Cooperativas de trabajo asociado: en busca del rumbo perdido

Revista Nº 125 Sep.-Oct. 2004

Usando la figura de cooperativas de trabajo asociado, un creciente número de entidades disfrazan su oferta de servicios temporales de empleo, en contra de las normas y de los fundamentos que inspiraron su origen. 

Javier Rojas 

Especial para la Revista Actualidad Laboral 

El crecimiento inusitado del número de cooperativas de trabajo asociado (CTA) en el 2003 y las reiteradas quejas sobre las irregularidades en ese tipo de organizaciones de economía solidaria llevaron a las autoridades a prender las alarmas sobre el sector.

No era para menos, pues en los últimos años un número cada vez mayor de CTA, desbordando su filosofía y las limitaciones legales, han comenzado a competir con las empresas de servicios temporales en la oferta de trabajadores en misión.

Para acometer el problema técnicamente, la Superintendencia de Economía Solidaria, Supersolidaria, realizó un estudio sobre una muestra de 162 CTA, que arrojó un crecimiento en la cantidad de los asociados del 367%, entre el 2000 y el 2003, al pasar de 38.041 personas, en ese primer año, a 177.740, al cierre del año pasado.

Otros indicadores también registraron aumentos desmedidos: número de entidades que reportaban a la Supersolidaria, mayor participación de las CTA con respecto al total del sector, mayor número de asociados y de empleados y la concentración territorial en las zonas con mayor desarrollo industrial del país.

Tras la valoración de los resultados de la investigación, el Ministerio de la Protección Social (Minprotección) adoptó, en la primera semana de septiembre del 2004, el Decreto 2879, recordándole a las CTA qué personas jurídicas pueden actuar como intermediarios de oferta de mano de obra temporal para las empresas. Así mismo, estableció las sanciones a que se exponen las cooperativas y también las compañías que recurran a esos servicios. Inexplicablemente, esta norma fue derogada a través del Decreto 2996 del 16 de septiembre de 2004.

El director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Cooperativas, Luis Arturo Muñoz, afirma que el sector cooperativo no está interesado en que el modelo sea utilizado de manera perjudicial. “Estamos trabajando para que, en el mediano plazo, haya una ley que complete el Decreto 468”. Explica que están buscando que la Supersolidaria ejerza sus funciones de control y vigilancia y que reconvenga a las cooperativas que no cumplen su misión.

La competencia desleal e ilegal de las CTA frente a las empresas de servicios temporales no es nueva. Alrededor de 1993, se empezaron a detectar esas irregularidades, afirma Miguel Pérez, presidente de la Asociación Colombiana de Servicios Temporales (Acoset), gremio que aglutina a 185 empresas, de un total de 420 que operan en el país en dicha actividad.

Desde entonces, Acoset ha denunciado el fenómeno, que en un principio era de poca incidencia en el mercado de suministro de trabajadores en misión, pero que hoy resulta muy notorio y preocupante.

Cooperativas de trabajo asociado, ¿qué son?

De conformidad con la Ley 79 de 1988 y el Decreto 468 de 1990, las cooperativas de trabajo asociado:

— Son empresas asociativas sin ánimo de lucro.

— Vinculan el trabajo personal de sus asociados y sus aportes económicos para:

• La producción de bienes.

• La ejecución de obras o

• La prestación de servicios en forma autogestionaria.

— Permiten el ingreso y el retiro voluntario.

Fuente: Supersolidaria

Cooperativismo de trabajo asociado

Al vincularse a una cooperativa de trabajo asociado:

— Cada miembro es propietario, poseedor o tenedor de los medios materiales de labor.

— Tiene el derecho a:

• Participar en la toma de decisiones de la entidad:

• Recibir educación;

• Contar con un fondo de solidaridad, con la garantía de protección de sus apartes y con la devolución de los mismos.

Fuente: Supersolidaria

Compensación vs. salario

Las CTA retribuyen al trabajador asociado por las actividades desarrolladas con compensaciones y no con salario.

Las compensaciones deben ser presupuestadas en forma adecuada y técnicamente justificada, para que se retribuya el trabajo con base en los resultados económicos de la empresa, pero también, de acuerdo con la función, la especialidad, el rendimiento, y la cantidad de trabajo aportado (D. 468/90, art. 11).

Fuente: Supersolidaria

Afiliaciones

Las CTA no pueden actuar como agrupadoras para la afiliación colectiva ni como mutuales para estos mismos efectos (D. 806/98 y D. 2400/2002).

