Cónyuges y compañeros permanentes frente al impuesto sobre la renta

Revista Nº 132 Nov.-Dic. 2005

Se amplía la cobertura de los beneficios tributarios. 

John Alirio Pinzón Pinzón 

Contador y abogado tributarista 

Consejo de Estado 

1. Introducción.

Con la adopción por parte de la Corte Constitucional de la Sentencia C875 del 2005(1), se revive el tema de la tributación de las personas naturales que tienen la calidad de cónyuges o compañeros permanentes, en lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta y complementarios, destacando de aquella providencia la decisión de extender el tratamiento tributario previsto en el Estatuto Tributario para los primeros a quienes conviven bajo la sociedad patrimonial entre compañeros de que trata la Ley 54 de 1990, para lo cual no existe regulación legal sobre el tema. Además de lo anterior, en este escrito se hará un análisis de los aspectos específicos del imporrenta para los citados contribuyentes conforme a la ley tributaria nacional, incluyendo la Ley 986 del 2005 sobre medidas de protección a las víctimas del secuestro.

2. Concepto de cónyuges y compañeros permanentes

2.1. Antes de entrar en el estudio tributario, es pertinente hacer una aproximación al concepto de cada uno de ellos. Así pues, por cónyuge debe entenderse el marido y la mujer, es decir, las personas que conforme al artículo 42 de la Carta, han decidido conformar una familia por vínculos jurídicos (matrimonio). Ahora bien, en virtud de la libertad de cultos consagrada en el artículo 19 de la Constitución, en caso de que ese matrimonio se realice por el rito religioso, el Estado colombiano ha garantizado dicha libertad(2), la cual conlleva “autonomía jurídica e inmunidad de coacción” para ejecutar, entre otros, el derecho “de contraer y celebrar matrimonio y establecer una familia conforme a su religión y a las normas propias de la correspondiente iglesia o confesión religiosa”. Pero para aquellas personas que decidan realizar el matrimonio mediante alguna de las entidades religiosas cristianas no católicas, el Decreto 354 de 1998(3) prevé todos los formalismos y requisitos para ello, reconociendo los efectos civiles para los celebrados a partir del mismo.

2.2. Respecto de los compañeros permanentes, es decir, aquellas parejas que conviven sin estar casados, el artículo 1º de la Ley 54 de 1990(4) se refiere al tema así: “A partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente, el hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho”.

3. Alcance de la Sentencia 875 del 2005

La Corte Constitucional en la sentencia referida, extendió el tratamiento previsto en los artículos 8º, 1081, 238 y 387 del Estatuto Tributario a los compañeros y compañeras permanentes, como protección a los derechos de igualdad y de la institución familiar al considerar que “... Así las cosas, las disposiciones demandadas vulneran flagrantemente los artículos 13 y 42 de la Constitución Política, que ordenan al legislador conferir un mismo trato a la familia, independientemente de que su constitución se formalice a través de vínculos naturales o jurídicos, pues les niega a los compañeros permanentes el acceso a los beneficios o privilegios que se otorgan a los cónyuges en las normas tributarias demandadas, sin que exista una justificación razonable que le sirva de soporte a dicha distinción, más allá de la existencia de un vínculo solemne al que se alude como fuente de la relación familiar”.

