Corte Suprema de Justicia precisa y reafirma tesis: consecuencia por incumplir pago de aportes al terminar el contrato se equipara a la indemnización moratoria

Revista Nº 180 Nov.-Dic. 2013

Diego Felipe Valdivieso Rueda 

VS+M Abogados 

Nicolás RicoÁlvarez 

Rico Lara Abogados 

1. El camino de consolidación de la tesis de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia sobre el alcance del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo 29 de la Ley 789 del 2002, parágrafo 1º

1.1. Distancia con la literalidad de la norma

Es importante comenzar indicando que la Sentencia 29443 del 2007 es clara al indicar que la causa “(...) de la ineficacia del despido radica en el incumplimiento para con las entidades aludidas, y no precisamente por faltar al deber de comunicar el estado de cuentas al trabajador; esto se advierte si se repara en que se puede satisfacer aportando planillas de pago por autoliquidación de los tres últimos meses sin que se hubieren efectuado el(sic) de periodos anteriores; aquí como se falta al deber sustantivo del pago de contribuciones opera la sanción (...)” (resaltado fuera del texto).

Para la Corte, la modificación introducida por la Ley 789 al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo (en adelante CST) respecto de la indemnización o sanción moratoria por falta de pago, tiene como finalidad principal crear un mecanismo de garantía real y concreta para todo trabajador en materia de seguridad social y parafiscales, sin importar la modalidad de terminación del vínculo contractual.

Lo anterior encuentra fundamento en el principio de sostenibilidad financiera del sistematratado en el artículo 48 de la Constitución Política, que estableció un mecanismo de coacción a los empleadores para que estos cumplan con el deber de pago hacia estas entidades y par que realicen los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales. De no cumplir los empleadores con la obligación señalada en el artículo 65 del CST, esto es estar al día en cuanto a aportes al sistema de seguridad social y parafiscal, contando con un término de saneamiento de dos meses, dicha finalización del contrato se entiende como ineficaz, de manera que no produce efectos.

En este sentido los efectos previstos en la norma se originan únicamente en la deuda del empleador con las administradoras del Sistema de Seguridad Social, más no en el cumplimiento del deber de informar al trabajador respecto de los aportes al sistema y parafiscales de los últimos tres meses antes de la finalización del vínculo laboral.

La Sentencia 29443 del 2007 señaló que “(...) La causa de la ineficacia del despido radica en el incumplimiento para con las entidades aludidas, y no precisamente por faltar al deber de comunicar el estado de cuentas al trabajador”.

1.2. La ubicación sistémica como criterio de interpretación

En la misma Sentencia 29443 del 2007, la cual podríamos considerar como pronunciamiento hito en el desarrollo de la tesis de interpretación que estamos analizando, la Corte, amparada en un criterio de ubicación normativa, desarrolló el argumento de que por tratarse de la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del CST, los efectos del incumplimiento no operan de manera automática.

En palabras de la Corte “debe seguir las mismas reglas de los otros casos previstos en la norma que la contiene; esto conduce a que dicha sanción no puede operar de manera automática sino que es menester analizar el comportamiento del empleador, no siendo procedente cuando aparezca que estuvo revestido de buena fe”.

Recordemos que la Corte ha reiterado en innumerables ocasiones, como lo hizo recientemente con la Sentencia 32505 del 17 de febrero del 2009, que las sanciones moratorias no tienen aplicación automática, sino que están sujetas a la valoración sobre la buena o mala fe del deudor.

2. A través de la Sentencia 42361 del 31 de julio del 2013 de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, se unifica, se precisa y se consolida la interpretación aplicable al parágrafo 1º del artículo 65 del CST, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 del 2002

La sentencia que a continuación analizaremos, precisa y confirma la tesis que ha venido sosteniendo la Corte respecto de las consecuencias del incumplimiento en el pago de la seguridad social integral y parafiscales al momento de la terminación del contrato.

2.1. La posición de las partes

2.1.1. Argumentos del demandante

  1. El demandante pretende dejar sin efectos el despido realizado por la empresa, teniendo en cuenta que la demandada violó el artículo 65 del CST, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 del 2002.
 

  1. El demandante afirma el anterior incumplimiento, toda vez que la empresa supuestamente no le informó por escrito dentro de los 60 días siguientes a la terminación del contrato de trabajo y el estado de pagos de las cotizaciones a seguridad social y parafiscales de los tres últimos meses.
 