Para la afiliación de los asociados a las CTA se requiere la demostración efectiva de la condición de asociado y que este trabaje directamente para la cooperativa.

En las EST se aplican las normas relativas al régimen laboral en su condición de empleado y el trabajador en misión trabaja en la sede de un tercero, el usuario.

Fuente: Supersolidaria

 

A grandes pasos

Las ciudades donde se ha agudizado el problema son Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá, y se ha ido extendiendo a ciudades intermedias, como Ibagué y Pereira. Entre el 2001 y el 2002, la oferta nacional legal de trabajadores temporales rondaba los 500.000 empleados y hoy se aproxima a 360.000, de los cuales unos 120.000 podrían corresponder a los trabajadores en misión de las cooperativas, explica el directivo de Acoset.

En 1983, la ley le dio el carácter de empleador a las empresas de servicios temporales y las responsabilizó de las prestaciones sociales, al tiempo que las obligó a constituir pólizas de garantía para el pago de salarios y de prestaciones, en caso de caer en situaciones de iliquidez.

Ese marco regulatorio, que no varió con la Ley 50 de 1990, no lo tienen las CTA, advierte Pérez, porque su filosofía y funciones son distintas a las de las empresas temporales. Precisa que las cooperativas, reguladas desde 1990, se crearon para la producción de bienes o la prestación de servicios con carácter cooperativo, es decir en forma autogestionaria.

Esto implica que el asociado es propietario de su empresa cooperativa, a la que aporta la capacidad de trabajo para prestarla a terceros, labor por la que se le reconoce una compensación económica. “El trabajador cooperado está sujeto al régimen cooperativo y figura expresamente por fuera del régimen laboral”, anota Pérez, “pues, coherente con esa naturaleza jurídica, la misma norma señala que no se le aplica”.

Tal como lo explica el mismo Pérez, a algunos colombianos se les ocurrió que al tener trabajadores disponibles en las cooperativas se podrían enviar en misión para atender labores en otras empresas, con las aparentes ventajas de no tener que pagar salarios ni contribuciones parafiscales (ICBF y SENA). “Asimilaron entonces el régimen laboral al propio de las cooperativas y, en lugar de salario, denominaron los pagos como compensaciones para los empleados en misión”.

La elusión y evasión de aportes parafiscales les ha permitido a tales cooperativas ofrecer mano de obra a terceros con tarifas inferiores a las de las empresas temporales. Entre las acciones adelantadas por Acoset para contener el problema, figura la denuncia de las cooperativas que están intermediando trabajo temporal. El directivo de Acoset explica que la principal dificultad es el acopio de las pruebas. Hasta ahora, han instaurado 10 demandas y aspiran, en poco tiempo, a interponer otras ocho.

El laboralista Fernando López Cerón coincide en identificar las limitaciones en materia probatoria, porque cuando se intenta demostrar en un proceso una relación de trabajo en una de esas aparentes cooperativas de trabajo asociado, se presentan pruebas documentales con las que se demuestra que la persona que demanda tenía la naturaleza de cooperado y no de asalariado. “Resulta difícil atacar esa realidad”.

El superintendente de Economía Solidaria, Enrique Valderrama, expresa que ante las dificultades detectadas en las CTA los organismos públicos con ingerencia en el tema conformaron una mesa para buscar alternativas de solución. En ella, han participado el Minprotección, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje y la Supersolidaria. De hecho, las últimas medidas adoptadas en la materia han emanado de ese equipo de trabajo.

Llamar al orden

“Caben varias acciones por parte del Ministerio y de la Supersolidaria contra los administradores y las propias cooperativas que están intermediando servicios temporales”, sentencia Valderrama. Estos castigos van desde multas, pasando por el desmonte de las actividades, hasta la toma de posesión para liquidación de las entidades que violan la naturaleza cooperativa. Incluso, apunta, es posible remover a los administradores.

Valderrama sostiene que las CTA, producto del fenómeno de la deslaboralización en las empresas, resultaron atractivas, pues gozan de beneficios tributarios y parafiscales.

Comenta que tal situación ha ocurrido ante el afán de los empresarios de rebajar costos laborales para competir en el mercado, ya que no han recurrido a la subcontratación (outsourcing), sino que han empleado estas cooperativas de modo irregular.

“Cuando una persona que se dice asociada de una cooperativa de trabajo es enviada a laborar a una empresa y queda a órdenes de un patrono, se está desvirtuando la esencia de la cooperativa. También ocurre esto, si aquella no es dueña de los medios de producción y cuando se le restringe la libre asociación o retiro al cooperado”, señala Valderrama.

