel de colgadura, todo importado de las mejores casas de Europa. José Asunción se encontraba vinculado al negocio paterno desde los dieciocho años y conocía muy bien el estado de ellos, pues manejó el almacén en cada uno de los tres viajes que hizo su padre a Europa, lo que lleva a Vallejo a decir que el poeta heredó en vida la quiebra de su padre.

Productos tan sofisticados y mercancía tan fina no tenían en la Colombia de aquel tiempo el mercado necesario para su consumo. Los pianos se promocionaban como “más durables y más sonoros que todos los conocidos” y con razón se pregunta el autor por la venta de esos artículos en este “país salvaje”. En el libro diario no se pudo establecer cuántos pianos importó Silva y de ellos cuántos se vendieron. Lo que sí se pudo establecer es el estado de sus negocios, sus ventas y gastos, su patrimonio y la forma cómo logró sostenerse a pesar de lo estrepitoso de la quiebra y del mar de deudas en el que siempre nadó.

Se advierte en el diario de contabilidad del poeta la causa de su quiebra: las ventas de su almacén eran insuficientes frente a sus costos y gastos, una verdad de perogrullo. Pero a ella hay que adicionarle el monto de sus gastos personales, los que eran sufragados por la caja del negocio y debidamente contabilizados como tales. Y estos eran mayores que los propios de la actividad mercantil. Dice el novelista, que, promediando las operaciones asentadas en la contabilidad de Silva, se extraen los siguientes datos:

Ventas mensuales... $ 428,40

Gastos generales... $ 239,20

Gastos personales... $ 530,20

Nótese que en esta cita no aparece el valor correspondiente al costo de las mercancías vendidas, y que cualesquiera ejercicios que se hagan estimando valores de costos de venta no hacen más que elevar las pérdidas del negocio. También apreciamos allí la dimensión del valor de sus gastos personales, los cuales permanentemente fueron superiores al valor de sus ventas. Un negocio así manejado no tenía futuro. Ahora, si los ingresos por ventas (casi todas de contado, pues los registros de deudores eran mínimos) ni siquiera proveían el efectivo para cubrir los gastos del almacén y los personales (registrados por el sistema de caja), ¿de dónde obtenía el dinero para ello? Una consideración necesaria es que, hacia el final de sus días de comerciante, el poeta dejó de registrar algunos de sus gastos personales simplemente por que no los pagó y tal vez para distorsionar la radiografía de negocios que se leía en sus libros; así ocurrió con los gastos por arrendamiento de la casa en que vivía.

El dinero efectivo necesario que demandaba su vida lo obtenía Silva por la vía del endeudamiento, bien en calidad de préstamo recibido de sus amigos (claro, los enemigos no le prestaban dinero, aunque con el tiempo casi todos terminaran en esa condición), bien girando cheques sin fondos para cumplir con sus obligaciones. Esas transacciones eran minuciosamente registradas en la contabilidad del almacén, asignándole un código a cada uno de sus acreedores. Silva era “el rey del sablazo”. Y como la debacle era solo cuestión de tiempo y de paciencia de sus acreedores, el 6 de mayo de 1892 sucedió lo que tenia que suceder: su almacén es embargado. Dice el novelista que, junto con las llaves del establecimiento, el poeta entrega los libros de contabilidad del negocio, los cuales registraban un pasivo total por $ 208.975,61, un activo total por la misma suma, y en consecuencia su patrimonio era igual a cero. Malabarismos que haría Silva para que le diera igual, dice Vallejo. Pero era de esperarse que el poeta, hombreculto por excelencia, conociera muy bien la ecuación de Paciolo propuesta cuatro siglos atrás e incursionara sigilosamente en la contabilidad creativa. Por que revisadas (¿auditadas?) las cuentas por sus acreedores, el balance era el siguiente:

Activo total... $ 163.292

Pasivo total... $ 207.064

Patrimonio... ($ 43.772)

Resalta el novelista que, en este balance, “el activo estaba representado básicamente por mercancías, más cuentas chiquitas de lo que le debían a Silva unos clientes por ventas a crédito del almacén”, algo así como un activo de humo y espejos, como acertadamente lo describe Vallejo a renglón seguido. En aquel momento eran 44 los acreedores del poeta. Si consideramos que, en sus finales, el poeta no registraba los gastos no pagados, es claro que la suma adeudada fuera mayor y, posiblemente, también más los acreedores.