4. Tributación en el impuesto básico de renta

4.1. Renta gravable y patrimonio

En el impuesto básico de renta, conforme al artículo 8º del Estatuto Tributario, cada uno de los cónyuges son sujetos pasivos “en cuanto a sus correspondientes bienes y rentas”, esto es, que para efectos de cumplir con sus deberes tributarios, cada uno de los cónyuges, en su calidad de contribuyentes del impuesto (E.T., art. 5º, num. 1º), deben establecer el monto de sus ingresos, costos, deducciones y, por supuesto, su renta gravable, así como el monto de sus bienes y deudas por cada año gravable. Los ingresos, costos y deducciones serán aquellos efectivamente recibidos o pagados (realización) o causados de acuerdo al tipo de actividad que individualmente cada uno realice. Por su parte, los bienes (activos) que deberán ser declarados en caso de tener dicha obligación serán aquellos que a 31 de diciembre de cada año, aparezcan a nombre de cada uno, en su calidad de propietario o usufructuario, conforme a la presunción de posesión del artículo 263 del Estatuto Tributario, independientemente de que los mismos hagan parte del haber social de los cónyuges. Igual manejo deberá darse a las deudas (pasivos) a cargo de cada uno de ellos, a 31 de diciembre. La DIAN ha avalado este criterio en múltiples conceptos sobre el particular(5). Una situación que puede presentarse es que uno de los cónyuges abandone a su pareja y decida convivir con otra persona, evento en el cual el citado cónyuge debe incluir en su declaración de renta, los bienes que al terminar el año estén a nombre suyo, esto es, los adquiridos antes y durante su matrimonio, así como los adquiridos en su unión marital de hecho, sea de manera individual o en forma conjunta. Por lo tanto, a partir del 24 de agosto del 2005, no queda duda de que los compañeros permanentes organizados mediante la sociedad patrimonial de la Ley 54 de 1990, adicionada por la Ley 979 del 2005, deben declarar en caso de estar obligados, en la misma forma que lo hacen las personas (hombre y mujer) unidas mediante matrimonio.

4.2. Bienes y rentas en forma conjunta

Pero, ¿qué sucede cuando esos cónyuges o compañeros permanentes poseen bienes a 31 de diciembre en forma conjunta, esto es, a nombre de ambos? Para esos casos de muy frecuente ocurrencia, y ante el vacío normativo, la DIAN ha dicho(6) que los mismos deberán determinarse y declararse en caso de superar las cuantías mínimas de cada año(7), por un 50% del costo fiscal, a menos que se diga otra cosa en el documento que ampare dicha adquisición (escritura pública, traspaso de vehículos, factura, etc.). Igual tratamiento se tendrá para los ingresos recibidos o causados y para las deudas contraídas o causadas, dependiendo de la calidad o no de comerciantes que tenga cada uno de ellos en el respectivo año gravable.

4.3. Usufructo de los padres y patria potestad

Pero resulta que los cónyuges, en caso de ser padres, ejercen sobre sus hijos no emancipados (hijos de familia) la patria potestad(8), de acuerdo con el artículo 288 del Código Civil. Igualmente, prevé la legislación civil que tanto el padre como la madre gozan por partes iguales del usufructo de todos los bienes adquiridos por el hijo de familia, excepto en tres casos: los bienes adquiridos por el hijo como fruto de su trabajo o industria, los bienes adquiridos por el hijo a título de donación, herencia o legado y los bienes recibidos por herencias y legados que hayan pasado al hijo por indignidad o desheredamiento de uno de sus padres (C.C., art. 291). El usufructo, a su vez, es “el derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia...” (C.C., art. 823).

Para efectos fiscales el artículo 24 del Decreto 187 de 1995, prevé que las rentas (ingresos después de costos y/o deducciones) provenientes del usufructo legal de los padres de familia se gravan en cabeza de quien ejerza la patria potestad. De lo anterior, se tiene que los cónyuges y por extensión los compañeros permanentes aplicando la interpretación de la Corte, deben incluir en su declaración de renta, los ingresos o rentas en su caso, provenientes u originados en los bienes de los hijos sobre los cuales ostenten el usufructo legal, el cual se entiende subsiste hasta la emancipación de los hijos. El monto de los ingresos, a su vez, dependerá de la participación de los padres en la patria potestad que, a menos que se estipule otra cosa, corresponde por partes iguales a cada uno. Nótese, sin embargo, que los bienes que sean propiedad de los hijos de familia, o sea, aquellos que no han logrado la emancipación ya sea voluntaria, legal o judicial (C.C., arts. 313, 314 y 315), deben ser declarados —en caso de estar obligados— por los propios hijos a través de sus representantes, es decir, sus padres.

