Concepto CP56-2018 de mayo 2 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 51909

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Aprobado acta 134

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil dieciocho

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

Asunto:

La Corte procede a emitir concepto sobre la solicitud de extradición del ciudadano colombiano P. N. R. C., la cual es formulada por el Gobiemo de los Estados Unidos a través de su embajada.

Antecedentes:

1. Mediante Nota Verbal 1722 del 17 de octubre de 2017(1), la representación diplomática del país requirente solicitó la detención preventiva con fines de extradición de P. N. R. C., quien es solicitado para que comparezca a juicio “por un delito de tráfico de narcóticos” ante la Corte para el Distrito Sur de Florida, donde el 28 de julio de 2017 se le dictó la acusación 17-20547-CR­UNGARO/O'SULLIVAN, por cuyo medio se le hizo la siguiente imputación:

“Cargo uno: Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, una substancia controlada, con la intención, el conocimiento y causa razonable para creer que dicha substancia controlada seria importada ilegalmente a los Estados Unidos, en violación del título 21, secciones 959(a)(2), 960(b)(1)(B) y 963 del Código de los Estados Unidos;”

En la referida nota verbal su vez se indicó:

“Una investigación de autoridades de las fuerzas del orden de los Estados Unidos reveló que, a comienzos o alrededor de 2002 hasta 2015, los acusados formaron parte de una organización de tráfico de narcóticos que preparó y transportó cocaína desde el área de Boyacá en Colombia hasta Venezuela, México, República Dominicana, Haití y otros lugares, para su posterior importación a los Estados Unidos, actuando como líderes, organizadores e inversionistas. Testigos que cooperan en el caso ayudaron a cada uno de los acusados a construir y operar por lo menos 10 laboratorios de cocaína en Boyacá y sus alrededores recibiendo frecuentes instrucciones de los cinco acusados. Testigos que cooperan en el caso siguieron las instrucciones de los acusados al brindar seguridad personal a los acusados, transportar libros de contabilidad y documentos para los acusados, obtener y transportar armas de fuego para los acusados, administrar la producción de cocaína de los laboratorios para los acusados, y cargar cocaína, procesada en los laboratorios de los acusados, en vehículos para su transporte y posterior exportación. Testigos que cooperan en el caso identificaron marcas en dos incautaciones de cocaína en Colombia, una por 6.910 kilogramos en el puerto de Cartagena y otra por 2.000 kilogramos cerca de Santa Marta como las mismas utilizadas para marcar la cocaína producida en esos laboratorios. Testigos que cooperan en el caso también hablaron y se reunieron con H. D. J. T. R. en múltiples ocasiones para planear cargamentos potenciales de cocaína a gran escala a través de Honduras, siendo su destino final los Estados Unidos”.

2. En orden a formalizar el trámite de extradición, se aportaron los siguientes documentos con su correspondiente autenticación por el Gobierno reclamante, la traducción necesaria y su legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, según el caso:

2.1. Las Notas Verbales 1722(2) y 2093(3) del 17 de octubre y 22 de diciembre de 2017, respectivamente, a través de las cuales la Embajada de los Estados Unidos hizo conocer y formalizó la petición de extradición.

En la primera de ellas se informó al Ministerio de Relaciones Exteriores, que P. N. R. C. “también conocido como “P. O.”, es ciudadano de Colombia, nacido el XX de XXXX de XXXX, en Colombia. Es portador de la cédula colombiana XXXXXXXX”.

2.2. Copia de la acusación 17-20547-CR­UNGARO/O'SULLJVAN(4) proferida el 28 de julio de 2017, en la Corte del Distrito Sur de Florida.

2.3. Reproducción de las normas penales relevantes para el presente casos(5).

2.4. Declaraciones juradas de M. N.(6), Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, y de W. A. C.(7), agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

2.5. Duplicado de la orden de aprehensión(8) proferida en la Corte del Distrito Sur de Florida en contra del requerido.

2.6. Informe de consulta realizada a la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia en relación con el solicitado P. N. R. C., número de documento (NUIP) xxxxxxxxx(9).

3. En el país se realizó el siguiente trámite:

3.1. El Ministerio de Relaciones Exteriores remitió(10) al Fiscal General de la Nación la Nota Diplomática 1722 del 17 de octubre de 2017 procedente de la Embajada de los Estados Unidos, mediante la cual se solicitó la detención provisional con fines de extradición de P. N. R. C. y, este con Resolución del día 18 siguiente, profirió la orden de captura respectiva(11).

3.2. El 24 de octubre de 2017 fue notificado de la orden de captura con fines de extradición el requerido, quien se identificó con la cédula de ciudadanía xxxxxxxxxx, en las instalaciones de la Cárcel Picaleña ubicada en Ibagué, Tolima, donde se encuentra recluido(12).

3.3. El 26 de diciembre de 2017(13) la Cancillería envío al Ministerio de Justicia y del Derecho la Nota Verbal 2093 del día 22 del mismo mes y año(14), junto con los anexos.

En dicha comunicación conceptuó que para las partes se encuentran vigentes “la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988” y “la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 2000”. A su vez indicó que a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 de la Ley 906 de 2004, en lo no regulado por los aludidos instrumentos, el trámite se debe regir por lo previsto en “el ordenamiento jurídico colombiano”.

3.4. El Ministerio de Justicia y del Derecho determinó que la documentación allegada por el Gobierno solicitante reunía los requisitos formales exigidos en la normatividad procesal penal aplicable y, por ende, fue remitida a la Corte el 12 de enero de 2018(15).

3.5. Recibido el expediente en esta corporación, en auto del día 26 siguiente se le reconoció personería adjetiva al defensor designado por el requerido y se ordenó correr el traslado para pedir pruebas(16).

3.6. Agotado el mismo, tanto la representante del Ministerio Público como la defensa del requerido solicitaron diferentes medios de convicción.

3.7. Mediante providencia del 21 de marzo de 2018(17), se negó la práctica de las pruebas solicitadas y se dispuso, una vez en firme la decisión, correr el traslado común a los intervinientes en orden a que presentaran alegatos de conclusión.

La defensa

Pide se emita concepto desfavorable a la extradición de P. N. R. C. solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos, por cuanto estima que este país carece de competencia para juzgar al requerido.

Una vez aludió a los presupuestos constitucionales y legales previsto en los artículos 35 superior y 502 de la Ley 906 de 2004, en relación con los requisitos legales indicó que:

1. La plena identidad del solicitado sumariamente se halla acreditada.

2. Frente a la validez formal de la documentación, no obstante encontrar cumplido formalmente este requisito, pide a la Corte determinar con base en la misma y los hechos contenidos en la acusación, si el Gobierno de Estados Unidos tiene competencia para juzgar los presuntos actos delictivos por los cuales solicita la entrega de R. C.

3. Igualmente, considera satisfecho el principio de doble incriminación pues, según los cargos y las disposiciones transgredidas, las conductas imputadas encuentran adecuación típica en los artículos 376 y 340 del Código Penal.

