Contribución del servicio de alumbrado público

Revista Nº 190 Jul.-Ago. 2015

Humberto Aníbal Restrepo Vélez 

Abogado tributarista 

El centenario impuesto sobre el servicio de alumbrado público cobrado por las entidades distritales y municipales ha sido sustituido por una contribución especial con destinación específica para buscar la financiación de la prestación de este servicio.

La novedad está consagrada en el artículo 191 de la Ley 1753 del 2015 que al expedir el plan nacional de desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, se ocupa de una dispersa variedad de temas, entre los que no podía faltar la materia impositiva.

La autorización a los concejos distritales y municipales para el recaudo del impuesto sobre el servicio de alumbrado público, fue conferida desde principios del siglo pasado, en virtud del literal d) del artículo 1º de la ley 97 de 1913 para la ciudad de Bogotá —extensivo a los demás municipios por mandato del artículo 1º de la Ley 85 de 1915—, sobre la base de entender el alumbrado público como “… el servicio público no domiciliario que se presta con el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público y demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de un municipio o distrito”, según las voces del artículo 2º del Decreto 2424 del 2006, excluyendo claro está, la iluminación de las zonas comunes en las unidades inmobiliarias cerradas o en los edificios o conjuntos residenciales, comerciales o mixtos, sometidos al régimen de propiedad respectivo, y la iluminación de carreteras que no estén a cargo del distrito o municipio.

Ahora el alumbrado público es considerado como un servicio público esencial, regido por los artículos 56 y 365 de la Constitución Política, cuya prestación —inherente al servicio público de energía eléctrica— deberá ser reglamentada por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía.

La nueva contribución se establece con la finalidad de que los municipios o distritos que tienen a su cargo la prestación del servicio de alumbrado público, recuperen los costos y gastos eficientes de todas las actividades asociadas a su prestación, determinados de conformidad con la metodología que establezca el Ministerio de Minas y Energía o la autoridad que delegue, para efecto de imponer los criterios técnicos que se van a considerar por parte de los respectivos concejos distritales o municipales para realizar la distribución del costo a recuperar entre la totalidad de los sujetos pasivos.

No obstante esta facultad para regular la materia, la norma condiciona la determinación de la metodología al cumplimiento de los principios de cobertura, calidad, eficiencia energética y económica, homogeneidad y suficiencia financiera —definidos en la propia disposición—, e incluso fija como parámetro para la liquidación de la contribución, el hecho de que si el sujeto pasivo es un usuario de energía eléctrica se deberá considerar el volumen de energía consumida, mientras que para los otros sujetos pasivos es menester tener en cuenta los elementos del avalúo catastral del predio y el área de influencia del servicio de alumbrado público, sin que en ningún caso el valor de la contribución supere el valor máximo que se determine con base en los criterios de distribución.

Todo ello atendiendo a que son sujetos pasivos de la contribución, no solo quienes realicen consumos de energía eléctrica —bien sea como usuarios del servicio público domiciliario de energía eléctrica o como autogeneradores— sino, en caso de que no se realicen estos consumos, los propietarios de los predios y demás sujetos pasivos del impuesto predial que se encuentren dentro de la jurisdicción del respectivo distrito o municipio, lo que a juicio del legislador encuentra justificación al tener en cuenta criterios de equidad y progresividad, como lo ordena el artículo 363 de la Constitución Política.

Por disposición expresa de la norma, serán entonces los alcaldes —y no los concejos distritales y municipales— quienes definirán los procedimientos de recaudo, entre otros, a través de facturación, bien sea la propia del respectivo distrito o municipio, o la de las empresas de servicios públicos domiciliarios de su jurisdicción, aunque se mantiene la autonomía territorial para optar por el no cobro de la prestación del servicio de alumbrado público.

Hay que advertir que la sustitución del impuesto por la contribución solo operará desde el mes de junio del año 2016, mientras que las entidades territoriales que hayan regulado el cobro del impuesto sobre el servicio de alumbrado público adoptan la nueva contribución especial conforme las reglas establecidas, e incluso, para dar tiempo a los distritos o municipios que en la actualidad tienen incorporado en el impuesto sobre el servicio de alumbrado público la actividad de semaforización, en procura de que puedan establecer la fuente con la cual se financiarán los costos y gastos asociados a la misma (L. 1753/2015, art. 191, par. trans.).