4.4. Créditos hipotecarios conjuntos

Para los cónyuges y por extensión, de acuerdo con los criterios antes expuestos, los compañeros permanentes que sean trabajadores y que hayan pagado en el año anterior o estén pagando en el mismo año intereses o corrección monetaria en virtud de préstamos para adquisición de vivienda, el artículo 387 permite deducir de la base de retención por ingresos laborales, la parte proporcional mensual que corresponda, conforme a lo previsto en el artículo 7º del Decreto 3750 de 1986. Por su parte, el artículo 8º ibídem, señala que en caso de que el crédito haya sido concedido a ambos cónyuges (o compañeros permanentes), la deducción de la base de retención con el valor pagado podrá ser solicitada por uno de los dos, siempre y cuando manifieste en su solicitud ante el empleador, que el otro cónyuge o compañero permanente no lo ha solicitado.

4.5. Deducción por pagos a viudas y huérfanos de miembros de fuerzas armadas

La deducción de la renta bruta para los contribuyentes obligados a presentar declaración de renta consistente en el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagadas en el año a las viudas del personal de la fuerza pública o a los hijos de los mismos mientras sostengan el hogar, fallecidos en operaciones de restablecimiento del orden público por acción directa del enemigo, así como a los cónyuges de los miembros de la fuerza pública, desaparecidos o secuestrados por el enemigo, podrá ser solicitada también respecto de los compañeros o compañeras permanentes de los miembros de la fuerza pública que llegaren a estar en esas lamentables circunstancias (E.T., art. 1081). Con esta interpretación de la Corte, queda sin ninguna fuerza el Concepto DIAN 45446 de julio 23 del 2004, que, hasta ahora, había sido el criterio oficial para desconocer la deducción cuando se refería a los pagos a compañeros permanentes.

4.6. Deducción por pagos de salud y educación

Hasta antes de la Sentencia C875 del 2005, la disminución de la base de retención por ingresos laborales y la deducción de la renta bruta en la declaración, por concepto de los pagos hechos por el trabajador por salud y educación, solamente estaban referidos a los efectuados respecto del trabajador, el cónyuge y hasta dos hijos. Pero la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad condicionada del artículo 387 del Estatuto Tributario, en cuanto a que dicho beneficio tributario (disminución de la base de retención y deducción en la declaración) también podía ser aplicada por los compañeros y compañeras permanentes, eliminó la limitación que tenían los trabajadores que en virtud de la interpretación restrictiva que se hacía de la norma, se veían imposibilitados de disminuir su impuesto de renta, ya fuere como retención o como impuesto definitivo. Recordemos que la facultad del contribuyente para tomar como deducción en la declaración los pagos por salud y educación se originó en el Concepto DIAN 22690 del 19 de abril del 2004.

4.7. Deducción por pagos salariales de secuestrados

La Ley 986 del 2005 (ago. 26) contempló en su artículo 21, que los empleadores que paguen salarios, durante el cautiverio, a sus empleados que se encuentren secuestrados, tendrán derecho a deducir de su renta el 100% de tales salarios pagados en el respectivo año, con el cumplimiento de las demás exigencias legales para ser deducibles. Lo anterior quiere decir, que los empleadores que durante el año gravable paguen salarios y, por supuesto, prestaciones sociales y honorarios conforme al artículo 15 ibídem, pueden deducir a título de costo o deducción de su renta, el 100% de su monto, excluyendo el valor causado de los mismos, requiriendo que se cumplan los requisitos generales previstos en el artículo 107 y específicos de los artículos 108, 109 y 110 del Estatuto Tributario. Esos pagos deberán hacerse al curador provisional o definitivo de bienes a que hace referencia el artículo 26 de la citada ley, al señalar como legitimados para ejercer la curaduría de bienes en su orden: el cónyuge o compañero permanente o compañera permanente, los descendientes (hijos), los ascendientes (padres) y los hermanos. Pero en este caso, dichos pagos realizados por el empleador deben entenderse como ingresos en cabeza del trabajador secuestrado y como tal incluirse en su denuncio rentístico en caso de estar obligado, ya que la condición de curador implica la administración de bienes y tributariamente ser representante para efecto del cumplimiento de deberes formales (E.T., arts. 571 y 572).