4. En cuanto a la equivalencia de la providencia extranjera con la resolución de acusación en Colombia, aduce que no cuestiona el cumplimiento de este presupuesto, por cuanto la Corte ha establecido que hay correspondencia entre ellas.

5. Así mismo, respecto del tratado de extradición vigente entre las partes, acepta la postura fijada por la Corte de no aplicarlo.

De otra parte, el defensor agrega que no obstante verificarse el cumplimiento de los requisitos legales, afirma que en el trámite es factible discutir la competencia y jurisdicción del Gobierno extranjero para juzgar al reclamado si los hechos fueron ejecutados en Colombia, por tanto solicita a la Corte determine si en estos caso es dable aplicar la teoría de la ubicuidad y si Estados Unidos es competente para juzgarlos.

Advierte, luego de transcribir el cargo imputado a R. C., que en la declaración de apoyo se enuncian por lo menos 7 eventos ilícitos de los cuales este presuntamente tenía conocimiento, que en concreto determina así:

Evento uno: “Creación de laboratorios”. Según el testigo CW-1, el Clan R. construyó aproximadamente 10 laboratorios de cocaína, todos ubicados en Boyacá, Colombia.

Evento dos: “La relación con P. A. (sic) P. C.”. Según el testigo CW-1, P. C. es un narcotraficante importante que conoció en la residencia de O. J. R. C., los cuales le pidieron viajar a República Dominicana para recoger cinco millones en moneda de Estados Unidos , entregarlos en otra casa y esperar instrucciones para transportarlos a Colombia; una vez allí el segundo le comunicó que abandonara el país porque las personas con las que iba a reunirse fueron arrestados , es decir, R. G., de Boyacá, dos personas de Santo Domingo y dos haitianos.

Evento tres: “entrega de armamento a N. M.”. El 2 de octubre de 2015 por orden de O. J. R. C., los testigos CW-1 y CW-2 fueron a un laboratorio ubicado en Coper para reunirse con N. M., quien los envió a otro laboratorio ubicado en las afueras de Maripí, Boyacá, para recoger 5 rifles y 5 pistolas y al regresar lo encontraron con 15 hombres armados.

Evento cuatro: “presunta producción de cocaína”. El testigo CW-1 informó que en uno de dichos laboratorios se produjeron 2.500 kilogramos de cocaína en noviembre de 2015.

Evento cinco: “arresto en Colombia de CW-1”. El 1º de diciembre de 2015 CW-1 fue arrestado en Colombia con un rifle de propiedad de O. J. R. C.

Evento seis: “CW2 y producción de estupefacientes”. Según este testigo, proporcionó seguridad a varios laboratorios del Clan R. de 2002 a 2015, tiempo durante el cual observó personas llevando paquetes con pasta de base de coca a los laboratorios para su procesamiento, así como a trabajadores cumpliendo esa labor; laboratorios que afirmó producían de 180 a 200 kilogramos de cocaína cada ocho días. Uno de ellos, dijo, produjo de 800 a 1.000 en octubre de 2015 y de 1.000 a 1.200 en noviembre de 2015.

Además, admitió, que cada ocho días cargó automóviles con aproximadamente 200 kilogramos de cocaína marcada con la letra “Y”, el personaje de dibujos animados “Ben 10”, o el número 2 encerrado en un cuadrado; marcas que se encontraron en las incautaciones realizadas en el puerto de Cartagena de 6.910 kilogramos de cocaína y otra cerca de Santa Marta de 2.000, en marzo de 2014.

Evento siete: “Atentado a un helicóptero”. CW2 señaló que trabajó con Y. G. C. quien fue contratado por los hermanos R. C. para brindar seguridad a los laboratorios de cocaína de 2002 a 2015, personas que observó se reunían con T. R. para hablar sobre el negocio de los laboratorios de cocaína.

CW-2 agregó que por instrucciones de G. R. C. transportó materiales de contabilidad y armas de laboratorio a laboratorio, las que entregó directamente a este. Igualmente trasladó y una bazuca de 40 milímetros de Maripí a Quípama, elemento este con el cual el Clan R. C. le ordenó derribar un helicóptero a fin de eliminar fuerzas del orden de los Estados Unidos, porque suponían que el piloto era de ese (sic) nación.

En atención a lo anterior, el defensor solicita se determine la “competencia” para juzgar la creación de laboratorios para el procesamiento de estupefacientes en municipios de Boyacá, pues acorde con las teorías consideradas por la Corte para definir cuándo un delito se considera cometido en el exterior, se puede sostener que ello se ejecutó en su totalidad en Colombia y, por ende, no traspasó las fronteras del país.

Por tanto, no se explica porqué ese hecho es de conocimiento de las autoridades extranjeras y no de las colombianas, pues si bien en la solicitud de extradición se dice tener motivo fundado para suponer que la sustancia seria importada ilícitamente a los Estados Unidos, tal afirmación está en el plano de lo “posible”, pues los hechos y pruebas mencionadas en la acusación no lo indican.

Afirma que no hay hecho ni prueba que demuestre la creación de laboratorios o que la sustancia prohibida producida en ellos tuviera como destino los Estados Unidos y no que fuera para consumo interno o para enviarlo a otro lugar del mundo, por lo cual el defensor sostiene que no es posible “asignarle” la competencia a los Estados Unidos para juzgar tales acciones.

En relación con el segundo evento reseñado, estima, que se puede definir acudiendo a la teoría de la ubicuidad, pues la acción se ejecutó en la República Dominicana, tanto así que ese país obtuvo de Colombia la extradición de P. A. P. C., y no Estados Unidos porque no tiene competencia.

En torno a los restantes eventos, arguye que ninguna relación tienen con los cargos por los cuales Estados Unidos se abroga la competencia, ya que tuvieron lugar en Colombia, lo que imposibilita la aplicación de la teoría de la ubicuidad.

Concluye, que no hay correspondencia ni congruencia entre los cargos formulados, los hechos jurídicamente relevantes y las pruebas reseñadas en la acusación formal de los Estados Unidos, lo cual evidencia la falta de competencia de ese país para juzgar a R. C., pues los actos que se le atribuyen no trascendieron las fronteras de Colombia ni se ejecutaron parcialmente en Estados Unidos como para dar aplicación válida a la teoría de la ubicuidad.

Recuerda, además, que según el artículo 35 constitucional, la extradición de ciudadanos colombianos se concede por delitos cometidos en el exterior, por lo cual solicita a la Corte emita concepto desfavorable a la petición de extradición de P. N. R. C.

De manera subsidiaria aduce que de no ser acogidos sus argumentos, se inste a[l] Gobierno nacional a dar cumplimiento a los condicionamientos impuestos por la Corte desde antaño en relación con nacionales colombianos y se haga el seguimiento correspondiente al cumplimiento de los mismos.

El Ministerio Público

La procuradora delegada expresa, una vez hizo referencia al procedimiento surtido, a los documentos soporte de la petición de extradición y a la normatividad aplicable; en relación con la validez formal de la documentación presentada por el país solicitante, que esta fue aportada con la información legal requerida y su correspondiente traducción y autenticación, por tanto, encontró cumplida tal exigencia.