Revela el autor de la novela que el último asiento del diario de contabilidad de Silva corresponde al mes de noviembre de 1893 con el siguiente registro textual:

 

Aclara Vallejo que, en este registro, no había gastos del almacén por la sencilla razón de que el almacén ya no existía. Todo se le iba a Silva en gastos personales, pues la partida de Vicenta G. de Silva hace referencia a su señora madre, y Chantilly es el nombre de su casa de campo en remodelación que quedaba en Chapinero.

Este fracaso económico no hace sino ahondar la pésima condición en que se encontraba Silva. Un año antes, en enero de 1891, había fallecido su hermana dilecta, Elvira. El poeta decidió realizarle unas exequias fastuosas dignas de su amor por ella. La pena le hundió en una profunda depresión y sus tormentos se avivaban al tener que recaudar los dineros para pagar la factura que por $ 600,00 le pasaron por concepto de las honras fúnebres. La herida por la muerte de su hermana no se cerraría nunca. Su flujo de caja tampoco sanaría.

2.1. Del poeta y comerciante

Silva era un personaje de clase venido a menos que durante toda su vida vivió de las apariencias. Su origen le permitió permanecer en los altos círculos sociales de la capital y gozar de la amistad del estrato seis de la época a cuyo nivel pertenecían sus cuarenta y cuatro acreedores, aquellos que, en arranques no se sabe si de ambición o de generosidad, decidieron facilitarle efectivo al poeta y comerciante. Y es curioso cómo, con el paso del tiempo, van cayendo uno tras otro en los ardides del poeta, sin percatarse o sin dar importancia a su situación financiera. En la fría, cerrada y elitista sociedad santafereña de aquellos tiempos, es inconcebible que no se hayan filtrado comentarios sobre la vida aparente del poeta y su familia. Apellidos como Samper, Uribe, Villa, Durán, Vengoechea, Liévano, Umaña, Jimeno y otros que tradicionalmente han estado vinculados con la élite colombiana, desfilan por entre la lista de acreedores al lado de los bancos de Bogotá y Popular y de un conde italiano, junto con una “scursal de deudas” que tenía en el puerto de Honda.

Silva era un hombre encantador. Dueño de una clara inteligencia y un verbo arrollador, siempre encontraba la frase precisa para llamar la atención y conquistar el corazón de sus oidores, acallando así los rumores sobre su desgracia. Hábil con la palabra, ponía avisos clasificados en los periódicos en los que anunciaba la venta de finos artículos importados, logrando convencer a las gentes de que los negocios iban bien y que sus deudas no eran tantas, con lo cual conseguía que le continuaran prestando dinero. Como si fuese un honor el que Silva les debiera.

Algo más de cincuenta ejecuciones judiciales soportó Silva, y eso que al morir tenía cuarenta y cuatro acreedores registrados. Siempre apeló al recurso de contraer nuevas obligaciones para pagar aquellas que eran forzosas. Y no solo conseguía quien le prestara dinero, también lograba que sus encumbrados amigos le sirvieran de fiadores de sus obligaciones, y en uno y otro caso la única garantía que entregaba era la que una persona en sus condiciones puede dar: su aval. “José A. Silva, siempre su amigo y affmo. y s.s.”.

A otros les pagó con cartas. Literato que era él. Un formidable episodio de estos es la larguísima carta que le remite a uno de sus fiadores en la que descarga sus culpas por las deudas en que lo había involucrado. Ella inicia haciendo un recuento de su actividad mercantil desde cuando empieza a involucrarse en los negocios de su padre, en vida de este, y encuentra en ellos la costumbre de respaldar las obligaciones contraídas con la firma del destinatario de esa carta. A través de la extensa misiva se exonera de su gestión apelando a frases tales como “mi falta de mundo me hacía ver como un crimen casi esa mala situación de negocios en que yo no tenía responsabilidad ninguna”, “no encontré nada que hubiera cometido, ningún hecho que... revistiera el carácter de transgresión grave de la ley moral, que es lo que constituye el crimen, que castigan los jueces en nombre de la sociedad que los comisiona para castigarlo”, “he cedido a la necesidad de decir todo lo que había lastimado su proceder conmigo”, “usted daá prueba de grandeza de alma y de superioridad y de firmeza en sus creencias de cristiano, si dejando a un lado el desagrado producido por mi claridad y por mi franqueza,... se ocupa de la parte comercial de ella”. Y así, a lo largo de 103 páginas, Silva se despacha contra su fiador en un profuso discurso en el que prácticamente le hace ver que es su culpa por haberle fiado desde los tiempos de su padre y que en ese caso su obligación es pagar las deudas del poeta, el cual solo sería culpable, si acaso, de transgredir la ley moral. Pero ese daño moral se lo encima al fiador, pues había lastimado a Silva con sus permanentes actitudes de cobro y de negarse a pagar las deudas que le había respaldado.