4.8. Limitaciones a ciertas deducciones

La normatividad del impuesto de renta consagra limitaciones para algunos costos y deducciones, haciendo improcedente solicitarlos como tales en el denuncio rentístico, como es el caso de los pagos a favor de vinculados económicos. Sin embargo, subsiste la dificultad de no existir disposición que defina tal concepto como sí lo hacía el artículo 49 del Decreto 2053 de 1974. No obstante, con motivo de la expedición de la Ley 222 de 1995, la cual centró su atención en los conceptos de subordinación o control (art. 26), se puede deducir que ese control puede ser ejercido no solo por sociedades, sino por personas naturales(9). Además, hay que tener presente que una de las clases de vinculación es la de parentesco y, específicamente, el de afinidad consagrado en el artículo 47 del Código Civil(10).

Concretado lo anterior en la normativa vigente en el imporrenta, tenemos que según el artículo 145, inciso 2º del Estatuto Tributario, no se reconoce el carácter de difícil cobro y, por tanto, de deducible a las deudas contraídas por personas económicamente vinculadas, como sería la irrecuperabilidad de deudas surgidas entre el marido y los consanguíneos de su mujer en línea ascendiente (suegros) o colateral (cuñados). La otra limitación es la que tiene que ver con la no deducibilidad de las pérdidas por enajenación de activos fijos o movibles, entre personas naturales (entre ellas, los cónyuges y compañeros permanentes) o sucesiones ilíquidas que sean económicamente vinculadas a la sociedad o entidad, conforme al artículo 151 del Estatuto Tributario.

4.9. Sociedades de familia

Pero los cónyuges y compañeros permanentes pueden conformar entre sí las denominadas “sociedades de familia”, que son definidas por el artículo 6º del Decreto 187 de 1975 así: “Se considera de familia la sociedad que está controlada económica, financiera o administrativamente por personas ligadas entre sí por matrimonio o por parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o único civil”. Luego, las sociedades de familia, pueden estar controladas por cónyuges, compañeros permanentes o por sus hijos legítimos o adoptivos, los cuales, para efectos del imporrenta, serán contribuyentes en su calidad de socios o accionistas dependiendo de la clase de sociedad que hayan constituido.

4.10. Justificación de la diferencia patrimonial en la primera declaración

En la sentencia varias veces citada (C875/2005), la Corte también se pronunció sobre la posibilidad que para la diferencia patrimonial en la primera declaración de renta, se vea justificada con la inclusión de los bienes en la declaración del otro cónyuge o compañero permanente. Hay que recordar que la misma Corte en la Sentencia C374 del 2004, había afirmado que para explicar o justificar el incremento patrimonial de la primera declaración de renta, se aceptaban todas las justificaciones contenidas en la normatividad tributaria utilizadas para los contribuyentes que ya venían declarando”(11).

Por consiguiente, para la declaración de renta del año gravable 2005, constituye justificación del posible incremento patrimonial para los cónyuges o compañeros permanentes —originado porque las diferencias de los patrimonios líquidos de los dos últimos años resultan superiores a las rentas gravables, exentas y la ganancia ocasional—, la inclusión en años anteriores de sus bienes en la declaración de renta del otro cónyuge o compañero permanente, lo que, en principio, está en contradicción con lo previsto en el artículo 8º del Estatuto Tributario, pero que se explica porque esta última norma corresponde al artículo 82 de la Ley 75 de 1986, mientras que el artículo 238, inciso 2º, compiló el artículo 75 del Decreto 2053 de 1974, época en que se permitía la cesión de rentas exclusivas de trabajo (Decreto 2053 de 1974, artículo 9º precisamente modificado por el artículo 82 de la Ley 75 de 1986).