Sobre la demostración plena de la identidad del requerido, luego de enunciar que los datos suministrados al respecto por el Gobierno reclamante coinciden con los del ciudadano que fue capturado con fines de extradición por miembros de la Policía Nacional, indica que tal “univocidad” no deja duda acerca de estar frente a la misma persona.

Considera igualmente satisfecho el principio de la doble incriminación, por cuanto efectuada la confrontación entre las conductas que motivan la petición de extradición señaladas en la acusación con nuestro ordenamiento jurídico, se concluye que tales comportamientos constituyen delito, pues encuentran adecuación típica en el artículo 340 ibídem, que define el concierto para delinquir y, en el artículo 376 del Código Penal, bajo la denominación jurídica de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, al tiempo que cumplen el limite punitivo, pues están sancionados con penas superiores a 4 años.

En relación con la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero, estima que este presupuesto también concurre, puesto que la acusación formulada en el país requirente responde a la convocatoria a juicio del ordenamiento jurídico colombiano, toda vez que allí se indican los hechos, se identificación la persona imputada, las conductas punibles que se le atribuyen y las disposiciones legales trasgredidas.

Por tanto, la delegada del Ministerio Público concluye que concurren los requisitos para emitir concepto favorable en relación con la solicitud d”: extradición de P. N. R. C.

En consecuencia, pidió a la Corte que conceptúe favorablemente respecto de la petición de extradición del requerido y que, de ser así, se exhorte al Gobierno nacional para que su entrega se condicione a que solamente se le juzgue por las conductas que le sirven de sustento e, igualmente, que le sean respetadas todas las garantías consagradas en la Carta Política y en el bloque de constitucionalidad, en particular que no sea juzgado por hechos diversos a los que motivaron la extradición, ni sometido a pena de muerte, desaparición forzada, tortura, tratos o penas crueles inhumanas o degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación.

Concepto de la Corte:

I. Cuestión previa

Previo a abordar el estudio en orden a verificar la procedencia o no de la entrega del requerido P. N. R. C., se debe señalar que el 14 de septiembre de 1979 entre Colombia y los Estados Unidos de América se suscribió un “Tratado de Extradición” que se encuentra vigente, en la medida que las partes contratantes no lo han dado por terminado, denunciado o celebrado uno nuevo, ni han acudido a ninguno de los mecanismos previstos en la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969” para finiquitarlo.

No obstante, actualmente no resulta posible aplicar sus cláusulas en Colombia ante la ausencia de una ley que lo incorpore al ordenamiento interno, como lo exigen los artículos 150-14 y 241-10 de la Constitución Política, pues aunque se expidieron con tal propósito las leyes 27 de 1980 y 68 de 1986, la Corte Suprema de Justicia las declaró inexequibles por vicios de forma(18).

Por esa razón, la competencia de la corporación, cuando se trata de emitir concepto sobre la procedencia de extraditar o no a una persona solicitada por el gobierno norteamericano, se circunscribe a constatar el cumplimiento de las exigencias contenidas en las normas del Código de Procedimiento Penal vigente al momento de ocurrencia de los hechos, toda vez que estas regulan la materia y posibilitan cumplir con los compromisos de cooperación judicial internacional adquiridos por Colombia, orientados a fortalecer la lucha contra la criminalidad transnacional.

En consecuencia, en el caso examinado, el requerimiento de los Estados Unidos de América debe estudiarse confrontando los artículos 490, 493, 495 y 502 de la Ley 906 de 2004(19).

Ahora, los requisitos allí contenidos se contraen a verificar (i) la validez formal de la documentación allegada por el país requirente; (ii) la demostración plena de la identidad de la persona solicitada; (iii) la concurrencia de la doble incriminación, esto es, que el hecho que motiva la solicitud de extradición tanto en el Estado reclamante como en Colombia sea delito y además que la legislación nacional lo sancione con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años y; (iv) respecto de la equivalencia que debe existir entre la providencia proferida en el extranjero y —por lo menos— la acusación del sistema procesal interno.

Así mismo, corresponde verificar las exigencias contenidas en el artículo 35 de la Constitución Política, es decir, que las conductas se hayan cometido en el exterior y en caso de colombianos por nacimiento, que los hechos sean cometidos después de la promulgación del Acto Legislativo 01 de 1997, y no se trate de delitos políticos.

Igualmente, si concurre alguna de las circunstancia que impiden la procedencia de la extradición, tales como, el respeto por el principio de non bis in idem(20), que no esté prescrita la acción penal o la sanción que dio lugar al pedido de extradición(21) y, si es del caso, establecer si al solicitado se le aplica lo previsto en el artículo transitorio 19 del Acto Legislativo 01 de 2017(22), en donde se indica que no hay lugar a la entrega de miembros de las FARC-EP.

La Corte, por consiguiente, procede a estudiar en primer lugar si en el asunto bajo examen concurre algún impedimento constitucional para conceder la extradición.

1. Sobre el requisito previsto en el inciso final del artículo 35 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 del 16 de diciembre de 1997, relativo a que la entrega del (sic) ciudadanos colombianos únicamente opera por hechos cometidos con posterioridad a la promulgación de la referida reforma:

En este sentido se observa que de la petición de extradición formulada por el Gobierno de los Estados Unidos a través de su Embajada en Colombia y de los documentos aportados con ella, se tiene que los hechos atribuidos a P. N. R. C. habrían ocurrido, de conformidad con el cargo contenido en la acusación 17-20547-CR­UNGARO/O'SULLIVAN, “comenzando por lo menos aproximadamente en 2002, fecha desconocida para el Gran Jurado, y continuando aproximadamente hasta 2015”(23).

A su vez, el agente especial W. A. C., en su declaración jurada(24), precisó que los hechos tuvieron ocurrencia de 2002 a 2015; de donde se sigue que las conductas por cuya presunta ejecución se acusa al solicitado fueron realizadas con posterioridad a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 1997, modificatorio del artículo 35 de la Constitución Política, por tanto, no resulta necesario hacer salvedad alguna al respecto.

2. Respecto al requisito relativo a que los delitos se hayan cometido en el exterior, se observa que en el cargo que se le atribuye al reclamado en la acusación 17-20547-CR-UNGARO/O'SULLIVAN(25), se indica que las infracciones se habrían cometido en “Colombia, Venezuela, México, República Dominicana, Haití y otros lugares(26).

Ese supuesto fáctico a su vez es reiterado en la declaración jurada del agente especial W. A. C. en la cual se señaló que el reclamado junto con otros, coordinó envíos de cocaína “desde Boyacá, Colombia, a Venezuela, luego a través de América Central a los Estados Unidos y Europa”(27).

En esa medida, en atención a lo establecido por la jurisprudencia y la doctrina como criterio para determinar el lugar de ocurrencia del delito, como es la teoría mixta o de la ubicuidad, conforme a la cual se considera cometido el hecho donde se desarrolló total o parcialmente la acción, o en el lugar donde debió realizarse la acción omitida, o en el sitio donde se produjo o debió materializarse el resultado; la Sala encuentra que los comportamientos deducidos a P. N. R. C. en la acusación 17-20547-CR­ UNGARO/O'SULLIVAN, traspasaron las fronteras de Colombia, por lo cual se satisface la condicionante constitucional de que los delitos se hayan cometido en el exterior del territorio nacional.