En la investigación de la Supersolidaria, se detectó que el 51% de las cooperativas de la muestra contaban con trabajadores en misión. “Si la superintendencia tuviese los mecanismos para suspender los registros de las entidades lo habría hecho de manera inmediata”, asegura Valderrama, “no obstante, se debe adelantar un trámite engorroso para tomar medidas y para no atentar contra el debido proceso”.

El funcionario del organismo de vigilancia afirma que existen fallas en los mecanismos internos de control social de las cooperativas, y acepta la necesidad de modificar las normas con el fin de darle herramientas a los organismos de supervisión para que puedan actuar con prontitud.

Destaca que el mejor instrumento de defensa de quien se ve afectado por una de estas cooperativas es la denuncia ante los organismos competentes, en primera instancia ante el Minprotección. “Las personas perjudicadas por una de estas cooperativas no deben descartar la posibilidad de entablar demandas en materia laboral”, agrega Valderrama.

“Entre tanto, la Corte Constitucional ha manifestado, en esencia, acerca de los casos de las cooperativas de trabajo, que tener la estructura jurídica de una cooperativa no impide que se configure el contrato laboral con aquellos asociados que son tratados como subordinados de un tercero”, comenta el laboralista Carlos Hernán Godoy.

Para algunos expertos, la distorsión de la figura de las CTA es una amenaza a una buena idea. “La falta de creatividad, de conciencia social, sumadas a una astucia parroquial terminan creando fenómenos de manipulación, como ha ocurrido con las cooperativas de trabajo”, asegura el experto Julio César Carrillo.

Enfatiza que el modelo de las CTA no es nuevo, sino que Colombia redescubre, hacia mediados de los noventa, que su promoción podría configurar una forma alternativa de poner en marcha proyectos de cooperativas productivas, en medio de las dificultades económicas del país.

“Pero sobrevinieron las dificultades, y en lugar de generar una cultura y de hallar la manera de sostenerla, se desnaturalizan las organizaciones como unidades productivas autónomas, para asimilarlas al contrato de trabajo”, expresa Carrillo. Más allá de modificaciones a la normativa, cree en la necesidad de volver a la naturaleza solidaria de las cooperativas.

Propiedad

Los asociados a las CTA son verdaderos dueños de la empresa para lo cual hacen aportes sociales y contribuyen al crecimiento de la misma con su trabajo.

En las EST el trabajador en misión no es socio ni dueño. Realiza un trabajo o labor temporal en favor de un tercero que es el empresario o usuario, frente al cual tiene una subordinación delegada que se asimila a la representación.

Fuente: Supersolidaria

Efectos tributarios

Las CTA no pueden ser utilizadas como empresas de servicios temporales para lograr beneficios tributarios.

De acuerdo con el estatuto tributario las CTA son contribuyentes del régimen tributario especial y solo se les aplicará la tarifa del 20% en caso de que los costos y gastos no tengan relación de la causalidad con los ingresos, o que no cumplan con las condiciones de deducciones establecidas en él (D. 124/97, art. 4º).

En las EST, la tasa del impuesto a la renta es del 35% de su utilidad bruta.

Fuente: Supersolidaria

Efectos tributarios para las CTA

La exención tributaria se aplica cuando:

— Los excedentes se destinen en la forma prevista en la legislación cooperativa.

— Se destinen dentro del año siguiente a su obtención a una o varias actividades de:

• Salud, educación formal, cultura, deporte aficionado, investigación científica o tecnológica, ecológica y de protección ambiental, y programas de desarrollo social de interés general (D. 124/97, art. 5º).

Fuente: Supersolidaria

 

Camino errado

En tal escenario, Carrillo considera vital diseñar normas semejantes a las del proceso de certificación de calidad en las empresas, mediante las cuales se podría establecer si se cumplen los procedimientos relativos a una CTA. De lo contrario, no se permitiría su operación.

En la legislación existente, explica, el régimen de trabajo de las cooperativas es un modelo positivo, si se maneja correctamente, cuyos fundamentos emanan de los estatutos. En estos, además, se podrían incluir por la vía normativa, por ejemplo, los indicadores de la calidad cooperativa, como instrumento para asegurar que se cumplan los principios de economía solidaria, inspiradores de cualquier entidad cooperativa.

