Contratación a través de empresas de servicios temporales

Revista Nº 112 Jul.-Ago. 2002

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Gerardo Arenas Monsalve 

Abogado laboralista. 

Consultor y profesor universitario 

Las Empresas de Servicios Temporales (EST) constituyen una modalidad de trabajo en la que no existe vínculo laboral directo entre quien se beneficia del trabajo y la persona que lo realiza, sino que se trata de un vínculo laboral indirecto: existe un vínculo laboral, con todos los derechos para el trabajador, pero con una empresa especializada en esa actividad y bajo un marco legal específico que está contenido en la Ley 50 de 1990 (arts. 71 a 94) y el Decreto 24 de 1998, modificado por el Decreto 503 del mismo año.

En la regulación de las EST es preciso ver, en consecuencia, una relación triangular en cuanto a los vínculos jurídicos:

Entre la EST y la empresa usuaria, hay un contrato de prestación de servicios. Ese contrato tiene reglas específicas sobre las obligaciones laborales que asume la EST. Los usuarios sólo pueden contratarlas en labores ocasionales, por reemplazos de personal o para atender incrementos de la actividad respectiva de la usuaria “por un término de seis (6) meses” prorrogable por otro tanto.

Entre la EST y el trabajador hay un contrato de trabajo. Ese contrato somete a los trabajadores en misión de la EST a toda la normatividad laboral del Código Sustantivo del Trabajo.

Entre la empresa usuaria y el trabajador hay un vínculo que no constituye contrato pero origina algunos derechos. Entre la usuaria y el trabajador temporal no hay contrato alguno, pero de hecho, ésta labora en las dependencias, en las condiciones y bajo las órdenes de la usuaria, lo que le confiere algunos derechos tales como el de igualdad salarial con los trabajadores de la usuaria, así como los beneficios de transporte, alimentación y recreación de la usuaria, e importantes derechos en salud ocupacional.

Desde antes de la Ley 50 de 1990, la Corte Suprema de Justicia precisó que las EST son “verdaderos patronos” de los trabajadores en misión (Sent. oct. 29/86). Y en vigencia de la regulación actual, la misma Corte ha reiterado el carácter de empleador de la EST, y que la empresa usuaria ejerce la potestad de subordinación frente a los trabajadores en misión, pero no por derecho propio sino en virtud de delegación o representación de la EST. (Sent. abril 24/97).

En este fallo, la Corte Suprema sintetiza su jurisprudencia sobre las EST y señala que la ausencia de responsabilidad laboral de la empresa usuaria “supone que la EST funcione lícitamente... pues de lo contrario la EST irregular sólo podría catalogarse como un empleador aparente y un verdadero intermediario que oculta su calidad, en los términos del artículo 35-2 del CST”. También dijo la Corte que el usuario puede volverse responsable exclusivo frente al trabajador en misión, cuando “acuerda con éste actividades paralelas ajenas totalmente a las propias del encargo a que se comprometió la EST”.

Un pronunciamiento reciente de la Corte Constitucional parece marcar tendencias en la jurisprudencia con respecto de la contratación a través de EST. En la Sentencia T-1101 de 2001, la Corte estudió en revisión el caso de una trabajadora contratada por una EST para realizar labores en la usuaria, y a la cual le fue terminado el contrato por finalización de la obra o labor, habiendo notificado su estado de embarazo y sin que la EST hubiera solicitado permiso administrativo. Se estableció además que la usuaria había contratado los servicios de la temporal implicada en el caso y de otras EST para atender incrementos de producción por períodos de tiempo superiores a los legales. Las tesis más importantes de esta sentencia son las siguientes:

La Corte Constitucional reitera su jurisprudencia sobre la “estabilidad laboral reforzada” de la trabajadora embarazada. Como consecuencia, “se restringe la autonomía de la voluntad contractual entre el empleador y su trabajadora”, por lo cual aun la terminación del contrato por extinción del plazo fijo pactado resulta contraria a la Constitución, de modo que la tutela para obtener el reintegro procede como mecanismo transitorio de protección.

Destaca que esta protección procede “cualquiera que sea el tipo de contrato que da origen a la relación laboral, incluida la modalidad de contrato de servicios temporales”. En el caso concreto encuentra que no hubo los “incrementos de producción” que se alegaron, ni tampoco que la terminación del contrato de trabajo haya sido por la finalización de la labor, y concluye que “la razón de la terminación del contrato con la actora fue su embarazo”.

La Corte fija un criterio importante: cuando la irregularidad de la contratación de servicios temporales y la vulneración de derechos es tan evidente, “se desvirtúa el carácter de trabajo temporal y las prerrogativas de ese tipo de contratos”. Por eso concedió la tutela ordenando el reintegro de la trabajadora al lugar de trabajo en la empresa usuaria “si su solicitud de trabajadores temporales sigue vigente”, o en cualquiera de las empresas clientes de la EST “que desarrollen actividades en el mismo sector de producción” de la usuaria.

Finalmente la Corte cuestiona la realidad del trabajo a través de EST en Colombia y en particular las siguientes prácticas frecuentes e ilegales: la subrogación sin restricciones entre empresas temporales para eludir el límite legal a la contratación; la contratación de temporales para actividades que no son temporales sino necesarias y propias de la producción de las usuarias; y la ausencia de efectivos controles administrativos del Ministerio de Trabajo, por lo cual le ordenó que en un plazo de seis meses (que ya trascurrieron), establezca un programa que garantice efectivamente los derechos de los trabajadores temporales e imponga correctivos y controles a las EST.

Como puede observarse, esta sentencia llama la atención sobre la problemática del empleo a través de las EST, lo que debe reforzar la vigilancia y control por parte del ministerio. Y destaca que la actividad de las EST tiene unas importantes ventajas legales, que están condicionadas al respeto estricto al marco legal de su actividad, de modo que si hay excesos o desconocimientos de ese marco legal, tales ventajas desaparecen y habrá responsabilidades directas de la empresa usuaria con los trabajadores temporales. Esta reciente conclusión de la Corte Constitucional ya había sido señalada por la Corte Suprema de Justicia desde la sentencia de 1997 comentada atrás.

El mensaje final de la jurisprudencia es claro: para contratar a través de las EST hay que respetar al máximo las restricciones y controles de su normatividad; de lo contrario, habrá consecuencias laborales para las empresas usuarias.

Sentencia T-1101, 18 de octubre de 2001. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.