2.1.2. Argumentos de los demandados

  1. La demandada se opuso a las pretensiones, manifestando que la empresa sí cumplió con el envío del estado de cuentas de las cotizaciones a seguridad social y parafiscales dentro de los 60 días, pero que por un error administrativo involuntario, se habían enviado a otra dirección.
 

  1. La demandada afirmó que se encontraba al día en cuanto al pago de seguridad social integral y parafiscales se refiere, de manera que no operaría la sanción prevista en el artículo 65 del CST.
 

2.2. Consideraciones del tribunal de instancia

El tribunal fue claro al fundamentar su decisión; allí citó la interpretación dada por la Sentencia 29443 del 2007 de la Corte Suprema de Justicia, señalando que “en lo que atañe al supuesto que sanciona la norma”,es el incumplimiento para las entidades aludidas y no específicamente la falta al deber de comunicar el estado de las cuentas al trabajador.

En este sentido, el tribunal acoge la tesis de la Corte Suprema de Justicia, señalando que la finalidad del artículo 65 del CST es la garantía de cobertura real y concreta de los trabajadores en materia de seguridad social integral y con el sistema de parafiscales.

Por esta razón, el tribunal negó dichas pretensiones al demandante.

2.3. Consideraciones de la Corte Suprema de Justicia (no se persigue necesariamente la ineficacia del despido, sino la imposición de una sanción consistente en el pago de un día de salario por cada día de retraso)

La Corte Suprema de Justicia, avocando la función unificadora de la jurisprudencia, precisa de manera clara cuál es la consecuencia jurídica cuando el empleador incumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y Parafiscales de un trabajador.

Frente al incumplimiento del artículo 65 del CST y la consecuencia que de ahí se deriva, la Corte señaló lo siguiente:

i) “(...) la consecuencia consiste en que el empleador le deberá pagar al trabajador un día de salario por cada día de mora en el pago de salarios y prestaciones sociales a la terminación del contrato (...)” toda vez que “(...) conforme al propósito de la norma (...) el objeto jurídico no es la estabilidad laboral, sino el pago de ciertas obligaciones laborales (...)”.

En este sentido, la Corte es clara en establecer que en el supuesto de que se hubiera demostrado la mora en el pago de las obligaciones a seguridad social y parafiscales por parte del empleador, lo procedente es condenar al pago de un día de salario mientras dure el incumplimiento, pero en ningún caso tendría vocación la declaratoria de ineficacia del despido.

Para la Corte no es ajeno el contenido del parágrafo con el cuerpo principal del artículo 65 del CST: “Si bien la redacción de la norma en comento es distinta al texto original del artículo 65 del CST y a la modificación introducida a este por el primer inciso del citado artículo 29 de la Ley 789, en la medida que allí sí se fija, claramente, la consecuencia consistente en que el empleador le deberá pagar al trabajador un día de salario por cada día de mora en el pago de los salarios y prestaciones sociales a la terminación del contrato, no puede ser motivo de extrañeza para la comunidad jurídica laboral el que, cuando el legislador se refiera a la ineficacia del retiro del servicio derivada del incumplimiento del pago de obligaciones laborales, en este caso del sistema de la protección social, a cargo del empleador, se equipare al pago de la indemnización moratoria a favor del trabajador, por cuanto la jurisprudencia tiene precisado, desde antaño, conforme al propósito de la norma en estos casos, que el objeto de tutela jurídica no es la estabilidad laboral, sino el pago de ciertas obligaciones laborales que, dada su naturaleza, merecen una protección especial y que esta protección debe estar armonizada con el principio general de la resolución contenido en todos los contratos de trabajo”.

3. Conclusiones

3.1. La sentencia con radicación 42361 del 31 de julio del 2013, a la cual la Sala Laboral de la Corte le da el calificativo de unificadora, es clara en consolidar la tesis sobre la interpretación del parágrafo 1º del artículo 65 del CST modificado por el artículo 29 de la Ley 789.

3.2. La interpretación dada por la Corte, se puede resumir en:

  1. De la finalidad de la norma se concluye que esta no solo tiene aplicación para los despidos sin justa causa, sino que aplicaría para cualquier terminación de contrato de trabajo, puesto que todo trabajador y las entidades del sistema deben contar con la garantía efectiva del pago de aportes por parte del empleador.
 

  1. De la real intención del legislador es claro que el alcance de la obligación no es la formalidad de comunicar, sino el real pago de los aportes al sistema.
 

  1. De la ubicación sistémica de la norma se desprende que el efecto no es el de la estabilidad jurídica (ineficacia del despido), sino imponer una sanción moratoria consistente en el pago de un día de salario por cada día de retraso.