Silva estaba quebrado. A otros de sus acreedores les pagó en especie, acomodándoles o un piano, o un paño, o una loción, o cualquier otro trebejo de su inventario. En esa situación consigue ser nombrado para un cargo diplomático en Venezuela (secretario de la legación colombiana). Dice Vallejo que a su regreso de Caracas el poeta trajo consigo las tres últimas posesiones de su vida: una profunda tristeza y frustración por la pérdida de casi toda su obra literaria en el naufragio del vapor Amerique en Bocas de Ceniza, un plan estructurado para montar una fábrica de baldosas y la firme idea de matarse.

Lo de la fábrica de baldosas era todo un cuento. En julio de 1895 solicita a través del Ministerio de Hacienda le sea otorgada una “patente de privilegio” para “fabricar, usar y vender piedra coloreada, mármol artificial y granito artificial, fabricados por un procedimiento de mi invención”. En diciembre del mismo año le conceden la patente por el término de veinte años. Con ella en mano, Silva consigue sumar a su ánimo industrial a siete personas prestantes que se le asocian para el desarrollo de tan prometedora empresa, y aportan ellos la suma de diez mil pesos para la realización del proyecto. Mártires, los llama el biógrafo quien no encuentra ningún rastro del mentado procedimiento. Cinco meses después se suicida José Asunción.

3. Contabilidad: ¿espejo de qué?

De manera semántica, la contabilidad es un sistema para llevar cuenta y razón de los negocios. A partir de esa definición, tratadistas contables han estructurado un concepto que, en términos generales, habla de identificar y medir la riqueza de un ente económico, su evolución y su estado en momentos determinados y su representación con destinación primaria para la toma de decisiones y con el fin de comunicarla a los diversos usuarios y a la comunidad en general, receptora final y fundamental de los aciertos y desaciertos de la gestión de negocios. Este concepto toma cuerpo en los estados financieros, para los cuales la comunidad contable internacional ha creado un “Marco Conceptual”(21), documento que define, entre otros, sus objetivos y características, la definición, reconocimiento y medición de sus elementos y los conceptos de capital y mantenimiento del capital.

Una de las características cualitativas de la información financiera allí enunciadas es la “fiabilidad” (nums. 31 a 38 y 46), la cual se predica cuando la información “está libre de error material y de sesgo o prejuicio, y los usuarios pueden confiar en que es la imagen fiel de lo que pretende representar, o de lo que puede esperarse razonablemente que represente” (num. 31). También, en el plano internacional, el sistema de registro e información contable está normalizado con las conocidas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), normas cuya adopción local es potestativa de cada territorio.

En Colombia, la regulación de la información contable la dicta el Estado, de tal manera que ella se encuentra plasmada en leyes y decretos y no en normas emanadas de cuerpos profesionales. Así, el marco conceptual de la contabilidad lo encontramos en el Decreto 2649 de 1993 “por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia”, los cuales se definen en el artículo 1º como “el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas”, expresando a renglón seguido que, basándose en esos principios, la contabilidad debe registrar e informar “en forma clara, completa y fidedigna”. De manera complementaria, entidades del poder ejecutivo que ejercen control y vigilancia por sectores de la economía (superintendencias) dictan normas contables que tienen carácter vinculante solo en su esfera de acción.

