Contribución de los contratos de obra pública, concesión de obra pública y otras concesiones

Revista Nº 140 Mar.-Abr. 2007

Álvaro Camacho Montoya 

1. Concepto del gravamen.

Es un tributo que grava, en esencia, a los contratos de obra pública, concesión de obra pública y otras concesiones, suscritos por personas naturales o jurídicas con ciertas entidades de derecho público (que pueden ser del orden nacional, departamental o municipal).

Son contratos de obra, en síntesis, los que tienen como objeto la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles; los de concesión son los que tienen por finalidad otorgar a un concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación, total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público(1).

Siguiendo el orden de la redacción del artículo 6º de la Ley 1106 de fecha 22 de diciembre del 2006 se destacan los siguientes aspectos:

Cuando el contrato es de obra pública, la tarifa es del 5% del valor del contrato o su adición.

Si el contrato es de concesión de construcción, mantenimiento y operaciones de vías de comunicación terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales, se pagará con destino a los fondos de seguridad y convivencia de la entidad contratante una contribución del 2,5 por mil del valor total del recaudo bruto que genere la respectiva concesión. Según el texto legal, la contribución solo aplicará a las concesiones que se otorguen o suscriban a partir de la vigencia de la Ley 1106.

De forma muy interesante la ley también dispone que la contribución se causará al 3% sobre “aquellas concesiones que otorguen las entidades territoriales con el propósito de ceder el recaudo de sus impuestos o contribuciones”(2).

El gravamen en comento tiene como finalidad la seguridad ciudadana y la preservación del orden público.

La contribución tuvo su origen en el artículo 123 de la Ley 104 de 1993(3) e inicialmente era un tributo temporal (solo por dos años(4)), pero desde entonces se ha prorrogado su vigencia en varias ocasiones. El artículo 37 de la Ley 782 del 2002 fue modificado por el artículo 6º de la Ley 1106 de 22 de diciembre del 2006, que es la versión vigente hoy en día y lo será por los próximos 4 años(5).

El artículo 120 de la Ley 418 de 1997 preceptuaba que la contribución recaía únicamente sobre “todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública para la construcción y mantenimiento de vías”. Con la Ley 782 del 2002, la contribución se extendió a los contratos de obra pública para la construcción y mantenimiento de vías de comunicación terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales. Ahora, con la reciente Ley 1106 del 2006 (art. 6º), la contribución amplió aún más su cobertura: a todos los contratos de obra pública, concesión de obra pública y otras concesiones.

2. Elementos del gravamen

2.1. Sujetos pasivos

Según el artículo 6º de la Ley 1106, los sujetos pasivos son las personas naturales y jurídicas que suscriban los contratos allí señalados. La doctrina oficial, refiriéndose a la norma antecesora del artículo 6º —es decir, al artículo 37 de la Ley 782 del 2002—, planteó un criterio que, en nuestra opinión, se mantendría vigente hoy en día: “... son sujetos pasivos de la contribución sobre contratos de obra pública todas las personas naturales o jurídicas que suscriban los contratos allí señalados, sin especificar la naturaleza de entidad pública o privada del contratista. Así lo determinó esta dirección mediante Concepto 578 del 5 de febrero del 2002...”(6).

En relación con la figura de los consorcios y uniones temporales, dispuso la ley en comento:

“ART. 6º, PAR. 2º—Los socios, copartícipes y asociados de los consorcios y uniones temporales, que celebren los contratos a que se refiere el inciso anterior, responderán solidariamente por el pago de la contribución del cinco por ciento (5%), a prorrata de sus aportes o de su participación”.

2.2. Bases gravables y tarifas

En un primer caso, la base gravable de la contribución es el valor total del correspondiente contrato de obra pública o de la respectiva adición, y la tarifa es del cinco por ciento (5%).

Si el contrato es de concesión de construcción, mantenimiento y operaciones de vías de comunicación terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales, se pagará con destino a los fondos de seguridad y convivencia de la entidad contratante una contribución del 2,5 por mil del valor total del recaudo bruto que genere la respectiva concesión.

La contribución solo aplicará a las concesiones que se otorguen o suscriban a partir de la fecha de vigencia de la Ley 1106 del 2006.

La nueva ley también dispuso que la contribución se causará al tres por ciento (3%) sobre “aquellas concesiones que otorguen las entidades territoriales con el propósito de ceder el recaudo de sus impuestos o contribuciones”.

3. Destinación de los recursos

Los dineros recaudados tienen por finalidad la seguridad ciudadana y la preservación del orden público(7).

La estructura de la organización y el funcionamiento del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y de los fondos de seguridad de las entidades territoriales fueron regulados por el gobierno a través del Decreto 2170 de julio 7 del 2004.

En relación con los contratos de adición, la Corte Constitucional señaló en su momento:

“... Es claro que, cuando de adiciones contractuales se trata, el valor del gravamen (5%) está calculado sobre el monto de la respectiva adición y no del contrato, a no ser que este también sea nuevo, y que solo tiene cabida respecto de las adiciones pactadas después de haber entrado en vigencia la norma correspondiente, que en este caso concreto no es la Ley 418 de 1997 sino la disposición que por primera vez consagró el tributo en términos que ahora, en dicha ley, han sido reproducidos”(7).

(1) Ley 80 de octubre 28 de 1993 – ART. 32.—nums. 1º y 4º – 1. Contrato de obra.

(2) Ley 1106 de 22 de diciembre del 2006 – ART. 6º.

(3) Ley 104 de 30 de diciembre de 1993.

(4) Término de vigencia contenido en el artículo 134 de la Ley 104 de 1993.

(5) Ley 1106 de 22 de diciembre del 2006 – ART. 7º.

(6) Concepto DAF 020898-05 del 22 de julio del 2005.

(7) El artículo 1º de la Ley 1106 del 2006 prorrogó la vigencia del artículo 38 de la Ley 782 del 2002.