Por consiguiente, no le asiste razón al defensor cuando alega que los comportamientos que se le imputan al reclamado se iniciaron y agotaron en Colombia y, por tanto, Estados Unidos carece de competencia para juzgarlos, pues con ello ignora los hechos que le son atribuidos a su representado en este caso.

En efecto, esa situación dista de la que da cuenta la acusación proferida por el Gobiemo extranjero y revelan las declaraciones que se aportan en su apoyo(28), en las cuales aparece que el reclamado R. C. pertenencia a una organización de narcotráfico dedicada a distribuir cocaína a sabiendas que iba a ser importada ilícitamente a los Estados Unidos. Es más, allí se identifican algunos envíos de cocaína, uno confiscado en el Puerto de Cartagena, Colombia, una entrega controlada en Montreal, Canadá, y otro envió a Jacksonville, Florida, los cuales que habrían sido remitidos desde este país por esa asociación delictiva.

Además, en la Nota Verbal 1722 del 17 de octubre de 1917(29), por cuyo medio se solicitó la detención preventiva del requerido, se indica que la investigación de autoridades de las fuerzas del orden de los Estados Unidos reveló que, a comienzos o alrededor de 2002 hasta 2015, los acusados formaron parte de una organización de tráfico de narcóticos que preparó y transportó cocaína desde el área de Boyacá en Colombia hasta Venezuela, México, República Dominicana, Haití y otros lugares, para su posterior importación a los Estados Unidos (...)”.

Más adelante, en la misma nota, se agrega que “testigos que cooperan siguieron las instrucciones de los acusados al (...) administrar la producción de cocaína de los laboratorios de los acusados y cargar cocaína, procesada en los laboratorios de cocaína de los acusados, en vehículo para su transporte y posterior exportación (...)”.

De otro lado, no debe perderse de vista que el abogado del solicitado termina reconociendo que alguno de los hechos habrían sucedido fuera del territorio patrio pero en un lugar distinto a los Estados Unidos (República Dominicana), con lo cual defmitivamente no logra demostrar que la exigencia objeto de examen no se cumple.

La Corte sobre este tema ha dicho:

“Repárese que la norma Constitucional se refiere sin matizaciones a “delitos cometidos en el exterior', de modo que la realización puede ser total o parcialmente cumplida fuera de los límites territoriales patrios (...)”(30).

En ese orden, no hay duda que en este caso los hechos imputados al reclamado traspasaron las fronteras del país, por lo que se satisface el requisito que en ese sentido señala el artículo 35 de la Carta Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 1997.

En tales condiciones no es posible avalar las alegaciones propuestas por el defensor de P. N. R. C., cuando sostiene que las conductas ilícitas que se le atribuyen a este no traspasaron las fronteras colombianas.

3. Ahora, frente a la exigencia relativa a que los delitos que sirvan de fundamento a la petición de extradición no tengan el carácter de políticos o de opinión, se tiene que como de acuerdo con el cargo endilgado al reclamado en la acusación 17-20547-CR-UNGARO/O'SULLIVAN, este se habría asociado con otras personas “para distribuir una sustancia controlada categoría II, a sabiendas, deliberadamente, y teniendo motivo fundado para creer que dicha sustancia controlada sería ilícitamente importada a los Estados Unidos”, es claro que tal comportamiento no envuelve la condición de político o de opinión, pues atenta contra la seguridad y la salud pública.

Por consiguiente, no se configura la prohibición de la extradición pues no se está ante un delito político o de opinión, según lo contempla el artículo 35 Superior.

4. Ahora, en relación con las circunstancias que inhiben la procedencia de la extradición, tales como, el respeto por el principio de non bis in ídem(31); que no esté prescrita la acción penal o la sanción que dio lugar al pedido de extradición(32) y; la prohibición de conceder la extradición respecto de los integrantes del grupo subversivo de las FARC-EP; en la actuación no se tiene conocimiento y evidencia de que se configure tampocoexiste alguna de estas circunstancias, como para que por tal causa no haya lugar a la extradición del reclamado.

Además, el requerido ni su defensa han hecho manifestación alguna sobre el particular, de donde fundadamente se infiera que alguna de estas circunstancias se presenta.

A su vez en el trámite se estableció que la decisión que se encuentra en firme en contra del P. N. R. C. y por la cual se encontraba privado de la libertad en el centro carcelario Picaleña de Ibagué, al serle notificada la resolución de captura con fines de extradición, no refiere a los comportamientos que motivan la solicitud de entrega.

I. Cuestión de fondo

1. Validez formal de la documentación presentada:

Según lo dispone el artículo 495 de la Ley 906 de 2004, la solicitud de extradición debe efectuarse por la vía diplomática y, de manera excepcional, por la consular o de gobierno a gobierno, adjuntando copia auténtica del fallo o de la acusación proferida en el extranjero, con indicación de los actos que determinan la petición , así como del lugar y la fecha en que fueron ejecutados, los datos que permitan establecer la plena identidad del reclamado y la copia auténtica de las disposiciones penales aplicables al caso, documentos que deben ser expedidos en la forma prevista en la legislación del país requirente y traducidos al castellano, de ser necesario.

Por ende, la revisión sobre la validez formal de la documentación se orienta a verificar que los soportes con los cuales el Estado reclamante solicita la entrega de una persona en extradición, se sujeten a las referidas exigencias formales.

En este sentido, encuentra la Sala que dicho presupuesto fue observado por el Gobierno de los Estados Unidos al demandar la extradición del ciudadano P. N. R. C. por conducto de su Embajada.

En efecto, la solicitud se hizo por la vía diplomática y a ella se acompañó copia de la acusación 17-20547-CR-UNGARO/O’SULLIVAN dictada el 28 de julio de 2017 en la Corte del Distrito Sur de Florida(33), decisión donde se indican los actos que sustenten la petición de entrega, el lugar y las fechas de su ejecución y las normas trasgredidas, mientras que en los restantes documentos aportados son precisados tales datos y se ofrece la información necesaria para establecer la plena identidad de la persona requerida.

Esto se corrobora al confrontar el contenido de las declaraciones juradas de M. N.(34), fiscal auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, y de W. A. C.(35) , agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA), quienes reseñan los pormenores de la investigación y posterior acusación, la imputación y la normatividad aplicable al caso, la cual está contenida en el Código Federal de dicho país.

Los anteriores documentos a su vez obran certificados y autenticados por las autoridades del país requirente y están traducidos al castellano. Además, aparece la refrendación efectuada por el cónsul de Colombia en Washington, D.C.(36), cuya firma fue abonada por el Jefe de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores(37) lo que, de conformidad con el artículo 251 del Código General del Proceso, permite suponer que se otorgaron de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos.

Por consiguiente, la validez de la documentación aportada por el Gobierno requirente se encuentra debidamente acreditada.