4.11. Disolución de la sociedad conyugal

Para la disolución de la sociedad conyugal, el artículo 31, literal d), del Decreto 2595 de 1979, que reglamenta el artículo 44 del Estatuto Tributario, prevé que la fecha de adquisición del inmueble para quien se le adjudique como gananciales, será la del título (ej. escritura pública) debidamente registrado mediante el cual se adquirió por cualesquiera de los cónyuges, antes de la disolución prevista en el artículo 1820 del Código Civil. Lo anterior, para efectos de determinar la parte de la utilidad obtenida que no constituye ganancia ocasional, cuando se presente esta situación previa a la liquidación de la sociedad conyugal. Con la interpretación extensiva de la Corte, la norma reglamentaria sería aplicable para los compañeros permanentes en el evento de que hayan constituido la sociedad patrimonial de que trata la Ley 54 de 1990 en sus artículos 2º y siguientes.

4.12. Liquidación de la sociedad conyugal

Una vez disuelta la sociedad conyugal y estando en trámite la liquidación de la misma, cada uno de los cónyuges o compañeros permanentes (Sent. C875/2005) continúan siendo sujetos pasivos del impuesto sobre la renta, de manera que los bienes adjudicados, en caso de que exista haber social o sucesoral para repartir, ingresarán a su patrimonio a título de ganancias ocasionales, como se verá a continuación. Lo anterior, previsto en el artículo 8º del Estatuto Tributario, se aplica también a la liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes (L. 54/90, art. 7º). Con lo anterior se demuestra que los cónyuges y compañeros permanentes son sujetos del impuesto de renta, tanto durante la existencia del matrimonio o sociedad patrimonial como en el proceso de disolución y liquidación. Tal vez, la mayor diferencia radica en que mientras dure la existencia del vínculo familiar, los bienes se declaran en cabeza de cada uno en la proporción que corresponda según la participación en la propiedad del bien, propiedad que podría cambiar con ocasión de la distribución que haga el juez o el notario al momento de la liquidación.

5. Tributación en el impuesto de ganancias ocasionales

5.1. Tratamiento frente a una sucesión ilíquida o liquidación de sociedad conyugal

La calidad de cónyuges y ahora por interpretación extensiva los compañeros permanentes, en caso de la muerte de uno de ellos o con ocasión de la disolución y liquidación de la sociedad conyugal o patrimonial entre compañeros, los puede convertir en sujetos pasivos del impuesto de ganancias ocasionales en la medida en que reciban bienes en el proceso de partición o liquidación. En tales condiciones, para el año gravable 2005, sin perjuicio de los primeros $ 22.311.000 gravados con tarifa del cero por ciento (0%) de acuerdo con la tabla del impuesto para personas naturales (E.T., art. 241)(12), están exentos del impuesto de ganancias ocasionales, los siguientes $ 22.311.000 del valor de las asignaciones que por causa de muerte reciban los legitimarios al liquidarse una sucesión ilíquida. Las mismas cifras exentas se aplican para el caso del cónyuge cuando recibe la porción conyugal.

Por legitimarios se entienden aquellas personas que por ley tienen derecho a heredar, como son: los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales, los ascendientes (padres) legítimos o adoptantes y el cónyuge; legítimas son las cuotas mínimas que deben percibir los herederos o legitimarios, que en toda sucesión corresponde al 50% del patrimonio(13).

Por su parte la porción conyugal “es aquella parte del patrimonio de una persona difunta que la ley asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su congrua subsistencia” (C.C., art. 1230) y equivale a la cuarta parte de los bienes del difunto, en todos los órdenes de sucesión menos en el de los descendientes (primer orden) (C.C., art. 1236).