Carrillo cree que el sistema de justicia en el campo laboral requiere de capacitación en cultura cooperativa. “Los jueces y los inspectores de trabajo deben aprender a evaluar la naturaleza del trabajo asociado para que quede en evidencia la manipulación de las entidades disfrazadas de cooperativas de trabajo”.

Está seguro de que los mismos empresarios que recurren a esa falsa figura de cooperativismo están contribuyendo a hacerle daño a un instrumento que puede ser muy útil para el país. Advierte que los laboralistas no pueden seguir pensando en que no les cabe responsabilidad, cuando la tienen, con ocasión de la defensa del empleo digno y justo.

Godoy piensa que los expertos en Derecho Laboral tienen responsabilidad por omisión y por acción en el desprestigio del modelo cooperativo de trabajo asociado. “Unos han argumentado que la figura no tiene nada que ver con el Derecho Laboral, cuando sí guarda relación, por extensión del derecho constitucional”.

Otros se han negado a conocer el modelo y a promoverlo de modo idóneo entre los empresarios. “El papel del laboralista es acompañar a las empresas en la búsqueda ortodoxa de opciones cooperativas para el trabajo. Lo mínimo que el profesional de esta disciplina debe hacer es un diagnóstico para establecer soluciones de mayor alcance que la reducción de los costos laborales”. Godoy agrega que no es por vía de este tipo de reducciones que se logran soluciones, sino mediante la productividad, que, en buena medida, depende del recurso humano bien remunerado.

“Los especialistas en Derecho Laboral deben asesorar al empresario para orientarlo en los casos en que resulta provechoso recurrir a la figura cooperativa. El derecho al trabajo va más allá del contrato, y si se tiene visión en materia de economía solidaria, los laboralistas deberían contribuir a crear redes estables de cooperativas de trabajo. Así mismo, tendrían que batallar para que no se configuraran manipulaciones indignas”, resalta Carrillo.

Tocar la conciencia

“El problema no se resuelve con reformas de índole legal”, comenta Carrillo, “sino con el reacondicionamiento en el manejo del modelo de cooperativas de trabajo y con la reconstrucción del criterio”. Piensa que hace falta diálogo para concertar las salidas a las dificultades y recuperar la naturaleza de ese mecanismo cooperativo.

El especialista Fernando López Cerón también cree innecesaria la propuesta de adelantar modificaciones a la ley para enfrentar los problemas de las CTA. “La legislación sobre el tema está bien diseñada y no se puede atribuir su uso indebido a la propia normativa, sino a los empresarios que la han empleado equivocadamente”.

Precisa que la figura operó bien durante los primeros años de su creación en actividades campesinas y en el mantenimiento de carreteras, por ejemplo. “Los correctivos deben partir de un estricto control gubernamental a las empresas y a las mismas cooperativas de trabajo. El problema es la actitud de las personas”.

“Ha habido falta de atención al problema por parte del Ministerio de la Protección Social y de la Superintendencia de Economía Solidaria”, afirma López, al tiempo que reitera que en la justicia laboral ordinaria existen dificultades en el campo probatorio. Por eso, considera que las acciones para contener esa práctica irregular de las cooperativas está en manos de estas dos entidades, dado que cuentan con mejores herramientas legales que un juez laboral.

Aclara que la Superintendencia debería tener la capacidad de detectar si las cooperativas se están enriqueciendo mediante el trabajo de sus asociados. “Cuando estos realizan el trabajo, los beneficios económicos se tienen que distribuir entre ellos, pero en situaciones en que se suministra mano de obra a terceros las cifras cambian. Por el balance de la cooperativa se puede saber el destino de esos fondos”.

López expresa que la figura de las CTA ha tenido poca promoción, en particular en aquellos sectores que basan su producción en procesos artesanales. “No es un esquema complejo, sino que se adapta a volúmenes pequeños y medianos de producción”.

Desconoce las razones por las cuales el Estado no ha resultado el mejor abanderado, aunque especula que posiblemente las causas podrían tener fundamento en la rigidez de la Ley 80 de 1993 para adelantar las contrataciones.

Godoy encuentra que el problema de fondo de las CTA es el modelo gerencial, puesto que se trata de convertirlo en autogestionario. “En las cooperativas desaparecen las órdenes jerárquicas y se construye un modo de trabajo en el que todos los asociados participan distribuyéndose las labores”.

“Lograrlo implica esfuerzos en tres frentes”, asegura Godoy, “promover la figura con capacitación a los empresarios, ilustrándolos sobre los inconvenientes de recurrir a las cooperativas con el fin de reducir costos en mano de obra; desarrollar un modelo de gestión para las cooperativas y estudiar una fórmula de amnistía”.