2. Plena identidad del reclamado:

Esta exigencia, cuya evaluación corresponde efectuar a la Sala en el concepto, hace relación a la plena coincidencia que debe existir entre la persona procesada (acusada o condenada) en el país reclamante, y la sometida al trámite de extradición, sin que ello implique determinar su verdadera identidad, por lo cual, es bajo este contexto que corresponde analizar a la Corte la “identificación” del ciudadano reclamado.

Al efecto se tiene que mediante la Nota Diplomática 1722 del 17 de octubre de 2017(38), la Embajada de los Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición de la persona requerida, quien responde al nombre de P. N. R. C., “también conocido como “P. O.”, es ciudadano de Colombia, nacido el 12 de febrero de 1967, en Colombia. Es portador de la cédula colombiana 79.416.383”.

Ahora, de la documentación reunida en Colombia se concluye que se trata de la misma persona a que alude aquella petición, pues el 24 de octubre de 2017, día en que el solicitado fue notificado de Ja resolución de captura con fines de extradición, así se identificó en concordancia con los datos de identificación suministrados por el país extranjero, como aparece en el acta de los derechos del capturado(39), el acta de notificación y constancia de buen trato, así como en diversas actuaciones surtidas en el curso del trámite ante la Corte, como en el poder que otorgó a su abogado(40) para que lo representara en este trámite Igualmente, en la confrontación dactiloscópica realizada el mismo 24 de octubre de 2017(41), se constató que a quien corresponden las impresiones dactilares que obran en la tarjeta decadactilar del capturado es P. N. R. C. con número de documento (NUIP) 79.416.383, inscrito en la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En esa medida, se satisface el segundo de los presupuestos del artículo 502 de la Ley 906 de 2004.

3. Principio de la doble incriminación:

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 493 de la Ley 906 de 2004, para conceder la extradición es indispensable que los hechos que la motivan estén previstos en Colombia como delito y que los mismos se encuentren reprimidos con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años.

En este sentido, se tiene que P. N. R. C. es requerido para que comparezca en juicio ante la Corte del Distrito Sur de Florida en razón de la acusación 17-20547-CR-UNGARO/O'SULLIVAN dictada el 28 de julio de 2017(42), mediante la cual se le imputa el siguiente cargo:

“Comenzando por lo menos aproximadamente en. 2002, fecha desconocida para el Gran Jurado, y continuando aproximadamente hasta 2015, en los países de Colombia, Venezuela, México, República Dominicana, Haití y otros lugares, los acusados,

P. N. R. C.

(…)

A sabiendas y deliberadamente combinaron, concertaron, confederaron y acordaron juntos y entre ellos y otros conocidos y desconocidos para el Gran Jurado, para distribuir una sustancia controlada categoría II, a sabiendas, deliberadamente y teniendo un motivo fundado para creer que tal sustancia controlada seria ilícitamente importada a los Estados Unidos, en violación de la Sección 959(a)(2) del título 21 del Código de los Estados Unidos, todo ello en contravención de la Sección 963 del título 21 del Código de los Estados Unidos.

Con respecto a los acusados P. N. R. C., alías “P. O.”, (...) la sustancia controlada involucrada en el concierto atribuible a ellos como resultado de su propia conducta, y la conducta de otros conspiradores, razonablemente previsible a ellos, es de cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, en violación de las Secciones 963 y 960(b){l)(B) del título 21 del Código de los Estados Unidos”.

Ahora, tales conductas están descritas en las normas del país requirente, de la siguiente manera:

“Sección 959 del título 21 del Código de los Estados Unidos 

Posesión., manufactura o distribución de Sustancias Controladas

(a) Manufactura o distribución con fines de importación ilícita. Será ilícito que una persona manufacture o distribuya una sustancia controlada de la categoría (...) II (...)

(1) Con la intención de que esa sustancia o producto sea importado ilícitamente a los Estados Unidos (...)

(2) a sabiendas que dicha sustancia o producto químico será importada ilícitamente a Estados Unidos (...)

Sección 960 del título 21 del Código de los Estados Unidos 

Actos prohibidos A

(a) Actos ilícitos

Cualquier persona que

(...)

(3) Contrariamente a la sección 959 de este título, manufacture, posea con la intención de distribuir o distribuya una sustancia controlada, será castigada según lo dispuesto en la subsección (b) de esta sección.

(b) Penas

(1) En caso de un (sic) violación de la subsección (a) de esta sección que involucre—

(B) 5 kilogramos o más de una mezcla o sustancia controlada que contenga una cantidad detectable de—

ii) cocaína, sus sales, isómeros ópticos y geométricos, y sales de isómeros;

La persona que cometa tal violación será sentenciada a una de prisión o menor de 10 años ni mayor que cadena perpetua.

Sección 963 del título 21 del Código de los Estados Unidos 

Tentativa y concierto para delinquir

Toda persona que intente o concierte para cometer cualquier delito descrito en este subcapítulo, estará sujeta a las mismas penas que las establecidas para los delitos cuya comisión era el objeto de la tentativa o concierto para delinquir”.

A su vez, el Agente de la DEA, W. A. C.(43), en relación con la imputación atribuida al reclamado, puntualizó lo siguiente:

“La investigación reveló que a partir de aproximadamente 2002 a 2015, el Clan R. fue una organización narcotraficante (DTO, por su sigla en inglés}, que tenía su sede en el área de Boyacá de Colombia. El Clan R. coordinó envíos de cocaína desde Boyacá, Colombia, a Venezuela, y luego a través de América Central a los Estados Unido y Europa. Durante el curso de la investigación sobre los miembros del Clan R., los agentes obtuvieron información sobre las actividades de narcotráfico del Clan R. por medio de testigos colaboradores (CWs, por su sigla en inglés). Algunos de estos CWs identificaron un envío de cocaína que habla sido confiscado y otros CWs eran empleados de los laboratorios de producción de cocaína controlados por el Clan R. El envío de 6. 910 kilogramos de cocaína fue confiscado en el puerto de Cartagena, Colombia. Además, agentes del orden público realizaron dos entregas controladas de cocaína. Una entrega controlada de 550 kilogramos fue a Montreal, Canadá, y el otro envío de 28 'kilogramos a Jacksonville, Florida. Aunque no se sabía en ese momento, el Clan R. era dueño de la mitad de los kilogramos en cada entrega controlada.

II. Las pruebas

8. Según el CW-1 (Testigo colaborador-1, en español), el CW-1 creció cerca de la mina de esmeraldas Coscuez en Boyacá, Colombia, y trabajó para varios traficantes de drogas en la región de Boyacá. En 2002, el CW-1 empezó a trabajar directamente para O. J. R. C. en varios laboratorios de cocaína. Con el tiempo, el CW-1 se convirtió en el jefe de seguridad de O. J. R. C. El CW-1 confirmó que P. N. R. C. era el líder de la organización traficante de cocaína, que incluía a O. J. R. C., G. R. C., T. R. y N. M. El CW-1 proporcionó seguridad para varios laboratorios de cocaína dirigidos por el Clan R. cerca de las ciudades de Coper, Maripí, Briceño y San Cayetano. CW-1 fue instruido directamente por P. N. R. C. para ir a las localidades cercanas a las minas de esmeraldas para identificar los lugares donde el Clan R. podría construir laboratorios de cocaína. El CW- 1 identificó Coper, Marip Briceño y San Cayetano como los pueblos a incluir; todos ubicados en Boyacá, Colombia. El Clan R. construyó aproximadamente 10 laboratorios de cocaína en estas áreas. El CW-1 se encargó de transportar libros de contabilidad de drogas, diversos documentos, documentos contables y documentación administrativa de estos laboratorios de cocaína para entregarlos a P. N. R. C., O. J. R. C., G. R. C. y/o T. R.