Pero las normas contables mencionadas poseen un ámbito de aplicación residual. Es verdad sabida en Colombia que la contabilidad se ajusta a los intereses de la norma tributaria, tal vez por aquello de que la autoridad tributaria es quien realmente ejerce control y vigilancia sobre todos los contribuyentes (comerciantes), sin distingos de naturaleza o actividad, función que realiza de la mano de un duro régimen sancionatorio. Así las cosas, decir que prevalecen las normas tributarias es un lugar común y una conclusión obvia para todos. Abrazados a la norma tributaria, en los libros de los comerciantes (contribuyentes) se hacen ciertos registros contables, como en los casos de las depreciaciones, las provisiones de cartera, los contratos de leasing y tantos otros en donde, con pretexto en la pobreza de la norma contable colombiana, se prefiere el sendero de la norma fiscal, pues finalmente, decimos, la autoridad tributaria sí ejerce esas funciones de control y vigilancia. Entonces, el astro rey de la contabilidd es el estatuto tributario y ante él se inclina hasta la propia norma contable cuando dice que “para fines fiscales, cuando se presente incompatibilidad entre las presentes disposiciones y las de carácter tributario prevalecerán estas últimas” (D.2649/93, art. 136, inc. 4º). Y así llegaron los ajustes por inflación al país, por la vía del tributo que los trajo para compensar fiscalmente lo que iba a dejar de recaudarse por el desmonte del impuesto al patrimonio. Y luego, habríamos de esperar a que los retiraran del ordenamiento tributario para buscarle la salida de la norma contable(22).

Contabilidad de base tributaria, reconoce un estudio del Banco Mundial(23) en el que se ventilan aspectos tales como las deficiencias de un modelo contable basado en normas tributarias; la ausencia, en la práctica, del cumplimiento de una profusión de estándares contables a los cuales se obedece pero no se cumple (43 conjuntos de estándares contables revela el estudio en el num. 24); el exceso de oferta de programas académicos de contaduría, la mayoría de ellos con bajos niveles de calidad; la ausencia de compromiso de la profesión contable con relación al estudio y generación de respuestas a estos problemas; la falta de estándares en materia de auditoría; la ausencia de control de calidad en el ejercicio profesional, y otros tópicos que desnudan nuestra situación en materia contable.

El ROSC también cuestiona la calidad de la auditoría en Colombia, a partir de lo que llama la “amenaza a la independencia de los auditores” (num. 39), y aunque no revela su origen es claro que ella se deriva de dos componentes básicos: la estructura de capital de las sociedades colombianas, por una parte, en las que prevalece la estructura de sociedades de familia y, por otra, la incapacidad de los auditores (y revisores fiscales) para mantener una actitud de independencia, hecho entendible si a la estructura de mercado anotada le agregamos los problemas de formación y sobrepoblación de contadores. Pero el problema de independencia de que habla el informe no es únicamente de los auditores ni solo de los auditores en Colombia. Veamos.

En el plano internacional, la última aventura corporativa (hasta hoy) de firmas de contadores la protagonizó una reconocida multinacional (24). La firma en cuestión realizó un acuerdo con la fiscalía de Estados Unidos en el que se comprometió a pagar la suma de US$ 456 millones, admitiendo la comisión del delito de fraude con la venta de refugios tributarios ilegales con los cuales logró para sus clientes una evasión de impuestos estimada en US$ 2.500 millones. La aceptación de cargos y el pago de la multa le evitaron ser acusada judicialmente (fueron acusados ocho de sus ejecutivos en USA), hecho que habría significado su desaparición. La sola posibilidad de acusar judicialmente a esta firma prendió las alarmas en la Comisión de Bolsa y Valores de USA, la que comenzó a estudiar medidas alternativas en caso de una eventual caída, las cuales incluyeron la posibilidad de relajar las previsiones sobre independencia de firmas auditoras y conflictos de interés contenidas en la Ley Sarbanes-Oxley.

Debido a las prácticas profesionales de Arthur Andersen LLP que condujeron a su desaparición y de las que se conocieron simultáneamente las realizadas en sus clientes Enron y WorldCom, se generalizó una actitud de pérdida de credibilidad en la información contable, posiblemente nacida del criterio (equivocado) de que, si así obraban los grandes contadores y auditores, qué se podía esperar de los demás. Una rápida mirada a las publicaciones de esos días nos lo confirma:

— “La credibilidad de la contabilidad ‘made in US’, que se jactaba de ser la más transparente y más rigurosa del mundo... está mancillada en forma duradera” (Portafolio, jul. 2/2002).

— “La mayoría de los auditores externos, rinden cuentas al presidente y al director financiero y a los ejecutivos, que pueden seleccionar la información que eligen presentar” (David Nygren en Portafolio, jul. 2/2002).