Por otro lado, las ganancias ocasionales percibidas por los hijos menores de edad, deberán ser gravadas en cabeza de quien ejerza la patria potestad, a menos que haya renuncia del usufructo legal mediante escritura pública (D. 187/75, art. 24). Se debe aclarar que cuando los bienes proceden de herencia, legado o donación y el donante o testador haya dispuesto expresamente que el usufructo de tales bienes corresponda al hijo y no a los padres (peculio adventicio extraordinario) no hacen parte del usufructo legal y no se gravarán en cabeza de los padres.

5.2. Tratamiento para los gananciales

Así pues, si con ocasión de la muerte o por liquidación de bienes por divorcio entre los cónyuges o compañeros permanentes, el supérstite recibe bienes como gananciales, los mismos no son considerados como ganancia ocasional (E.T., art. 47), entendiendo como tales “la mitad de los bienes que le corresponde a cada uno de los cónyuges una vez liquidada la sociedad conyugal, comprende todos los bienes que se acumulan en el curso del matrimonio, herencia o legado del marido o la mujer”(14).

6. Aspectos procedimentales

6.1. Representación de los hijos menores por los padres

Los padres, sin importar el vínculo familiar que hayan formado, tienen la obligación de cumplir con los deberes formales de sus hijos menores, esto es, de aquellos que no han cumplido los 18 años (E.T., art. 572, lit. a)). Por lo tanto, los cónyuges y compañeros permanentes, además de ser los representantes de sus hijos para efectos de presentar la declaración de renta de estos, tienen el deber de cumplir con las demás obligaciones procedimentales, tales como la inscripción en el RUT, responder requerimientos, suministrar la información que la DIAN le solicite, entre otros. Además, que los cónyuges y compañeros permanentes cuando cumplan deberes formales por cuenta de sus hijos, deben responder subsidiariamente cuando omitan tales deberes, por las consecuencias que se deriven de su omisión (E.T., art. 573).

Como algo especial, en caso de que los hijos sean declarantes por superar los topes mínimos al finalizar el año gravable, serán los padres, en su calidad de representantes, quienes deberán cumplir los deberes formales de los impúberes (D.R. 825/78, art. 3º, lit. a)) entendiendo como tales, para este caso, los hijos que no han cumplido los 14 años(15) (C.C., art. 34). Pero, en cambio, los menores adultos, es decir, aquellos entre los 14 y los 18, pueden cumplir por sí mismos los deberes formales tributarios (D.R. 825/78, art. 4º), sin necesidad que lo hagan sus padres.

6.2. Suspensión de términos para presentación de declaraciones tributarias de secuestrados

Otro aspecto de importancia que trajo la Ley 986 del 2005, fue la suspensión de términos y la exoneración o aplazamiento de algunas actuaciones por parte de la DIAN respecto de los contribuyentes que hubieren sido secuestrados, que en muchos casos son personas casadas o en unión marital de hecho con o sin sociedad patrimonial. Tres temas de importancia son:

• Se consagra en el ámbito legal para los secuestrados, la posibilidad de presentar las declaraciones tributarias de los impuestos administrados por la DIAN, a través de agencia oficiosa con las exigencias consagradas en la legislación pertinente (CPC, art. 47) situación que no está prevista en el artículo 557 del Estatuto Tributario y sobre la cual, hasta el momento, únicamente había sido creación jurisprudencial, inicialmente del Consejo de Estado y luego de la Corte Constitucional al concluir que el artículo 142 del Decreto 1651 de 1961 no había sido derogado por el artículo 557 del Estatuto Tributario(16) y, por lo tanto, el agente oficioso además de contestar requerimientos e interponer recursos podía presentar declaraciones.