9. En 2015, O. J. R. C. citó al CW-1 en su residencia ubicada en Villa de Prado, Bogotá, Colombia. Cuando el CW-1 llegó a la residencia de O. J. R. C., el CW-1 se reunió con O. J. R. C. y A. P. C. (P. C.). El CW-1 se habla encontrado con P. C. en varias ocasiones anteriores y sabía que P. C. era un narcotraficante importante. O. J. R. C. y P. C. le dijeron al CW-1 que viajara a Santo Domingo, República Dominicana, para recoger $ 5 millones en moneda de los Estados Unidos, entregar el dinero en otra casa en Santo Domingo, y esperar por instrucciones sobre cómo transportar el dinero a Colombia. Al llegar a Santo Domingo, el CW-1 esperó instrucciones sobre dónde recoger el dinero. O. J. R. C. envió al CW-1 un mensaje para que se fuera de la República Dominicana porque todos habían sido arrestados. El CW-1 luego se enteró que las personas con las que se suponía debía encontrarse que habían sido arrestadas, eran Reinaldo García de Boyacá, otras tres personas (desconocidas) de Santo Domingo y dos personas haitianas.

10. El 2 de octubre de 2015, O. J. R. C. citó al CW-1 y al CW-2 para una reunión. Al llegar a la residencia de O. J. R. C., O. J. R. C. ordenó al CW-1 y al CW-2 ir a un laboratorio de cocaína ubicado en Coper para encontrarse con N. M. Al llegar a Coper, N. M. envió al CW-1 y al CN-2 a un laboratorio de cocaína diferente ubicado en las afueras de Maripí, Boyacá, para recoger cinco rifles y cinco pistolas para traérselas a N. M. El CW- 1 y el CW-2 fueron al laboratorio de cocaína en Maripí y recogieron los rifles y las pistolas. Luego, el CW-1 y el CW-2 regresaron para reunirse con N. M. Al regresar a N. M., el CW-1 y el CW-2 encontraron a N. M. con 15 hombres armados. El CW-1 le entregó las armas directamente a N. M.

11. A fines de octubre de 2015, el CW-1 vio 800 a 1.000 kilogramos de cocaína producidos en uno de los laboratorios. O. J. R. C. le indicó al CW-1 que produzca 1.000 kilogramos adicionales. De hecho, este laboratorio produjo 2.500 kilogramos adicionales de cocaína en noviembre de 2015.

12. Se le mostró al CW-1 fotografía de la foto de la cédula de O. J. R. C., G. R. C., T. R., P. N. R. C. y N. M., y las identificó como las de O. J. R. C., G. R. C., T. R., P. N. R. C. y N. M., respectivamente. El 1º de diciembre de 2015, el CW-1 fue arrestado en Colombia con un rifle que pertenecía a O. J. R. C. El CW-1 permanece preso en Colombia.

13. El CW-2 proporcionó seguridad en varios laboratorios propiedad del Clan R. de 2002 a 2015. Mientras brindaba seguridad en diferentes laboratorios, el CW-2 frecuentemente presenció cómo personas traían paquetes con pasta base de cocaína a los laboratorios de cocaína, para su procesamiento. El CW-2 también uio a trabajadores procesando la pasta base de cocaína. El CW-2 sabía que lo que veía era pasta base de cocaína porque la probó, la gente hablaba de que era pasta base de cocaína. Según el CW-2, los diversos laboratorios en los que el CW-2 trabajó produjeron aproximadamente de 180 a 200 kilogramos de cocaína cada ocho días. Un laboratorio, en el que el CW-2 trabajó produjo de 800 a 1.000 kilogramos de cocaína en octubre de 2015, y de 1.000 a 1.200 kilogramos en noviembre de 2015. EL CW-2 cargó automóviles con aproximadamente 200 kilogramos de cocaína, cada ocho días. Esta cocaína estaba marcada con la letra “Y”, el personaje de dibujos animados “Ben 10” o el número 2 encerrado en un cuadrado alrededor. Estas marcas se encontraron en dos incautaciones: una de 6.910 kilogramos de cocaína en el puerto de Cartagena, Colombia, y la otra de 2.000 kilogramos de cocaína en marzo de 2014 cerca de Santa Marta, Colombia.

14. El CW-2 trabajó directamente para Y. G. C., quien fue contratado por G. R. C., O. J. R. C. y P. N. R. C. para brindar seguridad a los laboratorios de cocaína. En numerosas ocasiones, de 2002 a 2015, el CW-2 reportaba directamente a G. R. C. y observó que G. R. C. se reunía regularmente con O. J. R. C., P. N. R. C. y T. R. para hablar sobre el negocio de los laboratorios de cocaína. Más específicamente, el CW-2 transportó por instrucciones de G. R. C. materiales de contabilidad y armas, de laboratorio a laboratorio y se los dio directamente a G. R. C. Además, el CW-2 transportó rifles y un (sic) bazuca de 40 milímetros de Maripí a Quipama para G. R. C., P. N. R. C. y O. J. R. C. G. R. C., P. N. R. C. y O.J. R. C. se reunieron con el CW-2 y le dieron instrucciones para derribar un helicóptero con el rifle y la bazuca. El Clan R. estaba tratando de eliminar la presencia estadounidense del área para evitar a las fuerzas del orden público de los Estados Unidos (sic) Se suponía que el piloto de ese helicóptero era un estadounidense.

15. Se le mostró al CW-2 fotografías de las fotos de las cédulas de O. J. R. C., G. R. C., T. R., P. N. R. C. y N. M., y las identificó como las de O. J. R. C., G. R. C., T. R., P. N. R. C. y N. M., respetivamente. El CW-2, en forma regular, recibió instrucciones de O. J. R. C., G. R. C., N. M., T. R. y P. N. R. C. en referencia a la seguridad de los laboratorios de cocaína y varias (sic) trabajos relacionados.

16. Alrededor de 2010, el CW-3 y·el CW-4 se reunieron con T. R. para hablar sobre el transporte de 4.000 a 5.000 kilogramos de cocaína a Honduras y finalmente a los Estados Unidos. El papel de T. R. era proporcionar el financiamiento para la cocaína, el papel del CW-3 era proporcionar la cocaína, y el papel del CW-4 era organizar el transporte de la cocaína a Honduras en avión. El CW-3, el CW-4 y T. R. hablaron que el precio por kilogramo de cocaína seria $ 1.200 en moneda de los Estados más impuestos por el paso seguro a través de varias áreas de Colombia. Aunque las negociaciones continuaron, el envío nunca se hizo. Tres meses más tarde, T. R. envió un mensaje al CW-3 diciendo que quería reunirse. T. R. y el CW-3 se reunieron en la casa de T. R. ubicada en Bogotá, Colombia. En la casa había alrededor de 30 personas con aproximadamente 10 guardaespaldas armados. T. R. quería asociarse con el CW-3 y poner dinero para invertir en un negocio de drogas. El CW-3, el CW-4 y T. R. continuaron negociando la preparación de envíos de cocaína a gran escala a través de Honduras y hacia los Estados Unidos. Se le mostró al CW-3 y al CW-4 una fotografía de la cédula de T. R. y la identificaron como la de T. R.