— “Los escándalos de las empresas en Estados Unidos se están volviendo costumbre y cada vez son más graves”. “La desconfianza se ha reflejado en las bolsas de valores”, “... les ha recordado un principio económico básico: si falta la confianza se esfuma la riqueza” (Revista Semana, Quiebra en Wall Street, jul. 1º/2002, pp. 38 a 40).

Esta pérdida de credibilidad en la información contable se atacó con normas. En territorio estadounidense se dictó la ley de gobierno corporativo Sarbanes-Oxley, conteniendo múltiples previsiones destinadas a recuperar la confianza pública en la contabilidad y los contables. Pero hemos visto que el problema no era de normas. Así lo confirma el episodio reciente de los refugios tributarios.

En este orden de ideas, la conclusión latente en el ROSC acerca de que la información financiera de las empresas en Colombia no refleja la situación de su emisor(25) debemos entenderla dentro del contexto de la individualización de un problema global; no se trata de normas ni de una contabilidad de base tributaria, pues esos son males menores. El criterio imperante en nuestro país es el que existe una práctica frecuente de procedimientos de contabilidad creativa, destinada a emitir información financiera que satisface la necesidad de ese emisor, y cuya génesis la encontramos en los siguientes pilares:

a) La conformación del capital en las sociedades colombianas. Aquí predominan las sociedades de familia y la concentración de capital. En este escenario, las relaciones de los contables (llámense empleados, asesores, auditores, revisores fiscales) con sus empleadores o contratantes, son desequilibradas(26).

b) La formación personal y profesional del contable. La baja calidad de la educación contable en Colombia la atribuye el ROSC a “la escasez de profesores idóneos de contaduría” (num. 21). Pero esos profesores también fueron formados en las aulas en las que ahora ofician como docentes, de tal manera que la educación que ahora se imparte no es más que el efecto que ha ocurrido desde cuando la contaduría es programa universitario. Cuando aún no se ha secado la tinta del diploma de contador, eventualmente el recién graduado salta la baranda y se transforma en profesor, evento en el cual lo poco que tiene para enseñar se encuentra en sus cuadernos. Nos hace falta entender el pensamiento de Russell, cuando expresa que el paradigma de la vida del hombre es la vida de Moisés, en la que se dedican los primeros cuarenta años de la vida para aprender, los segundos cuarenta para practicar y los últimos cuarenta para enseñar.

A los problemas de esta formación superior hay que agregar la falta de control de calidad sobre ellos que debe ejercer el Estado y los problemas culturales propios del entorno colombiano. La calidad en la formación se mide con unos exámenes de Estado y se regula con un proceso de acreditación. Los exámenes han perdido su capacidad evaluadora en la medida en que no califican a una institución universitaria en particular, sino que miden el nivel académico por regiones, obedeciendo a una distribución geográfica de las instituciones. El proceso de acreditación se diluye en manejos burocráticos en donde prima la apariencia (forma sobre esencia), y se esconde en la diseminación de programas a través de seccionales de cada universidad, de tal manera que, al ser acreditado un programa académico para cierta universidad, ella recibe la acreditación para todas las seccionales en que el programa se dicta.

En este aspecto cultural, finalmente, el medio colombiano no es el más propicio para generar una cultura contable hacia la representación fiel del ente económico. Una comunidad permeada por la corrupción(27) no puede pretender tanto.

Son estas dos de las bases sobre las que se forma el contable colombiano. Este escenario ha sido fecundo para la contabilidad creativa, la cual llegó hace muchos años a nuestro país para quedarse por muchas generaciones. Llama la atención, que, después de sesudos análisis de esta situación, se caiga en la trampa de decir que estas deformaciones se corrigen con la adopción de determinadas normas contables. Y peor aún, de pedir que dichas normas se instalen en virtud de decreto. Son las voces que se oyen. Que se revisen las normas contables ahora que viene una nueva reforma tributaria, dicen. Que se expida una ley sobre contabilidad y contadores, agregan. Que urge el decreto que adopte las NIIF por que llegó el TLC, consideran. Que se actualice el Decreto 2649 de 1993, opinan. Todas, sentencias en una misma dirección: que los aspectos contables se sigan dictando con leyes y decretos, para que los contadores no tengamos necesidad de hacer la tarea.