Circular de alerta

Ante el abuso de las disposiciones legales establecidas para las cooperativas de trabajo asociado, la Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecoop, y la Asociación Colombiana de Cooperativas, Ascoop, emitieron una circular, en mayo pasado, en la que se alerta al país acerca de las irregularidades.

En uno de los apartes de las consideraciones, se describe: “algunas empresas, de manera directa, o irresponsablemente asesoradas por personas o firmas consultoras, vienen, desde hace algunos años, promoviendo la constitución de falsas cooperativas de trabajo asociado, cuyo verdadero propósito es contratar a través de ellas la prestación de servicios de trabajo, tanto para empresas privadas como públicas, a manera de intermediarios laborales...”.

En la circular se denuncia que de ese modo se crea un mecanismo de flexibilización laboral que afecta el ingreso de numerosos trabajadores de baja remuneración, que “presionados por la necesidad aceptan cambiar su condición de trabajadores asalariados a trabajadores asociados, vinculándose a estos remedos de cooperativas”, que no son autónomas, ni tienen operación democrática y, por el contrario, quedan condicionadas a las empresas privadas o públicas con las que trabajan.

Evolución de cooperativas de trabajo asociado

AñoNúmero
2000356
2001502
2002867
20031.000
Fuente: Asociación Colombiana de Cooperativas (Ascoop).

 

Salida estratégica

La solución implicaría redefinir un plazo para que las cooperativas se convirtieran en verdaderos entes de trabajo asociado y, en caso de no hacerlo, impedir su operación. Estos tipos de acciones necesitarían el trabajo conjunto de los gremios, del sector cooperativo y de las autoridades.

Desde el punto de vista de las instituciones de gobierno, Godoy cree que el Minprotección debería ser promotor del esquema, mientras que la superintendencia del sector continuaría con el control y la vigilancia. “En la medida en que el ministerio se convirtiera en promotor del cooperativismo de trabajo asociado, se podría reducir la manipulación y el abuso con ese instrumento”.

Acciones de control de la Supersolidaria

Las acciones van desde:
— Sanciones.
— Multas.
— Declaratoria de la causal de disolución y liquidación a aquellas que se encuentren desvirtuando su naturaleza jurídica de conformidad con el numeral 6º, del artículo 107 de la Ley 79 de 1988 y del Decreto 1934 del 2000.

 

Acción de control de Estado

La Superintendencia de Economía Solidaria está trabajando en una estrategia integral sobre el cooperativismo de trabajo asociado en forma conjunta con otros organismos:

— Ministerio de la Protección Social.
— DIAN.
— SENA.
— Supersalud.
— ICBF.
— Cajas de compensación.

 

A pesar del preocupante panorama descrito, que según el estudio de la Supersolidaria es notorio en los centros urbanos con desarrollo industrial, existen casos positivos. En San Alberto (Cesar) se desarrolló una de las experiencias más conocidas, vinculadas al cultivo de la palma africana.

Hoy existen en ese municipio 19 CTA vinculadas a la compañía gestora del proyecto, Indupalma, con un poco más de 900 asociados, dedicados principalmente a labores agrícolas, como la fertilización, el control de plagas y la recolección de la cosecha. En estas actividades, se pagan compensaciones individuales que oscilan entre 1 y 1,5 salarios mínimos mensuales.

“El modelo lleva en operación nueve años”, comenta la Directora de Desarrollo Empresarial de Indupalma, Pía Escobar, quien menciona la existencia de unos criterios básicos para contratar a las cooperativas, entre los que destaca la exigencia de que los asociados estén afiliados a los servicios de salud y riesgos profesionales y que reciban sus compensaciones y todas las prestaciones de ley.

Las cooperativas de San Alberto son propietarias de maquinaria y herramientas y alrededor de 280 asociados son dueños de tierra y cultivos de palma, promovidos a través de un plan de expansión de la compañía. Cada una de las 19 cooperativas cuenta con un número promedio de 30 asociados, y se trata de que no superen los 70, por las dificultades que eso genera. La población total que se beneficia directa e indirectamente del esquema puede alcanzar a 5.000 personas.

A pesar de que el reciente Decreto 2879 fue derogado, los expertos lo califican como un mensaje de advertencia para los empresarios que recurren a las cooperativas de modo irregular. Lo cierto es que el reto está en recuperar un modelo que le permitiría al país aliviar los profundos problemas de empleo que enfrenta.