Precisada la imputación de que es objeto el solicitado P. N. R. C., se tiene que la conducta de presuntamente haberse asociado con otras personas para distribuir cocaína con la intención de importarla ilícitamente a los Estados Unidos, guarda identidad con lo descrito en los artículos 340 (modificado por los artículos 8º de la Ley 733/2002, 14 de la Ley 890/2004 y 19 de la Ley 1121/2006), 376 (reformado por los artículos 14 de la Ley 890/2004 y 11 de la Ley 1453/2011) y 384 del Código Penal, por cuanto tales normas , en su orden, consagran lo siguiente:

“Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión (...) de cuarenta y ocho (48) meses a ciento ocho (108) meses.

Cuando el concierto sea para cometer delitos de (...) tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas (...) la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto o la asociación para delinquir.

Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país , así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de la Naciones Unidas sobre sustancias sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Circunstancias de agravación punitiva. El mínimo de las penas previstas en (...) [el] artículo (...) anterior (...) se duplicará en los siguientes casos:

(...)

3. Cuando la cantidad incautada sea superior a (...) cinco (5) kilogramos de cocaína (...)”.

En esa medida, queda demostrado que los hechos imputados en el cargo señalado en la acusación 17-20547-CR-UNGARO/O'SULLIVAN proferida el 28 de julio de 2017 en la Corte del Distrito Sur de Florida, cumplen el requisito establecido en los artículos 493 y 502 del Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004), relativo a la doble incriminación, por cuanto se trata de conductas que son consideradas delictivas en Colombia, las cuales tienen una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no es inferior a cuatro años.

En este orden, este presupuesto, al igual que los analizados en líneas anteriores, también se satisface.

4. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero con la acusación del sistema procesal colombiano:

Esta exigencia igualmente se constata en el caso particular, por cuanto la decisión proferida por el Gran Jurado ante la Corte del Distrito Sur de Florida es equivalente, en su contenido material, a la acusación prevista en el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal colombiano (L. 906/2004).

En efecto, revisada el acta de la acusación 17-20547-CR-UNGARO/O’SULLIVAN del 28 de julio de 2017, se observa que allí se concreta la formulación del cargo, los hechos con su fecha de ocurrencia y las disposiciones transgredidas (conforme quedó reseñado en precedencia), así como el nombre del acusado y las conductas por él desarrolladas.

En relación con el acervo probatorio que soporta la acusación 17-20547-CR-UNGARO/O’SULLIVAN, M. N., fiscal auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, al rendir declaración en apoyo de la solicitud de extradición, manifestó que la Fiscalía comprobará su caso contra P. N. R. C. (...), “por medio de varios tipos de medios probatorios, incluso comunicaciones legalmente interceptadas, pruebas físicas y declaraciones de testigos”(44).

Ninguna duda surge entonces acerca del paralelismo existente entre el procedimiento foráneo y la acusación prevista en el ordenamiento procesal penal del país, bajo el entendido de que se trata de una equivalencia conceptual de decisiones y no de identidad de formas, que en ambas legislaciones dan comienzo a la etapa del juicio, donde la defensa del requerido puede controvertir los elementos probatorios y la acusación formulada ante la Corte del Distrito Sur de Florida.

En esas condiciones, es evidente la equivalencia existente entre la acusación dictada en el país extranjero y la pieza procesal contemplada en los artículos 336 y 337 de la Ley 906 de 2004.

Respuesta a los alegatos a la defensa

El cuestionamiento acerca de la falta de competencia del Gobierno de los Estados Unidos para juzgar al requerido R. C. y la ausencia de prueba de los hechos y el cargo que postula la defensa no corresponde resolverlo a la Corte ni se relaciona con los aspectos que se deben examinar en el concepto de extradición.

Lo anterior por cuanto este trámite, caracterizado por ser de exclusiva cooperación internacional, está circunscrito a la verificación objetiva del cumplimiento de los presupuestos convencionales o legales que regulan el pedido de entrega del requerido, lo cual excluye cualquier discusión ajena a estas exigencias(45), como quiera que la extradición no corresponde a la noción de un proceso penal(46).

De ahí que en el trámite de extradición no tienen cabida debates en tomo a la competencia del órgano judicial o la validez del trámite, la validez o mérito a la prueba recaudada por las autoridades extranjeras sobre la ocurrencia del hecho, el lugar de su realización, la forma de participación o el grado de responsabilidad del reclamado, la calificación jurídica, la normatividad que prohíbe y sanciona el hecho delictivo, toda vez que tales aspectos corresponden a la órbita exclusiva de las autoridades judiciales de gobierno que eleva la solicitud y, su contradicción debe hacerse al interior del respectivo proceso acorde con la legislación del Estado requirente.

Así lo ha señalado la Corte de manera reiterada:

“(...) la Corte no actúa como juez, no realiza un acto jurisdiccional y no le corresponde establecer la cuestión fáctica sobre la ocurrencia o no de los hechos que se le imputan al reclamado, ni sus circunstancias, ni si posee o no asuntos pendientes con la justicia colombiana, ni si los hechos tuvieron lugar dentro de la jurisdicción del país que hace la solicitud, ni si el requerido ha estado o no allí, ni si es responsable o no (...)”(47).

En igual sentido la Corte Constitucional al examinar las disposiciones atinentes a la gestión que cumple esta corporación en el trámite de extradición expresó:

“(...) la Corte Suprema de Justicia en este caso no actúa como juez, en cuanto no realiza un acto jurisdiccional, como quiera que no le corresponde a ella en ejercicio de esta función establecer la cuestión fáctica sobre la ocurrencia o no de los hechos que se le imputan a la persona cuya extradición se solicita, ni las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que pudieron ocurrir, ni tampoco la adecuación típica de esa conducta a la norma jurídico­ penal que la define como delito, pues si la labor de la Corte fuera esa, sería ella y no el juez extranjero quien estaría realizando la labor de juzgamiento.

“Por esto —y no por otra razón— es que la intervención de la Corte Suprema de Justicia en estos casos, se circunscribe a emitir un concepto en relación al cumplimiento del Estado requirente de unos requisitos mínimos que ha de contener la solicitud, los cuales se señalan en el Código de Procedimiento Penal”(48).

En ese orden de cosas, no hay lugar a emitir concepto desfavorable a la solicitud de extradición de P. N. R. C., como lo solicita la defensa, como quiera que se encuentran cumplidas las exigencias de orden constitucional y legal para autorizar la entrega.