Finalmente, las anteriores peticiones han prosperado. Cursa ahora en la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 165 de 2007 “por el cual el Estado colombiano adopta las Normas Internacionales de Información Financiera para la presentación de sus informes contables”, proyecto de cuatro artículos, donde el primero de ellos adopta tales normas; el segundo encarga al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de garantizar su diseño e implementación; el tercero da como fechas límites de adopción los años 2010 y 2012, de acuerdo con si son, o no, pequeñas y medianas empresas, y el cuarto da la vigencia de la ley a partir de su publicación. La exposición de motivos entregada por los ponentes se estructura sobre la base de que la adopción de las NIIF es necesaria para “incentivar el intercambio comercial y fomentar la competitividad”, y que, por ende, se deben “crear esquemas monetarios, jurídicos, económicos, financieros y contables uniformes”, pasando a renglón seguido a citar el caso Enron que “ha puesto en videncia la importancia y la necesidad de tener una contabilidad fiable para los mercados de valores”(28), atributos que se desprenderían de la adopción de las NIIF.

Ante tamaño problema proponen la solución de “vender el sofá”. Pero el problema no es de normas, vistas la profusión de ellas, sino la falta de crédito en la información contable y las experiencias de otros países (USA) que han pretendido remediar la confianza con leyes, sin haberlo logrado. El problema es cultural. Muchas cosas han pasado desde los tiempos de José Asunción Silva en el mundo contable y de los negocios. La quiebra de la bolsa de valores de New York en 1929, el nacimiento de los principios de contabilidad generalmente aceptados, el fenómeno económico de la inflación, dos guerras mundiales, el surgimiento y desarrollo de estándares internacionales de contabilidad y auditoría, la contaduría como profesión liberal, la era del conocimiento y su apreciación como el activo más valioso de las organizaciones, por mencionar solo algunas. Pero la contabilidad creativa ha mantenido su presencia. También existía en la época de Silva, cosa fácil de deducir si recordamos los escándalos financieros de esos timpos y de los años previos a la vida del poeta. Y esa contabilidad creativa se ha desarrollado necesariamente por el factor humano. Y ese factor humano ha adaptado a los nuevos tiempos su respuesta frente a los desastres financieros y sociales ocasionados por su desbordante creatividad. Tan solo un par de años después de hacer su último asiento contable y cerrar sus libros por motivo de quiebra, el poeta se suicida, desenlace fatal que se percibe en la degeneración de sus negocios, tanto que le permite a Fernando Vallejo reconstruir su vida a partir de lo que muestran sus libros de contabilidad. En la contabilidad contemporánea no es posible construir una biografía a partir de unos registros contables. Ahora, luego de cerrar los libros por el fracaso de los negocios el comerciante, no se suicida...

El problema no es de normas. En tanto se mantengan las condiciones actuales de composición de mercados, distribución social y nivel cultural, seguiremos produciendo información financiera sesgada, cualesquiera que sean las normas vigentes.

Conclusión

La fiabilidad como característica de la información financiera es un hecho que trasciende el puro alcance de la práctica regular de una norma contable, pues la existencia de un estándar, por sí solo, no legitima la información emitida. La aplicación de un estándar es sensible a la integridad, los valores y la formación de los responsables de ese registro.

En todas las latitudes es usual encontrar propietarios con tendencia a revelar información y resultados de acuerdo con sus necesidades particulares, lo cual se exterioriza en la emisión de informes financieros ajustados a ciertas circunstancias. Esto solo es posible con el concurso de los profesionales contables que cedan a esas pretensiones.

Se requiere, entonces, de un trabajo profundo y de largo aliento en la formación de los contadores que empiece por depurar el sistema educativo, así sea necesario, con ello, sacrificar la proliferación de programas universitarios y de instituciones que los ofrecen. Pero este trabajo no puede adelantarse si no se logra un incremento sustancial en la calidad de vida de toda la comunidad, para lo cual a su vez se exige una imagen fiel de los entes económicos que responda a la esencia de su compromiso social. Una auténtica fórmula circular, que debe empezar a desatarse por el lado de la educación.

Bibliografía

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Pardo Rueda, R. (2004) La historia de las guerras. Bogotá: Javier Vergara Editor.