• Pero si la persona secuestrada, no hace uso de la agencia oficiosa, por cualquier razón, se suspenderán de pleno derecho los plazos para declarar y pagar, durante el tiempo que dure el cautiverio y durante un período adicional igual a este, que no podrá ser superior a un año contado a partir de la fecha en que la persona recupere la libertad. Aquí la suspensión de los plazos significa que las fechas establecidas en el decreto que anualmente expide el Gobierno en diciembre de cada año, para el cumplimiento de los deberes sustanciales (pagar) y formales (declarar en este caso) se amplían hasta cuando el secuestrado recupere su libertad, se establezca la muerte o se declare la muerte presunta del mismo, sin que ello implique exoneración de los mismos.

• Como consecuencia de tal suspensión de términos, no se generan sanciones ni intereses moratorios por las obligaciones tributarias que se causen durante el período que dure el secuestro y un plazo igual sin que exceda de un año. Esta normativa, además de garantista, viene a confirmar lo que la Corte Constitucional ya había advertido al decidir demandas de constitucionalidad contra normas del Estatuto Tributario(17) y en las cuales había introducido la tesis de los eximentes de responsabilidad en los casos de fuerza mayor o caso fortuito, que, a propósito, es como se considera el secuestro por el artículo 10 de la Ley 986 del 2005, ya que la privación de libertad por secuestro reviste las características de imprevisibilidad e irresistibilidad.

(1) Corte Constitucional. Sentencia C875 del 23 de agosto del 2005. Exp. D5670. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Actor: John Alirio Pinzón Pinzón. A.V. Jaime Araújo Rentería.

(2) Ley 133 de 1994 (mayo 23).Ver artículos 1º y 6º, literal d).

(3) Decreto 354 de 1998 (feb. 19) por el cual se aprobó el Convenio de Derecho Público Interno Nº 1 de 1997, entre el Estado colombiano y algunas entidades religiosas cristianas no católicas.

(4) La Ley 54 de 1990 entró en vigencia el 31 de diciembre de ese año, fecha de su publicación en el Diario Oficial 39.615 y ha sido modificada por la Ley 979 del 2005.

(5) Ver, entre otros, el Concepto DIAN 70833 de octubre 30 del 2002.

(6) Ver sección “preguntas frecuentes impuesto de renta y complementarios personas naturales”, en: www.dian.gov.co.

(7) Para el año gravable 2005, las cuantías para estar obligado a declarar son $ 26.525.000 y $ 63.660.000 según el caso para ingresos y $ 84.880.000para el patrimonio bruto.

(8) Código Civil, artículo 288. “La patria potestad es el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitar a aquellos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone”.

(9) Ver ponencia “Aspectos tributarios de la vinculación económica y de los grupos empresariales”, presentada por María del Pilar Abella en las XXIX Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Cartagena, febrero 2005, p. 274.

(10) Código Civil, artículo 47. “Afinidad legítima es la que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos legítimos de su marido o mujer”.

(11) Corte Constitucional. Sentencia C374 del 27 de abril del 2004. Exp. D4970.M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(12) Aunque el primer intervalo gravado con impuesto para el año 2005 comienza a partir de $ 21.644.000 (D. 4344/2004).

(13) Vasco Martínez, Rubén. Impuesto de renta. Personas naturales y sucesiones ilíquidas. Publicación del CIJUF, 2005,p. 137.

(14) Briceño De Valencia, Martha Teresa y Vergara Lacombe, Ramón. Diccionario técnico tributario. 2002, p. 297.

(15) Corte Constitucional. Sentencia C534 del 2005. M.P. Humberto Sierra Porto.

(16) Consejo de Estado. Exp. 8927 del 18 de septiembre de 1998 y 7712 del 5 de agosto de 1996. Corte Constitucional. Sentencia C690 del 5 de diciembre de 1996.

(17) Ver Corte Constitucional. Sentencias C506 del 3 de julio del 2002, Exp. D3852 y C231 del 18 de marzo del 2003, Exp. D4250.