III. Condicionamientos

1. Como el reclamado es colombiano, el Gobierno nacional está en la obligación de supeditar su entrega, en el evento de acceder a ella, a que no pueda ser en ningún caso juzgado por hechos anteriores ni distintos a los que la motivan, a que se tenga como parte de la pena que pueda llegar a imponérsele en el país requirente, el tiempo que ha permanecido en detención con motivo del presente trámite, y a que se le conmute la pena de muerte. Igualmente, a que no sea sometida a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación.

2. Del mismo modo, corresponde condicionar la entrega del solicitado, a que se le respeten todas las garantías debidas en razón de su condición de nacional colombiano(49), en concreto a: tener acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, pueda presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, la pena que eventualmente se le imponga no trascienda de su persona y tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación social.

3. El Gobierno nacional también deberá imponer al Estado requirente, en orden a salvaguardar los derechos fundamentales del reclamado, la obligación de facilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, en caso de llegar a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o su situación jurídica resuelta definitivamente de manera semejante en el país solicitante, incluso, con posterioridad a su liberación una vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada en los cargos por los cuales procede la presente extradición.

4. Así mismo, deberá condicionar la entrega a que el país requirente, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales para que el solicitado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 califica a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, la cual también es protegida por la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17 y 23, respectivamente.

5. Además, se advierte que en razón de lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 189 de la Constitución Política, es del resorte del Presidente de la República, en su condición de jefe de Estado y supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición, quien a su vez debe determinar las consecuencias que se deriven de su eventual incumplimiento.

6. Igualmente, se advertirá al Gobierno nacional que tiene la opción de autorizar la extradición inmediata de P. N. R. C., o diferir la entrega del mismo hasta cuando cumpla la pena impuesta en la sentencia proferida en su contra el 11 de diciembre de 2014 por el Tribunal Superior de Tunja-Boyacá, por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, cuyo cumplimiento vigila el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, según lo dispone el artículo 504 del Código de Procedimiento Penal.

Cuestión final:

De conformidad con lo expuesto en precedencia, la Sala es del criterio que el Gobierno nacional puede extraditar al ciudadano colombiano P. N. R. C. bajo los condicionamientos anotados, pues como viene de constatarse, están satisfechos los requisitos establecidos en nuestra legislación procesal penal para que proceda su entrega.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

Emite concepto favorable

En relación con la solicitud de extradición del ciudadano colombiano P. N. R. C., formulada por vía diplomática por el Gobierno de los Estados Unidos, respecto del cargo contenido en la acusación 17-20547-CR-UNGARO/O’SULLIVAN, proferida en la Corte del Distrito Sur de Florida el 28 de julio de 2017, conforme lo pide el Gobierno en mención.

Por la Secretaria de la Sala se comunicará esta determinación al requerido P. N. R. C., a su defensora y a la representante del Ministerio Público, al igual que al Fiscal General de la Nación para lo de su competencia en relación con el detenido preventivamente con fines de extradición.

Finalmente, se devolverá la actuación al Ministerio de Justicia y del Derecho para los trámites legales subsiguientes.

Magistrados: Luis Antonio Hernández Barbosa—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Eugenio Fernández Carlier—Eyden Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 Fol. 27, carpeta anexos.

2 Fol. 27, carpeta anexos.

3 Fol. 38 ídem.

4 Fols. 118-120 ídem.

5 Fols. 112-116 ídem.

6 Fols. 101 al108, carpeta anexos.

7 Fols. 132 al 140 ídem.

8 Fol. 122 ídem

9 Fol. 142 idem.

10 Fol. 22, Ídem. Oficio DIAJI 2410/2017 (oct. 17).

11 Fol. 2, ídem.

12 Fol. 5, carpeta anexos.

13 Fol. 31, ídem. Oficio DIAJI 3034.

14 Fo. 38, ídem.

15 Fol. 1, cdno. Corte.

16 Fol. 16, cdno. Corte.

17 Fols. 86 - 100, ídem.

18 Sentencias del 12 de diciembre de 1986 y 25 de junio de 1987, respectivamente.

19 En el presente caso se aplica la Ley 906 de 2004, por cuanto los hechos que sustentan la petición de extradición se habrían cometido después del 1º de enero de 2005, fecha en la cual entró en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Penal. En este sentido, ver CSJ AP, 4 abr. 2006, rad. 24187 y CSJ AP, 3 oct. 2006, rad . 25080.

20 Cfr. CSJ CP 30 may. 2014, rad . 42951, CP068-2014; CP 12 nov. 2014, rad . 42711, CP188-2014 y 11 feb. 2015, rad . 44786, CP012-2015, entre otras.

21 En la providencia CSJ, AP, 10 junio 2015, rad. 44912, referida al trámite de una solicitud de extradición formulada por el Gobierno de los Estados Unidos, la Sala advirtió que “si la pretensión del abogado apunta a acreditar el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal, es claro que su eventual constatación no es un tema que demande la práctica de prueba alguna y, de ser el caso, tendría que ser objeto de pronunciamiento en el respectivo concepto de fondo”.

22 “Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones”.

23 Fols. 118 - 120, carpeta anexos.

24 Fols. 132 - 140 ídem.

25 Fol. 118- 120, ídem.

26 Fols. 145, ídem.

27 Fol. 133y ss, carpeta anexos.

28 Fol. 134, carpeta anexos.

29 Fol. 27, ídem.

30 CSJ AP, 25 abr. 2001, rad. 16708.

31 Cfr. CSJ CP 30 may. 2014, rad. 42951, CP068-2014; CP 12 nov. 2014, rad . 42711, CP188-2014 y 11 feb. 2015, rad. 44786, CPO12-2015, entre otras.

32 En la providencia CSJ, AP, 10 junio 2015, rad. 44912, referida al trámite de una solicitud de extradición formulada por el Gobierno de los Estados Unidos, la Sala advirtió que “si la pretensión del abogado apunta a acreditar el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal, es claro que su eventual constatación no es un tema que demande la práctica de prueba alguna y de ser el caso, tendría que ser objeto de pronunciamiento en el respectivo concepto de fondo”.

33 Fol. 118, carpeta anexos.

34 Fol. 101 - 108, idem.

35 Fols. 132 - 140, idem.

36 Fol. 45, carpeta de anexos.

37 Fol. 44, ídem.

38 Fols. 27 - 30, carpeta anexos.

39 Fols. 6 ídem.

40 Fol. 13, cdno. Corte.

41 Fol. 8, carpeta anexos.

42 Fol. 118, carpeta de anexos.

43 Fol. 132, carpeta de anexos.

44 Fol. 107, carpeta anexos.

45 CSJ AP, 1 ago. 2007, rad. 27450.

46 CSJ AP, 15 jul. 2005. rad. 23181.

47 CSJ AP, 26 Sep. 2001, rad. 17882.

48 Sent. C- 1106/2000.

49 Según el criterio de esta corporación, a pesar de que se produzca la entrega del ciudadano colombiano, éste conserva los derechos inherentes a su nacionalidad consagrados en la Constitución Política y en los tratados sobre derechos humanos suscritos por el país (CSJ CP, 5 sep. 2006, rad. 25625).