Vallejo, F. (2002) Almas en pena, chapolas negras. Una biografía de José Asunción Silva. Bogotá: Editorial Punto de Lectura.

(1) Por economía subterránea se entiende la formada por actividades que no registran dentro del curso legal de los negocios o que no reportan información estadística, independiente de si su actividad es legal o ilegal. Ello comprende actuaciones como la evasión de impuestos, que puede provenir de una actividad legal, y actuaciones ilegales como el lavado de dineros, el narcotráfico, el comercio de bienes robados, entre otras. Esta definición la elabora un estudio del Banco de la República preparado por Carlos Arango, Martha Misas y Enrique López y reseñado en UN Periódico del 24 de julio de 2005, p. 6.

(2) Kalmanovitz, Salomón. Economía y Nación. Bogotá: Siglo XXI editores, 1985, p. 114, 115.

(3) Ibíd, p. 115.

(4) Esta consigna la lanzó Núñez el día de la posesión del presidente Trujillo, el 1º de abril de 1878. En esa intervención sienta las bases de lo que sería su movimiento político, el que lo llevaría a su primera presidencia dos años después. Su nuevo ideario político se vería finalmente materializado en la Constitución de 1886.

(5) El periodo presidencial 1882-1884 fue ejercido por dos presidentes, Francisco Javier Zaldúa, quien resultó electo para gobernar ese periodo, y falleció el mismo año de su posesión, y José Eusebio Otálora, quien fue nombrado en su reemplazo. Ambos gobernaron con la divisa de los liberales independientes.

(6) Pardo Rueda, Rafael. La Historia de las Guerras. Bogotá: Vergara, 2004, p. 328.

(7) Los concordatos son convenios que pertenecen a la esfera del derecho internacional público, desarrollados para regular temas de común competencia entre los firmantes, que lo son un Estado reconocido y el órgano central de la Iglesia Católica en el mundo: la Santa Sede, con asiento en el Vaticano. En ellos se consignan temas como el reconocimientode la Iglesia Católica como única religión oficial, el reconocimiento de efectos civiles al matrimonio católico, el reconocimiento de fueros e inmunidades para los religiosos, el reconocimiento de exenciones tributarias para la Iglesia, entre otros.

(8) Kalmanovtiz, Salomón, op. cit. pp. 169 y ss.

(9) Ibíd, p. 170.

(10) Ibíd, p. 310.

(11) Ibíd, pp. 179 y 180.

(12) El sistema de almacén en donde obligatoriamente los trabajadores debían comprar sus enseres con altísimos sobreprecios también fue utilizado por las compañías multinacionales que se asentaron en el país. El mecanismo de coacción se basaba en el pago de los salarios con expresiones monetarias que eran propias de una determinada hacienda y que no tenían valor alguno fuera de sus cercas, o el pago con vales que únicamente podían hacerse efectivos en el almacén de la compañía, en el caso de las multinacionales. Este sistema perduró hasta 1928, cuando se traduce en uno de los detonantes del episodio conocido como “la masacre de las bananeras”. En ese año, una huelga declarada por los trabajadores de la United Fruit Company en la zona bananera fue salvajemente aplastada por el Ejército Nacional. Un vergonzoso baño de sangre magistralmente recreado en “Cien años de soledad”.

(13) Kalmanovitz, Salomón, op. cit., pp. 174 y 175.

(14) Child, J. y Arango, M. Bancarrotas y Crisis. Bogotá: Biblioteca El Espectador, 1984, pp. 49 y ss.

(15) Kalmanovitz, Salomón, op. cit, p. 181.

(16) Child, J. y Arango, M., op. cit. pp. 19 y ss.

(17) Son frecuentes los episodios en donde avispados personajes logran amasar su riqueza mediante captaciones masivas de dinero para las que ofrecen como señuelo unas elevadas tasas de interés, amén de beneficios paralelos como la evasión de impuestos. Siempre se trata de financiar negocios estrafalarios, y el incauto inversionista potencial es un predestinado, a quien se le pide sigilo para no tener que compartir con otros la gloria prometida. A veces ocultos en intermediarias financieras de papel, la mecánica es usualmente la misma y, cometida la estafa, terminan pagando intereses con nuevas captaciones hasta el estallido final. Un reciente escándalo de estos es el ocurrido en Maracaibo (Venezuela), conocido con el nombre de “la vuelta”. Allí, se buscaron inversionistas de capital a quienes se les ofreció un interés mensual del 20% (casi tres veces la tasa anual bancaria), para un supuesto negocio de factoring. Este consistía en comprar de contado a los proveedores de Pdvsa (la estatal petrolera) sus facturs no pagadas por esa empresa debido a órdenes superiores de congelación de pagos. Las facturas se compraban por valores que oscilaban entre el 30% y el 60% de su monto y luego los compradores, con conexiones dentro de la empresa, lograban su pronto pago en dólares y así pagaban intereses y continuaba el ciclo. Hasta cuando vino otra orden presidencial de no pagar mas facturas en dólares (El Tiempo, 28 de agosto de 2005, pp. 1-11).

(18) Las Ordenanzas de Bilbao no definen quiénes son comerciantes al por mayor y quiénes al por menor ni establecen parámetros para señalarlos.

(19) En defecto de este libro, los comerciantes al por menor podían llevar lo que las ordenanzas denominan un “cuaderno menor”, el cual podía no estar encuadernado, pero sí foliado.

(20) Este capítulo se basa totalmente en la novela Almas en pena, chapolas negras del autor colombiano Fernando Vallejo, radicado en México. Como se dijo en la introducción de este trabajo, Vallejo escribe esta biografía de José Asunción Silva a partir de un diario de contabilidad del poeta y comerciante que le facilitó la familia de Silva.

(21) IASC, Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros.

(22) El sistema de ajustes integrales por inflación para efectos fiscales, que se encontraba en el libro I, título V del estatuto tributario colombiano, artículos 329 a 355, fue derogado por medio del artículo 78 de la Ley 1111 de 2006, de reforma tributaria. Posteriormente, mediante el Decreto 1536 del 7 de mayo del 2007 se desmontó el sistema de ajustes por inflación de la norma contable.

(23) Informe sobre el cumplimiento de normas y códigos (ROSC, por sus iniciales en inglés), componente de contabilidad y auditoría preparado entre abril y mayo del 2003 por iniciativa conjunta del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

(24) Los aspectos comentados aquí sobre este caso son un resumen de publicaciones realizadas por el diario El Tiempo, los días 27/06/2005, 29/08/2005 (pp. 1-15) y 30/08/05 (pp. 1-12).

(25) Los cuestionamientos acerca de la calidad de la información financiera en Colombia son de vieja data. Se puede decir que existe un criterio generalizado sobre que dicha información no refleja fielmente la situación de la empresa y no es confiable ni veraz. Hace algunos años, una encuesta realizada por la firma Napoleón Franco entre 103 contadores reveló hechos como que “según los contadores, solo en el 10% de los casos los estados financieros reflejan fielmente la situación económica de las compañías”, que la información se altera para mostrar menores utilidades y pagar menos impuestos o para robustecer su situación por encima de lo real y acceder a ciertas operaciones crediticias (El Tiempo, mar. 3/2002, pp.2-6 y 2-7, Balances vemos...).

(26) En la encuesta citada en la nota anterior los contadores evaluados revelan que “generalmente, quienes solicitan ocultar la verdad en los balances son los dueños de la empresa y/o los gerentes generales”. La encuesta muestra que las desviaciones más frecuentes en los estados financieros son las que tienden a mostrar menos utilidades, mostrar más liquidez, mostrar menos endeudamiento, mostrar menos pérdidas, mostrar más capital de trabajo y mostrar más capacidad de pago.

(27) La organización Transparency International prepara anualmente un mapa mundial de la corrupción, la cual es medida mediante el indicador denominado Índice de Percepción de la Corrupción. Este indicador tiene una calificación entre 0 y 10, donde 0 señala los niveles más elevados de corrupción percibida y 10 los niveles más bajos de corrupción percibida. Para el año 2006, Colombia aparece en el puesto 59 con un IPC igual a 3,9. En el primer lugar de la lista están Finlandia, Islandia y Nueva Zelanda con un IPC de 9,6, y en el último lugar, en el puesto 163, está Haití con un IPC de 1,8. Documento disponible en www.doingbussines.org y en www.transparencia.org.es

(28) Exposición de motivos al Proyecto de Ley 165 de 2007 Cámara, preparada por los representantes Simón Gaviria Muñoz y David Luna Sánchez.